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Debe el gobierno dar toda la información sobre Ayotzinapa y seguir la investigación: GIEI

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo ayer, en su último mensaje, que el Estado debe continuar la investigación sobre lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y pidió al gobierno entregar toda la información del caso e incorporarla a la investigación.
Los expertos Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain, difundieron ayer el mensaje titulado Hoy es todavía, y dijeron que el caso no está cerrado por la salida del GIEI, que es responsabilidad del Estado, hacer justicia y buscar a los 43 estudiantes.
“El caso no se cierra porque no siga el GIEI en la actualidad. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como éste y el conjunto de otros muchos casos en México, suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad”, señaló el GIEI.
Calificaron de relevante que el gobierno federal catalogó el caso Ayotzinapa como un crimen de Estado, y reconocieron el apoyo para contar con los archivos relevantes de distintas dependencias a nivel federal.
“El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones”, precisaron.
De igual forma, señalaron que la documentación entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, se encuentra parcial, razón por la que se confirma que existe más información sobre la desaparición.
“La documentación entregada al día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. El GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar”, indicaron.
El Grupo aceptó que durante las labores de la investigación existieron problemas y que distintos funcionarios relacionados se vieron presionados para tomar decisiones relevantes del caso.
“La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad Especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad”, revelaron.
Destacaron que a pesar de los impedimentos que encontraron y de las distintas formas de presión que tuvieron los funcionarios relevantes en el caso así como ellos mismos, se lograron detenciones de personajes clave en lo relacionado con la desaparición.
“A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador general de la República, dos generales y 20 miembros del Ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros”, añadió el Grupo, originalmente –en 2015– integrado por cinco expertos de diversos países y en su última fase compuesto por dos de ellos.
Señalaron que los cargos contra la mayoría de los personajes clave que se encuentran detenidos, son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada de los normalistas.
“Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no sólo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas”, puntualizaron.
El GIEI señaló que el caso Ayotzinapa no solamente es trascendental en la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes normalistas, sino que puede presentar un precedente para generar cambios buscando que no exista impunidad en el país.
“El caso no sólo es relevante para la investigación de lo sucedido o la importancia fundamental de la búsqueda de los estudiantes, muestra también los cambios que son necesarios para que no haya impunidad y se lleven a cabo investigaciones efectivas que México requiere”, manifestaron.
El GIEI aclaró que nunca buscaron realizar valoraciones de carácter político, ni manifestar opiniones ni que se vea condicionada su independencia en las labores de investigación.
“En ningún momento el GIEI ha realizado valoraciones políticas ni ha manifestado opiniones personales, ni ha dejado que las discusiones políticas en México condicionen nuestra autonomía e independencia, sino que ha proporcionado análisis en base a las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional”, añadió el GIEI, integrado por Carlos Martín Beristain y Angela María Buitrago Ruiz.
El pasado martes 25 de julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, presentó su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa. Este 31 de julio concluyó el mandato del GIEI en las investigaciones.

Condena la CIDH la campaña de desprestigio contra Álvarez Icaza y los expertos independientes

De manera “categórica” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la campaña que se lleva a cabo en México para desprestigiar a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.

En un comunicado el organismo consideró inadmisible la denuncia contra Álvarez Icaza que interpuso el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, fechada el 15 de marzo, por fraude al gobierno federal y los contribuyentes por un millón 250 mil pesos, que el Estado mexicano aportó para gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de un acuerdo de asistencia técnica internacional que México solicitó a la CIDH.
El secretario técnico firmó el acuerdo internacional en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), precisa.
La denuncia fue interpuesta por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal AC, pero el tema fue llevado a debate por la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace hace seis meses, cuando terminó el primer periodo de mandato del GIEI. Entonces la empresaria dijo que Álvarez Icaza cayó en un conflicto de intereses en un caso del que debió excusarse por su nacionalidad.
En el escrito fechado en Washington, DC, la CIDH (órgano autónomo de la OEA) expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre esta base, “porque no constituye ningún delito, (la denuncia) resulta temeraria e infundada”.
Explica que Icaza Longoria firmó el convenio de cooperación con México en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, a través de la figura de “delegación de firma”.
Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. Por lo tanto, la CIDH no administró los recursos ni lo hizo el secretario Ejecutivo.
Para aclarar el caso el organismo cita el argumento que usó en la querella para desacreditar la labor de los expertos y del funcionario de la CIDH: que Álvarez Icaza “incorporó a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes”.
Sin embargo los quejosos señalaron que Álvarez Icaza “engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos”.
Antes de esta denuncia hubo una campaña dirigida a cada integrante del GIEI para poner en duda su calidad moral y su trabajo en el ámbito de la justicia y los derechos humanos en diferentes partes del mundo, y en especial en América Latina. Los expertos son Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Carlos Beristáin y Francisco Cox.
La CIDH precisó que las partes que firmaron el acuerdo de asistencia técnica internacional (los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Estado mexicano representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República), estuvieron de acuerdo en la selección de los expertos y expertas.
Recordó que se integró el grupo de trabajo a partir de la solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para hacer una verificación técnica de las acciones de las autoridades y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente.
Durante un periodo de seis meses analizarían las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y harían un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Tras el primer informe de trabajo, el 6 de septiembre de 2015, se renovó su mandato por un periodo adicional de seis meses, que vence el 30 de abril.
Del primer informe y conclusiones del GIEI, la CIDH destacó las irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, de las autoridades estatales.
En particular los cuestionamientos a la tesis oficial “la versión histórica” de los hechos de Iguala que dio a conocer el anterior procurador de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula (desacreditada científicamente por expertos independientes), y la apertura de nuevas líneas de investigación para llegar a la verdad de los hechos.
La Comisión reiteró su respaldo al trabajo del GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones que presenta, asimismo, al secretario Ejecutivo de la CIDH, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.