México detuvo en 2024 en su territorio al número de migrantes de otros países más alto del que se tenga registro.
De acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación –cuya publicación sobre el rubro había sido suspendida desde noviembre por un “proceso de reestructuración” y se reanudó apenas esta semana–, el año pasado tuvieron lugar 1.2 millones de “eventos de personas en situación migratoria irregular”, un promedio de 3 mil 383 al día.
La cifra representa un incremento de 58.5 por ciento respecto a 2023 y supera a la acumulada entre 2010 y 2019.
El récord de detenciones en México representó casi tres cuartas partes, 73.6 por ciento de las registradas en 2024 en la frontera sur de Estados Unidos por parte de las autoridades migratorias de ese país.
En contraste, las detenciones en EU disminuyeron 34 por ciento respecto a 2023, mientras en México se dispararon.
Los principales países de origen de los migrantes detenidos en México el año pasado fueron Venezuela, con 29.3 por ciento el total; Ecuador, con 9.6, y Honduras, con 7.3.
Destaca, por otra parte, el alto número de migrantes detenidos procedentes de Asia, 67 mil, y África, 58 mil.
Más de la mitad de las detenciones, 628 mil, se registraron en Tabasco, entidad a la que le siguieron Chiapas, con 402 mil, y, muy de lejos, Baja California, con 40 mil.
Del total de los extranjeros detenidos, el 70 por ciento fue presentado ante las autoridades migratorias, es decir, trasladado a alguna de las estaciones migratorias del país. El 30 por ciento restante, compuesto por menores de edad y sus familiares, fue canalizado a alguno de los albergues de la Red DIF.
La UPM reporta que el año pasado se registraron solo poco más de 20 mil “eventos de personas devueltas por la autoridad migratoria”, que incluye tanto deportaciones como procedimientos de “retorno asistido.
En tanto, a 988 mil de los migrantes detenidos se les expidió un “oficio de salida”, mediante el cual se les concede un plazo de 30 días para abandonar el territorio nacional.
En otros 90 mil casos se reporta el abandono del procedimiento administrativo de regularización migratoria o el de solicitud de refugio.
Durante el primer bimestre de este año la cifra de migrantes detenidos ascendió a 87 mil.
Los procedentes de Venezuela representaron más de una cuarta parte, 27. 2 por ciento, seguidos por los de Colombia, con 8.5 por ciento, y Ecuador, con 7.8.
El INM otorgó 3 mil 755 tarjetas de visitante por razones humanitarias a extranjeros
Entre enero y noviembre de 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó 3,755 tarjetas de visitante por razones humanitarias (TVRH) a extranjeros que ingresaron al país de forma irregular. En 2023 había otorgado 129 mil 212.
De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Gobernación, los principales países de origen de los migrantes que recibieron la TVRH el año pasado fueron Honduras, con 581, Ecuador, con 517, y Venezuela, con 468.
El 58 por ciento de las tarjetas fueron concedidas por “causa humanitaria”, el 17 por ciento por “interés público” y el 16 por ciento a solicitantes de refugio en México.
La causa humanitaria, explica la Unidad de Política Migratoria de la Segob en su Boletín Estadístico, aplica “a la persona extranjera cuya salud o vida está en riesgo y requiera permanecer en el territorio mexicano, a quien tenga en México a un familiar directo bajo custodia del Estado mexicano y sea necesaria su autorización para prestarle asistencia médica, psicológica, o bien, su intervención para reconocimiento o recuperación de cadáver”.
La consideración de interés público, en tanto, aplica “a la persona extranjera cuya objetivo es apoyar en acciones de auxilio o rescate en situaciones de emergencia o desastre en el territorio nacional”.
La tarjeta permita a los migrantes, entre otras cosas, acceder a un empleo formal.
El Jueves Santo el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa en su homilía dijo que el amor al prójimo se traduce en dar la vida para que el otro viva, en alusión a la muerte de Jesús que de acuerdo con La Biblia dio su vida por nosotros. Al día siguiente Marco Antonio Suástegui era acribillado en la playa Icacos, su único delito fue luchar por el agua y la tierra, defender a su gente de la voracidad de los ricos.
Esa ha sido una de las máximas de la lucha por la construcción de un mundo nuevo. Uno de los principios que guían a aquellas mujeres y hombres que han decidido dejar el confort personal y aportar para un mañana mejor. Esa ruta es escabrosa. Los que la transitan, saben que hay que enfrentar a los poderosos y el aparato de Estado a su servicio. Muy probablemente morir en el intento. De ahí emergieron las consignas de la izquierda: “vencer o morir”; “patria o muerte, venceremos” o “es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. Preceptos que muchos luchadores sociales decidieron llevar hasta las últimas consecuencias. No se arredraron y no claudicaron.
Figuran en el pódium de la historia hombres de la talla de Espartaco, Mahatma Ghandi, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Salvador Allende y sin duda el ícono mundial de las luchas de la izquierda, Ernesto Che Guevara.
Este último es considerado un emblema de la rebeldía, la osadía para enfrentar a los poderosos, mística y valor a toda prueba. El Che tomó el fusil para luchar por libertad de Cuba. Al triunfo de la revolución se convirtió en alto funcionario. Lo dejó todo para irse a luchar por la libertad en Bolivia. Herido en combate fue llevado prisionero a una escuela en la comunidad de La Higuera. Allí fue ejecutado. Hasta el último momento enfrentó a su verdugo. Lo miró a la cara y le dijo: ¡Dispara cobarde que vas a matar a un hombre! Al tiempo que el sargento Mario Terán tembloroso y cerrando los ojos jalaba el gatillo.
La figura del mítico guerrillero inspira las luchas de los oprimidos en el mundo, no hay movilización en el orbe donde no resalte su efigie en todo lo alto. En el fragor de las batallas que se libran contras los poderosos y sus esbirros, las consignas de “patria o muerte” y “vencer o morir” resuenan y nos mantienen en pie con miras a la victoria por ese mañana mejor.
Así como el Che otros compañeros ofrendaron su vida por mejores condiciones para los oprimidos. En Guerrero, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas tomaron las armas llevando en el corazón las más altas aspiraciones del pueblo: un mundo más justo.
Recientemente otros luchadores sociales en Guerrero como Arturo Hernández Cardona, Ranferi Hernández Acevedo, Rocío Mesino, Luis Olivares, Antonio Vivar, Arnulfo Cerón, Vicente Iván Suástegui Muñoz y ahora Marco Antonio Suástegui Muñoz fueron asesinados porque luchaban por defender el agua, la tierra, la salud, la educación, la libertad y la justicia, peleaban por un mundo mejor, porque los demás viviéramos en una sociedad más justa e igualitaria, donde pudiéramos tener pan y techo y no ser tratados como ciudadanos de segunda.
Sufrieron ataques, descalificaciones, persecución y toda clase de vituperios. Marco Antonio Suástegui fue encarcelado en tres ocasiones y tenía más de seis procesos penales en su contra, lo descalificaron y tacharon de delincuente en campañas subrepticias orquestadas desde el gobierno.
Las de los compañeros eran voces incómodas y su acción rupturista con el sistema político y económico. De una u otra forma habría que silenciarlos. En todos los casos se usó a la delincuencia organizada para eliminarlos. No fueron las fuerzas de seguridad las que actuaron. Así, los costos políticos para el gobierno son mínimos, es más, han eludido su responsabilidad diciendo que no fue el Estado sino la delincuencia, algún problema en lo personal habrán tenido, por lo tanto, sus asesinatos no están relacionados con sus luchas, sino que responden a otras cuestiones.
El problema es que no ha investigado estos crímenes, dilucidarlos permitiría saber cuál fue el móvil, se establecería si las agresiones están relacionadas con su lucha o tuvieron otras motivaciones. Su omisión y silencio los coloca del lado de los responsables.
En los casos de Arturo Hernández Cardona y Arnulfo Cerón desde el gobierno municipal se les agredió. Un gobierno municipal en connivencia con el crimen organizado. Desde allí se les atacó y descalificó con la complacencia de las autoridades estatales, que los respaldaron en todo momento, dando la espalda a los luchadores sociales.
El gobierno del estado en ese entones recibía al presidente de Iguala, dialogaba con él, el PRD lo consideraba su correligionario, con suficiente dinero como para financiar campañas y por lo tanto, necesario para sus fines políticos pragmáticos. Arriba sabían de sus nexos delincuenciales, sabían que en Iguala desaparecían a personas a la luz del día, pero nada hicieron. Así le fueron dando permiso para actuar a sus anchas, hasta que mataron a Arturo Hernández Cardona y ni así actuaron para frenarlo, de no ser por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el caso de Arturo Hernández Cardona seguiría en la total impunidad.
Arnulfo Cerón fue atacado desde el poder municipal de Tlapa, una camarilla de derechistas advenedizos que se incrustó en el gobierno con las siglas de Morena lo atacó con virulencia. El defensor indígena nunca se doblegó, lo descalificaron y calumniaron. Arnulfo públicamente los encaró y les demostró que los corruptos eran ellos. No les quedó de otra que silenciarlo.
Por otro lado, a casi un mes del asesinato de Marco Antonio Suástegui las autoridades no tienen ningún avance en las investigaciones, a pesar de haber sido ultimado ante decenas de testigos, a la luz del día, en un lugar público sumamente transitado, junto a grandes hoteles con cámaras de seguridad, la Fiscalía de Guerrero no tiene ninguna pista del asesino. Mientras la Fiscalía permanece pasmada, los asesinos con toda impunidad fueron a robar dos motocicletas de Marco Antonio.
En estas circunstancias es difícil creer que la Fiscalía no tenga pistas de un pistolero solitario que asesinó a Marco y se fue caminando por la playa, que no sepan su identidad, que los investigadores no hayan entrevistado a los trabajadores que atestiguaron el hecho. ¿Los aparatos de inteligencia y la Marina no saben qué grupo delictivo opera en la playa? ¿no saben cómo hostigaban a Marco Antonio? Claro que lo saben, pero algún pacto tiene con los delincuentes por eso no investigan y se hacen los desentendidos.
Los luchadores sociales fueron silenciados porque optaron por defender a los de abajo, porque peleaban por la justicia, la libertad e igualdad. Lo más sencillo hubiese sido quedarse en el confort de su casa atendiendo a su familia. Cuando los amenazaron pudieron hacerse a un lado y dejar que las aguas se calmaran. Recuerdo que a Marco Antonio y a Arnulfo les advertimos de los riesgos a su vida, era mejor hacerse a un lado. Rechazaron esa posibilidad. Ellos no dejarían de luchar. Estamos luchando por la vida, “no tengo nada que temer” respondió Arnulfo.
No permitamos que los crímenes contra quienes defendieron a los de abajo queden en la impunidad. Es menester alzar la voz y exigir justicia para ellos. La marcha del 8 de mayo es un buen inicio.
Una vez más, el gobierno de Estados Unidos dejó con un palmo de narices a la presidenta Claudia Sheinbaum. Poco después que anunciara en su conferencia matutina que solicitaría información al Departamento de Estado para saber las causas por las que revocaron las visas de la gobernadora de Baja California y de su esposo, un ambicioso político que tiene fuerte incidencia en la administración estatal, la Embajada de Estados Unidos en México decidió no hacerla esperar. En una declaración que circuló entre periodistas le respondió: es información confidencial, por lo que no le dirán nada.
Sheinbaum no puede hacer nada ante Washington, como lo ha experimentado con sus peticiones para que le informen sobre cómo fue la operación de la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en julio del año pasado en Culiacán, que ignoró el presidente Joe Biden y que ha tenido el mismo tratamiento del presidente Donald Trump. Quizás la presidenta está volteando al lugar equivocado, cuando menos en el caso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y de su esposo Carlos Torres, porque en este caso es un daño auto inflingido.
La revocación de las visas es algo que podía haberse evitado, pero la red de complicidad con Morena, como designio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cubrió a la pareja con un velo de impunidad que el fiscal general Alejandro Gertz Manero cuidó como si fuera el oro en Fort Knox. Las omisiones políticas del pasado, que se volvieron complacencias en el presente, tienen a Sheinbaum metida en esta delicada situación, un escalón más en las presiones de Estados Unidos para que atienda el problema de los narcopolíticos.
Se desconocen las razones de ello, aunque sugiere que la gobernadora también es persona de interés para Estados Unidos. Ávila y Torres minimizaron la decisión de la Administración Trump tratándolo como un procedimiento de rutina. “La realidad es que, en este caso”, escribe Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana en su edición digital, “la acción correspondió a una investigación desde Washington… la cual fue ejecutada por personal del CBP (Aduanas y Patrulla Fronteriza) en una de las dos garitas internacionales Tijuana-San Diego”.
Navarro agregó, de acuerdo con sus fuentes de información, que la revocación de las visas fue consecuencia de “una investigación (que) tiene varios meses en marcha, y se intensificó en las últimas semanas al suceder varios hechos relacionados con la inseguridad y la violencia en Baja California”. La violencia en el estado se agudizó desde noviembre de 2021, cuando Ávila asumió la gubernatura y se reacomodaron las organizaciones criminales, surgiendo como las fuerzas de mayor presencia y control los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que hoy luchan por el territorio.
La violencia fue denunciada en agosto de 2022 desde la tribuna de la Comisión Permanente del Senado por Jaime Bonilla, antecesor de Ávila en la gubernatura, que en su primer discurso al regresar a su escaño en esa cámara, denunció: “Lo que pasó en Baja California no fue una casualidad; fue un acto que se coordinó por los cárteles como un reclamo al gobierno de Baja California. Se le hizo un reclamo a la gobernadora, en una manta inmensa, con señalamientos con nombre y apellido (que dicen) que violó el acuerdo”, retomando un mensaje en las calles de Tijuana colocado el 15 de marzo de ese año, dirigido a Ávila y a su entonces fiscal, Ricardo Iván Carpio. Bonilla pidió la intervención de López Obrador para que Gertz Manero lo recibiera y le aportara la información que tenía, pero se desconoce si se dio la reunión, aunque si esta se llevó a cabo, el fiscal general no hizo nada.
Gertz Manero tendría que haber actuado de oficio cuando Bonilla hizo la denuncia contra la gobernadora desde el pleno del Senado. No lo hizo porque no estaba en el ánimo del expresidente actuar contra la gobernadora. De hecho, un día después de su discurso en el Senado, 21 gobernadores de la alianza en el poder, incluida Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el líder de Morena a la sazón, Mario Delgado, publicaron un comunicado de total apoyo para Ávila. El velo de impunidad, sin embargo, llevaba meses.
López Obrador había recibido un informe de la Secretaría de Seguridad días después de que aparecieran mantas contra la gobernadora, donde abundaron los vínculos de agentes ministeriales y personal del secretario particular del fiscal Carpio con Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, presunto líder de una célula del histórico Cártel de Tijuana, que dirigían los hermanos Arellano Félix, y a quien le atribuían una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, enfrentado con el Cártel de Sinaloa.
El reporte que le mostraron en el gabinete de Seguridad mencionaba que dos agentes de Carpio, trabajando con Huerta Nuño, habían robado 145 kilos de cocaína de Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro, que mantenía una vieja relación con Ismael El Mayo Zambada. En la implosión del Cártel de Sinaloa, El Chapo Isidro unió fuerzas con el hijo de El Mayo Zambada, Ismael Zambada Sicarios, El Mayito Flaco, mientras que Huerta Nuño, que aparentemente fue detenido en Tijuana en diciembre, pagó 300 mil dólares a las autoridades para fugarse, según Zeta.
López Obrador se tragó toda la información en 2022 y no actuó contra el equipo de Ávila. Varios asesinatos se podrían haber evitado de haber actuado Gertz Manero, y no hacerlo llevó a una crisis de violencia y desapariciones en Baja California que hizo imposible a la gobernadora sostener a Carpio. La batalla de La Mayiza y el CJNG se ha intensificado en el estado.
Gertz Manero no es el único responsable de la tragedia y de las acciones estadunidenses contra Ávila y su esposo. López Obrador es el culpable de lo que sucede en Baja California por sus omisiones criminales, y si no toma acciones que la deslinden de ese pasado, Sheinbaum se convertirá en cómplice. Las revocaciones de visas a funcionarios y políticos, no debe olvidar, continuarán como primer señal de que algo más grande vendrá.
La importancia mundial del cónclave vaticano se expresa claramente en que más de siete mil periodistas de otros tantos medios de comunicación de todos los rincones del planeta, se acreditan para contar con la información oficial del Vaticano en su condición de Estado y de Iglesia. La actividad informativa de la sede de la Iglesia católica es una de las mejor diseñadas y realizadas en el mundo. Su actividad informativa a través de todas las plataformas de Vatican News le otorgan un liderazgo indiscutible en políticas y acciones de información y comunicación; son muy pocos los gobiernos en el mundo con sistemas tan eficientes como los de la Iglesia católica en Roma, en el Vaticano.
Después de todos los actos protocolarios de León XIV como jerarca máximo de la Iglesia católica se reunió de inmediato con los representantes de los medios de comunicación, a quienes agradeció y reconoció su labor informativa. Se requiere una comunicación social distinta, sin agresión. “No a la guerra de las palabras, de las imágenes” y expresó su solidaridad con los periodistas perseguidos o encarcelados por su trabajo informativo. El derecho de los pueblos a estar informados es irrenunciable y es la condición básica para que puedan tomar decisiones libres.
Vivimos, dijo León XIV, tiempos difíciles que exigen el rechazo a la mediocridad y no puede haber periodismo o comunicación al margen del tiempo ni de la historia. “Vivamos bien y los tiempos serán buenos”, recordó el Papa a San Agustín y “nosotros somos los tiempos”. Por eso es relevante la comunicación para salir de la “torre de Babel”, de la ausencia de amor. En la actualidad con medios de alto impacto y velocidad es muy importante la responsabilidad y el discernimiento, e invitó a que desarmemos prejuicios, rencor, fanatismo y odio que imperan en la comunicación. A cambio adoptemos un modelo para escuchar, recoger la voz de los más débiles. “Desarmemos las palabras y desarmaremos la tierra”, adelantó. Es imperativo narrar la realidad de violencia que se vive en la actualidad, pero también el trabajo y lograr una comunicación de paz. Por eso, desde la adopción del lema de su papado, León XIV aboga por la dignidad, la justicia y el trabajo.
Instalado ya en El Vaticano León XIV, el sumo pontífice designado por el cónclave en su segunda jornada de sesiones, su elección ha modificado ya el escenario mundial, mientras la Iglesia católica ha mostrado no sólo su fortaleza y permanencia, sino sobre todo su capacidad para responder a una etapa cambiante y plagada de retos, en una sucesión que se llevó a cabo con el poderoso simbolismo de transcurrir durante la Pascua del año del Jubileo.
Robert Francis Prevost, ahora llamado León XIV, norteamericano de origen pero peruano por decisión propia, es quien desde la semana pasada conduce el destino de la comunidad católica, en un resultado que sorprendió a la mayoría de los observadores, aunque por lo que empieza a saberse, no a quienes viven en las entrañas de la Iglesia. Si la asunción de Francisco, hace una docena de años, fue inédita por la llegada a Roma de un sacerdote latinoamericano, ahora la designación por segunda vez de un religioso proveniente de la misma región parecía inverosímil. El inesperado desenlace tiene implicaciones mucho más complejas. La formación social del ahora Papa lo hace un personaje idóneo para lograr la revitalización de la iglesia, y el fortalecimiento de la fe en las regiones y comunidades que más lo necesitan.
También es relevante su origen estadunidense, su nacimiento y desempeño en Chicago, metrópoli de una región estratégica y tradicional de ese país. La nacionalidad estadunidense había sido mencionada antes y ahora como un obstáculo para llegar al papado, para no darle al imperio económico la plusvalía del poder religioso. La ecuación se resolvió de manera magistral, porque Prevost es norteamericano, pero ya no sólo norteamericano, y está más que alejado del actual poder en Washington.
Lo anterior tuvo su expresión en que en un primer momento el mandatario norteamericano Donald Trump celebró la designación con un mensaje eufórico: “Es un gran honor saber que es el primer Papa estadunidense. ¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país! Espero con ansias conocer al papa León XIV. ¡Será un momento muy significativo!”. Si el gusto es real, de todas formas le durará muy poco. Ya hay entre las huestes trumpistas más recalcitrantes, una gran inconformidad porque consideran a León XIV un Papa “woke”, es decir, progresista y hasta marxista, y permea la idea de que el colegio de cardenales eligió a Prevost precisamente por ser crítico de Trump. La confrontación se ha alimentado luego de las primeras palabras papales, que enfatizan el compromiso social de la Iglesia con los más desprotegidos, y la idea de que el mundo necesita construir puentes. De manera emblemática, la elección de su nombre pontifical, explicó el mismo Papa, viene del ejemplo del anterior León XIII, el autor a fines del siglo XIX de la célebre encíclica “Rerum novarum” que afrontó por primera vez la cuestión social a la luz de la primera revolución industrial.
En las próximas semanas veremos cómo se desarrolla esta dinámica que tendrá secuelas para el planeta entero. Por lo pronto en México, donde por supuesto la población siguió con gran detalle todo este tema de la sucesión papal, también ocurren cosas. Y en materia social, lo más relevante fue el anuncio hace unos días, del Plan Integral para el oriente del Estado de México que la Presidenta Claudia Sheinbaum bautizó coloquialmente con la frase “Amor con amor se paga”.
Con este plan se realizarán diversas acciones en materia de salud, educación, seguridad, transporte público, mejoramiento urbano y agua, en los municipios de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad. Es la zona donde se ha dado el gran crecimiento urbano de la metrópoli desde la segunda mitad del siglo pasado, pero también se han concentrado carencias de todo tipo.
Luego de ello, el viernes pasado la Presidenta continuó su hábito de visitar frecuentemente Guerrero, esta vez para revisar el informe de avances del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, en el que durante 2025 se invertirán tres mil millones de pesos, con acciones en materia de agua, salud, carreteras, turismo, transporte público, vivienda, medio ambiente y los Programas para el Bienestar.
En todos los ámbitos queda claro que hoy, gobernar es atender prioritariamente la cuestión social. O sea, “primero los pobres y los desamparados”.
Si hablamos del México de 2024 hablaremos prácticamente de un país donde defender el territorio equivalía lo mismo que a una sentencia escrita de muerte. Y hasta la fecha, aunque 2024 fue uno de los años más violentos para las personas defensoras del territorio. Crimen organizado, gobierno y empresas son los responsables de estas agresiones.
En 2023, Voces silenciadas, el más reciente informe de Global Witness, señalaba a México como el cuarto lugar del mundo en asesinatos a personas defensoras del medio ambiente. De acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 138 personas defensoras y periodistas fueron víctimas de asesinato en el país entre 2019 y 2023.
Con cifras de 2024, el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentado hace unas semanas es contundente: Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz –donde el CNI ha plantado resistencia desde hace décadas– son hoy los estados más peligrosos para defender la tierra.
Pero no son casos aislados los que recopila Cemda. Se trata de 25 asesinatos políticos, 25 respuestas del capitalismo depredador abrigado por el actual necrogobierno contra quienes se atrevieron a decir “ya basta”. Entre ellos, personas defensoras que el Congreso Nacional Indígena (CNI) no olvida: luchadores y luchadoras que caminaron bajo la consigna zapatista del “mandar obedeciendo”.
El informe detalla que 21 fueron homicidios y cuatro ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas: Carmen López Lugo (Chiapas, CNI, 12/01); Javier Ochoa Tejeda (Veracruz, opositor a un relleno sanitario, 13/02); los guardabosques José Ángel Pelcastre, Ventura Ojeda y Florentino Castro (Puebla, 25/02); la familia López: Ignacio, Isidra Sosme, Rosalinda, Alfonso, Teresita, Yohari y Dolores (Chicomuselo, 12/05); Minerva Pérez Castro (Baja California, pesca sustentable, 08/07); Antonio Regis Nicolás (Michoacán, Santa María Ostula, 07/05); Marcelo Pérez Pérez (Chiapas, sacerdote tzotzil, 20/10); Abraham Alejandro Gobel Gómez (Jalisco, calidad del aire, 04/11); Marcos Sánchez Perea (Puebla, comisario ejidal, 27/11); los hermanos Alberto y Jorge Cortina (Veracruz, defensores del agua, 20/06); las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García (Oaxaca, movimiento triqui, 06/11); Ricardo Lagunes Gasca (Colima, abogado nahua); Silvia López Méndez (Yucatán, antiporcicultura); Fernando Torres García (Baja California, kumiai) y Carmen Mendoza Bautista (Guerrero, antiminería).
Del total de 236 agresiones perpetradas el año pasado, los tipos más documentados fueron la intimidación (27), el homicidio (21), hostigamiento (23), criminalizaciones (20) y difamaciones (19).
Cemda documentó que el Estado mexicano fue el principal agresor. Su responsabilidad ocurrió en 62 eventos de agresión de un total de 94. Es decir: 65.9 por ciento de las agresiones contra defensores del territorio en el país. Este porcentaje aumentó drásticamente, considerando que en 2023 la cifra fue 49.5 por ciento. El informe hace hincapié en el incremento de la cantidad de agresiones en las que participaron empresas privadas y grupos del cimen organizado: un total de 25 y 17 eventos de agresión, respectivamente.
Según las conclusiones publicadas por la organización oaxaqueña Educa, Oaxaca es la entidad que encabeza la lista de agresiones contra personas defensoras, con 15 casos, Chiapas, 9; Michoacán, 9; Puebla, 9; Veracruz, 8. “En estos cinco estados sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados en el país”, lo cual equivale a 53.1 por ciento. En estos estados se documentaron 127 agresiones específicas de un total de 236, lo cual representa 53.8 por ciento. “Otros estados con un número alto de eventos de agresiones fueron Quintana Roo (7), Ciudad de México (7), Sonora (5) y Baja California Sur (5)”, señala Educa.
La misma organización, a través de su conteo sobre agresiones a personas defensoras, ha documentado que el sur-sureste del país es la región más peligrosa para la defensa comunitaria. En los últimos seis años solamente, Oaxaca registró 58 personas defensoras asesinadas. Le siguen Guerrero, con 39, y Chiapas, con 17. Estos 114 homicidios de personas defensoras en el sur-sureste representan 51 por ciento de todos los casos en México.
El CNI lo ha dicho desde 1996: “No queremos desarrollo, queremos vida”. Pero el Estado insiste en traducir vida como mercancía. AMLO dejó un infierno de agresiones a defensores ambientales, y el gobierno entrante sigue el mismo libreto: megaproyectos con disfraz de progreso; balas para quien se oponga. El crimen organizado opera como ejército irregular de este despojo, pero los mandatos vienen de arriba.
La ONU-DH señala que 90 por ciento de estos crímenes nunca se investigan. Es la ley no escrita del capital: si matas al defensor, matas la resistencia. Pero los pueblos en resistencia saben que la memoria es semilla.
A menudo suele confundirse la autoficción con un estudio etnológico. En lo etnológico, la mirada del autor es penetrante y mucho más intensa para analizar el comportamiento humano. Se contrastan las perspectivas de género, los aspectos culturales, los parentescos familiares y, en especial, los vínculos afectivos. Es algo complejo y extenuante, pero debe, ni duda cabe, estar escrito con pulcritud. Para ilustrar mi aseveración traigo a cuento Shame (traducción del francés al inglés por Tanya Leslie. Estados Unidos, Seven Stories Press, 2019, 112 páginas), de Annie Ernaux.
“Mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio, en la tarde. Yo había ido a misa al cuarto para las doce, como de costumbre. Debía comprar algunos pastelillos en la panadería del nuevo precinto comercial –un racimo de edificios construidos después de la guerra, mientras la reconstrucción estaba en camino”, así comienza este libro que bien podría traducirse como Vergüenza. Y pone en perspectiva este hecho: la infancia de Annie Ernaux como un sendero narrativo que conduce a otros derroteros. Pero lo que pensaría el lector común es que el libro estaría fundamentado sólo en ese evento trágico y, en realidad, Ernaux analiza todo aquello que le produjo ese hecho.
Annie tenía 12 años cuando vio la discusión acalorada entre sus padres. Vivían en un sótano bajo el negocio familiar, una cafetería. Ambos padres pronto ignoraron la violencia, el enfrentamiento y el odio. Iniciaron una conversación autoritaria para difuminar lo ocurrido: “‘¿Por qué estás llorando? Si no te hice nada’, le asegura el padre a la madre. ‘Vamos, esto ya terminó’, dice la madre a la niña que estaba visiblemente asustada. Y la niña responde: ‘Vas a inspirar el desastre en mí’.
Después de eso los tres fuimos a dar un paseo en bicicleta cerca del campo. Cuando regresamos, mis padres abrieron el café como lo hacían cada domingo. Eso fue el fin de todo.
“Eso ocurrió en junio de 1952. La primera fecha de mi infancia que yo recuerdo con una precisión infalible. Antes de eso, los días y las fechas que se inscribían en los pizarrones y en mis libretas parecían irse a la deriva”.
La elección de palabras de Ernaux es plausible. “Inspirar el desastre” es lo que hace mucho más grande el daño entre los padres, ese evento presenciado por la hija –pero ese daño se cuenta de manera expansiva en otros libros de Annie.
Ernaux aseveró en el texto que el incidente era “un velo que se interponía entre mí y todo lo que hacía”. En los meses siguientes a esa discusión paternal, Annie perdió la concentración, tuvo dificultades con las lecciones escolares e incluso perdió la “capacidad natural para aprender”. ¿Por qué? La respuesta es obvia, pero no para un estudio etnológico. Ella trata de entender el hecho; no culpa a nadie, se enfrasca en aprehender todo lo relacionado con la afectación que ella sintió después del evento. De igual manera busca la respuesta en otras de las lecturas que le marcaron el camino por el que debía transitar esta apuesta narrativa: “Proust sugiere que nuestra memoria está separada de nosotros, residiendo en la brisa del mar o en la fragancia del otoño temprano –cosas unidas a la Tierra que se repiten periódicamente, confirman la presencia de lo humano”.
Ernaux emprende otra arista de esta empresa escritural detallando la vida en aquella época, sus pensamientos en aquella cafetería que fungía también como mercería y tienda de abarrotes en un pequeño pueblo de Normandía. Shame expande una emoción muy fuerte y con muchos matices, una sensación que en ciertos momentos “estaba enloqueciendo” a Ernaux.
En palabras de la autora, este libro demoró un buen tiempo en desarrollarse porque ella quería emprender algo inusual: “Naturalmente yo no podría optar por la narrativa, lo cual podría significar la invención de la realidad en vez de hacer una búsqueda de ésta. Tampoco podría estar contenta con escoger y transcribir las imágenes que recuerdo; podría procesarlas como documentos, examinarlas desde diferentes ángulos y darles sentido. En otras palabras: yo podría realizar un estudio etnológico de mí misma”. Y me parece que lo hizo. Ensambló, gracias al trabajo de la memoria, el contexto de aquella época. Lo encapsuló. El libro es el resultado de un largo análisis de sí misma.
Otro aspecto a enfatizar es la siguiente aseveración de Ernaux: “Yo creo que mi escritura está aún confinada a ese lenguaje material del pasado; las palabras y la sintaxis no venían a mí en ese momento, nunca habían venido. Yo no podría experimentar el placer de hacer malabares con las metáforas o ser complaciente con un juego estilístico”. Expone así la razón de ser de la prosa concisa que ella ejercita. Y, aunque parezca sencillo, no sólo es un ejercicio del laconismo narrativo, sino que con ese registro casi notarial, Ernaux da cuenta de la significancia vital de una época.
También detalla pasajes de apariencia inocua, en los que la vergüenza es palmaria. Por ejemplo, una noche, acompañada a casa por la profesora y varios compañeros de la escuela privada a la que iba, Ernaux se avergüenza de que en la puerta de la casa esté su madre con un camisón arrugado y sucio “que usábamos para limpiarnos después de orinar”. Después, viene otra estancia. Hace un viaje a Lordues. Su padre debe acompañarla. Ella se da cuenta que no tiene la ropa ni el calzado adecuado. Tampoco tienen mucho dinero y para colmo, debe soportar que su padre se haga el chistoso y cuente una historia vulgar sobre un sacerdote y debe soportar también que los demás compañeros de viaje escolar se rían a carcajadas.
En nuestro país tenemos libros con un apetito similar al de Ernaux, Canción de tumba (2011), de Julián Herbert; y La invencible (2012), de Vicente Quirarte, ambos con giros proclives a la autoficción, pero siempre fieles al ejercicio de mirarse las entrañas con herramientas de sensibilidad poética.
Si no conoce la obra de Annie Ernaux, se pierde de algo importante. De verdad.
* La traducción de las líneas entre comillas es mía.
En la instalación en sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil se advirtió además sobre la formación de ciclones muy violentos en el oceáno Atlántico que podrían atravesar Centroamérica y afectar a Guerrero. En la imagen, integrantes del Sindicato de Trabajadores de Protección Civil y Bomberos despliegan su deteriorado equipo de trabajo en protesta porque no se atienden sus peticiones de mejorarlo. Por la tarde se informó que el gobierno del estado ofreció resolver sus demandas Foto: El Sur
Protección Civil
no atiende sus pedidos de
vehículos y equipo, denuncian bomberos
El Sindicato Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Guerrero denunció que el personal administrativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, no atiende sus solicitudes de vehículos y de equipo, por la seguridad del personal en las operaciones en campo.
En conferencia de prensa a las 8 de la mañana, en la dependencia estatal, el líder sindical José Donjuan Lucena aseguró que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ordenó la compra de unos 30 vehículos; sin embargo, el personal de Administración y Finanzas no adquirió los seguros con cobertura total de las unidades, que se requieren por ley.
“Esa omisión ha llevado a esta manifestación. Hay unidades en malas condiciones, sin batallas, sin llantas, una pipa sin freno de motor”, denunció.
Aseguró que el 15 de mayo termina la temporada de incendios forestales y no se han atendido las demandas escritas, que han presentado desde el 8 de marzo.
Exigieron que se realicen dictámenes de cada unidad de transporte de Protección Civil, de condiciones físicas, la contratación de seguros de vehículos y de equipamiento, porque saben que laboral con equipo obsoleto.
Los manifestantes adelantaron que a las 10 de la mañana serían recibidos por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.
Con un boletín de prensa, por la tarde, el funcionario estatal informó que refrendó el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con la defensa de sus derechos laborales.
Aseguró que serán atendidas todas las demandas del Sindicato Estatal de Trabajadores de Protección Civil y Bomberos de Guerrero. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Prevén temporada de lluvias muy activa y condiciones como las previas a Otis
Se instala la sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil donde se explica que ya está rebasada la temperatura del mar para la formación de huracanes y su desarrollo acelerado, como ocurría antes del poderoso de octubre de 2023. Advierten además sobre ci-clones muy violentos en el Atlántico que podrían atravesar Centroamérica y afectar a Guerrero
Yee Trujillo
En la instalación de la sesión permanente del Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se informó que se prevé que la temporada de lluvias sea muy activa, con sistemas muy violentos, ligeramente por arriba del promedio en la cantidad de ciclones en el Océano Atlántico que podrían atravesar Centroamérica y afectar Guerrero.
Se explicó que ya está rebasada la temperatura del mar para la formación de ciclones y su desarrollo acelerado, con condiciones muy parecidas a las que hubo antes del huracán Otis de categoría 5 en octubre de 2023.
En una transmisión en Facebook de la reunión con alcaldes, representantes del Ejército, Marina, Guardia Nacional, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que Guerrero está preparado, que los refugios ya están verificados y habilitados; llamó a que ninguna emergencia nos tome por sorpresa, que nadie diga que no le avisaron o que tal gobierno municipal no estaba preparado.
La goberndora pidió a la sociedad trabajar de forma conjunta con las autoridades, hacer caso a todas y cada una de las recomendaciones que se emitan, porque pueden ser la diferencia para salvar vidas.
Enfatizó que, por su ubicación, Guerrero cada año enfrenta una realidad climática com-pleja y los fenómenos meteorológicos no son una posibilidad remota, sino una certeza que se debe atender, que la perspectiva expuesta no es para alarmarse ni causar notas de pánico o sensacionalistas, porque está sujeta a muchos factores, que espera que sea diferente, pero se debe prevenir con toda seriedad, sin caer en el caos, “tomar las riendas y decir: ‘esta es mi responsabilidad y lo voy a hacer’”.
Por su parte, el meteorólogo Fermín Damián Adame explicó que 2025 ha sido la cúspide de mayor actividad solar, que a mayor temperatura hay mayor energía disponible para alimentar ciclones con vientos más intensos. Expuso que en 2024 se rompieron muchos récords y que, aunque la temperatura de este año comenzó ligeramente menor a la de 2023, cuando se presentó Otis, “vamos a tener un año con sistemas muy violentos y temperatura que rebasa todos los récords”.
Añadió que hay un periodo neutral con tendencia a comportamiento del fenómeno La Niña, que causa una cantidad de ciclones en el Atlántico arriba del promedio, que ya está “muy por arriba” de la temperatura superficial de 26.5 grados centígrados óptima para la formación de ciclones y en profundidades de 15 y 30 metros, que da la oportunidad de que un ciclón pueda alimentarse, frente a Guerrero esta semana se han registrado 28 grados, que son condiciones muy parecidas a las que había cuando se presentó Otis y se podría esperar un desarrollo acelerado en esta temporada.
Agregó que hay un sistema de alta presión de las islas Azores, que podría causar que los ciclones atraviesen del Atlántico hacia Centroamérica y alimentarse de nuevo en el Pacífico, con una probable afectación a Guerrero. Recordó que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala un año ligeramente por arriba de lo normal, con 16 a 19 ciclones en el Pacífico y de 21 a 24 en el Atlántico.
Por su parte, la gobernadora destacó la importancia de la presencia de alcaldes y autoridades, porque el jueves se activa la temporada oficial, sobre todo de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, porque es donde han impactado de manera severa los fenómenos hidrometeorológicos, que éstos ponen a prueba la capacidad del gobierno y la fortaleza de la gente. Ante el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, recordó que Chilpancingo también está sujeto a inundaciones.
“No estamos solos, ni desprotegidos, no importa si es uno o si son varios los fenómenos que toquen nuestras costas, Guerrero está preparado”, aseguró.
Añadió que estaban ahí precisamente para alinear estrategias, afinar protocolos y rutas de evacuación.
Expresó que después de Otis se debe tener mucha más responsabilidad y cultura de la protección civil como gobierno, y los ciudadanos tienen que apoyar haciendo caso a las autoridades de retirarse de lugares peligrosos, canales o lugares propensos a inundarse, porque en cuestión de horas puede cambiar la categoría de un huracán, que el patrimonio es importante, pero no más que la vida. Reiteró el compromiso firme de su gobierno, de priorizar la integridad de las personas y los rescatistas.
Salgado Pineda reconoció la labor de los trabajadores que están en la primera fila, quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber por salvar a otros, para quienes hubo aplausos. Hizo entrega de herramientas a la Secretaría de Protección Civil, como motosierras, drones, radios, navegadores de mano y teléfonos satelitales.
Acciones preventivas, desazolves y el Plan General de Operaciones para Riesgos Hidrometeorológicos
El secretario de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, expuso que hay 582 refugios temporales en los 85 municipios para alojar a 120 mil personas, que se han establecido más de 70 consejos municipales, y que la gobernadora autorizó el uso de un helicóptero para perifoneo en caso de riesgo, para avisar con tiempo a las familias que no tienen acceso a medios de comunicación y se encuentran en zonas de muy alto riesgo.
Anunció que ya terminaron los trabajos técnicos para establecer el centro de datos del Atlas de Riesgo Estatal, en el que se ha dado seguimiento a los efectos adversos de los huracanes Otis y John, con mapas especiales sobre inundacion o deslizamiento de laderas, y recordó que en la avenida Escénica se realiza una inspección y delimitación de zonas de riesgo, por las rocas.
Aseguró que hay una estrategia de comunicación y acciones preventivas para la población, ante la temporada de lluvias y otros fenómenos, para evitar la propagación de rumores, y otra en coordinación con la SEG, para estudiantes, con el propósito de que repliquen la información con sus familias.
Por su parte, el subsecretario de Prevención y Reducción de Riesgos, Ricardo Ramírez Ibarra, presentó el Plan General de Operaciones para Riesgos Hidrometeorológicos para Proteger la Vida, el Patrimonio y el Futuro del Estado. Dijo que es una estrategia integral con enfoque preventivo, participativo y reactivo, para trabajar en coordinación, con el compromiso de la sociedad y los tres órdenes de gobierno. Subrayó que la prevención no es una opción sino una obligación ante los desastres ocurridos en la última década.
Explicó que incluye un protocolo de actuación ante la amenaza o impacto de fenómenos hidrometeorológicos, el pronóstico para la temporada, las atribuciones y responsabilidades de los integrantes del consejo, el catálogo de refugios, un protocolo especial para atención a turistas en caso de emergencia o desastre, así como un directorio con enlaces de las dependencias. La gobernadora se comprometió a difundirlo.
Por su parte, el director de la CAPASEG, Facundo Gastélum Félix, informó las acciones preventivas que ejecutará la dependencia para evitar inundaciones. De Acapulco mencionó el desazolve del canal pluvial La Pepsi, cerca de la carretera Puerto Marqués-Cayaco, para darle salida hacia El Colacho y la laguna Negra de Puerto Marqués, así como en la calle Cerrada del Panteón, en la misma zona, donde “al día de hoy todavía tenemos importantes niveles de anegación” por John, por obstrucción de salidas naturales con construcciones de terceros, en el fraccionamiento Villa Sol en la entrada a la ciudad, y un programa de desazolve de la red del drenaje sanitario en 20 puntos de diversas colonias en más de ocho kilómetros por nula o muy poca pendiente.
Dijo que en Chilpancingo se hará una intervención en 17 barrancas en la confluencia con el río Huacapa, por el vertimiento de aguas residuales para enviarlas a colectores, al igual que en la barranca del Huizachal. Además de mantenimiento y desazolve en la barranca Las Tinajas, en un colector sanitario aguas debajo de un puente de la Autopista del Sol, y en ocho puntos de drenaje sanitario de colonias.
Para Mochitlán anunció la construcción de bordos del río Huacapa en más de dos kilómetros para que no genere inundaciones y afectaciones a viviendas, en Tixtla el requipamiento del cárcamo de bombeo norte para el desalojo de hasta 600 litros por segundo de la laguna ante las inundaciones por John superiores a 3.15 metros, en casi el 40 por ciento de las viviendas, y que quedará pendiente el cárcamo sur.
Chilpancingo, Guerrero, 13 de mayo de 2025. La viuda del asesinado vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, María de Jesús Pérez García, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda avances en la investigación del caso y medidas cautelares para su familia.
Pérez García y Barrera Hernández se reunieron durante casi dos horas el mediodía de ayer en Casa Guerrero con la gobernadora, a iniciativa de ésta, según declaró el director de Tlachinollan al final de la reunión.
Barrera Hernández informó que la exigencia a la gobernadora Salgado Pineda fue que se garantice una investigación exhaustiva y que se esclarezca el móvil, pero sobre todo que se detenga a los responsables del asesinato de Suástegui.
Declaró que el asunto de justicia es lo que más interesa y preocupa a la familia, “por lo que representaba Marco”.
Derivado de ello, pidieron que se realice una investigación “especial” tomando en cuenta que fue un defensor de derechos humanos y del territorio, “alguien que estuvo amenazado y que sufrió varios momentos de riesgo tanto en Cacahuatepec como en la playa Icacos”.
El defensor de derechos humanos dijo que la petición a la gobernadora fue que en las investigaciones se tome en cuenta su trayectoria, “que no se realice una investigación común, sino que se tome en cuenta que fue un crimen artero que padeció un defensor”.
En la reunión pidieron también medidas de seguridad para la viuda de Marco Antonio, Pérez García y su familia “que quedó inerme y en una situación vulnerable”.
Pero aclaró que la manera más efectiva de proteger a la familia del finado dirigente, es investigar el crimen, que haya resultados y que se dé con los responsables, “y que se rompa el clima de impunidad que existe porque sabemos que cuando hay crímenes contra defensores y defensoras no se llega al fondo del asunto”.
Aunque aclaró que en la reunión no estuvo algún representante de la Fiscalía General del Estado (FGE), “no se sabe que haya avances en la investigación”.
Cercanos a la familia de Suástegui Muñoz, denunciaron que a pesar de las circunstancias del asesinato, su viuda aún no contaba hasta ayer con medidas de seguridad.
Barrera Hernández dijo que ayer le plantearon eso a la gobernadora pero que les respondió que para ello “tienen que coordinarse con el gobierno federal porque es una medida cautelar dictada por el gobierno mexicano y éste, como instancia que se coordina con el gobierno estatal, va a dictar las medidas”.
Abel Barrera informó que la gobernadora se comprometió a “tratar” de que se impulse la investigación y que “va a tratar” de intervenir ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que se implementen las medidas cautelares porque, dijo, “se requiere de la intervención del gobierno federal”.
Barrera Hernández, agregó que la gobernadora les prometió que también va a hablar con la Fiscalía General del Estado (FGE) para saber qué avances hay en el caso.
Además, que se va a coordinar con el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas para acordar las medidas de protección a la viuda y su familia.
Barrera Hernández informó que la gobernadora se comprometió, también, a proporcionarle apoyo económico a la familia de Suastegui Muñoz derivado de que después del asesinato del activista le robaron dos motos acuáticas y su familia quedó desamparada y está en riesgo de que su precario patrimonio se pierda.
También hubo el compromiso de la gobernadora de intervenir ante la Marina para que haya resguardo cerca de su domicilio ubicado en Icacos, en Acapulco.
Añadió que la gobernadora les pidió que se presenten las denuncias para que se investigue y se logre saber dónde están esas motos que le robaron.
Barrera Hernández informó que en la reunión también se planteó a la gobernadora su intervención para que el caso pueda atraerlo la Fiscalía General de la República (FGR).
“El planteamiento fue, primero, que se tiene que armar bien la Carpeta de Investigación para que se haga el planteamiento, porque faltan las declaraciones de varios testigos y primero debe haber una investigación especial para que pueda ser atraído por la FGR”, explicó.
En este sentido, Barrera Hernández informó que la gobernadora les dijo que pediría a la FGE que se acelere la investigación para conocer los resultados “y no sea que vaya a continuar la inercia de que siguen las investigaciones pero no hay responsables”.
Barrera Hernández informó que la gobernadora dio un trato afable a la viuda y que recordó momentos de cuando era niña y convivían entre sus familias. Sin embargo, Barrera Hernández dijo que más allá de la amistad “lo que requiere ahorita la familia es que esa amistad se refleje en resultaos en la investigación y se detenga a los responsables”.
Informó que la reunión fue a petición de la familia de Marco Antonio, derivado de que se siente muy sola y no ven garantías de seguridad y su estancia en Acapulco está muy riesgosa.
Un nuevo sistema de transporte “sustentable” es promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para conectar la zona suburbana de Acapulco con la zona tradicional como parte del desarrollo del Centro Integralmente Planeado (CIP).
Fonatur le adjudicó de forma directa a la empresa Transconsult SA de CV, que ha ganado contratos de supervisión del Tren Maya y el tren ligero de Guadalajara, la licitación para la elaboración de un estudio de oferta y demanda del transporte público en el municipio costero. El estudio inició el 2 de mayo pasado y concluirá el 31 de agosto.
El código del expediente, E-2025-00036920, fue publicado el 2 de mayo en el portal de Compranet. El procedimiento de contratación fue por adjudicación directa a la empresa Transconsult, por un importe total sin impuestos de 3 millones 292 mil 496.37 pesos.
El anexo técnico de la licitación señala que Fonatur, como parte del desarrollo de un CIP en Acapulco, “ha identificado problemáticas urbanas en la zona urbana de Acapulco, siendo la movilidad una de las más importantes, y que a su vez, representa una gran área de oportunidad, tanto para el mejoramiento de la seguridad y reducción de tiempos de traslado de la población del puerto, como para conectar y optimizar sitios turísticos”.
La puesta en marcha de un nuevo sistema de transporte público en el municipio, “busca ofrecer una opción de movilidad segura y eficiente para los habitantes del puerto, de manera que pueda acercarlos a sus lugares de destino (trabajo, estudio y/o goce), así como conectar de forma directa con el sistema integral de movilidad”.
“Este sistema busca también modificar las condiciones físicas y de infraestructura vial, así como ordenar los servicios de transporte concesionados”.
Por ello, Fonatur y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) promueven “la elaboración de un estudio de oferta y demanda para la implementación de un nuevo sistema de transporte público sustentable, que conecte la parte norte de Acapulco con la zona Tradicional”.
Se requiere “información detallada referente al comportamiento de la demanda, cómo se atiende, la cantidad de unidades, tipo de vehículos con que operan, periodos de prestación del servicio, sentidos de circulación de los servicios, recorridos que realizan y demás condiciones de operación de los transportistas que circulan en la zona de interés”.
El documento, de 42 páginas, especifica que la conexión sería de “la zona Tradicional de Acapulco con las colonias al norte de la mancha urbana, tales como Paso Limonero, Emiliano Zapata y Renacimiento, entre otras”.
Un mapa de Acapulco con “el posible trazo” del proyecto muestra una línea verde que se asemeja al trayecto que actualmente realiza el Acabús desde el zócalo de Acapulco al Paso Limonero, a través de la avenida Cuauhtémoc y el bulevar Vicente Guerrero; la línea aparece paralela al bulevar, pero no se puede distinguir con claridad, porque el mapa es de baja resolución.
El oficio de adjudicación del 23 de abril, del gerente de Planeación y Gestión de Proyectos, Hezzard Aleksandr Contreras Suaste, dirigido al representante legal de Transconsult, Jorge Raúl Ruíz Nakazone, especifica que el 15 de abril esta empresa presentó su proposición del estudio para la implementación de un nuevo servicio de transporte público sustentable en Acapulco.
El número de contrato es ACA-SPCP/25-S-01, Transconsult habría de pagar una fianza en un plazo máximo de nueve días a partir de la fecha de este documento a la Nacional Financiera en el Fideicomiso de Fonatur, “para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato”.
“El contratista acepta llevar a cabo los trabajos encomendados en un plazo de 122 días naturales, por lo que se obliga a iniciarlos el 2 de mayo de 2025 y a concluirlos el 31 de agosto de 2025”.
Registros periodísticos indican que Transconsult obtuvo en enero pasado el contrato para el estudio de la línea férrea de Saltillo-Nuevo Laredo, también realizó la supervisión del suministro, instalación y puesta en marcha del material rodante e instalaciones ferroviarias de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, inaugurado en 2020.
En el mismo año, ganó el proyecto de supervisión del Tramo IV del Tren Maya Izamal-Cancún, de acuerdo con su página de internet.
Un anexo adicional, del 25 de abril, consiste en la solicitud del director de Desarrollo de Fonatur, Ángel Isaac Vargas López, al subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales de Fonatur, Ernesto Abraham Garibay Martínez, para que se lleve a cabo la contratación de del servicio mediante adjudicación directa, con una fianza del 20 por ciento del monto contratado.
Ambos funcionarios estuvieron el 24 de abril en la conferencia de prensa que ofreció la directora de Fonatur, Lyndia Quiroz Zavala, en una sala del llamado Edificio Inteligente, en la que informó de la inversión de 628 millones de pesos en accesos a playas, alumbrado y equipamiento urbano, pero nadie habló de un proyecto de un nuevo sistema de transporte para Acapulco.
Integrantes del Colectivo de familiares de personas desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso junto con estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, realizaron la mañana del sábado un mitin en el Antimonumento a los 43, en conmemoración del Día de las Madres Foto: Jesús Eduardo Guerrero
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
Integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso protestaron el sábado en el Antimonumento a los 43 en esta ciudad, en conmemoración del Día de las Madres, para exigir a las autoridades que atiendan el problema de los desaparecidos.
El Colectivo Lupita Rodríguez acompañado de una comisión de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa celebró un mitin donde madres buscadoras exigieron la presentación de sus hijos, sumándose a la convocatoria nacional Nada que celebrar.
En la manifestación las madres criticaron la indiferencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para atender el problema de las desapariciones, la omisión e indiferencia de las autoridades encargadas de las investigaciones y búsquedas, exigieron la presentación de sus hijos y la aprobación de la Ley Estatal en Materia de Personas Desaparecidas.
“Yo no sé por qué la gobernadora dice gastarse 24 millones de pesos en la remodelación de una glorieta que está frente a la clínica del ISSSTE y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) solo le dan 13 millones, una cantidad que es imposible que nos alcance para seguir buscando a nuestros desaparecidos”, dijo Margarita Leyva Cruz, madre de Alberto Fonseca Leyva, quien desapareció el 18 de mayo de 2019 en Chilpancingo.
“En mi caso mi hijo no aparece, no está en el aire, está esfumado, entonces qué hacemos, a quién recurrimos, la desaparición de un hijo es muy fuerte, más que tener a un hijo muerto, porque al hijo muerto lo tienes, sabes en dónde está, pero un hijo desaparecido es un dolor que poco a poco está terminando contigo, porque no sabes dónde está, cómo está y con quién está”, agregó la madre buscadora.
Otra de las madres, Romualda Castañeda, madre de Diego Saldaña Castañeda, desaparecido el 12 de marzo del 2023, reprochó que las autoridades minimicen los casos de personas desaparecidas, siendo Guerrero un estado con más de 4 mil desaparecidos y más de 100 mil a nivel nacional.
La madre de Javier Benítez, desaparecido hace siete años, dijo que para ellas no existe el 10 de mayo, y que desde la desaparición de sus hijos lo único en lo que piensan es en encontrarlo.
“Para nosotras no hay 10 de mayo, no hay nada, lo único que queremos es saber de nuestro hijo desaparecido. ¿Cuántas madres andan como nosotras, pidiendo encontrar a su hijo?, yo cuánto hubiera dado para que mi hijo lo hubieran matado y me lo hubieran dejado tirado para ir a recogerlo y saber dónde está, y no desaparecido, porque no sé qué le pasó, no sé qué le hicieron no sé como está, si vive o muere, no sé nada de él”, agregó la madre buscadora.
El representante del Colectivo Lupita Rodríguez Narcizo, también exigió que el Congreso de Guerrero apruebe la ley en Materia de Desaparición de Personas para un centro de identificación humana y que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) sean independientes de la Secretaría General de Gobierno.
“Qué se puede esperar de uno de los siete estados que no tiene una ley actualizada y armonizada en materia de desaparición de personas, qué se puede esperar de un estado (el de Guerrero) donde no se hace identificación humana, donde existe un 97 por ciento de impunidad de acuerdo con cifras oficiales, el estado que presume ser un santuario de las mujeres y hoy en día nuestras compañeras movilizándose con el único reclamo de exigir la aparición con vida de sus hijos”, dijo Molina Rodríguez.
En el mitin también mencionaron a más madres buscadoras integrantes del colectivo que fallecieron sin encontrar a sus hijos, como la fundadora del Colectivo Lupita Rodríguez, quien falleció el 27 de agosto del 2021 sin saber el paradero de su hijo Josué Molina Rodríguez.
“Hoy 10 de mayo quiero recordar a todas esas madres que se fueron con la esperanza, con la tristeza de no encontrar a su ser querido, a su hijo, cómo fue nuestra querida Lupita, Lupita sembró esa semilla en este colectivo, esa semilla de justicia, por eso aún seguimos aquí, y porque desafortunadamente no tenemos respuesta ni apoyo del Estado”, agregó la integrante del colectivo, Beatriz Adriana Rivera.
