Pobladores de comunidades de Chilapa, integradas al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), recibieron a la segunda Misión de Observación de la Sexta Nacional e Internacional, en Alcozacán, para lanzar ahí la campaña de recaudación de recursos y materiales que les permita instalar la Radio Organizando la Lucha por la Autonomía (ROLA) en la región.
En consulta telefónica, el dirigente, Jesús Plácido Galindo indicó que el sábado llegaron a integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y de Radio Zapote de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), y ayer, con unas 800 personas marcharon a la Casa de la Cultura, donde se ubicará la Radio Comunitaria por autodeterminación de los pueblos.
En su mensaje, el Cipog-EZ llamó a resistir en la lucha para construir un mundo mejor, frente a los narcotraficantes y paramilitares, “que se han dedicado desde hace varios años ya a aplastar cualquier intento de organización”, como esta iniciativa.
La primera Misión Civil de Observación de la Sexta en Chilapa, este año, documentó el asedio a los pueblos nahuas de este municipio, donde opera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), y el Cipog-EZ, los crímenes y violaciones a los derechos humanos que han padecido.
Este domingo, en un mitin, fijaron postura sobre un nuevo medio de comunicación para buscar justicia, verdad, democracia, libertad, desarrollo y respeto para los pueblos, su identidad y cultura.
“Sabemos que el sistema mundial pretende crear un pensamiento unidireccional, así como la imposición de su idea del mundo, donde todos y todas estemos sometidos. Sin alternativas, la única opción es rebelarse para crear un nuevo mundo en el que verdaderamente podamos existir como decidamos, no como alguien más nos diga”.
Señalaron que pueden construir lo que necesitan y destruir “aquello que nos mata”, en el entendido de no ser como los poderosos esperan.
“No queremos ser parte de la farsa electoral, de la falsa democracia, no queremos ser explotados por patrones, caciques o grupos delincuenciales. No queremos ser presas de los partidos, ni queremos la muerte en nuestras comunidades por enfermedades curables”.
Es decir, que las alternativas de sus hijos no sean ir a las filas del narcotráfico, ni del Ejército para reprimir al pueblo.
Defendieron la idea de la autodefensa de la vida, “porque el Sistema disfruta de ver muerte y destrucción, pues con ello se lucra, se ganan elecciones, se exterminan y desplazan comunidades, hasta que se impone un nuevo orden, el del vencedor: el sistema capitalista”.
Llamaron a construir colectivamente como los zapatistas en Chiapas, otro sistema de justicia, de educación, salud, de relacionarse con otras personas, y a resistir ante a las dificultades, porque mientras los pueblos del CNI gestan luchas a la izquierda, denunciaron que grupos narcotraficantes y paramilitares, “se han dedicado desde hace varios años ya, a aplastar cualquier intento de organización”.
Lametaron que la resistencia del Cipog-EZ ha costado vidas, pero destacaron coincidencias con las demandas de los pueblos del CNI para tener una Red y construir algo más grande y organizado.
“No sabemos aún cuál es la forma en la que puede funcionar algo más
grande, lo que sí sabemos es que este esfuerzo que inicia hoy, no será sólo nuestro, sino de colectivos y organizaciones de distintas partes del mundo”.
En esta iniciativa, la ROLA, voz de los pueblos, la voz de los sin voz, señalaron que será trascendental para fortalecer los lazos comunitarios, la autonomía y la cultura en lenguas indígenas, ñamnkué, me phaa, náhuatl y afromexicano, y en la lucha contra los grupos delincuenciales, que se reproducen a lo largo y ancho del país, contra la minería, contra el desprecio, el despojo y la explotación”.
Presentaron los nombres de las organizaciones que recibirán los fondos, en México, la asociación Raúl Romero Gallardo; en Estados Unidos el Colectivo Grietas, y en Europa, La Otra Europa, del 28 de agosto de 2022, al 31 de enero de 2023.
Reconocieron la solidaridad del CNI, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S), de la Red Universitaria Anticapitalista, del colectivo Grietas Norte, de Global Majority Vs Campaign, y Radio Zapote, en la planeación de esta campaña solidaria.
Reconocieron también a quienes acudieron en 2018 a la Caravana Por la Vida y por el Agua, y quienes se manifiestan contra la violencia en nuestras comunidades, “esperamos seguir contando con ustedes en este nuevo proceso, con las Redes de Resistencia y Rebeldía Solidarias, con otras radios comunitarias de quienes necesitaremos su consejo, con los colectivos y demás organizaciones, con la Sexta Nacional e Internacional y con todos y todas cuyo corazón late abajo y a la izquierda”, finalizó.
La dirigencia del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que después de las 2 de la tarde de este lunes reiniciaron los ataques del grupo delictivo Los Ardillos ahora a las comunidades nahuas de Zacapexco y Rincón de Chautla, municipio de Chilapa.
Por su parte la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó ayer, (cuatro días después de que comenzaron los ataques), que “ante el reporte de una agresión a comunidades de Chilapa”, las autoridades visitaron la comunidad de Colotepec acompañadas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) “para atender y verificar el hecho”.
Y luego de cuatro días de balaceras, el dirigente de la agrupación, Jesús Plácido Galindo, informó por teléfono que hasta a las 2 de la tarde sólo dos policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), habían resultado heridos, ambos de la comunidad de Zacapexco.
Por la mañana, la dirigencia del Cipog-EZ envió un mensaje “urgente” a las autoridades federales y estatales para intervenir ante el problema de violencia que viven estas comunidades ubicadas al sur de Chilapa; el dirigente denunció por teléfono que hasta el mediodía de ayer no había presencia de las autoridades federales y estatales en la zona que está siendo atacada.
Plácido Galindo informó que antes de la una de la madrugada de este lunes habían cesado los ataques a las comunidades de Tula y Xicotlán, donde la Policía Comunitaria de la CRAC-PF ya asumió el control.
Sin embargo denunció que después de las 12 del día comenzaron las agresiones ahora a los pueblos de Zacapexco y Rincón de Chautla.
De hecho, la zona se encuentra bajo fuego del grupo delictivo desde las 11:40 de la noche del viernes, cuando atacaron el pueblo de Tula, pero en el transcurso del sábado los agresores fueron replegados incluso del pueblo vecino, Colotepec, de donde de acuerdo con los pobladores de Tula les hacían los disparos.
Por la mañana, antes de que se conociera de la reanudación de las balaceras contra Zacapexco y Rincón de Chautla, la dirigencia del Cipog-EZ, había enviado un mensaje “urgente” al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos, así como a la Secretaía de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que se apersonaran en la zona a atender el problema de violencia que sufren los pueblos nahuas.
“Exigimos una reunión con todas y cada una de las autoridades, así como con representantes encargados de seguridad pública antes mencionadas, derivado de la falta de seguridad que aqueja a las comunidades de la Montaña baja de Guerrero y que todos y cada uno de ustedes están enterados, sin hacer absolutamente nada”, pidió en su mensaje la agrupación.
Advirtió que de no ser atendidos por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, “no daremos paso a nadie por la carrera Chilapa-Tlapa, hasta ser atendidos por ustedes”.
Pidieron que la reunión se realice en la comunidad de Alcozacán “para tomar acciones contundentes y parar todos los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo, por los grupos del narcotráfico en especial Los Ardillos”.
A las d2 de la tarde, el dirigente del Cipog-EZ informó que después de las 12 del día reanudaron las agresiones esta vez contra los pueblos de Zacapexco y Rincón de Chautla, que se encuentran al fondo de Xicotlán y Tula.
Informó que de la noche del viernes, cuando empezaron los ataques, a la tarde de ayer, dos policías comunitarios de la CRAC-PF habían resultado heridos, informó que ambos son de la localidad de Zacapexco y que ya son atendidos en un hospital.
Aseguró que hasta la tarde de ayer todavía no había presencia del Ejército, la Guardia Nacional, ni de la Policía Estatal.
La Coordinación para la Construcción de Paz, informó por la tarde en su página de Facebook que “ante el reporte en redes sociales de una agresión en comunidades del municipio de Chilapa, autoridades de los tres niveles de gobierno y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acudieron a la comunidad de Colotepec “para atender y verificar el hecho”.
El Cipog-EZ venía denunciando que en Colotepec estaba atrincherado el grupo delictivo que constantemente atacaba a balazos al pueblo de Tula, y desde donde comenzó la agresión la noche del viernes. Es decir, las autoridades de los tres órdenes de gobierno visitaron ayer la comunidad desde donde comenzó la agresión, no los pueblos agredidos .
Sepelio de la pareja indígena encontrada muerta el domingo en la carretera Chilapa-Heycantenango Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) acusó a los tres órdenes de gobierno de ser omisos y cómplices del grupo delictivo que los ha venido atacando y el domingo levantó, torturó y asesinó a los indígenas Marcos Campos Ahuejote de la comunidad de Xicotlán y su compañera Lorenza Chantzin Paxacuasingo de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa.
Los dos fueron sepultados ayer en Xicotlán y por la tarde el Cipog-EZ en un comunicado insistió que no murieron en un accidente como lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno estatal, sino que fueron asesinados.
“Nos quieren hacer creer que su camioneta se salió de la carretera y que murieron por un accidente automovilístico, cuando fueron encontrados muertos con señales de tortura la mañana del 7 de mayo en un lugar en el que los familiares y miembros de la organización ya habíamos buscado, sobre la carretera en un tramo con topes”, denunció la agrupación.
El Cipog-EZ calificó como “absurda la forma en la que el gobierno calla la verdad y protege a quienes nos han perseguido por años, asesinando, secuestrando y torturando”.
Informó que ayer recibieron los cuerpos de Marcos Campos Ahuejote y Lorenza Chantzin Pochacuacingo “y hoy las familias y nuestras comunidades lloran y honran a sus muertos”.
Agrega que, mientras tanto, “los malos gobiernos hacen como si no pasara nada, para ellos, para ellas, no representamos nada, sólo se incrementan las cifras de muertos, pero mientras no superen el número de muertos de la administración pasada, todo está bien, podrán presumir que en esta administración hubo menos muertos que en la pasada, el número de votantes permanece”.
El Cipog-EZ denunció que los tres órdenes de gobierno por acción u omisión son igual de delincuentes que el grupo delictivo de Los Ardillos que los han venido asesinado en 26 comunidades de Chilapa.
“Los Ardillos están dentro de sus propias instituciones, son parte de la Fiscalía, de las policías municipales y del gobierno de Guerrero. Ese grupo narco-paramilitar opera con total impunidad, instala retenes y asesina a nuestros hermanos y hermanas y eso lo sabe la gobernadora Evelyn Salgado, pero no solamente ella, pues el gobierno federal también guarda silencio frente a la muerte que recorre a nuestro estado y al país”.
Hicieron responsables a los tres órdenes de gobierno “de lo que nos pueda suceder a los coordinadores y promotores del Cipog-EZ Jesús Plácido, Nicéforo Nava, Delfino Sánchez, Sixto Mendoza, Benjamín Sánchez, Prisco Rodríguez, Adán Linares, Guillermo Morales Hilario, así como a los niños y niñas, mujeres, hombres, abuelos y abuelas de nuestras 26 comunidades, pues se sabe de sobra que Los Ardillos se mueven y controlan los tramos que van de Tlapa a Chilapa, de Chilapa a Chilpancingo y de Chilapa a José Joaquín de Herrera”.
Llamó a la ONU, a las organizaciones de derechos humanos, que denuncien los crímenes que el Estado mexicano permite que ocurran a los habitantes de nuestras comunidades.
La Caravana por la Vida y el Agua llegó al municipio de Chilapa, donde hubo la presencia de 50 camionetas y 20 motocicletas del grupo de sicarios Los Ardillos, en la comunidad de Colotepec, denunció el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
El pasado sábado, durante la marcha, los colectivos y organizaciones corearon “no somos uno, no somos 10, pinche gobierno cuéntanos bien. Zapata vive, la lucha sigue. Ayotzi vive”, otros portaron la bandera de México.
En un comunicado se informó que en el décimo segundo día de la Caravana por el Agua y la Vida, en la comunidad de Alcozacán, Chilapa, donde llegaron las organizaciones, “nuestros compañeros del Cipog-EZ nos informaron que, tras terminar las actividades del día, se reportó la presencia de 50 camionetas y 20 motocicletas del grupo de sicarios Los Ardillos en la comunidad de Colotepec, Chilapa, uno de los puntos por donde la caravana transitaría para continuar su recorrido”.
Por lo anterior hicieron un llamado a todos sus compañeros en México y el mundo así como a las organizaciones de derechos humanos que acompañan a la caravana a que estén en alerta máxima, “realicen acciones de incidencia con las autoridades y activen los protocolos de monitoreo y seguridad para fortalecer la seguridad de las compañeras y compañeros que integramos la caravana”.
Además, el Cipog-EZ agradeció a las personas porque aun sabiendo los riesgos que se corren en estos territorios, tuvieron el corazón para acudir, a compartir su solidaridad, para decirles con su simple presencia: “aquí estamos”.
“Sobre la lucha por el agua y la vida, les queremos decir que para nosotros como pueblos, está claro que la vida de todo ser vivo se asocia con el agua y el territorio. No podemos permitir que quienes no entienden la relación que tenemos como especie en el mundo, destruyan y pretendan enriquecerse de aquello que deberían respetar, cuidar. En nuestro caso, ocurre que hay quienes valoran más el dinero que pueden obtener del territorio, que la vida de quienes en él vivimos, se enriquecen con la producción y venta de drogas, pero en su hacer, asesinan a quienes no estamos de acuerdo con sus formas”, se lee en un comunicado.
Externó que ese recurso que brinda la Tierra, es lo que los unió en esta Caravana. “Los que luchamos por la vida, sabemos que no basta con reciclar. Pero sabemos perfectamente que son las grandes corporaciones quienes hacen un mal uso del agua, son quienes la contaminan y por dinero quitan el agua a los pueblos”.
Ejemplificó que tal como lo hizo la Bonafont en Puebla, la Coca Cola en Tlaxcala, las empresas mineras y de extracción de energéticos o como pretendía hacerlo la Constellation Brands en Mexicali y tal como lo hacen en todo el país, “es un problema sistémico que se tiene que combatir de manera organizada”.
De los más de 500 años de resistencia y rebeldía, “es la dignidad y aquí seguimos y seguiremos. Hoy los pueblos siguen resistiendo y queremos decir que el Cipog-EZ también se mantendrá en la lucha en defensa del agua y de la vida”.
El Cipog-EZ informó que en sus comunidades también sufren por el agua, pero también por la muerte que se despliega sobre todo el territorio de Guerrero, “donde las muertes alcanzan acaso a ser cifras o nada y es que la lucha por la vida es una constante confrontación contra la muerte que no acecha en muchas presentaciones, una de ellas es despojándonos del agua o bien, llenando de transgénicos el campo”.
Agregó que es la violencia de los grupos naco-paramilitares, que por apropiarse del territorio o bien de ellos, “nos persiguen, disparan, torturan, desaparecen, asesinan. Todo lo anterior con la complicidad de los malos gobiernos a quienes hemos informado de todo lo que pasa y no les interesa”.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), así como la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, pidieron medidas de seguridad para los integrantes de la Caravana por el Agua y la Vida: Pueblos Unidos Contra el Despojo Capitalista, que este sábado estarán en la comunidad nahua de Alcozacán, municipio de Chilapa.
Mediante un comunicado, el Cipog-EZ informó este viernes que los integrantes de la caravana salieron del puerto de Veracruz rumbo a Alcozacán, para participar en diversos eventos a lo largo del día.
Agregó que posteriormente se regresarán a la Ciudad de México, para participar en diversas actividades con la comunidad de Milpa Alta este domingo.
La caravana es organizada por los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes que mantenían tomadas las instalaciones de la trasnacional Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla y fueron desalojados el 15 de febrero por la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal.
El Cipog-EZ informó que la iniciativa es impulsada también por decenas de comunidades, organizaciones y colectivos de México y de Europa, y que recorre desde el 22 de marzo pasado, Día Mundial del Agua, y hasta el 24 de abril nueve estados del país, “visibilizando y aglutinando las luchas en defensa del agua, en contra de la destrucción de la Madre Tierra y el despojo capitalista de los territorios indígenas, campesinos y urbanos”.
Informó que este viernes la caravana se trasladó del puerto de Veracruz a la comunidad nahua de Alcozacán, municipio de Chilapa, para reunirse con los indígenas de la zona y con la dirigencia del Cipog-EZ.
Los integrantes de la caravana nacional llegan a unas horas de que en Chilapa fueron abandonados seis cabezas humanas en la canastilla de una camioneta y en el interior los cuerpos desmembrados en céntrica avenida de Chilapa como parte de la disputa del territorio por grupos de la delincuencia organizada.
“Ante la grave situación de violencia e inseguridad que como en la gran parte del país vive Guerrero, y particularmente en la región de la Montaña baja, y ante el despliegue impune y las actividades criminales de diversos cárteles mafiosos como Los Ardillos, Los Rojos y los Guerreros Unidos, exigimos al gobierno federal garantizar las condiciones de seguridad a lo largo de todo el recorrido de la Caravana por el Agua y la Vida y, particularmente, para que circule libremente en su tránsito de Veracruz a Guerrero, durante su estancia en dicho estado y en su viaje con rumbo a la comunidad de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México”, pidió la organización.
El Cipog-EZ hizo responsables de la seguridad e integridad de los miembros de la caravana, a los tres órdenes de gobierno.
“Llamamos a las organizaciones de derechos humanos, a los medios de comunicación y a los pueblos de México y del mundo a estar alertas al paso de la caravana por territorio guerrerense y a estar atentos a su palabra y acciones a lo largo de todo su recorrido que concluirá el 24 de abril en la comunidad nahua de Cuentepec, municipio de Temixco, Morelos”, convocó el Cipog-EZ.
Revisan el Mercado Central efectivos del Ejército y la Guardia Nacional
El comandante del 56 Batallón de Infantería, el coronel Marco Antonio Mendoza Mendoza, desmiente que se violen los derechos humanos y que haya acoso sexual. Afirma que hay una campaña de desprestigio contra los militares orquestado por un grupo criminal que extorsiona a los comerciantes
Soldados y agentes de la Guardia Nacional hacen recorridos en los alrededores y en los pasillos del mercado Central de la ciudad Foto: Carlos Alberto Carbajal
Argenis Salmerón
Efectivos del Ejército y Guardia Nacional desplegaron una operación de inhibición y revisión, dentro del Mercado Central, luego de que miércoles hubo un bloqueo de comerciantes que pedían la salida de los agentes en el centro de abasto.
Después de la 1:30 de la tarde, 150 efectivos del Ejército y Guardia Nacional se dispersaron en los pasillos del centro de abasto.
Agentes militares revisaron los locales y personas “sospechosas” para inhibir el delito, mientras que los comerciantes mostraron asombro por la operación.
Los comerciantes accedieron a que los militares buscaran en sus locales y no hubo resistencia, mientras que a las personas “sospechosas” en su mayoría hombres les hacían una revisión en sus pertenencias.
El método de seguridad fue rodear el Mercado Central y adentro hacer las revisiones, mientras que los camiones militares estuvieron estacionados afuera del centro de abasto.
Al final, una patrulla de la Policía Municipal se sumó a la operación de seguridad Santa Lucía.
En declaraciones a reporteros, el comandante del 56 Batallón de Infantería, el coronel Marco Antonio Mendoza Mendoza, dijo que no están violentando los derechos humanos en las operaciones de inhibición en el Mercado Central, menos que haya acoso sexual contra las mujeres.
Manifestó que el miércoles hubo un bloqueo en la avenida Cuauhtémoc por parte de los comerciantes del Mercado Central.
Consideró que es una campaña de desprestigio contra los militares para que se salgan del mercado y que fue orquestado por un grupo criminal que opera en la zona, y que extorsiona a los comerciantes.
“Salieron en una campaña de desprestigio hacia el Ejército y a la Guardia Nacional por las actividades que estamos haciendo dentro del marco del operativo Santa Lucía”, abundó.
Explicó que la operación militar Santa Lucía arrancó en 14 de agosto en Acapulco con 590 efectivos del Ejército y Guardia Nacional, con la finalidad de coadyuvar con las autoridades de los órdenes de gobierno para disminuir los índices de homicidios vinculados con el crimen organizado.
Indicó que la manifestación de los comerciantes fue por la presencia militar que mantienen permanente en el Mercado Central.
“De tal manera que estamos inhibiendo las actividades ilícitas de una persona, que sabemos quien es, y que hasta donde podamos, vamos a tratar de sacarlo de aquí, de esta área para que no siga cobrando cuotas, no siga extorsionando a los locatarios, tanto fijos y los que estan afuera”, acotó.
Añadió: “está persona quiere que nos vayamos para que lleve a cabo sus actividades ilícitas de manera tranquila, de manera permanente, y esta campaña que orquestó, obedece a que quiere que nos vayamos”.
Aseguró que los efectivos del Ejército no se van salir del Mercado Central, “no vamos a permitir que se siga abusando de la sociedad, de los verdaderos trabajadores”.
Precisó que “es una persona que tiene el control del Mercado Central y obviamente esa persona debe tener a más gente alrededor de él, que se encarga de obtener recursos de manera ilícita para su beneficio personal”.
El jefe militar aseguró que los agentes en todo momento garantizan los derechos humanos, “no es cierto que nuestro personal militar manoseen a las personas, a las mujeres, como ayer (miércoles) se decía, como aparecía en las cartulinas”.
“Queremos (…) para que participen con nosotros para obtener información y sacar de la zona de confort a esa gente, que no hace otra cosa más que aprovecharse de la gente trabajadora, de la gente que vive bien”, puntualizó.
Declaró que los efectivos se han acercado a los comerciantes para que denuncien los delitos de extorsión, pero “la gente tiene miedo, los mismos locatarios tienen miedo, pues están amenazados”.
“Y como lo hemos visto durante mucho tiempo, aquí en el puerto de Acapulco a la gente la matan nada más por que si, entonces la gente tiene miedo, no nos dicen, y también ayer (miércoles) fueron amenazados para participar en esa campaña de desprestigio”, concluyó.
El miércoles pasado, unos 300 comerciantes del Mercado Central, bloquearon los dos sentidos de la avenida Cuauhtémoc por dos horas para denunciar hostigamiento y acoso sexual por parte de los efectivos del Ejército y Guardia Nacional.
Soldados y agentes de la Guardia Nacional recorren los pasillos del Mercado Central de Acapulco Foto: Carlos Alberto Carbajal
“No queremos gobierno, aquí todos somos los Ardillos”, un grito en Quechultenango
A las 7:42 de la tarde Quechultenango estaba en el punto más álgido del conflicto, llegaban hombres y mujeres con palos a rodear a los militares retenidos en la plancha del Palacio Municipal, ahí una mujer gritaba, “no queremos gobierno… todos aquí somos los ardillos”, en referencia a un violento grupo criminal que tiene asoladas a comunidades indígenas de Chilapa y que avanza hacia Chilpancingo luego de ocupar Petaquillas, según reportes oficiales de los gobiernos estatal y federal.
Mientras la población, recién declarada como “ardillos” (como se puede confirmar en un video transmitido en vivo en la página de Facebook suracapulco) hacía caminar a unos 50 soldados por la calle, este reportero hizo un recorrido alrededor de la zona.
Sin el contexto de la senda de sangre, desapariciones y actos de corrupción del grupo criminal, documentados ampliamente por éste y otros medios, parecería que son “los salvadores del pueblo”, como dice la gente de ese lugar, que es aparentemente su base social, o una expresión de su dominio del territorio.
En la protesta participaron en el momento de mayor asistencia unos 500 pobladores, una mínima parte de la población.
Alrededor del intenso conflicto en las calles había niños jugando futbol, puestos de tacos, hamburguesas, tiendas abiertas, adolescentes dándose abrazos y besos, otros contando chistes y anécdotas pero no se vieron adultos. Para comparar, por ejemplo, cuando en Chilpancingo hay un asesinato se cierran todos los negocios casi en automático, cuando hay protestas sociales u operaciones policiaco-militares, algunos espacios cierran, otros se mantienen abiertos.
En los alrededores del Palacio Municipal de Quechultenango está el cuartel de la policía local, ahí se vio que estaban alrededor de 10 agentes en la oscura calle, ahí uno fumaba, se les pidieron referencias para salir del pueblo y uno respondió, “está pelado porque está lleno de guachos”.
Siguiendo el recorrido, en la calle a la salida de Quechultenango hacia a Mochitlán había más de 20 camionetas del Ejército y otro tanto de las policías Estatal y Ministerial. Al final de esa calle se le preguntó a un soldado del Ejército cómo se podría salir de ese pueblo hacia Chilpancingo, y respondió, “caminando, porque el pedo está cabrón”, y se carcajeó, en este lugar en el que es casi imposible hacer periodismo, una zona de silencio. (Rosendo Betancourt Radilla / Quechulte-nango).
Un detenido, y tres tigres, un arma, 11 vehículos y 28 kilos de mariguana decomisados en Quechultenango
La FGE informa los resultados de la operación conjunta con el Ejército que duró seis días. La FGE informó que sus agentes cumplieron este martes 15 de febrero una orden de cateo que concedió un juez de control.
Tres tristes tigres enjaulados hallados en una operación de seguridad en Quechultenango por agentes de la Fiscalía General del Estado Foto: El Sur
Redacción
Chilpancingo
Siete días después de que de manera extraoficial se supo de una operación conjunta de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ejército en el municipio de Quechultenango, se informó ayer mediante un boletín de prensa de los resultados.
La FGE informó que la operación se realizó en cumplimiento de una orden de cateo que concedió un juez de Control, expedida el 15 de febrero pasado.
Dijo que el resultado fue la detención de un hombre, el aseguramiento de 28 kilos de “hierba seca con características propias de la marihuana”, 11 vehículos, una motocicleta y autopartes con reporte de robo, tres tigres, un arma de uso exclusivo del Ejército y fuerza aérea, cartuchos útiles y objetos tecnológicos diversos.
En el boletín no se dan mayores detalles de la persona detenida, pero la noche del miércoles cuando se negoció la salida de 30 militares y un grupo de policías ministeriales que estaban retenidos por la población acusados del “saqueo de casas”, “hostigar a mujeres” e “interrogar a niños” sobre las actividades a las que se dedican sus padres, los pobladores denunciaron que el detenido fue el médico de la cabecera municipal, Jesús Flores Gatica, de quien exigieron su libertad.
Según los pobladores, el médico fue detenido en su consultorio sólo porque le encontraron una escopeta. En el comunicado de la FGE no se informa de la situación jurídica del detenido y si fue liberado como se estableció en la minuta de acuerdos firmada esa noche.
Se informa en el comunicado que el cateo ordenado por el el juez de Control fue en un inmueble ubicado en la calle Libertad de ese municipio.
Refiere que también se aseguraron siete vehículos con reporte de robo en un terreno “con características de deshuesadero” en el poblado de Tlanicuilulco, así como cinco inmuebles donde se encontraron autopartes como 10 puertas de vehículos de diferentes marcas, siete radiadores, siete condensadores, siete salpicaderas, tres cofres, dos tableros, un medallón, así como dos motores y cuatro vehículos desarmados también con reporte de robo.
Se informó que los tres tigres quedaron a disposición de la autoridad competente, “y lo demás” a disposición del Ministerio Público correspondiente en el municipio de Chilpancingo.
Advirtió que la FGE, “continuará con los operativos de seguridad, dando seguimiento a las líneas de investigación que permitan la aprehensión de los probables responsables”.
El comunicado no precisó, pero de acuerdo a los pobladores la operación de los agentes ministeriales y militares comenzó el sábado y terminó con la retención durante cinco horas el miércoles de los 30 militares y el grupo de la ministerial en la cabecera municipal.
Los militares y ministeriales fueron liberados hasta que autoridades estatales y el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López, firmaron una minuta de acuerdos en la que se establece que en adelante, “la seguridad recaerá en la ciudadanía de la región” y que cuando el Ejército y las autoridades estatales patrullen el territorio serán acompañados por la Policía Municipal.
Además que el gobierno del estado “asume el compromiso” de liberar al médico Jesús Floreas Gatica este jueves.
Cuestiona Cipog-EZ que el gobierno con todo su poder no haya detenido a operadores de Los Ardillos
La organización indígena de Chilapa califica como operativo fallido del Ejército el realizado en Quechultenango
Redacción
Chilpancingo
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) reprochó que el gobierno “con toda la capacidad técnica, logística, tecnológica e inteligencia militar”, no haya sido capaz de detener a “los operadores del grupo narco paramilitar Los Ardillos” en Quechultenango, durante la operación que terminó la noche del miércoles con la retención de militares y policías ministeriales durante cinco horas.
La organización indígena, que ha venido responsabilizando a ese grupo de las ejecuciones y desapariciones en comunidades nahuas de Chilapa donde tiene presencia, recriminó a las autoridades estatales y federales en un comunicado que difundió ayer que, por el contrario, hayan firmado una minuta de acuerdos con los representantes del grupo delictivo.
El Cipog-EZ se refiere a los acuerdos a los que llegaron las autoridades estatales y el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López, la noche del miércoles con pobladores de Quechultenango para liberar a 30 militares y un grupo de agentes ministeriales; dichos acuerdos son que la seguridad en adelante recaerá en la Policía Municipal y que cuando los militares y las corporaciones estatales realicen patrullajes serán acompañados por la Policía Municipal. Además ofrecieron liberar este jueves al detenido Jesús Flores Gatica.
El Cipog-EZ demandó que se mantengan los operativos en Quechultenango “y en los territorios que ya hemos señalado como Cipog-EZ: Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquillas y Tlanicuilulco”.
Asimismo, que se “depure” y se “desarticule” a Los Ardillos “desde las instituciones que están vinculadas a ellos, como la Policía Municipal, presidentes municipales y Fiscalía; no es posible que el Ejército vaya a realizar operativos junto a quienes son los asesinos, perpetradores de los crímenes e informantes de éstos”, reprochó la organización.
También demandó que la estrategia del gobierno y los operativos los realicen “de manera contundente” y exigieron la detención de los dirigentes principales del grupo “porque no puede ser que a más de 30 años sigan asesinando y atemorizando a la población con toda la impunidad que el estado brinda”.
Exigió a los jefes de la Sedena, de la Guardia Nacional y demás corporaciones, que si no tienen el valor de proteger a la población y detener a los grupos criminales, que renuncien, que dejen de simular y jugar con la vida de miles de seres humanos.
La agrupación calificó como “operativo fallido” el que realizó el Ejército en el municipio de Quechultenango, al que considera “uno de los bastiones del grupo narco-paramilitar Los Ardillos”, escribió la organización en su comunicado.
“Frente a la estrategia fallida del Ejército el día de ayer (miércoles), pareciera que sólo nos queda esperar a que por suerte no nos maten”.
Planteó que no conciben cómo (los militares y la Policía Ministerial) entraron a hacer un operativo “y un grupo de 200 pobladores, que la mayoría teme a Los Ardillos pero son controlados por ellos, los amedrentaron y expulsaron de la comunidad”.
Agregó: “Tampoco entendemos que se haya suscrito una minuta con gente de Los Ardillos, en la que se acordó que se permitiría la realización de operativos militares en Quechultenango, pero acompañados de la policía municipal así como de las guardias comunitarias; ¿acaso con toda la inteligencia militar no saben que en Quechultenango no hay policía comunitaria sino sicarios al servicio de Los Ardillos?”, cuestionó el Cipog-EZ.
Destacó que de acuerdo a un video que se difundió en las redes sociales la noche del miércoles una mujer, “les dice en su cara a los militares que ellos son Ardillos”.
La organización aclaró que su denuncia no es en contra de la gente de Quechultenango, “que es obligada, bajo amenaza de muerte, a callar los crímenes de Los Ardillos, sino al grupo narco-paramilitar, que utiliza a la gente como carne de cañón”.
La agrupación hizo responsable al Estado por lo que está sucediendo y por lo que le pueda suceder a quienes pertenecen al Cipog-EZ, así como a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero.
Destacó que si las fuerzas del Estado no lograron desarticular “a los criminales Ardillos y Rojos” y no lograron detener a sus cabezas, “el escenario de guerra y muerte que existe en nuestras comunidades, continuará”.
Civiles armados emboscaron a las 9 de la mañana de ayer a policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en un camino de terracería entre las comunidades nahuas de Ahuixtla y Papaxtla, municipio de Chilapa.
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, informó por teléfono que los agresores son miembros del grupo delictivo de Los Ardillos y que en el ataque dejaron tres comunitarios heridos.
Denunció que a las 2 de la tarde, el mismo grupo agresor atacó la comunidad de Zacapexco, también del municipio de Chilapa, en donde ocurrió un enfrentamiento con policías comunitarios que defendieron el pueblo.
El dirigente del Cipog-EZ responsabilizó a los gobiernos del estado y federal, porque dijo que desde hace meses están denunciando la presencia de ese grupo armado cerca de sus pueblos y no actúan para su desarme o repliegue.
En tanto, en un comunicado que envió la dirigencia del Cipog-EZ la tarde de este martes a los medios de comunicación, informó que la emboscada de las 9 de la mañana ocurrió en contra de cinco policías comunitarios de la comunidad de Tula, que perteneciente al Cipog-EZ.
Explicó que los comunitarios se dirigían de Ahuixtla hacia Papaxtla.
“Nuestros compañeros fueron atacados por ocho personas que bajaron del cerro con armas de fuego R-15 y cuernos de chivo; tres de nuestros compañeros resultaron heridos. Los atacantes vestían pantalón militar y llevaban los rostros cubiertos, además de las armas de alto calibre”, explicó la organización en su comunicado.
Informó que el 23 de septiembre “ya habíamos denunciado la presencia de personas vestidas tipo militar que sabemos pertenecen al grupo narco-paramilitar de Los Ardillos, hoy a 5 días de la denuncia, tres de nuestros compañeros se encuentran gravemente heridos”.
El Cipog-EZ responsabilizó al gobierno de Héctor Astudillo Flores, a la Fiscalía General del Estado (FGE), así como a la Guardia Nacional, Policía Estatal y municipal, “por su complicidad con los narcoparamilitares y su silencio cómplice desde siempre”.
Denunció que saben que quienes emboscaron a sus compañeros fueron Los Ardillos “a quienes hemos denunciado ya en muchas ocasiones, en los tres niveles de gobierno, pero éstos han cerrado sus oídos y se han puesto del lado de quienes nos masacran”.
Concluyó que saben que Los Ardillos se están preparando para entrar a las comunidades del Cipog-EZ, y piden a las organizaciones y organismos de derechos humanos que denuncien y difundan “la guerra narco-paramilitar que
A 500 años de la resistencia indígena y la caída de Tenochtitlan por los españoles, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), denunció que las compañías mineras siguen amenazando y se quieren imponer en los territorios indígenas, igual que el crimen organizado y los grupos narco-paramilitares, así como “la guerra sucia de los malos gobiernos se mantiene”.
La agrupación indígena con presencia en 24 pueblos nahuas de Chilapa donde hay asesinados, levantados y los pueblos atacados por grupos delictivos, declaró en un pronunciamiento público que a 500 años, los indígenas “seguimos aquí, defendiendo nuestro territorio, cuidando la vida de los niños, niñas, abuelos y abuelas, hombres y mujeres de nuestras comunidades”.
Reprochó que los gobiernos, “y el sistema”, detrás de sus palabras de desarrollo, progreso “o Cuarta Transformación”, busca exterminar todo aquello que no quepa en su lógica neoliberal.
“Quieren acabar con nosotros y nosotras que no hablamos de competencia sino de cooperación, ni de ganancias, sino de bien común, ni hablamos de elecciones democráticas, sino de autonomía y autogobiernos”.
Sostiene que actualmente sólo cambian el nombre y las formas; “desarrollo, bienestar, progreso, Cuarta Transformación, le llaman ahora a la guerra de conquista, pero en esencia continúan los mismos actos de muerte, despojo y destrucción. Siguen queriendo exterminarnos, despojarnos, desaparecernos”.
El Cipog-EZ denunció que por eso los amenazan los partidos políticos y su clientelismo, “pues buscan dividir a nuestras comunidades, comprándolas con sus migajas; todos ellos son los herederos de quienes llegaron en 1521 con su idea de superioridad respecto a nuestros pueblos, herederos de la idea de destruir para reconstruir, de despoblar para repoblar, como ya lo han explicado nuestros hermanos del EZLN, bajo una nueva lógica, la de la muerte de la madre tierra y de quienes con ella vivimos”.
Sostiene que los pueblos que se resisten a todo ello son herederos de quies resistieron hace 500 años.
“Hoy más que nunca decimos que no hemos sido conquistados, que no nos vendemos, no claudicamos, no nos rendimos, ni olvidamos. Que caminamos con los pueblos del Congreso Nacional Indígena y con las y los hermanos y hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional así como con los pueblos del mundo que también pretendieron ser exterminados, pero que siguen dignamente en pie”, manifiestan en su documento.
Recuerdan que la resistencia no sólo es aguantar, sino luchar, “enfrentar, proponer, organizar, construir el mundo nuevo desde la autonomía y desde los pueblos, desde abajo y a la izquierda”.
Reprochan que “así como en 1521 se intentó acabar con los pueblos originarios, hoy los malos gobiernos y el sistema neoliberal, buscan las formas de acabar con nosotros y nosotras”.
Integrantes del grupo delictivo Los Ardillos atacaron el martes la comunidad de Zacapaxco, municipio de Chilapa, lo que originó un enfrentamiento con policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de la Casa de Justicia de Alcozacán.
En la balacera, que según el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, duró de las 12:20 del día a las 4 de la tarde, resultó herido el policía comunitario Severiano Diego Jiménez.
El dirigente indígena informó que fueron aproximadamente 50 civiles armados del grupo delictivo que atacaron la comunidad de Zacapexco, vecina de Rincón de Chautla.
En un comunicado de prensa enviado por la noche del mismo martes, el Cipog-EZ y la CRAC-PF denunciaron que “así nos ha pasado una y otra vez”, a pesar de que lo han denunciado muchas veces a las autoridades federales y estatales que no han atendido el problema de violencia en la zona.
En su escrito, recordaron que la violencia la denunciaron recientemente en la Ciudad de México cuando presentaron su informe Crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en la Montaña Baja de Guerrero el pasado 16 de mayo.
“Se los dijimos a los malos gobiernos y lo sabía la prensa nacional e internacional”, reprocharon en su escrito las dos agrupaciones.
“Les dijimos que los grupos narco-paramilitares nos están matando y que a cada acción de denuncia contra estos ataques que hacemos, Los Ardillos nos responden con ataques y que lo seguirán haciendo mientras los malos gobiernos sigan siendo cómplices de los grupos delincuenciales”.
Informaron que la gente de Los Ardillos bajó de la comunidad de Zelocotitlán que está controlada por ellos hacia Zacapexco, “disparando contra la comunidad, resultando herido de bala un compañero de nuestras comunidades”.
“Cabe resaltar que el mal gobierno no nos ha escuchado, al contrario, se ha burlado de nosotros y nosotras, programa reuniones para después cancelarlas y nos quiere ofrecer migajas”.
Denunciaron que los afectivos de la Guardia Nacional, de la Marina y de la Policía Estatal llegaron hasta las 4 de la tarde, “aproximadamente 4 horas después del ataque”.
Las agrupaciones responsabilizaron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Héctor Astudillo Flores, al secretario de Seguridad Pública estatal David Portillo Machaca y al Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila por el ataque “y por las consecuencias que éste acarree”.
Ayer por la tarde, Plácido Galindo informó por teléfono que las autoridades de los 24 pueblos donde tiene presencia el Cipog-EZ, analizaban la posibilidad de impedir las elecciones el 6 de junio, en protesta porque los gobiernos federal y estatal no han pacificado la zona.
El Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y el Consejo Indígena de Guerrero (CIG), entregaron ayer el informe: Crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos contra pueblos indígenas del Cipog-EZ, a la líder del Congreso Nacional Indígena (CNI) María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy.
En el documento, las organizaciones con presencia en 24 comunidades indígenas nahuas del municipio de Chilapa, denuncian que las corporaciones de los tres niveles de gobierno están coludidos con el grupo delictivo de Los Ardillos y por eso no se resuelve el problema de violencia que viven.
“En esos lugares no sólo los grupos delictivos están matando a los indígenas, sino que desde el gobierno se permite el desplazamiento, nos niegan el derecho al trabajo, a la salud, y al libre tránsito.
El documento fue entregado ayer en la sede del CNI en la ciudad de México a la líder indígena, quien se comprometió a difundir el contenido del documento al resto de los integrantes de la agrupación.
Marichuy consideró que el documento “es una importante observación” y que indica que hay oídos sordos y desinterés arriba para reconocer que existen estas comunidades y que debe haber respeto hacia ellas.
Consideró que es una guía para encontrar resistencia “e ir tejiendo esas resistencias, porque ya no queremos más muertes ni muertos en las regiones indígenas”.
Entregó el documento el dirigente del Cipog, Jesús Plácido, quien denunció que han buscado que el gobierno escuche “nuestras palabras en reuniones con los tres niveles de gobierno”, pero que no han encontrado eco.
Reprochó que el 12 de mayo les habían prometido una reunión “pero todo fue burla y engaño”.
Contó que la violencia en esas comunidades se recrudeció en 2015 y que desde entonces sólo han sido promesas y engaños de los tres niveles de gobierno de que van a atender el problema de violencia.
“Deben saber que hemos explorado todas las vías para no morir, para vivir. No crean que nos divierte tener que enfrentar a la delincuencia organizada, ese es el trabajo de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policías Estatal y Municipal, pero que creen, están coludidos con el grupo delictivo de Los Ardillos que nos están atacando”, denunció.
Jesús Placido denunció que en esas comunidades los integrantes del grupo delictivo los quieren matar solamente por no cederles su territorio para que lo controlen, “también porque rechazamos a los partidos políticos que representan al poder”.
“Venimos a la Ciudad de México a nombre de las 24 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno a decirles que “al mal gobierno, al de Andrés Manuel López Obrador no le interesa nuestro problema; tampoco al gobierno estatal ni al municipal”.
Planteó Jesús Plácido que, al contrario, “sabemos que los tres niveles de gobierno están coludidos con quienes nos disparan, nos torturan, desaparecen”.
Siguió: “y nos matan no sólo con las balas, nos hacen lo que muy bien saben hacer los capitalistas, los gobiernos, los ejércitos, construyendo un cerco alrededor nuestro, asfixiándonos con terror, con retenes y puntos que nos impiden desplazarnos, porque nos cazan como presas, negándonos así el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, a la movilidad; sangre, pobreza y miedo recorren a nuestras comunidades”.
Reprochó que tienen que salir niños y niñas con pistolas “y ahí sí voltea el mal gobierno, para condenarnos claro está, no para escucharnos y menos para resolver nada”.
Y luego, concluyó que “si bien la muerte nos acecha, no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos”.
