El gobierno estatal incumplió en construir carretera para Olinalá y Ahuacuotzingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la Central Campesina Independiente (CCI), Maclovio Avilés García lamentó que culminó el año y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) no cumplió el acuerdo de construir una carretera con 24 comunidades de Olinalá y Ahuacuotzingo, pese a que enviaron técnicos para hacer los estudios de los que nunca les informaron los resultados.
En agosto los pobladores acudieron a la dependencia estatal, donde les prometieron que enseguida les entregarían los resultados de los estudios, lo que no sucedió; además se atravesó la temporada de cosechas, y este mes definirán el modo de presionar nuevamente para que se resuelva su demanda, antes del inicio de la temporada de lluvias.
El 4 de mayo pasado, por primera vez unos 60 pobladores de 17 comunidades de ambos municipios protestaron en la capital para exigir la pavimentación de la carretera de Acateyahualco, municipio de Ahuacuotzingo, a Amatlicha, Olinalá, pero no les dieron respuesta concreta porque tenía que participar la CICAEG en el acuerdo; sin embargo, después acudieron técnicos a hacer los estudios del proyecto.
En consulta telefónica, Avilés García, quien apoya a las comunidades, expuso que terminó el año sin una respuesta a su demanda, pese a que en agosto también vinieron a la capital para saber qué había pasado con los estudios del proyecto.
Entonces, la CICAEG les aseguró que en 15 días les informarían sobre esos estudios que contienen los trazos y mediciones para determinar el monto de la obra.
Expuso que después de agosto, los vecinos tuvieron que ocuparse en sus cosechas, lo que les impidió regresar a la capital, y las autoridades no los llamaron para darles información.
Dijo que este mes definirán con los vecinos de la Montaña baja qué acciones tomar, y que tienen dos caminos, uno, recurrir de manera pacífica al gobierno del estado para saber qué pasó con la demanda, y dos, movilizarse.
La mayor complicación para los pobladores en ese tramo carretero es en época de lluvias, porque los caminos se vuelven casi intransitables, además de los numerosos derrumbes.
En momentos de contingencia hacen trabajo comunitario para quitar las piedras de los caminos y desazolvar las cunetas, pero no es suficiente, explicó.

Cumplen 42 días sin clases las escuelas de la Montaña Baja debido a la violencia

Cumplen 42 días sin laborar las escuelas de  la región Montaña Baja debido a la violencia

Desde el 25 de septiembre no han cesado los asesinatos, principalmente en Chilapa, y las amenazas contra maestros que se hacen virales en las redes sociales Facebook y Whatsapp

Luis Daniel Nava

Chilapa

La mayoría de las escuelas que pertenecen a la región educativa Montaña Baja continúan la suspensión de clases, ante la incertidumbre generada por los recientes hechos de violencia y las amenazas a maestros.
Administrativamente a la Delegación Regional de Servicios Educativos Montaña Baja pertenecen 663 escuelas de preescolar, primaria y secundarias de todas las modalidades, ubicadas en nueve municipios aunque la mayor parte se concentra en cinco.
La suspensión  paulatina de labores derivada de la inseguridad y que se extendió a toda la región inició el 25 de septiembre, y fue avalada por la Dirección Jurídica de la SEG que reconoció el problema por la presión de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), quienes bloquearon la carretera Chilpancingo-Chilapa afuera del internado de Tixtla.
En ese oficio número 1.0 1/2017/2292 dirigido a jefes de sector, supervisores, inspectores y directores de educación básica y media superior de las regiones Montaña Baja, Montaña Alta y Centro, la SEG aceptó:
“Derivado de los recientes acontecimientos que se han venido suscitando en el municipio de Chilapa, relacionados con la suspensión del servicio de transporte público por asuntos de inseguridad (…) operaremos una fase de tolerancia a fin de no aplicar descuentos a los trabajadores que registren retado en su llegada o el retiro antes de concluir la jornada vespertina o bien acrediten su inasistencia”.
La medida, según la instrucción del titular José Luis González de la Vega, se aplicaría “hasta que se normalice la prestación del servicio de transporte y/o se establezcan los protocolos de seguridad correspondientes”.
A partir de esa fecha no han cesado los hechos de violencia y las amenazas contra maestros que se hacen virales en las redes sociales Facebook y Whatsapp.
En este contexto la SEG ha justificado con cuatro prórrogas la suspensión de labores que terminaría este lunes.
No obstante el macabro hallazgo en la víspera, de siete cuerpos semicalcinados en las orillas de la ciudad de Chilapa y una amenaza en una cartulina que fue dejada este lunes en una oficina de la Secundaria Técnica Raúl Isidro Burgos de Zitlala, cuyos alumnos y maestros se presentaron a laborar el mismo lunes, detonó de nuevo y de facto la suspensión de clases “hasta nuevo aviso”.
En el periodo de suspensión los acuerdos que se han generalizado se han tomado en un primer momento por centros de trabajo, en reuniones hechas las veces que los mentores han intentado reanudar (como en esta semana), fuera de las escuelas o vía telefónica. Estos acuerdos se han tomado al finalizar las prórrogas.
En la región el magisterio se encuentra fraccionado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la dirigencia formal de la CETEG y sus disidentes, la Dirección Regional Colectiva y el Movimiento de Secundarias Técnicas.
Ayer dirigentes regionales de la CETEG dijeron que no podrían fijar una postura y que darían información “más adelante”. En la misma postura se mantiene el delegado regional de la SEG, Jerónimo Maurilio Morales.
El último colapso del sector educativo en la región fue de julio de 2014 a mayo de 2015, en el contexto de enfrentamientos entre grupos armados en la ciudad y la zona rural en el sur del municipio, el asesinato de candidatos en Ahuacuotzingo y Chilapa, y la irrupción de civiles armados y autoridades comunitarias a Chilapa.
Ese contexto social llevó a calificar a las autoridades educativas regionales al municipio y alrededores como “escenarios de guerra”.
En esa ocasión las autoridades reconocieron por oficio que 140 de 663 “escuelas de todos los niveles y modalidades han dejado de laborar por un periodo de 20 días hábiles en diferentes momentos”.
En la suspensión de labores del 25 de septiembre a este martes 7 de noviembre, el calendario escolar marca 31 días hábiles (entre ellos dos sesiones de consejos técnicos escolares que se realizan el último viernes de cada mes).
Información oficial indica que la región educativa Montaña Baja abarca 663 planteles educativos:
Sector 14 de Preescolar formal: 96 escuelas; Sector 1201 de Preescolar Indígena: 148 escuelas; Sector 19 de Primaria Formal: 124; Sector 1201 de Primaria Indígena: 137; Sector 04 de Servicios Estatales (primarias y telesecundarias): 133; Secundarias Generales: 5 y Secundarias Técnicas: 20.
Estas escuelas están localizadas en su mayoría en Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, Atlixtac y José Joaquín de Herrera, un número menor de centros de trabajo se ubican en Acatepec, Zapotitlán Tablas, Quechultenango, Tixtla y Mártir de Cuilapan, en estos municipios escuelas de un solo nivel educativo pertenecen a Montaña Baja.
En la ciudad de Chilapa también han suspendido labores hasta nuevo aviso el plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg), el plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la preparatoria 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el campus de la Universidad Tecnológica y desde hace dos semanas el Centro Universitario Aurora Meza.
Maestros han informado que en la región han estado funcionando los dos planteles del Colegio de Bachilleres y su nueva modalidad de Tele Bachillerato, del cual se desconoce el número.
También existen preparatorias populares de la UAG que operan sin presupuesto público (siete en comunidades de Chilapa, Zitlala, La Esperanza de Mártir de Cuilapan, Hueycantenango y Ahuacuotzingo), de las cuales se desconoce si están laborando o no.

Pasar a los hechos en el Pacto de Seguridad ante la violencia en Chilapa, demanda MC

En ese municipio se vive una tragedia humanitaria y existe un virtual toque de queda, advierte en tribuna el diputado Ricardo Mejía y llama a recuperarlo de la violencia

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El coordinador de los diputados de MC Ricardo Mejía Berdeja lamentó que nuevamente “los ojos del mundo están en  Chilapa” y llamó a recuperar a ese municipio de la violencia.
En su intervención en tribuna este martes, recordó que entre los 223 ejecutados en Chilapa en lo que va del año hay mujeres, estudiantes y comerciantes. Y que a pesar de los anuncios de despliegues de seguridad y la promesa del gobierno federal para instalar una base militar en el municipio, “los hechos de violencia se siguen cometiendo, ejecuciones, desplazados, Chilapa es un centro de violaciones graves a los derechos humanos”.
Mejía Berdeja llamó a “aterrizar en acciones y propuestas, pasar de la convocatoria a los hechos concretos el Pacto por la Seguridad”.
Recordó que organismos internacionales como Amnistía Internacional, las Brigadas para la Paz, SeraPaz o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como el centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, han consignado “una y otra vez la tragedia humanitaria que azota Chilapa. Entre otras cifras, han dado a conocer que en lo que va del año se registran 223 ejecuciones”.
Dijo que el escenario de Chilapa es “de horror y violencia”, lo que consideró que también afecta la gobernabilidad, “además de que afecta las funciones esenciales del Estado”.
El coordinador de los diputados de MC recordó que en mayo de 2015, un grupo de personas armadas irrumpieron en Chilapa y desaparecieron a 32 habitantes: “ahí empezó el horror”. Y criticó que a pesar de “las denuncias, a la indignación social y la amplia cobertura de la información en diversos medios de comunicación, pareciera que la indiferencia del estado condenó a Chilapa a este desastre social”.
También se refirió a lo dicho por el secretario técnico del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Oivares Hernández de que en Chilapa hay un virtual toque de queda, porque los negocios redujeron sus horarios y comienzan a cerrar a partir de las 7 de la noche y también las familias se encierra en sus casas, y únicamente salen por alguna necesidad o urgencia.
Tras la participación de Mejía Berdeja, el diputado perredista Ociel Hugar García Trujillo dijo en tribuna que el pasado 28 de octubre, el estudiante Jorge Cortés Carmona “desapareció y es la fecha que las autoridades no revelan ni las pesquisas ni mucho menos el paradero de este joven. No es correcto porque existen muchísimos jóvenes que se trasladan a esa población de Cuajinicuilapa a estudiar y precisamente esa carrera de Veterinaria y que esto pueda ser parteaguas que pueda darse una ola de criminalidad en contra de los jóvenes y que este caso debiera instruir el gobernador al fiscal para que haga las indagatorias pertinentes y se dé con el paradero con vida del joven Jorge Cortés Carmona”.
El estudiante desaparecido tiene 24 años y es sobrino de Efrén Cortes Chávez, luchador social sobreviviente de la masacre cometida por el Ejercito en la comunidad de El Charco. Más tarde se conoció que el joven fue hallado muerto en el municipio de Cuajuinicuilapa.

Ofrecen PRD, PAN y MC cambios para abatir inseguridad e impunidad

En el primer foro organizado por los partidos que componen el Frente Ciudadano por México, acuden los dirigentes del PRD, PAN y MC. Los problemas del país son bastante más importantes que las diferencias de partido, dice Luis Walton

Lourdes Chávez

Chilpacingo

Los representantes estatales del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano (MC), ofrecieron cambios para resolver los problemas del país, en el primer foro regional que organizan en conjunto, para incorporar propuestas ciudadanas a la plataforma electoral del Frente Ciudadano por México para las elecciones de 2018.
El dirigente del PRD, Celestino Guzmán Cesáreo, declaró que el Frente en Guerrero, “está dando sus primeros pasos para acabar con el pacto de impunidad (que existe en el país)”, y añadió “vamos por la transformación del sistema político mexicano”.
El presidente del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva, consideró necesario reunir propuesta ciudadanas para diseñar un plan de gobierno para la transformación del país, “darle a un cambio de rumbo (a la forma de gobernar)”, ya probamos cuando gobierno un solo partido, ahora, abrir la puerta a los gobierno de coalición”.
De MC, Luis Walton Aburto insistió en que los tres partidos tienen diferencias ideológicas, “pero también es cierto que los problemas del país son bastante más importantes que las diferencias que tengamos nosotros. México vive una situación como nunca, en Guerrero no había la inseguridad que se ve en estos tiempos”.
En un salón de la capital se realizó el primero de los foros los Foros programáticos regionales del Frente Ciudadano por México en Guerrero, con el tema Buen gobierno, honestidad y rendición de cuentas, con ponencia de los académicos Pedro González Ramírez, Víctor Manuel Escobedo Rueda, y el ex funcionario del gobierno estatal y de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado, Victoriano Sánchez Carbajal.
Luego de un receso, se abrió la participación a ciudadanos. Hubo siete intervenciones que incluyeron a dos militantes de partido conocidos, Pioquinto Damián Huato, del MC en Chilpancingo, y el panista Carlos Millán.
Además de la estructura estatal de MC, sus dos diputados y la alcaldesa de Apango, Felícitas Muñiz Gómez, de la misma filiación, se identificó entre el público a representantes municipales del mismo partido, y líderes de colonias.

Cumplen 42 días sin laborar las escuelas de la región Montaña Baja debido a la violencia


La mayoría de las escuelas que pertenecen a la región educativa Montaña Baja continúan la suspensión de clases, ante la incertidumbre generada por los recientes hechos de violencia y las amenazas a maestros.
Administrativamente a la Delegación Regional de Servicios Educativos Montaña Baja pertenecen 663 escuelas de preescolar, primaria y secundarias de todas las modalidades, ubicadas en nueve municipios aunque la mayor parte se concentra en cinco.
La suspensión  paulatina de labores derivada de la inseguridad y que se extendió a toda la región inició el 25 de septiembre, y fue avalada por la Dirección Jurídica de la SEG que reconoció el problema por la presión de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), quienes bloquearon la carretera Chilpancingo-Chilapa afuera del internado de Tixtla.
En ese oficio número 1.0 1/2017/2292 dirigido a jefes de sector, supervisores, inspectores y directores de educación básica y media superior de las regiones Montaña Baja, Montaña Alta y Centro, la SEG aceptó:
“Derivado de los recientes acontecimientos que se han venido suscitando en el municipio de Chilapa, relacionados con la suspensión del servicio de transporte público por asuntos de inseguridad (…) operaremos una fase de tolerancia a fin de no aplicar descuentos a los trabajadores que registren retado en su llegada o el retiro antes de concluir la jornada vespertina o bien acrediten su inasistencia”.
La medida, según la instrucción del titular José Luis González de la Vega, se aplicaría “hasta que se normalice la prestación del servicio de transporte y/o se establezcan los protocolos de seguridad correspondientes”.
A partir de esa fecha no han cesado los hechos de violencia y las amenazas contra maestros que se hacen virales en las redes sociales Facebook y Whatsapp.
En este contexto la SEG ha justificado con cuatro prórrogas la suspensión de labores que terminaría este lunes.
No obstante el macabro hallazgo en la víspera, de siete cuerpos semicalcinados en las orillas de la ciudad de Chilapa y una amenaza en una cartulina que fue dejada este lunes en una oficina de la Secundaria Técnica Raúl Isidro Burgos de Zitlala, cuyos alumnos y maestros se presentaron a laborar el mismo lunes, detonó de nuevo y de facto la suspensión de clases “hasta nuevo aviso”.
En el periodo de suspensión los acuerdos que se han generalizado se han tomado en un primer momento por centros de trabajo, en reuniones hechas las veces que los mentores han intentado reanudar (como en esta semana), fuera de las escuelas o vía telefónica. Estos acuerdos se han tomado al finalizar las prórrogas.
En la región el magisterio se encuentra fraccionado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la dirigencia formal de la CETEG y sus disidentes, la Dirección Regional Colectiva y el Movimiento de Secundarias Técnicas.
Ayer dirigentes regionales de la CETEG dijeron que no podrían fijar una postura y que darían información “más adelante”. En la misma postura se mantiene el delegado regional de la SEG, Jerónimo Maurilio Morales.
El último colapso del sector educativo en la región fue de julio de 2014 a mayo de 2015, en el contexto de enfrentamientos entre grupos armados en la ciudad y la zona rural en el sur del municipio, el asesinato de candidatos en Ahuacuotzingo y Chilapa, y la irrupción de civiles armados y autoridades comunitarias a Chilapa.
Ese contexto social llevó a calificar a las autoridades educativas regionales al municipio y alrededores como “escenarios de guerra”.
En esa ocasión las autoridades reconocieron por oficio que 140 de 663 “escuelas de todos los niveles y modalidades han dejado de laborar por un periodo de 20 días hábiles en diferentes momentos”.
En la suspensión de labores del 25 de septiembre a este martes 7 de noviembre, el calendario escolar marca 31 días hábiles (entre ellos dos sesiones de consejos técnicos escolares que se realizan el último viernes de cada mes).
Información oficial indica que la región educativa Montaña Baja abarca 663 planteles educativos:
Sector 14 de Preescolar formal: 96 escuelas; Sector 1201 de Preescolar Indígena: 148 escuelas; Sector 19 de Primaria Formal: 124; Sector 1201 de Primaria Indígena: 137; Sector 04 de Servicios Estatales (primarias y telesecundarias): 133; Secundarias Generales: 5 y Secundarias Técnicas: 20.
Estas escuelas están localizadas en su mayoría en Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, Atlixtac y José Joaquín de Herrera, un número menor de centros de trabajo se ubican en Acatepec, Zapotitlán Tablas, Quechultenango, Tixtla y Mártir de Cuilapan, en estos municipios escuelas de un solo nivel educativo pertenecen a Montaña Baja.
En la ciudad de Chilapa también han suspendido labores hasta nuevo aviso el plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg), el plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la preparatoria 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el campus de la Universidad Tecnológica y desde hace dos semanas el Centro Universitario Aurora Meza.
Maestros han informado que en la región han estado funcionando los dos planteles del Colegio de Bachilleres y su nueva modalidad de Tele Bachillerato, del cual se desconoce el número.
También existen preparatorias populares de la UAG que operan sin presupuesto público (siete en comunidades de Chilapa, Zitlala, La Esperanza de Mártir de Cuilapan, Hueycantenango y Ahuacuotzingo), de las cuales se desconoce si están laborando o no.

Ante nuevas amenazas del crimen maestros no vuelven a clases en cinco municipios

No vuelven a clases en escuelas de 5 municipios de la Montaña Baja ante la violencia y amenazas

Ayer tenían que reanudar labores en Atlixtac, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Zitlala y Chilapa. Los maestros toman la decisión de no asistir a sus centros de trabajo, y no puede obligarlos porque no tiene manera de garantizarles la seguridad, dice la jefa de sector primaria, Juana Pineda

Zacarías Cervantes

Chilapa

Los maestros de la región educativa Montaña Baja, que comprende cinco municipios, determinaron que no existen las condiciones para que regresen a sus centros de trabajo, este lunes no regresaron a sus labores y las escuelas de todos los niveles permanecieron cerradas.
Los profesores advirtieron a las autoridades que regresarán cuando haya garantías de seguridad, no para los maestros sino para los niños, ante las amenazas del crimen organizado y la violencia en general que ha ido en aumento en los últimos días en esta zona.
La que se conoce en el sector educativo como región Montaña Baja comprende los municipios de Atlixtac, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Zitlala y Chilapa. En estos cinco municipios hay 663 escuelas, 62 mil 300 alumnos, 3 mil 400 maestros y personal de apoyo.
Aún cuando existe un oficio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEG del 28 de octubre que notifica a los maestros que la cuarta prórroga de suspensión de labores para revisar las estructuras de las escuelas termina este lunes 6 de noviembre, ninguna autoridad garantiza que van a regresar a sus labores sin riesgos ante la violencia y las amenazas que han recibido.
La jefa de sector primaria, Juana Pineda quien tiene a su cargo 123 escuelas en los cinco municipios, reconoció que en su caso no puede determinar si hay o no condiciones para que sus compañeros regresen a sus labores, y dijo que garantizar la seguridad no corresponde a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), sino al gobierno del estado.
En un recorrido por Chilapa un día después de que fueron encontrados siete cuerpos en ocho bolsas negras de plástico en la colonia Las Margaritas, en la periferia de la ciudad, este lunes además de las escuelas cerradas se percibió un ambiente tenso en toda la cabecera municipal.
Las calles se vieron semivacías, la mayoría de los negocios permanecieron abiertos pero sin clientes, mientras que los transeúntes se mostraron desconfiados y huidizos ante personas sospechosas o desconocidas.

Hay toque de queda, los negocios cierran a las 7 de la noche y la gente se encierra

El secretario técnico del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Oivares Hernández dijo que en esta cabecera municipal hay un virtual toque de queda, porque los negocios redujeron sus horarios y comienzan a cerrar a partir de las 7 de la noche, cuando empieza a oscurecer, y la gente también a esa hora se encierra en sus casas, y únicamente sale por alguna necesidad o urgencia.
Y es que las bandas del crimen organizado que se disputan la plaza no sólo amenazan, actúan. El sábado circuló mediante las redes sociales un mensaje: “les pedimos otras 24 horas para seguir limpiando la plaza”, se dijo en el texto que circuló en redes, y a la mañana del domingo aparecieron los siete cuerpos en bolsas negras a las que les prendieron fuego.
Olivares se preguntó cómo pueden ocurrir estos crímenes espectaculares en una ciudad sitiada por militares y policías. A la salida hacia Chilpancingo y Ayahualulco están dos retenes, el de Los Arcos y el del crucero de Ayahualulco. Rumbo a Tlapa, Ahuacuotzingo y a la salida hacia Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, está otro retén ubicado en el punto conocido como Los Ajos, y rumbo a los pueblos del oriente de la cabecera municipal hay un retén más, cerca de la comunidad de San Ángel, por ese rumbo fueron encontrados el domingo los siete cuerpos.
La duda del director del Centro Morelos es la misma de los chilapeños, un transeúnte cuestionó que cómo entran o salen de la ciudad los integrantes de las bandas criminales después de cometer las ejecuciones, masacres, levantones, o balaceras. “O si no salen y se quedan en la población, ¿cómo es posible que no puedan ser localizados”.

Las amenazas en redes sociales

La jefa de sector de las escuelas del nivel primaria, Juana Pineda aseguró que la violencia no ha tocado a sus compañeros maestros, y que ninguno ha sido asesinado, extorsionado o amenazado de muerte directamente.
Consultada en sus oficinas en las que por temor a la violencia ha reducido su horario de las 9 a las 2 o 3 de la tarde, mientras que antes era de 8 a 5 de la tarde, informó que las amenazas son mediante las redes sociales, pero no puede decir si hay o no condiciones para que los maestros regresen a sus labores.
Aclaró que esta es una decisión que tomarán con sus supervisores, declaró que la autoridad educativa tampoco les puede garantizar seguridad porque le corresponde al gobierno.
Informó que en estos cinco municipios los maestros no han regresado a clases desde el 19 de septiembre, las dos primeras semanas porque las autoridades revisaron posibles daños a las instalaciones educativas. Informó que de las 123 de su sector resultaron con daños de diferente nivel 62 escuelas.
Después los profesores no regresaron por las amenazas que se difundieron mediante las redes sociales, por alguna de las bandas del crimen organizado.
Sin mencionar nombres dijo que no en toda la región se dan estas amenazas, mencionó que hay algunas comunidades del oriente y parte baja de la cabecera municipal, en donde hay gente de la delincuencia que dice a los maestros que regresen a clases, que ellos los van a cuidar y que les digan quiénes los amenazan para que lo arreglen.
Insistió en que son los propios maestros los que toman la decisión de no asistir a sus centros de trabajo, y que no puede obligarlos porque no tiene manera de garantizarles la seguridad.
A unos metros de la jefatura de sector está la escuela primaria José de San Martín, una de las más antiguas de la cabecera municipal, y como todas las de la ciudad permaneció cerrada este lunes. Afuera una pareja que recién acababa de tomar lugar en una jardinera, al notar la presencia de los reporteros disimuladamente se retiró. La misma actitud asumieron la mayoría de los vecinos durante el recorrido.
Como todas las escuelas primarias y de preescolar igual estuvieron cerradas las secundarias, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec), los Conalep y la Preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a pesar de que en un oficio el departamento de Asuntos Jurídicos de la SEG de fecha 28 de octubre notificó que la reanudación de labores sería este lunes 6 de noviembre, como también lo confirmó en entrevista en la mañana el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
Las oficinas administrativas estuvieron abiertas este lunes, aunque el personal labora en un ambiente de tensión y desconfiando de todo el que entra.
En la delegación de servicios educativos el reportero pidió hablar con el delegado Gerónimo Maurilio Morales, pero según su personal estaba en una reunión (aunque pudo ser un pretexto). En las instalaciones había decenas de maestros que esperaban hablar con él.
Un líder magisterial declaró a condición de mantener en el anonimato su identidad por seguridad, que los maestros de esa región se encuentran en una situación “no deseable”.
Aclaró que no tienen nada que ver en la suspensión de clases, “porque nuestra función es precisamente servirle a la sociedad, pero también queremos garantías de seguridad”.
Reprochó que el problema es que frente a la situación de violencia que se vive en la zona y ante las amenazas dirigidas al magisterio nadie de las autoridades se quiere hacer responsable.
“Hemos pedido que alguna autoridad de la región nos dé un documento en el que se hacen responsables, que digan quién está pidiendo que regresemos a clases, pero que sea alguna autoridad que representa la estructura de la SEG y del propio gobierno del estado porque también hay magisterio estatal”, dijo.
Expuso que demandan esta responsiva “porque desafortunadamente estamos viendo en Chilapa que se está dando una situación complicada, tan es así que después de los últimos acontecimientos que ha habido nos han mandado mensajes, además la inseguridad que prevalece es evidente”.
Dijo que no solamente buscan salvaguardar la integridad de los maestros, sino principalmente la de los niños y jóvenes que están a su cargo durante el horario escolar, “eso es lo más importante y, sobre todo eso es lo que tratamos de garantizar, la niñez y la juventud”.
Aseguró que los maestros están conscientes de que están afectando la educación de los niños y jóvenes, pero que tampoco los quieren exponer.
El dirigente magisterial reconoció que no ha habido agresiones directas hacia los maestros, “pero sí muchas amenazas a través de anónimos y que le corresponde a la autoridad investigar, además está implícita la inseguridad y violencia que se está acentuando en la zona, y somos parte de una sociedad que en general está lastimada por la violencia”.
Insistió que a los maestros les corresponde trabajar pero al gobierno brindarles la seguridad correspondiente, “lo que no queremos es que el día de mañana haya un mártir dentro del magisterio y hasta entonces las autoridades digan: pues sí, tenían razón los maestros”.
Informó que en el ambiente de violencia que se vive en su región lo que piden es que se resuelva el problema en general, que no se le dé seguridad nada más al magisterio, sino a los niños, “que es lo más preocupante, porque si llegara a ocurrir una situación lamentable, desafortunadamente a los primeros que van a culpar sería a los maestros, porque no advertimos y pedimos que mandaran a la escuela a los niños”.
El dirigente retó que si la situación de violencia y el riesgo no es real, “entonces que las autoridades de la región Montaña Baja no tengan miedo, que nos manden un escrito en el que nos digan que nos presentemos a trabajar, para que así si suceden las cosas, nosotros los maestros tengamos a quien responsabilizar en un momento dado”.

Son “unas setenta y tantas” escuelas sin labores en la Montaña Baja, dice el secretario de Educación

Asegura que el gobierno estatal ya sigue una estrategia en materia de seguridad. “Tampoco podemos obligar a los maestros a que vayan a una escuela cuando ha habido pruebas de las amenazas”, declara González de la Vega

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, declaró que son “unas setenta y tantas” escuelas de educación básica las que pararon labores en la Montaña baja.
Consultado en el jardín de niños Leonor López Orellana, en el barrio de San Mateo, donde acompañó al gobernador Héctor Astudillo Flores para inaugurar un edificio, al respecto de la situación de las escuelas de nivel básico en la región Montaña baja, donde en los últimos días grupos de la delincuencia organizada han amenazado a maestros para que no se presenten a clases debido a posibles ataques, González de la Vega Otero aseguró que el gobierno estatal implementó una estrategia en materia de seguridad, pero no detalló en qué consiste.
Aseguró que según el delegado de Servicios Educativos de la región Montaña baja, Jerónimo Maulirio Morales, “en la última reunión que tuvimos” hace unos días, eran “setenta y tantas” las escuelas cerradas por la falta de seguridad en comunidades de Chilapa y Zitlala, contrario a lo que se publicó en medios de comunicación, donde se dijo que se trataban de 663 planteles, “no sé quién les dio esa cifra, de dónde la sacaron”.
En su edición del 31 de octubre pasado El Sur publicó que de acuerdo con información oficial, en la región educativa Montaña baja, que comprende los municipios de Chilapa, Zitlala, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Acatepec y Zapotitlán Tablas, existen 663 planteles de preescolar formal e indígena; primaria formal e indígena; servicios estatales, así como secundarias generales y técnicas con más de 62 mil 300 alumnos, que son atendidos por alrededor de 3 mil 400 docentes y personal de apoyo.
Además, en este colapso del sector educativo se encuentran también las preparatorias 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y la privada José Vasconcelos, así como los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); mientras que de nivel superior, están la Universidad Tecnológica y el Centro Universitario Aurora Meza.
González de la Vega sostuvo que el número de escuelas cerradas en la región no rebasa los 75 planteles, aunque “la danza de cifras” es imprecisa y los maestros se presentarían a laborar de manera normal este lunes, pues luego de las estrategias en materia de seguridad, la SEG considera que hay condiciones para que se reanuden las clases.
Dijo que en un principio las clases en la zona se suspendieron porque maestros y padres de familia solicitaron la revisión de las instalaciones, luego de los sismos de septiembre pasado, pero después comenzó el problema de transporte a las comunidades.
“Es un tema muy difícil, es un tema complejo, es un tema que no corresponde únicamente a Educación. No con esto quiero decir que no sea una responsabilidad de nosotros, ¿qué hacemos? Así como contribuimos para que (alumnos y trabajadores) no puedan entrar a una escuela dañada, tampoco podemos obligar a los maestros a que vayan a una escuela cuando ha habido pruebas de las amenazas”, dijo y añadió que las evidencias presentadas fueron mensajes de texto, principalmente mediante Whatsapp, donde se advierte que si comienzan las clases habría ataques.
Se le preguntó si las escuelas contarán con resguardo del Ejército, Policía Federal o estatal, así como de detalles de la estrategia de seguridad para la Montaña baja, pero contestó que no conoce a fondo las medidas, pues se trata de un tema que les compete a las autoridades en la materia.

Se requieren más de mil 400 millones para la reconstrucción

?En cuanto a la reconstrucción de escuelas dañadas por el sismo del 19 de septiembre pasado, González de la Vega Otero dijo que Guerrero necesita uno mil 400 millones de pesos para las obras, mismas que ya comenzaron en 61 planteles, en los que la pérdida de instalaciones fue total.
Precisó que en la capital ya comenzó la demolición de las primarias Fray Bartolomé de las Casas y Antonio A. Guerrero, pero aún faltan otras escuelas. El proceso se llevará a cabo durante este mes, para que el 6 de diciembre comiencen las obras de reconstrucción.
Añadió que 14 escuelas de Chilpancingo no fueron consideradas para recibir recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pero se harán las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los planteles que cuenten con los dictámenes correspondientes para la reconstrucción total reciban los apoyos. Esta situación también ocurrió en algunas escuelas de la región Costa Grande.
Dijo que hay 82 planteles con daños menores, más estéticos, que no requieren una inversión mayor a 200 mil pesos; por ello las autoridades crearon un semáforo para identificar las escuelas dañadas, en rojo se encuentran las de reconstrucción total; en amarillo están las que necesitan una reconstrucción parcial, que requieren cerca de un millón de pesos, y en verde son los planteles con afectaciones “no tan profundas”, que lo máximo que recibirán son 200 mil pesos del programa de reforma educativa.

Se reforzará la seguridad para el regreso a clases en Chilapa, ofrece el gobernador

No tiene el dato preciso de cuántas escuelas han cerrado ante la amenaza de la violencia, dice Astudillo. Evade el llamado del obispo Rangel a que el gobierno del estado y el crimen organizado detengan los crímenes
Anarsis Pacheco

Chilpancingo

El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que el interés del gobierno del estado en Chilapa es que se regrese a clases con las condiciones “que se requiere”, tras la suspensión realizada por maestros ante la amenaza de grupos criminales que operan en la zona.
Consultado al concluir el acto protocolario de honores a la bandera en Palacio de Gobierno, Astudillo Flores no detalló cómo se darían estas condiciones para el regreso a clases.
Desde el pasado 25 de septiembre más de 600 escuelas de la Montaña baja suspendieron labores por la amenaza realizada a través de redes sociales en contra de maestros.
“En Chilapa hay un operativo desde hace tiempo, lamentablemente los actos delictivos vuelven a aparecer y eso obliga por supuesto a reforzar cerca de un municipio, cerca de otra región, dependiendo dónde se vayan presentando, pero por supuesto el interés es que se regrese a clases con las condiciones que se requieran”, agregó.
Durante la consulta también se le preguntó sobre la postura del obispo de Chilpancingo-Chilpa, Salvador Rangel, quien ayer domingo exigió al gobierno y a los integrantes de la delincuencia organizada que detengan los crímenes. Respondió que no tenía ninguna opinión al respecto.
Insistió que en le tema de Chilpa, existe una situación “muy desafortunada”, por lo que se debe de reforzar toda la región.
Se le preguntó sobre el número exacto de las escuelas cerradas que registró su gobierno. Contó que el dato no estaba confirmado.
“No lo tengo de ese número, hay que esperar que podamos hacer una valoración”, detalló.
A pregunta expresa sobre la desaparición del sobrino del luchador social Efrén Cortés, Jorge Cortés Carmona, señaló que no tenia “información”, pero que la Fiscalía General del Estado daría un reporte más tarde.
Consultado por separado, el vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, señaló que después de Acapulco, Chilapa es el municipio con más violencia en el estado.
Inclusive detalló que en los últimos días los homicidios dolosos han aumentado en la región ante la confrontación de grupos de crimen organizado que están disputándose la región.
Insistió que en esa zona se ha aumentado el resguardo por parte del Ejército, y no únicamente en Chilapa, sino también en los municipios de Zitlala, José Joaquín Herrera, Ahuacotzingo y Tixtla.
“Chilapa ya ocupa el segundo lugar en el número de homicidios dolosos, este tema ya ha sido analizado por grupo de coordinación Guerrero”, agregó.
Ante esto se le preguntó si no han considerado cambiar la estrategia debido al aumento de los hechos violentos. Aseguró que la estrategia diseñada si está rindiendo “frutos”.
“Han disminuido los homicidios dolosos en Acapulco, en un número muy significativo. Chilpancingo que tenia un repunte delictivo prácticamente está frenado, y lugares como Iguala  que antes era el tercer municipio más violento del estado ahora está en el lugar numero 9”, aseguró.

No vuelven a clases en escuelas de 5 municipios de la Montaña Baja ante la violencia y amenazas



Los maestros de la región educativa Montaña Baja, que comprende cinco municipios, determinaron que no existen las condiciones para que regresen a sus centros de trabajo, este lunes no regresaron a sus labores y las escuelas de todos los niveles permanecieron cerradas.
Los profesores advirtieron a las autoridades que regresarán cuando haya garantías de seguridad, no para los maestros sino para los niños, ante las amenazas del crimen organizado y la violencia en general que ha ido en aumento en los últimos días en esta zona.
La que se conoce en el sector educativo como región Montaña Baja comprende los municipios de Atlixtac, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Zitlala y Chilapa. En estos cinco municipios hay 663 escuelas, 62 mil 300 alumnos, 3 mil 400 maestros y personal de apoyo.
Aún cuando existe un oficio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEG del 28 de octubre que notifica a los maestros que la cuarta prórroga de suspensión de labores para revisar las estructuras de las escuelas termina este lunes 6 de noviembre, ninguna autoridad garantiza que van a regresar a sus labores sin riesgos ante la violencia y las amenazas que han recibido.
La jefa de sector primaria, Juana Pineda quien tiene a su cargo 123 escuelas en los cinco municipios, reconoció que en su caso no puede determinar si hay o no condiciones para que sus compañeros regresen a sus labores, y dijo que garantizar la seguridad no corresponde a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), sino al gobierno del estado.
En un recorrido por Chilapa un día después de que fueron encontrados siete cuerpos en ocho bolsas negras de plástico en la colonia Las Margaritas, en la periferia de la ciudad, este lunes además de las escuelas cerradas se percibió un ambiente tenso en toda la cabecera municipal.
Las calles se vieron semivacías, la mayoría de los negocios permanecieron abiertos pero sin clientes, mientras que los transeúntes se mostraron desconfiados y huidizos ante personas sospechosas o desconocidas.

Hay toque de queda, los negocios cierran a las 7 de la noche y la gente se encierra

El secretario técnico del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Oivares Hernández dijo que en esta cabecera municipal hay un virtual toque de queda, porque los negocios redujeron sus horarios y comienzan a cerrar a partir de las 7 de la noche, cuando empieza a oscurecer, y la gente también a esa hora se encierra en sus casas, y únicamente sale por alguna necesidad o urgencia.
Y es que las bandas del crimen organizado que se disputan la plaza no sólo amenazan, actúan. El sábado circuló mediante las redes sociales un mensaje: “les pedimos otras 24 horas para seguir limpiando la plaza”, se dijo en el texto que circuló en redes, y a la mañana del domingo aparecieron los siete cuerpos en bolsas negras a las que les prendieron fuego.
Olivares se preguntó cómo pueden ocurrir estos crímenes espectaculares en una ciudad sitiada por militares y policías. A la salida hacia Chilpancingo y Ayahualulco están dos retenes, el de Los Arcos y el del crucero de Ayahualulco. Rumbo a Tlapa, Ahuacuotzingo y a la salida hacia Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, está otro retén ubicado en el punto conocido como Los Ajos, y rumbo a los pueblos del oriente de la cabecera municipal hay un retén más, cerca de la comunidad de San Ángel, por ese rumbo fueron encontrados el domingo los siete cuerpos.
La duda del director del Centro Morelos es la misma de los chilapeños, un transeúnte cuestionó que cómo entran o salen de la ciudad los integrantes de las bandas criminales después de cometer las ejecuciones, masacres, levantones, o balaceras. “O si no salen y se quedan en la población, ¿cómo es posible que no puedan ser localizados”.

Las amenazas en redes sociales

La jefa de sector de las escuelas del nivel primaria, Juana Pineda aseguró que la violencia no ha tocado a sus compañeros maestros, y que ninguno ha sido asesinado, extorsionado o amenazado de muerte directamente.
Consultada en sus oficinas en las que por temor a la violencia ha reducido su horario de las 9 a las 2 o 3 de la tarde, mientras que antes era de 8 a 5 de la tarde, informó que las amenazas son mediante las redes sociales, pero no puede decir si hay o no condiciones para que los maestros regresen a sus labores.
Aclaró que esta es una decisión que tomarán con sus supervisores, declaró que la autoridad educativa tampoco les puede garantizar seguridad porque le corresponde al gobierno.
Informó que en estos cinco municipios los maestros no han regresado a clases desde el 19 de septiembre, las dos primeras semanas porque las autoridades revisaron posibles daños a las instalaciones educativas. Informó que de las 123 de su sector resultaron con daños de diferente nivel 62 escuelas.
Después los profesores no regresaron por las amenazas que se difundieron mediante las redes sociales, por alguna de las bandas del crimen organizado.
Sin mencionar nombres dijo que no en toda la región se dan estas amenazas, mencionó que hay algunas comunidades del oriente y parte baja de la cabecera municipal, en donde hay gente de la delincuencia que dice a los maestros que regresen a clases, que ellos los van a cuidar y que les digan quiénes los amenazan para que lo arreglen.
Insistió en que son los propios maestros los que toman la decisión de no asistir a sus centros de trabajo, y que no puede obligarlos porque no tiene manera de garantizarles la seguridad.
A unos metros de la jefatura de sector está la escuela primaria José de San Martín, una de las más antiguas de la cabecera municipal, y como todas las de la ciudad permaneció cerrada este lunes. Afuera una pareja que recién acababa de tomar lugar en una jardinera, al notar la presencia de los reporteros disimuladamente se retiró. La misma actitud asumieron la mayoría de los vecinos durante el recorrido.
Como todas las escuelas primarias y de preescolar igual estuvieron cerradas las secundarias, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec), los Conalep y la Preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a pesar de que en un oficio el departamento de Asuntos Jurídicos de la SEG de fecha 28 de octubre notificó que la reanudación de labores sería este lunes 6 de noviembre, como también lo confirmó en entrevista en la mañana el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
Las oficinas administrativas estuvieron abiertas este lunes, aunque el personal labora en un ambiente de tensión y desconfiando de todo el que entra.
En la delegación de servicios educativos el reportero pidió hablar con el delegado Gerónimo Maurilio Morales, pero según su personal estaba en una reunión (aunque pudo ser un pretexto). En las instalaciones había decenas de maestros que esperaban hablar con él.
Un líder magisterial declaró a condición de mantener en el anonimato su identidad por seguridad, que los maestros de esa región se encuentran en una situación “no deseable”.
Aclaró que no tienen nada que ver en la suspensión de clases, “porque nuestra función es precisamente servirle a la sociedad, pero también queremos garantías de seguridad”.
Reprochó que el problema es que frente a la situación de violencia que se vive en la zona y ante las amenazas dirigidas al magisterio nadie de las autoridades se quiere hacer responsable.
“Hemos pedido que alguna autoridad de la región nos dé un documento en el que se hacen responsables, que digan quién está pidiendo que regresemos a clases, pero que sea alguna autoridad que representa la estructura de la SEG y del propio gobierno del estado porque también hay magisterio estatal”, dijo.
Expuso que demandan esta responsiva “porque desafortunadamente estamos viendo en Chilapa que se está dando una situación complicada, tan es así que después de los últimos acontecimientos que ha habido nos han mandado mensajes, además la inseguridad que prevalece es evidente”.
Dijo que no solamente buscan salvaguardar la integridad de los maestros, sino principalmente la de los niños y jóvenes que están a su cargo durante el horario escolar, “eso es lo más importante y, sobre todo eso es lo que tratamos de garantizar, la niñez y la juventud”.
Aseguró que los maestros están conscientes de que están afectando la educación de los niños y jóvenes, pero que tampoco los quieren exponer.
El dirigente magisterial reconoció que no ha habido agresiones directas hacia los maestros, “pero sí muchas amenazas a través de anónimos y que le corresponde a la autoridad investigar, además está implícita la inseguridad y violencia que se está acentuando en la zona, y somos parte de una sociedad que en general está lastimada por la violencia”.
Insistió que a los maestros les corresponde trabajar pero al gobierno brindarles la seguridad correspondiente, “lo que no queremos es que el día de mañana haya un mártir dentro del magisterio y hasta entonces las autoridades digan: pues sí, tenían razón los maestros”.
Informó que en el ambiente de violencia que se vive en su región lo que piden es que se resuelva el problema en general, que no se le dé seguridad nada más al magisterio, sino a los niños, “que es lo más preocupante, porque si llegara a ocurrir una situación lamentable, desafortunadamente a los primeros que van a culpar sería a los maestros, porque no advertimos y pedimos que mandaran a la escuela a los niños”.
El dirigente retó que si la situación de violencia y el riesgo no es real, “entonces que las autoridades de la región Montaña Baja no tengan miedo, que nos manden un escrito en el que nos digan que nos presentemos a trabajar, para que así si suceden las cosas, nosotros los maestros tengamos a quien responsabilizar en un momento dado”.

Detengan los crímenes en Chilapa, exige el obispo a gobierno y narcos

Detengan los crímenes en Chilapa, vuelve a exigir el obispo Rangel a gobierno y crimen organizado

El representante católico pide a las fuerzas de seguridad custodiar las escuelas para que se reanuden las clases, a más de un mes de estar suspendidas, y que la gente pierda el miedo y no se deje llevar por rumores

Luis Daniel Nava

Chilapa

El obispo Salvador Rangel Mendoza volvió a exigir a todas las autoridades y al crimen organizado detener los asesinatos en Chilapa.
Pidió a las fuerzas de seguridad custodiar las escuelas para que se reanuden las clases, a más de un mes de estar suspendidas, y que la gente pierda el miedo y no se deje llevar por rumores.
Recriminó a los políticos “chapulines” que ya quieren saltar de un cargo a otro o de partido, y pidió a la ciudadanía buscar a políticos que realmente la apoyen, que no sólo velen para engordar su patrimonio.
Consultado al término de su misa dominical en la catedral de esta ciudad, el obispo Salvador Rangel, de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, lamentó que se sigan cometiendo homicidios en el municipio e insistió en pedir una tregua y diálogo.
“Una vez más la exhortación a todas las autoridades y a las personas que están cometiendo los asesinatos, a que ya hagan un alto, debemos de respetar la vida, valorarla. Es penoso que sucedan estas cosas, ciertamente tendrán un origen, pero valdría la pena a que nos sentáramos a platicar, a dialogar, a ver la forma de cómo parar estos asesinatos”.
Acerca del cierre de escuelas de todos los niveles educativos, en al menos siete municipios que conforman la región educativa Montaña baja, el prelado respondió:
“No estoy de acuerdo para nada en que estén cerrando las escuelas, es un derecho constitucional el que tenemos de instruir a los hijos, niños, jóvenes. Realmente es una pena que estén cerradas las escuelas”.
“Es una vergüenza para toda esta gente de Chilapa, incluso para las autoridades, permitir que las escuelas estén cerradas, yo que sepa en ningún municipio de México están cerradas las escuelas, no sé si sea una orden estatal, una orden nacional. Dios quiera que se abran las escuelas este lunes”.
Invitó a las fuerzas de seguridad a cuidar las escuelas para que pudieran reanudar labores y que la gente no se deje llevar por rumores.
“Tenemos tanta gente custodiando Chilapa, desde el Ejército, Policía Federal, estatal y municipal, se pueden poner todos de acuerdo en cuidar las escuelas y así hacer un acto valiente para abrirlas, porque muchas veces son rumores, puros rumores que van atacar las escuelas y la gente se deja llevar por los rumores”.
“Aquí es donde debemos perder el miedo y que se empodere la ciudadanía. Es un derecho constitucional, la educación, y nadie no lo puede quitar”.
Sobre el enfrentamiento la tarde del sábado entre civiles armados y la Policía Estatal cerca del campo de aviación de la capital del estado, el obispo dijo que la seguridad pública está fallando en todo la entidad.
“Como ya he dicho, debemos ver porqué se originan estos enfrentamientos. Uniéndonos, toda la ciudadanía, podemos dar cierta solución a estos problemas”.
Sobre la actividad y el proselitismo de funcionarios, políticos y partidos con miras a la elección de 2018, el obispo Salvador Rangel opinó:
“Los famosos chapulines que brincan de un puesto a otro. Yo no estoy de acuerdo con los chapulines, sobre todo los que cambian de partido, de camiseta. Pero lo que yo le diría a la ciudadanía es que elijamos a esas personas que nos puedan apoyar. Nos estamos quejando de la inseguridad, de la falta de oportunidades y es cosa de buscar esos políticos que realmente nos apoyen, que no sólo velen por sus propios intereses o engorden su patrimonio”, finalizó.

Nuevas amenazas del crimen organizado a maestros de la Montaña Baja impiden el regreso a las escuelas

En redes sociales les dicen que no se presenten a laborar y advierten, “no queremos lastimarlos y no nos están dejando alternativas”. Los maestros proponen por Whatsapp no regresar a clases. En Chilapa y otros seis municipios  663 escuelas con 62 mil 300 alumnos y 3 mil 400 maestros y personal de apoyo están cerradas desde el 19 de septiembre

Zacarías Cervantes y Luis Daniel Nava

Chilpancingo y Chilapa

Mientras que la Secretaría de Educación (SEG), envió un oficio a los maestros de la región Montaña Baja para que se presenten a trabajar a partir de hoy lunes, ayer circularon nuevas amenazas del crimen organizado en contra de los maestros a través de las redes sociales, para que no se presenten a laborar, “no queremos lastimarlos y no nos están dejando alternativas”, dice la advertencia.
Los maestros circularon un aviso en grupos de Whatsapp, en el que proponen no ir a sus labores, “estamos conscientes que los padres de familia y los niños quieren que haya clases, pero no depende de nosotros, depende del gobierno estatal y federal (son los responsables), no los maestros”, dicen.
La Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió el 28 de octubre el oficio 1.0.1/2017/2808, al sector educativo de la región Montaña Baja en el que notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas, tras el sismo del 19 de septiembre, se termina el próximo 6 de noviembre, que es mañana.
El oficio firmado por el director general de la Unidad, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas ubicadas en dicha región “lleva un avance significativo y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
El funcionario notificó a los maestros que “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días (del 28 de octubre al 6 de noviembre) quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Sin embargo, a unas horas del retorno a clases, un grupo de la delincuencia organizada lanzó este domingo una nueva amenaza en contra de los maestros, que intimidó a los maestros de esa región.
La amenaza, transcrita textual y con las faltas de ortografía es la siguiente: “Aver maestritos pendejos como van a entender que nada de claces en chilapa no sean pendejos no queremos lastimarlos y no estan dejando alternativas. Bola de pendejos entenderan hasta que la mera reata les de una violada a las maestritas sabrosas del quinderr. I a ustedes maestros pendejos igos de su puta madre esten en su funeral no clases em todo chilapa y zus aleededores entiendan”
Algunos de estos mensajes se difundieron junto con fotografías de los cuerpos encontrados la mañana de este domingo en Chilapa en bolsas negras, con el siguiente pie de foto: “Los restos descuartizados de un número aún no determinado de personas, fueron hallados dentro de 8 bolsas de plástico, a las que también les prendieron fuego a un costado de la carretera Chilapa-Acatzacatla, a la altura del punto conocido como Las Pilas.
Luego de la nueva amenaza, algunos maestros de la región, mediante mensajes a través de sus grupos de Whatsapp, analizaron la posibilidad de no regresar a sus centros de trabajo este lunes.
El aviso de los profesores, establece: “Ante la situación que vivimos, es necesario esperar la notificación oficial por la SEG (sobre la reanudación de labores); no es un asunto que depende de nosotros, es un asunto estatal y federal. La notificación debe llegar por la vía debida, por el delegado regional, inspectores y supervisores escolares”.
Sigue: “Varios quieren regresar a las escuelas y es correcto, pero debe ser oficialmente y todos, no de manera aislada e individualizada. Así mismo, estamos conscientes que los padres de familia y los niños quieren que haya clases, pero no depende de nosotros, depende del gobierno estatal y federal (son los responsables) no los maestros”.
El texto concluye: “El rezago académico, el atraso de las estadísticas y evaluaciones es responsabilidad de las autoridades educativas superiores y del gobierno estatal y federal”.
Organismos como el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, han aclarado que la SEG sigue utilizando la justificación de que las clases se encuentran suspendidas para revisar las escuelas por los daños ocasionados por el sismo, pero que en realidad los maestros no han regresado a clases desde el 19 de septiembre por el temor a la violencia y a las amenazas del crimen organizado en esa región que se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.
En las escuelas de todos los niveles de la región Montaña Baja continúa la incertidumbre sobre el regreso a clases mañana martes 7.
Maestros y representantes sindicales consultados dijeron que aún hay miedo e incertidumbre de viajar hacia Chilapa, en el caso de los profesores originarios de los municipios de Acapulco, Chilpancingo o Tixtla.
Las mismas fuentes informaron que han manifestado esta preocupación al delegado de Servicios Educativos de La Montaña Baja, Jerónimo Maurilio Morales, quien les habría contestado que no deberían de arriesgar su integridad física y que en caso de que algún supervisor, jefe de sector, director o docente quiera laborar, la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se deslinda de lo que pudiera suceder.
En la ciudad de Chilapa, hasta el viernes pasado los colegios privados Carrillo Cárdenas y el Plancartino Morelos tomaron el acuerdo de reanudar clases este martes 7 de noviembre, en una postura similar se encuentra la preparatoria por cooperación José Vasconcelos y el plantel de la Universidad Tecnológica.
Las escuelas restantes de todos los niveles en la ciudad y la mayoría de las de la región, integrada de siete municipios, no han informado de su regreso a clases y su último informe a los padres de familia es reanudar “hasta nuevo aviso”.
Sólo en la ciudad de Chilapa hay  50 planteles con 10 mil 100 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria; mientras que en toda la región en el mismo nivel básico hay un total 663 escuelas con más de 62 mil 300 alumnos atendidos por 3 mil 400 maestros y personal de apoyo.
En la región sólo laboran con normalidad los planteles del Colegio de Bachilleres ubicados en Zitlala y Atlixtac.

Daña a toda la población la disputa criminal en Chilapa, con escuelas cerradas y el transporte interrumpido

Los maestros se niegan a reanudar labores ante la inseguridad y amenazas, y los padres no quieren enviar a sus hijos a estudiar, afirma el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz. El líder de Los Ardillos, Celso Ortega tiene bajo su total dominio el municipio, y su hermano el político perredista Bernardo protege a su familia, señala. Hay más de 600 planteles educativos cerrados en la región, dice el Centro Morelos. El servicio de camionetas de pasajeros a Chilpancingo se suspendió totalmente en septiembre y octubre, tras el asesinato de choferes, y no se ha regularizado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La imparable violencia por la disputa del territorio entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos afecta directamente ya a toda la población de Chilapa, donde no hay actividades escolares y se ha interrumpido el servicio de transporte público.
Ante la inseguridad y amenazas del crimen organizado a maestros, se mantienen cerradas las escuelas desde hace seis semanas en los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, mientras que el servicio de camionetas en la ruta Chilapa-Chilpancingo se interrumpió en septiembre y octubre tras una ola de asesinatos de choferes, y no se ha normalizado.
En este contexto de violencia la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió un enésimo oficio, el 1.0.1/2017/2808, de fecha 28 de octubre, a los maestros de la región Montaña Baja en el que les notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas se termina el próximo lunes 6 de noviembre.
Sin embargo, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, aseguró que la suspensión de clases que lleva ya seis semanas no es por la “revisión de las condiciones estructurales” de las escuelas, sino porque los maestros se niegan a ir a sus centros de trabajo ante el riesgo de violencia, e igual los padres de familia no quieren enviar a sus hijos.
Díaz Navarro, quien es maestro jubilado, dijo que debido a la violencia no hay condiciones para que los maestros regresen a sus centros de trabajo el próximo lunes.

Por su parte, el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, en declaraciones publicadas ayer en este diario dijo que no existe una operación de seguridad específica  para atender la demanda de profesores que suspendieron clases en Chilapa. Sin embargo, consideró posible que este lunes se reanuden las labores en los planteles educativos.
“Estoy convencido de que existen acciones por pare de la SEG que buscan generar las condiciones de seguridad para que las escuelas puedan abrir  este próximo lunes”, indicó.
El oficio dirigido al “sector educativo de la región Montaña Baja”, firmado por el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas de esa región “lleva un avance significativo, y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
Con fecha del 28 de octubre el funcionario notificó a los maestros de esa región que, “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Antes de este documento la autoridad de la SEG había enviado otros tres oficios en los que ha prorrogado la normalización de las clases en esos tres municipios. En ellos se ha esgrimido la misma causa: la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas.
Pero Díaz Navarro dijo que el problema por el que las escuelas están cerradas desde hace seis semanas no es el sismo, “definitivamente el problema es por la inseguridad pero están agarrando como excusa que es por el sismo”, afirmó el maestro jubilado.
Aseguró que las escuelas de esta zona de la Montaña Baja quedaron “totalmente a salvo” de los daños del sismo, y denunció que “aquí lo que está presente es la mano de la delincuencia, son las amenazas a los maestros, a la sociedad, a todo Chilapa”.
El presidente del Colectivo Siempre Vivos señaló concretamente que quien “está metiendo la mano es (el líder del grupo criminal Los Ardillos) Celso Ortega Jiménez, quien está amenazando y ya tiene bajo su total dominio a todo el municipio de Chilapa, es él el que está metiendo las manos para adueñarse del transporte y ahora se está adueñando hasta de las vidas de los habitantes del municipio de Chilapa, de las escuelas, y no hay quien lo pare, y aquí hay complicidad de (su hermano el político perredista) Bernardo Ortega Jiménez quien está protegiendo a su familia”.
Los municipios de la Montaña Baja se vieron afectados por la violencia desde el 15 de septiembre cuando los sitios de transporte público de las empresas Morelos y Transportes de la Montaña, que cubren la ruta Chilapa-Chilpancingo, suspendieron temporalmente su servicio debido a la violencia que azota al municipio.
Los choferes de las Urvan se negaron a prestar el servicio luego de que la tarde del día anterior cerca de la comunidad del Ahuejote, municipio de Tixtla, un chofer del sitio Morelos fue asesinado por hombres armados. Antes, el 1º de septiembre, tres choferes de ambas empresas fueron ejecutados en la comunidad de Zoquiapa, municipio de Tixtla. Desde entonces continúan las ejecuciones de los transportistas y el servicio no se ha regularizado.
Mientras tanto, las escuelas comenzaron a cerrar a partir de los primeros días de octubre, cuando varias camionetas con hombres armados comenzaron a recorrer las calles de Chilapa y de comunidades vecinas. La situación se agravó el 12 de octubre. Desde la mañana los vecinos de las áreas del centro de la cabecera municipal reportaron a hombres armados, encapuchados y a bordo de camionetas que circulaban por varias calles, lo que provocó el pánico que vació la plaza cívica y obligó a la suspensión de clases.
En la tarde el gobierno estatal por medio de su vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia aclaró que recorrió la cabecera municipal personal de seguridad.
Sin embargo las amenazas de un grupo del crimen organizado a los maestros para que suspendieran clases continuaron y entonces la SEG, a través del director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, comenzó a enviar oficios al personal de las escuelas de la Montaña Baja autorizando la “suspensión temporal” y anunciando que “quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas”. Las prórrogas a esta suspensión se han dado en tres ocasiones y la última fue mediante oficio del 28 de octubre ampliando la suspensión de clases hasta este próximo 6 de noviembre.
La zozobra de los maestros, choferes y vecinos de estos tres municipios es justificada. En los últimos dos años han estado sometidos a una violencia que no cesa, como consecuencia de la guerra entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el territorio. Los tres niveles de gobierno han reconocido que estos grupos son Los Ardillos y Los Rojos.

Ejecutados por la narcoviolencia

La guerra entre estos dos grupos, según un recuento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dejó desde 2016 a septiembre de 2017, 282 víctimas sólo en Chilapa, de las cuales 22 fueron mujeres.
El registro de hechos violentos en este año son, en enero 15 ejecutados y dos desmembrados, en febrero 14 ejecutados y un desmembrado. Mientras tanto en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado. En abril 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados, en mayo cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados, 15 decapitados y un herido.
En junio se contabilizaron 24 ejecutados, un decapitado, un lapidado y dos heridos, en julio 15 ejecutados, cinco desmembrados, tres decapitados y ocho heridos. En agosto seis ejecutados, tres desmembrados, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza, en septiembre ocho ejecutados, un herido y el hallazgo de bolsas con restos humanos y no se confirmó a cuantos cadáveres correspondieron estos restos.
Mientras tanto el recuento desde el 2016 es de ocho secuestrados, 26 heridos, 41 desaparecidos y 205 asesinados, de los cuales 23 fueron decapitados, 68 ejecutados con arma de fuego, seis calcinados, 16 desmembrados, y 33 murieron en enfrentamientos.
Asimismo se hallaron cuatro osamentas y 56 restos de cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas.
Además de la cabecera municipal, las acciones violentas se han presentado en Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa,
Mientras tanto un recuento de El Sur publicado en la edición del 2 de noviembre, destaca que de las 194 personas asesinadas en Guerrero en el mes de octubre ocurrieron en Chilapa 25 de ellas, cifra solamente superada por Acapulco en donde ocurrieron 71 asesinatos y en Zitlala fueron cinco.
Para el Centro Morelos las estrategias de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, en esta zona son rezagadas, “y sólo abonan a la simulación, pues a pesar de que se encuentran repletos de policías estatales, y militares, la criminalidad se incrementa. Todos los días hay cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense asesinados”, dijo en un diagnóstico de la violencia en la zona.
“Chilapa se distingue por ser uno de los municipios más militarizados y con el mayor número de policías, pero también con el mayor índice de criminalidad, actualmente, a nueve meses del presente año hay alrededor de 220 asesinados y más de 100 desaparecidos que no se explican si no se toma en cuenta la corrupción y complicidad de gobernantes y autoridades de los tres niveles con los diferentes grupos que se disputan el control del territorio”, dijo en su escrito el organismo.
Destacó que para nadie es un secreto la crisis que se ha vivido en el sector del transporte público, el cual después de sufrir el asesinato de varios choferes y el incendio de diversas unidades, han suspendido por varios días y en distintos momentos el servicio, ocasionando graves daños económicos para las familias de los usuarios como de los choferes”.
Añadió que algo más grave aún, es que el accionar de los grupos de la delincuencia organizada “han provocado por medio de amenazas que más de 600 planteles educativos de la Montaña Baja se encuentran cerrados desde el 20 de septiembre (un día después del sismo) y que alrededor de 60 mil estudiantes no hayan tenido clases”.
El organismo subrayó que la SEG sigue manejando la “justificación ya absurda” del sismo del 19 de septiembre “insultando con ello la inteligencia de la ciudadanía”.

Dejan siete cuerpos desmembrados en ocho bolsas quemadas en la periferia de Chilapa

En la Costa Grande, ejecutan a dos hombres maniatados en Atoyac y en La Unión
Luis Blancas y Francisco Magaña

Chilpancingo y Atoyac

Los cuerpos de siete hombres desmembrados fueron hallados la mañana de ayer en ocho bolsas de plástico negras quemadas en la colonia Las Margaritas, en la periferia de la cabecera municipal de Chilapa. Por otra parte, en la Costa Grande, un hombre de 55 años fue ejecutado a balazos en La Unión y un joven de 28 en los límites del municipio de Atoyac y San Jerónimo.
En el caso de Chilapa, en un primer momento fuentes de la Fiscalía General del Estado  (FGE) informaron que probablemente fueran cinco los cuerpos en las ocho bolsas pero no habían confirmado esta información. Después, a las 3:15 de la tarde las fuentes dijeron que los restos humanos hallados en las bolsas de plástico eran de ocho hombres. Finalmente, minutos antes de las  5 de la tarde rectificaron y aclararon que se trataba de siete personas.
En lo que va del año en Chilapa suman 205 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 9:18 de la mañana recibieron un reporte sobre el hallazgo de restos humanos en bolsas negras en la carretera Chilapa-Acazacatla.
Al lugar acudieron policías que hallaron en la calle 11 Oriente de la colonia Las Margaritas, ubicada en la salida hacia Acazacatla, restos humanos desmembrados en ocho bolsas de plástico, a las que los agresores les prendieron fuego.
En la orilla de la carretera de terracería se observaron ocho bolsas de plástico negras con restos humanos que se estaban quemando, en algunas bolsas que estaba rotas se veían las piernas y brazos de la víctimas.
Policías municipales, estatales y ministeriales acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes.
Los restos de los siete hombres desmembrados sin identificar fueron trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para realizar las pruebas de ADN para su identificación.
A pesar de los planes operativos de seguridad anunciados por el gobierno del estado para bajar los índices de violencia en Chilapa, éstos continúan debido a la disputa del territorio entre grupos de la delincuencia organizada.
El viernes, un comerciante de 19 años fue ejecutado a balazos frente a una vulcanizadora en el bulevar Eucaria Apreza, en la colonia La Joya de Chilapa.
El miércoles una taxista y un hombre fueron ejecutados a balazos en distintos hechos de violencia en este municipio.
Hace nueve días, los cuerpos de dos hombres calcinadas fueron encontrados en la cajuela de un vehículo incendiado en el camino de terracería cerca de la comunidad de Acazacatla en Chilapa.
El 20 de octubre, un hombre murió al recibir atención médica en el hospital general de Chilapa, luego de ser atacado a balazos en la colonia Centro en Chilapa.
El 19 de ese mes el cuerpo de un hombre calcinado fue encontrado adentro de un vehículo incendiado en el camino que conduce a Acazacatla, a unos 15 minutos de Chilapa.
El 14 de octubre fue torturado y ejecutado el dirigente social y ex presidente estatal del PRD, y miembro del Movimiento Pro AMLO, Ranferi Hernández Acevedo, y fue hallado dentro de su camioneta quemada junto a su esposa, su suegra y su chofer.
El 6 de octubre, un estudiante de la preparatoria 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero  (UAG), decapitado fue encontrado en la calle 10 Poniente en la colonia Progreso en Chilapa.

Un cuerpo tirado en una carretera  en La Unión

El cuerpo de un hombre de unos 55 años de edad, ejecutado a balazos, atado de manos y vendado de los ojos, fue encontrado en la carretera que se dirige a la comunidad de Feliciano, en el municipio de La Unión.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 9:30 de la mañana recibieron el reporte de que había una persona asesinada cerca de esta comunidad.
El cuerpo de la víctima estaba tendido boca arriba y en la orilla de la carretera, vestía pantalón de mezclilla azul, playera gris y tenis negros. Las fuentes informaron que tenía dos impactos de bala en la tetilla izquierda y en la cabeza.
Cerca de la comunidad Feliciano llegaron policías municipales, estatales y militares quienes acordonaron la zona  y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.
El hombre fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense en Zihuatanejo, para su posible identificación.

Asesinan a un joven maniatado, en los límites de Atoyac y San Jerónimo.

?Un joven de unos 28 años de edad fue hallado asesinado a balazos y con las manos atadas con cuerda de plástico en la zona baja del municipio de Atoyac, cerca de los límites con Benito Juárez (San Jerónimo).
Fuentes de seguridad pública informaron que huerteros y vecinos reportaron a las autoridades el hallazgo a las 8 de la mañana de este domingo.
La víctima fue encontrada en un basurero en la carretera que comunica la comunidad de Corral Falso con San Jerónimo.
Vestía pantalón azul marino, playera gris y tenis azul con gris.
Tenía disparos de arma de fuego en espalda, cuello y cabeza. Se desconoce calibre pues no se encontraron casquillos en el lugar de los hechos.
Se localizó una credencial emitida por el Consejo Estatal del Mango como productor a nombre de Jesús Ortiz N originario de Papanoa municipio de Tecpan.
El cuerpo fue llevado a la funeraria Sarabia en Atoyac para la necropsia de ley y para que sea reclamado por sus parientes.

Daña a toda la población la disputa criminal en Chilapa, con escuelas cerradas y el transporte interrumpido


La imparable violencia por la disputa del territorio entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos afecta directamente ya a toda la población de Chilapa, donde no hay actividades escolares y se ha interrumpido el servicio de transporte público.
Ante la inseguridad y amenazas del crimen organizado a maestros, se mantienen cerradas las escuelas desde hace seis semanas en los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, mientras que el servicio de camionetas en la ruta Chilapa-Chilpancingo se interrumpió en septiembre y octubre tras una ola de asesinatos de choferes, y no se ha normalizado.
En este contexto de violencia la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió un enésimo oficio, el 1.0.1/2017/2808, de fecha 28 de octubre, a los maestros de la región Montaña Baja en el que les notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas se termina el próximo lunes 6 de noviembre.
Sin embargo, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, aseguró que la suspensión de clases que lleva ya seis semanas no es por la “revisión de las condiciones estructurales” de las escuelas, sino porque los maestros se niegan a ir a sus centros de trabajo ante el riesgo de violencia, e igual los padres de familia no quieren enviar a sus hijos.
Díaz Navarro, quien es maestro jubilado, dijo que debido a la violencia no hay condiciones para que los maestros regresen a sus centros de trabajo el próximo lunes.

Por su parte, el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, en declaraciones publicadas ayer en este diario dijo que no existe una operación de seguridad específica  para atender la demanda de profesores que suspendieron clases en Chilapa. Sin embargo, consideró posible que este lunes se reanuden las labores en los planteles educativos.
“Estoy convencido de que existen acciones por pare de la SEG que buscan generar las condiciones de seguridad para que las escuelas puedan abrir  este próximo lunes”, indicó.
El oficio dirigido al “sector educativo de la región Montaña Baja”, firmado por el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas de esa región “lleva un avance significativo, y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
Con fecha del 28 de octubre el funcionario notificó a los maestros de esa región que, “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Antes de este documento la autoridad de la SEG había enviado otros tres oficios en los que ha prorrogado la normalización de las clases en esos tres municipios. En ellos se ha esgrimido la misma causa: la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas.
Pero Díaz Navarro dijo que el problema por el que las escuelas están cerradas desde hace seis semanas no es el sismo, “definitivamente el problema es por la inseguridad pero están agarrando como excusa que es por el sismo”, afirmó el maestro jubilado.
Aseguró que las escuelas de esta zona de la Montaña Baja quedaron “totalmente a salvo” de los daños del sismo, y denunció que “aquí lo que está presente es la mano de la delincuencia, son las amenazas a los maestros, a la sociedad, a todo Chilapa”.
El presidente del Colectivo Siempre Vivos señaló concretamente que quien “está metiendo la mano es (el líder del grupo criminal Los Ardillos) Celso Ortega Jiménez, quien está amenazando y ya tiene bajo su total dominio a todo el municipio de Chilapa, es él el que está metiendo las manos para adueñarse del transporte y ahora se está adueñando hasta de las vidas de los habitantes del municipio de Chilapa, de las escuelas, y no hay quien lo pare, y aquí hay complicidad de (su hermano el político perredista) Bernardo Ortega Jiménez quien está protegiendo a su familia”.
Los municipios de la Montaña Baja se vieron afectados por la violencia desde el 15 de septiembre cuando los sitios de transporte público de las empresas Morelos y Transportes de la Montaña, que cubren la ruta Chilapa-Chilpancingo, suspendieron temporalmente su servicio debido a la violencia que azota al municipio.
Los choferes de las Urvan se negaron a prestar el servicio luego de que la tarde del día anterior cerca de la comunidad del Ahuejote, municipio de Tixtla, un chofer del sitio Morelos fue asesinado por hombres armados. Antes, el 1º de septiembre, tres choferes de ambas empresas fueron ejecutados en la comunidad de Zoquiapa, municipio de Tixtla. Desde entonces continúan las ejecuciones de los transportistas y el servicio no se ha regularizado.
Mientras tanto, las escuelas comenzaron a cerrar a partir de los primeros días de octubre, cuando varias camionetas con hombres armados comenzaron a recorrer las calles de Chilapa y de comunidades vecinas. La situación se agravó el 12 de octubre. Desde la mañana los vecinos de las áreas del centro de la cabecera municipal reportaron a hombres armados, encapuchados y a bordo de camionetas que circulaban por varias calles, lo que provocó el pánico que vació la plaza cívica y obligó a la suspensión de clases.
En la tarde el gobierno estatal por medio de su vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia aclaró que recorrió la cabecera municipal personal de seguridad.
Sin embargo las amenazas de un grupo del crimen organizado a los maestros para que suspendieran clases continuaron y entonces la SEG, a través del director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, comenzó a enviar oficios al personal de las escuelas de la Montaña Baja autorizando la “suspensión temporal” y anunciando que “quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas”. Las prórrogas a esta suspensión se han dado en tres ocasiones y la última fue mediante oficio del 28 de octubre ampliando la suspensión de clases hasta este próximo 6 de noviembre.
La zozobra de los maestros, choferes y vecinos de estos tres municipios es justificada. En los últimos dos años han estado sometidos a una violencia que no cesa, como consecuencia de la guerra entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el territorio. Los tres niveles de gobierno han reconocido que estos grupos son Los Ardillos y Los Rojos.

Ejecutados por la narcoviolencia

La guerra entre estos dos grupos, según un recuento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dejó desde 2016 a septiembre de 2017, 282 víctimas sólo en Chilapa, de las cuales 22 fueron mujeres.
El registro de hechos violentos en este año son, en enero 15 ejecutados y dos desmembrados, en febrero 14 ejecutados y un desmembrado. Mientras tanto en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado. En abril 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados, en mayo cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados, 15 decapitados y un herido.
En junio se contabilizaron 24 ejecutados, un decapitado, un lapidado y dos heridos, en julio 15 ejecutados, cinco desmembrados, tres decapitados y ocho heridos. En agosto seis ejecutados, tres desmembrados, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza, en septiembre ocho ejecutados, un herido y el hallazgo de bolsas con restos humanos y no se confirmó a cuantos cadáveres correspondieron estos restos.
Mientras tanto el recuento desde el 2016 es de ocho secuestrados, 26 heridos, 41 desaparecidos y 205 asesinados, de los cuales 23 fueron decapitados, 68 ejecutados con arma de fuego, seis calcinados, 16 desmembrados, y 33 murieron en enfrentamientos.
Asimismo se hallaron cuatro osamentas y 56 restos de cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas.
Además de la cabecera municipal, las acciones violentas se han presentado en Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa,
Mientras tanto un recuento de El Sur publicado en la edición del 2 de noviembre, destaca que de las 194 personas asesinadas en Guerrero en el mes de octubre ocurrieron en Chilapa 25 de ellas, cifra solamente superada por Acapulco en donde ocurrieron 71 asesinatos y en Zitlala fueron cinco.
Para el Centro Morelos las estrategias de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, en esta zona son rezagadas, “y sólo abonan a la simulación, pues a pesar de que se encuentran repletos de policías estatales, y militares, la criminalidad se incrementa. Todos los días hay cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense asesinados”, dijo en un diagnóstico de la violencia en la zona.
“Chilapa se distingue por ser uno de los municipios más militarizados y con el mayor número de policías, pero también con el mayor índice de criminalidad, actualmente, a nueve meses del presente año hay alrededor de 220 asesinados y más de 100 desaparecidos que no se explican si no se toma en cuenta la corrupción y complicidad de gobernantes y autoridades de los tres niveles con los diferentes grupos que se disputan el control del territorio”, dijo en su escrito el organismo.
Destacó que para nadie es un secreto la crisis que se ha vivido en el sector del transporte público, el cual después de sufrir el asesinato de varios choferes y el incendio de diversas unidades, han suspendido por varios días y en distintos momentos el servicio, ocasionando graves daños económicos para las familias de los usuarios como de los choferes”.
Añadió que algo más grave aún, es que el accionar de los grupos de la delincuencia organizada “han provocado por medio de amenazas que más de 600 planteles educativos de la Montaña Baja se encuentran cerrados desde el 20 de septiembre (un día después del sismo) y que alrededor de 60 mil estudiantes no hayan tenido clases”.
El organismo subrayó que la SEG sigue manejando la “justificación ya absurda” del sismo del 19 de septiembre “insultando con ello la inteligencia de la ciudadanía”.

Se apoyará a las familias de los policías de Ahuacuotzingo, informa el gobernador

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que dio órdenes para atender a las familias de los policías asesinados en la emboscada en Ahuacuotzingo para robarles 977 mil pesos del programa Prospera.
“Nos enteramos ayer que no tenían seguro de vida, yo creo que el gobierno del estado debe ser sensible y ver cómo ayudar”, agregó.
Consultado al concluir el acto de destrucción de armas, Astudillo Flores informó que durante todo el miércoles estuvo en contacto con el Fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez, para pedirle en que estuvieran pendientes las áreas sociales para atender a las familias de los policías municipales.
Reconoció que hubo una serie de problemas en la entrega de los cuerpos de los policías, el cual se resolvió poco a poco para evitar problemas a las familias.
Señaló que ante la noticia de que los policías asesinados en la emboscada no tenían seguro de vida, hace pensar que no sea el único caso en el estado.
“Yo creo que es un buen momento para revisar los casos y las condiciones sociales en las que están, creo que es un tema que se debe de retomar, lamentablemente derivado de este acontecimiento”.
Insistió que este hecho obliga al gobierno estatal a revisar los casos de los policías municipales a través del secretario Técnico de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Pública para determinar el tamaño de la ausencia de las prestaciones sociales de los policías.
Dijo que en dos ocasiones ha hablado con el alcalde, Gerzaín Hernández Casarrubias pero no se abordó el tema de los seguros de vida, aunque señaló que el estado apoyará a las familias en ese tema.
“Hay que conocer exactamente el porqué se está contratando policías sin ninguna prestación social, hay que recordar que hay un fondo que es precisamente el Fortamun, que funciona para todo este tipo de acciones”, agregó.
Recordó que cuando él ha convocado y demandado la participación de los alcaldes con los cuerpos policiales para enfrentar a los grupos delincuenciales es dentro de sus responsabilidades.
“La fiscalía viene realizando una serie de acciones de investigaciones apoyados también por la policía del estado y en lo que puede hacer la Secretaría de la Defensa Nacional para intentar lograr capturar a los asesinos de estas personas”, agregó.
Comentó que hay datos importantes sobre la investigación, pero debido al sigilo del proceso no puede compartirlos por el nuevo sistema penal acusatorio.
Asimismo, Astudillo Flores informó que ante los hechos de violencia registrados en Chichihualco, donde murió un policía federal, se determinó continuar con un operativo de seguridad.
“Hay un operativo en este momento, derivado de esos acontecimientos”.
Recordó que ayer platicó con el presidente Enrique Peña Nieto, quien le dijo que esta atento a los hechos de Guerrero y sobre todo solidario.

Matan a 5 policías y a 2 custodios de Bansefi en Ahuacuotzingo; roban 977 mil pesos de Prospera

Ayer cinco policías municipales y dos custodios del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) que llevaban dinero del programa federal Prospera, fueron asesinados en una emboscada entre las localidades de Tecolcuautla y Rincón de Cozahuapa en el municipio de Ahuacuotzingo.
Según fuentes policiacas los asaltantes se robaron 977 mil pesos y asesinaron a los siete agentes en la brecha que conduce a la comunidad de Zompazolco.
El reporte policiaco dice que minutos antes de las 10 de la mañana se difundió la primera versión de la emboscada a policías municipales. Se dio a conocer el asesinato de cinco policías y la desaparición de dos empleados de Prospera, que más tarde se supo que eran custodios y fueron asesinados en el ataque.
El vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó que a las 9 de la mañana llegó el primer reporte a la Secretaría de Seguridad Pública, y se movilizaron Ejército, Policía Federal y Estatal.
La versión oficial dice que la emboscada sucedió en el camino de terracería que comunica a la cabecera municipal de Ahuacuotzingo con la comunidad de Zompazolco, en donde se pretendía hacer el primer pago de Prospera.
Saliendo de una curva la patrulla 003 de la Policía Municipal fue recibida a balazos desde diferentes ángulos, principalmente de frente. En el cofre y el parabrisas se contaron 45 impactos de bala de diferentes calibres, entre éstos de AK-47 conocidos como cuerno de chivo.
La camioneta quedó del lado izquierdo de la carretera sobre una zanja llena de maleza. Tres policías municipales quedaron en la batea de la camioneta, mientras que los otros dos quedaron dentro de la cabina en el asiento del chofer y del copiloto.
En fotografías difundidas por el vocero de seguridad se observan impactos de bala en la carrocería del lado del copiloto, el toldo y las puertas traseras de la patrulla doble cabina de la camioneta marca Toyota.
En el asiento trasero quedaron los cuerpos de los dos custodios de Bansefi que recibieron impactos de bala en la cabeza y otras partes del cuerpo, quienes llevaban chalecos antibalas y se les notan los impactos de las balas sobre las placas.
Según la versión del vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, los dos empleados de Bansefi habían sido retenidos y llevados a otro lugar lejos de la emboscada y los ejecutaron. Sin embargo, en una foto difundida por la misma fuente oficial aparecen los custodios acribillados dentro de la misma patrulla.
Afirmó que la empleada que sirve de enlace entre la comunidad y Bansefi recibió un balazo en el brazo izquierdo durante el ataque, y caminó a un lugar donde tenía señal celular para llamar a sus jefes inmediatos y pidió auxilio.
Al lugar llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes encontraron en el piso del lado derecho de la patrulla sobre la tierra cuatro terminales bancarias.
De los cinco policías preventivos municipales asesinados tres eran originarios de la cabecera municipal de Ahuacuotzingo, uno de Mitlanzingo y uno más de Santa Catarina.
Según las fuentes consultadas, Zompazolco, donde ocurrió el ataque, queda a dos horas de la cabecera municipal rumbo a Rincón de Cozahuapa.

Lamenta el ataque el delegado de Prospera

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, Armando Soto Díaz dijo al mediodía vía telefónica que la responsabilidad de hablar al respecto es del delegado del programa Prospera en Guerrero, José Antonio Abad Mena.
En breves declaraciones Abad Mena desmintió que estuvieran desaparecidos trabajadores de Prospera, como se había dado a conocer en el primer reporte policiaco.
Agregó que los que viajaban a la comunidad eran trabajadores de Bansefi, y sin entrar en detalles lamentó el ataque.
A las 12:50 de la tarde se buscó a la síndica del Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, Teresa García Casarrubias, quien dijo que el único autorizado para dar información sobre la emboscada era el encargado de Seguridad Pública del municipio, quien en ese momento se trasladó al lugar de los hechos donde no hay señal de celular.
En la tarde se buscó al alcalde panista Gerzaín Hernández Casarrubias quien informó que el Cabildo tenía una reunión al respecto del ataque y que no podía hacer declaraciones.

Reforzará su seguridad, Bansefi

Desde la Ciudad de México Bansefi emitió un boletín de prensa en el que lamenta el ataque, y dice que reforzará la seguridad, que firmará un convenio con la Comisión Nacional de Seguridad, para que la Policía Federal resguarde el traslado de dinero del programa Prospera.
En otra versión de los hechos se da a conocer que los trabajadores de Bansefi tenían como destino Tecozajca, porque es la comunidad más grande de la región y sede para el pago en efectivo de las cuatro localidades y rancherías de la zona.
Tecozajca se localiza a una hora y media de la cabecera, entrando por el crucero de Tepoztlán, ubicado en la última desviación de la carretera Chilapa- Ahuacuotzingo.
Reportes oficiales indican que esa es una zona ganadera y agrícola, pero a pesar de esto la identifican como zona complicada por la presencia de grupos armados –se desconoce si son autodefensas o grupos que de dedican a asaltar con armas de alto poder– en donde no hay presencia del Ejército, ni la Policía Federal o estatal.
El primero de junio en un hecho similar tres policías municipales de Cualac fueron asesinados, otros tres y una empleada de Bansefi resultaron lesionados en una emboscada de hombres armados que los asaltaron y les robaron 3 millones de pesos, los que pagarían a beneficiaros del programa federal Prospera de la comunidad de Coatlaco.

Aumenta el pasaje en Chilapa de 11 a 16 por ciento sin autorización, denuncian usuarios

El transporte público de la cabecera municipal de Chilapa, de las rutas que viajan al municipio de Ahuacuotzingo y a la comunidad de Acatlán, así como el servicio local de taxis aumentaron de 11 a 16 por ciento el precio del pasaje sin autorización ni aviso previo, denunciaron usuarios.
El 9 de enero, la ruta Chilapa-Ahuacuotzingo incrementó el precio del pasaje de 60 a 70 pesos. También aumentó de 10 a 15 pesos el trayecto a las comunidades que se encuentran de paso en esa ruta.
En un recorrido por dicha ruta se comprobó que la duración de viaje entre las cabeceras municipales de Chilapa y Ahuacuotzingo dura poco menos de una hora. Además se constató que las unidades de transporte no muestran el documento de alguna autoridad gubernamental estatal que autorice el aumento del 14 por ciento; sólo portan una hoja blanca con los precios del pasaje de Chilapa a Ahuacuotzingo y las comunidades de esa ruta.
Vecinos denunciaron que el lunes 16 también incrementó el precio del pasaje de las camionetas que van de la cabecera municipal de Chilapa a la comunidad de Acatlán, de 10 pesos a 12 pesos, sin portar el documento que lo avale.
En tanto, usuarios de los autobuses que se dirigen de Chilapa a la Ciudad de México, en la noche y la madrugada, manifestaron que subió el costo del boleto. En diciembre de 2016 el boleto de viaje costaba 369 pesos, en estos primeros días del año, el precio del pasaje aumentó a 415 pesos, un 11 por ciento más.
Desde ayer, el servicio de taxis locales de la cabecera municipal aumentó de 25 a 30 pesos, sin autorización de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado. Los choferes justificaron el aumento a la tarifa por el incremento al precio de las gasolinas.