En la conmemoración del 98 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, la activista y dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, un trato igualitario que al resto de las organizaciones y que les den 400 toneladas de fertilizante, cantidad que les daban en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Ayer minutos después de las 8 de la mañana, la hija del líder social asesinado y dirigente de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, colocó una ofrenda floral en el monumento de la Independencia en el centro de la ciudad de Iguala, con representantes de la UCEZ de los municipios de Iguala, Cocula, Taxco, Teloloapan y otros municipios de la región Norte, para conmemorar 98 años del asesinato del general Emiliano Zapata.
Hernández Mena denunció que con los años distintos gobiernos estatales y municipales les han reducido la cantidad de fertilizante a pesar de que las necesidades de la organización permanecen.
Afirmó que en el gobierno de Ángel Aguirre recibieron 400 toneladas de sulfato de amonio, durante la administración de Rogelio Ortega Martínez la aportación disminuyó a 180 toneladas, y que actualmente, con Héctor Astudillo Flores sólo recibieron en dos entregas 80 toneladas que no satisfacen las necesidades de más de 500 agremiados de esta organización. El Ayuntamiento de Iguala les entregó 32.5 toneladas, y que en Taxco y otros municipios de la región no les han hecho caso a su petición.
Demandó que el gobernador le dé a la UCEZ un trato igualitario que al resto de las organizaciones, que restablezca las 400 toneladas de fertilizante y que les entregue los paquetes completos, que incluya el fosfato de amonio o granulado y biofertilizante.
Denunció que a las organizaciones sociales que no están afiliadas al PRI son relegadas por el gobierno estatal, y provoca un agravio hacia los campesinos y sus familias.
“Pedimos al gobernador Astudillo que ponga interés en este asunto porque es obvio que no abastece a las organizaciones sociales pues pretende desaparecerlas”, aseguró.
En la explanada de las Tres Garantías, donde está la carpa de la dignidad en apoyo al movimiento de Ayotzinapa, integrantes de la UCEZ y del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, colocaron otra ofrenda al general Emiliano Zapata al pie de una lona con las fotografías de los 43 normalistas desaparecidos en esta ciudad. (Alejandro Guerrero / Iguala).
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Protestan trabajadores del Poder Judicial en Chilpancingo; acusan de nepotismo a magistrados
Trabajadores del Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial se manifestaron la mañana de ayer en la explanada de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, para exigir un incremento salarial “real” que no reciben desde hace cuatro años, un programa de jubilación “satisfactoria”, vivienda, la creación de un fondo de ahorro y de seguridad social.
También denunciaron que a 2 años del primer paro que realizaron en demanda de un reglamento para instituir el sistema judicial de carrera, éste no se ha elaborado y tampoco se practica en los hechos: la carrera judicial.
Denunciaron que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial siguen incurriendo en nepotismo y colocan en los puestos privilegiados a sus familiares y amigos, mientras que el magistrado presidente, Robespierre Robles Hurtado constantemente abandona sus funciones para hacer proselitismo como aspirante a la alcaldía de Acapulco por el PRI.
La protesta comenzó a las 9 de la mañana y a las 9 y media los aproximadamente 50 trabajadores que se manifestaron (informaron que sólo acudieron representantes), acudieron a la oficina del magistrado presidente por una respuesta a su pliego petitorio, pero no lo encontraron y esperaron media hora más a que sus colaboradores lo localizaran, sin éxito.
En comentarios por Facebook Robles Hurtado expuso el viernes pasado que: “todo este asunto y tanta descalificación y rencor, (es) sólo porque se les notificó que se regresen a trabajar, pues cobran sin hacer nada, (dos años y quieren seguir). Se justifican con todo, ni siquiera tienen su reconocimiento como organización, como pues se va a platicar con ellos?, si no tienen personalidad. No se dejen engañar, son lo que critican”, dijo en referencia a la protesta que anunciaban los trabajadores inconformes.
Los trabajadores que se manifestaron este martes son los mismos que en abril y mayo de 2014 estuvieron 56 días en paro laboral por las mismas demandas.
Los inconformes se concentraron desde las 8 y media de la mañana afuera de las instalaciones de la Ciudad Judicial y a las 9 entraron juntos a la explanada, donde hicieron un breve mitin.
Frente a los reporteros colocaron una lona que decía: “Robespierre Robles Hurtado, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, solución a las justas demandas de los trabajadores. ¡No a la insensibilidad y a las represalias!”.
El secretario general del sindicato, Adalberto Valenzo Martínez leyó el pronunciamiento en el que exigen al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le cumpla a los trabajadores, pero también que le cumpla a la sociedad.
Criticó que el magistrado no ha resuelto las demandas como el sistema judicial de carrera, seguridad social “completa y efectiva”, incremento salarial “real” que no reciben desde 4 años.
Consultado más tarde explicó que el incremento que recibieron tras el paro laboral de hace 2 años fue directo al salario base y que lo que piden ahora es un aumento conforme a la percepción real que reciben, es decir, incluyendo las compensaciones. Dijo que un incremento así no lo reciben desde hace 4 años.
Denunció que como hace dos años sigue el nepotismo con el que se desplaza de los cargos jurisdiccionales a los trabajadores administrativos, que llevan más de 20 años en el Poder Judicial.
También se quejó de que les hace falta material para la prestación de un servicio de justicia “eficiente”.
Agregó que en el año y medio que lleva al frente del Poder Judicial, Robles Hurtado “se ha limitado a querer sobrellevar la problemática de la institución con promesa tras promesa, aplicando la máxima del político sin escrúpulos, de que prometer no empobrece”.
Valenzo Martínez acusó que el magistrado Robles Hurtado “actúa con insensibilidad y soberbia al pretender desconocer el pasado reciente de la movilización de los trabajadores “que se suscitó precisamente por el hartazgo de padece una serie de injusticias de la vida laboral”, como exceso de carga de trabajo, falta de pago de horas extras, ausencia de un programa de vivienda, “y la incertidumbre del futuro de la vejez, cuando la edad y la falta de fuerzas físicas ya no permitan al trabajador administrativo y jurisdiccional suportar las extenuantes jornadas”.
Llamó a Robles Hurtado a que asuma su responsabilidad institucional, “que deje de poner como pretexto al gobernador y de utilizar su nombre para imponer su voluntad”.
Recordó que su designación fue “altamente cuestionada” pero actualmente “es más cuestionable su desempeño como titular del Poder Judicial”, debido a su forma de proceder con propaganda falaz, pero sin resolver los temas fundamentales del Poder Judicial.
Dijo que esto hace verosímil lo que se rumoró desde su llegada, en el sentido de que sólo venía de paso y que su insistencia de ser presidente del TSJ fue para contar con un escaparate y plataforma desde donde pueda apuntalar su candidatura a la alcaldía de Acapulco.
“La sociedad no merece ser burlada y exige que quien encabece el Poder Judicial se comprometa con su responsabilidad de mejorar la institución de impartición de justicia”, dijo.
Luego de media hora de mitin en la explanada, los trabajadores subieron al tercer nivel del edificio dos, en donde se encuentra la oficina del magistrado presidente.
“Vamos a ver si de verdad despacha aquí”, le dijo una de las trabajadoras a otra que, por su parte, dijo que era la primera vez que estaría en el despacho del presidente a quien, incluso no lo conocía en persona, sólo por fotografía.
Al llegar, los trabajadores descubrieron afuera de su despacho, colgada en la parte superior de la puerta frente al vestíbulo, una fotografía de aproximadamente medio metro por medio metro de Robles Hurtado, inusual en las oficinas, puesto que en la mayoría de ellas las fotografías regularmente del Ejecutivo en turno cuelgan en un lugar visible, pero en el interior de los despachos.
El magistrado no se encontraba en su oficina. Durante media hora los trabajadores esperaron una respuesta, mientras los colaboradores del magistrado lo buscaban por teléfono. Al final, la secretaria técnica de la Presidencia, Paloma Oviedo Galeana les dijo que no lo pudo localizar y que después les informaría cuándo los puede recibir.
Durante la espera Xóchitl Jiménez Pita, integrante de la dirección del sindicato, denunció que nunca se había visto que las esposas de los presidentes del TSJ se involucraran en la vida interna de la institución como ahora.
Dijo que Robles Hurtado creó el Voluntariado del Poder Judicial del Estado y nombró a su esposa Zurayma Ajuria Marban como presidenta, quien hace política al interior del Tribunal acompañada por magistrados, y que en algunos actos o reuniones representa a su esposo.
Durante la protesta los trabajadores recibieron la solidaridad del presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García, y del secretario del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento, Domingo Salgado Martínez.
Prospera es usado para el desvío de recursos y el acarreo de personas, dicen despedidos
Tres trabajadoras despedidas de Prospera anunciaron que hoy presentarán una denuncia en el Ministerio Público contra el delegado Juan Manuel Yáñez Heredia, por acoso sexual. Además denunciaron que los directivos utilizan al programa Prospera para el desvío de recursos y el acarreo de público a eventos oficiales.
En conferencia de prensa en el monumento Unidos por Guerrero en Chilpancingo, las trabajadoras, junto con integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, denunciaron las irregularidades que ocurren en el programa federal, como el atraso del pago a las beneficiarias para que el dinero genere intereses en el banco y se beneficien el delegado y su equipo.
La trabajadora despedida, Felícitas Martínez Guzmán dijo que junto con sus compañeras Mayra Morales y Roselia Francisco Tranquilino interpondrán una denuncia en la agencia del Ministerio Público por acoso sexual contra Yáñez Heredia, pues no descartó que tenga influencias en el gobierno estatal y quiera iniciar averiguaciones previas contra ellas y sus otros cuatro compañeros.
Agregó que los siete trabajadores despedidos interpusieron una denuncia por despido injustificado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México.
“La corrupción (en el programa Prospera) va desde el desvío de recursos, desde que el tal Axel Fernando Zamudio Estrada (subdirector del área operativa) obliga al personal a que le consiga facturas o a que lo viatiquen (le den dinero para viajar), esto sin que lo hagan realmente, y el dinero se lo reportan a él”, manifestó la trabajadora.
La trabajadora despedida dijo que trabajó en el área de Recursos Materiales y Servicios Generales en el programa federal, donde se concentra la papelería y la distribución de los vehículos, ejemplificó que el 15 de septiembre pasado utilizaron carros de Prospera para llevar acarreados al grito de Independencia en la Ciudad de México, lo que está prohibido.
En tanto, otra trabajadora despedida, Mayra Morales manifestó que los directivos de Prospera “contratan personal que no está capacitado… afectan directamente a las familias beneficiarias”.
Informó que ella y sus compañeros tienen conocimiento de que en Acapulco un solicitante no aplicó correctamente encuestas para verificar las condiciones socioeconómicas de las familias, y dio de baja a 50 de ellas.
Frena el PRI en el Congreso la comparecencia de Apreza para que explique el plan de austeridad
Una vez más las fracciones parlamentarias del PRI y del PVEM en el Congreso hicieron valer su mayoría y bloquearon una iniciativa que proponía la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, para que ampliara la información respecto al plan de austeridad que anunció el gobierno del estado el domingo pasado.
Además, Movimiento Ciudadano presentó de nueva cuenta una propuesta para que el Congreso local impulse una iniciativa en la Cámara de Diputados a fin de modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y darle reversa al aumento en el precio de las gasolinas.
El pleno de la Comisión Permanente también aprobó un exhorto a las secretarías de Educación y Seguridad Pública para que se garantice la ejecución del programa Escuela Segura, que se aplique de manera constante y sorpresiva a fin de hacer efectivo el derecho a la educación en “un clima de seguridad y confianza”.
Este miércoles, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta para que se citara a comparecer a Apreza Patrón con la finalidad de que informe el uso que se le dará al presupuesto que el gobierno del estado ahorre a partir de las medida de austeridad que fueron anunciadas el domingo.
En su exposición de motivos Mejía Berdeja recordó que el Congreso tiene facultades para citar a comparecer al secretario de Finanzas “en un ejercicio de rendición de cuentas” y como parte del seguimiento a las acciones que emprenderá el gobierno del estado.
“Nosotros no nos podemos quedar sólo en lo mediático, podemos ir más lejos y preguntar el destino del gasto que se ahorrará con todas esas medidas, qué se hará y cómo impactará en los programas sociales”, dijo.
Recordó que el Congreso aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 y si habrá ajustes se debe aplicar “un régimen de rendición de cuentas”.
Aclaró que MC no descalifica el plan de austeridad del gobierno, e incluso comentó que esas medidas deberían ser permanentes y no aplicarse sólo de manera coyuntural.
Coincidió con el gobernador Héctor Astudillo Flores en el sentido de que el incremento en el precio de las gasolinas “alteró” la agenda de los estados.
La propuesta de Movimiento Ciudadano era que Apreza Patrón compareciera ante el pleno el 31 de enero a las 11 horas, y solicitó que su iniciativa se resolviera como de urgente y obvia resolución.
Sin embargo los diputados del PRI, Flor Añorve Ocampo, Saúl Beltrán Orozco, Eusebio González Rodríguez, Héctor Vicario Castrejón; la diputada del PVEM, Rossana Agraz Ulloa, y el panista Iván Pachuca Domínguez votaron en contra, por lo que la iniciativa fue turnada a la Junta de Coordinación Política para su análisis.
La propuesta sólo tuvo el respaldo de los perredistas Sebastián de la Rosa Peláez y Carlos Reyes Torres, y de los ex petistas Freddy García Guevara y Jesús Martínez.
Ayer mismo Movimiento Ciudadano presentó otra propuesta para que el Congreso local impulse ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, específicamente al artículo transitorio que permitió la liberación de los precios de las gasolinas.
Una iniciativa parecida la presentó ese mismo grupo parlamentario el pasado 10 de enero. En su argumentación, Ricardo Mejía insistió en la necesidad de revertir el llamado gasolinazo y recordó que en febrero se avecinan otros tres.
“Por eso requerimos enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar la Ley de Ingresos de la Federación. Es criminal lo que hacen con las economías del pueblo de México y es una mentira que no haya otra alternativa”.
Su iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda.
Otros temas
A propuesta del diputado priista Héctor Vicario Castrejón, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad un exhorto a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; y al de Educación, José Luis González de la Vega Otero, para que se garantice la ejecución del Programa Escuela Segura, esto luego de los hechos del pasado 18 de enero en Monterrey, donde un estudiante de secundaria atacó a balazos a su maestra y tres compañeros, para después quitarse la vida.
El exhorto propone invitar a los ayuntamientos a sumarse a esos esfuerzos, a fin de que el programa se aplique de manera constante, con carácter sorpresivo y sin violentar los derechos humanos. La intención es hacer efectivo el derecho a la educación en un clima de seguridad y confianza.
Otro acuerdo aprobado fue un exhorto al titular de la Secretaría del Migrante y Asuntos Interna-cionales, Fabián Morales Mar-chán, para que instrumente medidas y acciones preventivas en caso de ser “potencialmente vulnerados” los derechos humanos de los migrantes guerrerenses ante los constantes anuncios de una política contraria a los migrantes del nuevo presidente de Estados Uni-dos, Donald Trump.
En la sesión de ayer la Comisión Permanente aprobó el dictamen por el que el Congreso local se adhiere al acuerdo emitido por su homólogo de Baja California Sur, en el que se hace del conocimiento del Congreso de la Unión su oposición a que se prohíba la pesca deportiva por considerar que esa medida atenta contra el desarrollo nacional.
También se aprobó convocar a un Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Periodo de Receso del segundo año de trabajo de la actual legislatura, para aprobar iniciativas en materia anticorrupción, mismo que se instalará el próximo 1 de febrero.
Esperan defraudados por financieras que se apruebe la modificación a la ley de Fipago
El representante legal de la Alianza en Defensa de Afectados por Financieras en Guerrero (ADAFIG), Jaime Alvarado López, informó que la organización esperará que la siguiente semana los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) firmen la modificación al artículo octavo transitorio de la ley de Fidecomiso Pago (Fipago), y así presentarla al pleno del Congreso de la Unión, pues afirmó que de ser aprobada, serán beneficiados por el fondo para defraudados por financieras.
Consultado vía telefónica, Alvarado López señaló que actualmente la diputada federal Beatriz Vélez Núñez está revisando la redacción de dicho artículo.
Agregó que los defraudados se reunieron en la Ciudad de México con la diputada federal para que conocieran el procedimiento para que sean beneficiados los defraudados, si se modifica la ley.
Dijo que Vélez Núñez revisó la modificación que hicieron los senadores Sofío Ramírez, Esteban Albarrán y René Juárez Cisneros (actual subsecretario de Gobernación), pero les dijo que no estaba bien fundamentada, que le faltaba redacción, y que al momento de que fuera sometida al pleno, no sería aprobada.
En el estado son 15 mil 500 defraudados de la empresa Productos Amor en 52 municipios en 2012.
Otra vez bloquean PRI y aliados en el Congreso exhortos de la oposición contra el gasolinazo
Por segunda ocasión las fracciones parlamentarias del PRI y del PVEM en el Congreso hicieron valer su mayoría y bloquearon dos iniciativas de exhorto propuestas por un diputado del PRD y por el grupo de Movimiento Ciudadano para revertir las disposiciones que permitieron el incremento en el precio de las gasolinas.
Ayer el Congreso local celebró cuatro sesiones para desahogar diversos temas, entre estos los que quedaron pendientes el martes pasado cuando diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna en contra del gasolinazo, situación que obligó a la Mesa Directiva a suspender la primera sesión del año y trasladarla a este jueves.
Las actividades del Congreso se desarrollaron en medio de un dispositivo de seguridad que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno del estado.
En la avenida de El Trébol, a la altura del monumento a José Francisco Ruiz Massieu, fueron instaladas vallas metálicas y había presencia de policías estatales que vestían playeras blancas y llevaban toletes; lo mismo que en el encauzamiento del río Huacapa, sobre la calle que queda frente al estacionamiento del Congreso; y en la lateral del boulevard Vicente Guerrero, a espaldas del edificio.
Se confirmó que la presencia policiaca era para evitar protestas ante las marchas que se realizaron ayer en contra del gasolinazo y el anuncio que hicieron el miércoles militantes de partidos de izquierda, activistas, médicos, maestros y luchadores sociales de que tomarían la sede del Legislativo.
Pese a ello, la presencia de los policías y la instalación de las vallas no implicó cerrar las calles, por lo que se permitía el paso de automovilistas y transportistas; además no fue necesaria la intervención de la fuerza pública.
La sesión estaba programada a la una de la tarde, sin embargo comenzó dos horas y media después, pues no se completaba el quórum necesario para desahogar los temas pendientes del martes.
Propuestas de MC y PRD
El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de exhorto dirigido al presidente Enrique Peña Nieto para que emprenda acciones que frenen y eliminen los aumentos en el precio de los combustibles fósiles programados para el ejercicio fiscal 2017.
La propuesta incluye también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que aplique una política fiscal que impida el incremento en los costos de diferentes productos en el mercado como consecuencia del gasolinazo.
En su exposición de motivos, Mejía Berdeja expresó que en una “época de crisis” económica como la que actualmente padece el país, la peor estrategia es incrementar los impuestos, que es lo que sucede con el aumento en el precio de las gasolinas.
“El gobierno federal ha incrementado los ingresos a costa de la población, el gobierno quiere más ingresos pero exprimiendo a la gente. Siguen los gasolinazos en febrero y con eso se confirma la mentira de que con la reforma energética bajaría el precio de las gasolinas, no hay justificación”, expresó desde tribuna.
Movimiento Ciudadano solicitó que su propuesta fuera resuelta como un asunto de urgente y obvia resolución, sin embargo el PRI y el PVEM, que hacen mayoría, lo rechazaron, y en consecuencia fue turnada a las comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico para su análisis y dictaminación.
De inmediato el diputado del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, presentó otra iniciativa por la que el Congreso de Guerrero exhorta a Peña Nieto a que declare suspendidas las disposiciones establecidas en los artículos 11 y 12 transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación que dieron paso al gasolinazo.
El exhorto se extiende a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que convoque a un amplio acuerdo nacional que defina el marco jurídico que permita diseñar políticas públicas necesarias para reconstruir el modelo de los mecanismos de aprovechamiento de los recursos petroleros.
En su exposición De la Rosa expresó que sabía que el PRI y el PVEM rechazarían su propuesta, y se refirió a la postura del dirigente estatal del tricolor, José Parcero López, quien el miércoles en un comunicado dio a conocer que en la Montaña habrá una marcha en apoyo a Peña Nieto ante las protestas contra el gasolinazo.
“El gobierno lejos de encontrar o buscar la reconciliación le apuesta cada vez más a la polarización. Estamos claros que es un asunto que sale de la esfera del gobierno estatal y de este Congreso, pero llamamos a la sensibilidad de todos para que el Poder Legislativo asuma la defensa de su pueblo”.
El perredista aseguró que hay otros mecanismos para enfrentar la crisis actual y que podrían aplicarse en lugar de subir el precio en las gasolinas.
En este caso Sebastián de la Rosa también pidió que su propuesta fuera resuelta como un asunto de urgente y obvia resolución, sin embargo el PRI y el PVEM volvieron a imponerse, por lo que fue turnada a comisiones.
Ya en la ronda de intervenciones, la coordinadora parlamentaria del PRD, Erika Alcaraz Sosa, reiteró que el incremento en la gasolina es una consecuencia de la reforma energética que, aseguró, sólo beneficia a las empresas privadas extranjeras.
Indicó que es mentira que el gobierno federal no se beneficia con el alza en los precios de la gasolina y que sólo un porcentaje mínimo de los mexicanos resulta afectado con esta medida.
“En esto se denota la falta de conocimiento de la situación de los pobres en el país por parte del Ejecutivo Federal, porque quienes no tienen vehículo son los que más sufren por el alza de los precios de la gasolina y el diesel, los costos del transporte público aumentan, principalmente los de taxis y los de las combis, no se diga los productos de la canasta básica por los altos costos del transporte”, señaló.
Llamó a la unión de “todas las fuerzas de izquierda” con la sociedad civil organizada a fin de rescatar “la riqueza natural de los mexicanos”.
A esa postura se sumó Ricardo Mejía, quien dijo que el aumento en el costo de los combustibles se encamina a la privatización de los hidrocarburos, pues se despeja el camino a la inversión foránea.
“Se busca entregar a los extranjeros nuestras riquezas. Aunado a ello en este sexenio hay un crecimiento desmesurado de la deuda pública del país, esa deuda ha crecido 15 puntos, esto ha generado que hoy el gobierno recurra a la receta de exprimir a la población”.
El diputado del PT, Freddy García Guevara, dijo que el gobierno federal aún no dimensiona el grado de inconformidad que causó la determinación de subir el precio de los combustibles.
Además exigió a la federación que cuanto antes dé a conocer qué estrategia emprenderá para contener los incrementos que se vienen a diferentes productos, principalmente los de la canasta básica.
Refrendó el compromiso del PT para apoyar las movilizaciones de los diferentes sectores de la población, “no nos cansaremos de levantar la voz en contra de quienes quieren beneficiarse de quienes menos tienen”.
Defensa del PRI
En respuesta, el diputado priista Héctor Vicario Castrejón subió a la tribuna para defender al gobierno federal, y acusó a quienes critican esa medida de asumir una actitud “demagógica y sospechosa”.
Expresó que la liberación del precio de la gasolina es una medida “impopular” pero “fundamentalmente necesaria” para conservar “la salud de la República” y privilegiar el gasto social.
“Los especialistas y el grueso de la academia afirman que esta medida es fuerte, pero postergarla hubiera sido de consecuencias no sólo dañinas sino imprevisibles, tomando en cuenta las constantes variaciones del peso frente al dólar”.
Expresó que extraña la actitud “hasta demagógica, sospechosa, apóstata y populista de quienes engañando al pueblo pretenden distribuir culpas y responsabilidades y erigirse como redentores emergentes de una causa que a todos afecta y a todos golpea”.
Vicario Castrejón explicó que el aumento en el precio de la gasolina no es una cuestión aislada, sino un fenómeno que recorre el mundo, y aseguró que la decisión del gobierno federal fue “dura pero responsable” y que no es consecuencia de la reforma energética o hacendaria.
Antes de su intervención, solicitó que se guardara un minuto de silencio por la muerte del hijo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ángel Aguirre Herrera, quien fuera diputado local y que murió en la madrugada de ayer por un derrame cerebral.
Pide MC justicia por familia asesinada
En la segunda sesión de ayer, que durante la primera hora se desarrolló sin quórum legal, pues sólo había 20 diputados de 24 que se requieren para validar los acuerdos, Ricardo Mejía fijó una postura por el asesinato de la maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jeany Rosado Peña, de su ex esposo el médico internista del IMSS de Ciudad Altamirano Nicéforo Cabrera Rojas y de su hijo de 13 años, ocurridos en Chilpancingo la noche del domingo.
Expresó que si bien el tema de la economía nacional y el gasolinazo han ocupado la mayor atención en el país, uno de los principales problemas al que se enfrentan los guerrerenses es la “violencia imparable”.
“Esta situación de inseguridad sigue preocupando y debe merecer toda nuestra atención. Quiero referirme a la violencia contra universitarios. Hemos venido señalando que la inseguridad afecta la vida de hombres y mujeres de la Universidad Autónoma de Guerrero, a alumnos, a maestros o gente de los sindicatos”.
Por ello condenó el crimen en contra de la familia Rosado Cabrera, que calificó como un homicidio “cobarde y ruin”, y que se suma al de otros miembros de la UAG que han sido víctimas de la violencia en diferentes municipios del estado.
Desde la tribuna demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de ese crimen, que se identifique y se detenga a los culpables y se garantice justicia a los familiares.
En las sesiones de ayer se clausuraron los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura, se nombró a los integrantes de la Comisión Permanente y se instaló el primer periodo de receso, por lo que ahora las sesiones se celebrarán cada miércoles.
La Comisión Permanente quedó conformada por Magdalena Camacho Díaz (MC) como presidenta de la Mesa Directiva; Silvia Romero Suárez (PRD) y Eusebio González Rodríguez (PRI) vicepresidentes; y Rossana Agraz Ulloa (PVEM) y Jesús Martínez (PT) como secretarios.
Como vocales fueron electos Flor Añorve Ocampo, Héctor Vicario Castrejón y Saúl Beltrán Orozco del PRI; Sebastián de la Rosa y Rosa Coral Mendoza Falcón del PRD; Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz del PVEM e Iván Pachuca Domínguez del PAN.
Legítimo, el movimiento de autodefensa, afirman los dirigentes del PRI y del PRD
Los dirigentes del PRI y del PRD en Guerrero reconocieron que el movimiento de autodefensa que surgió el lunes en San Miguel Totolapan es “legítimo” debido al hartazgo de los pobladores por la inseguridad y la violencia en ese municipio.
El priista José Parcero López dijo que serán las autoridades las que determinen la responsabilidad de la regidora priista retenida por el grupo de autodefensa, señalada de tener relación con el grupo criminal responsable de la violencia en San Miguel Totolapan.
El lunes, en el municipio de la región Tierra Caliente un grupo de vecinos se alzó en armas para exigir la liberación del empresario y perredista Isauro de Paz Duque, quien fue levantado la noche del domingo cerca del poblado de Valle Luz, y acusaron como responsable al líder criminal Reybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero.
En respuesta los manifestantes retuvieron en la comandancia a supuestos informantes de criminales (halcones) y entre ellos a la mamá de El Tequilero así como a una regidora del PRI, María del Carmen Barrera.
En ese sentido, el presidente del PRI en el estado afirmó que el tricolor es “el partido de la legalidad”, y que serán la Fiscalía del estado o la Procuraduría General de la República (PGR) las que tendrán que investigar las supuestas relaciones de la regidora retenida con el grupo criminal de El Tequilero.
“Lamento que sean personas del pueblo, quienes cansadas de los delitos cometidos por la banda de criminales encabezada por Jacobo de Almonte El Tequilero, se hayan inconformado tomando las armas para tratar de encontrar justicia”, dijo.
Sin embargo advirtió que la autodefensa que surgió el lunes en el municipio calentano “pudiera salirse de control y llegar a los abusos, la violencia y el posible derramamiento de sangre”, por lo que llamó al gobierno estatal y federal a que “tomen cartas en el asunto de manera inmediata”.
Parcero López llamó a los inconformes a mantener la calma y garantizar la integridad física de las personas retenidas, entre las que se encuentra la regidora priista.
Precisó que de comprobarse las acusaciones en contra de la regidora, el PRI será “el primero en pedir que se le aplique la ley conforme a derecho”, pero dijo que para eso primero se debe dar tiempo a que las autoridades investiguen que los señalamientos en su contra sean ciertos.
Parcero López insistió en que “siempre es mejor buscar las vías legales y el de las instituciones para resolver estos conflictos, pues no es con la vía violenta como se solucionan”.
Sin embargo, reconoció que es entendible la desesperación de los pobladores de los municipios de San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso, “que son víctimas de bandas de criminales que los mantienen con temor e inseguridad”.
Por su parte, el dirigente perredista Celestino Cesáreo Guzmán informó que Isauro de Paz es militante activo del PRD en el municipio y en un proceso electoral pasado fue precandidato para contender por la alcaldía.
El líder estatal del PRD comentó que hasta la tarde de ayer aún no había hablado con el presidente municipal de su partido en San Miguel Totolapan, pero sí con otros perredistas del municipio que le manifestaron su preocupación “por el ingeniero”.
“Lo que nos dicen es que la gente verdaderamente estaba en zozobra, en un hartazgo permanente por la inseguridad y la violencia generado por el grupo criminal, y las acciones que tomaron en las últimas horas fue en consecuencia de su desesperación en el tema de seguridad”, informó el perredista.
Al igual que el líder priista, consideró que el de San Miguel Totolapan es un movimiento de autodefensa “genuino del pueblo, el señor que fue levantado es un militante del PRD, es un militante activo del PRD, no es trabajador del ayuntamiento, es un empresario, tiene su negocio de construcción”.
Se levantan en armas en Totolapan tras el secuestro de un ingeniero y retienen a la mamá de El Tequilero
En San Miguel Totolapan un grupo de vecinos se levantó en armas para exigir la liberación del ingeniero Isauro de Paz Duque, quien fue levantado la noche del domingo cerca del poblado de Valle Luz, y acusaron al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, como el responsable del hecho.
Los manifestantes retuvieron en la comandancia del lugar a supuestos informantes de criminales (halcones) y entre ellos aprehendieron a la mamá de El Tequilero así como a una regidora del PRI, María del Carmen Barrera Navarro.
En las comunidades El Coco y la Laja municipio de Ajuchitlán del Progreso se reportaron más hombres levantados en armas, en apoyo al movimiento de San Miguel Totolapan y en contra de El Tequilero.
En un video que subieron a las redes sociales, vecinos de La Laja y El Coco reportaron ya entrada la noche que organizaron una autodefensa.
“Nos han humillado, nos han matado a nuestras familias”, dicen en el video y se pronuncian en apoyo a la gente de San Miguel Totolapan y terminan su video gritando “viva San Miguel Totolapan”.
Las comunidades de La Laja y el Coco se ubican en una ruta en dirección a la presa Las Garzas y en un punto colindante con el municipio de San Miguel Totolapan.
Mientras tanto en San Miguel Totolapan cerca de la 1 de la tarde se agruparon más de 100 personas en la plaza principal y comenzaron una manifestación. Llevaban cartulinas y mantas exigiendo que el gobernador Héctor Astudillo Flores cumpla su compromiso de brindar orden y paz, que fue su frase de campaña y pidieron su intervención para liberar al secuestrado.
Según versiones oficiales la noche del domingo Isauro de Paz fue a la comunidad de Valle Luz y ahí fue secuestrado por hombres armados. La gente acusó a El Tequilero como el responsable.
La víctima ha trabajado con una constructora en varias obras importantes de la localidad, principalmente con el Ayuntamiento, así como con varias obras federales mediante diputados perredistas, principalmente. Según la relación de contratos 2015 de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, en ese año tuvo cinco proyectos a su cargo.
Luego de algunos minutos de protesta el grupo acordó sacar las armas. Se reunieron con diferentes rifles y pistolas y de pronto comenzaron a retener a personas que aseguraron están relacionadas con el grupo criminal Los Tequileros. Se llevaron incluso a empleados municipales.
El ocupó la comandancia de la policía que lleva dos años sin funcionar. Ahí metieron a los retenidos, a algunos en las celdas y a otros en el patio.
Se llevaron a la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro, a quien acusaron de tener nexos con El Tequilero. También informaron que tenían retenida a la mamá del líder criminal.
La comandancia se ubica a dos cuadras de la plaza principal. Ahí llegaron soldados del Ejército e intentaron desarmar a uno de los manifestantes, pero luego de una discusión con el grupo se retiraron.
“Ya no estamos dispuestos a seguir de espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada”
El grupo se identificó como una autodefensa de vecinos de San Miguel Totolapan. Hicieron un pronunciamiento en el cual advirtieron, “ya no estamos dispuestos a seguir de espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada. Ya no queremos que se sigan violentando nuestros derechos humanos, ya no queremos que nuestro municipio, nuestra región y nuestro estado de Guerrero siga siendo un valle de lágrimas de las madres que pierden a sus hijos por culpa de la violencia y la inseguridad”.
“El gobierno se ha mostrado incapaz de restablecer la paz de nuestro pueblo. Nos pronunciamos como un movimiento totolapense por la paz. Demandamos la liberación de los levantados y secuestrados, que cese la violencia y se restablezca la paz como lo anhelamos y lo deseamos todos, y nos negamos a seguir bajo el yugo de la delincuencia”.
También habló la esposa del hombre secuestrado, la señora Yadira Guillermo García quien le envió un mensaje a El Tequilero y al gobernador: “Nosotros tenemos aquí a la mamá del señor llamado El Tequilero, pido un intercambio a cambio de la vida de mi esposo le entregaremos a su mamá. Así como me entregue a mi esposo así le entregaré a su mamá, pero lo quiero sano y salvo, pero de lo que nos llegue a pasar a mi y a todo el grupo que aquí se manifiesta, responsabilizamos al señor Héctor Astudillo Flores ya que nunca has hecho nada por este pueblo, se ha hecho de la vista gorda, ya estamos cansados, todo el pueblo está cansado de que se llevan a gente inocente, le pido que regrese sano y salvo”.
“Son inocentes” dicen vecinas de La Gavia y enfrentan a la nueva autodefensa
Cerca de las 4 de la tarde llegó un grupo de mujeres a San Miguel Totolapan a exigir airadamente la liberación de los retenidos en la comandancia policiaca y hubo conatos de golpes.
Primero entró el Ejército a la cabecera municipal y detrás de ellos venían dos camionetas con unas 30 mujeres procedentes de La Gavia.
Las mujeres entraron hasta la comandancia con un joven y un señor de la tercera edad. Reclamaron la liberación de los retenidos, porque son “gente inocente”. Pero el otro grupo los acusó de hacer labores de halconeo.
Hubo un intento por retener al único hombre que llevaban pero las mujeres lo defendieron con machetes y hubo un conato de violencia. El Ejército y la Policía del Estado que habían permanecido a una y dos cuadras de distancia como observadores se acercaron a intervenir.
Agentes de ambas corporaciones hicieron un llamado para que liberaran a los retenidos y dejaran las armas, pero la gente se negó.
Hubo reclamos de su abandono a la seguridad en el municipio de San Miguel Totolapan.
Después de varios minutos de diálogo se acordó que liberarían a la mayoría de las personas, y que mantendrían solamente a la mamá de El Tequilero hasta que sea liberado el hombre secuestrado.
Sin embargo a las 8 de la noche no habían liberado a nadie había unas 20 personas retenidas en la comandancia.
Buscará el IEPC a dirigentes del PRI, PRD y MC para resolver el conflicto en Apango
La presidenta del Instituto Electoral y de Par-ticipación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, informó que convocará a una mesa de diálogo a los dirigentes estatales del PRI, José Parcero López; del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, y de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, para buscar una solución al conflicto en Mártir de Cuilapan (Apango).
En declaraciones a reporteros después de la inauguración del foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el IEPC, Reyes Reyes explicó que la intención del Instituto es establecer una mesa de diálogo entre los dirigentes de los partidos políticos y los ediles inconformes para que sean los dirigentes de los partidos los intermediarios para resolver el conflicto en ese municipio.
Desde el 14 de junio un grupo de regidores inconformes con la alcaldesa Felícitas Muñiz tomaron el ayuntamiento. El 20 de octubre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó la violencia política de género y ordenó al síndico Benito Sánchez Ayala, a las regidoras Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, así como al regidor Humberto Palacios Celino, abstenerse de cometer actos encaminados a afectar el pleno ejercicio del cargo de Felicitas Muñiz como presidenta municipal.
En el caso de la sentencia del TEPJF por la violencia política de género contra la alcaldesa, donde el IEPC fue vinculado, Reyes Reyes informó que solicitó mediante oficio a la Secretaría General de Gobierno un recurso de intermediación y diálogo entre los regidores y los dirigentes de los partidos políticos.
La presidenta del IEPC dijo que la sentencia del TEPJF no es muy clara sobre qué es lo que les corresponde a las autoridades vinculadas en el fallo a favor de Felícitas Muñiz y en el análisis de la resolución. Los consejeros del Instituto consideraron que debían llamar a una mesa de diálogo a los dirigentes de los partidos políticos, “tenemos que resolver este problema por la vía de la intermediación para no generar un problema mayor”.
En el conflicto están involucrados los partidos Movimiento Ciudadano, que es donde milita la alcaldesa. También están la regidora de Salud, la priista Edelmira del Moral Miranda; la regidora de Educación y perredista María del Rosario López García, y el regidor de Comercio y Abasto Popular militante de Nueva Alianza, Humberto Palacios Celino.
Hasta ayer no habían tenido ninguna reunión con los dirigentes de los partidos pero dijo que ya conversaron con ellos para poder reunirse con las partes en conflicto.
Sobre la presunción de actos anticipados de campaña, Marisela Reyes dijo que corresponde a los ciudadanos denunciar los casos, pero acotó que no se puede hablar de campañas adelantadas de quienes promueven su imagen con anuncios de informes de actividades porque se debe revisar ciertos criterios.
Primero, si quien promueve un informe está facultado para rendirlo, además analizar circunstancias de tiempo modo y lugar, palabras usadas y las características de la imagen.
Agregó que hay ocasiones en que los aspirantes más publicitados no llegan a ser candidatos pero en el caso de que lo sean es cuando se pueden hacer valer las observaciones de que tuvieron una campaña anticipada, pero “tendría que probarse, no es un asunto sencillo”.
Reclama Celestino a perredistas que piden la expulsión de diputado que no critiquen al PRI
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, pidió a militantes de ese partido que así como exigieron la expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri –por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para restarle alcances a la comisión especial del caso Ayotzinapa–, condenen y respondan también a las posturas del dirigente municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado Arroyo.
Cesáreo Guzmán indicó que los perredistas que el martes criticaron a Martínez Neri no han sido “muy activos” en respaldar la lucha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Informó que el próximo viernes se reunirá con el diputado federal en la Ciudad de México para que éste le explique las razones por las que respaldó la propuesta de cambiar el objetivo de la comisión especial que se integró en la Cámara de Diputados para el caso Iguala.
Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD, para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala y ya no dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En respuesta, el martes en Acapulco militantes del PRD y fundadores de ese partido exigieron la destitución y expulsión de Martínez Neri; entre ellos se encontraban Rafael Aréstegui Ruiz, Eloy Cisneros Guillén y el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del puerto, Isaías Arellano Maldonado.
Consultado al respecto, Cesáreo Guzmán comentó que se sorprendió cuando conoció la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y por eso ayer se comunicó con él vía telefónica.
Explicó que acordaron reunirse el viernes en la Ciudad de México para que el diputado federal le exponga las razones por las que respaldó ese acuerdo y los alcances del mismo, y dijo que a partir de eso el CEE en Guerrero podrá fijar una postura al respecto.
“El diputado Martínez Neri es alguien con quien tenemos relación política porque ha atendido a varios dirigentes estatales del PRD para temas de Guerrero, por eso nos sorprende ese acuerdo”, señaló.
Dijo que en la llamada el diputado federal le manifestó su respeto al movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y su postura de exigencia de justicia.
De la conferencia de prensa que ofrecieron militantes del PRD el martes en Acapulco, Cesáreo Guzmán manifestó que le preocupa que miembros del partido “tengan más fuerzas” para pelear internamente que para responder a posturas del PRI, partido que actualmente gobierna Guerrero y el país.
“Los exhorto a que escuchen las razones del diputado, que se serenen y después con toda la información se tome una decisión más allá de protagonismos innecesarios”, pidió.
Dijo que convocará a líderes del partido a que acudan a la reunión del viernes para escuchar al diputado federal, sin embargo comentó que hasta ayer por la tarde ninguno de los que se quejó en la conferencia se había comunicado con él para expresar su molestia.
“Ninguno se ha comunicado conmigo y tampoco los he visto muy activos en la lucha de los padres de los estudiantes, por eso también me sorprenden su postura, ojalá sea el inicio de su participación”.
Finalmente llamó a los militantes del PRD que el martes pidieron la expulsión del diputado federal, que así como hicieron esa crítica, también condenen y respondan a las posturas del dirigente municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado, quien desde que asumió al cargo ha hecho señalamientos en contra del gobierno de Evodio Velázquez Aguirre.
Respecto a la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien el martes informó que de acuerdo con la evaluación previa correspondiente al primer mes de la estrategia de seguridad, la violencia en los cinco municipios de Guerrero que están dentro de la misma ha disminuido en un 30 por ciento en comparación con el mes anterior, el líder del PRD dijo que toma con reservas esas cifras.
Indicó que el partido esperará unos días más para fijar postura respecto al nuevo operativo nacional de seguridad.