Etiqueta: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Es necesario que el Ejército colabore y que la FGR hable con las familias de los 43: Centro Prodh

El pasado 15 de noviembre padres de los 43 escuchan la conferencia de prensa de las integrantes del Mecanismo Especial para el Asunto Ayotzinapa de la CIDH en la normal Foto: Jessica Torres Barrera

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

En la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es necesario que el Ejército colabore con la entrega de información requerida, que la cabeza de la Fiscalía General de la República (FGR) abra el diálogo con las familias y que, de manera oficial, se informe por qué se cancelaron órdenes de aprehensión –la mayoría contra militares– emitidas por la fiscalía especial del caso.
Estas son sólo una parte de las acciones que deberían realizarse a nivel federal para redireccionar el caso, en una etapa en que la confianza de las familias “está trastocada”, dice en entrevista María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que acompaña y representa legalmente a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con las organizaciones de defensa de los derechos humanos (Serapaz) y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) en Ciudad de México, además del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Tlachinollan), en Guerrero.
Para Aguilar, lo más importante en este “momento convulso” es el impacto en las familias a partir de los hechos que comenzaron el 18 de agosto pasado, cuando se presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) a las familias, a las organizaciones representantes, al Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) y, horas después, a la sociedad.
Lo relevante de ese informe, considera, además del reconocimiento de que hubo participación de autoridades de distintos niveles del Estado mexicano, fue que mencionó “los obstáculos a los que se está enfrentando la investigación”.
El presidente de la Covaj y titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez se refirió concretamente a la FGR y al Ejército.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes pasado, que los avances en las investigaciones del caso se encuentran “en riesgo” por “las intromisiones” de agentes externos en el trabajo de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).

Obstáculos de las  Autoridades

Cuando Encinas presentó su informe, continúa Aguilar, se mencionó que la “verdad histórica” es resultado de la injerencia política “del más alto nivel del Estado” con la que se había intentado cerrar el caso.
“Una parte novedosa se enfocaba en qué había sucedido después de la detención de los estudiantes, a partir de capturas de pantalla de distintas conversaciones”, agregó.
“Lo primero que dijeron los familiares tras ver el informe de la Covaj es que lo tenía que revisar el GIEI”. Es importante para ellos, argumenta, “tener a una tercera parte independiente, que pueda ser fiel de la balanza, con una base técnica-profesional”.
Ese informe de la Covaj, enfatiza, no formó parte de la investigación penal y coincidió con la detención del exprocurador general Jesús Murillo Karam y la presentación de órdenes de aprehensión en contra de 83 personas.
“Poco después 21 de esas órdenes, de forma inusual, se cancelaron, y 16 de ellas eran contra elementos del Ejército. Hasta el día de hoy no se ha dado una explicación formal de la base legal de esa cancelación. Eso llevó a renunciar al fiscal del caso (Omar Gómez Trejo), pues fue una decisión no consultada con él. Además se desplazó a su equipo en la fiscalía especial” del caso, resume Aguilar como parte de las irregularidades del caso.
El siguiente paso, agrega la integrante del Centro Prodh, fue el nombramiento de un nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra, que “no tiene experiencia en casos de violaciones a derechos humanos cercano al secretario de Gobernación, pero que no conoce el caso. Eso fue duro para las familias, porque en un proceso de construcción como el que se había dado en los últimos años, con mucho diálogo, es un mensaje de que se estaban cerrando los espacios”.

“Las familias no se
equivocaron”

Del más reciente informe del GIEI presentado el 31 de octubre pasado en Ayotzinapa, Guerrero, Aguilar comenta algunos puntos nodales:
Uno es que a los expertos internacionales les fue imposible verificar el origen de las capturas de pantalla que presentó la Covaj y, por lo mismo, no pueden ser utilizadas en una investigación penal.
“Fueron claros al decir que las cancelaciones de 21 órdenes de aprehensión eran graves y que tenía que darse una explicación oficial de por qué. Además, el GIEI valoró que lo sucedido en estos meses fue grave y eso había trastocado la confianza construida en estos años. Por lo mismo, decidieron que dos de ellos ya no iban a continuar en el grupo”.
Los otros dos integrantes se quedaron en el grupo a intentar generar un mecanismo de seguimiento “para garantizar esa asistencia técnica que se ha tratado de buscar todo este tiempo por medio de la CIDH, (pero) mencionaron que habría condiciones mínimas para ese seguimiento”.
Asimismo, los integrantes del GIEI resaltaron que el Ejército sigue obstaculizando las investigaciones, dice Aguilar y recuerda que solicitaron reconducir la investigación porque hay pruebas no sólidas, así como garantizar acciones penales en contra de distintas personas.

“Confianza trastocada”

Esta información, analiza Aguilar, fue muy dolorosa para las familias. “Se tiene que decir: se les presentó una versión de los hechos no verificada. Eso trastoca la confianza y genera un dolor completamente innecesario”.
Por otro lado, es tema central, dice, que este tipo de anuncios se habían hecho de manera conjunta entre Covaj, la fiscalía y el GIEI. “A eso se refiere el GIEI cuando anuncia algunas salidas. No se les tuvo la confianza para generar esos espacios de verificación”, explica.
El GIEI obtuvo la información a fines de septiembre y su peritaje estuvo listo para fines de octubre. “Es decir, esa información en un mes se pudo haber verificado con peritajes técnicos. El hecho de que esto no haya sucedido, sí trastocó la relación de diálogo que se había tenido entre las familias, el GIEI, la Covaj y la propia fiscalía (…) Es preocupante, trastoca cualquier tipo de confianza construida”.
–¿Cuál es el panorama actual?
–Nos encontramos en un momento crucial en que el Estado tiene que decidir si va a reconstruir, o si se va a estancar en una sola versión como lo hizo la administración pasada.

El opaco papel
de los militares

La reconducción de la investigación pasaría por tres situaciones, reitera Aguilar: uno, que el Ejército colabore en entregar información; dos, que la FGR dialogue con las familias o con el propio GIEI, “que señaló que el fiscal general no los ha recibido”; y tres, “que se dé información oficial de por qué se solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión que un juez había decidido”.
Añade que está pendiente la extradición de quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. “Hay todavía una serie de acciones que tienen que ser priorizadas y son esenciales para que las familias reconozcan que hay intención de reconducir la investigación, y que los dos expertos del GIEI que se quedaron puedan tener elementos para continuar”.
–¿Cuál es la lectura respecto al papel del Ejército?
–En su rol de siempre de ser una institución opaca, que no le gusta colaborar con las instituciones civiles. No le gusta ser identificada como una institución que podría haber tenido involucramiento en estos casos. Ha provocado mucho daño a la investigación que no haya querido dar información por tantos años.
“Es importante reconocer que la información que se obtuvo por parte del Ejército vino, sí, del impulso que dio Encinas de poder abrir esos archivos. Que el GIEI entrara fue parte del trabajo de la Covaj. Pero está documentado por el GIEI que esta información no ha sido suficiente, que fue entregada a cuentagotas y sólo después de mucha insistencia. Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó entregar la información”.
El GIEI tuvo acceso a documentos hasta 2021, enfatiza Aguilar. “Durante todo ese tiempo, (la Secretaría de la Defensa Nacional) entregó información desviada sobre que había un estudiante que pertenecía a las fuerzas armadas y que estaba en tareas de inteligencia en la normal de Ayotzinapa.
“De lo más importante que se ha logrado, es acceder a información de la investigación de la Administración de Control de Drogas? (DEA) en contra de Guerreros Unidos, en Chicago. Pudieron acceder a una serie de, esos sí, mensajes verificados, con extracción legal, con control judicial. Quedó claro que había una colusión entre el batallón 27 y 41 con Guerreros Unidos. Es la base de la acusación hoy en contra de elementos militares, hoy detenidos, por delincuencia organizada.
“La opacidad del Ejército, no querer ser investigado, sólo genera más dudas en un contexto donde se está profundizando su papel en tareas de seguridad, con un discurso de que las fuerza armadas son incorruptibles, que ayudarán a que la situación de seguridad mejore en México, cuando la información señala que existen pruebas de que están coludidos con la delincuencia organizada”.

El papel de la FGR

En el contexto de impunidad “tan grave” que hay en México, “preocupa que no haya una fiscalía general autónoma, independiente. Tenemos a un fiscal –Alejandro Gertz Manero– más involucrado en procesos de conflicto de interés, que en temas prioritarios que se viven en México en materia de seguridad e impunidad”, advierte Aguilar.
“Vemos que el tema de desaparecidos no es prioridad para la FGR”, lamenta. “Por una petición desde un alto nivel, se cancelan 21 órdenes de aprehensión. Por un lado, se está protegiendo al Ejército, porque buena parte, 16, iban en su contra. Eso es un obstáculo. Nadie ha informado a las familias por qué se tomó esa decisión, que dio cuenta de que el fiscal especial fue desplazado. De una forma coherente, renunció al cargo”.
–¿Cuál es la situación de las familias?
–El foco tiene que estar en que las familias de personas desaparecidas viven continuamente la incertidumbre, el dolor, por no conocer el paradero de sus seres queridos. Eso ha sido equiparado a una tortura permanente. Son ocho años de lucha. Es muy desgastante. Tiene implicaciones en su salud, en su economía.
–¿Qué podemos esperar?
–Ayotzinapa no es más o menos importante que otros casos de personas desaparecidas, sino que es un caso que ha podido documentar a todo lo que se enfrentan las familias de personas desaparecidas. Si en este caso en particular las autoridades no colaboran, no buscan generar el acceso a la justicia, lo que todos vemos es que eso se podría replicar en otros casos. Por eso es importante que se hagan las cosas de manera correcta, con una apertura de supervisión internacional.
“Eso es parte de lo que tiene que pasar, sí o sí. Los expertos del GIEI que se quedaron en México dijeron que deben tener condiciones para poder trabajar. Las familias tienen claro que es ahí donde hay garantías de una investigación objetiva, independiente, eficiente. Se requiere un diálogo directo y honesto con ellas, el conocimiento claro de la situación del caso y que no habrá más obstáculos de las instituciones”.

Es prioritario proteger territorios y recursos de pueblos indígenas: ONU

Es prioritario proteger territorios y recursos de pueblos indígenas, dice Relatora especial de la ONU

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz hace público su informe sobre su visita a México del 8 al 17 de noviembre de 2017, informa Tlachinollan

Beatriz García

Chilpancingo

La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, hizo público el informe de su visita a México, donde incluye a Tlatzala, municipio de Tlapa, y en el que destaca que la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas debe ser prioritario, y requiere una reglamentación conforme al derecho internacional.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humano de la Montaña Tlachinollan expone que, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la relatorora hizo pública su visita a México del 8 al 17 de noviembre del año pasado.
En el estado, la relatora visitó la comunidad nahua Tlatzala, donde se encontró con más de 300 indígenas de municipios de la Montaña y la Costa Chica.
En el informe, la relatora manifiesta los problemas de los pueblos indígenas, la necesidad de preservar y proteger las tierras, territorios y recursos.
Para la experta, éste es un asunto crítico que se encuentra en la raíz de muchos problemas de derechos humanos de los pueblos indígenas, y que el régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e instituciones agrarias, no responden a sus necesidades y no se ajustan a las obligaciones internacionales de México.
Abunda que los mismos procedimientos para el reconocimiento de los derechos territoriales no son sencillos ni accesibles y conllevan largos procesos legales.
“La demora en muchos casos agrarios ha sido fuente de conflictos intra e intercomunitarios… en numerosos casos, los reclamos territoriales forman parte de acciones legales para impugnar permisos forestales o permisos agrarios otorgados a terceros sin previa consulta”.

San Miguel del Progreso, ejemplo paradigmático de defensa legal de derechos territoriales

En su visita a Guerrero, escuchó el testimonio de Marco Antonio Suástegui, líder preso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP).
La Relatora especial recibió denuncias reiteradas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, de energía solar, de hidrocarburos, agroindustriales, de infraestructura, turismo y otorgamiento de permisos forestales.
“Sobre las concesiones mineras que otorga la Secretaria de Economía (SE) comentó el caso emblemático de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero. Para la señora Victoria, esta comunidad es uno de los ejemplos paradigmáticos de cómo los pueblos indígenas interponen recursos jurídicos para defender sus derechos territoriales”, indica el escrito.
San Miguel impugnó concesiones mineras en su territorio, así como la constitucionalidad de la ley minera.
Agrega que en esta lucha contra los megaproyectos, para la relatora la defensa de los territorios y recursos naturales aumenta el riesgo de violencia y criminalización; y que esto ha generado que varios dirigentes indígenas se encuentren encarcelados, a pesar de sentencias judiciales que han ordenado la suspensión de los proyectos o de medidas de protección otorgadas por organismos internacionales.
En el informe, Tauli-Corpuz resalta que, a las comunidades indígen de Ayutla de los Libres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación les validó la consulta para que en el proceso electoral local de este año se eligieran autoridades locales de acuerdo con sus usos y costumbres.

Preocupa a Tauli-Corpuz que desconozca a policías comunitarias la reforma constitucional

El comunicado añade que otro asunto relevante y preocupante es la inseguridad y desprotección que también enfrentan los pueblos indígenas, por lo que la relatora hace un reconocimiento a pueblos y organizaciones que han presentado varias iniciativas para hacer frente al flagelo de la inseguridad.
“Desde 1995, la policía comunitaria en Guerrero ha realizado tareas de seguridad, justicia y reinserción conforme a usos y costumbre indígenas, lo que ha reducido la violencia e impunidad. El estado de Guerrero reconoció legalmente a la policía comunitaria existente en 2011, aunque parece que actualmente hay iniciativas legislativas para desconocer los sistemas normativas indígenas”, rescata el comunicado de las palabras de la relatora.
Además, Tauli Corpuz tuvo información de numerosos casos de persecución penal y criminalización de policías comunitarios acusados de diversos delitos.
En el comunicado se lamenta la decisión que tomó el gobernador para aprobar la reforma al artículo 14 constitucional, que desconoce a la policía comunitaria como una institución que ha sido valorada y reconocida, tanto por la actual relatora de los pueblos indígenas, como por el fallecido antropólogo Rodolfo Stavenhagen, ex relator de la ONU.
Sobre la violencia, la impunidad y acceso a la justicia, la relatora comentó que México atraviesa una grave crisis de violencia y de inseguridad con niveles alarmante de asesinatos, desplazamientos y desapariciones.
Por otro lado, la relatora se reunió con padres de estudiantes de comunidades indígenas, y tomó nota de los pocos avances en las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
“Documentó que en Guerrero, Chiapas y Chihuahua siguen ocurriendo desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a raíz de amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que se disputan los territorios para sus actividades. Ante esta situación, la principal respuesta estatal ha sido una mayor presencia militar, que no ha disminuido la violencia”.

El crimen organizado aumenta la vulnerabilidad de los pueblos, dice

Otra situación grave que recabó la relatora especial en Guerrero, es la presencia del crimen organizado en áreas donde también existen intereses mineros y que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.
Pese a estos grupos, las autoridades impulsan proyectos sin atender el grave problema de la violencia.
Asimismo, para la relatora, los derechos económicos, sociales y culturales, la discriminación histórica y estructural han profundizado la marginación y pobreza multidimensional, así como la ausencia de servicios básicos suficientes y culturalmente adecuados, manifiesta.
“En su visita a la Montaña corroboró la diversidad de problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda digna y al agua. Que son una demostración de la exclusión social y la discriminación racial”.

Documenta violencia obstétrica y desatención a feminicidios, niños y jóvenes

También, la relatora escuchó varios testimonios de mujeres indígenas que han sido víctimas de la violencia y sobre todo de la falta de sensibilidad de las autoridades para investigar y procesar a los responsables de delitos, y para tipificar los feminicidios.
Otra grave preocupación es la violencia obstétrica, ya que mujeres denunciaron negligencia, indiferencia y discriminación del personal de Salud, cuando requerían atención obstétrica, lo que tuvo como resultado algunas muertes y graves lesiones.
En la comunidad de Tlatzala la relatora habló con algunas mujeres que fueron víctimas de estas actuaciones indolentes de las autoridades de Salud.
Por otro lado, en el caso de niños y los jóvenes Victoria Tauli señaló que en Chihuahua y Guerrero, preocupa el reclutamiento de niños y jóvenes por el crimen organizado, dada la ausencia de políticas de prevención del Estado y de oportunidades económicas, y que en regiones afectadas por el crimen organizado y el tráfico de drogas, quedan pocas opciones para los jóvenes, que frecuentemente deben decidir entre unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados.
Sobre las discriminación y acceso a la educación, citó que en Guerrero algunas comunidades indígenas han emprendido acciones legales para exigir la construcción de escuelas o para obtener un número suficientes de docentes.
En cuanto a los jornaleros agrícolas, constató que la mayoría proviene de estados sureños que trabajan en campos agrícolas del norte y que enfrentan graves violaciones a sus derechos laborales y humanos; sufren graves problemas por exposición a agroquímicos, falta de seguridad social y servicios de salud, y en el caso de jornaleras, violencia sexual de los empleadores.
También expone que le preocupa la discriminación y la inadecuada atención a los centros de salud, en el caso de las mujeres embarazadas o de niños que han sufrido enfermedades o accidentes en los campos agrícolas.
Varios casos de la Montaña fueron presentados a la relatora por padres que perdieron a sus hijos al ser aplastados por un tractor cuando dormían a la orilla del campo agrícola.
Para la relatora especial, los indígenas afectados por desastres naturales enfrentan problemas particulares, y desarrollaron una propuesta integral que, con la provisión de recursos adecuados, podría brindar alimentos con pertinencia cultural y bajo el control de las mismas comunidades, pero autoridades estatales y federales no han tomado esta propuesta en cuenta y continúan promoviendo programas asistencialistas y sin pertinencia cultural.
El informe será presentado por la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en el trigésimo noveno Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 10 al 28 de septiembre de 2018.

 

 

 

Persisten desigualdad social y criminalización contra los pueblos indígenas de México: ONU

Otros problemas que enfrentan son desplazamientos forzados y discriminación, revela informe del organismo en el día internacional dedicado a las poblaciones originarias

 

 

César Daniel Martínez Cisneros / Agencia Reforma

Ciudad de México

Criminalización, desplazamientos forzados, desigualdad y discriminación, entre otros problemas, enfrentan los pueblos indígenas en México, concluye un informe de la ONU.
La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli, hizo público ayer su informe final sobre la visita que realizó al país del 8 al 17 de noviembre del año pasado.
Publicado en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el informe critica que a pesar que desde 2003 el gobierno de México hizo compromisos en materia de derechos humanos, los indígenas no los gozan a plenitud.
“Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos, extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo, constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, indica Tauli, en el documento que presentará oficialmente en septiembre.
“A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos”.
Estos problemas, agrega la relatora, se desarrollan en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas, lo que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.
Para la especialista, la situación de los pueblos indígenas refleja la brecha que existe entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por México.
“Dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas”, sentencia.
Entre las recomendaciones que plantea, se encuentra reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales.
“Un primer paso para resolver los problemas mencionados en este informe es reconocer la deuda histórica del país en esta materia”, plantea.
“(El segundo,) adecuar la legislación y las políticas relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo energético, minería, agua, producción y seguridad alimentaria, gobernanza y administración de justicia, entre otros, con las obligaciones internacionales”.
Al dirigirse a los pueblos indígenas, Victoria Tauli los alentó a continuar desarrollando sus propias iniciativas legales, políticas y de libre determinación, con estándares internacionales.
El informe fue acompañado por un listado de 100 casos que la relatora recibió en su visita a México, sobre violaciones en 15 estados, principalmente Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Guerrero.

Destacan la diversidad lingüística de México en la Conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas

La representante de la UNESCO, Nuria Sanz, anunció que 2019 será un año precisamente dedicado a la multiplicidad de las lenguas originarias

 

Francisco Morales V. / Agencia Reforma

Ciudad de México

Boleros y sones en didxazá, el zapoteco de Valles, inauguraron la segunda Feria de Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN) en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).
En voz de Natalia Cruz, acompañada por la Banda La Istmeña y el Ballet Folklórico Ñuu Savi, los cantos tradicionales de piezas como Naila y La llorona abanderaron a Oaxaca, el estado invitado de esta edición del encuentro de tres días.
Este miércoles, en el que se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el evento organizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) destacó la diversidad plurilingüística nacional.
“Esta es una celebración importante porque permite la difusión y visibilización de la diversidad, pero, sobre todo, de la riqueza lingüística de México”, dijo en el acto inaugural la poeta didxazá Irma Pineda.
A decir de Juan Gregorio Regino, 23 lenguas indígenas de 16 estados de la República están presentes en las 85 actividades, entre conciertos, lecturas, presentaciones de libros y conservatorios, que forman parte del programa de la FLIN.
“Las lenguas indígenas son patrimonio de los mexicanos, nos dan sentido de pertenencia y es la riqueza intelectual más grande que aún tenemos”, destacó Regino.
Presente en la inauguración, la representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, habló de la intención del organismo internacional detrás de la instauración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
“La UNESCO no quiere celebrar este día sólo para que pensemos hoy en los pueblos indígenas. Todas las políticas culturales de la UNESCO, todas las políticas educativas y científicas intentan generar un diálogo de saberes transversales día con día a favor de la pluralidad”, enfatizó.
En su discurso, Sanz subrayó el plurilingüismo de México e informó que, para la UNESCO, el 2019 será un año precisamente dedicado a la diversidad de las lenguas indígenas.
También alertó sobre el riesgo en los que éstas se encuentran.
“Lo que es preocupante es que la disminución de las lenguas se acompaña del hundimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, se acompaña de la invasión de sus tierras ancestrales, se acompaña del impacto cultural que representa las grandísimas infraestructuras”, lamentó.
Del 9 al 12 de agosto, la FLIN llevará a cabo sus actividades en las instalaciones del Cenart.
“Que esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales sea, pues, el despertador de la consciencia para seguir trabajando por que un día, en nuestro país, realmente se reconozca multilingüe y se consolide como un crisol de pensamiento”, deseó Irma Pineda, antes de que comenzaran los sones de su tierra.

Imposible, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, resuelve otro tribunal

Es imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, resuelve magistrado federal

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la PGR

Agencia Reforma

Ciudad de México

Un magistrado federal resolvió ayer que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, un veterano de 24 años como juzgador federal no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares, debido a que consideró que esa autoridad no es imparcial.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Luis María Aguilar dictó el 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.

Impugnarán padres de los 43 la resolución; la decisión final será de la Suprema Corte: ONG

Las organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 impugnarán la resolución de un magistrado federal, que consideró jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad para investigar los ataques ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
En un comunicado, Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh lamentaron la decisión del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de Sabino Pérez García.
El magistrado declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR) que considera que no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“La decisión del magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión”, dicen las organizaciones, adelantando que impugnarán la resolución.
“La SCJN debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal en el caso Ayotzinapa”, agregó.
Para las organizaciones la decisión del magistrado lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso, la cual se había recuperado con la sentencia del Tribunal Colegiado.
“El acuerdo publicado el día de hoy (ayer) muestra que aún tenemos en México un poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, advierten.
También consideran que la negativa a la creación de la Comisión de la Verdad responde a una “acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto”, que interpuso más de 100 recursos y escritos jurídicos, “presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados”, plantean.
“Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
La respuesta de las organizaciones se da aunque la resolución no ha sido notificada a las víctimas. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Hay una decisión política para no resolver el caso Ayotzinapa: Amnistía Internacional

Las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno federal contra la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa demuestran que existe una decisión política para no resolver el caso, consideró la organización Amnistía Internacional (AI).
Hoy al resolver un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR), el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, resolvió que es jurídicamente imposible cumplir la sentencia que ordenaba crear la comisión.
Para Erika Guevara, directora para las américas de Amnistía Internacional, el gobierno federal ha hecho todo lo posible para impedir la creación de esa comisión.
“El gobierno tomó más de 100 acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”, comentó en un comunicado.
“Esto muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”, señala.
Guevara menciona que el tribunal colegiado que ordenó la creación de la comisión consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y pruebas fabricadas.
“El gobierno debe de dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”, llama. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

 

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Llama Vidulfo a una reunión con AMLO para definir los términos de la comisión de la verdad

Es “positivo” el anuncio de la ex ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, sobre la integración de comisiones de la verdad para indagar crímenes no resueltos, opinó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Sánchez Cordero es la propuesta para encabezar la Secretaría de Gobernación por el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, e informó que una de las primeras comisiones será para investigar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, atacados en Iguala en septiembre de 2014.
Adelantó que la comisión estará integrada por representantes de las víctimas, de la CNDH y del Ministerio Público federal, pero sólo los dos primeros decidirán las líneas de investigación y las pruebas a desahogarse.
Consultado vía telefónica al respecto, el abogado de los padres de los 43, Rosales Sierra consideró que la creación de la comisión “es lo más conveniente” para esclarecer los hechos y llegar al conocimiento de la verdad.
“Qué bueno que el equipo de transición esté mostrando esta apertura”, expuso.
Agregó que hace falta concretar una reunión entre los familiares de los jóvenes, López Obrador y su equipo para que puedan discutir y dialogar sobre los términos de la creación de la comisión.
A pesar de que Sánchez Cordero hizo alusión a diversas comisiones al decir que en la del caso Ayotzinapa participarán los representantes de los familiares de los normalistas desaparecidos, la CNDH y el Ministerio Público, Rosales Sierra expuso que “está acotando a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en los términos” que indicó el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, “aunque ella no es expresa en manifestar que esa comisión sería en cumplimiento al fallo, pero al hacer ese acotamiento nos queda claro que el parámetro para la creación de la misma es la resolución del colegiado”.
Dijo que ayer no había recibido ningún tipo de invitación a una reunión pero con los padres y madres se dará a la tarea de buscarla pues “el interés es de nosotros”.
Además informó que la próxima semana, el 14 de julio, habrá una Asamblea Nacional Popular (ANP) en la Normal Rural de Ayotzinapa en la que se discutirá con las organizaciones sociales que apoyan el movimiento, así como la creación de la comisión.
Agregó que la asamblea buscará el impulso que las organizaciones sociales puedan dar “a esta discusión de la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de los hechos, esta discusión de la necesidad de revertir la impunidad en nuestro país y empezando por el caso emblemático de impunidad, de graves violaciones a los derechos humanos de Ayotzinapa”.
Además declaró que los padres y madres de familia visitarán Reynosa para tratar de dialogar con el Primer Tribunal Colegiado que analiza los “incidentes” que interpusieron las autoridades para evitar cumplir con el fallo que ordenó la creación de la comisión, “; se trata de una caravana que buscará contar con el apoyo de las organizaciones sociales durante el recorrido.

No notifican a los padres de los 43 el fallo que ordena una Comisión de la Verdad, dice Vidulfo

A 10 días de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenara la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente del fallo.
El 5 de junio los magistrados emitieron el fallo en el que especifican que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Dicha comisión debía formarse diez días después de que las partes involucradas fuesen notificadas.
Consultado vía telefónica sobre la formación de la comisión y el seguimiento jurídico del fallo, Rosales Sierra declaró que los representantes legales de los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos no han sido notificados de manera oficial.
“Seguimos teniendo reuniones para poder seguir estructurando esta comisión, sin embargo a la fecha (ayer) no hemos sido notificados todavía de tal manera que el plazo no ha empezado a correr para nosotros, tendrían que notificarnos pero no ha ocurrido”, explicó.
Dijo que desconoce si la PGR ya fue oficialmente notificada mientras que los padres y madres de familia con los abogados que los representan siguen con el análisis del fallo, así como de los posibles integrantes de la Comisión de la Verdad de quienes prefirió no entrar en detalles pues “sería muy incipiente, muy aventurado”.
Por último señaló que seguirán a la espera de que se les notifique de manera oficial así como a la respuesta de las autoridades para saber, “si van a cumplir o no van a cumplir” lo establecido en el fallo que faculta a la Comisión de la Verdad para tener acceso libre e inmediato “a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Inician jornaleros de la Montaña su viaje a campos de trabajo sin el apoyo de gobiernos


Sin el seguimiento ni la vigilancia de autoridades federales y estatales, cientos de familias de jornaleros agrícolas salieron este lunes de las comunidades de Chilapa rumbo a los estados del norte del país, principalmente a Sinaloa, en busca de trabajo.
Antes del mediodía, se vio a las familias abordar los autobuses, cargando sus petates, televisores, cobijas, envoltorios y bolsas que son lo poco de valor o lo necesario que pudieron llevarse. Entre los grupos se vieron adultos mayores y, mayoritariamente, niños en edad escolar auxiliando en el traslado de sus cosas a sus padres.
El 6 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que, en el contexto de la temporada alta de migración interna, jornaleras y jornaleros indígenas de la Montaña sufren extorsiones, hostigamiento y la falta de apoyo gubernamental, que a pesar de conformar una comisión intersecretarial de atención a familias jornaleras, nada pueden hacer ante los abusos y problemas que padecen miles de campesinos que recorren cientos de kilómetros para trabajar largas jornadas en los campos agrícolas del país, ante la falta de trabajo en sus lugares de origen.
Ayer, no se vio a ninguna autoridad revisando las condiciones de seguridad en que viajan las familias indígenas a los estados del norte del país en busca de empleo.
En Chilacachapa, municipio de Tixtla, a orillas de la carretera Chilpancingo-Chilapa, se vio a mujeres, niños y adultos mayores abordando un autobús. Algunos familiares o vecinos salieron de sus casas a despedirlos. A un costado del autobús, aún se vieron amontonadas sus pocas pertenencias, que serían acomodadas en el portaequipaje.
En Chilapa, tres autobuses estacionados desde la mañana a una cuadra donde el gobernador, Héctor Astudillo Flores encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero, esperaban a las decenas de familias que los abordarían después del mediodía.
Sentados en la banqueta, bajo la poca sombra que les proporcionaba la marquesina de una casa, una pareja con su hijo de unos siete años de edad almorzaban tortillas frías con chiles en vinagre, antes de partir hacia su viaje.
–¿Hacia dónde se van, mi amigo? –preguntó al padre de familia un reportero.
– A Sinaloa, –contestó cabizbajo el hombre, visiblemente contrariado y triste.
En los alrededores de dos autobuses, otras familias mataban el tiempo u ordenaban sus pocas partencias en cajas de cartón o bolsas.
Una cuadra más adelante, a orillas del bulevar Eucaria Apreza, cerca del mercado municipal, decenas de familias, algunas madres con sus hijos en brazos, corrían para abordar el autobús. Una joven de unos 20 años cargaba una pantalla y una antena, mientras que un niño de ocho años arrastraba un petate enrollado rumbo al portaequipaje del autobús.
Indiferentes a la escena, pasaron por ese sitio el gobernador, Héctor Astudillo Flores; el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza; el secretario de Educación, José Luis González de la Vega; y el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, acompañados de su séquito de colaboradores, rumbo a una conferencia de prensa en el Zócalo de la cabecera municipal.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó el 6 de noviembre que el flujo migratorio ha sido de 2 mil 500 jornaleras y jornaleros, “que en su diáspora hacia estados como Michoacán, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Baja California y Nayarit, entre otros, los atropellos en su contra no cesan”.
El Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña denunció “una ola de extorsiones cometidas por parte de policías ministeriales de Guerrero a familias jornaleras que se transportan en vehículos particulares que traen placas de otros estados”.

Evidencian los datos del Coneval el fracaso de las políticas públicas, señala Abel Barrera

 

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval) que revelan que el 64.4 por ciento de los guerrerenses (2 millones 315 mil 400 personas) vive en pobreza, y el 23 por ciento en pobreza extrema y no tiene para comprar la canasta básica, evidencian el fracaso de las políticas públicas, declaró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El antropólogo dijo que ese es el resultado de la apuesta del gobierno solamente a la inversión extranjera, sobre todo a las empresas extractivas, como las mineras, y de que no invierta para el desarrollo en el campo. Añadió que también es el resultado de la corrupción y de la aplicación “clientelista” de los programas sociales. Dijo que a la clase política del país le conviene que sigan así las condiciones para tener clientela política cautiva.
Consultado por teléfono sobre los resultados del estudio del Coneval, Barrera Hernández declaró que el modelo económico que se ha impuesto en el país y en el estado, “es un modelo para generar programas compensatorios que solamente van paliando el problema del hambre, de la salud, de la educación”.
Expresó que no existe una política construida desde la base comunitaria y pensando en el bienestar de la comunidad, y que esas estadísticas reflejan los contrastes abismales entre los municipios de alto poder adquisitivo, como Nuevo León, con los municipios más empobrecidos de la Montaña de Guerrero, como Metlatónoc o Cochoapa El Grande.
“Es la expresión de la desigualdad al máximo. Estamos en un estado totalmente desigual y totalmente marginal de las políticas sociales que solamente son corporativas, clientelares y los programas netamente asistencialistas para asegurar clientela cautiva entre los sectores empobrecidos y, sobre todo, tratar a la población como objeto de conmiseración, no como sujeto de cambio o como actor que transforme la realidad”, denunció Barrera Hernández.
El antropólogo declaró que por eso no se consulta a los pueblos y se imponen modelos de desarrollo extractivistas, como la entrada de empresas extranjeras para extraer los minerales, “porque ese es el modelo a nivel global, y las autoridades mexicanas lo siguen a pie juntillas y a lo único que le están apostando las autoridades es a que venga la inversión extranjera a hacer una derrama de inversión, pero su inversión no se compara con la riqueza y el tesoro que se llevan”, lamentó.
Barrera dijo que, además esas empresas vienen a destruir el hábitat, a contaminar los ríos y a devastar toda la riqueza natural, “y vemos, en contraste, que no hay una apuesta por reactivar el campo, por recuperar los cultivos tradicionales como la siembra mesoamericana del maíz, frijol, calabaza y el chile”.
Dijo que esa política ha llevado a que a las comunidades de la Montaña se lleve hasta chile, maíz y frijol de las ciudades, porque el gobierno retiró el subsidio al campo para hacer dependientes del sector empresarial urbano a los campesinos, “por eso ha descapitalizado al campo”, acusó.
La reforma del campo fue para volcar la estructura agraria hacia el capital, señala

Explicó que la reforma agraria fue precisamente para transformar la estructura agraria e irla volcando hacia el capital. “Ahora, las estructuras corporativas imponen los paquetes tecnológicos al sector agrario para tener el control de los electores, y eso, lamentablemente es lo más perverso que se está dando en la implementación de políticas para el desarrollo… En verdad, la información del Coneval está constatando el fracaso de esas políticas públicas que no están apostándole al desarrollo local, al desarrollo comunitario, y están trayendo tecnología basada en el petróleo, que lo único que está haciendo es acelerar el problema del calentamiento global”, dijo Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan alertó que “nos vamos a seguir hundiendo, lamentablemente, si se sigue este modelo extractivista, privatizador, depredador y saqueador sistemático de los recursos naturales”.
Denunció que otra de las causas de los resultados del Coneval es la corrupción endémica de las empresas que han llegado a construir obra pública y que sólo se vienen a llevar los recursos porque no hacen la obra pública.
Agregó que los programas que ha implantado el gobierno son sólo un negocio de los proveedores, y que hay un contubernio entre funcionarios públicos que aprueban los proyectos con grupos de proveedores para hacer negocio con la venta de los insumos.
“Todo es un robadero en los proyectos, al campesino solamente le queda de recuerdo de los programas de PESA (Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria) es un alambre tirado y raído, una parcela montosa, y pequeñas aulas de lo que fue la granja, o los invernaderos todos abandonados… se implementan para sacarse la fotografía o enriquecer a los políticos”.
Aseguró que en el campo no se ve un programa que invierta directamente en las familias del campesino.
“El campo se trasformó en una mina de oro, pero para los grandes inversionistas de empresas tanto agroindustriales, como farmacéuticas o metalúrgicas, para una explotación a escala global”, dijo Barrera.

Temen que se pierdan medicamentos ante corte de electricidad por un rayo en casas de salud de Ayutla

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García denunció que desde hace una semana las comunidades de Barraca Tecuani, Yerba Santa y Ciénega del Sauce, del municipio de Ayutla de los Libres, no tienen energía eléctrica aunque ya lo reportaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y temen que se descomponga el medicamento que debe estar en refrigeración en la casa de salud.
En consulta telefónica, el abogado manifestó que, a causa de un rayo que cayó en un poste, quedaron sin el servicio las tres comunidades.
“Lo preocupante es que en la Casa de Salud de la comunidad hay medicamento que requiere refrigeración, para que sea suministrado, principalmente a niños que puedan sufrir alguna picadura de alacrán, alguna situación de una mordida de alguna víbora, alguna situación que tenga que aplicarse de manera urgente, y la preocupación de la comunidad es que el medicamento al no tener refrigeración… pueda ocasionar algo grave en las personas o en los niños, principalmente”, detalló el defensor.
Abundó que no sabe con precisión en cuánto tiempo el medicamento sin refrigerarse se descompone, pero que si no está tres días en refrigeración empieza a descomponerse.
Téliz García señaló que la CFE responde que están atendiendo el problema, pero que debido a la demanda en otras comunidades no han podido arreglarlo.
“La Corte Interamericana (de Derechos Humanos) emitió una sentencia, donde se dice que esa casa de salud debe de estar abastecida con medicamento indispensable para atender de manera urgente una enfermedad, por eso entendemos nosotros que esa casa de salud tiene medicamento suficiente”, comentó.

 

Acuerdan una jornada de lucha a tres años de la desaparición de los 43 del 15 al 26 de septiembre

La Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó impulsar la jornada de lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, que se llevará a cabo del 15 al 26 de septiembre próximo, al cumplirse tres años de los ataques en Iguala.
La asamblea se llevó a cabo ayer en el Comedor Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, y según la lista de asistencia, participaron 300 delegados de 70 organizaciones estatales y nacionales.
Consultado al término de la asamblea, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y representante legal de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que el acuerdo principal de la ANP es que las organizaciones sociales abracen, impulsen y hagan suya la jornada de lucha del 15 al 26 de septiembre.
Precisó que la jornada se dividirá en dos etapas, la primera será informativa y se llevará a cabo del 15 al 20 de septiembre, consistirá en difundir los documentos Las cuatro etapas de lucha de Ayotzinapa, Las cuatro líneas de investigación, Las 20 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los cuales fueron elaborados por la ANP y consisten en una justificación política de la lucha social.
Rosales Sierra dijo que Las cuatro etapas de lucha es un balance de las circunstancias del caso Ayotzinapa, la primera es la omisión de parte de las autoridades estatales en la investigación, así como la tardía intervención de la federación; la segunda, es sobre las “investigaciones turbias, manipuladas, tortura a testigos y fabricación de pruebas, que tuvieron como resultado la llamada ‘verdad histórica’, que causó un impacto, daño adicionado a los padres de familia”. La tercera etapa es sobre la lucha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos para “revertir” la “verdad histórica”, que se logró con la llegada del GIEI; y la cuarta es el diseño que hizo el GIEI sobre las cuatro líneas de investigación, que son el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, los teléfonos de los jóvenes, la intervención de la Policía Municipal de Huitzuco y del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como la responsabilidad del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y del ex fiscal Iñaky Blanco Cabrera.
La segunda etapa de la jornada será de protestas, se llevará a cabo del 20 al 26 de septiembre, en distintos estados del país, cada uno definirá las manifestaciones de acuerdo sus condiciones.
Asimismo, habrá reuniones en Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, el 6, 7, 12, 17 y 18 de agosto, para definir las acciones de protesta, y para difundir los documentos elaborados por la ANP, respecto de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
Por otra parte, Rosales Sierra dijo que la ANP considera que “no ha habido respuestas, no ha habido una verdad objetiva; la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido incapaz de ofrecer a los padres de familia la verdad de los hechos, se han dado salidas políticas”.
Señaló que en la jornada de lucha del 15 al 26 de septiembre también se pedirá “verdad y justicia” en todos los asesinatos políticos y desapariciones forzadas en el país, la liberación de los presos políticos, la derogación de las reformas estructurales y contra el despojo a los pueblos indígenas.
Al inicio de la ANP, los delegados de las organizaciones, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de los 43 normalistas desaparecidos, guardaron un minuto de silencio en memoria de Meztli Sarabia Reyna, hija del líder social y asesor general de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, quien fue asesinada el 29 de junio en Puebla, y exigieron el esclarecimiento del crimen.