Bloqueó el Cipog-EZ dos carreteras en Chilapa; demanda diálogo con el estado y la federación

 

Con bloqueos intermitentes a la carretera Chilpancingo-Tlapa y la de Chilapa-Hueycantenango, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, (Cipog-EZ) demandó a los gobiernos federal y estatal una mesa de diálogo para que atiendan demandas de esa agrupación que no han sido resueltas.
El dirigente de la agrupación, Jesús Placido Valerio, informó el jueves que también cerrarían ayer en coordinación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), las carreteras Tlapa-Marquelia y la de Cruz Grande-Tierra Colorada, así como la de Acapulco-Zihuatanejo, pero estas acciones fueron suspendidas de última hora.
Plácido Valerio informó que el Cipog-EZ demanda la cancelación de las órdenes de aprehensión que hay en contra de más de 50 policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que tiene presencia en pueblos de Chilapa y Hueycantenango.
Asimismo, dijo que piden al gobierno federal que se revisen las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pavimentación de carreteras y calles, construcción de casas y centros de salud y de escuelas.
Dijo que también reclaman justicia por más de 28 asesinatos ocurridos desde el 2019 en las comunidades de Chilapa y José Joaquín de Herrera, de los que responsabilizan al grupo delictivo Los Ardillos.
Asimismo demandan el repliegue y el desarme de ese grupo y la detención de los responsables de los homicidios de sus compañeros, la mayoría integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Informó que el bloqueo a la carretera de Chilpancingo-Tlapa que instalaron en Papaxtla, municipio de Chilapa, fue intermitente, de media hora de paso, por media hora de bloqueo, mientras que el de la carretera Chilapa-Hueycantenango fue permanente.
Denunció que a pesar del llamado a las autoridades a una mesa de diálogo, no fueron atendidos por lo que levantaron el movimiento a las 6 de la tarde y anunció que van a continuar realizando acciones de protesta.

 

Denuncia misión del EZLN complicidad del gobierno con el grupo que atacó a la CRAC-PF

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Misión Civil de Observación de la Sexta Lacandona, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), acusó en un comunicado a los tres órdenes de gobierno de ser cómplices con el grupo delictivo que la noche del domingo atacó a policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Chilapa, con resultado de un muerto y tres heridos.
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo informó la noche del domingo que a las 10 de la mañana (ayer corrigió que fue a las 10 de la noche), policías comunitarios fueron emboscados en Tres Cruces, cerca de Tlatlauquitepec, en la carretera Chilpancingo-Tlapa, y que hubo un muerto y tres heridos.
Ayer en un comunicado, la Misión Civil de Observación de la Sexta que documentó del 20 al 27 de febrero violaciones a los derechos humanos en las 24 comunidades nahuas donde tiene presencia el Cipog-EZ de Chilapa, responsabilizó a los tres órdenes de gobierno del ataque del grupo delictivo.
“Lo decimos clara y directamente, sabemos que los culpables de la muerte, los secuestros, desapariciones, torturas y toda la brutalidad que viven las 24 comunidades que integran al Cipog-EZ, son del grupo criminal los Ardillos, que se han extendido en el corredor Tlapa-Chilapa. También decimos que eso lo sabe el gobierno, desde el federal, estatal y municipal, pero su respuesta ha sido la misma: el desprecio y la muerte”.
Denunció que mientras “los asesinos” siguen sin castigo y asediando a los miembros del Cipog-EZ, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y municipal, “son simples espectadores y cómplices de las agresiones que Los Ardillos realizan contra nuestros hermanos y hermanas en la región de La Montaña”.
Denunció que la noche del domingo los policías comunitarios de la CRAC-PF fueron emboscados por aproximadamente 10 personas con armas AK-47 y AR-15.
En el ataque quedaron heridos Adán Linares Silverio, Pablo Hilario Morales y Alberto Zoyateco Pérez, mientras que el comandante regional, originario de Rincón de Chautla, Jordán Terjiño Luna murió.
Añadió que también quedaron destruidas a balazos las dos camionetas del Cipog-EZ en las que se desplazaban.

Tortura, encarcelamientos, órdenes de aprehensión, falsas denuncias, desaparición y desplazamientos forzados…

“Vale la pena recordar que del 20 al 27 de febrero, como Misión Civil de Observación, documentamos en las comunidades que integran al Cipog-EZ, graves violaciones a los derechos humanos, entre estas: tortura, encarcelamientos, órdenes de aprehensión, falsas denuncias, desaparición y desplazamientos forzados, asesinatos con una gran saña y brutalidad, aunado a la falta de acceso a los derechos más básicos como salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, seguridad, identidad y al libre tránsito”.
Aseguró que el gobierno estuvo enterado de este trabajo e incluso ofreció apoyo a la Misión Civil de Observación, “y nos preguntaban si necesitábamos algo, incluso propusieron unirse a la Misión. Pero a poco más de una semana nuevamente nuestros hermanos son emboscados”.
La Misión Civil de Observación llamó a organismos de derechos humanos organizaciones y colectivos nacionales e internacionales a ser solidarios con la lucha de los pueblos nahuas de Chilapa”, “a estar atentos y denunciar la guerra que viven nuestros hermanos y hermanas del Cipog-EZ, organización perteneciente al Congreso Nacional Indígena (CNI)”.
Informó que como Misión Civil de Observación continua con el monitoreo “y estaremos denunciando la guerra de exterminio de la que el Estado es cómplice”.

 

Se retiran Ejército y GN de la vigilancia en Chilapa: CIPOG-EZ; teme ataque al plantón

El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), Jesús Plácido Galindo, denunció que desde este jueves comenzaron a retirarse los militares y efectivos de la Guardia Nacional que tenían bases y retenes en los alrededores de la comunidad de Alcozacán, Chilapa.
A cinco días de haber instalado el plantón indefinido en la carretera que va de José Joaquín de Herrera a Atzacoaloya, luego del asesinato de cuatro integrantes de la organización indígena nahua, localizados el sábado pasado con el tiro de gracia, los habitantes de 23 pueblos continúan con la exigencia de la renuncia del alcalde priista de Chilapa, Jesús Parra García y la detención de los integrantes del grupo criminal de Los Ardillos a quienes responsabilizan.
En declaraciones por teléfono el dirigente dijo que desde este jueves los elementos de la Guardia Nacional ubicados desde hace año y medio en la entrada de la comunidad de El Paraíso, y que conecta con Rincón de Chautla se retiraron, así también lo militares que estaban en Colotepec y Tula comenzaron a desmontar y replegarse de la zona.
Ante esta situación el dirigente indígena responsabilizó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, de lo que le pueda pasar a los habitantes que se encuentran en el plantón ante una posible irrupción del grupo criminal Los Ardillos e incluso en Alcozacán.
Informó que desde este jueves comenzó una campaña para solicitar alimentos de la canasta básica así como ropa para mujeres y niños que están en el plantón indefinido, y así poder resistir el hambre y el frío.
Dijo que aún es tentativa la fecha de este domingo cuando representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudan a dialogar con ellos.
Indicó que no están dispuestos a que una comisión de pobladores viaje a México para entrevistarse con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y pidió que el funcionario acuda al lugar del bloqueo para que constate la situación que viven y cómo se encuentran.
En un comunicado mas de cien organizaciones nacionales e internaciones pidieron el cese a la violencia “que viven nuestros compañeros y compañeras en las montañas de Guerrero, que pare esta guerra contrainsurgente que una vez más trae muerte e impunidad hacia quienes construyen un camino hacia la autonomía y una vida digna para sus pueblos, y justicia y castigo a los responsables por el asesinato de nuestras compañeras y compañeros”.
Entre las organizaciones firmantes están la Coordinadora de Estudiantes y Colectivos de la Facultad de Derecho – UNAM, Coordinadora de Familias de Estudiantes Víctimas de la Violencia, Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha, Paris, Francia, Voces del Viento, Poesía y Canto/ Voices in Movement (México, USA, Francia), Red Ya Basta – Alemania. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).

 

Denuncian desatención del gobierno estatal a demandas de organizaciones indígenas

 

Integrantes del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y del Frente Nacional por la Libertad de los Pueblos (FNLP), denunciaron la desatención del gobierno del estado a sus demandas, luego de que el pasado miércoles, para convencerlos de desbloquear la lateral del bulevar Vicente Guerrero, en la capital, les prometieron programar una reunión con el gobernador para atender sus demandas, lo que no ocurrió.
El miércoles, líderes de las organizaciones se reunieron con el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, Martín Maldonado del Moral, quien los convenció de retirar un bloqueo en el bulevar, frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero (Sagadegro), para exigir mil 800 toneladas de fertilizante.
En conferencia de prensa, integrantes de ambas organizaciones anunciaron una serie de movilizaciones ante la desatención a sus demandas.
El representante del FNLP, Hoger Morales Miranda precisó que las organizaciones llevan un mes trabajando juntas, y que tuvieron una audiencia con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, para que atienda sus demandas.
Precisó que las demandas son la cancelación de 67 órdenes de aprehensión contra indígenas de San Jerónimo, municipio de Chilapa, la libertad de los presos políticos, y fertilizantes y proyectos productivos.
El pasado miércoles, en su reunión con el titular de la Sagadegro, éste les dijo que no hay dinero suficiente para los apoyos que piden.
Abundó que el fertilizante que les dan es de baja calidad y no llegan los paquetes completos a comunidades de Ayutla, Tecoanapa, regiones mixtecas y tlapanecas, de los bienes comunales de Cacahuatepec y comunidades de Chilpancingo.
Indicó que el Frete exige 600 toneladas de fertilizante, “los compañeros, en su momento hacen la petición de mil 500 (paquetes), pero establecimos una relación en la mesa y pedíamos que hablara el secretario de cuántas (nos podía dar)”.
Comentó que si el secretario no tiene la capacidad para resolver las situaciones, debe renunciar, y exigió al gobierno del estado dialogar, como les prometieron con el gobernador el miércoles.

Anuncia movilizaciones con padres de los 43

Anunció movilizaciones con padres de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa, la primera en Tecoanapa el miércoles, el jueves en Ayutla y el viernes en la capital.
Dijo que estas movilizaciones también son para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas, castigo a los culpables, y libertad a los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.
Por su parte, el representante del CIPOG-EZ, Jesús Plácido Galindo dijo que, además de la cancelación de las órdenes de aprehensión y el fertilizante, demandan carreteras y tres bibliotecas para comunidades, que están pendientes.
Abundó que si no les dan los mil 500 paquetes, al menos les den una cantidad considerable para las familias.
Acusó que con las campañas electorales, seguramente están prometiendo el fertilizante para comprar la dignidad de la gente.
El dirigente Amador Cortés indicó que hasta ahora están siendo relegadas estas propuestas que promueven los pueblos, y no los partidos.
Finalmente acusó que el gobierno niega el derecho de los pueblos a la alimentación, ya que la entrega de fertilizante estimula la producción de granos básicos, “es un derecho que está consagrado en la Constitución, el derecho a la alimentación, y nos dicen que (no hay) presupuesto para los pueblos indígenas”.

 

Toman campesinos la caseta de Palo Blanco y bloquean la autopista y la lateral en la capital; exigen fertilizante

 

Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), y del Frente Nacional por la Libertad de los Pueblos (FNLP), tomaron la caseta de cobro de Palo Blanco y bloquearon la Autopista del Sol en Chilpancingo y la lateral frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero (Sagadegro), para exigir mil 800 toneladas de fertilizante.
Alrededor de las 9 de la mañana, unos 100 campesinos llegaron a la caseta de cobro en Palo Blanco, la tomaron y pidieron a los automovilistas cooperación de 50 pesos para permitirles el paso, para solventar sus gastos de pasaje y comidas.
Su presencia en la capital fue para plantear a la Sagadegro sus demandas, pues ante la contienda electoral, temen el retraso o que no se entreguen los paquetes de apoyo al campo.
A las 12 del mediodía, acudieron a la Sagadegro para solicitar audiencia con el secretario, Juan José Castro Justo; ahí esperaron en la explanada, bajo un toldo.
En consulta antes de ser recibida una comisión, el coordinador general del FNLP, Hoger Morales Miranda dijo que estaban en la capital para “exigir el fertilizante, ya hace un mes que vinimos a pedir una audiencia, no nos la han dado hasta el día de hoy, tenemos una petición de 600 toneladas de fertilizante para más de 30 comunidades en cuatro municipios, Ayutla, Acapulco, Tecoanapa y Chilpancingo, en la parte de la sierra”, explicó.
Agregó que otro motivo es seguir pidiendo al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se siente a platicar con la organización, para hablar sobre los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez, que se convoque a integrantes del Tribunal Superior de Justicia y llegar a un acuerdo.
El dirigente del CIPOG-EZ, Jesús Plácido Galindo manifestó que su demanda es de mil 200 toneladas de fertilizante para 30 comunidades, pues se les ha dado en otros años menos cantidad y no es suficiente para sus tierras; además piden proyectos productivos.
Añadió que esperan soluciones antes de que termine este mes, porque ya vienen las elecciones y las autoridades van a negar el fertilizante; recordó que el año pasado les entregaron el agroquímico en junio, y no fue suficiente para sus tierras.
El integrante del CIPOG-EZ, Amador Cortés abundó que, “nos urge una audiencia con él (Astudillo) para plantearle los acuerdos pendientes… obras de infraestructura, reconstrucción de carreteras, de los Ajos (Chilapa)-Hueycantenango, que son 30 kilómetros”.
Una comisión de 15 integrantes se reunió con Castro Justo, pero el encuentro terminó sin acuerdos, pues les dijeron que tenían que revisar el padrón para darles una respuesta. Entonces bloquearon la lateral de la Autopista del Sol frente a Sagadegro, y luego ampliaron el bloqueo a los carriles centrales durante unos 20 minutos, para luego regresar a la lateral.
Entonces, la comisión de los campesinos entró a una segunda reunión con el titular de la dependencia; cuando los negociadores salieron, molestos, informaron que les ofrecieron 35 toneladas de fertilizante para el CIPOG-EZ, mientras que para el FNLP sólo 20 toneladas.
Ante esta respuesta, los inconformes volvieron a bloquear los carriles centrales; sin embargo, al lugar llegó el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, Martín Maldonado del Moral, que convenció a los manifestantes de retirarse luego de prometerles que este jueves, a las 3 de la tarde, les informarán de una reunión con Astudillo Flores para tratar sus demandas con él.
Los campesinos advirtieron que si no se cumplen los acuerdos, se movilizarán los pueblos en Palacio de Gobierno, para exigir fertilizante, proyectos productivos, la construcción de tres bibliotecas y que obras.
Amador Cortés se quejó de que Maldonado llegara a amenazarlos con desalojo, pero que le insistieron en la necesidad de resolver los rezagos del hambre, y se necesita el apoyo al campo, apoyar a los que producen granos para el sustento de las familias. A las 4 de la tarde fueron retirados los bloqueos.

 

Denuncian indígenas el clima de violencia en la Montaña baja y demandan obras y servicios

 

Representantes nahuas, na savi, me’phaa y mestizos de comunidades de José Joaquín de Herrera, Tlacoapa, Malinaltepec y San Luis Acatlán, integrados al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunciaron el clima de violencia en la Montaña, demandaron obras y servicios que solicitaron el año pasado al ejecutivo estatal, y anunciaron una marcha el 12 de marzo en Chilpancingo para exigir seguridad y el cumplimiento de compromisos.
Juan Pozotenca, representante nahua del municipio de José Joaquín de Herrera, aseguró que los asesinatos y los hechos de violencia en la Montaña baja del estado, ha convertido a la región en una tierra sin ley.
Señaló que, “ahora hay hasta precandidatos muertos, y ¿dónde queda el gobierno?, ¿está avalando o permite esas acciones?”.
En un comunicado, los integrantes del Consejo también señalaron que la delincuencia asumió el control del territorio, “lo único que hay es una ley de sicarios y le llaman crimen organizado”.
Con sus compañeros, el vocero exigió que las autoridades estatales restablezcan el orden y la tranquilidad en las comunidades, en lugar de criminalizar a los movimientos sociales que les exigen que cumplan sus obligaciones. Se aclaró que entre sus comunidades no ha habido víctimas, pero sí les han dejado cuerpos sin vida.

Piden la destitución del delegado de la Cdi porque ha incumplido acuerdos, señalan

Entre sus demandas está la destitución del delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Lenin Carbajal Cabrera, que ha incumplido los acuerdos de construcción de obra pública que ya se había acordado con las comunidades.
Recordó que el CIPOG marchó en noviembre pasado en Chilpancingo, y con la protesta logró la firma de acuerdos para la construcción de escuelas, comisarías, carreteras y hospitales, y cuando llevan estos planteamientos a las oficinas de gobierno, les dicen que no se encuadran en la normatividad, que no proceden porque no se entregaron a tiempo; y mientras tanto, se les niega el acceso a la salud, a la educación y al desarrollo.
Por lo anterior, comisarios de los cuatro municipios acordaron una marcha estatal de los pueblos originarios, para exigir “puentes, carreteras, centros de salud, abasto de medicamentos, construcción de comisarias, canchas techadas y salones múltiples, así como la autorización de financiamiento de proyectos productivos”.