Estudiantes de la Escuela Normal Regional de la Montaña e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pegaron carteles en varios puntos de Tlapa con la imagen del defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano para exigir imparcialidad en las audiencias que se realizan en el juicio del presunto autor intelectual de su desaparición forzada y homicidio en esta ciudad, Marco Antonio García Morales, conocido como Tony.
En el marco de las audiencias del juicio oral, que se desarrollan en el juzgado de Tlapa, los normalistas exigieron justicia por la desaparición y homicidio del abogado nahua, el 11 de octubre del 2019 y cuyo cuerpo fue localizado el 20 de noviembre sepultado en una fosa clandestina en la periferia de la ciudad, luego de que integrantes de un grupo delincuencial señalaron el lugar.
El grupo de manifestantes partió de la Normal Regional hacia el Super Che donde se dividieron en dos para abarcar al mismo tiempo las calles paralelas Morelos e Hidalgo rumbo al Zócalo.
En ese trayecto pegaron carteles en los postes de luz, en las combis y en las paredes de espacios públicos. Al llegar al Zócalo, hicieron lo mismo, en el kiosco, la explanada y las paredes del Ayuntamiento.
Luego se dirigieron a la comunidad de Atlamajac, donde se encuentra el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Tlapa donde se desarrollan las audiencias a puerta cerrada y es en estas fechas que se realiza el segundo segmento, el primero fue entre el 3 y 4 de julio.
En la barda pegaron los carteles con la imagen de Arnulfo Cerón que se usó durante su búsqueda ¬–luego de que fuera privado de su libertad por hombres armados y no se supiera nada de él¬– y que generó movilizaciones en carretera, la toma del Ayuntamiento, bloqueos además de marchas para exigir su aparición por parte de los integrantes del Frente Popular de la Montaña, organización a la que pertenecía y otras que se agregaron.
Pese a que el Juzgado de Control estaba cerrado, permanecieron ahí unos minutos, y ahí pidieron que prevalezca la imparcialidad en el proceso judicial que enfrenta el ex jefe de Gabinete de la administración morenista de Dionicio Merced Pichardo García por la desaparición forzada de personas y homicidio de Arnulfo Cerón Soriano.
Se van a interrogar a alrededor de 17 personas por este delito, durante las fechas programadas conocidas.
Los manifestantes exigieron que las audiencias del juicio 15/2020 contra el autor intelectual de la desaparición y asesinato de Arnulfo se conduzcan con imparcialidad y que se pondere el camino de la justicia.
Los estudiantes y activistas pegaron los carteles durante más de dos horas y dijeron que esta actividad fue para recordar el homicidio y desaparición de Cerón Soriano, y porque, el inculpado anda recorriendo las colonias y comunidades para buscar un espacio en el próximo proceso electoral.
Nuestra sociedad está sometida por el miedo que imponen los gobiernos a través de los cuerpos represivos del Estado. En el primer nivel de gobierno, los policías municipales utilizan la fuerza y el maltrato como único método para relacionarse con los ciudadanos y ciudadanas. Creen que sus botas son para patear a los jóvenes que se resisten a ser detenidos, que los toletes deben de usarse para reventar la piel de quienes protestan. Las armas son accionadas para asesinar a la población que encara al poder obtuso. No hay alguna autoridad que se encargue de vigilar a estos policías que encienden su ira cuando se les interpela para exigir que respeten los derechos de las personas detenidas. Se atribuyen la facultad de privar de la libertad a los ciudadanos que cometen alguna falta administrativa. Los encarcelan, los amedrentan y en varios casos los someten a torturas para demostrar su poder. Se asumen como la ley basada en la fuerza y la extorsión. Un gran número de elementos policiacos están vinculados con el crimen organizado. El cargo lo ostentan, no por méritos propios, sino por lealtades políticas o por formar parte del engranaje delincuencial.
Los policías estatales son un cuerpo especializado en la represión. Sus operativos están focalizados para disuadir la protesta social y para reprimir a la población. Han sido entrenados para tratar al ciudadano como enemigo, para usar su equipo y su armamento contra la población que levanta la voz e increpa al poder. Son expertos para reprimir y usar la fuerza letal como garantes de la legalidad. Están equipados para defender los intereses de la clase política por encima de los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas. Arremeten con toda su furia contra la población más indefensa.
A nivel federal es ahora la Guardia Nacional conformada por militares, la que se encarga de la seguridad interior. Hay un gran número de elementos fuertemente equipados que cuenta con toda la infraestructura que se requiere para hacer frente a la población que protesta. Actúan contra los grupos del crimen organizado sólo cuando afecta a intereses de la clase política o cuando desafían con sus acciones violentas a las mismas fuerzas del Estado. Lamentablemente la estrategia de seguridad implantada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado resultados favorables para revertir la espiral de violencia que se ha incrementado en la mayoría de los estados de la República Mexicana. A pesar del gran presupuesto asignado a la Guardia Nacional y el incremento de efectivos militares, el crimen organizado se ha encaramado en las superestructuras económicas, asumiendo el control de varios giros comerciales y enquistándose en las estructuras del poder político, como un supra poder. En algunas regiones ha demostrado tener el control de los mismos ayuntamientos y ha demostrado su fuerza atentando contra la vida de los pobladores para erigirse como los jefes de determinadas regiones.
En nuestro estado las autoridades se han desentendido y desligado de los problemas que cotidianamente enfrenta la población que vive al día, ante la falta de ingresos seguros y el incremento de los precios de la canasta básica. La gente no sólo está angustiada porque no le alcanza el dinero para comer, sino que vive con miedo ante el terror impuesto por los grupos del crimen organizado, que han tomado bajo su control los productos que más consumen las familias.
La lucha por la sobrevivencia lleva a la atomización de la vida pública, a la desintegración de las redes solidarias y a la destrucción del tejido social. Esta crisis de seguridad, los ciudadanos y ciudadanas la enfrentan en condiciones sumamente desiguales, porque las instituciones públicas no funcionan. No hay una política de seguridad que vele por los derechos de la población, que proteja a los más indefensos y que impulse iniciativas para crear mecanismos de seguridad que emerjan desde los diferentes espacios ciudadanos.
La situación es adversa porque hay una política utilitarista por parte de los diferentes grupos políticos. Se usa y manipula a la población sólo para lograr beneficios personales. Estos políticos nefastos acuden a las colonias y comunidades sólo para promover su candidatura. Usan los programas sociales con el fin perverso de hacer campaña con el dinero del pueblo. La política ha sido denigrada por los mismos funcionarios públicos porque ejercen el cargo como lucro personal.
Hoy en nuestro estado los ciudadanos y ciudadanas padecemos la denigración del poder público a causa de la avaricia de quienes han aprendido a vegetar con el presupuesto público. El poder político se ha deshumanizado porque ha provocado graves sufrimientos a la población mayoritariamente pobre. En primer lugar, por la corrupción a gran escala que sigue enraizada en las instituciones públicas y en quienes nos gobiernan.
Hay una grave escisión entre la sociedad y la clase política, por la brecha económica que existe y la desigualdad abismal que se profundiza en la entidad. El dinero público sigue estando del lado de quienes ostentan una responsabilidad gubernamental. Todos ellos actúan con hermetismo para no rendir cuentas a la población. Mientras tanto la gente se desvive por comprar una medicina, por tener un ingreso para asegurar la comida de sus hijos durante un día. Se auto-emplea en las calles para tener unos pesos en el bolsillo. A muchas familias no les alcanza el dinero para comprar un garrafón de agua que cada día sube de precio. Comer las tres veces al día es un privilegio para algunas personas. Ya no hay oficinas del gobierno que den respuestas inmediatas a la gente que requiere el apoyo para satisfacer sus necesidades básicas. Se ha cancelado la atención permanente y efectiva para atender a las mujeres trabajadoras, a los niños y niñas huérfanas, a la población indígena que es discriminada y explotada en los campos agrícolas.
Las instituciones de gobierno están ausentes de los lugares donde se recrudece la pobreza y la violencia. Los funcionarios no prestan auxilio porque argumentan que no tienen recursos. Ya no hay dinero ni para comprar cajas de muerto. Todos los gastos son endosados a las familias pobres que no encuentran el respaldo de las instituciones.
Ahora se habla de programas nacionales, de nuevos proyectos, de lenguajes incluyentes, de cambios en la forma de hacer política, sin embargo, la situación no ha mejorado en cuanto a ingresos, seguridad y calidad de vida. Los programas del bienestar han ampliado su cobertura para atender a la población más depauperada, a pesar de esta inversión millonaria y de los grandes esfuerzos que ha realizado el presidente de la República, en el ámbito local la pobreza se enseñorea a pesar de las tarjetas y los bancos del bienestar. Esta mitigación de las necesidades básicas no cuenta con el impulso de otras inversiones, orientadas a revertir el rezago social, a detonar el desarrollo comunitario, tomando en cuenta las condiciones geográficas en que se ubican estas comunidades.
Es una mala inversión hacer caravanas por parte de las diferentes instituciones gubernamentales en los lugares más recónditos, al tratar a la gente como objeto de asistencia social. Los servicios que les brindan son efímeros, sin embargo, para los funcionarios que conocen por primera vez la Montaña resulta ser un viaje inolvidable. La lacerante realidad no cambia, simplemente la gente experimenta que la acción del gobierno sólo le llega de manera esporádica, que los apoyos del gobierno son por un día. Estas visitas no generan arraigo en las comunidades, por el contrario, sólo propician el asistencialismo y la dependencia que debilita la organización autogestiva de las comunidades y su lucha por la libre determinación. Los programas federales han impulsado el individualismo y debilitado las asambleas comunitarias, supeditándolas a la lógica de los programas que otorgan recursos económicos a los beneficiarios.
La tragedia que sufren las familias a causa de la violencia es un mal endémico en nuestro estado que se profundiza por la indolencia de las autoridades, por su insensibilidad y su falta de compromiso con las víctimas.
El hallazgo de siete cuerpos desmembrados en la plaza de San Mateo en la madrugada del sábado 24 de junio, son actos execrables que provocan terror y al mismo tiempo demuestran la incapacidad de las autoridades para contener esta ola delincuencial. El desprecio por el ciudadano, por parte de las autoridades, ha deshumanizado al poder público. Hay una carga de cinismo en los funcionarios públicos que no toman en cuenta la crisis de seguridad que pone en entredicho su desempeño en el cargo. Es muy grave que las autoridades no hagan causa común para proteger a la población. Todo queda en reportes y en instrucciones vagas para investigar los hechos violentos. Se da vuelta a la página del horror con el fin de continuar con las carreras políticas. Ninguna autoridad hace un alto para replantear la estrategia de seguridad y repensar, con la participación de la sociedad, cómo revertir esta espiral de violencia.
Se tienen que evaluar las graves deficiencias que persisten en el ámbito de la seguridad pública. No se puede continuar con las mismas inercias, de controlar los daños colaterales, y de recomponer la imagen pública de los políticos para no quedar fuera de la contienda electoral.
La deshumanización viene del poder público porque desde el interior de las instituciones se ha devaluado la dignidad de las personas, se ha perdido la dimensión sagrada de la vida, se ha trivializado el poder público y los políticos han tomado un rumbo diferente a lo que debe ser un servidor público. La clase política del estado se ha extraviado por sus ambiciones mezquinas, por su mirada torpe y corta de los grandes problemas que enfrentamos, y lo peor es que los guerrerenses tenemos que pagar las graves consecuencias de las pésimas actuaciones de nuestros gobernantes, que han sucumbido ante la tormenta delincuencial.
En el Zócalo de Tlapa el hermano del activista asesinado Antonio Vivar, Abertano Vivar y el colaborador de Tlachinollan, Armando Galeana sostienen una fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Tlapa cuando estaba en campaña Foto: Antonia Ramírez Marcelino
Antonia Ramírez Marcelino
Tlapa
A ocho años del asesinato del activista Antonio Vivar Díaz a manos de policías federales, crimen que se mantiene impune, familiares reprocharon ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador que “cuando vino en campaña prometió hacer justicia, pero nos falló, se volvió más de lo mismo, ya casi termina su mandato”, en una protesta político-cultural en el Zócalo de Tlapa.
La actividad fue organizada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en memoria de Vivar Díaz, ejecutado el 7 de junio del 2015 por la Policía Federal en la colonia Tepeyac.
El abogado de Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar informó que hasta la fecha no se ha judicializado el caso, a pesar de que la Comision Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene pruebas y señalamientos de quién es el agente que le quitó la vida a Antonio Vivar y que de manera formal ya se emitieron a la Fiscalía General de la República, aún así poco han avanzado.
Activistas y familiares siguen exigiendo justicia para que los responsables sean encarcelados, eran servidores públicos, eran policías federales, pero lamentablemente las autoridades no quieren actuar por lo que no se debe dejar que este caso quede en la impunidad, dijeron.
El abogado de Tlachinollan comentó que el 26 y 27 de septiembre 2014 ocurrió el ataque en Iguala, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, y por eso en el 2015 en una Asamblea Popular acordaron que en Guerrero como protesta no se iban a permitir las elecciones si no aparecían los estudiantes.
Mencionó que de los 21 ayuntamientos que las organizaciones sociales ocuparon, uno de fue el de Tlapa, donde los ciudadanos se sumaron a la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas y se acordó que en Tlapa no se iban a permitir las elecciones, así como en el municipio de Tixtla en donde impidieron el desarrollo de la elección.
Informó que a eso se debió la represión del 7 de junio de 2015, cuando fueron detenidos ocho maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), y en respuesta la población retuvo a varios policías.
Esa noche el Ejército y la Policía Federal incursionaron en la capilla donde estaban retenidos los agentes, armados, y ahí asesinaron de un disparo al activista Antonio Vivar.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández lamentó que cuando intervienen corporaciones policiacas no se investiga, en ese caso no hay protección para las víctimas, y eso ocurrió en la colonia Tepeyac cuando asesinaron a Antonio Vivar, la policía investigadora no se preocupó en levantar las balas para saber qué tipo de armas se usaron, tampoco se investigó a los policías federales que participaron, y todo quedó en la impunidad.
Comentó que hoy estarán acompañando a los familiares y viudas de la masacre de El Charco, y marcharán para seguir apoyando a las movilizaciones sociales provocadas por la violencia del Estado.
Relató que el 1 de junio cuando integrantes del Movimiento Popular Guerrense fueron desalojados del Ayuntamiento, observadoron a grupos de choque, “grupos caciquiles que están en contubernio con la delincuencia organizada”, todos los partidos políticos se unieron para que hubiera elecciones en Tlapa, ahí también vieron que son capaces de privar de la vida de las personas a quienes se oponen a la corrupción.
En el grupo opositor a la movilización por la exigencia de la presentación de los 43 hubo empresarios que repartieron armas, palos y machetes para desalojar a los maestros, según consta en fotos y videos del día del asesinato de Antonio Vivar.
Mencionó el caso de Antonio Vivar “al lado de Arnulfo Cerón Soriano”, quien también fue asesinado en el 2019.
Expuso que ambos iban a las comunidades a hacer conciencia para informar al pueblo sobre sus derechos.
Ingenuamente creímos en AMLO, pero Morena, PRD y PRI son lo mismo, dice el hermano de Antonio
También participó el hermano de Antonio Vivar, Abertano Vivar Díaz quien lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando vino a Tlapa en campaña buscó la manera de subir al templete para pedirle que cuando fuera presidente le hiciera justicia a su hermano.
Cuando volvió a la ciudad como presidente volvió abordarlo y le dijo que esperaba una respuesta del asesinato de su hermano, porque del ex presidente Enrique Peña Nieto no esperaba nada.
“Ingenuamente creímos en él, lo digo porque ya casi va terminar su mandado y no vemos resultados, vamos a buscarlo en estos días para decirle que no es posible que el caso siga impune”, dijo.
Agregó que el gobierno que esté, sea de Morena, PRD o PRI son lo mismo, “no nos van hacer justicia, López Obrador lo prometió pero nos falló, se volvió más de lo mismo, cuando le hicieron fraude ahí estuvimos en la lucha, apoyándolo”.
También se refirió a la senadora Nestora Salgado que los defraudó totalmente, porque no ha hecho nada por los presos políticos.
Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascensio Bautista pidió a la familia de Antonio Vivar Díaz que no se canse de seguir exigiendo justicia porque eso le conviene al gobierno, y exigió que el caso no quede en la impunidad, como hace el movimiento por Ayotzinapa, que siguen pidiendo saber “¿que pasó con nuestros hijos?”.
En la actividad política también se presentaron cantos, poesía y poemas dirigidos a Antonio Vivar.
La FGR se niega a actuar y encubre a los policías, señala Tlachinollan
Tlachinollan en un comunicado informó que este 7 de junio se cumplen ocho años de la “ejecución extrajudicial” de Vivar Díaz, quien fue integrante del MPG y estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional.
Menciona que el día del crimen policías federales reprimieron a integrantes de las organizaciones sociales que protestaban por la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Expone que existen datos de prueba para proceder contra los policías federales que asesinaron a Antonio Vivar pero la FGR se niega a actuar, y es evidente que encubre de manera deliberada a los policías federales.
Agrega que el actual gobierno es indiferente ante la demanda de justicia para Antonio Vivar, cuando el propio presidente de la República tiene pleno conocimiento de la ejecución extrajudicial nada ha hecho para que las familias obtengan justicia. “Dicen que ya no reprimen, pero protegen a los represores del pasado”.
Una niña y un adolescente originarios de Metlatónoc, deportados de Estados Unidos, están en el proceso de traslado del albergue fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua al aeropuerto de Acapulco, a donde los envía el DIF de aquella entidad, luego de haber contactado a sus familiares o al DIF Guerrero, a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que hace dos décadas apoya la gestión de las personas de escasos recursos, informó el responsable del Área de Migrantes, Paulino Rodrígez Reyes.
En consulta telefónica, el defensor indicó que este problema se atiende cotidianamente por la asociación civil, en los DIF de los estados fronterizos que de manera institucional reciben a niñas, niños y adolescentes repatriados, tras los intentos de cruzar la frontera. Según la estadística de la Unidad de Política Migratoria, Guerrero se encuentra entre los estados con más infantes repatriados de Estados Unidos.
Reconoció la integración de un Grupo de Trabajo Especial de Atención a Guerrero, para la atención coordinada de infantes y adolescentes deportados, así como la movilidad de jornaleros agrícolas y el desplazamiento forzado, del Consejo Consultivo de Políticas Migratorias de la Secretaría de Gobernación, con el gobierno estatal, la semana pasada.
Sin embargo, señaló que en el seguimiento de casos, los acuerdos no se cumplen por falta de recursos. Como referencia citó la repatriación de cuerpos de la cancillería al aeropuerto de la Ciudad de México, porque no tiene suficiente dinero, apenas cubre un mínimo de los gastos, por mil o mil 800 dólares, aunque las reglas de operación, señalan apoyos de 4 mil dólares para gastos especiales.
Asimismo, a la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales del gobierno del estado, ya se terminaron los fondos para el traslado de cuerpos de Ciudad de México a las comunidades de origen.
“El viernes pasado en la noche llegó el cuerpo de una madre de familia que falleció en Nueva York, como no tenía ningún familiar allá, fue muy complicado reunir arriba de 6 mil dólares en México. Al final la Semai intervino, luego de un mes que no había colaborado porque se le agotaron los recursos”.
Por otro lado, aclaró que el traslado de infantes repatriados, no es nuevo, y existen diferentes políticas de cada DIF en los estados fronterizos: el de Nogales, Sonora compra boleto al aeropuerto de la Cdmx, a donde el DIF Guerrero va por ellos. Los padres van por ellos a Chilpancingo. Si el DIF del estado de la comunidad de origen no responde, el papá o mamá deben ir por la persona.
Chihuahua es la única entidad donde el DIF de Ciudad Juárez y de Acuña, entrega directamente a los infantes a alguno de sus padres en el aeropuerto de Acapulco, o al DIF Guerrero.
Pero en el último periodo de la anterior administración estatal, y lo que va de ésta, la política de traslado de infantes repatriados no se estaba implementando, porque decían que no tenían presupuesto, denunció.
Informó, que una familia de Metlatónoc acaba de ir a Chihuahua por un adolescente. Para el retorno de otra niña del mismo municipio, canalizada al DIF de Ciudad Juárez, contactaron al DIF Guerrero para que haga los estudios sociológicos, para ver si se compromete a comprar el boleto de Ciudad Juárez a Acapulco.
“Por las experiencias que han tenido anteriormente, los adolescentes de 17 años, casi por cumplir los 18, los mandaban en camión, pero se escapaban, de 2017 hacia atrás, se restringieron más, pero no se entregan con ninguna otra persona”. Estos adolescentes, muchas veces hijos, asumen responsabilidades de la manutención de la familia, indicó.
Explicó que Tlachinollan crea el área de atención y acompañamiento de migrantes a finales de 2007, y a partir de 2008, apoya también con asesoría a la migración transfronteriza de países de Centroamérica. Sin embargo, sigue el tema desde su creación, hace 28 años.
Lamentó que el gobierno anterior como el actual no le interesa actuar con las organizaciones de la sociedad civil, pese a que tienen una agenda de trabajo desde 2006 en lo local, cuando se creó el Consejo de Jornaleros Agrícolas, indicó.
Precisó que por su parte, mantienen comunicación con todos los gobiernos, que tienen si bien en el radar la problemática, si no tienen dinero para operar, no hay forma de atender a los migrantes que viven al día.
El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) recibió el sábado al alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, quien presentó el acta de Cabildo en el que acordaron su rechazo a la entrega de permisos de licencia de suelo a empresas mineras Foto: Cortesía Tlachinollan
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Para salvaguardar el agua y que no se contaminen los ríos, integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) y el gobierno municipal de San Luis Acatlán, presentaron este sábado el acuerdo del Cabildo con el que se comprometen a negar permisos y vialidad de prospección, exploración y explotación de concesiones mineras, y es el segundo municipio además de Iliatenco, en cerrarle las puertas a las empresas extractoras de minerales.
La CRAADET es un grupo de autoridades agrarias en la Montaña y Costa Chica, que está en contra de los proyectos de minería y cada tres meses realiza foros, este sábado durante el encuentro llamado Por la defensa del territorio, que se realizó en las instalaciones del Comisariado de los Bienes Ejidales de San Luis Acatlán, donde se reunieron cerca de 150 personas, entre autoridades comunitarias, ejidales, municipales y de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En el encuentro, el presidente de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez del Partido del Trabajo (PT), presentó el acta de Cabildo abierto de la sesión extraordinaria y celebrada el 13 de marzo de este año, en el que acordaron que el municipio niegue permisos y viabilidad de cualesquiera acción de prospección, exploración, explotación, obra o proyecto relacionado con concesiones mineras.
De acuerdo con el acta, uno de los argumentos por lo que se comprometieron a negar las concesiones a las mineras, es la documentación de daños a la salud, el ambiente y a la vida comunitaria del grupo Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) y la Red Mexicana contra la Minería (REMA), y de las y los promotores comunitarios, que han realizado en Mesoamérica y en particular, en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde han operado desde hace 15 años, las empresas Gold Corp, Leagold Minning y actualmente Equinox Gold, todas de origen canadiense.
Por ello, el Ayuntamiento de San Luis Acatlán acordó que no entregarán la autorización de la licencia de uso de suelo a ninguna empresa vinculada al modelo extractivo minero de capital privado, nacional o internacional o transnacional, además, deberán hacer pública e inmediata a la población la pretensión que alguna empresa realice al Ayuntamiento para buscar dichas concesiones.
Ayer, contactado vía telefónica, uno de los participantes en la CRAADET, y comisariado de Bienes Ejidales de San Luis Acatlán, Clemente Jiménez Santiago, contó que llevan 13 años concientizando a la población en contra de la explotación de las mineras en la Montaña y Costa Chica.
La razón por lo que han luchado para que lograran que el Cabildo respaldara esa postura, contó es principalmente que “sin la Montaña nosotros no somos nadie en San Luis Acatlán, acá sería muy poca la parte que explotarían las mineras, pero nuestro río nace allá arriba (en Malinaltepec) y la primera afectación que habría contra nosotros sería la contaminación de nuestro río”.
Mencionó que el Río Grande, que nace en Malinaltepec, abastece a comunidades de San Luis Acatlán y desemboca en el municipio de Marquelia, por ello han apoyado al CRAADET, porque saben que las mineras no son malas, pero sí son malos los operadores, “que no cumplen con cabalidad todas las medidas de seguridad que debería tener una minera, lo único que buscan es el beneficio económico y no el cuidado de nuestra biodiversidad, de nuestra flora y fauna, para evitar eso mejor estamos en contra de que no se establezcan”.
Señaló que el ejemplo de que las mineras no cumplen es Carrizalillo, en Zumpango, “la contaminación está tremenda, es un desastre, una contaminación a cielo abierto, hay tantas enfermedades que ni siquiera lo dan a conocer”, sostuvo que en la Montaña ya hay afectaciones de plagas por los cambios del ecosistema, y los árboles se están secando.
“Nosotros viendo todos esos pormenores, aquí nos organizamos y creemos que ya basta con lo que tenemos de minerales, ya podemos vivir con la tecnología que tenemos, pero al ratito sin agua, vamos a tener un problema”, sostuvo.
Jiménez Santiago afirmó que saben que la minería es la base de la tecnología, que con los minerales están hechos todos nuestros equipos con los que nos comunicamos, la minería es tecnología y progreso, pero también tienen una responsabilidad, y “se puede vivir sin oro y plata, pero sin agua no”.
“La visión que tenemos nosotros acá en el campo, los campesinos, es que no queremos que nuestros jóvenes que vienen apenas desarrollándose ya no encuentren nada, hace 50 años, aquí en medio de San Luis Acatlán había mucha trucha, langostinos, mojarras, camarones en el río, ahorita ya es un arroyito en comparación, imagínate otros 30 años cómo estará y si entra la minera que tenemos conocimiento que absorben toda el agua para poder trabajar”, comentó.
Aseguró que el sábado acordaron otra reunión el próximo 14 de mayo, para dar continuidad a su agenda de foros y concientización contra la contaminación que provocan las mineras, añadió que han invitado al municipio de Azoyú para que realicen algo similar, porque saben que “están activos las concesiones mineras, en partecitas pequeñas (de territorio), pero están activas”.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que el CRAADET recibió de manos del presidente municipal de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, el acta de acuerdo de la sesión extraordinaria de Cabildo en la que se niegan permisos y vialidad de cualquier acción de prospección, exploración, explotación, obra o proyecto relacionado con las concesiones mineras en el municipio.
Precisó que la entrega se hizo en la asamblea número 38 de la CRAADET, donde regidores acompañaron al alcalde para hacer la entrega del acta, el que indicaron fue un compromiso desde el décimo aniversario de la organización que tuvo lugar en la cabecera municipal de Iliatenco.
Expuso que el municipio de San Luis Acatlán se suma a la defensa de su territorio, así como el municipio de Iliatenco que desde octubre de 2022 presentó un acta de acuerdo de Cabildo para rechazar cualquier acción o actividades relacionadas con la entrada de las empresas mineras en su territorio.
Detalló que las dos actas de acuerdo serán enviadas al Congreso del Estado para que sean publicados en el Periódico Oficial para su validación oficial, y las autoridades comunitarias y municipales llamaron a las diputadas y los diputados locales para que los acuerdos de cabildo sean aprobados y publicados.
De acuerdo con el documento de Tlachinollan, el alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández, se comprometió a seguir acompañando la lucha de la CRAADET por la defensa del territorio, y a dar seguimiento a los actos legales que se requieran para que jamás se instalen las mineras en su territorio ni la Montaña alta de Guerrero.
Manifestó que el presidente de la CRAADET, Claudio de los Santos García, festejó que el gobierno municipal de San Luis Acatlán tomara conciencia y votará de forma unánime por mantener a su municipio libre de la extracción minera.
Llamó al gobierno municipal de Malinaltepec para que se sume al acuerdo de los Cabildos de Iliatenco y San Luis Acatlán, para rechazar la explotación minera en su territorio, “ya que el alcalde, (Acasio Flores Guerrero), no ha dado respuesta a la solicitud de la CRAADET a pesar de que ese municipio cuenta con el mayor número de núcleos agrarios”.
“Las autoridades agrarias integradas en la CRAADET dejaron claro que van a seguir en la defensa de su territorio desde la Montaña a la Costa Chica de nuestra entidad. Se trata de la defensa de la vida, de sus muertos, de los ríos, ciénegas y de sus cerros sagrados. Es por eso que no van a permitir que los proyectos de muerte se impongan y devasten su territorio”, concluyó en su comunicado Tlachinollan.
Los integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña durante su capacitación por personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para la elaboración de proyectos Foto: Antonia Ramírez Marcelino
Antonia Ramírez Marcelino
Tlapa
Integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña exigieron al gobierno estatal la instalación de la Comisión Intersecretarial para atender y garantizar la protección de los derechos de las personas jornaleras, porque siguen padeciendo abusos y extorsiones en sus trayectos y en los campos.
También pidieron que a través de esa Comisión se busque brindar talleres de capacitación para que los jornaleros conozcan sus derechos laborales.
En conferencia de prensa en la Unidad de Servicios Integrales (USI), los consejeros provenientes de las comunidades de Ayotzinapa y Chiepetepec, municipio de Tlapa; Cacahuatepec de Copanatoyac y Francisco I. Madero de Metlatónoc, acompañados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expusieron las violaciones a los derechos humanos que enfrentan cuando salen a trabajar.
En su intervención el coordinador del Área de Migrantes de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes informó que han documentado muertes infantiles, muertes maternas, accidentes que cobran vidas, y el año pasado registraron siete homicidios en las zonas complicadas donde opera el crimen organizado.
Resaltó que de enero a la fecha han documentado tres muertes infantiles, principalmente en la zona agrícolas del sur de Mazatlán, Sinaloa de familias provenientes de Tlapa.
En su intervención la jornalera Rocío Ramírez Domínguez dijo que los migrantes son los que más sufren en los campos de Guanajuato, Sinaloa y Nayarit y reprochó que las autoridades no hacen nada para garantizar sus derechos.
Contó que en los campos “hemos sufrido discriminación, maltrato, insultos, porque somos indígenas, somos migrantes, no tenemos la información y no sabemos leer ni escribir”.
Insistió que eso sucede porque las autoridades “no hacen su trabajo, no voltean a ver a los migrantes, porque ellos se preocupan más por su beneficio personal”, pero se molestan cuando se les exige que hagan su trabajo.
Destacó que las mujeres “sufrimos mucho en los campos, trabajamos triple que los hombres, hacemos la comida, lavamos, bañamos a los niños, hemos ido a trabajar al igual que los hombres”.
Roció comentó que no hay una dependencia que proteja a las mujeres, “para las jornaleras agrícolas no hay programas de vivienda digna, centros de salud, a los niños los tenemos que llevar a trabajar, no tienen acceso a la educación”.
Exigió a las autoridades que volteen a mirarlos, porque son necesarios “somos importantes porque gracias a nosotros no les hace falta la comida a los gringos y a nadie de nuestro país”, pero por trabajar les violentan sus derechos laborales y padecen discriminación.
También pidió a las autoridades que realicen las inspecciones en los campos para que los derechos de los jornaleros se respeten.
Otra jornalera, Hermelinda Santiago Ríos, denunció que durante el trayecto sufren abusos por parte de los policías “por cualquier cosa nos marcan el alto y nos quitan lo que ganamos”, al multarlos.
En su participación, el presidente del Consejo, Miguel Martínez Peralta reprochó el abandono del gobierno estatal, explicó que en esta administración no han recibido nada de apoyo y siguen esperando que les digan qué pasa.
Recordó que con Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre Rivero les surtían la despensa e incluso pagaban el salario de tres personas para el comedor, pero dijo que con Héctor Astudillo Flores empezaron los recortes, y con esta administración morenista de Evelyn Salgado Pineda, “nos tienen en total abandono, no hay nada de despensa en la cocina, dicen que no hay presupuesto”.
Pero criticó que para los festejos del cumpleaños del padre de la gobernadora Félix Salgado Macedono si tiene presupuesto, “hasta tres fiestas celebró en Acapulco, Iguala y Chilpancingo”.
La jornalera Martina Ramírez Dominguez de Ayotzinapa, dijo que en los campos los derechos más fundamentales son violados e indicó que hay diferentes necesidades en la región en materia de salud pero “en los campos es al doble o triple, porque no hay servicio médico”.
Resaltó que sufren no sólo abuso laboral, las mujeres sufren de acoso sexual, “hay niñas que han sido abusadas en los campos; se dan ahí los matrimonios infantiles, cuando las niñas regresan a sus comunidades es para oficializar su unión”.
Dijo que sus derechos son vulnerados por “miedo y desconocimiento” pues no pueden exigir que se respeten, porque si hablas te corren en los campos, por ello consideró necesario la implementación de proyectos para que los jornaleros se capaciten sobre sus derechos laborales, para que sepan a dónde acudir.
Rodríguez Reyes agregó que es visible la ausencia de las autoridades ante una gran problemática “que no se quiere ver, que ha existido por varias décadas en la población jornalera agrícola migrante. Por eso la importancia y la urgencia de que se instale la Comisión Intersecretarial, que se formó en 2011 para garantizar la protección de los derechos de los jornaleros agrícolas”.
Precisó que son 10 secretarías estatales las que integran esa Comisión y a pesar de que la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai) ha mostrado interés, las otras no han respondido.
El encargado del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes cuestionó que el gobierno promueve un programa de visas para jornaleros agrícolas en Estados Unidos, que se van a capacitar a ranchos de particulares, mientras en la Montaña hay personas calificadas que siguen laborando en condiciones de explotación en campos de otros estados del país con salarios precarios.
Recordó que son muchísimas familias, hombres y mujeres que han estado trabajando de 10 a 20 años, tienen experiencia en el cultivo y la cosecha del pepino, jitomate, chile, y no son tomados en cuenta para las visas de jornaleros agrícolas.
En consulta telefónica, explicó que, a mediados del año pasado, supieron de la difusión de la convocatoria a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estatal, en Acapulco, Chilpancingo y Altamirano.
Sin embargo, la población de la Montaña es discriminada por su bajo perfil académico, idioma y condiciones culturales, denunció.
Acerca del testimonio de un grupo de jornaleros contactados por la Secretaría del Trabajo y que fueron enviados a un campo agrícola a Jalisco para capacitación, donde revelaron que fueron golpeados por gente armada, presumiblemente de un cartel de la droga, el activista señaló que arriesgan su integridad mientras no existan convenios claros de protección.
Informó que el programa de visas para jornaleros agrícolas es parte del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, y actualmente se reactivó para que más personas tengan la posibilidad de trabajar con un permiso temporal. “La manera como se aplica es lo que preocupa, no garantizan sus derechos humanos”, enfatizó.
Señaló que es preocupante la coordinación de las autoridades con empresas que supuestamente tenían la oferta de contratar la mano de obra, para luego llevarlos trabajar a Estados Unidos y Canadá, sólo si califican.
Advirtió que esa condición no está en las reglas de operación del programa, y encima los ponen en peligro, como pasó con este grupo de jornaleros en Jalisco, “de manera irresponsable, los dejan sin protección ni garantías.
Rodríguez Reyes detalló que, si mandan a un grupo a capacitación es que lógicamente, no han sido jornaleros agrícolas, cuando en la Montaña hay poblaciones indígenas enteras listas para el programa, “pero nos damos cuenta que no los consideran”.
Opinó que llevarlos en condiciones dignas a laborar a Estados Unidos, puede ser una forma de terminar con la migración interna, porque sólo un integrante, podría en una temporada, reunir los fondos para la manutención de seis meses de su familia.
Sin embargo, familias enteras, siguen en la dinámica de explotación a bajos salarios en los campos agrícolas del país.
Muestra caso de Altamirano la misma explotación que en el norte del país
Por otro lado, informó que, para el seguimiento de la migración interna, todavía no se integra la Comisión Interinstitucional para echar andar la campaña de apoyo de la casa del migrante en Tlapa, pese a que la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales (Semai) trató de reunir a todas las secretarías estatales involucradas en la atención, y tres federales, pero aún no coinciden en la agenda.
Recordó que de agosto a diciembre es la temporada alta de migración, pero hay migración todo el año, y no todos se registran en la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la Montaña, para tener información de las personas y los campos agrícolas a los que se trasladan. Estimó que unos 2 mil o 3 mil salen directamente en vehículos particulares.
De enero a diciembre del año pasado, la USI registró más de 12 mil jornaleros migrantes, precisó.
En cuanto al accidente de pobladores de Ajuchitlán del Progreso que se trasladaban a la corte de chile a Michoacán la semana pasada, donde hubo tres fallecidos, consideró que las condiciones de empleo son iguales que en el norte del país, de explotación y precariedad.
Aunque las personas accidentadas pertenecen a comunidades locales de la región, recordó que pobladores de Copanatoyac, de la Montaña alta, iban al corte de melón a Altamirano en la región de Tierra Caliente.
Precisó que sólo comunidades de Chilapa, y otros de la zona Centro, siguen viajando por temporadas a la Tierra Caliente.
“Son familias jornaleras que viven sin garantías, con explotación laboral; hay salario mínimo”. Aclaró que algunas empresas registradas medianamente, atienden algunos derechos laborales.
Como referencia de las irregularidades, indicó que ayer, recibieron un aviso de que, en el Campo Serrucho, en Sinaloa, el contrato de jornaleros termina a mediados del mes, y no les dicen que no les permitirán salir hasta que termine abril.
Así como los migrantes internos, indicó que los paisanos que se van al extranjero atraviesan situaciones complicadas de salud, muertes por accidente, tienen que hacer frente a trámites administrativos para trasladar cuerpos.
Lamentó que la embajada de México en Estados Unidos ya no tenga fondos para el pago de traslados que van de los 4 mil a 10 mil dólares, dependiendo del estado en que se encuentre el migrante. Ahora sólo apoyan con mil 500 dólares. Precisó que la Semai, sí ha cubierto el traslado del aeropuerto de la Ciudad de México a sus pueblos.
Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) tomaron ayer su plantel para exigir un alto al acoso sexual y una auditoría financiera y administrativa a los directivos.
Mediante un comunicado el comité estudiantil informó que el cierre de la escuela es porque la directora, Fredislinda Vázquez Paz ha ignorado sus demandas.
Dijeron ante esa actitud acudieron al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para que los asesoren porque hay alumnas que han sufrido acoso sexual, verbal y psicológico.
Pidieron la intervención de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda para que Vázquez Paz atienda sus peticiones.
Se quejaron de que no les permiten utilizar el gimnasio y auditorio, áreas que les presentan a los aspirantes a nuevo ingreso para motivarlos a que se incorporen a esta institución, pero que a ellos no les permiten el acceso porque personas externas a la institución hacen uso de éstos. Indicaron que tampoco les permiten el desarrollo de los talleres extraescolares.
También pidieron una auditoria financiera y administrativa por una estancia federal competente, ya que eso impacta directamente en los viajes de estudio, en las cuotas y los insumos; y exigieron que no haya más aumento en los pagos o recargos para la comunidad estudiantil.
De igual manera pidieron que los directivos y docentes se abstengan a represalias contra los alumnos participan en el movimiento estudiantil.
Cerca de las 10 de la mañana, el delegado de Gobernación estatal, Jorge Rodríguez Ponce y Vázquez Paz entablaron un diálogo con los estudiantes quienes expusieron los casos de acoso sexual en contra de algunos alumnas; ahí, Tlachinollan se comprometió a darle seguimiento, pero no hubo más acuerdos porque la directora se tuvo que ausentar. Hasta el cierre de la escuela sigue tomada por los estudiantes.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, platica con la luchadora social, Tita Radilla Martínez Foto: Jesús Eduardo Guerrero/Archivo
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró como un avance importante la información que confirma los llamados “vuelos de la muerte” durante la llamada guerra sucia, pero dijo que esperan que con la revisión de los archivos se obtengan más datos respecto a cómo y quiénes programaban esos vuelos.
Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem), Tita Radilla Martínez desestimó esta información de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pues dijo que ya es vieja para los familiares de desaparecidos y que ahora lo importante es saber a quiénes arrojaron al mar mediante esos vuelos y quienes son los responsables.
El martes, la CNB informó mediante un boletín de prensa que tiene evidencias de los llamados “vuelos de la muerte” que se realizaron durante la llamada guerra sucia, mediante la recuperación de bitácoras y declaraciones de pilotos que indican que algunos de los desaparecidos forzadamente podrían haber sido lanzados al Océano Pacífico en vuelos que partían desde la Base Militar de Pie de la Cuesta en Acapulco.
Entrevistado al respecto el jueves en San Luis Acatlán, después de la ceremonia por el 51 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, Barrera Hernández, quien también es integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos de 1965 a 1990, admitió que ya se tenía “cierta información” de esos vuelos pero dijo que ahora está más fundada y ya es oficial.
Anunció que esa información se está profundizando y viendo la posibilidad de que con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con un equipo de especialistas se realicen las investigaciones para buscar vestigios en la zona donde se llevaban y tiraban los cueros.
“Se hará un trabajo para ver si todavía se puede recuperar información, aunque sabemos que es difícil, pero ya hay un avance en esta información”, insistió.
Agregó que esperan que en los archivos haya más información y tener más datos sobre cómo se programaban estos vuelos, obviamente, quienes los hacían, “porque se sabe que a veces se trasladaba y se traía y también se tiraba a la gente”.
Añadió que con la información de la CNB se están dando más elementos sobre el modus operandi que tenía el Ejército, “en sus planes de contrainsurgencia, en los que tenía no solamente centros de detención clandestina, sino también instalaciones militares donde se desaparecía a personas como el Campo Militar Número Uno.
Dijo que también se confirma que las instituciones castrenses fueron utilizadas para desaparecer, torturar, investigar, “y más ahora con esta práctica de los vuelos de la muerte, es un reconocimiento explícito de estas estrategias de contrainsurgencia”.
El integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, anunció que ahora la tarea es documentar con más detalle y precisión cómo se realizaron y quiénes fueron los responsables directitos de esos “vuelos de la muerte”.
Agregó: “Se tiene conocimiento que los vuelos de la muerte se utilizaron sólo en Guerrero y que fue como el laboratorio de la contrainsurgencia”.
Declaró que la apuesta es también abrir los archivos de la Sedena porque fue un compromiso que asumió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se contribuya al esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos de esa época.
Según el defensor de derechos humanos hay acceso, “no como uno quisiera, en términos de tener una apertura total, pero se está avanzando, sí hay acceso, ya se accedió al Campo Militar Número Uno, pero este es un proceso de trabajo interinstitucional, y de acuerdo con las autoridades militares. No vamos tan rápido como queríamos pero se está avanzando”, aseguró.
Por su parte Tita Radilla entrevistada por teléfono ayer, desestimó la importancia de la información. Dijo que la información de los “vuelos de la muerte” ya se conocía desde hace mucho tiempo.
Ya sabíamos que eso ocurrió, “lo que no tenemos es la documentación que nos confirme quiénes fueron a los que arrojaron al mar, quiénes son los responsables, eso es lo que realmente importa”, dijo.
Radilla Martínez, hija del desaparecido por militares en 1974, Rosendo Radilla Pacheco, declaró que una exigencia añeja de los familiares de desaparecidos durante la guerra sucia es que se abran los archivos de la Sedena para tener esa información.
Explicó que han tenido acceso sólo a los archivos de la (desaparecida) Dirección Federal de Seguridad, en donde han estado en cinco ocasiones y encontraron alguna información de esos vuelos, pero insistió que es más importante revisar los de la Sedena.
“Encontramos declaraciones de personas que fueron desaparecidos en las que unos acusaban a otros, pero sabemos que esos testimonios fueron arrancados bajo tortura. No son creíbles, no son veraces”.
Dijo que desde entonces les prometieron a los familiares de desaparecidos que tendrían acceso a los archivos del Ejército, “pero hoy tienen acceso investigadores y las personas que son parte de la Comisión de la Verdad pero nosotros todavía no tenemos acceso”.
Radilla Martínez declaró que aunque a los familiares no tengan acceso, confían que a los investigadores e integrantes de la Comisión de la Verdad puedan tener información relevante.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz Hernández, indicó que la reactivación de las órdenes de aprehensión contra ejidatarios del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), es una respuesta a la exigencia de la presentación con vida de Vicente Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.
En declaraciones por teléfono, el abogado indicó que las dos detenciones que hicieron los policías ministeriales, en la comunidad de Huamuchito, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, son parte de una estrategia de persecución contra los dirigentes sociales.
Dijo que la fiscalía está ejecutando las órdenes de aprehensión, para evitar que éstas prescriban y sigan activas, “lo que quiere la Fiscalía es interrumpir la prescripción de las denuncias, y mantener las órdenes activas”.
Agregó: “Esa es la política de la Fiscalía, con el pretexto de que hay cuatro personas desaparecidas de la UPOEG, y bajo esa bandera, se están metiendo a las comunidades de Cacahuatepec para realizar búsquedas y ejecutar las órdenes de aprehensión”.
El abogado sostuvo que hay una persecución a los movimientos sociales, “es una mentira que exista un gobierno de izquierda, que mantiene el diálogo con las organizaciones. No es cierto, con este panorama se vislumbran las agresiones”.
Señaló que la fiscalía está respondiendo con la reactivación de estas órdenes de aprehensión, ante la exigencia de resultados en las investigaciones y búsquedas de Vicente Suástegui, hermano del vocero del movimiento, Marco Antonio. “La Fiscalía no acelera el ritmo para investigar y no hay avances, esto es como que siente el Estado que se le presiona por el tema de Vicente, y pues en respuesta dice ‘tú tampoco eres una palomita blanca’”.
Recordó que hay 50 órdenes de aprehensión por delitos que no alcanzan fianza, como tentativa de homicidio y robo, cometido contra el empresario gravillero Humberto Marín, y que son denuncias de 2014 y 2015, del viejo sistema penal acusatorio.
Indicó que la estrategia de la organización es la defensa en los tribunales y la notificación de la persecución a organismo internacionales, de la detención y encarcelamiento de dos de los comuneros del Cecop, en el penal de Las Cruces, detenidos el 1 de diciembre con lujo de violencia.
