El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG, José Luis González de la Vega Otero, informó que “algunas” escuelas de nivel básico, en Acapulco y la sierra, adelantaron el periodo vacacional decembrino a consecuencia de la inseguridad, “desde el jueves, viernes” pasado.
Declaró que solicitó a las fuerzas de Seguridad Pública que resguarden los planteles, pues aunque no se trata de “un tema educativo, porque nosotros no podemos darles seguridad, pero nunca lo evadimos”. Citó el caso de Chilapa, donde gracias a las rutas que recibieron resguardo, se pudieron restablecer en un 90 por ciento las actividades escolares.
En el caso de Acapulco, “ya lo hemos hablado con la Novena Región Militar, que nos da la posibilidad de tener los elementos de seguridad, en este caso los soldados. Hay una zona particularmente, que de por sí está resguardada, y vamos a ver si podemos fortalecerlo de aquí al martes”.
Insistió en que en las zonas escolares donde se adelantaron las vacaciones agremian a maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), por ello los llamó a respetar el calendario, pues este ciclo fue “difícil” por los sismos de septiembre pasado y es necesario que se regularicen las actividades.
Pidió a los maestros que en lugar de decir que ya no irán a clases, informen sobre las zonas con mayor riesgo de seguridad, para que se envíen los resguardos correspondientes; añadió que la SEG está en un diálogo permanente con todas las organizaciones magisteriales y que atenderá sus demandas, porque así lo instruyó el gobernador Héctor Astudillo Flores.
El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, informó que los salarios y el aguinaldo de los trabajadores del sector, que se deben pagar este mes, están asegurados, pues la dependencia cumplirá “al cien por ciento”.
Consultado en el hotel Holliday Inn en Chilpancingo tras la sesión ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), de los pagos de salarios y prestaciones de fin de año, González de la Vega dijo que no podía hablar de “fechas y montos, no puedo decir ni cómo, pero vamos a cumplir al cien por ciento”.
Antes de retirarse de la sesión, anunció a los rectores y directores de las escuelas de nivel superior del estado, que acudiría a una reunión con el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón, “para terminar de resolver unos asuntos, los días se nos agotan y hay que resolverlos de manera lineal”.
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Exigen representantes de PRD, Morena y MC la remoción de los siete consejeros del IEPC
Los representantes del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que se agilice la demanda que presentó en marzo pasado el representante de Morena para la remoción de los siete consejeros, por graves y reiteradas violaciones a la ley, omisión de sus responsabilidades, negligencia y opacidad en el manejo de los recursos asignados al organismo.
En conferencia de prensa en las oficinas de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), a las 3 y media de la tarde de este miércoles, los representante del PRD, Nicanor Adame Serrano; de Morena, Sergio Montes Carrillo, y de Movimiento Ciudadano, Jesús Tapia Iturbide, también cuestionaron los altos sueldos que perciben, que, en el caso de la presidenta Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 pesos y los consejeros 237 mil 564 mensuales.
“Son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero, que establece que ningún servidor público debe ganar más que el gobernador”, dijo en su caso el perredista Adame Serrano.
El representante de Morena, Montes Carrillo, presentó el 2 de marzo pasado ante el INE, a través de su vocalía local, una demanda de remoción de los siete consejeros del IEPC, que se recibió con el número de queja 26/72 y una vez radicada en la unidad responsable del INE le asignaron el número de expediente 05/2017, por diversas violaciones a la ley, omisiones de la presidenta y los consejeros del organismo electoral.
Pero Montes Carrillo se quejó de que a más de cuatro meses de que presentó la denuncia no han tenido respuesta, y tampoco el INE ha realizado ninguna acción en contra de los consejeros, ni ha hecho ninguna petición o aclaración a él como promovente, a pesar de que aseguró que ha estado presentado las pruebas supervenientes necesarias para fortalecer el expediente.
Tapia Iturbide, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la exigencia del representante de Morena, para que el INE “le dé respuesta ya” a su demanda y explicó que la denuncia que presentó el representante de Morena en contra de los consejeros fue por realizar una promoción ilegal de funcionarios electorales, explicó que personas que no contaban con el perfil y los lineamientos que establece el INE fueron promovidos a cargos y sueldos superiores.
Mencionó dos ejemplos: el de Margarito Cortés, quien de auxiliar lo ascendieron a titular de la oficialía electoral. Otro caso fue el de Norma Liliana Ramírez Eugenio, quien habiendo sido candidata suplente del PAN en 2012, fue nombrada titular de una unidad técnica del IEPC.
Al respecto, Montes Carrillo explicó que después de que se presentó la denuncia ante el INE, los dos funcionarios electorales que habían sido ascendidos fueron removidos y liquidados, lo que también fue presentado como pruebas supervenientes en el desarrollo del expediente.
Consideró que es importante que el INE resuelva ya la denuncia que presentó, “porque no podemos ir al proceso electoral de 2018 con consejeros señalados de omisiones en sus funciones”.
Asimismo, dijo que los consejeros nombraron a personas que no cumplen con los requisitos que señala el lineamiento del INE para ocupar un cargo de titular de una unidad técnica del IEPC, aunque de éstos no precisó a quienes.
Otra de las causales que planteó Morena en su demanda es la “notoria negligencia en el desempeño de sus funciones, con lo que violaron los principios rectores del organismo electoral”.
Explicó que en diversos órganos distritales en el proceso electoral de 2014-2015, como en los distritos 14, 16, 18 y 28 se cometieron una serie de irregularidades “que quedaron plenamente acreditadas en los expedientes donde se impugnaron las elecciones municipales o distritales”.
Dijo que ante esa situación el órgano electoral nunca hizo nada para sancionar a sus funcionarios, reprochó el representante de MC.
Añadió que esa negligencia está ocasionando que en el nuevo proceso de ratificación y nombramiento de consejeros distritales muchos de ellos se inscribieran, aunque al respecto los representantes de los partidos ya expresaron su oposición, concretamente en contra de algunas personas y los tres representantes partidistas advirtieron que impedirá que no pasen, por haber cometido irregularidades que violentaron la ley en el proceso electoral anterior.
“No podemos iniciar el nuevo proceso electoral con la incertidumbre de que algunos consejeros electorales del máximo órgano local tengan alguna imputación de haber cometido ilegalidades y que conserven el cargo para seguir desempeñando sus funciones”, dijo en su momento el representante de MC.
Exigió al INE que resuelva la denuncia que presentó Morena para iniciar un proceso electoral, “tal y como lo marca la ley, protegiendo siempre los principios rectores que establece la ley electoral”.
Por su parte, el representante del PRD, Adame Serrano, igual que el de Morena y de MC se sumó a la exigencia de que el INE remueva a los consejeros electorales, porque dijo que comparte las causales de remoción.
Pero además añadió que no se puede ir a un proceso electoral “con un órgano que constantemente está violando la legalidad”, como dijo que lo hace con los altos sueldos y prestaciones que perciben. Dijo que en el caso de la presidenta, Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 y los consejeros 237 mil 564 mensuales, “son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero”, cuestionó.
Agregó que también violentan el artículo 189 de la ley electoral local, que en su fracción séptima dice que las atribuciones de la consejera presidenta son proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, de los directores ejecutivos, de los titulares de las unidades técnicas del IEPC; sin embargo, denunció que en las direcciones y unidades técnicas la presidenta ha nombrado a puros encargados, “porque no quiere que el consejo general se los cuestione”.
Acusó a la presidenta de que con ello está incurriendo en ilegalidad y clara violación a la ley electoral, porque ya dejó pasar mucho tiempo con puros encargados en las áreas del organismo.
Mencionó que otra violación es que asuntos que le competen al Consejo General, la presidenta los traslada a la Junta Estatal, en donde tiene a puros encargados y por consecuencia tiene el control, “por eso los lleva allí”.
Destacó que otra irregularidad es la opacidad en el manejo de los recursos, sobre todo, dijo, el relacionado con la nómina.
Por ejemplo, informó que en la nómina de honorarios para los trabajadores eventuales en el presupuesto de 2017, el Consejo General aprobó 18 millones 668 mil 535 pesos, que divididos entre 12 meses, resulta 1 millón 555 mil 711 pesos, “pero esa nómina no sabemos porqué no aparece en la página de Transparencia”. Lo que pasa, explicó, es que en esta nómina la presidenta y los consejeros meten a sus recomendados.
También denunció que los mandos directivos tienen un salario de 132 mil 989 pesos que son los más altos, pero que lo que aparece en la página del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, no coincide con el presupuesto que se aprobó en 2016, donde se asignan los salarios, prestaciones y honorarios.
“En lo que no estamos de acuerdo es que se diga que se bajaron el sueldo por un proceso de austeridad, cuando en el presupuesto de egresos de 2016 y 2017, la presidenta y los consejeros se aumentaron considerablemente sus prestaciones y sólo se bajaron el 10 por ciento en el salario base”, denunció.
Explicó: “Se bajaron el sueldo nominal, pero se lo aumentaron en prestaciones y ese es un engaño, porque al público le dicen que se bajaron sus sueldos, pero en los hechos se lo aumentaron, vía prestaciones para evadir impuestos”.
Agregó que los consejeros también incurrieron en la ilegalidad, porque en enero y febrero otorgaron financiamiento a los partidos Nueva Alianza y a Encuentro Social, a pesar de que en las elecciones de 2015 perdieron su registro. Recordó que la ley señala que los partidos que no alcanzan el 3 por ciento de la votación pierden el registro.
Además, acusó que la presidenta y los consejeros no presentaron el proyecto de dictamen de pérdida de registro de esos partidos, como lo establece la ley electoral, “entonces no sólo no presentaron el dictamen, sino que les dieron financiamiento en enero y febrero”, dijo e informó que el organismo electoral erogó por ese concepto 806 mil 581 pesos por los dos partidos en esos dos meses.
Informó que el organismo les suspendió el financiamiento hasta que los partidos políticos recurrieron a los organismos jurisdiccionales, para que se corrigiera esta ilegalidad.
El representante del PRD aseguró que todas las ilegalidades e irregularidades en que ha incurrido la presidenta las han denunciado en las sesiones, pero que no se corrigen los señalamientos.
“En conclusión, es muy grave que saque el proceso electoral este consejo, cuando su presidenta maneja el instituto como su empresa particular y los consejeros son sus cómplices por omisión”, se quejó.
Criticas de partidos en el IEPC a sueldos de consejeros y al plan de Astudillo
El representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Sergio Montes Carrillo, consideró que los altos sueldos de los consejeros electorales y de funcionarios del estado son ofensivos para los guerrerenses, y que la reducción son sólo “tomadas de pelo”.
En asuntos generales, el representante de Morena llevó al pleno del Consejo General la cuestión de los altos salarios de los consejeros electorales y también criticó el acto público “faraónico” que encabezó el domingo el gobernador Héctor Astudillo Flores para anunciar su plan de austeridad.
Dijo que después de que en medios de comunicación se exhibieron los sueldos de los consejeros electorales, “pues obviamente los pusieron en riesgo, por la inseguridad que hay en este país y en este estado. Esperemos que no pase nada, que no tengan consecuencias”, dijo Sergio Montes.
Sin embargo, consideró que no es válida la justificación que dio la presidenta del organismo, Marisela Reyes Reyes, en el sentido de que los sueldos y prestaciones que reciben están en vigor desde 2014, y que ya los tenían los anteriores consejeros, “porque (los actuales) los establecieron igualitos a como estaban los anteriores”.
En tanto, el representante del PRD, Nicanor Adame Serrano, reiteró que el plan de austeridad que presentó el gobernador Héctor Astudillo Flores no resolverá el problema, porque dijo que es preferible que los funcionarios tengan buenos salarios, pero sin corrupción, porque consideró que ese es el principal problema.
En la sesión ordinaria se presentó el informe de la evaluación que realizó la Contraloría interna del primer semestre del 2016 del programa operativo anual del IEPC, lo que generó inconformidad entre los representantes de partido, que criticaron que no estuviera completo y sólo fuera de la mitad del año.
El representante del PRI dijo que hay datos e información completa, lo que es preocupante, y cuestionó que el informe ni siquiera tiene fecha.
También lamentó que el informe no tenga formalidad, “la forma es fondo”, ya que el documento no tenía ni siquiera los sellos de la Contraloría.
El representante de Morena destacó que el informe es incorrecto, incompleto y confuso, porque el presupuesto es anual y el informe presentado es sólo del primer semestre.
Nicanor Adame comentó que sería una irresponsabilidad aprobar el informe, y al contralor lo llamó a no llevársela “de a muertito” y le recordó también que fue el Congreso local el que lo nombró y le dio una investidura “autónoma”.
En el transcurso de la sesión, el representante del PAN, Carlos Millán Sánchez, colocó frente a su lugar una hoja de papel impresa con una leyenda en la que pidió al gobernador que no sólo reduzca su sueldo sino también la violencia.
“Gobernador: los guerrerenses no sólo queremos que te bajes el sueldo, también queremos que disminuyas por lo menos un 10% la violencia en Guerrero”, reclamó el PAN en el IEPC.
Después colocó otro en el que se refirió a los feminicidios: “no más mujeres asesinadas en Guerrero. Urge alerta de género”.
Disminuirán sus sueldos en 20 por ciento, anuncian diputados del PRD, MC y PT
Los 19 diputados que integran las fracciones parlamentarias del PRD, Movimiento Ciudadano y la representación del PT en el Congreso local dieron a conocer que disminuirán su sueldo en un 20 por ciento, 14 mil pesos de los 70 mil que perciben mensualmente, como parte de sus acciones para exigir la derogación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en el precio de las gasolinas y en solidaridad con los sectores inconformes por el gasolinazo.
Los legisladores informaron también que mientras los grupos parlamentarios del PRI y el PVEM, que son mayoría, se opongan a impulsar una iniciativa en ese sentido ante la Cámara de Diputados, como lo propuso ya Movimiento Ciudadano, no están dispuestos a ir juntos en el plan de austeridad que anunció la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo.
En cuanto a las 20 medidas de austeridad que anunció el gobierno del estado el domingo, expresaron que no están de acuerdo en que se haya incluido en la reducción salarial a funcionarios de nivel medio, y consideraron que tampoco resuelven el tema de fondo que es el incremento en el precio de las gasolinas.
Indicaron que propondrán la comparecencia ante el Congreso del secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, para que informe en qué invertirá el gobierno estatal el dinero que se ahorre con esas medidas, pues advirtieron la posibilidad de que se le dé un “uso clientelar” para el proceso electoral de 2018.
La mañana de ayer la coordinadora de la fracción del PRD, Erika Alcaraz Sosa, y sus compañeros de bancada Sebastián de la Rosa Peláez, Ernesto Fidel González Pérez, Silvia Romero Suárez y Ociel Hugar García Trujillo, se reunieron en privado con el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, la diputada Magdalena Camacho Díaz y el diputado del PT, Freddy García Guevara.
En el encuentro, que se extendió por una hora y que se celebró en la sala legislativa del PRD, llegaron a acuerdos para exigir desde el Congreso que se revierta el gasolinazo.
En conferencia de prensa al concluir la reunión, Ricardo Mejía explicó que el primer acuerdo es que los diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y el PT no se sumarán al plan de austeridad que anunció Flor Añorve, y del que no se conocen aún acciones específicas, si el Congreso no se pronuncia en contra del gasolinazo y las fracciones del PRI y el PVEM insisten en bloquear la iniciativa que presentó MC para que el Legislativo local impulse en la Cámara de Diputados la derogación del IEPS.
“Es un error garrafal (el gasolinazo) del gobierno federal en el que no tenemos por qué ceder, los gobernadores tampoco pueden estar arrodillados ante la federación porque les quita o les da recursos en función del centralismo fiscal”, expresó.
En su oportunidad, Erika Alcaraz indicó que el segundo acuerdo es reducir el sueldo de los diputados locales 20 por ciento, por lo que de los 70 mil que perciben mensualmente por gastos de representación y dieta, ahora cobrarán 56 mil.
Explicó que no se oponen al plan de austeridad anunciado por el gobierno del estado, sin embargo dijo que se desconoce en qué se invertirá o qué uso se le dará al recurso que se ahorre.
“¿Ese dinero quién lo va a manejar? ¿A dónde irá destinado? ¿De qué manera ese dinero, de quienes reduzcan su salario, bajará los costos de los productos de la canasta básica? ¿En qué porcentaje bajará el costo del pasaje y de la gasolina? No hemos tenido una respuesta a esas interrogantes”, expresó.
Por ello explicó que el dinero correspondiente a la reducción de su sueldo se destinará a proyectos económicos y sociales en educación, salud, campo y grupos vulnerables. En tanto, Freddy García indicó que plantearán que comparezca ante el Congreso el secretario de Finanzas, Héctor Apreza, para que aclare todas esas dudas y explique cuál será el destino de la bolsa que se recaude por las medidas de austeridad.
En una segunda ronda de intervenciones, Mejía Berdeja expresó que no están de acuerdo en que el recorte salarial que anunció el gobierno del estado incluya también a mandos medios, y advirtió que esa medida podría ser “un pasaporte a la corrupción”.
De la posible comparecencia de Apreza indicó que la intención es conocer a qué estarán dirigidos los recursos que resulte de los recortes anunciados, pues el riesgo es que haya “clientelismo político”.
“Sería muy grave que por un lado el gobierno federal decreta el gasolinazo para afectar la economía y por otro lado se crean bolsas para estar haciendo clientelismo electoral, y nosotros sí vamos a pedirle al secretario de Finanzas que explique y clarifique”, dijo.
–¿Entonces cada fracción determinará las medidas que van a asumir, no habrá un acuerdo conjunto con el PRI y el PVEM?
–Si el PRI acepta pronunciarse en contra del gasolinazo y presentar una iniciativa al Congreso de la Unión para que se modifique el IEPS y se le dé reversa, podríamos salir juntos, pero si sigue bloqueando hemos decidido que vamos a aportar el 20 por ciento de nuestro sueldo y vamos a pedirle al Comité de Adminis-tración, que es el órgano competente del Congreso, que hagamos un plan pero con transparencia, no unilateral.
En la conferencia se les preguntó si se limitarían sólo a reducir su salario en un 20 por ciento, o si renunciarían también a viáticos y costearán el servicio de telefonía celular, pero los legisladores explicaron que no perciben ningún apoyo de ese tipo y que todos los gastos que se generan cuando trabajan los absorben ellos con sus propios recursos.
El coordinador de Movimien-to Ciudadano expresó que las 20 medidas del gobierno no resuelven de fondo el problema del gasolinazo, pues recordó que el argumento de la federación es que se requieren 200 mil millones de pesos para seguir subsidiando los combustibles, mientras que el ahorro que logrará el Ejecutivo estatal con su plan de austeridad será de apenas “300 millones”.
“Lo que necesitamos es revertir el gasolinazo, yo quiero decirles ¿qué va a pasar el 4 de febrero si el gobierno federal decreta un nuevo gasolinazo? ¿Se van a volver a bajar los sueldos? ¿Y el 11 de febrero otra vez? Tenemos que construir un nuevo federalismo, no podemos estar arrodillados mientras la federación está haciendo tonterías”.
PRD: plan de austeridad es bueno
En la conferencia, la coordinadora de los diputados del PRD expresó que el plan de austeridad del gobierno estatal “es bueno” porque demuestra que sí hay capacidad de ahorro que permitirá ampliar la cobertura de los programas sociales.
“No descalificamos el plan de austeridad del gobernador, al contrario, lo felicitamos por hacer estas economías y estas medidas que van a ayudar, pero no compartimos la reducción de los salarios de los mandos medios, no es justo que se les tenga que reducir o que ellos tengan que pagar las consecuencias de un mal gobierno”.
Los diputados informaron que aún no se hace el planteamiento formal a las fracciones del PRI y del PVEM pero lo harán en la próxima reunión de la Junta de Coordinación Política que preside Flor Añorve, y será entonces cuando se conozca si hay o no condiciones para que el Congreso vaya unido.