En memoria de Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, Gervacio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario y el niño Pablo Rojas Beltrán, campesinos de las comunidades de Los Espadines y Las Desdichas, municipio de Ajuchitlán del Progreso. Fueron obligados a excavar sus fosas y ejecutados por el Ejército el 21 de julio de 1971.

Hace tres décadas cuando abrimos las oficinas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en un cuarto del hotel Dulce María en Tlapa, nunca imaginamos que remontaríamos múltiples obstáculos y riesgos por acompañar a los pueblos indígenas y defender los derechos de las víctimas. Iniciamos con mucho entusiasmo y con el compromiso firme de alzar la voz y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos. 1994 fue una fecha memorable por el levantamiento zapatista en Chiapas y la irrupción de los pueblos indígenas de México que desenmascararon las políticas colonizadoras y racistas de los gobiernos priistas. En ese despertar de los pueblos iniciamos nuestra travesía.
Enfrentamos momentos muy densos por el grave deterioro de los derechos humanos en una región olvidada y sometida por grupos caciquiles. Desde un inicio documentamos los casos de tortura, de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y agresiones sexuales contra mujeres del pueblo me pháá cometidas por elementos del Ejército. Constatamos los estragos de la militarización: la persecución encarnizada contra el EPR, los líderes sociales, el movimiento magisterial disidente, las instituciones educativas catalogadas como radicales como la Normal de Ayotzinapa, los dirigentes del PRD, los sacerdotes y religiosos progresistas, las organizaciones indígenas que exigían la desmilitarización de la Montaña. Fueron años sombríos por la violencia ejercida por el Ejército y por la cerrazón de un partido hegemónico que castigaba todo tipo de disidencias atentando contra la seguridad, la integridad física y la vida misma de los luchadores sociales.
Como organismo no gubernamental fuimos vigilados por nuestro trabajo cercano con la gente. Se nos ha catalogado de todo: de ser parte de la guerrilla (hay un expediente penal donde un militar declara que somos parte del EPR). En los tiempos de la hegemonía priista, los gobernantes nos tachaban de perredistas. Posteriormente, cuando el PRD accedió al poder del estado, el gobernador Zeferino Torreblanca se empeñó en desacreditarnos durante todo su sexenio, calificándonos como lucradores sociales. Por su parte, Ángel Aguirre Rivero comentó que éramos los brazos civiles de los grupos armados.
Con el nuevo gobierno de la República el presidente Andrés Manuel López Obrador nos colocó en el lado de los conservadores y nos calificó como seudo defensores. Los funcionarios públicos de la administración morenista desestiman las opiniones y planteamientos que hacemos con datos concretos al señalar la desatención a la población indígena y las fallas que hay en la aplicación de los programas federales. Se cierran a cualquier intento de interlocución. Repiten mecánicamente lo que el presidente remachó en todo momento, que las organizaciones sociales y civiles somos intermediarios y que lucramos con la necesidad de la gente. Esta postura asumida como dogma entre los nuevos funcionarios ha evidenciado que el problema no somos las organizaciones que tenemos un compromiso ético con los pueblos, organizaciones sociales y colectivos de familiares, sino la corrupción que se reproduce al interior del mismo gobierno en manos ahora de Morena y la colusión que existe con los grupos de la delincuencia organizada, al erigirse como un poder de facto.
Esta violencia institucional que se materializa en la desatención a las comunidades indígenas de la Montaña se torna un remolino que nos arrastra sin rumbo seguro por la violencia criminal que se ha instalado en los 19 municipios de la Montaña. En los 3 años de la administración de Evelyn Salgado hemos constatado el avance del crimen organizado en las regiones indígenas. Inicialmente la violencia se había concentrado en las ciudades, sobre todo en el puerto de Acapulco, donde se asentó el Chapo Guzmán. Con el tiempo la división que se dio con Arturo Beltrán Leyva desencadenó la violencia con acciones sumamente sanguinarias. Fue cuando aparecieron personas decapitadas y se dieron enfrentamientos en la vía pública con el involucramiento de policías municipales. La disputa por Acapulco se extendió en las colonias periféricas y en varias comunidades rurales. Esta permisividad y complicidad de las autoridades militares y civiles facilitó que grupos locales tomaran el control de las principales plazas en cada región. Las más codiciadas fueron las ciudades turísticas, como Zihuatanejo y Taxco de Alarcón. En estos enclaves la disputa se recrudeció y los enfrentamientos fueron recurrentes en las principales ciudades del estado, como Iguala, Chilpancingo, Teloloapan, Ciudad Altamirano, Tixtla y Chilapa, donde se encuentran asentadas grupos delincuenciales que ejercen un poder devastador.
Las autoridades del estado han perdido el control de la seguridad. La capital del estado es rehén de esta confrontación por el control del poder público. En la Costa Grande la última irrupción armada que sucedió en Tecpan de Galeana, es una muestra más de la ingobernabilidad que impera. Lo inaudito es que a pesar del incremento de efectivos militares y de la Guardia Nacional, el flujo de armas llega a todos los rincones del estado y el control de las plazas en los municipios, los grupos delincuenciales se encuentran bien apertrechados, sin temor a ser desmantelados.
El puerto de Acapulco padece los estragos de la violencia porque los negocios están controlados por el crimen: las playas, los comercios, el mercado, los bares, los restaurantes, las gasolineras, el comercio ambulante que pulula en las playas y en las banquetas. La pelea por la plaza no cesa entre los grupos, por eso se da la quema del mercado y negocios establecidos. Se incrementan los asesinatos en las playas y en el mismo mercado central. Es parte de la cotidianidad la quema de vehículos, los cuerpos desmembrados que dejan en las cajuelas o que abandonan en bolsas negras. En las colonias pobres abandonadas por los gobiernos hay fuerte presencia del crimen organizado.
La ciudad colonial de Taxco, tan famosa por su encanto arquitectónico y por la venta de la plata dejó de ser la ciudad pacífica. El crimen organizado tomó el control de los principales negocios. Se incrustó en la estructura del poder municipal, los mismos policías trabajaban para la delincuencia. El corredor que va de Ixtapan de la Sal a Taxco dejó de ser un atractivo turístico, por las desapariciones y asesinatos.
En la Costa Chica, la violencia se incrementó después de las elecciones. Asesinaron al presidente electo de Copala Salvador Villalba Flores, antes de que tomara posesión. En Cuajinicuilapa se calentó la plaza con la llegada de otro grupo. La confrontación armada que dejó varios asesinatos y desapariciones, obligó a que el nuevo presidente municipal y la síndica pidieran licencia, ante la falta de protección por parte de las fuerzas federales. Las escuelas fueron cerradas por falta de seguridad. La disputa por la plaza está latente y la población no se siente segura.
En la cabecera municipal de Ayutla de los Libres asesinaron al coordinador de la UPOEG Felipe de Jesús Cevallos y ese mismo día abandonaron dos bolsas negras con cuerpos desmembrados. Por la noche se consumaron dos asesinatos más.
Las disputas armadas se dan por el reacomodo de los grupos de la delincuencia ante la nueva coyuntura política. El control de los ayuntamientos les garantiza a los grupos acceder a los fondos públicos para ampliar sus negocios con las obras públicas. En la Montaña, después del proceso electoral, el 20 de junio asesinaron al presidente municipal de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero, en la comunidad de Alacatlatzala, cuando se disponía a inaugurar la pavimentación de una calle en la colonia Guadalupe. En el mes de octubre en pleno centro del poblado de Huamuxtitlán, interceptaron al ex presidente municipal Aurelio Méndez junto con su chofer, que fueron arteramente asesinados a balazos.
Este clima de violencia que se respira en el estado nos ha colocado en el desfiladero de la muerte. El caso de las 17 personas desaparecidas de Chautipan, municipio de Chilpancingo es un crimen execrable. 11 personas (tres niños y dos mujeres), aparecieron desmembradas en la caja de una camioneta abandonada en la Autopista del Sol. Es un gran desafío para las autoridades porque la violencia criminal parece no tener límites. El anuncio que hizo el coronel del Ejército de un gran operativo para dar con el paradero de las 17 personas desaparecidas, quedó en entredicho, porque las familias siguen sin saber el paradero de las seis personas que no aparecen. Ya no hay más búsquedas y las investigaciones no avanzan.
La situación del estado es catastrófica por la violencia recurrente que contrasta con la ineficacia de las autoridades que no han sido capaces de contener la ola delincuencial. El empoderamiento de los grupos violentos muestra el debilitamiento de las instituciones de seguridad y justicia y la ausencia de una estrategia que arroje resultados favorables para garantizar un estado seguro. La exigencia del derecho humano a la seguridad se ha generalizado entre la población, porque no hay confianza en cuerpos de seguridad del Estado, porque tiene fundados temores de su colusión y complicidad y porque la población no es el centro de la estrategia de seguridad. Las víctimas de la violencia además de no ser atendidas, son estigmatizadas e ignoradas.
Es grave el distanciamiento de las autoridades del estado que se han embelesado con el poder abandonando a su suerte a una población pobre e inerme. Los huracanes nos devastaron y dejaron en la calle a miles de familias que no cuentan con fondos públicos para reparar sus viviendas y tener un ingreso ante la pérdida de su trabajo en las ciudades y de sus cultivos de la gente que vive en el campo.
El huracán de la violencia no es efímero, más bien se ha instalado en las instituciones del Estado. Llegó para quedarse. Es una amenaza que se agiganta y que busca destruir los sueños de justicia por los que han luchado muchas generaciones de guerrerenses. Lo más grave es que la defensa de los derechos humanos no es una prioridad para el gobierno de Morena.