El presidente del Consejo de Administración de la Coordinadora Acabús, Simón Zamora García, informó que está en proceso una auditoría interna para encontrar las anomalías en este transporte.
Insistió en que el déficit de 30 millones de pesos no es por exceso de trabajadores administrativos ni por el robo del combustible, e insistió en que el problema financiero se debe a la gratuidad de los tres meses, lo que tiene que ser subsidiado por el gobierno del estado.
En una llamada a la Redacción de El Sur, el trasportista aseguró que ya hay una demanda penal por el robo de combustible contra el secretario del Consejo de Administración del Acabús, Jonás Vélez Peláez.
Indicó que está en proceso la auditoría para encontrar desvíos de dinero por parte del tesorero Ricardo López Ocampo, y en caso de encontrarse también se iniciará una demanda en su contra.
Respondió que los socios son enviados por la directora del OPD, Silva Zapata López, y “su futuro es incierto, ya que atenta con las fuentes de empleo de los trabajadores”.
Explicó que la chequera no está a su arbitrio y como toda empresa anónima tiene sus gastos de oficina, pero que no tiene fondos porque la directora del Acabús no ha depositado dinero.
Simón Zamora detalló que el pasado 10 de agosto, el tesorero del Consejo de Administración del Acabús, Ricardo López Ocampo, dejó de trabajar porque ingresó Crescencio Díaz Soria, el 6 de agosto; “dejó su responsabilidad sin hacer una entrega a la asamblea general”.
Añadió que la renuncia en el OPD del Acabús de Ricardo López no tiene valor, “él incurrió en una falta que se puede convertir en penal, en caso de arrojar un faltante la auditoría interna se va a proceder a una demanda”.
Agregó que ya se integró una demanda contra el tesorero Jonás Vélez Peláez por robo de combustible, porque, dijo, él tiene las llaves de los tanques de la gasolina de los camiones, e incluso él recibió parte de la flota y luego “se convirtió en un aviador”.
Zamora García reconoció que algunos choferes capacitados de las rutas alimentadoras robaron combustible en garrafas pero fueron despedidos, “eso se controló, fue cosa mínima”.
Mencionó que en el caso del comisario Nelson Ríos, éste dejó de trabajar en el Acabús y se dedicó a atender su negocio de lavanderías; “yo fui al OPD para que le quitaran su salario, al igual que a Judith Radilla, ambos querían ser aviadores, por eso su molestia”.
Indicó que antes pidió al OPD del Acabús una revisión de las áreas para descartar a aviadores, “pero no lo hizo porque no existe eso”, y recalcó que el Consejo de Administración trabaja bajo los parámetros del título de concesión.
Explicó que están destinados 90 administrativos, pero tiene 80, mientras que los choferes deben ser 339 pero hay 325, 14 menos, y que los gastos en nómina tienen que ser de 4 millones 4 mil pesos pero son de 4 millones, “estamos trabajando de una forma transparente”.
El presidente del Consejo de Administración de la Coordinadora A cabús reconoció que tiene a familiares en la nómina, pero justificó que ellos eran socios de las extintas Maxirutas, e incluso los primeros 60 trabajadores son los dueños de los camiones, entre ellos el hermano de Judith Radilla, “somos puros transportistas, nosotros no queremos que vengan personas de fuera a hacer nuestro trabajo”.
Indicó que ya reinstaló a los 54 choferes despedidos por la directora Silvia Zapata, porque se basó en el parámetro de título de concesión, “en un acto de apoyo a los choferes, no fue ni un show ni nada”.
Insistió en la destitución de Zapata López porque “atenta contra la fuente de trabajo de los empleados”. Dijo que siguen en la idea de plantarse hoy en la Casa Guerrero.
El pasado viernes, los socios mayoritarios del Acabús denunciaron que Zamora García montó un “teatro” con los supuestos choferes despedidos, porque la directora del OPD, Silva Zapata López, le redujo los gastos.