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Antorchistas marchan en la capital; exigen que se aclaren 3 asesinatos

 

 Efectúan integrantes de la organización un plantón afuera del Palacio de Gobierno

 Zacarías Cervantes Chilpancingo Integrantes de Antorcha Campesina marcharon ayer en Chilpancingo e instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno, para exigir el esclarecimiento del asesinato del antorchista Benjamín Parra García, y de su esposa Otilia Trujillo, ocurrido el 27 de abril entre Escalerilla Lagunas y Ayotoxtla, municipio de Zapotitlán Tablas.

Los integrantes de esa organización priísta exigieron también al gobierno estatal que cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad para los habitantes de ese municipio. Esto luego de que en los últimos meses se han registrado asesinatos entre miembros de Antorcha Campesina y de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ).

El dirigente de la organización, Júpiter Tapia Cazales, denunció que la muerte del campesino y su esposa es parte de esta escalada de violencia que se vive en Zapotitlán Tablas, de la que responsabilizó a los miembros de la LARSEZ.

Dijo que a 15 días del doble crimen “no existe un avance significativo en las investigaciones”.

Por ello añadió que la movilización es para exigir que la Procuraduría General de Justicia del Estado ejecute las órdenes de aprehensión en contra de los homicidas del matrimonio.

Los antorchistas también insistieron ayer en el esclarecimiento y castigo a los responsables de la muerte de su compañero Pablo García Nayo, muerto en junio de 2002 a consecuencia de los golpes que recibió cuando fue detenido por larsistas y encarcelado junto con otros tres de sus compañeros en la comisaría de Escalerilla Lagunas.

Tapia Cazales denunció que continúan el hostigamiento, las amenazas, el robo de ganado y los asaltos en los caminos en contra de los pobladores, sobre todo de Escalerilla Lagunas y Ayotoxtla, “mientras que la seguridad que el gobierno del estado se comprometió a brindar no se ve en las comunidades, además no hay avance en las investigaciones, por lo que “no nos dejan otra alternativa que la manifestación”, dijo.

Señaló que en la protesta participan campesinos de los municipios de Zapotitlán Tablas, Atlixtac, Alcozauca y Tlapa.

Dijo que el plantón es por tiempo indefinido, “y nos retiraremos hasta que ejecuten las órdenes de aprehensión en contra de los responsables de la muerte de nuestros compañeros y hasta que haya seguridad en las comunidades, principalmente en Zapotitlán Tablas”.

Piden al presidente estatal del PRI, Héctor Vicario “darle prisa” a la solución de sus demandas

 

Claudio Viveros Hernández Tetipac

El dirigente local del PRI en Tetipac, Daniel Gutiérrez Serrano y los regidores del mismo partido, junto con ciudadanos de esa población, exigieron una respuesta inmediata al Congreso y al gobierno estatal, para levantar el plantón que llevan a cabo frente al ayuntamiento desde el 23 de febrero, y enviaron un mensaje al dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Héctor Vicario Castrejón, a quien le pidieron “darle prisa” a la solución de sus demandas, “porque no nos hacemos responsables de lo que vaya a pasar”.

Los inconformes piden la destitución del alcalde Serafín Ayala Ramos, a quien acusan de corrupción, prepotencia e ineptitud, y culparon también al gobernador René Juárez de permitir que continúe el conflicto en esa población.

“No somos un juguete, somos el pueblo, ya no lo queremos como presidente, el gobierno y el Congreso han dado muchas largas al asunto”, señalaron los regidores priístas María Lorena Bustos Rivera y Miguel Ángel Verdalles Hernández, y después, el líder de este partido en Tetipac, Daniel Gutiérrez Serrano, en un mensaje al dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Héctor Vicario Castrejón, le pidió agilizar la solución del conflicto, “porque no nos hacemos responsables de lo que vaya a pasar”.

Gutiérrez Serrano también dio a conocer que Héctor Vicario Castrejón, se comprometió con ellos a atender sus peticiones, al asegurar que el asunto “ya no tiene vuelta de hoja, él (Serafín Ayala) se va por ingobernabilidad”, y agregó que Vicario Castrejón expresó lo anterior luego de reunirse con ocho expresidentes municipales de Tetipac y conocer el dictamen de la auditoría que se practicó a la administración del alcalde.

Informó también que en esa reunión estuvo presente la secretaria general del tricolor, Erika Lürhrs, quienes afirmaron ante ellos que el conflicto estaría solucionado el pasado lunes 3 de este mes, lo que no ocurrió y siguen en espera.

El dirigente priísta agregó que “la población ya está inquieta y molesta”, porque después del boquete descubierto el martes en la comdandancia de la Policía Preventiva, que comunica a la tesorería municipal y a otras áreas del ayuntamiento que ahora está cerrado, existe la duda “de que algo robaron de ahí y esperaremos los resultados de las investigaciones”.

Por su parte, la regidora priísta María Lorena Bustos Rivera comentó irritada: “Ya nos cansamos, el gobierno del Estado nos ha ido llevando con largas, desde el 23 de febrero no hemos tenido ninguna respuesta. No somos un juguete, somos el pueblo, es necesario que las autoridades vean los problemas que hay aquí, queremos una respuesta inmediata y ya no queremos aquí al presidente”.

Asimismo el regidor de esa fracción, Miguel Ángel Verdalles Hernández, acusó al gobernador René Juárez Cisneros de ser el responsable de que aún no haya respuesta a la solución del conflicto, porque, dijo, “él es el principal de que no haya una solución” después de que se hizo la auditoría, y aseveró que los regidores “exigimos una respuesta porque nosotros estamos en nuestro derecho y la verdad que es una burla para el pueblo”, expresó.

Exigen la libertad de los 12 detenidos. Comenzarán hoy un plantón afuera de las oficinas del Invisur

Protestan en el Zócalo precaristas desalojados del predio en Metlapil

Karina Contreras Precaristas que fueron desalojados el martes pasado de manera violenta por policías municipales y estatales, de un predio de 14 hectáreas, ubicado en Metlapil, y que pertenece al Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), protestaron en el Zócalo porteño para exigir la libertad de 12 personas de los 26 detenidos en el desalojo, y que la madrugada del jueves fueron trasladadas al Cereso de Las Cruces quedando a disposición del juez octavo.

Los inconformes llegaron al Zócalo alrededor de las 11 de la mañana y ahí permanecieron durante una hora, mientras gritaban consignas como “¡Justicia, Justicia!”, “El pueblo unido, jamás será vencido”, “Presos políticos, libertad”.

Mientras, familiares de los detenidos alzaban pancartas donde se leía: “Añorve Baños, ya estarás contento. Sabemos que tú eres el autor intelectual”, “Invisur, no abuses en tu carácter de gobierno para atropellar al pueblo golpeándolos y robándoles”, “Señor gobernador. Exigimos la inmediata liberación de los detenidos por el desalojo del predio de Plácido Domingo” o “Señor gobernador. Ya basta de represalias y abuso de poder”.

Por su parte, el dirigente de La Sabana, Juan Carlos Muñoz Leal, detenido durante el desalojo del martes pasado en el predio de Metlapil, acusó a los policías de actuar de manera abusiva contra los colonos en el percance, y señaló que cuando fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público central los mantuvieron incomunicados todo el día y no le permitieron tener abogados de confianza, así como no comer alimentos ni tomar agua.

Aseguró que durante esas horas los policías judiciales ingresaban a los separos para torturarlos física y sicológicamente diciéndoles que les “iban a partir su madre” porque se habían metido “en terrenos peligrosos, que eran instrucciones del gobernador partirnos la madre”.

Señaló que exigen la libertad de los 12 detenidos y que el Invisur se desista de la denuncia por despojo, pues el único delito que cometieron las personas es “exigir e implorar un pedazo de tierra donde vivir, y por cual se cometió una gran injusticia al desalojarlo”.

Se le preguntó su opinión sobre la denuncia que también interpuso el Ayuntamiento porteño, a través del Departamento Jurídico de la Secretaría de protección y Vialidad (SPV), por el delito de lesiones y daños, a lo que Juan Carlos Muñoz respondió: “lo cierto es que, desgraciadamente, tenemos a veces una autoridad ciega y quieren justificar su acción”.

Recordó que a los desalojados ni siquiera se les dio la oportunidad de desocupar el lugar, pues fueron agredidos brutalmente por los policías quienes llegaron de manera violenta; y agregó que al alcalde López Rosas se le informa que si hay policías heridos es porque agredieron a los colonos y éstos tenían que defenderse.

Adelantó que así como los están demandado, ellos también preparan denuncias penales contra el director de la Policía Municipal, Roberto Abizaid Gracián; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima, y contra el delegado de la procuraduría, Efrén Suástegui Mayo, por lesiones y robo, “porque ellos encabezaron la acción violenta”.

Hoy, a las 8 de la mañana, los colonos                   comenzarán un plantón afuera del edificio donde se encuentran las oficinas de Invisur, para exigir que la dependencia se desista de la denuncia interpuesta en la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojo.

Comenzarán plantón para exigir la destitución de la magistrada del TUA

 Representantes ejidales acusan a Carmen López Díaz de emitir fallos para favorecer a los empresarios de Punta Diamante

 Los representantes de diferentes ejidos de Acapulco anunciaron que a partir de lunes comenzarán un plantón indefinido afuera del Tribunal Unitario Agrario, para exigir la salida de la magistrada Luz Mercedes del Carmen López Díaz, a quien acusan de favorecer a los empresarios que disputan terrenos en sus ejidos, en Punta Diamante, al emitir fallos en perjuicio de los ejidatarios.

Lo anterior lo informaron en una conferencia de prensa en el Zócalo porteño, el asesor del ejido El Podrido, Humberto Sevilla García, el ex diputado federal, Félix Castellanos Hernández; la líder de la colonia Fuerza Aérea, Rosario Merlín García y el representante de Icacos, Bernando Marín Genchi, como representantes del Frente de Defensa Campesino que aglutina a los ejidos del puerto y donde comentaron que las protestas fueron acuerdos de asamblea.

El ejidatario de Icacos, Bernando Marín Genchi, dijo que los ejidos de Acapulco están inconformes con la forma de actuar de la magistrada del TUA número 41,  López Díaz, pues ha dado los fallos adversos que perjudican a los ejidatarios, aún cuando han presentados pruebas.

Explicó que en el ejido de Icacos la magistrada  se ha negado a anular las escrituras entre los condominios Torres Victoria y Pemex, quien vendió de manera ilegal el predio expropiado para construir oficinas de esa dependencia.

Dijo que esperan que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les puedan dar el fallo favorable, porque López Díaz “nada más favorece a los empresarios”.

Por su parte, el asesor del ejido El Podrido, Humberto Sevilla García, dijo que el próximo lunes iniciarán con el plantón y permanecerán ahí hasta lograr que la magistrada sea destituida.

“Permaneceremos ahí hasta que se pueda sanar la justicia en Guerrero en materia agraria, pues lejos de tomar decisiones legales el TUA a través de la magistrado, seguramente por órdenes de su patrón Ricardo García Villalobos, ésta inició una serie de acciones todavía más perversas en contra de los ejidos”, dijo Sevilla.

Ejemplificó que en el ejido La Estación la magistrada ordenó una prueba pericial “totalmente contradictoria que puede traer consecuencias graves y de enfrentamiento en el lugar”, y agregó que en Lomas de Chapultepec “ha pedido documentos que sólo ella puede reclamar a través de sus facultades como magistrado”.

Agregó el abogado Humberto Sevilla que en el ejido de El Podrido, la magistrada ordenó una serie de pruebas técnicas con el “propósito perverso” de querer determinar en una prueba pericial que el terreno donde se ubica la colonia 13 de Diciembre no pertenece al ejido de El Podrido.

Por último, dijo que la movilización contra la magistrada “es porque ya no aguantan la perversidad e infamia que se comete en el TUA”.

Plantón de familiares en la PGJE por la libertad de los 26 detenidos

Están incomunicados, dice uno de sus abogados

 Jorge Nava Familiares de los 26 detenidos en el desalojo de precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, se plantaron afuera de la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para demandar su liberación.

Se congregaron 100 manifestantes, que fueron apoyados por la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), habitantes de Tres Palos, el presidente de Comité Ciudadano de la colonia precarista Lomas del Valle, Juan Enciso Martínez, y en la que gritaron consignas en contra del gobernador del estado, René Juárez Cisneros y el fiscal regional de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.

Los manifestantes portaban pancartas de color verde fosforescente, en las cuales escribieron consignas como “No daremos ni un paso en reversa, hasta no lograr la libertad de todos los detenidos por el desalojo violento”.

Otras criticaban la “actitud y cerrazón de los encargados de impartir justicia”. Incluso hubo algunas que invitaban a los transeúntes a que reflexionen su voto, porque el candidato del PRI Héctor Astudillo está vinculado a Rubén Figueroa.

Con los manifestantes se encontraban los abogados, Alvaro Díaz Castro y Manuel Baltazar Avila Sierra.

La Fiscalía Regional fue resguardada por policías ministeriales que vinieron de todas las comandancias adscritas a esta región, a quienes los manifestantes los acusaban de “represores”, de robarse sus pertenencias en el desalojo de la madrugada del martes, cuando todos dormían. Les reclamaban por los golpes que sufrieron.

En ese momento, Sara Adame Bello llamó a los reporteros para que vieran a su hijo de dos años, Emanuel Zabriga Adame, que tenía una mancha de sangre coagulada y una herida en el ojo izquierdo por los golpes de los policías. La mujer indicó que aún ayer no había acudido con algún médico.

Otra mujer, Fortunata Guadalupe Estrada, mostró moretones en su brazo izquierdo, y en la espalda.

Vianey Solís Ramírez, esposa del detenido Tiomoteo Barrientos Vinalay, se quejó porque después que lo revisaron paramédicos de la Cruz Roja, en lugar de curarlo, le dieron una receta de medicamentos para que se recupere de los golpes.

En la protesta, Alvaro Díaz afirmó que la PGJE mantenía incomunicados a los 26 detenidosy y que habló con el delegado Efrén Suástegui, quien lo mandó que tratara eso con el titular del Ministerio Público (MP) de la Quinta Agencia, especializada en delitos por despojo. Aseguró que le pidió al funcionario que consignara a la cárcel a los detenidos para que pudieran hablar con los familiares. Díaz pidió la destitución de Suástegui porque se cometió un abuso de autoridad, robo y daños en agravio de sus defendidos. Reconoció que cometieron una irregularidad los colonos al posesionarse de un predio, pero indicó que el hecho no es para que la autoridad se conduciera con violencia.

Agregó que sus clientes esperaban que el gobernador René Juárez fuera “tolerante” y resolviera el problema. Cuestionó por qué no se ha procedido de esa manera contra los precaristas del PRI, que se posesionaron de un predio ubicado en el Crucero de Cayaco, –el cual encabeza Miguel Terrazas Sánchez–.

Por otra parte, el presidente del Comité municipal de la UTD, Rogelio Pérez Marcial, al hablar sobre el desalojo, opinó que se solidarizaba porque entre los detenidos se encuentra el asesor de esa organización, Juan Carlos Muñoz Leal. Acusó que se cometió un delito en agravio de los colonos, por eso indicó que se encontraban allí, para que el gobernador no se burle de los agraviados.

El representante de la colonia irregular, Lomas del Valle, Juan Enciso, manifestó que no estaba de acuerdo con la forma en que se efectuó el desalojo, porque se violaron los derechos humanos y garantías que la ley establece para las personas. Sugirió que antes se debió entablar diálogos con los colonos, pues criticó que se procedió peor que contra los delincuentes.

Por la tarde, Alvaro Díaz informó que los abogados de los detenidos integraron tres comisiones, una que buscará una mesa de trabajo entre la fracción parlamentaria del PRD y el director del Invisur, MarcoAntonio Castrejón Lobato; otra que se encargará de vigilar cuando los detenidos sean trasladados a la cárcel de Las Cruces, con el fin de asistirlos cuando rindan su declaración preparatoria con el juez penal que sean consignados. Y la tercera buscará hablar con el procurador Jesús Ramírez Guerrero.

Plantón de campesinos en el hospital de Atoyac; exigen el cese del director

 

 Se niega el servicio y hay represalias contra los ciudadanos que acusaron al directivo de corrupto, denuncia la dirigente de la OCSS, Rocío Mesino

 Francisco Magaña Atoyac

Unos 150 campesinos de varias organizaciones sociales de Atoyac se instalaron en plantón afuera del Hospital Regional Dr Juventino Rodríguez García, para exigir la renuncia del director Carlos Jacobo Martínez por el mal servicio y represalias contra ciudadanos que lo acusaron de corrupto.

Entre los manifestantes había miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Frente Ciudadano Atoyaquense, Unidad Democrática Atoyaquense, Asociación de Colonias y Pueblos de Guerrero, Consejo cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos y el PRD, todos representados por Wilebaldo Rojas Arrellano.

Los inconformes, liderados también por la dirigente de la OCSS, Rocío Mesino Mesino, por José Luis Arroyo Castro, del CCCLCB, y María Manríquez, de Acypeg, señalaron que el movimiento será de manera indefinida hasta lograr la salida del director del nosocomio.

Mesino Mesino dijo que optaron por protestar debido a las represalias que han sufrido de Carlos Jacobo Martínez, pues al parecer ha dado instrucciones de negarles el servicio.

Expuso los casos del ciudadano Bonifacio Hernández García, de Agua Fría, a quien le negaron el servicio después de que estuvo 15 días con fiebre.

Indicó que por instrucciones de un médico particular debía ser internado, pero en el hospital le negaron el servicio.

Al llegar al nosocomio –dijo– una enfermera la identificó como la persona que había apoyado a los paristas, “y que les quería ver la cara”.

Mesino Mesino narró que un caso similar lo vivió una ama de casa de la colonia 18 de Mayo, “los dos pacientes no se murieron pero pueden interponer demandas por negligencia médica; se deben respetar los derechos humanos en ese lugar donde les pagan por sus servicios”.

Destacó que el movimiento no interfiere en las labores del hospital, “no estamos en contra de los empleados, sólo queremos que den mejor trato y no sean déspotas”. Aclaró que el plantón es afuera del hospital, no cerraron ninguna área.

Durante el plantón, los inconformes anunciaron una campaña de servicios gratuitos, donde se les condonarán los servicios.

Señaló la dirigente que la medida anunciada provocó que muchos pacientes fueran dados de alta y los obligaron a pagar ante de se instalaran las organizaciones, “con eso se ve que su objetivo es sacar dinero”.

Por ello los inconformes exigen la salida del directo Carlos Jacobo Martínez, así como una audiencia con la secretaria de Salud, Verónica Muñoz Parra, una auditoría general al hospital, que se reinstale a los médicos que fueron despedidos por denunciar malos manejos del director. Otros son la compra de una ambulancia porque los servicios son caros, además de alimentos para los enfermos.

Mientras que José Luis Arroyo Castro, del CCCLCB, señaló que las cosas no se pueden quedar así porque están peor que cuando los trabajadores se manifestaron.

Desalojan un plantón de los Palma y policías de civil se llevan a tres de ellos

Intentaban ponerse en las inmediaciones del hotel Quinta Real

Los acusan de ataques a las vías de comunicación en agravio de la sociedad y motín. Exigen el pago de 70.5 hectáreas en Punta Diamante

 Karina Contreras y Jorge Nava

César Sabino Palma, su esposa Alba Peláez Galeana y Pedro Palma Rivera fueron detenidos por policías vestidos de civil al mando del comandante de la Motorizada, Guadalupe Arellano Delgado adscrito a El Coloso, tres horas después de que habían iniciado un plantón afuera del hotel Quinta Real para exigir la indemnización de un predio de 70 hectáreas y media en la zona de Punta Diamante que reclaman como suyo. Hasta las 10 de la noche se supo que los delitos eran ataques a las vías de comunicación en agravio de la sociedad y motín por lo que se inició la averiguación previa Tab/Col/183/2004.

A pesar de esto, el titular del Ministerio Público de El Coloso, David García Muñoz, continuó negando que los detenidos estuvieran a disposición de esa agencia.

La familia Sabino Palma comenzó a las 10 y media de la mañana un plantón afuera del hotel Quinta Real. En un área verde hicieron mesas de palos y pusieron un toldo para iniciar otro plantón para exigir el pago por la afectación de la que fue objeto su familia en las valiosas tierras que, a decir de ellos, tiene un valor mínimo de 700 millones de pesos.

Tenían una manta donde se leía: “Sr. presidente Fox. El gobernador del estado e inversionistas no quieren pagar a la familia Palma los terrenos en Punta Diamante. Solución” o la de “Señor gobernador. La familia Palma exige solución en Punta Diamante. Ya, ya, ya”.

Alrededor de las 12 del día César Sabino Palma en declaraciones a los medios dijo que estaban cansados de las promesas del gobernador, René Juárez Cisneros, quien delante del presidente Vicente Fox Quesada el 29 de septiembre prometió dar solución al problema.

En esa ocasión la esposa de César Sabino Palma, Alba Palma, burlando todo los dispositivos de seguridad en el evento del Día Internacional de Turismo logró llegar hasta donde estaba el presidente Vicente Fox, a quien interrumpió durante su discurso, para exponerles el problema de valioso predio en Punta Diamante y exhibió al gobernador Juárez Cisneros que atinó a decir que “se trataba de un asunto local, que después de despedirlo en el aeropuerto la recibiría y que hoy mismo estaría solucionado el problema”.

Entonces Juárez Cisneros le dijo a Sabino Palma que se fueran a Protur y que ahí los recibiría, pero dicha reunión no se llevó a cabo, ya que el ejecutivo los dejó esperando. Ese día César Sabino Palma calificó a Juárez Cisneros como “mentiroso” y que sólo dijo que los iba atender para evitar más escándalos frente al presidente

César Sabino durante la entrevista antes de que fuera detenido por los judiciales precisó que ellos lo que querían es que les pagarán las 70.5 hectáreas que son de ellos y que el gobierno renejuarista se ha resistido a pagar. Dijo que el gobierno pensó que cuando su abuelo muriera ya no iban a reclamar las tierras, pero dijo que tienen documentos que demuestras que esas tierras son de ellos, ya que las tierras nunca entraron en el decreto de expropiación de esa área.

Precisó César Sabino que las villas Océano, Cactus, y el hotel Quinta Real están construidos en las 70.5 hectáreas que reclaman, y dijo que no se oponían al desarrollo siempre que se les indemnizara. Lamentó que tuvieran que estar en plantón “mire, nosotros somos los dueños y aquí estamos como arrimados, mientras ellos están vendiendo las tierras que son nuestro patrimonio”.

Reconoció que con el plantón daban mala imagen, pero el gobierno del estado los obligó a actuar así, ya que desde el domingo trató de buscarlos para que le dijeran qué pasaba con la solución a su problema y no le hicieron caso.

Recordó que incluso buscó en la inauguración del Tianguis Turístico al gobernador por medio de la secretaria de Turismo, Guadalupe Gómez Maganda, y siempre lo bloquearon y manifestó que no veía intención al gobernador René Juárez Cisneros de querer resolver su problema y lo único que quieren es ganar tiempo para al salir “dejarlo al próximo gobernador para empezar de nuevo y así nunca acabar”.

Al lugar llegó el secretario del director de la Promotora Turística (Protur), Virgilio Gómez Moharro, Ignacio Ortiz, quien le informó que su jefe le mandaba a decir que su problema sería tratado en el Consejo de Administración de Protur el 27 de este mes, “para dar una solución definitiva”.

El consejo está integrado por el gobernador, René Juárez Cisneros, la secretaria de Turismo, Guadalupe Gómez Maganda; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Juan Farill Herrera, entre otros.

Sabino Palma le respondió que entonces permanecerían en plantón hasta esa fecha, ya que hace tres meses le dijeron lo mismo y no ha visto claro.

La detención

Cerca de las 2 de la tarde aproximadamente 30 judiciales vestidos de civil y en varias camionetas y policías preventivos llegaron al lugar donde horas antes se había instalado el plantón y sin avisó detuvieron a César Sabino Palma al que subieron a una camioneta blanca sin ninguna inscripción federal; mientras que a Alba Palma se la llevaron en un Tsuru blanco.

Para ello una camioneta de policías preventivos bloqueó la entrada a Quinta Real –cerca de la gasolinera de El Revolcadero– y otra se ubicó sobre el lado del hotel.

Posteriormente al lugar llegaron alrededor de 30 policías del estado y policías preventivos para resguardar el área. Al momento de la llegada de los reporteros estaban en reunión el delegado de Gobernación estatal, Manuel Zorrilla Suazo y el jefe de operativos de la Preventiva, Humberto Hernández, quienes inmediatamente se dispersaron, pero antes prohibieron dar información a los policías. Luego se reunieron en el destacamento de la Policía Judicial de Llano Largo.

Sabino Palma fue ubicado hasta las 3 de la tarde en los separos de la Policía Judicial del Estado en El Coloso, pero lo mantenían incomunicado. Lo que se pudo ver de él fue que la camisa amarilla que portaba estaba desabrochada y como los judiciales no querían que lo vieran le ordenaron que se recargara en la pared.

César Sabino Palma ha denunciado que en varias ocasiones ha sido amenazado y secuestrado, y en una de esas ocasiones fue cuando salía de Palacio de Gobierno de una reunión con el entonces secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, dijo que fue liberado cuando la prensa se dio cuenta de su detención.

En el área de guardia, los judiciales tenían detenidos a una mujer y a un hombre. El comandante Felipe Bahena Camiña argumentó que no se encontraba nadie en el lugar; pero el lugar está resguardado por cerca de 10 judiciales que lo custodiaban.

En el lugar se mantuvo la postura de no tener detenido a Sabino Palma, que se asomaba por las rejillas de los separos para que los reporteros lo vieran. Después de esto, Felipe Bahena recomendó que se acudiera con el agente determinador del Ministerio Público, David García Muñoz, para solicitarle la presentación de los detenidos.

El servidor público argumentó que fueron policías auxiliares del estado los que detuvieron a esas personas que según dijo desconocía de quiénes se trataba y se limitó a argumentar que la Policía Auxiliar del Estado no había puesto a disposición a los detenidos ni bajo qué cargos.

Por la noche se supo ya de los delitos que le imputaban a los detenido, pero el determinador siguió negando los datos.

Plantón de vecinos y comerciantes en Taxco; piden el desafuero para regidora del PRD

Caso de la trifulca de viernes y sábado santos

 

 Meten denuncia en el MP y envían testimonios al Comité Ejecutivo Estatal perredista por la participación en los hechos del presidente de ese partido en el municipio

 Claudio Viveros Hernández Taxco

Cerca de 40 personas, entre vecinos y comerciantes, realizaron este viernes un plantón afuera del ayuntamiento con cartulinas en las que se leía “Fuera regidora corrupta y prepotente que golpea y abusa de su poder, queremos solución, que la saquen, que la saquen”, en referencia a la perredista Ericka Arciniega Gómez, a quien señalan de agredir a una familia de restauranteros junto con su padre, el presidente del PRD municipal, José Clemente Arciniega Reyna, en sendas trifulcas ocurridas el viernes y el sábado de la Semana Santa.

En una de esos enfrentamientos, ante la presencia de policías municipales que acudieron, y donde además de golpear a mujeres hubo amenazas de muerte con arma por los Arciniega hacia Jaime Arellano y un menor de edad, el dirigente perredista advirtió a los preventivos: “Llévenme (a la cárcel) cabrones y los corro a todos”. Los hechos fueron vistos por muchos testigos quienes además relataron que no es la primera vez que sucede.

Entre los manifestantes de este viernes estaban las personas agredidas –Juana Gómez García, Martha Anahí Alarcón Gómez y Jesús Alarcón Gómez– quienes en la semana interpusieron la denuncia correspondiente en la agencia del Ministerio Público y dieron a conocer que también lo hicieron ante el dirigente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre.

Asimismo, solicitaron al MP que informe de todo lo actuado al Congreso del Estado “a fin de que se proceda a iniciar juicio político en contra de dicha funcionaria, para el efecto de que una vez que le sea retirado el fuero constitucional de que goza, sea consignada la indagatoria ante la autoridad competente, y se libre en su contra la correspondiente orden de aprehensión”.

A media hora de iniciada la protesta, los agredidos fueron recibidos por el alcalde Abraham Ponce Guadarrama, quien luego de escuchar sus testimonios y ver evidencias físicas de los golpes propinados a una mujer, Ponce Guadarrama –quien estaba con el síndico Antonio Hernández Ortega y la regidora priísta, Martha Rodríguez Lugo– aseguró: “Nosotros no vamos a actuar con favoritismo, se trate de quien se trate; nosotros vamos a tomar la parte que nos corresponde, hay instancias que deben resolver esta situación”.

Por su parte, los regidores del PRD, Abraham Salgado Salazar y Platón Antúnez Giles calificaron los hechos de “violentos y bochornosos que dañan la imagen” de su partido político.

De igual manera, ambos regidores –con Ericka forman la fracción perredista de tres ediles en el cabildo taxqueño– turnaron oficios a los directores de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad, Lucio Mercado Bautista y Alfredo Ocampo Arteaga, en los cuales se les solicitó una actuación moderada “a fin de preservar la imagen” de la administración municipal y responder con “honestidad, probidad, lealtad y eficiencia en el desempeño de la función pública”, pues bajo el mando de ambos se encuentran los policías que participaron en los hechos.

En entrevista concedida a este medio, los compañeros de bancada de la regidora perredista cuestionada e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Ericka Marlén Arciniega, dijeron que ésta demostró “un carácter agresivo, grosero y de muy baja calidad educativa que no compete al perfil con que se debe conducir un regidor”.

Salgado Salazar adelantó que este problema de “una compañera que no debió haber actuado así”, se analizará en la próxima sesión del cabildo, e informó que la denuncia de los agredidos ya se hizo del conocimiento ante el Comité Ejecutivo Estatal del PRD. “Estamos investigando a fondo estas circunstancias”, agregó.

Y sobre la presencia de agentes policiacos y de tránsito que estuvieron en las riñas del viernes y sábado de la Semana Santa, pidió a los agentes que no entorpezcan las investigaciones y se abstengan de intervenir en forma parcial, porque de lo contrario serán sancionados.

Por su parte, el regidor Antúnez Giles pidió tanto a la regidora Arciniega Gómez como al dirigente municipal del PRD, José Clemente Arciniega Reyna, “reflexionar sobre su actitud violenta porque de lo contrario esto irá en perjuicio del Partido de la Revolución Democrática”.

Levantan antorchistas plantón en la capital; logran 40% del pliego petitorio

 

 Informan de los resultados de la reunión con “un molesto gobernador” la tarde del martes

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

A 24 días de que integrantes de Antorcha Campesina se instalaron en plantón en el Zócalo de Chilpancingo, ayer levantaron su protesta al obtener mil 250 paquetes de vivienda, 12 concesiones para transporte, becas económicas para estudiantes, así como la introducción de servicios públicos en nueve municipios.

En conferencia de prensa, el dirigente estatal de Antorcha Campesina, Júpiter Tapia Cazales, explicó que la tarde del martes se reunieron con el gobernador René Juárez Cisneros; el secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, así como el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Huicochea Vázquez, quienes “solucionaron sólo 40 por ciento” de su pliego petitorio.

El 22 de marzo, unos mil integrantes de esa organización llevaron a cabo una marcha por las principales calles de Chilpancingo, y se instalaron en plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir tres mil paquetes de vivienda e introducción de servicios para comunidades de 15 municipios.

Tras el plantón y ante la falta de respuesta de los funcionarios del gobierno del estado, los integrantes de Antorcha Campesina continuaron con sus movilizaciones por las principales avenidas, y fue hasta este martes cuando “un molesto gobernador nos recibió en Casa Guerrero”, dijo el dirigente en referencia a un encuentro que fue ampliamente publicitado con fotografías pagadas en varios diarios locales.

Entre los acuerdos, dijo Tapia Cazales, está la autorización de mil 250 paquetes de vivienda que entregará el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano a más de nueve municipios, a las cuales también se encargará de introducir los servicios de agua, luz y drenaje .

Otro de los acuerdos –dijo–a es la entrega de 12 concesiones para transporte público, así como la construcción de 10 aulas para escuelas primarias y becas económicas para estudiantes de La Montaña y la zona Centro.

Mencionó que hubo el compromiso de que se“devolverán las casas y terrenos de los habitantes de Ayotoxtla, quienes fueron desalojados por los integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria Emiliano Zapata, así como las cuatro camionetas “secuestradas por ellos mismos en Escalerilla Laguna”, ambas comunidades de Zapotitlán Tablas.

Las municipios beneficiados fueron Tlapa, Zapotitlán, Tablas, Atlixtac, Alcozauca, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Alpoyeca, Huamuxtitlán, así como Chilpancingo, donde acordaron la remodelación de casas de estudiantes como la Ignacio Manuel Altamirano.

Tapia Cazales indicó que darán al gobierno del estado “un plazo de 15 días para empezar a ver las respuesta”, de lo contrario “vamos a regresar a manifestarnos a la capital”.

En tres plantones demandan parar los despojos de tierras ejidales en Acapulco

 

 Participan en la protesta seis ejidos agrupados en el Frente de Defensa Campesino y comuneros que se oponen al proyecto de La Parota. Piden cese el hostigamiento de la empresa Tres Vidas al asesor de El Podrido, Humberto Sevilla. Exigen la destitución de la magistrada del 41 Tribunal Unitario Agrario, Luz Mercedes del Carmen López Díaz

 Karina Contreras Con tres plantones simultáneos más de 200 ejidatarios agrupados en el Frente de Defensa Campesino de Acapulco demandaron a los tres ámbitos de gobierno un alto a los despojos de las tierras ejidales para beneficio de los empresarios, y reiteraron su rechazo total al proyecto de la hidroeléctrica La Parota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Asimismo, exigieron la destitución de la magistrada del 41 Tribunal Unitario Agrario, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, a quien acusaron de provocar problemas en los ejidos por sus fallos mal intencionados. Otra exigencia es que cese el hostigamiento al asesor del ejido El Podrido, Humberto Sevilla García, por parte de la empresa de Tres Vidas.

Con los tres plantones que duraron dos horas en La Base Naval de Icacos, la glorieta de La Diana y El Zócalo, en la zona turística y céntrica de Acapulco, los ejidatarios iniciaron una jornada de resistencia y lucha campesina que culminará con una marcha el martes 20 de este mes.

En la protesta participaron los ejidos de Icacos, Cayaco, La Sabana, La Estación, El Podrido, Cumbres de Llano Largo, comuneros afectados por el proyecto La Parota y miembros de la Corriente Crítica.

El plantón del Zócalo fue encabezado por la ex diputada Rosario Merlín; el de La Diana, por el dirigente de la Corriente Crítica, Leopoldo Calderón Caballero; y el de La Base, por el asesor, Humberto Sevilla García y el ex diputado federal Félix Castellanos Hernández. La decisión de hacer plantones y no una marcha –explicaron los ejidatarios– fue para no afectar el turismo en esta temporada vacacional.

Entre consignas como “Zapata vive, la lucha, sigue y sigue” , “Si Zapata viviera, que chinga les pusiera” o “El pueblo unido, jamás será vencido”, los ejidatarios dieron varias vueltas a la glorieta de La Base.

En las pancartas se leía: “Ya basta, es hora que las autoridades dejen de intimidar a los campesinos y ejidatarios”, “No a la represión en contra de los ejidatarios de El Podrido”, “Ya basta de despojar de sus tierras a los campesinos” o la de “Empresarios, ya no fabriquen delitos contra los abogados de los campesinos”.

En sus discursos, los participantes coincidieron en que la unidad de los ejidos frenará el despojo de las valiosas tierras del que han sido objeto por parte del gobierno que en complicidad con empresarios que no sólo quieren quitar el patrimonio de miles de familias sino que pretenden encarcelar a los asesores, como Humberto Sevilla García.

Los ejidatarios advirtieron que no van a permitir que los empresarios de Tres Vidas y Playa Encantada arrebaten sus tierras a los ejidatarios de El Podrido.

El abogado, Humberto Sevilla García, en su intervención dijo que la lucha de los ejidos es legal, y que hay una actitud perversa de inclinación por parte del Tribunal Unitario Agrario (TUA) que tiene una consigna a favor de los empresarios y los enormes intereses.

Manifestó que los tribunales deben estar bajo las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para acabar con las “sinvergüenzadas de los magistrados”, y dijo que éstos sirven a los intereses de los ricos que han hecho dinero aprovechándose de la ignorancia de los campesinos.

En la protesta estuvieron presentes comuneros que se oponen al proyecto La Parota, encabezados por Gumersindo Joaquín Prudencio y el asesor Virgilio Ávila Vázquez.

Gumersindo Joaquín Prudencio denunció que la CFE no ha respetado los acuerdos que se han tenido con el gobernador René Juárez Cisneros y sigue queriendo entrar a las tierras de los comuneros y provocando el enfrentamiento.

Hizo un llamado para que los apoyen en su lucha, ya que la CFE pretende violar los derechos de los comuneros y pisar la dignidad de los campesinos que luchan por las tierras que han sido de sus antepasados.

El comunero de Los Huajes, Juan Gallegos, dijo que la CFE y el gobierno los quieren despojar de sus tierras. “Ellos nos acusan de ser cerrados y que peleamos tierras que no producen, pero que digan cuándo han llevado impulsos al campo”, demandó.

Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la colonia 13 de Diciembre, ubicada en El Podrido, Martín Cruz Bello, llamó a mantenerse unidos, pues dijo que la lucha de El Podrido es la misma de todos.

Señaló que los empresarios del Grupo Monterrey y Tres Vidas les quieren arrebatar sus tierras. “Ahora esos consorcios están vendiendo las tierras de los ejidatarios en la ciudad de México”, dijo Cruz Bello.

El presidente del comité de hijos de ejidatarios de Icacos, Bibiano Rodríguez, denunció que las autoridades, en represalia por un plantón afuera de Torres Victoria, para que les restituyan una hectárea que les fue expropiada para Pemex, les han cortado la luz en el lugar de la protesta.

En la protesta participaron los ejidos de Icacos, Cayaco, La Sabana, La Estación, El Podrido, Cumbres de Llano Largo, entre otros.