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Seis asaltantes encapuchados los emboscaron en una carretera cerca de Ciudad Altamirano

Aún no hay pistas del asesinato de tres campesinos en Tierra Caliente: PGJE

Zacarías Cervantes Chilpancingo La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que aún no tiene pistas sobre el asesinato de tres campesinos en Tierra Caliente, que fueron acribillados la noche del domingo pasado en una aparente emboscada por seis presuntos asaltantes encapuchados.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Zacapuato-Valderrama, cerca de Ciudad Altamirano del municipio de Pungarabato, región de la Tierra Caliente.

Hasta la tarde de ayer la PGJE no tenía pistas y de acuerdo con reportes de la dependencia estatal, la noche del domingo pasado los campesinos transitaban sobre dicha carretera, en el lugar conocido como Barranca Honda, cuando en el camino les salieron unos hombres armados.

Según el informe, los encapuchados acribillaron al campesino Raymundo Benítez Arias de 66 años de edad, y a su esposa Zenayda Avilés Rodríguez de 62 años de edad, además de su compañero, Toribio Díaz Jiménez de 45 años de edad.

Por los hechos, la PGJE comenzó a investigar en la zona para lograr la ubicación de los probables responsables del homicidio de estas tres personas.

Asimismo, se informó que el hijo del matrimonio acribillado, José Luis Benítez Avilés hizo el reconocimiento de los cadáveres y exigió a la PJE esclarecer la razón de los asesinatos.

Sin embargo, a tres días de los hechos la dependencia aún carecía ayer de pistas para esclarecer los móviles de los tres crímenes, así como para dar con los responsables de los hechos.

Aún no hay pistas del asesinato de tres campesinos en Tierra Caliente: PGJE

 Seis asaltantes encapuchados los emboscaron en una carretera cerca de Ciudad Altamirano

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que aún no tiene pistas sobre el asesinato de tres campesinos en Tierra Caliente, que fueron acribillados la noche del domingo pasado en una aparente emboscada por seis presuntos asaltantes encapuchados.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Zacapuato-Valderrama, cerca de Ciudad Altamirano del municipio de Pungarabato, región de la Tierra Caliente.

Hasta la tarde de ayer la PGJE no tenía pistas y de acuerdo con reportes de la dependencia estatal, la noche del domingo pasado los campesinos transitaban sobre dicha carretera, en el lugar conocido como Barranca Honda, cuando en el camino les salieron unos hombres armados.

Según el informe, los encapuchados acribillaron al campesino Raymundo Benítez Arias de 66 años de edad, y a su esposa Zenayda Avilés Rodríguez de 62 años de edad, además de su compañero, Toribio Díaz Jiménez de 45 años de edad.

Por los hechos, la PGJE comenzó a investigar en la zona para lograr la ubicación de los probables responsables del homicidio de estas tres personas.

Asimismo, se informó que el hijo del matrimonio acribillado, José Luis Benítez Avilés hizo el reconocimiento de los cadáveres y exigió a la PJE esclarecer la razón de los asesinatos.

Sin embargo, a tres días de los hechos la dependencia aún carecía ayer de pistas para esclarecer los móviles de los tres crímenes, así como para dar con los responsables de los hechos.

Promueven amparo los Palma; ordenó el gobernador su detención, señalan

 

 Jorge Nava y Karina Contreras

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) negó ayer que agentes judiciales hayan detenido este lunes a César Sabino Palma, su esposa y uno de sus primos, sin embargo familiares de éstos promovieron un amparo para que el Ministerio Público resuelva en 24 horas la situación jurídica de los detenidos, que están a disposición del Ministerio Público de El Coloso.

En la tarde de ayer acudió la notificadora del Juzgado Tercero de Distrito, Lilia González Peralta, quien solicitó informes a los judiciales encargados de la vigilancia de los separos del sector Central, sobre la localización de los detenidos César Sabino Palma, Alba América Peláez y Pedro Palma Rivera.

Los judiciales negaron que éstos se encontraran en el lugar, y fue hasta que llamaron al fiscal para delitos graves de la PGJE, Fernando Monreal Leyva, que los detenidos pudieron salir de los separos para que Lilia González les notificara que su familiar, Mario Palma Hernández, promovió el amparo 617 contra la detención y que si deseaban firmarlo; al final se les entregó una copia para que pudieran leer el contenido del amparo.

En los patios de la Policía Judicial del Estado (PJE), se reunieron más de 10 integrantes de la familia Palma que exigieron la libertad de los detenidos, y quienes acusaron que por órdenes del gobernador, René Juárez Cisneros, se detuvo a sus familiares, con la intención de que César Sabino no fuera visto por el presidente de la República, Vicente Fox, que según ellos, ya se encuentra en la ciudad para clausurar la 29 edición del Tianguis Turístico.

Eugenio Palma Salinas señaló que fue una “detención arbitraria”, porque once personas no pueden realizar un paro o un motín, que son los delitos porque supuestamente fueron detenidos el lunes a las 2 de la tarde.

Recordó que cuando se iban a poner en plantón en las inmediaciones del hotel Quinta Real, llegaron 80 individuos, supuestamente judiciales, vestidos en short y portaban armas largas y cortas.

“Con lujo de violencia agarraron a César, lo patearon, lo arrastraron, le dieron de garrotazos en una camioneta, a mi hermano Pedro (Palma), igual, y a su esposa de César, es un desastre con esta gente”, señaló.

Durante la marcha de la Diana hasta el Zócalo que hicieron los ejidatarios de El Podrido, la familia Sabino Palma acusó que la autoridad mantiene incomunicados a los detenidos, y advirtieron que si algo les pasa, será responsabilidad del gobernador, René Juárez Cisneros.

La prima de César Sabino, Petra Palma Hernández, dijo que cuando llegaron los judiciales y apresaron a éste y a su esposa, no estaban bloqueando ninguna calle ni carretera porque “simplemente estaban pidiendo que les paguen”.

Criticó que a los integrantes de la Sociedad Cooperativa de Pescadores y Buceadores de Puerto Marqués que mantenían un plantón en el acceso al hotel Quinta Real, “estuvieron cinco meses en el mismo lugar y no les hicieron nada, ni los molestaron”.

Insistió en que ellos son los dueños de las 70 hectáreas y media en la zona de Punta Diamante y afirmó que “no nos quieren pagar nuestras tierras y sólo nos dan golpes, con cárcel”.

Los quejosos portaban pancartas de colores donde escribieron “Libertad a César Sabino Palma”. “Señor gobernador, pague ya las tierras de punta diamante”, y en otras se leía, “Ya basta de arbitrariedades del gobernador René Juárez Cisneros; cumpla el mandato de Fox y pague los terrenos de Punta Diamante”.

Hasta las 9 de la noche, el agente determinador del Ministerio Público adscrito al Coloso, David García Muñoz, informó a los familiares de César Sabino que les tomaría la declaración a las 10 de la noche de ayer u hoy miércoles, pero a las 10 de la mañana.

Los manifestantes continuaron esperando hablar con los detenidos, afuera de la delegación de la PGJE.

Exhortan diputados a la PGJE a investigar desapariciones ejecutadas por Montiel López

 En la primera de las dos sesiones en el Congreso del Estado, aprueban también pedir a la PGR atraer el caso de dos ciudadanos guerrerenses procesados por la Procuraduría de Morelos

Por unanimidad, en la primera de las dos sesiones de ayer en el Congreso del Estado, los diputados del PRI, PRD, PAN, Convergencia, PRS, PT y PVEM, exhortaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a que investigue “posibles hechos” vinculados a la desaparición forzada, tortura y vejaciones cometidas por el ex subdirector de Seguridad Pública en Guerrero y ex coordinador de la Policía Ministerial en Morelos, José Agustín Montiel López.

También se solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga las investigaciones relacionadas con los ciudadanos Sergio Espín Palacios y su hijo Sergio Espín Coronel, por considerar que la Procuraduría General del Estado de Morelos (PGJM), “de forma intencionada ha pretendido involucrar a estos ciudadanos de origen guerrerenses, como elemento distractor de la descomposición de la Procuraduría en aquella entidad”.

El tema del también ex director general de los Centros de Readaptación Social (Cereso), José Agustín Montiel, fue llevado a tribuna en un punto de acuerdo presentado por el diputado del PRD y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, René Lobato Ramírez.

El tema provocó que no hubiera debate, y luego de la lectura del punto de acuerdo del perredista el presidente de la Mesa Directiva, por abril, el diputado del PT, Fredy García Guevara, lo sometió a votación y se aprobó por unanimidad de los 39 diputados presentes.

Allí, el diputado René Lobato Ramírez leyó en los considerandos de su punto de acuerdo, que los medios de información nacional y local dieron cuenta de la aprehensión, por parte de la PGR, del coordinador de la Policía Ministerial del estado de Morelos, José Agustín Montiel, por los cargos de delincuencia organizada y narcotráfico, al dar protección policíaca al narcotraficante Juan José Esparragoza, El Azul.

El diputado perredista recordó que José Agustín Montiel acumuló “innumerables” recomendaciones –aunque más delante dijo que fueron 13– por parte de la Codehum, por violaciones reiteradas a las garantías individuales, acciones que pudo efectuar al desempeñarse como “comandante de la Policía Motorizada, director de los penales del estado y subsecretario de Seguridad Pública”.

Acusó entonces que José Agustín Montiel tuvo “una conducta delictiva, y manifiesto desempeño como brazo ejecutor de la represión a los opositores al gobierno de José Francisco Ruiz Massieu”, por las cuales existen “evidencias palpables de su participación, asesinato y tortura en contra de dirigentes y militantes del PRD durante las protestas poselectorales de 1989, cuando se reclamaba legítimamente el respeto a los triunfos obtenidos en las elecciones municipales”.

Estas mismas conducta –señaló René Lobato– se repitieron en los penales de Guerrero, “que además de reprimir con total impunidad utilizaba los penales como negocio particular, pues se dice que controlaba desde las tiendas de abarrotes hasta la venta de drogas y alcohol en dichos centros de reclusión”.

Refirió que los medios de información retomaron que José Agustín Montiel torturó al actual presidente del Consejo Estatal del PRD, Adolfo Plancarte Jiménez; al ex diputado federal Eloy Cisneros Guillén, que fue torturado durante su traslado de Ometepec al reclusorio de Acapulco; además a los dirigentes perredistas Arturo Gallegos Nájera, a Juan García Costilla (diputado federal) y a Rosa María Gómez Saavedra.

Enseguida indicó que en el escenario de violaciones a los derechos humanos y de “menosprecio” a la ley de parte de José Agustín Montiel, en su desempeño como director de la Policía Ministerial del estado de Morelos, “también fue acusado de innumerables irregularidades en perjuicio de ciudadanos, siendo un caso reciente el perpetrado contra un comerciante originario de Guerrero, Sergio Espín Palacios, quien junto con su hijo Sergio Espín Coronel se han convertido en chivos expiatorios de un delito que no cometieron, y cuyas actuaciones se integran en la averiguación previa FDO/ 2ª/314/03-10 del estado de Morelos, por el delito de secuestro en contra de un ciudadano de origen canadiense”.

René Lobato agregó que la “acción ilícita” de Agustín Montiel contra Espín Palacios se materializó con la detención de su hijo Sergio Espín Coronel, “sin que existan las pruebas de su responsabilidad, pues incluso los testigos de cargo se han desistido de las supuestas acusaciones, con el argumento de que sus declaraciones fueron manipuladas para inculpar a dos personas inocentes y dejar a salvo de las investigaciones al propio Agustín Montiel y a sus policías, quienes han sido señalados como responsables del secuestro”.

René Lobato consideró que “a la fecha el arraigo tuvo que ser suspendido por el juez que conoce la causa, debido a la manifiesta inocencia del inculpado, no obstante el acoso policiaco y la orden de presentación se mantiene aun cuando no existen elementos legales para ello”.

Por ello el perredista René Lobato solicitó a la PGJE que investigue “posibles hechos” vinculados a la desaparición forzada, tortura y vejaciones cometidas por el ex subdirector de la Seguridad Pública en Guerrero y ex coordinador de la Policía Ministerial en Morelos, José Agustín Montiel López.

También solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga las investigaciones que se encuentran relacionadas con los ciudadanos Sergio Espín Palacios y su hijo Sergio Espín Coronel, por considerar que la Procuraduría General del Estado de Morelos (PGJM), “de forma intencionada ha pretendido involucrar a estos ciudadanos guerrerenses como elemento distractor de la descomposición de la Procuraduría en aquella entidad”.

Sin debatir, los diputados aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo presentado por René Lobato.

Dan lectura a la denuncia contra alcalde perredista de Chilapa

En esta sesión se dieron las primeras lecturas a los dos dictámenes de la Comisión Instructora, por los que resuelven procedentes las denuncias de juicio político en contra del alcalde perredista de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo.

Una denuncia de juicio político fue por la acusación de los comerciantes del Mercado Central, por el desalojo del 28 de diciembre de 2002.

Y el segundo dictamen por la denuncia de juicio político solicitada por los dirigentes del FDP, por la “represión” del 24 de agosto del 2003. Ambos dictámenes les será dada las segundas lecturas en las sesiones de las próximas semanas.

Formaliza abogada de Banorte la denuncia del robo ocurrido el 29 de marzo: PGJE

 

 Banamex y Santander aún no entregan videos

 El fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Efrén Suástegui Mayo, informó ayer que una representante legal de la sucursal Banorte, ubicada en plaza Flamboyant, ya formalizó la denuncia del robo a esa institución bancaria ocurrida el lunes 29 del mes pasado.

El funcionario no supo precisar el nombre de la representante legal. Lo mismo sucedió con el agente determinador del Ministerio Público adscrito en la colonia Costa Azul, Alberto Ortiz Miranda, quien señaló que no se encontraba en sus manos la denuncia. Sin embargo, declaró a El Sur que la denunciante acudió en la mañana con el personal de oficialía de partes de esa representación social donde entregó por escrito su denuncia.

Explicó que ésta, se integra a la averiguación que ellos empezaron el lunes 29 de marzo, porque el delito de robo lo persigue de oficio la dependencia aunque no exista la denuncia directa de una persona.

Aclaró que no tiene ninguna línea de investigación porque le corresponde investigar a la Policía Judicial del Estado.

Por su parte, Suástegui Mayo indicó que con la averiguación previa Tab/3ª/189/2004-3, el gerente de la sucursal crediticia podrá cobrar el seguro de lo robado.

Con relación a los asaltos a cajeros de la sucursal Serfin-Santander y Banco Nacional de México (Banamex), que ocurrieron cuatro días antes del robo a Banorte-Flamboyant, el fiscal señaló que aún no se les ha proporcionado ningún vídeo porque les argumentan que primero tienen que contar con un permiso de sus jefes, quienes radican en la ciudad de México.

Presenta la PGJE al taxista acusado de asesinar y mutilar a su esposa

Caso de la mujer hallada en pedazos en un arroyo de la colonia Rancho Acapulco

El fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Efrén Suástegui Mayo, presentó ayer al taxista Dionicio Barrientos Magdaleno, acusado de asesinar a su esposa, Teresa de Jesús Campos Gutiérrez, cuyo cuerpo mutilado fue hallado en un arroyo de la colonia Rancho Acapulco, el 27 de mayo de 2002.

Policía Judiciales del Estado (PJE) no permitieron que reporteros le hicieran preguntas al detenido sobre los motivos para cometer el crimen.

El 27 de mayo de 2002, personal del Ministerio Público de la colonia Garita encontraron el tórax de un cuerpo, el cual carecía de extremidades inferiores, cabeza, vísceras y órganos internos.

En ese arroyo también fue hallada una pierna –de la planta del pie hasta la rodilla–, la cual tenía los músculos destrozados. Posteriormente, a 200 metros estaba la pierna izquierda, completamente deshecha.

En esa fecha, pero en el canal de aguas negras de la colonia El Roble, hallaron el resto del cuerpo: cadera y parte de los muslos.

En el Servicio Médico Forense se diagnosticó que la causa “directa de la muerte” fue hemorragia interna y externa causada por navaja o cichullo, con el que perforaron el cuello.

Suástegui Mayo expuso que el motivo de Barrientos Magdaleno para matar a la mujer, fue la “vida bastante violenta” que supuestamente llevaban.

El fiscal basó su planteamiento en declaraciones de los familiares de la víctima, del hijo que tuvo la mujer antes de vivir con el detenido y de vecinos.

En un boletín de prensa, Suástegui Mayo dice que la mujer tenía 37 años, era originaria de esta ciudad y trabajaba como comerciante.

Del detenido se señala que el Ministerio Público ordenó la presentación del taxista Donicio Barrientos, de 53 años de edad, originario de San Jerónimo de Juárez, la cual cumplieron los judiciales el 31 de marzo a las 7:30 de la noche.

Se indica que ese mismo día se declaró culpable a Dinocio Barrientos, con base a las averiguaciones previas Tab/Gar/492/2002 y Tab/I/645/2002.

Se explica que la retención se decretó porque “es (un) riesgo fundado que el probable responsable pudiera sustraerse a la acción de la justicia, además de que esta es una de las hipótesis en casos de urgencia que la ley establece”.

Se revela que testigos han declarado contra el taxista, lo cual tomarán en cuenta para resolver la situación jurídica, así como pruebas periciales e indicios que acreditan su probable responsabilidad.

Presenta la PGJE a posibles autores de cinco homicidios ligados a venta de drogas

 

 La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), presentó ayer a los cuatro posibles responsables de cinco homicidios cometidos en la ciudad por supuestos conflictos de venta de droga. Entre los asesinatos se encuentra la ejecución del comandante judicial, Reynaldo Lozano Cruz, y la de los hermanos José Ariel y Julio César Arizmendi Millán, sobrinos del comisario priísta de El Treinta, Abel Arizmendi Flores, también asesinado.

Notas periodísticas en torno a los tres casos señalan que Lozano Cruz, y los hermanos Arizmendi Millán fueron ejecutados con disparos en la cabeza, con una pistola calibre 9 milímetros. Según las investigaciones de la Policía Judicial, en el caso de Lozano Cruz y Julio César Arizmendi, existe la similitud de que sus agresores fueron hombres, quienes se les acercaron con una cubeta donde llevaban las pistolas escondidas.

En conferencia de prensa, el fiscal para delitos graves, Fernando Monreal Leyva presentó sólo a tres de los cuatro detenidos.

A Fidel Castañeda Albines, José Sánchez Gama y Ricardo Navarrete Campos, y sostuvo que todas esas muertes están relacionadas con la “venta de drogas”, pues los detenidos manifestaron que los problemas se debían a “bandas rivales”.

Sobre la cuarta persona, indicó que se trata de Miguel Camarillo Balcazar El Cazamañas, quien fue detenido el miércoles y encerrado en la cárcel por estar relacionado en el asesinato de Jesús Alberto Molina Castro, cometido en 2002, en el poblado de La Sabana, según la causa penal 77-1/2003, que se encuentra en el juzgado séptimo penal.

Monreal Leyva afirmó que la detención de Camarillo Balcazar permitió relacionar las ejecuciones con los asesinatos realizados por los tres presentados.

El funcionario señaló que Miguel Camarillo aceptó haber matado a José Ariel Arizmendi, en el poblado de Lomas de San Juan, el 5 de marzo de 2001, por órdenes de dos hombres de los que se reservó a dar sus nombres.

Según Monreal Leyva, los detenidos aceptaron su culpa, pues recibieron fuertes cantidades de dinero para ejecutar también a Julio César Arizmendi, a Reynaldo Lozano y a Felipe Harinsson Rodríguez.

Explicó que Castañeda Albines, Navarrete Campos y José Sánchez, se encuentran a disposición del Ministerio Público de la colonia Emiliano Zapata, para que dentro del término legal, se vea su situación jurídica.

En el caso de Reynaldo Lozano, Fernando Monreal explicó que los detenidos revelaron en su declaración ministerial una serie de hechos que hacen probable su participación en la ejecución del comandante el viernes 25 de abril de 2003.

Aclaró que se determinará si son consignados por ese delito, o nada más por los homicidios de los hermanos Arizmendi Millán, los que aceptaron haber cometido.

Del caso de Reynaldo Lozano, declaró que Miguel Camarillo les aseguró haber estado presente cuando dos personas estuvieron hablando sobre la ejecución del comandante judicial, porque el comandante, les hizo “una mala jugada a una de estas personas y que por lo tanto, decidieron matarlo”.

Aseguró a reporteros que en el caso del comandante judicial tampoco descartan la posibilidad de que su muerte fue por problemas de drogas.

Monreal Leyva aclaró que en las declaraciones no encontró indicios de que “exista un cártel” en la colonia Emiliano Zapata.

Presentan a taxista como confeso de haber asesinado a la niña ahorcada

* Señala el detenido a un albañil como su cómplice

Jorge Nava * El fiscal especial para delitos graves de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Fernando Monreal Leyva, presentó ayer por la tarde al taxista Armando de la Mora Calles como confeso de haber asesinado a Wendoline Lara Nochebuena, de 11 años de edad, el viernes de la semana pasada.

Además, Monreal Leyva presentó al albañil Juan Zahuatitla Morales, de 60 años, y vecino de los papás de la niña, como probable participante del homicidio.

El viernes, a la 1:30 de la tarde, en la casa ubicada en Paseo de la Cañada, número 8, de la colonia Alta Progreso, a un costado de la unidad habitacional Infonavit y cerca de un módulo de la Policía Preventiva, las hermanas de Wendoline la encontraron ahorcada, amarrada de las manos y desnuda.

Monreal Leyva dijo que en este caso han encontrado que el albañil no acepta la acusación que le hace De la Mora Calles.

No explicó qué otros argumentos rindió en su declaración Zahuatitla Morales, a pesar de que, según Monreal Leyva, señala que horas antes de que ocurriera el homicidio observó a De la Mora Calles cerca del domicilio de los papás de la agraviada.

Aseguró que de acuerdo con la declaración que rindió De la Mora Calles, el papá de la víctima, Eladio Lara, tenía problemas con Zahuatitla Morales, con relación a unos perros.

Según esta tesis, los perros de la familia de la menor causaron “muchos daños” a los de la familia de Zahuatitla Morales.

Por eso el fiscal, indicó que de acuerdo con el detenido que se declaró confeso, fue Zahuatitla Morales quien lo “invitó”. Pero Monreal Leyva, señaló que hay otra hipótesis, y que son problemas por terrenos.

Sin embargo, el detenido confeso declaró a reporteros que es inocente, y que era todo lo que deseaba decir.

El fiscal indicó a El Sur que en una llamada de una persona anónima al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4), se les aseguró que De la Mora Calles fue quien mató a la menor.

Monreal Leyva informó que la detención de ambas personas la efectuó la Policía Ministerial, el domingo por la madrugada.

Agregó que incluso De la Mora Calles hace 10 meses salió de la cárcel, donde estuvo procesado por venta de droga.

En las declaraciones, el fiscal reveló que falta por comprobar la probable participación de Zahuatitla Morales en el homicidio, porque aún “estamos confirmando la versión que ellos dan, en el sentido de que estuvieron en otro lugar”, dijo.

Aclaró que la menor Lara Nochebuena no “sufrió ninguna agresión sexual”, de acuerdo con los dictámenes periciales que ordenó que se le practicara al cadáver.

Presentan a un campesino de 73 años como otro secuestrador del molinero

* Cuidaba a la víctima, dice la Procuraduría

Jorge Nava * El campesino del poblado El Pelillo, ubicado cerca de Paso Texca, Josafat Teresa García, fue presentado ayer por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como uno de secuestradores del molinero Leodegario Castro Bartolo.

El pasado 16 de julio del año pasado, fue secuestrado Castro Bartolo sin que se conozca de su paradero, a pesar de que la familia pagó un rescate de 5 millones de pesos.

La detención del campesino la hicieron judiciales adscritos en Ciudad Renacimiento, para cumplir la orden de aprehensión del juez sexto de primera instancia del ramo penal, el pasado 16 de febrero.

Los policías dijeron que fue en el centro de la ciudad, cerca de la gasolinera Modelo, donde arrestaron a Teresa García, que cuenta 73 años de edad, según explicó el fiscal especial para delitos graves de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Fernando Monreal Leyva.

Monreal Leyva abundó que de acuerdo con un señalamiento que hace uno de los siete procesados por ese caso, en el juzgado sexto penal, el campesino es la persona que se encargó de cuidar a la víctima, en su domicilio en el poblado El Pelillo.

Por ese caso son procesados el ex agente de la Policía Auxiliar del Estado (PAE), Jaime Contreras Teresa; el ex comandante de esa misma corporación, Vidal García Hernández; y el también policía estatal Isabel Salomón Juárez.

También los hermanos Juvencio y Néstor Flores Tacuba, Rufino Díaz Cabrera y Santiago Hernández Ríos.

Presenta la PGJE a dos implicados en la muerte del abogado Estrada Ordoñez

* Caso de los desalojados de la Cuauhtémoc

 * Al parecer a los sospechosos, Sandro López Sánchez y a Francisco Patricio Carmona Cruz, El Ticho, les pagó un reo del penal de Acapulco para que cometieran el crimen

 Jorge Nava * El delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Efrén Suástegui Mayo, presentó ayer a dos presuntos involucrados en la muerte del abogado Juan Estrada Ordóñez, asesinado el 18 de diciembre en la colonia PRI, en Ciudad Renacimiento.

En conferencia de prensa, el delegado indicó que el domingo pasado, judiciales adscritos en Ciudad Renacimiento detuvieron a Sandro López Sánchez y a Francisco Patricio Carmona Cruz, El Ticho.

Estableció que la muerte del abogado fue por una venganza, pues los detenidos declararon que, a petición de un interno de la cárcel de esta ciudad, de nombre César y que apodan La Zorrita, se les pagó 30 mil pesos a cada uno para efectuar el crimen.

Estrada Ordóñez, quien llevó el caso de quien se decía dueña del predio que abarca una manzana comercial ubicada entre calles Cuauhtémoc, Gabriel Avilés, Andrés de Urdaneta               y Juan Rodríguez Cabrillo, fue asesinado de tres tiros a las 7 de la mañana, cuando dos sicarios solitarios lo esperaron a que saliera de su casa.

El asesor fue asesinado ante su hija Guillermina Estrada Rodríguez, de 11 años, a quien llevaría a la escuela.

Suástegui Mayo explicó que el detenido, López Sánchez, de 28 años, es desempleado, originario de esta ciudad, y que actualmente vive en el poblado Los Achotes, municipio de Zihuatanejo. Afirmó que López Sánchez cuenta con antecedentes penales de robo u otros delitos, y fue a quien se le decomisó el arma calibre .380 que se usó para matar al abogado.

De Francisco Patricio Carmona Cruz, El Ticho, dijo que cuenta 30 años de edad, es originario de la Costa Chica, de Cruz Grande, casado, desempleado y que también cuenta con antecedentes penales.

El funcionario señaló es que durante las investigaciones de la PJE se supo que un reo de nombre César, apodado La Zorrita, pagó a los dos detenidos 30 mil pesos a cada uno para matar a Estrada Ordoñez, porque no cumplió con “algunos compromisos” relacionados con su labor.

Subrayó que los detenidos confesaron que investigaron el domicilio del agraviado, hasta que el jueves 18 de diciembre pasado, a las 7 de la mañana, lo encontraron y le dispararon en seis ocasiones.

Por eso dijo que “es una venganza por incumplimiento de un compromiso laboral”.

Suástegui Mayo señaló que uno de ellos está involucrado en otro homicidio, del que no quiso hablar.

El funcionario indicó que López Sánchez fue detenido en el interior de la cárcel de esta ciudad, y en el caso de Patricio Carmona, fue en una de las calles de la colonia Postal de esta ciudad.

Uno de los detenidos, Carmona Cruz, gritó en varias ocasiones que no cometió ningún delito, mientras que el otro López Sánchez permaneció callado.