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Levantan plantón en PGR padres de los 43 tras acuerdo de seguimiento de las líneas del GIEI

 

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos levantaron ayer el plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que estuvieron 26 días para exigir que el gobierno federal siga las líneas de investigación que estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para buscar a sus hijos.
De acuerdo con el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, este martes unos 700 integrantes de organizaciones sociales, nacionales e internacionales, que formaron la Asamblea Nacional Popular (ANP), marcharon con los padres de los normalistas desde el anti monumento a los 43, ubicado en el Paseo de la Reforma, hasta el plantón frente a la PGR.
Más tarde, en una conferencia de prensa, los padres dieron a conocer un balance de las acciones que llevaron a cabo durante los 26 días que mantuvieron el plantón, y a la una de la tarde comenzaron a desarmar el campamento, para regresar a la Normal Rural de Ayotzinapa, en Tixtla.
Vía telefónica, Felipe de la Cruz dijo que las autoridades federales se comprometieron a dar seguimiento a las líneas de investigación que estableció el GIEI, es decir, el trasiego de drogas, los teléfonos de los jóvenes, la intervención de la Policía Municipal de Huitzuco y del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, y la responsabilidad del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y del entonces fiscal Iñaky Blanco Cabrera.
Además, en una reunión el viernes pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifirán se comprometió a que en los siguientes días los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes tendrán una mesa de trabajo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Señaló que aún no se les indica la fecha, lugar y hora, para llevar a cabo la mesa de trabajo con Osorio Chong, aunque los padres de los normalistas desaparecidos consideraron que luego de las marchas, bloqueos y protestas en la Ciudad de México, es una avance que el gobierno federal decida reanudar las mesas de diálogo y seguir las cuatro líneas de investigación.
De acuerdo con el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, el levantamiento del plantón se da después de acordar con el gobierno federal una reunión con representantes de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 31 de mayo y otra en la primera quincena de junio con Osorio Chong.
Previo a esas reuniones, los padres y madres sostendrán un encuentro preparatorio con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, en la que se reafirmarán las cuatro peticiones que sostuvieron en esta movilización.
Rosales Sierra explicó que las mesas de trabajo fueron acordadas con Campa Cifrián en reuniones interinstitucionales el pasado 10 de mayo.
Vidulfo Rosales reconoció que, “hay un desgaste en la salud y en la situación física de los padres de familia, y no podemos jugarnos todo en un plantón, la lucha continúa, ésta es una más”.

El recuento de actividades

Acompañados de estudiantes de normales rurales del país y de organizaciones sociales, los familiares de los desaparecidos marcharon del anti monumento a los 43 al plantón en la PGR, donde presentaron un balance de las actividades que llevaron a cabo en la capital y anunciaron el levantamiento del plantón.
A Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, le correspondió leer el pronunciamiento en el que informaron que desde que se instalaron en plantón, el pasado 20 de abril, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y sus simpatizantes marcharon 14 veces en distintas partes de la Ciudad de México, hicieron cinco mítines de denuncia, ocho actos político culturales y tuvieron cuatro reuniones con autoridades.

 

Exigen padres de los 43 que senadores llamen a Raúl Cervantes ante irregularidades en la investigación

Familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa exigieron a los senadores que citen a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, sobre las irregularidades, obstáculos y retrasos en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y que en el Senado se conforme una comisión especial de seguimiento para Ayotzinapa, en una reunión en la Cámara de Senadores.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz informó que en el décimo tercer día del plantón frente a la PGR en el paseo de la Reforma, marcharon a las oficinas del Senado con estudiantes y activistas, para exigir una reunión con los senadores.
Relató que se instalaron en protesta en el acceso del edificio, donde no hubo incidentes, y que a las 12 del mediodía los recibió un grupo de senadores, entre los que identificó al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México Alejandro Encinas.
También estuvieron en el grupo el priista José Olvera, el diputado perredista Francisco Martínez Neri y la diputada de Morena, Araceli Damián.
Indicó que en la reunión que duró una hora y media, hicieron el planteamiento de que el Senado llame a comparecer al procurador y que haga un seguimiento de la actuación de la PGR, mediante una comisión especial para el caso Ayotzinapa.
Contó que los diputados del PRI y del PAN dijeron que no tenían capacidad de respuesta inmediata y debían esperar a junio, cuando se reúne el Pleno de los senadores para someter a votación el planteamiento.
Felipe de la Cruz añadió que Alejandro Encinas y un representante del PRD se dijeron dispuesto a cabildear la propuesta, y que en la reunión, Encinas abogó para dar una respuesta a los padres el próximo jueves 11 de mayo, en ese mismo lugar.
Por su parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra indicó que entre los planteamientos que hicieron los padres y madres a los legisladores está, “exhortar a la PGR a avanzar en cuatro líneas de investigación establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, sobre la responsabilidad de soldados del 27 Batallón de Infantería en los hechos; mostrar los avances de los análisis de la telefonía celular, entre ellos las identidades de personajes apodados El Caminante y El Patrón; interrogar a dos policías federales y a municipales de Huitzuco, y esclarecer el trasiego de droga de Iguala a Chicago en autobuses de pasajeros, como posible móvil de la desaparición.
Por parte de los familiares encabezaron la reunión Vidulfo Rosales, Felipe de la Cruz y la mamá del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista.
Durante la reunión, afuera del Senado una comisión de normalistas continuó con un mitin en el parque Luis Pasteur, bajo la vigilancia de policías con equipo antimotines.

Falta una parte de la tercera entrega de granos a damnificados de la Montaña

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña acordaron buscar reuniones con autoridades estatales y federales para que les entreguen los granos básicos faltantes, maíz, frijol y arroz, de la tercera remesa en 63 comunidades, por lo que además generarán acciones para que se los entreguen.
Asimismo, señalaron que está pendiente la cuarta entrega a la que se comprometió el gobernador priista Héctor Astudillo Flores, pero no tiene fecha de inicio, y que quedan pendientes la quinta y la sexta entregas que pedirán al gobierno federal.
Luego de la revisión de los asuntos de la reunión, los nahuas, me’phaa y na savi participantes dijeron que buscarán los acercamientos, por lo que acordaron que una comisión de 11 representantes acuda a la Ciudad de México a una reunión con el senador Armando Ríos Piter, este 27 de abril, para que medie en la entrega de los granos para las familias de los 13 municipios que integran el Consejo.
Buscarán que los atienda el secretario de Desarrollo Social, Gustavo Miranda, con quien tuvieron acuerdos cuando era subsecretario de Gobernación federal, ya que el actual, René Juárez, los ha ignorado, para que les resuelvan la quinta y la sexta entrega de los granos básicos.
Asimismo, acordaron que en la semana buscarán platicar con el gobernador para que les diga cuándo iniciará la cuarta entrega a la que se comprometió su gobierno.
Dijeron que esperarán una respuesta de las autoridades antes del 6 de mayo, o de lo contrario iniciarán movilizaciones para exigir el derecho a la alimentación y que se ve vulnerado porque sus tierras quedaron dañadas luego de la tormenta Manuel de septiembre de 2013, y no pueden producir.
En la reunión estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y representantes de los municipios de Malinaltepc, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec, Atlixtac, Zapotiltán Tablas y Tlacoapa, entre otros.
La reunión inició a las 10 de la mañana y terminó alrededor de las 2 de la tarde.

Respaldan organizaciones la demanda de amparo de San Miguel del Progreso contra las minas

Autoridades agrarias de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, el Consejo de Autoridades Agrarias y representantes de organismos civiles de derechos humanos pidieron a la jueza primera de Distrito de Chilpancingo, Estela Platero Salado, que resuelva el amparo que solicitó el núcleo agrario de San Miguel del Progreso en contra de la declaratoria de libertad de terreno emitido por la Secretaría de Economía del gobierno federal en 2016.
Con esa declaratoria de libertad de terreno se abre la posibilidad de que el gobierno federal decida sobre casi el 80 por ciento del territorio de ese núcleo agrario, que entren a trabajar las mineras que tienen concesiones vigentes.
En conferencia de prensa, las autoridades agrarias y representantes de organismos civiles denunciaron que esa declaratoria del gobierno federal pone en riesgo el territorio indígena del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, y de al menos 24 núcleos agrarios de la región de la Montaña y de la Costa Chica, en donde hay 22 concesiones vigentes para la explotación de minas.
Asistieron a la conferencia, el presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, Valerio Mauro Amado; el secretario, Mariano Morales; el presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, Miguel Santiago; la antropóloga Teresa Sierra; la abogada Maribel González; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares.
La abogada Maribel González, recordó que desde 2013 San Miguel del Progreso ganó un amparo con el que se cancelaron dos concesiones que pretendían explotar las minas Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, en su territorio, pero que la Secretaría de Economía emitió en 2016 la declaratoria de libertad de terreno en esa misma área.
Las autoridades del núcleo agrario solicitaron un amparo contra esa declaratoria, y ahora exigen que la jueza primera de Distrito que lleva el caso, Estela Platero Salado, resuelva conforme a los estándares internacionales el amparo 429 que fue solicitado en 2016.
Informó que la solicitud es respaldada por representantes de 24 núcleos agrarios que pertenecen al Consejo de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña y Costa Chica, que también se oponen a la exploración y explotación de las minas en su territorio.
La abogada dijo que esa declaratoria de libertad de terreno significa una nueva amenaza para las comunidades indígenas pues abre las puertas para que empresas mineras extranjeras entren a explorar y después a explotar las minas de la región.
Informó que el 31 de marzo pasado se realizó la audiencia constitucional, y demandaron que la jueza recurra a los estándares internacionales, que ya son ley en México, para emitir su resolución.
El comisariado de los Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado advirtió a su vez que, “por ningún motivo queremos que las mineras entren a nuestro territorio, porque allí nace el agua, allí están nuestros lugares sagrados y de nuestras tierras nos mantenemos”; añadió que, por ese motivo desde 2011 levantaron actas de asambleas en las que rechazan las mineras, y que fueron entregadas al Registro Agrario Nacional (RAN).
El representante agrario pidió a la jueza que respete el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas me’phaa.
El presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, agrupación que se constituyó hace cinco años y que agrupa a 24 núcleos agrarios de la Montaña y Costa Chica, Miguel Santiago informó que cada dos meses han organizado foros para defender su territorio de las concesiones que ha autorizado la Secretaría de Economía, “porque no nos benefician, ya tenemos como ejemplo Carrizalillo (municipio de Eduardo Neri), en donde la minera sólo ha traído problemas de violencia, por eso nosotros no vamos a permitir que entren esas mineras extranjeras”, advirtió.
Informó que de 12 núcleos agrarios con los que se constituyó ese Consejo, ahora se han incorporado 24, y que cada vez se suman más.
Por su parte, la antropóloga Teresas Sierra informó que elaboró un peritaje antropológico que entregó a la jueza primera de Distrito para que sustente la elaboración del amparo, tomando en cuenta que son comunidades indígenas las que están defendiendo su territorio.
Explicó que pide tomar en cuenta el vínculo sagrado que tienen las comunidades indígenas con su territorio, lo que les da legitimidad a los pueblos indígenas para defenderlo.
La antropóloga sustentó que el pueblo me’phaa, al que pertenece San Miguel del Progreso, tiene raíces arraigadas con sus dioses que consideran están allí, en su territorio, y que éstos son fundamentales para la vida misma del pueblo.
“La relación con su territorio tiene que ver con estos señores (dioses) de los cerros y del agua y si no manifiestan este respeto hacia ellos lo relacionan con desastres naturales, por eso la defensa de su territorio no es solamente un asunto de tierras, sino que está relacionado con los rituales que realizan para visualizar su vida cotidiana”, explicó Teresa Sierra.
La antropóloga expresó que los indígenas piden permiso a estos dioses para el ejercicio de su gobierno, como una forma de respeto hacia ellos.
Añadió que es esta vinculación sagrada con su territorio la que están viendo amenazada con la posibilidad de que entren las mineras extranjeras a explotar los yacimientos minerales de su región.
Frente a la declaratoria de libertad del terreno que emitió el gobierno federal, la antropóloga advirtió que se pretende una afectación “grave y absoluta”, porque además, se ha hecho sin consultar a los pueblos indígenas como lo establecen los estándares internacionales que México está obligado a cumplir.
El secretario técnico de la Red Guerrerense, Manuel Olivares manifestó el apoyo de los organismos civiles al núcleo agrario de San Miguel del Progreso y a los otros 23 que integran el Consejo de Autoridades.
Denunció que con esa declaratoria se evidencia que el gobierno federal está al servicio de las empresas extractivas, y que no le interesa el daño que van a ocasionar a la región.
Al respecto, Abel Barrera, denunció que en Guerrero la tendencia es avanzar más allá de lo que la ley le permite al gobierno para tomar territorios, y que un ejemplo es el del núcleo agrario de Cacahuatepec, en Acapulco, donde se insiste en instalar la presa La Parota.
Dijo que, afortunadamente los pueblos indígenas siguen resistiendo mediante la ley y la organización, mientras que el gobierno pretende reconocer “sólo su parcela y su milpa” como el territorio de los pueblos indígenas.
Barrera Hernández añadió que en Guerrero está demostrado que las mineras solamente traen devastación, y puso como ejemplo las de Carrizalillo, en Eduardo Neri, y la de Campo Morado, en Arcelia, y dijo que la jueza Platero Salado debe proteger el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas.

Hay una sentencia a favor del preso de la CRAC Arturo Campos, pero aún no saldrá de prisión

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, informó que debido a problemas administrativos se retrasó la notificación al Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), que establece que hay una sentencia a favor del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policía Comunitaria (CRAC-PC), de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera.
Dijo que si el Ministerio Público no interpone un recurso de revisión, es probable que en la segunda semana de abril se dé el auto de libertad al preso político, pero que aún no saldría de la cárcel de Ayutla.
Consultado vía telefónica, Téliz García dijo que a pesar de que la sentencia se dio el 9 de febrero, no se pudo notificar de inmediato al Ministerio Público, porque se hace mediante Correos de México y por cuestiones administrativas se retrasó, y agregó que pidió que se notificara vía telefónica o por fax, y fue así como se le avisó.
”Ya está confirmado que el 24 de marzo ya le notificaron, entonces el juzgado nada más está esperando que pasen los 10 días, y estamos hablando que empiezan a correr esta semana que viene (…) entiendo que en la segunda (semana de abril) ya el Juzgado de Distrito (Sexto, ubicado en Acapulco) va a pedirle a la Cuarta Sala que ya le dicte auto de libertad a Arturo”, detalló el abogado.
Explicó que esta notificación tuvo que darse porque en el Ministerio Público representó legalmente a los presuntos agraviados, y que si no se interpone un recurso de revisión, es decir, que se inconforme del amparo a favor de Campos Herrera, se dará el auto de libertad, pero en caso de darse la inconformidad el proceso se retrasaría unos cuatro meses, aunque dijo revisó el expediente y no hay nada de eso.
“Queda libre de este expediente, desafortunadamente no va a poder salir de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa (donde es acusado por secuestro agravado en el expediente 196/2013), y en ese proceso de Tlapa estamos desafortunadamente agotando el proceso”, aseguró.
Rogelio Téliz manifestó que se están desahogando pruebas, así como el peritaje antropológico para que pueda ser presentado en unas dos o tres semanas. Además, de que se van a desahogar careos e interrogatorios y se entregará el amparo que se ganó.

Exige Tlachinollan la declaración de la alerta de género para Guerrero ante los feminicidios

 

En el Día Internacional de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigió a las autoridades municipales, estatales y federales la declaración inmediata de la alerta de género, ante el incremento de feminicidios en el estado, y que se atiendan las recomendaciones internacionales para erradicar la violencia de género.
Mediante un comunicado, Tlachinollan pide respeto a los derechos de las mujeres, un alto a la violencia institucionalizada, y el cese de la criminalización en casos de legítima defensa ante una situación de violencia, que las autoridades gubernamentales no han atendido.
Explica que Guerrero es una de las entidades más afectadas por la violencia de género, pero que ha sido minimizada por las autoridades; recalca que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la ONU-Mujeres, el estado se ha mantenido en los primeros lugares en el índice de feminicidios durante los tres últimos años.
Detalla que por eso organizaciones de mujeres, desde el año pasado han solicitado a las autoridades la declaratoria de alerta de género en el estado, pero que han evadido el planteamiento y optan por acciones que no combaten el problema desde el fondo.
Las mujeres siguen padeciendo discriminación y criminalización del sistema de justicia que atiende a víctimas de violencia, abunda.
En el documento, remarca que el estado es un referente nacional de la violencia institucional castrense ante los casos emblemáticos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, que generaron dos sentencias contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), resoluciones paradigmáticas y obligatorias que todas las autoridades tienen que atender y a las que deben dar cumplimiento.
Sin embargo, a siete años de la emisión de las dos sentencias, en Guerrero los jueces y juezas carecen de sensibilidad para tratar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres y desconocen el manejo de los estándares más altos a nivel internacional, para brindar protección a los derechos de las mujeres, además de denigrar y revictimizar a las mujeres indígenas que se atreven a denunciar a sus agresores y, lo que es peor, se ponen de su lado.
Mencionan los casos de Juana Ramírez Marcos y Elvia Méndez Castillo, dos mujeres indígenas nahuas, víctimas de violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual por parte de sus  parejas, que enfrentan procesos legales por actos de legítima defensa, como responsables de lesiones agravadas que provocaron a sus parejas.
La jueza segunda de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Morelos las condenó a más de un año de prisión y a la reparación del daño en diciembre de 2016.
Juana y Elvia han vivido en carne propia el estigma de “mujeres violentas”, como las calificó la misma jueza, por haberse defendido de sus agresores.
Estos casos demuestran cómo varios jueces y juezas siguen resolviendo de manera rudimentaria y sin perspectiva de género casos de violencia contra las mujeres, sin aplicar los protocolos para la adecuada atención de la violencia de género.
Lamenta que, aunque en Tlapa, en 2015 se haya inaugurado la primera Ciudad Mujer en el país con el objetivo de brindar una atención integral, rápida y eficiente a las mujeres de la Montaña, respetando sus derechos humanos y su cultura, esta instancia desconoce la situación de Juana y Elvia, y de la violencia.
Repudia que en víspera del Día Internacional de la Mujer, la Montaña se enluta nuevamente con el asesinato de Isabel Roque Cortés, madre de familia de 35 años de la comunidad me’phaa de La Taberna, anexo de Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, quien fue asesinada por su pareja Juminiano Galindo el 7 de marzo.

 

Denuncia Nicolás Chávez en la Codehum que el gobierno lo sigue hostigando

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.

Revisa Tlachinollan el caso del encarcelado por una denuncia del secretario de Gobierno

Beatriz García

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan está revisando el expediente del caso de Patricio Margarito Rivera, preso tras acusaciones de invadir un terreno propiedad del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para determinar si retoma el caso, pues antes dos abogados desistieron.
El lunes, integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para quejarse de la falta de solución a demandas de sus compañeros.
Ese día, la hija de Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo expuso al ombudsman que el abogado que seguía el caso de su padre desistió, pues les dijo que no podía seguir a causa de intimidaciones de los abogados del secretario general. Recordó que, del primer abogado que tuvo su papá se supo que no hizo nada para defenderlo, y Navarrete Magdaleno le propuso que dialogara con Tlachinollan, para ver la posibilidad de que retomaran el caso.
Consultada telefónicamente, Josefina Margarito informó el abogado Vidulfo Rosales Sierra le dijo que revisarían el caso y que la próxima semana confirmarían si lo retomaban.
Josefina Margarito de 21 años de edad, originaria de Cuapala, municipio de Atlixtac, dejó de ir a la escuela desde el 1 de noviembre, cuando su padre fue detenido sin orden de aprehensión en su domicilio, en la colonia Temixco 2.
Ella era la mayor y la única de sus dos hermanos que estudiaba, iba en séptimo semestre de Ingeniería Civil, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), contó.
Desde la aprehensión de su padre no volvió a la escuela, pues su madre, Guadalupe Rosendo Sonora, y su hermana, Rosa Margarito Rosendo, con quienes vive, hablan poco el español, su lengua materna es el náhuatl. Josefina tuvo que ponerse al frente de la familia y seguir el proceso jurídico de su padre.

Ordena un juez federal que se deseche un auto de prisión contra Arturo Campos de la CRAC

 

En una sentencia de amparo un juez federal ordenó a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que deseche el auto de formal prisión contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera por secuestro, ya que en la causa penal 031/2013 no está acreditada su responsabilidad.
Aunque sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguraron que el amparo obliga al juez local a dictar un auto de libertad inmediata e incondicional, Campos Herrera no saldrá de prisión porque está señalado en otra denuncia de secuestro radicada en Olinalá, que confían que también será desechada en unos meses.
En la sentencia, el juez sexto de distrito, Benito Zurita Infante consideró “desacertado” que la cuarta sala del TSJE haya establecido que la Ley 701 de Reconocimiento de los Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas no ampara los actos de la CRAC-PC como si fueran de una autoridad.
El juzgador federal aclaró que el artículo segundo de la Constitución Política reconoce que el país tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y en ese sentido “el reconocimiento jurídico se desprende de un decálogo de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas cuya justiciabilidad resulta trascendental en el modelo de Estado pluricultural que perfila la Carta Magna”.
Señaló que el derecho fundamental de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 sobre pueblos y comunidades indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “de los que el Estado mexicano es parte”, y reconoce a favor de los pueblos el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias.
En sintonía con esos instrumentos señaló que en Guerrero se creó la Ley 701 cuyos artículos disponen, entre otras garantías, el ejercicio de los pueblos de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia, y los reconoce como “sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley”.
En el análisis del delito señaló que las privaciones de la libertad por las que Campos Herrera fue acusado de secuestro no pueden ser tipificadas como tal, porque se generaron a partir de conductas de los presuntos agraviados.
El señor Pedro Gil Apreza Salmerón fue acusado en el sistema de justicia comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, y a Karla Espinoza Bolaños de ser cómplice del primero, cuando le entregó el arma de fuego y fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
No obstante la Cuarta Sala confirmó el auto de formal prisión por secuestro agravado contra Campos Herrera, el 17 de julio del año pasado, al resolver un recurso de apelación.
El 9 de febrero el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Acapulco concedió el amparo a Arturo Campos, para que la cuarta Sala penal deje “insubsistente la resolución del 17 de julio del año pasado, y dicte una nueva resolución en la que determine que en la causa penal no se acredita el segundo de los elementos de secuestro agravado”.

Propone un especialista de Chapingo técnicas de agrohomeopatía para resolver la plaga de roya del café

El especialista de la Universidad Autónoma de Chapingo, Pedro Ponce Javana propuso que para resolver la plaga de la roya del café en el estado se utilicen técnicas de agrohomeopatía, es decir, con una preparación de bacterias que se inyecta a la tierra desde su preparación hasta que se cultiva.
Agregó que aún no ha tenido acercamiento con ninguna organización ni con el gobierno del estado, para acordar trabajo conjunto, pero que los buscará.
El investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo ofreció una ponencia como parte del festejo del Día del Agrónomo, que organizó la Federación Agronómica Guerrerense, donde se refirió a esta solución al problema de la roya que persiste en la sierra de Atoyac.
Al término de la ponencia declaró, “tenemos respuestas para la roya del café con la agrohomeopatía, ya tenemos los productos, son a través de bacterias que se van trabajando y se aplican desde la preparación de la tierra y hasta que se desarrolla el cultivo”.
–Esto ¿ya lo platicaron con el gobierno del estado o con organizaciones del café?, –se le preguntó.
–No, hoy es la primera vez que lo estamos dando a conocer, nosotros ya estamos lanzando esto en el país, hemos dado conferencias de prensa con los responsables del proyecto, –respondió el especialista.
Dijo que lo tienen que hablar con quienes toman decisiones a nivel federal, estatal y municipal, e insistió que está interesado en trabajar en esas regiones donde además hay pobreza.
Agregó que el proceso se tiene que hacer con responsabilidad, que Chapingo aportará la asesoría técnica, la investigación y la capacitación, y los productores la mano de obra, y que en un año se podrían ver los cambios en la planta.
En temporal se va a iniciar con Copalillo, en mil hectáreas de maíz, porque en esa región se compra el maíz y hay problemas de alimentación, abundó. “Nosotros, como universidad agronómica de carácter nacional, queremos presentar para todo el país, sobre todo para el medio rural, innovaciones tecnológicas que aumenten la producción y la productividad del campo, sobre todo con la participación de los productores, es muy importante que los productores sean los protagonistas de su propio desarrollo”, sostuvo el profesor.
Añadió que en Chapingo consideran que la tecnología tiene que partir de las necesidades de los productores, de sus intereses, y en ese sentido han lanzado una política de vinculación universitaria, que en 2016 aprobaron 50 mil proyectos que se están desarrollándose en diferentes regiones del país.
Además, indicó que tienen contemplado programas de captación de agua, de agricultura familiar en la Montaña de Guerrero.
Dijo que le gustaría establecer una relación de trabajo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y con otras organizaciones para firmar convenios y conformar grupos inter y multidisciplinarios, porque abona a la autosuficiencia alimentaria.
El miércoles, el director de Tlachinollan, Abel Barrera declaró que el Estado es responsable de la pobreza, porque ninguna política pública ha fortalecido la economía local, que les oferta paquetes tecnológicos para hacerlos dependientes de la agroindustria, que en la Montaña es inviable.
Al respecto, Ponce Javana sostuvo, “en eso coincidimos, porque basta de químicos, hemos dañado mucho al suelo, al medio ambiente, hoy tenemos que empezar con la agricultura natural, hay dos paradigmas del desarrollo agrícola, biotecnología y agroecología, y para eso se necesita políticas públicas diferenciadas, y ahí tenemos que respetar bondades del medio ambiente, la situación económica de los productores”.
Añadió que tiene que haber políticas públicas agrícolas diferenciadas también por regiones, para la Costa Grande y Costa Chica, para Tierra Caliente, para la Montaña, y en el caso de Acapulco generar cultura urbana.