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El gobierno minimiza a los desplazados; son cerca de 30 mil, denuncia el Centro Morelos

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) denunció que el actual gobierno, como los anteriores, sigue minimizando el problema del desplazamiento forzado interno por la violencia, que en la entidad afecta a entre 25 y 30 mil personas.
El organismo realizó un recuento de las acciones de violencia que han provocado el desplazamiento de familias en la entidad y pidió la actualización de la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno; además, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
“Con la práctica gubernamental de minimizar la violencia, que desde el 5 de octubre de 2022 azota al estado de Guerrero, como la masacre de 22 personas en San Miguel Totolapan, las autoridades del estado quisieran que, con el sólo hecho de negarlo, no existiera”.
El organismo enumeró las masacres y enfrentamientos, sobre todo en la sierra, desde la de 22 personas el 5 de octubre del 2022 en San Miguel Totolapan, en la que fue asesinado el presidente municipal, Conrado Mendoza Almeda, su padre y parte de su gabinete.
Hasta el enfrentamiento más reciente del 2 de febrero pasado en Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán, entre civiles armados contra policías y militares, dejando un muerto, un herido y tres detenidos.
“Ahora, si le agregamos los homicidios cometidos día con día en diferentes puntos del estado y las desapariciones, no entendemos cómo pueden las autoridades decir que hay paz y tranquilidad”.
El organismo de derechos humanos sostiene en su comunicado que la consecuencia de esta guerra “por el control del territorio y el apoyo de agentes del estado a algunos grupos delincuenciales, ha traído como consecuencia decenas de familias desplazadas”.
Refiere que algunas son simpatizantes de uno y otro grupo, “así como familias aterrorizadas por la violencia que se desplazan para evitar ser víctimas del fuego cruzado o de algún secuestro, extorsión o desaparición de algún familiar, tanto de municipios de Tierra Caliente, de la sierra y de Costa Grande, concretamente de los municipios de Petatlán y Tecpan”.
Subrayó que este fenómeno de violencia genera una “violación completa y continuada de todos los derechos humanos; el derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la paz, a la seguridad y a la vida”.
Agrega: “Le recordamos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que desde el año 2016, hasta 2021, sumaron 22 mil 840 desplazados a los que habría que sumarle los más de 2 mil 500 de 2022 y los que van de enero de este año, por lo que Guerrero tiene el 50 por ciento de los desplazados que hay en el país, y hasta ahora, habría más de 25 mil desplazados en el estado”.
De acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos, por el contexto de violencia que se vive en el estado, “es previsible que habrá otros enfrentamientos, masacres y desplazamientos masivos que van a incrementar los 25 mil personas desplazadas actualmente”.
Informó que durante el proceso de acompañamiento y representación del Centro Morelos “a una gran cantidad de familias víctimas de desplazamiento forzado interno, son varios los logros que hemos tenido en beneficio de familias de diferentes municipios”.
Agregó que de manera paulatina, el Centro Morelos sigue avanzando “en la construcción de soluciones más duraderas y con estos logros habremos construido el camino para que otras víctimas lo recorran con mayor facilidad”.
Añadió que en ese organismo están conscientes de que el problema del desplazamiento forzado interno “está muy lejos de detenerse”, que en la medida en que los tres órdenes de gobierno no garanticen condiciones de seguridad y paz pública, “el desplazamiento crecerá”.
Por ello, hizo un llamado a todos los grupos de familias víctimas de desplazamiento forzado interno y a las familias que no están organizadas, “para unirnos en la exigencia de poner un alto a esta crisis de derechos humanos y que el gobierno cumpla con nuestros derechos”.
El Centro Morelos exigió, por tanto, que se actualice y reglamente la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno. Asimismo, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

 

Sin personal ni formación operan las instituciones de justicia, dice Tlachinollan del caso de Yndira


La agresión sexual que denunció la activista Yndira Sandoval Sánchez por una mujer policía de Tlapa, “mostró la precariedad con que trabajan las instituciones que imparten justicia, falta personal y no tienen una formación con perspectiva de género y de derechos humanos”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
La asesora jurídica de Tlachinollan, Neil Arias mencionó que la organización intervino para que Sandoval Sánchez pusiera su denuncia formal cuando sufrió la agresión, ya que los hechos fueron el fin de semana y falta personal en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, pues sólo está la titular Osbelia Blanco Martínez, quien ese día estaba en una diligencia en Atlamajalcingo del Monte, y es la responsable de atender los 19 municipios de La Montaña.
Barrera Hernández dijo que eso mostraba la precariedad con que se trabaja en la región, porque faltan peritos, médicos legistas e infraestructura, no hay perspectiva de género y se revictimiza a las mujeres.
Comentó que los policías trabajan de forma opaca, no se sabe cuántos están acreditados, con qué controles internos se manejan, no hay registros ni control de detenidos, o si aplican protocolos en una detención que garantice el debido proceso, “es una improvisación total”.
Dijo que eso lleva a que haya actuaciones desproporcionadas en el uso de la fuerza, no distinguen entre un delito y falta administrativa, para ellos todo es detención y eso lleva al abuso de poder de todo el aparato local y estatal.
Mencionó que se han documentado casos en que hay deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, donde se revictimiza a las mujeres que denuncian a sus parejas por violencia y son criminalizadas.
Arias Vitinio dijo que hay dificultades estructurales para acceder a la justicia y en el caso de Yndira, quien conoce sus derechos y es defensora, se tardaron dos días en atenderla, recurrió a medidas cautelares ante el hostigamiento y fue custodiada a la ciudad de Puebla por policías estatales.
Agregó que con el nuevo sistema de justicia se pretende que sea eficaz, expedita y gratuita, pero no ocurre así.
Dijo que el delito en contra de Yndira es muy grave y si se contará con personal adecuado y capacitado se debió vincular a proceso porque acudió al Ministerio Público a denunciar la violación y podía pasar como flagrancia, pero como hay impunidad no se integró la carpeta.
Lamentó que ahora se pretendan desvirtuar los hechos y la quieren hacer pasar por una alcohólica mediante la publicación de videos.
Mencionó los casos de Valentina e Inés, violadas por militares, que derivó en la implementación de protocolos para atender a las víctimas y pidió que se apeguen a esos estándares.

Las acusaciones son falsas, responde la policía

En su perfil de Facebook la policía municipal Claudia Juárez Gómez posteó que en un programa de radio Yndira Sandoval, “me acusó de manera falsa e injusta de haberla violado, esta acusación tan grave es una total mentira”.
“Lo único que hice fue protegerla pues se encontraba en total estado de ebriedad, se había quitado su ropa interior, se negaba a pagar un servicio en una clínica y alteraba el orden público, alegando que es muy importante y muy influyente”, afirma.
Dice que tiene tres hijas, dos de seis años y una de cuatro, que es incapaz de hacer lo que se le acusa y que está dispuesta a encarar la verdad “y a la señorita”.
Remarca que ella no es importante ni preparada, pero “no soy una violadora”, y pide a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) que también la defienda a ella.

El caso está en manos de las autoridades competentes, expone el alcalde

El presidente municipal priista, Jesús Noé Abundiz García manifestó que desde el momento en que se enteraron del hecho y fueron notificados por la Codehum y la Fiscalía, han brindado la información que les han solicitado, y de igual forma atenderán a la notificación que llegó hace unos días de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Manifestó que esperan agilidad en las investigaciones para que se determinen los culpables y las sanciones, en caso de que haya responsabilidad de los policías.
Manifestó que no podía dar más información porque el caso está en las instancias judiciales.

Difunden videos de la activista en redes sociales

Este lunes después del mediodía empezaron se difundieron dos videos de Sandoval Sánchez, al parecer grabados por policías, en uno se observa  alcoholizada y le dicen que se suba a la patrulla, ella dice que no es delito tomar, y se identifica como activista de derechos humanos.
En el otro está en la Dirección de Seguridad Pública y los policías le piden que firme y entregue sus pertenencias, ella dice que no firma hasta que le digan para qué, pero entrega pulseras y dice que le incomoda a los policías que una ciudadana sepa sus derechos.

Marcharán para exigir justicia

La vocera de la activista, Rosalinda Pimentel informó que el próximo miércoles marcharán por Yndira en un amplio respaldo nacional e internacional para exigir justicia en Guerrero y Tlapa.
Dijo que ya tienen cinco estados confirmados en los que marcharán y otros aún están por definir las acciones, pero se manifestarán y en breve darán más información sobre el caso.

Protestan padres de normalistas en la PGR; aún buscan reunirse con el Papa, dice su abogado

 

Padres y alumnos de la Normal ural de Ayotzinapa protestaron ayer con antorchas frente a la Procuraduría General de la República (PGR), por la intención del gobierno federal de alargar la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y denunciaron que se pretende cerrar el caso con la tesis oficial de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Asimismo, los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), dieron a conocer el dictamen del peritaje que hicieron en el basurero de Cocula y desmintieron la versión oficial de la PGR de que los normalistas fueron incinerados en el basurero y las cenizas fueron arrojadas a un río.
Durante la manifestación hicieron un llamado al Papa Francisco para que se reúna con las víctimas de la violencia y no con la clase privilegiada que prepara un escenario irreal para su recibimiento, luego de que se informó que las autoridades eclesiásticas ofrecieron a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que sólo una comisión de ellos participe en la misa por los desparecidos que oficiará el líder de la Iglesia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En una consulta el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, adelantó que los familiares no tienen dinero para trasladarse a Ciudad Juárez , y su intención es reunirse con el pontífice abiertamente, y no acudir a un acto masivo, para el que les ofrecieron algunos pases.
Sin embargo, aclaró que en los siguientes dos días los padres van a insistir para que los integren en la agenda informal del Papa Francisco, es decir, a sus reuniones privadas, y si no se puede, van a buscar la manera de hacerle llegar una carta sobre su sentir y sus demandas.
Ayer, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), presentaron el dictamen del peritaje que hicieron en el basurero de Cocula, y mostraron más elementos de pruebas con base científicas de que en el basurero no hubo tal incendio ni quemaron ahí a los estudiantes desparecidos.
A las 6 de la tarde, después de la conferencia del EAAF, los padres y estudiantes de Ayotzinapa se trasladaron a la PGR, a pocas cuadras del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, para protestar por 43 minutos con antorchas y consignas.
En el mitin sobre la calle lateral del paseo de Reforma, estuvieron los activistas de organizaciones de la Ciudad de México que mantienen desde diciembre de 2014 un plantón frente a la PGR con la consigna “desencuartelen la verdad”, por la negativa del Ejército y de la Marina a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, pese a que hay señalamientos de que algunos soldados intervinieron en los hechos ocurridos en Iguala.
Durante el mitin, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra señaló que “la visita del Papa no debe servir para el lisonjeo de políticos ni para que los católicos de alcurnia le rindan pleitesía, su palabra debe servir para dar aliento a los pobres, a los desvalidos, a lo que sufren en este país”.
Asimismo, dijo que su visita “tampoco debe ser para remozar las calles, ni para invisibilizarnos, (a ese movimiento) pero les decimos que aquí estamos presente, y en cada acto del Papa habrá un símbolo de los 43”.
Antes, en la conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Miguel Pro Juárez, Santiago Aguirre, informó que las autoridades eclesiásticas que preparan la visita del Papa Francisco en México, propusieron a los padres de Ayotzinapa asistir a una misa por los desaparecidos del país en Ciudad de Juárez. Precisó que aún no hay nada definido, y continua el diálogo con el episcopado.
El defensor de derechos humanos añadió que el Papa viene a México en un contexto de crisis de derechos humanos y de violencia, y tiene múltiples solicitudes de audiencia, entre ellas la de los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.