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El Congreso del Estado reitera exhorto al Congreso de la Unión sobre casinos

 

El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado presentó ayer un punto de acuerdo que le fue aprobado por unanimidad por el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que “a la brevedad posible” atienda el primer exhorto hecho el 24 de septiembre de 2003 –también en un punto de acuerdo- y retome la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas, Sorteos y la aprueben.

El diputado panista Max Tejeda leyó en tribuna el punto de acuerdo que reitera el argumento de que con la instalación de casinos en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo se promoverá un flujo mayor de turismo de estancia de un promedio anual de 2.5 a 4 días con estos centros de diversión.

Dijo el diputado en su lectura que habrá una inversión de 700 a mil millones de pesos y se generarían 3 mil empleos directos y 6 mil indirectos y una derrama económica de 600 millones de pesos por impuestos para los gobiernos estatal y municipal.

Además agregó que está comprobado que los lugares donde existen casinos como las Vegas Nevada, Atlantic City en New Jersey, Biloxi en Mississipi, en Austria y Montecarlo en Mónaco son lugares muy seguros y su índice de criminalidad es de los más bajos en el mundo, debido a los controles y candados de seguridad para evitar ilícitos.

Exigen al Congreso que se nombre el fiscal para delitos electorales

 También los diputados del PRD le requieren al ejecutivo envíe las propuestas para elegir a los magistrados del TEE, cuyo plazo vence el 31

 A dos días de que inicie el proceso electoral constitucional para elegir al gobernador por el periodo 2005-2011, los diputados del PRD, Yolanda Villaseñor Landa y Ramiro Alonso de Jesús, exigieron ayer en la sesión ordinaria en el Congreso del Estado, asumir a sus compañeros legisladores la responsabilidad de la designación del Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero (FEPADEG), luego de que al gobernador René Juárez Cisneros se le pasó el tiempo legal para asumir esa facultad, al no enviar la propuesta de una terna con los nombres de quien habrá de ocupar este cargo.

Mientras que al Ejecutivo Estatal, los diputados Villaseñor y Alonso le exigen agilice el envió de las propuestas a los  cargos de magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) para su análisis y aprobación, según sea el caso.

De acuerdo al artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), establece que una vez entrada en vigor la ley –que fue el 14 de febrero luego de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el viernes 13 del mismo mes-, el gobernador debió entregar al Congreso del Estado la terna para designar al Fiscal Especial para Delitos Electorales; sin embargo, a la fecha eso no ha ocurrido.

Por eso, la diputada Yolanda Villaseñor Landa presentó al pleno un proyecto de Decreto que fue turnado a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, por el que se declara “la preclusión del derecho del titular del Poder Ejecutivo a presentar la terna para designar al Fiscal Especial, por no haber dado cumplimiento dentro de los plazos legales determinados.

Yolanda Villaseñor agrega, en su proyecto, que “por única vez la presentación de las propuestas para realizar el nombramiento del Fiscal, se realizará a propuesta de las fracciones parlamentarias (no se menciona a las representaciones de partidos), dentro de un plazo de cinco días naturales, una vez aprobado el presente decreto”.

También propone que la designación del Fiscal se haga con la aprobación de las dos terceras partes del pleno de Congreso local, y que, en caso de no alcanzar la votación requerida, se realizará una nueva votación en cuyo caso, se requerirá la votación de la mayoría simple del pleno del Congreso local.

En tanto que, en asuntos generales, el diputado Ramiro Alonso de Jesús también exigió al pleno asumir la responsabilidad y exigir al gobernador cumpla con su facultad de hacer las propuestas para la designación de los cinco magistrados del TEE, que tiene como plazo hasta el 31 de mayo.

En este caso, el plazo del gobernador está vigente para presentar la designación de las propuestas de magistrados electorales.

Piden al presidente estatal del PRI, Héctor Vicario “darle prisa” a la solución de sus demandas

 

Claudio Viveros Hernández Tetipac

El dirigente local del PRI en Tetipac, Daniel Gutiérrez Serrano y los regidores del mismo partido, junto con ciudadanos de esa población, exigieron una respuesta inmediata al Congreso y al gobierno estatal, para levantar el plantón que llevan a cabo frente al ayuntamiento desde el 23 de febrero, y enviaron un mensaje al dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Héctor Vicario Castrejón, a quien le pidieron “darle prisa” a la solución de sus demandas, “porque no nos hacemos responsables de lo que vaya a pasar”.

Los inconformes piden la destitución del alcalde Serafín Ayala Ramos, a quien acusan de corrupción, prepotencia e ineptitud, y culparon también al gobernador René Juárez de permitir que continúe el conflicto en esa población.

“No somos un juguete, somos el pueblo, ya no lo queremos como presidente, el gobierno y el Congreso han dado muchas largas al asunto”, señalaron los regidores priístas María Lorena Bustos Rivera y Miguel Ángel Verdalles Hernández, y después, el líder de este partido en Tetipac, Daniel Gutiérrez Serrano, en un mensaje al dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Héctor Vicario Castrejón, le pidió agilizar la solución del conflicto, “porque no nos hacemos responsables de lo que vaya a pasar”.

Gutiérrez Serrano también dio a conocer que Héctor Vicario Castrejón, se comprometió con ellos a atender sus peticiones, al asegurar que el asunto “ya no tiene vuelta de hoja, él (Serafín Ayala) se va por ingobernabilidad”, y agregó que Vicario Castrejón expresó lo anterior luego de reunirse con ocho expresidentes municipales de Tetipac y conocer el dictamen de la auditoría que se practicó a la administración del alcalde.

Informó también que en esa reunión estuvo presente la secretaria general del tricolor, Erika Lürhrs, quienes afirmaron ante ellos que el conflicto estaría solucionado el pasado lunes 3 de este mes, lo que no ocurrió y siguen en espera.

El dirigente priísta agregó que “la población ya está inquieta y molesta”, porque después del boquete descubierto el martes en la comdandancia de la Policía Preventiva, que comunica a la tesorería municipal y a otras áreas del ayuntamiento que ahora está cerrado, existe la duda “de que algo robaron de ahí y esperaremos los resultados de las investigaciones”.

Por su parte, la regidora priísta María Lorena Bustos Rivera comentó irritada: “Ya nos cansamos, el gobierno del Estado nos ha ido llevando con largas, desde el 23 de febrero no hemos tenido ninguna respuesta. No somos un juguete, somos el pueblo, es necesario que las autoridades vean los problemas que hay aquí, queremos una respuesta inmediata y ya no queremos aquí al presidente”.

Asimismo el regidor de esa fracción, Miguel Ángel Verdalles Hernández, acusó al gobernador René Juárez Cisneros de ser el responsable de que aún no haya respuesta a la solución del conflicto, porque, dijo, “él es el principal de que no haya una solución” después de que se hizo la auditoría, y aseveró que los regidores “exigimos una respuesta porque nosotros estamos en nuestro derecho y la verdad que es una burla para el pueblo”, expresó.

Da el Congreso local 15 días a la Ssa para que presente un programa de mejoras al Semefo

Comparece en la Comisión de Salud el director Edgar Lemus

En dos años más serán obsoletas las instalaciones de la capital y de Acapulco, dice el funcionario. Con 44 trabajadores y un presupuesto de 340 mil pesos, la dependencia levanta mil cadáveres al año, dice

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo La Comisión de Salud del Congreso del Estado dio ayer como plazo 15 días para que la Secretaría de Salud (Ssa), presente un programa de “acciones correctivas” para mejorar la cobertura y normalizar el funcionamiento de la dirección estatal del Servicio Médico Forense (Semefo).

Lo anterior fue expresado por el presidente de la instancia legislativa, Reyes Betancourt Linares al término de una comparecencia del director del Semefo en la entidad, Edgar Lemus Delgado ante diputados locales, en la cual estuvieron presentes el subprocurador de Justicia, Antonio Nogueda Carvajal y el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández.

La comparecencia del funcionario estatal, que se llevó a cabo en una sala alterna del recinto legislativo y que duró poco más de tres horas, se debió –dijo Reyes Betancourt– a la recomendación 09-204 que envió la Codehum a la Ssa, por las condiciones insalubres en las que funciona el Semefo y para que el director diera su versión sobre el caso del cambio de cadáveres que ocurrió en la unidad de Acapulco en abril.

Lemus Delgado reconoció que las cuatro unidades existentes operan bajo condiciones deficientes y adelantó que las instalaciones de la capital y del puerto de Acapulco, en dos años más serán obsoletas. Mientras que en el caso de Iguala y Taxco se debe buscar la manera de que las instalaciones sean propias, indicó.

En el diagnóstico que presentó ante diputados locales, el director del Semefo aseguró que la problemática radica en la falta de infraestructura, recursos humanos, equipamiento para las unidades y la ausencia de presupuesto para gastos de operación.

Informó que en la actualidad laboran 44 personas entre médicos forenses, personal de apoyo técnico y administrativo en las cuatro unidades, quienes levantan un promedio de mil cadáveres al año y practican un número similar de necropsias en el mismo periodo con un presupuesto anual de apenas 340 mil pesos.

Recurso que se vuelve insuficiente, dijo, considerando que en otras entidades se destina un promedio de 12 millones de pesos, dijo el funcionario estatal y demandó “urgentemente” al gobierno del estado la liberación de recursos para el equipamiento de las nuevas instalaciones en Chilpancingo.

En el caso de Acapulco, Edgar Lemus aseveró que las instalaciones deben ubicarse fuera de la ciudad para evitar problemas de salud pública y consideró necesario regionalizar el servicio, construyendo infraestructura del Semefo en Ciudad Altamirano, Tecpan, Zihuatanejo, Ometepec, Iguala y Tlapa.

Consideró necesario que la dependencia tenga laboratorios propios para la práctica de exámenes toxicológicos, ya que actualmente se realizan en laboratorios particulares o de la Procuraduría General de Justicia.

Agregó que esta situación “puede provocar suspicacias, sobre todo cuando se tiene un caso delicado y se debe elaborar un dictamen forense”, aseveró Lemus Delgado, quien no descartó la posibilidad de que funcionarios de la PGJE reciban sobornos para que alteren los dictámenes forenses.

Al término del diagnóstico presentado por el funcionario, el subprocurador de Justicia reiteró la necesidad de regionalizar el Semefo al argumentar que en las Regiones de Tierra Caliente y la Montaña es donde se han presentado problemas legales graves                     ante la falta de necropsias.

“Son problemas muy serios, que no vale la pena comentarlos en este momento”, expresó Nogueda Carvajal, quizás porque la sala estaba abarrotada por reporteros.

Enseguida el diputado por el PRD, René Lobato Ramírez lamentó la ausencia de la titular de la Ssalud, Verónica Muñoz Parra, ante una situación “tan grave” definió, en las que se encuentran las condiciones técnicas de operación del Semefo.

Lobato preguntó a Nogueda Carvajal sobre la presunta manipulación de los dictámenes forenses. Inmediatamente el argumento fue rechazado por el subprocurador de Justicia, quien afirmó que los trabajos que realiza la PGJE son “serios”.

Por su parte, el diputado priísta, Reyes Betancourt Linares fijó la postura de los integrantes de la Comisión de Salud, luego de haber escuchado el diagnóstico de la dependencia y demandó a la titular de la SSA,Verónica Muñoz Parra presentar un programa de “acciones correctivas” para mejorar la cobertura y normalizar el funcionamiento de la dirección estatal del Semefo.

Descentralización, acuerdo del Congreso de Ciudades en París: Marcial Rodríguez

Informa el síndico de su viaje a la capital de Francia

Magdalena Cisneros El síndico Marcial Rodríguez Saldaña informó que en el Congreso Fundador de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que se llevó a cabo del 2 al 5 de mayo en París, Francia, hubo el compromiso de “impulsar el proceso de descentralización”, y que la organización será “la voz unificada y la defensora mundial de la autonomía local democrática”.

Además, dijo, se reunió con representantes de delegaciones de otros países para dar información sobre Acapulco, “llevé información turística de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco (Ocva) y de la dirección de Turismo para promover el puerto a nivel mundial”.

En declaraciones en su oficina, Rodríguez Saldaña informó que llegó al puerto el sábado nueve de mayo y que el costo del viaje fue de 25 mil pesos, en el Congreso hablaron sobre la protección a los derechos humanos, el combate a la pobreza, el compromiso de establecer vínculos de coordinación y financiamiento para proyectos, intercambios de tecnología, impulsar el proceso de descentralización porque “el problema de distribución de facultades de competencia entre gobiernos locales, se mantiene donde quiera aún en gobiernos centralistas o federales”.

Mencionó que hay una carta de los gobiernos locales reconocida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), por medio de la cual se harán los programas de colaboración “sin necesidad de pasar toda la tramitología burocrática de gobiernos nacionales”.

Entre los compromisos de la organización están sostener el desarrollo de una autonomía local fuerte, efectiva y democrática; abordar los problemas, responsabilidades y desafíos de las ciudades y comunidades, en particular el desarrollo sustentable y la inclusión social; la descentralización y la democracia local; la cooperación y la diplomacia”.

Y los temas que analizaron son el desarrollo local sostenible en un mundo en proceso de globalización, descentralización y democracia local; cooperación y diplomacia, un desafío para nuestras ciudades.

El ex rector de la UAG viajó a París el primero de mayo, luego del permiso que obtuvo en Cabildo, y tuvo oportunidad, dijo, de entrevistarse con representantes de una empresa francesa que se encarga del proceso y destino de la basura desde hace más de 20 años en ese país. “Traigo la información para los ediles, esta empresa transforma la basura tanto en productos orgánicos que sirve para la industria, el plástico para la industria textil y aparte ellos generan energía eléctrica, calefacción para muchas empresas”.

Precisó que dará la información en Cabildo para que una comisión de regidores analice las diversas opciones que hay para el tratamiento del destino final de la basura, porque él prefiere “que se industralice a que esté enterrada”. Esta empresa tiene “lo más avanzado, creo que Acapulco debe tener eso”.

La próxima reunión del Congreso será dentro de tres años en Corea del Sur, habrá una sede de la organización en Barcelona, España, donde estará un secretario general.

Da el Congreso local 15 días a la Ssa para que presente un programa de mejoras al Semefo

Comparece en la Comisión de Salud el director Edgar Lemus

 En dos años más serán obsoletas las instalaciones de la capital y de Acapulco, dice el funcionario. Con 44 trabajadores y un presupuesto de 340 mil pesos, la dependencia levanta mil cadáveres al año, dice

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

La Comisión de Salud del Congreso del Estado dio ayer como plazo 15 días para que la Secretaría de Salud (Ssa), presente un programa de “acciones correctivas” para mejorar la cobertura y normalizar el funcionamiento de la dirección estatal del Servicio Médico Forense (Semefo).

Lo anterior fue expresado por el presidente de la instancia legislativa, Reyes Betancourt Linares al término de una comparecencia del director del Semefo en la entidad, Edgar Lemus Delgado ante diputados locales, en la cual estuvieron presentes el subprocurador de Justicia, Antonio Nogueda Carvajal y el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández.

La comparecencia del funcionario estatal, que se llevó a cabo en una sala alterna del recinto legislativo y que duró poco más de tres horas, se debió –dijo Reyes Betancourt– a la recomendación 09-204 que envió la Codehum a la Ssa, por las condiciones insalubres en las que funciona el Semefo y para que el director diera su versión sobre el caso del cambio de cadáveres que ocurrió en la unidad de Acapulco en abril.

Lemus Delgado reconoció que las cuatro unidades existentes operan bajo condiciones deficientes y adelantó que las instalaciones de la capital y del puerto de Acapulco, en dos años más serán obsoletas. Mientras que en el caso de Iguala y Taxco se debe buscar la manera de que las instalaciones sean propias, indicó.

En el diagnóstico que presentó ante diputados locales, el director del Semefo aseguró que la problemática radica en la falta de infraestructura, recursos humanos, equipamiento para las unidades y la ausencia de presupuesto para gastos de operación.

Informó que en la actualidad laboran 44 personas entre médicos forenses, personal de apoyo técnico y administrativo en las cuatro unidades, quienes levantan un promedio de mil cadáveres al año y practican un número similar de necropsias en el mismo periodo con un presupuesto anual de apenas 340 mil pesos.

Recurso que se vuelve insuficiente, dijo, considerando que en otras entidades se destina un promedio de 12 millones de pesos, dijo el funcionario estatal y demandó “urgentemente” al gobierno del estado la liberación de recursos para el equipamiento de las nuevas instalaciones en Chilpancingo.

En el caso de Acapulco, Edgar Lemus aseveró que las instalaciones deben ubicarse fuera de la ciudad para evitar problemas de salud pública y consideró necesario regionalizar el servicio, construyendo infraestructura del Semefo en Ciudad Altamirano, Tecpan, Zihuatanejo, Ometepec, Iguala y Tlapa.

Consideró necesario que la dependencia tenga laboratorios propios para la práctica de exámenes toxicológicos, ya que actualmente se realizan en laboratorios particulares o de la Procuraduría General de Justicia.

Agregó que esta situación “puede provocar suspicacias, sobre todo cuando se tiene un caso delicado y se debe elaborar un dictamen forense”, aseveró Lemus Delgado, quien no descartó la posibilidad de que funcionarios de la PGJE reciban sobornos para que alteren los dictámenes forenses.

Al término del diagnóstico presentado por el funcionario, el subprocurador de Justicia reiteró la necesidad de regionalizar el Semefo al argumentar que en las Regiones de Tierra Caliente y la Montaña es donde se han presentado problemas legales graves  ante la falta de necropsias.

“Son problemas muy serios, que no vale la pena comentarlos en este momento”, expresó Nogueda Carvajal, quizás porque la sala estaba abarrotada por reporteros.

Enseguida el diputado por el PRD, René Lobato Ramírez lamentó la ausencia de la titular de la Ssalud, Verónica Muñoz Parra, ante una situación “tan grave” definió, en las que se encuentran las condiciones técnicas de operación del Semefo.

Lobato preguntó a Nogueda Carvajal sobre la presunta manipulación de los dictámenes forenses. Inmediatamente el argumento fue rechazado por el subprocurador de Justicia, quien afirmó que los trabajos que realiza la PGJE son “serios”.

Por su parte, el diputado priísta, Reyes Betancourt Linares fijó la postura de los integrantes de la Comisión de Salud, luego de haber escuchado el diagnóstico de la dependencia y demandó a la titular de la SSA,Verónica Muñoz Parra presentar un programa de “acciones correctivas” para mejorar la cobertura y normalizar el funcionamiento de la dirección estatal del Semefo.

Darán preferencia en el Congreso a la iniciativa de ONG sobre desapariciones

Hay voluntad de los coordinadores, dice Castro Justo

La propuesta de ciudadanos y funcionarios de Codehum es la más completa, en comparación con la del gobernador y las de diputados, indican integrantes de todos los partidos de la Comisión de Derechos Humanos

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado se comprometió ante representantes de ONGs y funcionarios de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, que la iniciativa de ley ciudadana, que tipifica la desaparición forzada y la tortura como delitos graves tendrá un trato preferencial para el dictamen, que se espera este listo antes de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones.

Los diputados del PRI, PRD, PAN, Convergencia y PRS indicaron que la iniciativa de ley ciudadana es la más completa, en comparación de las reformas que propone el gobernador René Juárez al Código Penal, y las propuestas de los legisladores del PRI y del PRD, Joel Eugenio Flores y José Jacobo Valle, quien esta semana presentó su propuesta de iniciativa de ley.

Al respecto, en la reunión que sostuvieron legisladores y defensores de derechos humanos en una sala del Congreso local, el coordinador del PRI y secretario de la Comisión de Derechos Humanos, Juan José Castro Justo, dijo que el objetivo es “hacer nuestra” la iniciativa propuesta por los organismos no gubernamentales y la Codehum, y presentarla formalmente ante el pleno legislativo para que se incorpore al procedimiento legislativo.

“Hay voluntad de los coordinadores parlamentarios y representantes de partido para refrendar la iniciativa de ley para tipificar como delitos graves la tortura y desaparición forzada de personas”, dijo el priísta.

El legislador por el PRS, Heriberto Noriega Cantú, consideró como única ocasión que el Congreso del Estado “hace suya” una propuesta de ley ciudadana. Calificó el hecho como extraordinario.

Dijo que esto se debe a que la iniciativa ciudadana no plantea reformas constitucionales o adiciones al Código Penal, “sino que es una iniciativa completa”.

Se comprometió a cabildear con sus compañeros diputados para que se dictamine, retomando las propuestas del gobernador y de los legisladores, antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones, y propuso el 26 de mayo como fecha para reunirse con el representante del alto comisionado de la ONU en México, Anders Kompas.

Al respecto, el representante legal de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Mario Patrón, expresó: “el comisionado de la ONU lleva dos meses tratando de entrevistarse con los integrantes del Congreso del Estado de Guerrero”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso dijo que el acuerdo de los diputados fue unánime. “Eso demuestra que hay consenso entre las fracciones para que se retome la iniciativa de ley ciudadana”, expresó.

La diputada panista Porfiria Sandoval reiteró el respaldo a la iniciativa ciudadana, y celebró que en esta ocasión los legisladores se olvidaron de las banderas políticas.

Por su parte, Mario Patrón señaló que este es un paso importante, pero falta que los diputados pasen de la firma a los hechos. Indicó que no están en contra de que su propuesta sea “enriquecida” con las demás iniciativas, reformas y adiciones. Pero advirtió: “No permitiremos que el estándar más alto de protección a la ciudadanía se baje”.

Mientras que el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, consideró necesario que los legisladores aprueben esta iniciativa de ley, que será un instrumento de protección           y prevención para los ciudadanos.

Como ejemplo, dijo que la recomendación 19, en contra de una veintena de agentes y dos comandantes de la Policía Judicial del Estado por la desaparición forzada de por lo menos nueves personas, fue aceptada por el gobierno del estado y cumplida parcialmente.

Esto se debe –explicó– a que a pesar de que cinco agentes están encarcelados actualmente se les juzga por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, “pero los cuerpos no aparecen”.

“Faltan todavía 15 órdenes de aprehensión que ejecutar a igual número de policías y comandantes de la Policía Judicial, “de ahí que para la Codehum el gobierno del estado a cumplido parcialmente la recomendación 19”, aseveró Lugo Cortés.

Exhorta el Congreso a León Aponte a intervenir en conflictos laborales en Acapulco

Trasciende el asunto del hotel Emporio

 Ezquiel Flores Contreras Chilpancingo

El pleno del Congreso exhortó ayer al secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, a que intervenga en la solución de los conflictos obrero-patronales que se viven en distintos hoteles del puerto de Acapulco, así como también para que conmine a los empresarios y líderes sindicales para que agoten las vías del diálogo y resuelvan las inconformidades sin vulnerar los derechos laborales de los trabajadores.

El conflicto sindical que se vive en el hotel Emporio-Continental llegó al Congreso del estado. En tribuna el diputado priísta, Raúl Valente Salgado, presentó una propuesta de punto de acuerdo, que en un principio pretendía hacer un llamado al Ayuntamiento porteño, sin embargo a última hora cambio la redacción y demandó a “las autoridades competentes” a que intervengan en el conflicto que está afectando a la principal industria de Guerrero, el turismo.

La propuesta del priísta fue modificada a propuesta de la diputada por el PRD, Gloria Sierra López, quien precisó la autoridad a la que compete intervenir en estos casos.

Dijo que el artículo 20 de la ley Orgánica de la Administración Pública indica las atribuciones de la Secretaría General de Gobierno son: “ejercer las atribuciones en materia de trabajo y empleo, procurando armonizar los intereses de los obreros y los patrones, y cuidando que éstos colaboren en los programas de producción y productividad”.

El planteamiento provocó una reacción insólita de la fracción del PRI. Simplemente no votaron a favor o en contra, tampoco se abstuvieron y dejaron que la oposición aprobara por mayoría la modificación planteada por la diputada del PRD.

Darán preferencia en el Congreso a la iniciativa de ONG sobre desapariciones

Hay voluntad de los coordinadores, dice Castro Justo

 La propuesta de ciudadanos y funcionarios de Codehum es la más completa, en comparación con la del gobernador y las de diputados, indican integrantes de todos los partidos de la Comisión de Derechos Humanos

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado se comprometió ante representantes de ONGs y funcionarios de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, que la iniciativa de ley ciudadana, que tipifica la desaparición forzada y la tortura como delitos graves tendrá un trato preferencial para el dictamen, que se espera este listo antes de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones.

Los diputados del PRI, PRD, PAN, Convergencia y PRS indicaron que la iniciativa de ley ciudadana es la más completa, en comparación de las reformas que propone el gobernador René Juárez al Código Penal, y las propuestas de los legisladores del PRI y del PRD, Joel Eugenio Flores y José Jacobo Valle, quien esta semana presentó su propuesta de iniciativa de ley.

Al respecto, en la reunión que sostuvieron legisladores y defensores de derechos humanos en una sala del Congreso local, el coordinador del PRI y secretario de la Comisión de Derechos Humanos, Juan José Castro Justo, dijo que el objetivo es “hacer nuestra” la iniciativa propuesta por los organismos no gubernamentales y la Codehum, y presentarla formalmente ante el pleno legislativo para que se incorpore al procedimiento legislativo.

“Hay voluntad de los coordinadores parlamentarios y representantes de partido para refrendar la iniciativa de ley para tipificar como delitos graves la tortura y desaparición forzada de personas”, dijo el priísta.

El legislador por el PRS, Heriberto Noriega Cantú, consideró como única ocasión que el Congreso del Estado “hace suya” una propuesta de ley ciudadana. Calificó el hecho como extraordinario.

Dijo que esto se debe a que la iniciativa ciudadana no plantea reformas constitucionales o adiciones al Código Penal, “sino que es una iniciativa completa”.

Se comprometió a cabildear con sus compañeros diputados para que se dictamine, retomando las propuestas del gobernador y de los legisladores, antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones, y propuso el 26 de mayo como fecha para reunirse con el representante del alto comisionado de la ONU en México, Anders Kompas.

Al respecto, el representante legal de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Mario Patrón, expresó: “el comisionado de la ONU lleva dos meses tratando de entrevistarse con los integrantes del Congreso del Estado de Guerrero”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso dijo que el acuerdo de los diputados fue unánime. “Eso demuestra que hay consenso entre las fracciones para que se retome la iniciativa de ley ciudadana”, expresó.

La diputada panista Porfiria Sandoval reiteró el respaldo a la iniciativa ciudadana, y celebró que en esta ocasión los legisladores se olvidaron de las banderas políticas.

Por su parte, Mario Patrón señaló que este es un paso importante, pero falta que los diputados pasen de la firma a los hechos. Indicó que no están en contra de que su propuesta sea “enriquecida” con las demás iniciativas, reformas y adiciones. Pero advirtió: “No permitiremos que el estándar más alto de protección a la ciudadanía se baje”.

Mientras que el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, consideró necesario que los legisladores aprueben esta iniciativa de ley, que será un instrumento de protección           y prevención para los ciudadanos.

Como ejemplo, dijo que la recomendación 19, en contra de una veintena de agentes y dos comandantes de la Policía Judicial del Estado por la desaparición forzada de por lo menos nueves personas, fue aceptada por el gobierno del estado y cumplida parcialmente.

Esto se debe –explicó– a que a pesar de que cinco agentes están encarcelados actualmente se les juzga por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, “pero los cuerpos no aparecen”.

“Faltan todavía 15 órdenes de aprehensión que ejecutar a igual número de policías y comandantes de la Policía Judicial, “de ahí que para la Codehum el gobierno del estado a cumplido parcialmente la recomendación 19”, aseveró Lugo Cortés.

“Irregular”, la reunión del ex alcalde de Zapotitlán y el procurador de Justicia

Opinión de Jiménez Rumbo y Félix Bautista

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

Diputados de oposición calificaron de “irregular” la reunión del pasado miércoles entre el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero y el alcalde panista con licencia de Zapotitlán, Silvino Mosso Porfirio.

En la reunión también estuvieron el presidente de la Comisión de Gobierno, Juan José Castro Justo; el coordinador del PAN, Max Tejeda Martínez y el delegado estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero en el Congreso del Estado, por lo que los diputados de oposición señalaron que dicho encuentro “es una muestra de que en Guerrero la justicia se aplica con criterio político”.

El coordinador de la fracción del PRD, David Jiménez Rumbo aseveró que “resulta grave” que se haya llevado a cabo una reunión de este tipo, cuando el alcalde panista, quien solicitó licencia para ser investigado por el crimen de cinco miembros de la LARSEZ el año pasado, está sometido a un proceso judicial.

Por su parte, el diputado por Convergencia consideró que en la reunión “posiblemente” hicieron una reflexión sobre la situación jurídica del alcalde indiciado y adelantó que solicitarán información a los diputados, Juan José Castro y Max Tejeda para que expliquen a los integrantes de la Comisión de Gobierno el motivo del encuentro.

Consultado al término de la reunión que sostuvo el diputado David Jiménez con el alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo, quien enfrenta un proceso de juicio político, el coordinador perredista aseguró que “causa suspicacia” la reunión furtiva realizada el miércoles pasado y dijo que esperaran escuchar la versión de los diputados involucrados para tomar una decisión.

En caso de comprobarse que estuvieron reunidos el procurador de Justicia y el alcalde con licencia de Zapotitlán en las instalaciones del Congreso y ante diputados, “quedará una muestra de que en Guerrero se continúa aplicando la justicia bajo el criterio político y no jurídico”, expresó Matías Bautista al término de la sesión de ayer.

Por otra parte, fuentes del Congreso afirmaron que el coordinador priísta, intensificó esta semana el cabildeo entre los coordinadores de fracción y representantes de partido para que acepten su propuesta para ocupar el cargo de fiscal especial para delitos electorales.

La misma fuente dijo que Castro Justo promueve al actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y ex procurador de justicia, Miguel Barreto Cedeño para ocupar el cargo. Sin embargo, el cabildeo se lleva a cabo al margen de la legalidad ya que el término legal para nombrar al fiscal especial para delitos electorales ya prescribió.

Con base a la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia, aprobada por el Congreso del Estado, el tercer artículo transitorio señala que el gobernador, René Juárez Cisneros tenía como plazo un mes a partir de la entrada en vigor de la ley, para presentar una terna al Congreso local y que el pleno designara al fiscal especializado en la atención de los delitos electorales.

La nueva ley orgánica de la PGJ entró en vigor el pasado 13 de febrero y el plazo para la presentación de la terna ante el Congreso local concluyó en el mes de marzo.

En la reunión del miércoles trascendió que se negoció el aval de los diputados del PAN a la propuesta del diputado del PRI Juan José Castro Justo, a cambio de inmunidad para el alcalde panista con licencia, Silvino Mosso Porfirio.