Los dos hombres asesinados la mañana del domingo cuando cargaban combustible en una gasolinera de Chilapa, son miembros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), denunció ayer la dirigencia de la agrupación.
Se trata de los indígenas nahuas Esteban Xochitempa de 40 años de edad y su hijo Juan Xochitempa Macario de 16, de la comunidad de Xochitempa Laguna Seca, Chilapa.
De acuerdo con la dirigencia del Cipog-EZ, sus dos compañeros fueron los asesinados a tiros a las 11:20 del domingo en la gasolinera ubicada en el bulevar Eucaria Apreza, cerca del tianguis de los domingos y donde se congrega mucha gente.
Por teléfono, el dirigente Jesús Plácido Galindo, informó que los indígenas fueron a Chilapa a vender leña y frijol en ejotes para comprar la despensa para su familia.
Informó que la tarde de ayer los cuerpos seguían en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo porque sus familiares y la organización pidieron que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleve los cuerpos hasta su comunidad y allá se realicen las diligencias, porque es un riesgo que ellos vengan hasta Chilpancingo.
En su pronunciamiento con respecto a estos hechos, el Cipog-EZ cuestiona los señalamientos de la gobernadora Evelin Salgado Pineda, cuando dice que pretenden desestabilizar a su gobierno.
“No señora Evelyn Salgado, no nos confunda, paz y justicia son las demandas que hemos impulsado por más de 8 años, lo mismo que lleva la guerra de los grupos de la delincuencia organizada en contra de nuestras comunidades”, manifiesta el Cipog.
Reprocha que llevan años denunciando la situación de violencia “que vivimos como parte de una guerra de exterminio del grupo narco-paramilitar Los Ardillos en contra de nuestras comunidades”.
Refieren que en el contexto de la violencia “que recorre a nuestro estado y nuestro territorio, donde los Ardillos han demostrado que controlan municipios enteros y que se sientan a negociar con presidentas municipales y autoridades, la violencia se hace sentir nuevamente en nuestros territorios, mientras que las autoridades federales, estatales y municipales sólo sirven para administrar la muerte, a éstas les interesa que la cifra de asesinatos no rebase la de la administración anterior, para poder decir que son mejores, que la 4T está reduciendo la violencia, pero eso es mentira pues la muerte se vive todos los días en el Estado de Guerrero, con su consentimiento y complicidad”.
El Cipog-EZ llamó a seguir denunciando al Estado “por su complicidad con los grupos criminales, pues está claro que están de su lado y no del lado del pueblo… el país vive una guerra que tiene que detenerse, pero ni se detendrá sola, ni el Estado la detendrá, pues para éste –hoy controlado por la 4T–, es necesaria la guerra, la muerte, el dolor, para lucrar con este escenario, administrar la muerte y tener el número suficiente de votos y cinismo para quedarse nuevamente con el poder en el país”.
Decenas de indígenas de varios pueblos nahuas de Chilapa se movilizaron ayer en solidaridad con las comunidades indígenas de Chiapas que están siendo atacadas por el “grupo paramilitar” Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo ORCAO.
Los indígenas que pertenecen al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ) marcharon desde la entrada de la comunidad de Alcozacán y se concentraron en la cancha techada del pueblo donde dieron lectura a su pronunciamiento, informó su dirigente Jesús Plácido Galindo.
“Hoy, a casi 30 años de que dijeron un ya basta, los pueblos zapatistas siguen bajo ataque. El grupo paramilitar ORCAO ha atacado desde 2019 en más de una docena de veces a la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi”, denunció el Cipog-EZ.
Agregó que todos estos ataques han sido denunciados por los pueblos zapatistas, por organizaciones de derechos humanos y por periodistas, “denuncias que hasta el momento no han tenido ningún efecto, pues estos grupos siguen atacando con la impunidad que se les garantiza desde los tres niveles de gobierno”.
Añadió que a lo anterior hay que sumar que grupos paramilitares como la ORCAO obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida, “que es el que los motiva a atacar a las comunidades para arrebatarles territorio y registrarlo en tal programa”.
Explicó que los ataques contra los pueblos zapatistas ocurren además en un contexto preocupante: el crecimiento de la influencia y operación de grupos del crimen organizado en Chiapas, la reactivación de grupos paramilitares, de corte paramilitar y narcoparamilitares, el surgimiento de autodefensas, la presencia de militares y guardia nacional.
“La presencia de estos actores, así como la disputa por los territorios para minería, carreteras, venta de drogas, trata de personas migrantes, trata de mujeres, reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, desapariciones, masacres y más, ponen a Chiapas al borde de la guerra civil, como los propios zapatistas lo han expresado”.
Ante esta situación, el Cipog-EZ llamó “a los pueblos de México y del Mundo” a voltear a ver lo que sucede en Chiapas, los convocamos a detener la guerra, a evitar otra tragedia como la que ocurrió en Acteal en 1997, donde grupos paramilitares asesinaron a 45 personas tzotziles, un crimen que, por cierto, todavía permanece impune”.
Pidió a exigirle al Estado mexicano que se garantice la salud y la justicia para Jorge López Santíz, Base de Apoyo Zapatista herido por paramilitares de la ORCAO, y que se detengan los ataques armados contra los pueblos zapatistas.
La “disolución absoluta” de la ORCAO y de todos los grupos paramilitares, y que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques, que se investigue al gobierno de Rutilio Escandón y que “el silencio del presidente Andrés Manuel López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
Las siete víctimas con las que Guerrero encabeza el listado de las entidades con más ambientalistas asesinados en 2022, de acuerdo con el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), son integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Una mujer y seis hombres, indígenas nahuas de comunidades de Chilapa, integran la lista: Lorenza Chantzin Paxacuasingo, Marcos Campos Ahuejote, Nicolás Pérez Xoyateco, Alberto Morales Sebastián, Moisés Cuapipistenco, Guillermo Hilario Morales y Adán Linares Silverio. Se considera que tres de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente por presuntos agentes de Tránsito Municipal de Chilapa de Álvarez.
El Informe sobre la Situación de las Personas y Comunidades Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México, 2022, difundido este abril, expone que Guerrero tiene una larga tradición de lucha social y que actualmente la pobreza y marginación se ven acompañadas por la violencia generada por múltiples agentes que han diversificado sus actividades ilegales: producción y tráfico de drogas, tala ilegal, extorsión, interés en actividades mineras y otros sectores económicos, “en muchos de los casos en complicidad o aquiescencia de autoridades gubernamentales”.
Manifiesta que en ese contexto, las personas y comunidades defensoras ambientales se enfrentan a una realidad no atendida por el Estado, “donde los asesinatos, las desapariciones, el desplazamiento forzado y la impunidad prevalecen”.
Las primeras víctimas que aparecen en el informe de 2022 son Lorenza Chantzin Paxacuasingo y Marcos Campos Ahuejote.
De Lorenza indica que tenía 64 años de edad, era defensora de derechos humanos, ambientales y del territorio, nahua originaria de la comunidad de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, campesina y madre de una joven de 14 años.
De Marcos Campos Ahuejote dice que tenía 43 años, era originario de Xicotlán, Chilapa, padre de tres hijos, de 11, 8 y 4 años de edad, defensor nahua del territorio.
Sostiene que Lorenza y Marcos realizaban una labor frente a problemas relacionados con el despojo de sus territorios por actividades mineras, cuando fueron detenidos y desaparecidos a las 9 de la mañana del 6 de mayo de 2022, en el crucero de la carretera a la altura de Atzacualoya, cuando se dirigían a la cabecera municipal.
Indica que el 7 de mayo fueron hallados sin vida en el tramo de la carretera donde desaparecieron, pero que familiares y sus compañeros del Cipog-EZ manifestaron haber buscado allí mismo con anterioridad, además, denunciaron que los cuerpos tenían signos de tortura.
Exponen que a pesar de ello, la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que “se trató de un accidente automovilístico”, pero la comunidad responsabilizó al grupo de la delincuencia organizada Los Ardillos.
El tecer defensor asesinado que contabiliza el Cemda es Nicolás Pérez Xoyateco, nahua originario de la comunidad de Alcozacán, en Chilapa, integrante también del Cipog-EZ y coordinador del Comité de Agua Rural para la Región en su comunidad, que también era comerciante, dedicado a la venta de pollo y a cultivos del campo.
Indica que Pérez Xoyatenco fue asesinado en un ataque armado el 24 de julio de 2022, al realizar las actividades para su sustento y el de su familia, cerca del mercado en la cabecera municipal de Chilapa, y también sus compañeros responsabilizaronn al grupo criminal Los Ardillos.
El informe indica que otro defensor fue asesinado el 9 de julio de 2022, se trata de Alberto Morales Sebastián, miembro de la comunidad nahua de Tula, municipio de Chilapa, ocurrió cuando en la cabecera municipal, al salir del hospital, fue agredido por personas desconocidas que le dispararon mientras esperaba el transporte público.
El Cemda plantea como probables ejecuciones extrajudiciales el caso de tres defensores miembros del Cipog-EZ, nahuas que “protegían su territorio y elementos naturales en las comunidades de Chilapa”, y son: Moisés Cuapipistenco, Guillermo Hilario Morales y Adán Linares Silverio.
Informa que las probables ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra los tres defensores ocurrieron el 5 de noviembre de 2022, en la cabecera municipal de Chilapa, y de acuerdo a lo narrado por el Cipog-EZ, los tres defensores fueron detenidos por presuntos agentes de Tránsito Municipal, quienes los llevaron a un lugar desconocido, pero a las 9 de la noche, fueron hallados en la comunidad de Xochimilco sin vida.
Asegura que Moisés Cuapipistenco tenía 22 años de edad, era defensor indígena nahua, padre de dos niños y una niña, promotor en la comunidad de Tula y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI), comandante regional entre 2019 y 2020, para defender a su familia y a su comunidad de grupos de la delincuencia organizada.
Agrega que Moisés era campesino, dedicado a la siembra de maíz, ajo, cebolla y a la crianza de chivos y gallinas, además, de estar comprometido con la articulación de las luchas, y dedicado a difundir su cultura, su lengua y a formar jóvenes promotores.
Detalla que el defensor nahua Guillermo Hilario tenía 29 años, era miembro de la Policía Comunitaria, padre de tres niños y una niña, y dirigía las guardias en caso de atentados violentos.
Informa que Guillermo Hilario era hermano de Pablo Hilario Morales, desaparecido desde el 25 de enero de 2022, y según testimonios, Guillermo vivió la violencia desde que nació, entre enfrentamientos armados por la defensa de su territorio.
De Adán Linares Silverio, el Cemda indica que tenía 39 años de edad, era padre de dos niñas de 12 y 8 años de edad, y su esposa tenía seis meses de embarazo al momento de su asesinato.
Comenta que el campesino, hablante de náhuatl, fue nombrado por su asamblea como promotor del sistema comunitario en Alcazocán, y el 21 de octubre, sólo 15 días antes de su homicidio, leyó un pronunciamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gira de trabajo por la Montaña de Guerrero, en el que denunció el acoso que sufren sus comunidades por parte de los grupos criminales.
El Cemda manifestó que esa es la realidad de la comunidad defensora del Cipog-EZ, ante el cual siguen resistiendo y defendiendo la vida, la tierra y el territorio, a pesar de las omisiones de las autoridades y el asedio de los grupos delictivos”.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) negaron “categóricamente”, las acusaciones del obispo emérito de la Iglesia Católica, Salvador Rangel Mendoza, quien señaló a esas agrupaciones como las responsables del asesinato de dos agentes de tránsito hace dos semanas en Chilapa.
En declaraciones el domingo pasado, Rangel Mendoza dijo que el asesinato de dos agentes de Tránsito ocurrido el 5 de abril en Chilapa, “fue una venganza de la Policía Comunitaria del Cipog-EZ”, debido a que en noviembre de 2022 los agentes viales asesinados retuvieron a tres policías comunitarios en esa población, quienes minutos después fueron asesinados a la salida hacia Chilpancingo.
Mediante un boletín de prensa enviado ayer a los medios de comunicación, el Cipog-EZ y la CRAC-PF refieren que los promotores, defensores de derechos humanos, autoridades comunitarias, policías comunitarios y pobladores de las comunidades, “nuevamente somos objeto de ataques y calumnias”.
Denuncian que el prelado, “de escasa calidad moral, cuenta con una entrañable cercanía con los grupos criminales de Guerrero”, y que “existen infinidad de declaraciones de su propia voz que así lo demuestran”.
Explican que los señalamientos del obispo emérito en contra de esas organizaciones las hace, “porque somos quienes hemos puesto un alto al grupo criminal de Los Ardillos en nuestro territorio, y lo hemos liberado de grupos criminales”.
En el documento las organizaciones sostienen, “es del dominio público la forma en que se conduce este personaje, quien pacta con el mejor postor y se exalta de ser amigo de líderes y jefes de plazas en la entidad, todo esto con la seguridad de que no será investigado por las autoridades que debieran fincarle responsabilidades por todas y cada una de sus declaraciones”.
Añaden que en cada una de estas declaraciones a los medios de comunicación, señala actos constitutivos de delitos con la seguridad de sentirse intocable por ser un representante de la Iglesia Católica en la entidad, “y actúa de manera contraria a los principios de a quien dice venerar”.
El Cipog y la CRAC-PF exigen a las autoridades competentes que “finquen responsabilidades sobre esta persona que descaradamente manifiesta pactar con los grupos de la delincuencia organizada, y que negocia las plazas para no perder ingresos”.
En tanto que al obispo emérito exigen que si tiene pruebas para acreditar sus dichos, de que son los responsables del asesinato de los dos agentes de Tránsito, que las presente en las instancias correspondientes, y le advierten que si las tiene y no las hace públicas “es cómplice de asesinato de personas”.
El Cipog-EZ y la CRAC-PF se deslindaron en su escrito de esos asesinatos y argumentaron que no tienen control, “ni podemos entrar a Chilapa porque es un bastión del grupo paramilitar Los Ardillos, quienes tienen controles de acceso en la ciudad”.
Señalaron que los líderes de ese grupo “son amigos del mismo obispo emérito” y que por eso ese doble crimen “tratan de achacárnoslos debido a las denuncias públicas que realizamos”.
“Desconocemos si los dos policías de Tránsito asesinados son los mismos que fungieron como halcones y dieron aviso al sicario que asesinó a nuestros compañeros Guillermo Hilario Morales y Adán Linares Silverio”, de quienes aclararon, no fungían como policías comunitarios, sino que eran promotores de derechos humanos.
Las agrupaciones recordaron que ambos contaban con medidas cautelares del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación.
Las agrupaciones aclararon, “nosotros nos regimos por los siete principios del zapatismo, en ese tenor buscamos justicia, no venganza”.
Policías comunitarios del Cipog-EZ liberados ayer Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La dirigencia del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero (Cipog-EZ) informó que la madrugada del domingo liberaron a cuatro de ocho miembros de la Policía Comunitaria detenidos, y que tres más siguen detenidos, mientras que un menor de edad fue liberado la misma madrugada cuando se realizó el operativo del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Los detenidos en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, fueron liberados por orden del juez del Centro de Justicia Federal de Acapulco, José Luis Barrera Sandoval, Víctor Jaime Bautista Morales, Miguel de Jesús Jiménez, y José Antonio Maldonado Cisca.
En tanto que siguen presos y acusados por portación de armas de uso exclusivo del ejército, José Maldonado Gómez, Ignacio Ávila Miranda y Guadalupe Echeverría Parral.
La madrugada del 18 de febrero fueron detenidos en una operación del ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal ocho policías comunitarios, pero uno de ellos era menor de edad y fue liberado en las primeras horas de ese mismo días, aclaró la dirigencia del Cipog-EZ ayer.
“Hemos decidido en asamblea seguir movilizándonos, tomar carreteras, y desplegar acciones coordinadas para exigir la libertad los tres compañeros que siguen privados de su libertad, informó la agrupación mediante un boletín de prensa la mañana de ayer.
El Cipog-EZ denunció que durante la irrupción de los militares el 18 de febrero, agentes de la Guardia Nacional y Policía Estatal a la base de la Policía de la Comunitaria de Buena Vista, “causaron destrozos en varias casas y temor entre la población”.
Esa mañana detuvieron a José Antonio Maldonado Cisca, coordinador del Sistema Comunitario de Buenavista de la Salud, José Maldonado Gómez, segundo comandante del Sistema Comunitario y a los policías Comunitarios José Luis Barrera Sandoval, Víctor Jaime Bautista Morales, Miguel de Jesús Jiménez, Ignacio Ávila Miranda y Guadalupe Echeverría Parral.
En su comunicado, la agrupación denunció que los comunitarios fueron detenidos “injustamente”, argumentando que portaban armas exclusivas del ejército y fueron trasladados al Centro Regional de Readaptación Social en Chilpancingo.
La agrupación añadió que por la madrugada del domingo 26 de febrero, “después de varias entrevistas a los delegados, comisarios y promotores de las comunidades que conformamos la casa de justicia de los pueblos fundadores y al Cipog-EZ, se acreditó que los compañeros de Buenavista se integraron al Sistema de Justicia Comunitaria de la CRAC-PC-PF el 16 de enero, para brindar seguridad a su comunidad, por lo que se dejó en libertad a José Luis Barrera Sandoval, Víctor Jaime Bautista Morales, Miguel de Jesús Jiménez, José Antonio Maldonado Cisca.
La agrupación informó que, sin embargó, el Estado “decidió mantener presos a José Maldonado Gómez, Ignacio Ávila Miranda, Guadalupe Echeverría Parral, acusándolos de portación de armas de uso exclusivo del ejército”.
La dirigencia de la organización consideró que “es preocupante que los sistemas comunitarios que fueron creados para proteger la vida y la integridad física de las personas de nuestras comunidades, seamos perseguidos, sometidos y víctimas de la fabricación de delitos por parte de quien debería brindar protección”.
Reprochó que el trato que dan “a nuestros hermanos tal como si fueran delincuentes es preocupante, pues los delincuentes son Los Ardillos, Los Rojos, así como las corporaciones del Estado vinculadas a ellos, pero éstos se mueven libremente, asesinan, secuestran, torturan, con total libertad e impunidad”.
La agrupación denunció que los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad, en sus distintos ámbitos y a través de sus dependencias e instituciones, garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas; “es lamentable el actuar de las autoridades, no hacen nada por garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, defensores del territorio y medio ambiente”, recriminó la agrupación indígena.
Acusó que los tres niveles de gobierno “son cómplices de los delincuentes conocidos como Los Ardillos y los Rojos” que operan en la región Montaña baja.
La dirigencia de la agrupación advirtió que derivado de las circunstancias “hemos decidido por asamblea seguir movilizándonos, tomar las carreteras y desplegar acciones coordinadas para exigir la libertad de José Maldonado Gómez, Ignacio Ávila Miranda, y Guadalupe Echeverría Parral, hasta su inmediata liberación”.
Advirtieron que, en adelante “responderemos a la violencia de los grupos delincuenciales, pero también a la ineptitud y colusión de las instituciones del Estado con los grupos narco paramilitares”
Asimismo llamaron a nuestros a los indígenas e integrantes de organizaciones sociales “a estar atentos, pues vemos una persecución directa en contra de nuestra organización y Sistema de Justicia, no sólo de los grupos narco-paramilitares, sino de las instituciones del Estado, de la Fiscalía, del Ejército, de la Ministerial e instituciones”.
Las casas se justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa y de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), se deslindaron del respaldo que dieron la casa de justicia de Alcozacán y el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) a la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de Buenavista, municipio de Chilpancingo.
La semana pasada, la casa de justicia de la CRAC-PF de Alcozacán, municipio de Chilapa y el Cipog-EZ, emitieron dos comunicados a los medios de comunicación en los que informan que los policías ciudadanos de la UPOEG de Buenavista se incorporaron a la casa de justicia de Alcozacán de la CRAC-PF.
A raíz del anuncio, los policías que antes eran de la UPOEG se pusieron la playera de la CRAC-PF y en conferencia de prensa la comandancia informó que en adelante se coordinarían con la casa de justicia de la CRAC-PF de Alcozacán.
En declaraciones por teléfono ayer, Antonino Toribio Gaspar, comandante de la policía comunitaria de la CRAC-PF de Ayahualtempa, y por separado, el recién nombrado comisario municipal de Rincón de Chautla, David Sánchez Luna, informaron que la decisión de apoyar a la policía de Buenavista no fue consultada a los pueblos y que por tanto carecen de su respaldo.
Los representantes desconocieron el acuerdo que mediante comunicados la CRAC-PF de Alcozacán y la dirigencia del Cipog-EZ dieron a conocer la semana pasada, según el cual la policía ciudadana de la UPOEG de Buenavista pasó a ser de la CRAC-PF y a raíz de ello se puso la playera de la CRAC-PF la semana pasada.
Antonino Toribio Gaspar dijo que ellos se enteraron por los medios de comunicación y mediante las redes sociales, y que no fue un acuerdo de asamblea.
“Es una nota informativa de la que se responsabiliza Jesús Plácido (el dirigente del Cipog) pero no tiene el respaldo de las comunidades, no se aprobó en las asambleas de los pueblos”, dijo.
Declaró que las comunidades no respaldan ese acuerdo porque no fueron tomados en cuenta, sino que fue una decisión sólo de la dirigencia del Cipog-EZ y de los representantes de la casa de justicia de la CRAC-PF de Alcozacán, pero ellos no representan ni pueden hablar a nombre de todos los pueblos.
“Nosotros no estamos respaldando esa decisión y como representantes nos meten en problemas con nuestros pueblos”.
Por su parte, el recién nombrado comisario municipal de Rincón de Chautla, David Sánchez Luna, quien este miércoles tomará protesta, dijo que ni su pueblo ni Zacapexco, (una comunidad vecina), no fueron tomados en cuenta y que por tanto no respaldan la decisión.
Dijo que cuando menos los dos pueblos de Rincón de Chautla y Zacapexco, no apoyan el acuerdo.
Informó que convocaron a una reunión en la comunidad y acordamos desmentir “todo eso que se está informando porque no estamos de acuerdo y le hacemos saber a los tres niveles de gobierno que como CRAC-PF no hemos acordado apoyar a ese grupo”, dijo.
Explicó que no están en contra de la policía ciudadana de la UPOEG de Buenavista, sino en contra del procedimiento de que sin que haya habido un acuerdo de asamblea, los representantes del Cipog-EZ y de la CRAC-PF de Alcozacán hayan decidido el apoyo a la policía de Buenavista.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que la tarde del domingo se retiró la base del Ejército del crucero de El Jagüey, en el municipio de Chilapa, una zona importante porque separa a sus “comunidades de los territorios controlados por el grupo paramilitar Los Ardillos”.
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo aseguró que también se retiraron los agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional, dijo que ya informó a funcionarios del gobierno del estado y advirtió que si el Ejército no regresa a dar seguridad bajarán como sistema comunitario a tomar la cabecera municipal de Chilapa.
La mañana de ayer en un comunicado el Cipog-EZ informó que el domingo militares se retiraron de una base que había instalado en el crucero de El Jagüey tras los enfrentamientos armados en contra de Los Ardillos, el crucero se ubica a unos cuatro minutos en vehículo pasando la localidad de Atzacoaloya, en la carretera Chilapa-Hueycantenango.
“Es claro que durante todos estos años somos nosotros y nosotras, hombres y mujeres del Cipog-EZ quienes hemos resistido los embates de los grupos delincuenciales”, manifestó.
Afirmó que a pesar de que el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal circulan por la carretera Chilapa-Hueycantenango, “cuando han asesinado a nuestros hermanos las fuerzas del Estado no están por ningún lado”, y mencionó los asesinatos de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Morales, quienes fueron hallados asesinados el 5 de noviembre en Xochimilco a las afueras de Chilapa, “donde hay un cuartel militar”.
El Cipog-EZ resaltó que es preocupante que el Ejército se retire, “porque es una zona importante que separa a sus comunidades de los territorios controlados por Los Ardillos, de tal forma que quedamos frente a frente nuevamente con los grupos delincuenciales”.
Llama a las autoridades y ciudadanos a “estar atentos de lo que pueda suceder en estos días, es evidente que el Estado sabe que habrá ataques y muerte, pero eso no le interesa”.
Contactado vía telefónica, Plácido Galindo detalló que fue a las 4 de la tarde del domingo cuando los militares se retiraron del crucero de El Jagüey ubicado adelante de la comunidad de Atzacoaloya, donde “se posicionaron Los Ardillos”.
–¿Les informaron los militares que se retirarían?
–No nos informaron, se retiraron sin avisarnos, sabemos que en esa trinchera del crucero de El Jagüey siempre han estado integrantes de Los Ardillos, y cuando los desplazamos quedamos de acuerdo con el gobierno del estado que ahí estaría el Ejército, pero al no tener una buena coordinación entre ellos (las autoridades) tomaron posesión Los Ardillos.
–¿Ya se comunicaron con algún funcionario del gobierno del estado, con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, o con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez?
–Se le informó a Francisco Cisneros que Los Ardillos se están posicionando y nos preocupa porque cada vez que ellos toman posición atacan a nuestras comunidades sin importar si hay mujeres o niñas, tampoco trabajan los transportistas de las comunidades para bajar al municipio de Chilapa, porque comienzan a levantarlos y a desaparecerlos.
Aseguró que también le avisaron a Reynoso Núñez pero se niega a aceptar que el Ejército se retiró de la base, “hoy hemos recorrido las zonas donde estaban y no están”.
Afirmó que otro cuartel cercano a la comunidad de Tula también está vacío, no hay nadie del Ejército, ni Guardia Nacional ni Policía Estatal.
–¿Suspendieron sus viajes para ir a abastecerse a la cabecera municipal de Chilapa?
–De hecho la gente evitó bajar a Chilapa por lo mismo de que los quieran levantar y desaparecer, ahorita toda la región del Cipog-EZ está alerta. Estamos en todas las trincheras de nuestros cerros por cualquier incursión de Los Ardillos, ya está lista la población para defenderse.
Plácido Galindo cuestionó que a pesar de que el Ejército llegó a Chilapa no se ha detenido a ningún integrante del “grupo narco paramilitar Los Ardillos”.
Destacó que el 5 de noviembre pasado fueron asesinados tres de sus compañeros promotores del Cipog-EZ, y “hasta ahorita no ha se ha detenido a ningún responsable por el crimen”.
Expuso que sabe cómo se mueve el grupo del crimen organizado que se dedica a “la extorsión en Chilapa, al secuestro, el cobro de cuota a los taxis y a comerciantes, han amenazado a médicos y maestros”.
“Aquí es responsable tanto el presidente municipal de Chilapa (Aldy Esteban Román del PRI), como el diputado (local priista), Jesús Parra, quien gobernó Chilapa y que con él aumentó el homicidio, el secuestro y la extorsión”, expresó.
Aseveró que su organización suma 50 integrantes asesinados y 20 desaparecidos, y por esos casos no hay ningún responsable detenido.
Responsabilizó al gobierno del estado de cualquier cosa que le ocurra a la población del Cipog-EZ, y mencionó que también ya le informaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a representantes de la ONU para que estén atentos de lo que pueda ocurrir si el grupo paramilitar incursiona en su territorio, y el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).
Plácido Galindo también exhortó al gobierno federal a no ser cómplice de lo que está sucediendo, porque dijo desde el 21 de octubre pasado cuando en su gira por Guerrero abordaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y le exigieron seguridad, trabajar su tierra y vivir en paz, y durante “todo este tiempo se nos sigue matando a nuestra gente y desplazando y las cosas sigan tensas”.
Aseguró que el Ejército y la Guardia Nacional no garantizan la seguridad de los ciudadanos de la Montaña baja de Guerrero, “la guerra se va acabar cuando detengan a los grupos paramilitares”.
Advirtió que si ya no regresa el Ejército a ocupar el crucero de El Jagüey, como sistemas comunitarios bajarán a tomar la cabecera municipal de Chilapa, “ante el vacío de seguridad que deja el gobierno del estado”.
La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por el homicidio de tres personas en el municipio de Chilapa, pertenecientes a una organización social, con el propósito de esclarecer estos lamentables hechos.
Se trata del homicidio a balazos de los integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, el sábado, cometido por el grupo delictivo Los Ardillos, de acuerdo con la denuncia pública del domingo de sus compañeros.
En un boletín el mecanismo también informó del despliegue de policías estatales en la cabecera municipal de Apaxtla de Castrejón, junto a soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, tras la denuncia de probables enfrentamientos en la zona.
La versión conocida el domingo por vecinos de Apaxtla es que hombres fuertemente armados con uniformes tipo militar, irrumpieron en la población hasta pocas cuadras del Zócalo y del Ayuntamiento, para luego irse por la carretera que va a Teloloapan. Tras la denuncia con imágenes en redes sociales, se supo el domingo del despliegue de la Policía estatal y fuerzas federales.
Las autoridades indicaron en la sesión de ayer en la mañana que se acordó mantener la presencia de los elementos de las diversas corporaciones con operativos de seguridad y vigilancia también en la Autopista del Sol, para inhibir actos delictivos en coordinación con elementos de la Guardia Nacional.
El escrito dice que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la sesión diaria, donde “se atendieron las incidencias delictivas que se presentaron durante este fin de semana, además de evaluar las acciones implementadas para generar las condiciones necesarias de seguridad en las diversas regiones de la entidad”, así como las operaciones desplegadas en las ocho regiones del estado. (Redacción / Chilpancingo).
El dirigente indígena ejecutado en Chilapa junto a dos de sus compañeros del Cipog-EZ, Adán Linares Silverio saluda a funcionarios que acompañaron en su gira al presidente López Obrador el pasado 21 de octubre en el crucero de Colotepec, Chilapa Foto: Lenin Ocampo Torres
Luis Blancas
Chilpancingo
Tres integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), uno de los cuales habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la violencia del crimen organizado, Adán Linares Silverio, así como Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales fueron asesinados a balazos la tarde del sábado en la comunidad Xochimilco, municipio de Chilapa.
En conferencia de prensa afuera del Servicio Médico Forense en Chilpancingo, el promotor de esa organización, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román, del homicidio de sus tres compañeros.
Mientras que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) lamentó y condenó el crimen en contra de los tres activistas indígenas.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que minutos antes de las 4 de la tarde del sábado recibieron el reporte de tres personas asesinadas en la carretera Chilapa-Tixtla.
Policías estatales y ministeriales encontraron un vehículo Tsuru blanco en el crucero de la localidad Xochimilco. Adentro estaban los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos y otro más afuera. Las tres víctimas tenían impactos de bala en el cuerpo.
En el lugar había casquillos percutidos calibre 9 milímetros y 38 súper. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias de ley y los cuerpos fueron trasladados al Semefo de la capital.
La FGE difundió un comunicado la tarde del sábado en el que dice que inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de tres hombres, por los hechos ocurridos en un crucero en la población de Xochimilco en Chilapa de Álvarez.
Responsabiliza al presidente López Obrador y a la gobernadora
El Cipog-EZ difundió un boletín de prensa en el que dice “responsabilizamos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado, al presidente municipal de Chilapa Aldy Esteban Román, a las policías estatales y municipales del estado de Guerrero. Los responsabilizamos de la muerte de nuestros hermanos”.
“Actuaremos nosotros y nosotras, porque es evidente que al mal gobierno no le interesa la vida de nuestros pueblos”, agrega.
“Hermanos, hermanas, con profundo dolor les informamos que tres de nuestros hermanos han sido asesinados. Nuestras palabras son de dolor y rabia. Nunca entenderemos la muerte que los grupos narcoparamilitares han impuesto en nuestro territorio”, expone el Cipog-EZ.
Añade que sus compañeros acudieron a Chilapa, fueron detenidos por agentes de Tránsito municipal a las 2:40 de la tarde del sábado, “posterior a eso una motocicleta los empezó a seguir y perdimos contacto total con ellos, hasta que a las 9:30 de la noche de ese día se reportó su hallazgo sin vida en el poblado de Xochimilco”.
“Si no nos defendemos quién nos va a defender”, fueron las palabras que los pueblos de la Montaña baja de Guerrero le dijeron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el 21 de octubre.
Pese a que el Cipog-EZ tuvo un diálogo con el presidente de la República, la tarde del 5 de noviembre “nuestros hermanos Adán, Guillermo y Moisés fueron asesinados”, se lee en el boletín.
“Nuestro corazón sufre, nos duele, lo dijimos al mundo, al presidente de la República, los grupos narco-paramilitares nos están matando, nos torturan, nos desaparecen. No pasaron más de 15 días y asesinaron a nuestros hermanos, fueron brutalmente asesinados”, concluye el comunicado.
Solicitaron la detención de Los Ardillos el 21 de octubre, reprocha
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez del crimen, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román.
En conferencia de prensa en el Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital, Plácido Galindo se quejó de que a pesar que Adán Linares y miembros de la organización abordaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en la gira de trabajo el 21 de octubre pasado, donde le solicitaron la detención de los integrantes del grupo delictivo que opera en Chilapa y el cese a la agresión contra el Consejo no han tenido respuesta, y siguen las agresiones en contra de sus integrantes.
Dijo que en ese acercamiento acordaron que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas
y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda iban a acudir a la comunidad de Alcozacán para atender el problema, pero no les han dicho cuándo.
Informó que desde el 2015 a la fecha 43 miembros han sido asesinados y 20 más se encuentran desaparecidos por el grupo paramilitar, que pretende desaparecer a la organización e invadir el territorio.
“Hacemos responsables de estos hechos al líder de Los Ardillos Celso Ortega, a su familiar (hermano) Bernardo Ortega, al alcalde de Chilapa Aldy Esteban Román, porque sus trabajadores trabajan con los malos, y al diputado local Jesus Parra García, que cuando fue alcalde permitió la presencia de estos amigos en el munipio”, insistió.
Indicó que esta agresión en su contra pudiera ser una reacción a los señalamientos contra Los Ardillos y al diputado Bernardo Ortega, que hicieron frente al presidente de México cuando visitó La Montaña de Guerrero.
“No están muertos nuestros compañeros, la lucha sigue, la resistencia del crimen operando en la montaña no nos va a afectar, vamos a seguir denunciando, nos duele ver que cada día los compañeros que bajan a comprar a Chilapa ya no regresan, de este asunto es responsable el Estado”, declaró.
Mencionó que Adán Linares hace dos años contaba con medidas cautelares, cargaba un botón de pánico y un teléfono satelital, lo cual no fue suficiente para garantizar su seguridad, “ahora él dejó dos niñas y sus restos serán sepultados en Alcozacán al igual que Moisés que dejó dos niños, mientras que Guillermo será sepultado en Tula y dejó en la orfandad a tres hijos”.
Plácido Galindo dijo que sus tres compañeros asesinados salieron a las 2 de la tarde del sábado de la comunidad Alcozacán en Chilapa, se dirigían a Chilpancingo para comprar refacciones de un vehículo, cerca de los arcos fueron retenidos por agentes de Tránsito municipal, los siguió un motociclista y después al pasar por el crucero de Xochimilco fueron asesinados a balazos.
Dijo que en asambleas de las comunidades en las que tiene presencia el Cipog-EZ analizarán qué acciones realizarán ante las agresiones del grupo criminal Los Ardillos.
Exigió al presidente López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado justicia para los miembros de la organización y que no quede impune.
Minutos después de la 1 de la tarde los familiares de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, resguardados por policías estatales y efectivos de la Guardia Nacional acudieron al Semefo en la capital para recoger los cuerpos de los tres miembros de la Cipog-EZ y realizar las denuncias correspondientes ante la Agencia del Ministerio Público.
La Codehum condena el triple asesinato
La Codehum lamentó y condenó el suceso en el que fueran privados de la vida el sábado Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
La Codehum difundió un comunicado en el que señaló que dará seguimiento al caso, a fin de que se garantice a favor de los deudos el derecho al acceso a la justicia.
El organismo hizo un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que se realice de manera diligente y apegada a la legalidad, “y que las acciones que se tomen sean con estricto respeto a los derechos humanos”.
El diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez afirmó que son “acusaciones sin sustento”, las que realizaron en su contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) ante el presidente de la República, de ser uno de los líderes del grupo criminal Los Ardillos.
Durante la última visita de Andrés Manuel López Obrador a Guerrero, éste fue interceptado por al menos 200 pobladores de Chilapa y José Joaquín Herrera. El líder del Cipog, Jesús Plácido, entregó un documento al mandatario, donde le expresó que “desde hace varios años, el grupo de Los Ardillos, que encabezan Celso Ortega y su hermano el diputado Bernardo Ortega, ha atacado a balazos sus pueblos en varias ocasiones, ha asesinado y desaparecido a mujeres y hombres, dejando huérfanos a los niños”.
Este domingo por la tarde, en un comunicado, el diputado Bernardo Ortega, hermano del líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega, de nuevo negó ser parte de la delincuencia organizada. En el escrito apunta su trayectoria en la política, desde 1996, cuando fue candidato por primera vez a presidente municipal de Quechultenango y hasta el actual cargo, como diputado local por el distrito 24, con cabecera en Tixtla.
Señala: “Soy humano. He tenido errores a lo largo de mi vida y me pueden señalar por ello, pero nunca de corrupto, criminal o que me dedique a actividades ilícitas. Yo soy responsable de mis actos y acciones”.
En ese sentido continuó su escrito, en el que se deslinda de las actividades de sus hermanos, “jamás seré responsable de lo que hagan con su vida terceras personas mayores de edad, así sean familiares o amigos”.
Lamentó que “por falta de información o por la razón que sea, se use mi nombre en acusaciones sin sustento”, en referencia a lo señalado por el líder Cipog ante el presidente de la República, Andrés Manuel López.
Bernardo Ortega insistió en que sólo es “responsable de mis actos y decisiones, no de las de otras personas. Y a las pruebas me remito”. En otros momentos, ante señalamientos similares, ha insistido en que se presenten las denuncias en su contra, para que sea investigado.
Para finalizar, señaló: “En México no es delito compartir un apellido. Cada quien construye el camino de su vida y la mía está dedicada a mi familia, a representar a la gente que más necesita. Así ha sido y así seguirá”.
