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No atendió el arzobispo Garfias la petición de cambio del cura de Cruz Grande, se quejan

 

Feligreses de la parroquia La Patrona de Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal, denunciaron que, a más de dos años de solicitar el cambio del párroco Daniel Martínez López, el arzobispo, Carlos Garfias Merlos jamás puso atención al caso.
En una visita a la redacción de El Sur, la tarde de ayer la señora Carmen Román Gómez, a nombre de los inconformes recordó que desde 2015 han denunciado los malos tratos del cura y su comportamientos con las mujeres jóvenes en la iglesia.
La mujer dijo que la principal queja de los feligreses es el comportamiento del sacerdote con las jóvenes, y ahora lo señaló de encerrarse en su oficina con su secretaria y hacer caso omiso a las peticiones de misa y celebraciones.

 

Buscarán la creación de una fiscalía internacional para hallar justicia, anuncian los padres de los 43

En el comienzo de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que buscarán la creación de una fiscalía internacional, porque “los que están en el poder no se van a castigar solos”.
Volvieron a responsabilizar al Ejército de la desaparición forzada de sus hijos, e insistieron en que falta voluntad del gobierno federal para encontrar la verdad desde el principio, a dos años y casi tres meses de la agresión de agentes del Estado contra estudiantes en Iguala.
En conferencia de prensa en el casco de la Normal Rural de Ayotzinapa informaron de las actividades de fin de año que incluyen la Acción Global por Ayotzinapa, el día 26, con una marcha-peregrinación a la basílica de Guadalupe y una misa celebrada por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el obispo activista de Saltillo, Raúl Vera López.
La mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador explicó que “van a ver a la virgen de Guadalupe, la reina de México, para que les siga dando fuerzas a nuestros hijos. Tenemos fe y esperanza de que van a regresar con vida”.
El papá del estudiante José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete Victoriano señaló la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los 43 estudiantes, a pesar de que todas las investigaciones independientes señalan a los agentes del gobierno, como las revelaciones de la periodista Anabel Hernández que hace tres días presentó en la escuela su libro La verdadera noche de Iguala.
Subrayó “estamos aquí para seguir adelante, pidiendo que sigan las recomendaciones de los expertos internacionales, por sí solo el gobierno no tiene voluntad, sí tiene facultades y capacidades pero desde un principio no ha querido dar respuestas”.
La caravana comenzó a las 11:30 de la mañana en la Normal Rural con una conferencia de prensa y una actividad cultural a las 5 de la tarde. Hoy se trasladarán a Iguala, donde fueron los ataques la noche del 26 de septiembre, a las 10 de la mañana y regresarán a la escuela para salir muy temprano el jueves a Taxco.
El padre reconoció la labor de los activistas, organizaciones sociales y medios de comunicación que dan cobertura a su demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para poder continuar esta lucha frente a la simulación de las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.
“Este gobierno no tiene corazón, esa voluntad… señala que nuestros jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y no hay un elemento de prueba que incrimine a nuestros hijos”, al contrario, recordó que todas las pruebas de diferentes investigaciones señalan la relación de gobierno y la delincuencia, “es más, ellos (las autoridades) son la delincuencia”, afirmó.
El representante de los padres, tío del normalista desparecido Mauricio Ortega Carlos, Melitón Ortega se refirió a los golpes que desde el gobierno han propinado al movimiento.
“Después de la satanización aquí seguimos, en una alianza de unidad estudiantes, padres y organizaciones sociales para que la llama no se apague, y el próximo año seguir la lucha con una nueva estrategia”, adelantó.
Consideró que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso Ayotzinapa y dividir a los actores que los apoyan porque sabe que la Policía Federal y la Ministerial intervinieron en los ataques en Iguala, así como los soldados en la desaparición forzada.

Exigen cárcel para Tomás Zerón y para Enrique Galindo

El vocero Felipe de la Cruz, papá de un alumno sobreviviente de los ataques, señaló que Guerrero está militarizado por una política de terrorismo de Estado para callar las voces de protesta con balas de policías y militares, e imponer las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que eso pasó con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y mediante documentos oficiales la periodista Anabel Hernández señala una lista nombres con apellidos de los perpetradores, como de los funcionarios que trataron de encubrir los hechos, creando la tesis conocida como “verdad histórica”.
“Definitivamente los que están en el poder no se van a castigar solos. Vamos a buscar los medios para crear una fiscalía internacional que pueda juzgar el caso desde fuera. Los militares no controlan la delincuencia, no frenan los crímenes, al contrario, con ellos en la calle se desata la violencia”.
Como ejemplo mencionó a Acapulco, sede de la Novena Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de una base naval de la Marina de la Armada de México, donde confluyen las autoridades policiacas municipales, estatales y federales, sin embargo se mantiene como un foco rojo de violencia en el país.
Reiteró la demanda de cárcel para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, porque confabuló para crear la “verdad histórica”, que dice que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y que ellos los asesinaron y quemaron hasta la cenizas en un basurero en menos de un día. Así como a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal separado del cargo el 28 de agosto, porque engañó a los padres simulando la búsqueda de los estudiantes.
Con los padres estuvo un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Ciudad de México, que acompaña la gira.

La bitácora de la caravana

La Caravana por la Memoria y la Esperanza estará el 23 de diciembre en Xoxocotla, Morelos, los integrantes ofrecerán una conferencia a los medios locales y sostendrán una reunión informativa con representantes de organizaciones sociales, y a las 4 de la tarde en Cuernavaca tendrán una marcha procesión de la glorieta Niño Artillero para concluir con un mitin en el Zócalo.
El 24 en Amilcingo, Morelos, habrá una conferencia de prensa y en Tepoztlán una reunión con organizaciones,
A las 10 de la mañana el 25 se prevé un acto de recepción para recibir a la caravana en la Ciudad de México. El día de la acción global de cada mes, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana la peregrinación será de Peralvillo a la basílica de Guadalupe. Cierran la jornada el 27 de este mes con una ofrenda floral en el lugar de los ataques, en Iguala.

No cambia el arzobispo a un cura de Cruz Grande porque le da dinero, acusan feligreses

Feligreses de la parroquia La Patrona denunciaron que, a un año de que solicitaron el cambio del párroco Daniel Martínez López de su iglesia en Cruz Grande, municipio de Florencio Villareal, el arzobispo, Carlos Garfias Merlos, no hace caso porque el sacerdote le entrega “mucho dinero”.
En una visita a la redacción de El Sur, la señora Felícitas Cuevas Rafaelo, quien dijo hablar a nombre de las feligreses, señaló que desde abril de 2015, en siete ocasiones han entregado un oficio al arzobispo Garfias Merlos para cambiar al párroco, a quien acusaron de malos comportamientos con las mujeres jóvenes y de maltratar a una de sus secretarias.
Señaló que el sacerdote tiene tres años en la iglesia, y que recientemente hubo cambios de párrocos en templos del estado; sin embargo al de Cruz Grande “no lo tocaron”. “Dice que él está bien parado con el arzobispo, que por eso le suelta mucho dinero cada que va para que no lo cambie, y se ríe de nosotras”, denunciaron.
La mujer dijo que la principal queja de los feligreses es el comportamiento del sacerdote con las jóvenes, a quienes les falta el respeto, las abraza. Insistió que sólo piden que el presbítero se comporte y respete su cargo.
La señora dijo que están dispuestas a visitar al papá Francisco para que les hagan caso e intervenga, “por eso cada vez se pierde la fe” y la Iglesia pierde a sus seguidores, advirtieron.

Se investigará a ministeriales para determinar si tienen vínculos con la delincuencia organizada, anuncia el fiscal

 

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez informó que aplicará un mecanismo de investigación para localizar a policías ministeriales que están vinculados con el crimen organizado, y que mejorará la impartición de justicia en el estado.
Consultado al término del Foro de Seguridad Pública, Protección Civil e Impartición de Justicia, del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en Casa Guerrero, Olea Peláez dijo, “casi estoy seguro que hay infiltrados en la corporación, al igual que en otras corporaciones, pero se va a investigar para detectar si algunos policías están involucrados con la delincuencia”.
Se le preguntó cuántos policías ministeriales están involucrados con el crimen organizado, a lo que Olea Peláez respondió que aún no tiene esa información, y agregó que investigará a la corporación, aunque no dio más detalle.
En su artículo ¿Y la Policía Ministerial? publicado ayer en El Sur, Tomas Tenorio Galindo recuerda que el fiscal dijo el sábado que los secuestros colectivos ocurridos la semana pasada en Arcelia y Ajuchitlán fueron facilitados por la infiltración de la delincuencia en las policías municipales, y atribuyó esas acciones criminales a El Tequilero, a quien identificó precisamente como un ex policía municipal de la región. Dijo además, “yo tampoco puedo negar que tal vez en mi Policía Ministerial existan infiltrados”.
Por otro lado, sobre los ex policías ministeriales que denunciaron que el fiscal general del estado giró una orden para que se investigue a más de 200 de ellos que están incapacitados, Olea Peláez dijo que no se les pretende quitar el seguro y la pensión, “es falso, no se han acercado a mí, y mis oficinas son de puertas abiertas; es más, al contrario, se está promoviendo que el seguro de vida de los policías sea más alto”, declaró.

Reconoce el fiscal que el Ministerio Público es un símbolo de corrupción; habrá cambios, anuncia

En un comunicado de prensa, el arzobispo de la Arquidiócesis de Acapulco, Carlos Garfias Merlos urgió a las autoridades a que cumplan su tarea de investigar y dar resultados concretos, para que la sociedad recupere la credibilidad en las instituciones.
El fiscal general dijo que la Fiscalía debe tener un vínculo con la sociedad y agregó que, “deben de ser más exigentes los fiscales y los encargados de los ministerios público para ser mas eficiente para atender las demandas de la ciudadanía”.
Reconoció que el Ministerio Público de la dependencia es un símbolo de corrupción y anunció que habrá cambios para que la ciudadanía confíe en la dependencia y en los ministeriales, esto luego de que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Alarcón Ríos recalcó que sus agremiados no presentarán denuncias hasta que el Ministerio Público sea confiable.

Pide el Cecop a Astudillo dialogar sobre La Parota con la intermediación del arzobispo Garfias Merlos

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop) Marco Antonio Suastegui Muñoz se encontró brevemente con el gobernador, Héctor Astudillo Flores a quien pidió una audiencia para plantear acciones de desarrollo para las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Suástegui Muñoz precisó que el tema central de la reunión sería la presa: “a ver quién convence a quien, si ellos a nosotros que la Parota es buena o nosotros a ellos de que la Parota ya está sepultada”.
Suástegui Muñoz llegó acompañado de un grupo de opositores al Centro de Convenciones donde se presentó al revisión del Plan Nuevo Guerrero invitado por el operador político del gobernador, Héctor Astudillo con los movimiento sociales, César Flores Maldonado.
El opositor se encontró con el gobernador, Héctor Astudillo cuando este salió de la reunión con las autoridades federales y estatales en el salón Triangulo del Sol y subió a la exposición de programas sociales en el corredor hacía el salón Teotihuacán.
Al toparlo, después de saludarlo, Suástegui Muñoz pidió al gobernador platicar de los temas de seguridad, desarrollo, justicia y paz.
–Primero queremos una mesa de dialogo con usted y todos los compañeros, nos gustaría que estuviera de por medio el arzobispo Carlos Garfias Merlos, pues la mayoría de Cacahuatepec somos católicos, y el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza. Ojalá que esta primera reunión pudiera ser con la mediación de ellos y después pudiera usted visitarnos en los Bienes Comunales de Cacahuatepec para ir estableciendo y asentando los acuerdos que se tengan, –expuso Suástegui Muñoz.
–Así lo haremos, –respondió Astudillo Flores.
–No queremos violencia pero tampoco queremos demagogía, no queremos mentiras, no queremos más muertos, no queremos más sangre, más encarcelados y por eso creo que es necesario que su gobierno y el Cecop, que usted y yo podamos entrablar un dialogo fraterno, franco, sincero
–Y de buena fe, agregó el gobernador.
–Y de buena fe, repitió el vocero.
–Cuente con eso, lo vamos hacer yo me pongo de acuerdo con don Carlos –ofreció Héctor Astudillo y se despidió para continuar con sus actividades.
En declaraciones después del breve encuentro, el vocero del Cecop recordó que se acordó en asamblea buscar el dialogo con el gobierno del estado en particular con el gobernador y se estaba cumpliendo esa primera parte de invitarlo.
Expuso que el dialogo es necesario, “no importan los colores, los partidos, las religiones, el estatus social”; agregó que se debe de hacer por el bien de Guerrero y en su caso la reunión tendrá como parte central el proyecto de la presa La Parota e informarle al respecto, para que después no diga el nuevo gobernador que no sabe la razón de la negativa.
Suástegui Muñoz reiteró que ellos hace 12 años tomaron la decisión de decir no y le asiste la razón jurídica. Sin embargo, están en la disposición de dialogar y no claudicar en su lucha.
Dijo en el encuentro “a ver quién convence a quién,” si los opositores al gobernador o viceversa.
Añadió que se comprobó que las presas no llevan beneficios a los pueblos “sino pobreza y muerte” y que “a nadie le conviene imponer un proyecto a sangre y fuego”, por eso insistió en que es “fundamental cancelar definitivamente el proyecto la Parota” y expuso que los comuneros están desarrollando un proyecto de desarrollo sustentable en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y a lo largo de la cuenca del río Papagayo”, junto con la Universidad Chapingo.
El vocero expuso que también hablarán de los encarcelamientos, de las ordenes de aprehensión, el desarrollo, la justicia, la seguridad y la paz, temas a los cuales el gobernador no puede decir no, si lo hace “quiere decir que solo es demagogia, que solamente están fingiendo y que no quieren contribuir a que la paz regrese, sobre todo la justicia, hacen falta 43 y en este momento nosotros nos unimos a esa causa”.
Del hecho de que los opositores a la presa negaron al ahora gobernador Héctor Astudillo el acceso a los Bienes Comunales de Cacahuatepec cuando era candidato a la gubernatura y sí recibieron a la ex candidata del PRD, Beatriz Mojica, el vocero precisó que él estaba preso en ese momento y quién estaba al frente ya no lo está. “Me han ratificado como vocero y yo no me voy a negar a dialogar”.
Marco Antonio Suástegui dijo que no tienen confianza total en Héctor Astudillo y por eso es importante el diálogo, porque el ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, dijo que no iba a haber persecución de líderes sociales y fue lo contrario, “por eso la desconfianza.
“En el gobierno de Aguirre hubo muchas desapariciones forzadas, creo que no podemos confiarnos por eso es importante que se hable con un diálogo fraterno, sincero, sin mentiras sino estaríamos hablando de una tragedia grave, no solo en la Parota sino en todo Guerrero, nosotros sabemos que el PRI por naturaleza reprime, desaparecen, asesinan pero creo que ya no son esos tiempos la mirada internacional está puesta en Guerrero, es momento de construir acuerdos que nos lleven a la paz”.
Suástegui Muñoz informó que el 12 de noviembre tendrán un encuentro con el alcalde Evodio Velázquez a quien expondrán el proyecto de desarrollo que se está haciendo, el cual consideró está “muy completo”. Insistió en que deben de salir de los Bienes Comunales los “caciques” que explotan el río y no han permitido que llegue el desarrollo a los municipios y anunció que parte del proyecto que tienen es la construcción de un puente vehicular con lo que se conectaría Acapulco con Tierra Colorada y otros municipios, por ellos es importante dijo que se pongan de acuerdo los tres niveles de gobierno.
Con quienes no han tenido comunicación es con autoridades del gobierno federal con las cuales esperan que Astudillo Flores sea el enlace, como en su momento se lo solicitaron al ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, compromiso que incluso quedó asentado en los acuerdo de Cacahuatepec firmados el 16 de agosto de 2012.
Para la firma de los acuerdos, también el arzobispo Carlos Garfias fue interlocutor entre los opositores y el gobierno del estado, como lo están pidiendo nuevamente los integrantes del Cecop.

Unificar a la sociedad en una sola agenda contra la violencia, plantea el arzobispo Carlos Garfias

Karina Contreras

El arzobispo de la arquidiócesis de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, convocó al colectivo Guerrero es Primero, al grupo Sentimientos del Sur y a Acapulco por la Paz, donde están aglutinadas organizaciones de la sociedad civil, así como al gobierno, a construir una gran plataforma y elaborar una sola agenda para formar una sociedad civil responsable y participativa en los grandes cambios que requieren México y Guerrero.
En una conferencia de prensa en el hotel Calinda al concluir un taller dirigido a sacerdotes, a monseñor Garfias Merlos se le preguntó sobre la decisión de las autoridades de combatir la inseguridad con más policías, a lo que respondió que cree que éstas están “buscando cumplir con su responsabilidad y hasta este momento ellos consideran que es dando más protección con policías, con fuerzas armadas para poder dar la confianza y tranquilidad al pueblo”.
Pero añadió que como Iglesia “insistimos en que ayudando a que las personas se pacifiquen en su interior y podamos ir haciendo que se logre tener la confianza y seguridad sin la necesidad de las armas, pero todo eso conlleva a un proceso de tiempo para ir haciéndolo, para que todos vayamos involucrando”.
En un comunicado que leyó antes de las preguntas, Carlos Garfías dijo que la realidad de la inseguridad y violencia es compleja y multidimensional, y no se puede, sin más, atribuirla a una sola causa porque hacerlo sería ingenuo y llevaría a tener una única solución a una problemática tan vasta y complicada.
Añadió que es conveniente abordar la compleja realidad de la violencia que se vive en México desde un “enfoque de salud pública, que permita asegurar para el mayor número de personas el beneficio de la seguridad y de la paz”.
Indicó que reconocerlo como un problema de salud pública implica reconocer que la solución para erradicarlo debe ser multidimensional; que requiere un diagnóstico interdisciplinar que identifique los principales factores de riesgo sobre los que hay que intervenir y es necesaria la cooperación de todos los sectores públicos y sociales para poder abordar el problema de la violencia mediante la acción colectiva.
Hizo un llamado al próximo gobierno estatal y a los ayuntamientos para cumplir con la encomienda de los ciudadanos, y dijo que aunque sabe que la misión que tienen no es fácil, la seguridad debe ser una tarea primordial.
Añadió que el problema no es sólo de seguridad, sino de salud pública, y que como iglesia en Guerrero ofrecen la colaboración a través de una campaña seria y profunda de perdón y reconciliación.
Planteó que los 19 centros de escucha se conviertan en centros de perdón y reconciliación para atender a las víctimas.
Dijo que el país y el estado necesitan una sociedad civil fuerte, capaz de incidir en la vida pública y participar decididamente en la solución de los graves problemas que padece y que se están expresando en una profunda crisis social y política, que es estructural y “que no tiene salida en el corto plazo”.
Subrayó que el problema no tendrá salida sin la participación de la sociedad civil.
Indicó que por eso las iniciativas deben ser plurales, heterogéneas, abiertas al diálogo, representativas de la sociedad civil y orientadas al bien común.
Añadió que una sociedad civil responsable y participativa no surge por generación espontánea, pues es necesario formarla, desarrollando en ella tres capacidades que son el “conocimiento de la realidad, la responsabilidad social y el sentido y compromiso con la justicia social”.
Indicó que por eso hace un llamado al gobierno, a las iglesias y todas las instituciones y organismos de la sociedad civil a que “construyamos una gran plataforma y elaboremos una misma agenda”.
Ya en preguntas y respuestas, al cuestionarle sobre la violencia que hay y que no cesa, el arzobispo insistió en la importancia de la participación ciudadana y un involucramiento en donde todos puedan comprometerse, cada quien desde las responsabilidades y competencias que tiene, “las autoridades respondiendo a lo que ellos les toca, nosotros como iglesia fomentando el tema de perdón y reconciliación, otras organizaciones desde sus ámbitos propios, pero todos colaborando podemos ir creando condiciones para que en un momento dado pueda dejar de haber tanta expresión de fuerzas malas”.
Consideró que a los que generan la violencia “tenemos que seguir haciendo el llamado para que dejen de generar la violencia, creo que es un tema que tiene que ver mucho con quién provoca la violencia y tenemos que insistir y de alguna manera también poder ofrecer a ellos la disposición para que ellos mismos puedan hacer un proceso de cambio y dejen de generar todo ese ambiente de violencia que genera tanto miedo y tanta inseguridad en las personas”.
Indicó que es la autoridad quien debe organizar a la sociedad.
Sobre las medidas de seguridad que han implementado las autoridades, monseñor Carlos Garfías indicó que a nivel policial no tiene mucho que recomendar porque no conoce el tema, y que sigue insistiendo que como iglesia quieren colaborar en la atención de las víctimas de la violencia y en general dar educación, capacitación para que de alguna manera se protejan unos a otros, “tenemos que implementar capacitación para toda la sociedad para que las personas sepan cuidarse y yo creo que son importantes los protocolos de seguridad y se tendrán que ir dando de las diferentes formas”.
Indicó que iniciativas como Guerrero es Primero y Acapulco por la Paz, entre otras, están conjuntando organizaciones, instituciones y son parte de la sociedad interesada en buscar ayudar a que se puedan generar condiciones de seguridad y confianza.
—¿Han fallado en materia de seguridad las diversas autoridades en los últimos años? –se le preguntó.
—Yo creo que el gobierno hace sus esfuerzos, hacen sus planteamientos y les van dando diferentes modalidades en el empeño de poder generar seguridad, y yo creo que cada quien está haciendo su mejor esfuerzo, yo insisto mucho que en la medida que podamos involucrarnos, toda la sociedad, podremos avanzar; hay un tema que puede ser muy interesante y que es también buscar la comunicación directa con quienes generan la violencia y hacer la conciencia en ellos de hacerles ver la gravedad del daño que provocan.
—¿Sería con un pacto entre gobiernos y criminales?
—No, es hacerles llegar el mensaje de la conciencia del daño que hacen.
Sobre si tenía cifras de secuestros o extorsiones, monseñor Carlos Garfias respondió que “gracias a Dios no ha habido ningún secuestrado y extorsionado, en lo que se tiene de la arquidiócesis no hay datos de que a los sacerdotes se les haya hecho eso”.
En el tema de qué opina sobre que el ex fiscal Iñaky Blanco dejó escapar al ex secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores, según el actual fiscal Miguel Ángel Godínez, señaló que “si realmente tienen evidencias, si tienen pruebas de lo afirmado habrá que proceder institucionalmente, yo creo que hay instancias propias para este tipo de investigaciones; si quien está dando seguimiento a la investigaciones pues tendrá que buscar toda objetividad de esta investigación”.