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Demuestran recibos del gobernador pagos superiores a lo aprobado en el Congreso

En junio de 2002 obtuvo percepciones por 412 mil pesos

 Los diputados Max Tejeda y Noriega Cantú obtuvieron cheques directos el Ejecutivo en julio de 2003. Al sanchista Alvaro Leyva le pagaron 100 mil pesos el 23 de marzo de 2004

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

El gobernador Rene Juárez y colaboradores cercanos a él podrían estar obteniendo ingresos superiores a lo que aprobó el Congreso local en el presupuesto de egresos, según copias de recibos de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) del gobierno estatal que se encuentran en poder de El Sur.

Copias de recibos y de cheques, así como de otros documentos, evidencian también el pago de cantidades hasta por 100 mil pesos para diputados locales del Partido de la Revolución del Sur (PRS) y del PAN, así como para el disidente priísta, cercano al ex aspirante a la candidatura a gobernador del PRI, Carlos Sánchez Barrios, Alvaro Leyva Reyes.

Según el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso local para 2003, el gobernador René Juárez debería ganar un salario de 83 mil pesos mensuales, sin embargo según copias de recibos, sólo en el mes de junio del 2002 el gobernador obtuvo percepciones por 412 mil pesos.

Y es que de acuerdo a las copias de los recibos de ese mes de junio del 2002, Rene Juárez cobró 250 mil pesos por concepto de “bono trimestral a la productividad” a través del cheque de la Sefina 6248189, asimismo, con el cheque 6248187, cobró 132 mil pesos por concepto de sueldo correspondiente a ese mismo mes de junio y 30 mil pesos más con el cheque 6248188 por concepto de “gastos de representación”.

Sin embargo ya en el mes de agosto del 2003 René Juárez aparece cobrando un salario con recibos de la Secretaría de Finanzas y Administración de 95 mil 392 pesos, pero además ese mismo mes cobró 60 mil pesos por concepto de gastos de representación, lo que ampara una cantidad de 155 mil 392 pesos.

Otros recibos corresponden a las percepciones de la secretaria particular del gobernador Rene Juárez, Dina Villanueva Ríos, quien en febrero de este año obtuvo ingresos por 90 mil pesos, toda vez que de acuerdo al recibo 0748926, tiene un salario mensual de 75 mil pesos, pero sumado a ello, ese mismo mes firmó un recibo por 15 mil pesos por concepto de “erogaciones contingentes”.

También existen documentos que evidencian que diputados de partidos de oposición del Congreso local reciben recursos directos del gobierno estatal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Finanzas, ello se comprueba con la copia del cheque del banco Santander Mexicano número 0009664 expedido por la Sefina el 01 de julio de 2003 por 50 mil pesos a nombre del diputado del PAN, Max Tejeda Martínez.

Asimismo existe una copia del cheque del banco BITAL expedido por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado con fecha primero de julio del 2003 que ampara la cantidad de 100 mil pesos y que habría recibido el diputado del PRS, Heriberto Noriega Cantú.

Pero no solamente los diputados de oposición habrían recibido recursos directos del gobierno estatal, también disidentes priistas, uno de ellos es el simpatizante del diputado Carlos Sánchez Barrios, ex aspirante a la candidatura a gobernador del PRI, Alvaro Leyva Reyes, quien con fecha 23 de marzo de 2004 habría recibido 100 mil pesos por concepto de “ayudas apremiantes”.

Otro funcionario, Fernando Espinosa Avila, quien labora en la oficina de la representación del gobierno del estado en el Distrito Federal, aparece con un recibo firmado de fecha 13 de febrero de este año por 50 mil pesos por conceptos de “erogaciones contingentes”.

Otra funcionaria, la delegada administrativa comisionada en Casa Guerrero, Mary Kenia Alcaraz Mejía, habría recibido el 15 de diciembre del 2003, 30 mil pesos “por concepto de “fin de año”, cuando trabajadores del gobierno estatal se quejaron porque sus aguinaldos fueron raquíticos y en muchos de los casos, no rebasaron los mil pesos.

Aprueban iniciativa para dar respuesta inmediata a quienes bloqueen el Congreso

 

 Punto de acuerdo presentado por la Comisión de Gobierno, a propuesta del diputado del coordinador parlamentario del PRD, David Jiménez Rumbo. Se designará a funcionarios para atender a los inconformes, a quienes se les dará un ultimátum para retirarse del edificio tomado

 Hugo Pacheco León Chilpancingo Ayer, por unanimidad, los diputados aprobaron un punto de acuerdo presentado por la Comisión de Gobierno, a propuesta del diputado del coordinador parlamentario del PRD, David Jiménez Rumbo, donde piden a los poderes Ejecutivo y Judicial a dar respuesta expedita a las demandas ciudadanas que se hagan en el Congreso del Estado con bloqueos o plantones.

Asimsimo se establece que darán un ultimátum de media hora a cada organización o grupo de personas para permitir el “libre tránsito”, sin que ello signifique disolver la manifestación de que se trate.

En esta misma sesión, el diputado del PRD, Rómulo Reza Hurtado, presentó un punto de acuerdo que también fue aprobado por unanimidad, en el que exhorta al secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca, a instrumentar un acuerdo entre los tres ámbitos de gobierno, las instituciones privadas y las organizaciones sociales, para que aporten recursos para prevenir y combatir los incendios forestales.

Con ello, el diputado Rómulo Reza dijo que se evitará mayor deterioro de los recursos forestales en el estado, y no se pondrá en riesgo el patrimonio natural de los guerrerenses.

En el mismo punto de acuerdo se instruye a las Comisiones unidas de Desarrollo Agropecuario y Forestal, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Protección Civil a dar seguimiento al exhorto a los tres niveles de gobierno, y al programa que se defina para la prevención y combate a los incendios.

De la información sobre siniestro, dijo que según cifras oficiales en los últimos diez años se dio un promedio de 300 incendios por año, lo que afectó una superficie de 13 mil 570 hectáreas.

Sobre la otra iniciativa, se indicó que mientras que el Congreso del Estado se hace el exhorto a las diferentes comisiones legislativas para que atiendan las peticiones, o presentar una protesta por algún acto de autoridad y que tenga como resultado la obstrucción del recinto legislativo, de inmediato el presidente de la Mesa Directiva en turno, o a quienes se designe, deben atender a los inconformes y recabar la información y atenderla en caso de ser competencia del Poder Legislativo, o turnarla a la instancia encargada de resolverla.

Posteriormente a la atención se les informará los inconformes la instancia encargada de resolver, y les dirán que “cuentan con un plazo de 30 minutos para permitir el libre tránsito a los accesos del Congreso, sin que ello implique necesariamente la disolución de la manifestación”.

En caso de persistir el bloqueo, de acuerdo con las facultades del Poder Legislativo, el presidente de la Mesa Directiva “deberá hacer uso de la fuerza pública para que garantice el libre tránsito de los ciudadanos y diputados”.

Agenda legislativa

En esta sesión los diputados dieron la primeras lecturas a los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que aprueban las cuentas públicas de los municipios de Iguala, Ayutla, Tlacoapa, Acatepec, Xalpatláhuac y Florencio Villarreal.

Y posteriormente se suspendieron las segundas lecturas para aprobarse las cuentas públicas de Tlacoachistlahuaca, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca, Tlapehuala, Marquelia y Cocula.

Urgen antigenaristas al Congreso a dictaminar la revocación del cargo

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El comisario de Mixtecapa, municipio de San Luis Acatlán, Vicario Portillo Martínez, informó que una comisión de opositores al alcalde de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís, se reunió con el coordinador del PRD, David Jiménez Rumbo, quien les aseguró que la Comisión Instructora aún no tiene el dictamen sobre la petición de juicio de revocación de mandato porque falta el resultado de la auditoría.

Consultado en las instalaciones del Congreso, adonde llegó con el secretario general del PRD en ese municipio de la Costa Chica, Amadeo Vázquez Claudio, y por los ex funcionarios del ayuntamiento Sanluistleco, Ramiro Anzo Solís y Braulio Pimentel, Portillo dijo que el domingo, durante una asamblea de comisarios inconformes con la administración municipal actual, acordaron reactivar las movilizaciones de protesta para esta semana.

“Comenzamos mañana (hoy) con una marcha para exigir a las instancias del gobierno estatal que dejen de echarse la bolita y agilicen el dictamen, no importa si es a favor o en contra del alcalde, lo que queremos es una respuesta ya”, expresó.

Vicario Portillo consideró que los antigenaristas han dado un tiempo considerable para que los diputados locales dictaminen sobre la demanda en contra de Vázquez Solís. Y no descartó la posibilidad de que vuelvan a bloquear la carretera federal Acapulco- Pinotepa, “la gente está decidida a volver a la cárcel”, advirtió.

Carlos Sánchez Barrios, aún sin cubículo; renuncian los suyos a cargos administrativos

 

 Hugo Pacheo León Chilpancingo

Ayer, en la sesión del Congreso del Estado, el ex coordinador parlamentario y ex priísta Carlos Sánchez Barrios presentó al pleno su escrito donde informa la decisión de hacerse diputado independiente, luego de que el lunes le fue revocado el cargo por sus compañeros de fracción del PRI, al no haberse adherido a la candidatura del senador Héctor Astudillo Flores.

Pero como estuvo presente a las 12 horas, en que se citó a la sesión, pero ésta empezó una hora después, Carlos Sánchez Barrios no se quedó a escuchar la lectura –efectuada por el secretario de la Mesa directiva–, y con ello se ganó su primera falta a las sesiones, según quedó registrado.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Carlos Sánchez Barrios se hizo acreedor a un descuento de un día de salario, equivalente a mil pesos, aunque como él muchos de los diputados faltistas, como el otro diputado independiente ex de Convergencia, Cuauhtémoc García Amor, y el perredista Marco Antonio López García, son quienes más ausencias tienen acumuladas, sin que se procedan los descuentos de sus dietas.

Pero las relaciones distantes entre los diputados del PRI con Carlos Sánchez Barrios son evidentes. Este miércoles al llegar a la sala de sesiones, Sánchez Barrios se sentó junto al diputado de Convergencia, Félix Bautista Matías (como lo hizo en la sesión del martes).

Hasta ese lugar llegó el diputado Juan José Castro Justo a saludarlo de mano, luego que un día antes éste último sufriera los embates de los seguidores del ex aspirante a la gubernatura por el PRI, quienes le aventaron plátanos y jitomates en señal de reprobación por la destitución de su líder como coordinador parlamentario priísta.

Allí Sánchez Barrios reveló que aún no le asignan un cubículo, luego de que el lunes pasado fue sacado de la oficina destinada a la presidencia de la Comisión de Gobierno.

Dijo que “un amigo” (no quiso revelar el nombre) le prestó una oficina en el primer piso del edificio del Congreso local.

En tanto, los diputados del PRI se reunieron una hora antes de que comenzara la sesión a las 13 horas, en la sala legislativa del primer piso, donde abordaron el tema del relevo de los colaboradores de Carlos Sánchez Barrios.

Allí, el director de Administración, Roberto Ramírez Dircio y el de Comunicación Social, Héctor Avilés, entregaron a la Oficialía Mayor su escritos de renuncias al cargo, aunque con fecha 16 de abril.

Los diputados priístas acordaron reunirse este miércoles por la tarde para hacer un primer análisis de los personajes que pudieran hacerse cargo de la Dirección de Administración y de Comunicación Social, que podrían presentar en la sesión de hoy jueves o hasta la próxima semana.

Destituyen a Sánchez Barrios de la coordinación parlamentaria del PRI; los avala René Juárez

No cumplió la condición de los diputados de apoyar a Astudillo, aducen

 Ratifican en el cargo a Castro Justo. El revocado anunció que hoy fijará su postura

 Ezequiel Flores Contreras y Hugo Pacheco León Chilpancingo y Acapulco

Como lo habían adelantado, la mañana de ayer en el Congreso del Estado los 18 diputados de la fracción parlamentaria del PRI informaron al diputado Carlos Sánchez Barrios que por decisión mayoritaria le revocan el cargo de coordinador parlamentario por no haberse adherido a la candidatura a gobernador del senador Héctor Astudillo Flores, como lo convinieron el lunes 29 marzo en la residencia oficial de Casa Guerrero a pedido del gobernador René Juárez Cisneros.

Tomada la decisión en Chilpancingo, los 18 diputados buscaron al gobernador René Juárez Cisneros quien los recibió a las 13:00 horas en las oficinas de la Promotora Turística de Acapulco (Protur), hasta donde se trasladaron para notificarle el acuerdo, éste aceptó la revocación del cargo de Carlos Sánchez y los exhortó a mantener esa “unidad en torno al partido por lo que viene”, en referencia a la elección constitucional de gobernador en febrero de 2005.

Por la mañana, en el Congreso local, al salir de la reunión de la fracción que duró apenas 15 minutos –comenzó a las 11:00–, con aparente tranquilidad, Carlos Sánchez Barrios pidió a los medios de comunicación un “chance” para reflexionar sobre la decisión de revocarle el cargo de parte de sus compañeros diputados y anunció que hoy martes en conferencia de prensa fijaría su postura.

Aunque no quiso responder a los reporteros sobre su futuro como militante del PRI o si buscará continuar con su aspiración a la gubernatura por otro partido político, sí convocó a los integrantes de su organización política, la Alianza por Guerrero, a estar “atentos” y mantener “vigente el proyecto”, dijo sin precisar.

La revocación del cargo

A las 11:00 horas de este lunes, Carlos Sánchez Barrios citó en el salón de actividades legislativas en el primer piso del Congreso local a los diputados de su fracción donde sostendrían una reunión preparatoria de la sesión del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio convocada para hoy martes, pero justo cuando se prestaba a darles a conocer el orden del día acordado por la Comisión de Gobierno realizada el viernes 2 de abril –donde sólo estuvo como oyente porque aún no se formalizaba su cargo de coordinador–, fue frenado para que primero escuchara la información que le tenían.

Fue el diputado igualteco (identificado con el grupo de ex aspirante a gobernador, el senador Héctor Vicario Castrejón, Herón Delgado Castañeda, quien le notificó que por acuerdo de la mayoría de los diputados de la fracción, le revocan el cargo de coordinador parlamentario del PRI y que ratifican el nombramiento a Juan José Castro Justo además de reincorporarlo a la Presidencia de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado.

Los diputados presentes, dijeron a El Sur que Carlos Sánchez Barrios no se inmutó, sólo dijo: “qué bueno, está bien”.

Y pidió que sólo le permitieran retirar sus cosas de la oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno que ocupó desde el viernes 2, cuando regresó al Congreso local, luego del accidente sufrido en Cochoapa El Grande, en la región de La Montaña, el pasado 2 de julio.

La reunión preparatoria de la sesión ordinaria se aplazó para este martes por la mañana y los diputados salieron de inmediato, porque Juan José Castro Justo ya ratificado en el cargo, habló por teléfono al gobernador solicitándole la reunión para informarle del acuerdo.

En el salón de actividades legislativas del primer piso se quedaron con Carlos Sánchez, los diputados Gloria Trujillo Giles, Alvis Gallardo Carmona (miembro de su organización Alianza por Guerrero) y Elías Salomón Radilla.

Este último le reprochó su conducta: “No das señales de vida para el partido y la coordinación, lamento tu actitud”.

Mientras que su compañero y amigo Alvis Gallardo también le dijo que lamentaba lo ocurrido y espetó: “la decisión de revocación del cargo se salió de mis manos”.

La decisión de revocarle el cargo a Carlos Sánchez fue tomada por los diputados afines al senador Héctor Astudillo Flores, después de la toma de protesta como candidato a gobernador en la sesión del Consejo Político del domingo 4, luego de que antes habían advertido que si no se presentaba a ese acto a levantarle la mano en señal de adhesión, los destituirían.

Ya con ese acuerdo, este lunes a las 8:30 horas, en el restaurante del Hotel El Parador del Marqués se volvieron a reunir los diputados, donde tomaron el acuerdo de revocarle el cargo de coordinador a Carlos Sánchez por incumplir el acuerdo tomado con el gobernador en Casa Guerrero el lunes 29 de marzo, de que lo reitegrarían en su nombramiento a cambio de adherirse públicamente a la candidatura del senador Héctor Astudillo Flores. De los 20 diputados del PRI, sólo faltó Constantino García Cisneros.

El gobernador acepta la revocación del cargo de Carlos Sánchez

Apenas los diputados le dijeron a Carlos Sánchez que ya no es su coordinador, por medio de Juan José Castro Justo le solicitaron al gobernador René Juárez Cisneros una reunión para informarle del acuerdo y los citó a las 13:00 en las oficinas de Protur en Acapulco.

Castro Justo le dijo lo ocurrido por la mañana en el Congreso local, donde 18 diputados, excepto Constantino García por enfermedad pero estaba de acuerdo, firmaron un documento de revocación del cargo a Carlos Sánchez y que lo turnarían a la Oficialía Mayor del Poder Legislativo para ratificar como coordinador a Juan José Castro Justo.

Según las versiones de los diputados, el gobernador les dijo que está de acuerdo con la decisión y la acepta y avala.

Les dijo que él había hecho todo para convencer a Carlos Sánchez Barrios de sumarse a la candidatura de Héctor Astudillo, pero no logró convencerlo. Indicó que si todos los diputados habían firmado respaldar a Juan José Castro Justo como coordinador, está de acuerdo y agradeció tomarlo en cuenta.

Luego los exhortó a mantener esa “unidad en torno al partido por lo que viene”, en referencia a la elección constitucional de gobernador en febrero del 2005.

Denme “un chance para

reflexionar”: Carlos Sánchez

Carlos Sánchez Barrios atendió por última vez a la prensa en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno. Allí informó de lo ocurrido en la reunión, y confirmó las versiones que los diputados que pidieron guardar sus nombres dieron a El Sur.

Tranquilo, Carlos Sánchez Barrios pidió a los reporteros un “chance” para reflexionar sobre la revocación del cargo que le hicieron sus compañeros diputados y anunció que hoy martes en conferencia de prensa fijaría su postura.

Aunque no quiso responder a los reporteros sobre su futuro como militante del PRI o si buscará continuar con su aspiración a la gubernatura por otro partido político, sí convocó a los integrantes de su organización política la Alianza por Guerrero, a estar “atentos” y mantener “vigente el proyecto”, dijo sin precisar.

“El diputado Heron Delgado –identificado con el grupo del senador Héctor Vicario Castrejón– fue quien a nombre de los diputados del PRI, me dijo que no me refrendarían su apoyo para que regrese a la Presidencia de la Comisión de Gobierno y nadie de los presentes lo desmintió”, expresó Sánchez Barrios.

–¿Sus compañeros diputados, le explicaron la causa por la que lo desconocieron como coordinador?

–No quise preguntar –respondió lentamente.

–¿Se debe a que no se ha sumado a la campaña de Héctor Astudillo?

–Ya refrendé mi militancia priísta, pero tal parece que sus condicionamientos son otros.

–¿Usted qué hará ante el anuncio de sus compañeros de fracción?

–Estoy decidido a reflexionar el tiempo necesario.

–¿En cuanto tiempo fijará una postura ante el anuncio?

–Denme chance –respondió.

–¿No considera que esa actitud de indefinición es la que motivó a sus           compañeros diputados a desconocerlo como coordinador?

–Ese es su problema –dijo en tono serio.

–En la reunión estuvo presente su amigo el diputado Alvis Gallardo, ¿él que le dijo?

–Alvis no ha dicho nada y en la reunión tampoco me dijo nada –expresó.

A pesar de la revocación, Carlos Sánchez recordó que existe un comunicado en la Comisión de Gobierno en donde sus compañeros diputados lo reconocen como coordinador de la fracción, pero no dijo si lo hará valer en la sesión del Congreso programada para este martes.

Diputados priístas confirman la revocación

Al salir de la Protur, en Acapulco, luego de la reunión con el gobernador, los diputados priístas confirmaron el acuerdo de revocar el cargo a Sánchez Barrios.

Gustavo Miranda González dijo que la decisión es “por la falta de interés en la persona de Carlos Sánchez y no vemos que tenga la capacidad física para poder realizar todos los trabajos que se requieren”.

Agregó que la decisión “no es por la rebeldía (de Carlos Sánchez), no tiene nada que ver. Yo creo aquí la única situación es la desconfianza que genera a la fracción para poder dirigirla si no tiene un partido político, si no tiene alguna situación para poder darnos esa certidumbre a nosotros”.

Por su parte la diputada Alicia Zamora Villalba dijo: “Carlos Sánchez es un cuadro muy valioso para los priístas particularmente y el regreso siempre será determinante para la labor del Legislativo y en particular para las acciones que pueda emprender la fracción del PRI”.

Y dijo que Carlos Sánchez, como priísta, “tiene la obligación y el sentido solidario de unirnos a un trabajo compartido determinante para la vida del PRI en el estado”.

Sierra: Rafael Acevedo perdió “el hilo conductor” de la hacienda pública

 

 Exige la diputada que el funcionario aclare a cuánto ascienden los compromisos adquiridos por secretarios de despacho

 La secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Gloria Sierra López, consideró que el secretario de Finanzas y Administración, Rafael Acevedo Andrade, “perdió los hilos conductores” de la hacienda pública estatal, luego de que anunció que habrá recortes el gasto corriente a causa de “los compromisos adquiridos” por los secretarios de despacho no considerados en el presupuesto aprobado por el Legislativo.

“No comprendo, si hace unos días en el informe del gobernador René Juárez dijeron haber hecho bien la tarea ¿por qué anunciaron, a tres meses de comenzar el ejercicio fiscal de 2004, recortes al gasto corriente?”, peguntó la diputada local postulada por el PRD.

Exigió entonces al funcionario estatal que explique a cuánto asciende el compromiso financiero adquirido de los secretarios de despacho, y porqué no lo informó al Congreso del Estado.

El martes pasado, al concluir el segundo informe de labores del rector de la UAG, Nelson Valle López, el secretario Acevedo Andrade dijo que en este año habrá “fuertes ajustes” en el presupuesto de todas las dependencias del gobierno estatal, para cumplir con los compromisos que adquirieron secretarios de despacho.

Anunció recortes al gasto corriente, pero aseguró que no afectarán los programas de gobierno, y en caso de que no se corrijan “estas cosas” presentaría su renuncia al cargo.

Vía telefónica, la diputada Sierra López explicó que Rafael Acevedo es el encargado de integrar la hacienda pública del gobierno estatal –conformada por el egreso, ingreso, deuda pública y patrimonio– con la información de cada una de las dependencias y las paraestatales.

“Aquí hay dos cosas: o sabía del compromiso financiero adquirido por los secretarios de despacho y lo ocultó, o ni él mismo sabía. Esto significaría que (Rafael Acevedo)           perdió los hilos conductores de la hacienda pública estatal”, indicó Sierra López.

Pidió que en el periodo de comparecencias que comienza el 27 de abril los secretarios de despacho cumplan con “la máxima del gobierno renejuarista, y sea una sesión de verdadera rendición de cuentas”.

Piden a diputados dictaminar sobre la iniciativa de sancionar desapariciones

 Presentan las legisladoras federales por el PRD, Eliana García e Irma Figueroa, punto de acuerdo en San Lázaro

 Las diputadas federales del PRD, Eliana García e Irma Figueroa, presentaron ayer, en la sesión ordinaria un punto de acuerdo en el que exhortan al Congreso local que dictamine –en este periodo ordinario de sesiones– sobre la propuesta de ley sobre la desaparición forzada de personas, presentada el 14 de enero por organizaciones civiles y avalada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.

En un boletín de prensa se informa que el dictamen de la propuesta de ley se debe emitir con estricto apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Dicha propuesta, además de establecer pautas claras de definición del delito retoma los criterios que, según el Decreto Internacional de los Derechos Humanos, debe contener una normatividad que pretenda erradicar esta práctica, la sitúa como un precedente importante y significa la posibilidad de que la normatividad de Guerrero se armonice con las principales Convenciones y Pactos Internacionales que se han desarrollado en materia de derechos humanos, y por lo que refiere a este tema establecen que es necesario tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir los compromisos asumidos.

Expone que la ausencia de una legislación adecuada para prevenir esta violación a los derechos humanos, si bien no es la única causa de que estos hechos sigan sí genera la impunidad de los agresores, en virtud de que no existe el tipo penal adecuado que permita sancionar, conforme a las reglas penales, a quienes cometan este acto.

Refiere el documento que en esta entidad federativa se han sufrido las peores situaciones de violación a los derechos humanos que pueden darse en un estado autoritario, y pone de ejemplo las masacres de Aguas Blancas y El Charco, las más de 600 denuncias que organizaciones civiles y familiares de detenidos desaparecidos han presentado, ya sea a través de los medios de información o en las instancias legales correspondientes, por desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada guerra sucia.

Entre otras, la recomendación 19/2002 emitida por la Coddehum, por 9 casos de desaparición forzada en 2002, en los que de manera directa se señala a agentes de la Policía Judicial del Estado en la comisión de estos delitos, los cuales son considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.å

Exigen al Congreso agilizar el juicio para destituir al alcalde de Cuautepec

Habitantes del municipio de Cuautepec, que mantienen tomado el ayuntamiento desde el 11 de enero, pidieron ayer al Congreso del Estado que “agilice” el juicio de revocación de mandato que interpusieron contra el alcalde Hilario Ciriaco Tenorio, por desvío de recursos y falsificación de documentos.

Asimismo, advirtieron que entregarán el Palacio Municipal hasta que el presidente “sea destituido”.

En conferencia de prensa, el dirigente de los inconformes, Obeth Laureano Morquecho, recordó que desde el 11 de enero más de una centenar de habitantes de Cuautepec –ubicado entre los municipios de Florencio Villareal y Copala–, quienes están molestos por las “irregularidades” del alcalde priísta Hilario Ciriaco Tenorio, acordaron tomar el ayuntamiento.

Laureano Morquecho explicó que el alcalde “no ha comprobado 4 millones 792 mil pesos del primer cuatrimestre del año pasado, mientras que del segundo cuatrimestre falsificó facturas y ha desviado recursos del Ramo 33”.

Asimismo –según Laureano Morquecho– involucró a otras personas en “sus corruptelas”, como fue el caso de Mariano Cortes, Sabino Santos, Gerardo García y Ascensión Gallegos, “a ellos los usó para justificar gastos por 113 mil pesos, y fueron ellos quienes solicitaron –el 27 de enero de 2004– al Congreso local el juicio de revocación de mandato”.

El ex oficial mayor, quien iba acompañado por dos ex presidentes municipales, pidió al Congreso del Estado que “agilice el juicio de revocación de mandato, y que dé una solución favorable porque de lo contrario los habitantes no vamos a entregar el ayuntamiento”.

 

Empieza la segunda parte de una legislatura que no ha sido contrapeso del Ejecutivo

 

 Un Poder Legislativo nominalmente de mayoría opositora

 En este 1 de abril empezó el periodo ordinario de sesiones y la segunda parte de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, la primera en donde el PRI no es mayoría, pues de los 46 legisladores que la integran, 25 pertenecen a partidos de oposición.

Con cautela, el gobernador vio llegar hace un año y cinco meses a la nueva mayoría legislativa opositora; del brazo del coordinador de la fracción del PRD, David Jiménez Rumbo, sonriendo, salió este primero de abril del Congreso local tras entregar su quinto informe de gobierno.

Tal es la parábola que describe la trayectoria de una legislatura en la que las decisiones importantes las siguen tomando los priístas, de acuerdo con las orientaciones del gobernador. Los diputados se siguen comportando –salvo excepciones– como empleados del Ejecutivo en turno, práctica reiterada con todas las legislaturas de mayoría priísta y aún con ésta como si también lo fuera.

Gracias a esta actitud de los llamados diputados opositores, hemos visto a los actuales legisladores nombrar como Oficial Mayor del Congreso a quien le elaboró al PRI recursos de impugnación contra los triunfos del PRD en la elección de presidentes municipales y diputados locales en octubre de 2002, Guadalupe Pavía Miller.

En el ablandamiento a la oposición en el Congreso local mucho tuvo que ver Carlos Sánchez Barrios, quien regresa al cargo a nueve meses de dejar la presidencia de la Comisión de Gobierno, por un accidente en una motoneta el 2 de julio del año pasado.

Así, el PRI con sus 20 diputados, más su aliado del PVEM, colocó en posiciones estratégicas del Congreso, como las direcciones de Administración y Comunicación Social, y la Oficialía mayor, a personas de confianza.

En el ablandamiento a los diputados de oposición –política que en casos como la aprobación de la Cuenta pública también se habría extendido a nueve perredistas–trascendió, medió un bono especial por 400 mil pesos y el acuerdo para otorgarles un millón de pesos para gestoría, trabajo realizado por Carlos Sánchez Barrios como dirigente de la fracción priísta, y como el hombre del gobernador René Juárez, de quien antes fue su secretario de Desarrollo Social.

Con línea de Casa Guerrero

La Quincuagésima Séptima Legislatura es aún una extensión del gobierno estatal y del PRI. La negociación para que Sánchez Barrios depusiera su rebeldía ante la designación del senador Héctor Astudillo Flores como el candidato priísta al gobierno del estado, se dio en las oficinas de René Juárez, en Casa Guerrero. A cambio de abandonar su precampaña, a Sánchez Barrios –aún en proceso de recuperación tras su accidente del año pasado– se le reinstaló en la presidencia de la Comisión de Gobierno.

Mención aparte merece la actuación de la Auditoria General del Estado, órgano técnico del Congreso local, la cual está sujeta a la estrategia y mandatos del PRI y del gobierno estatal, por el acuerdo que se habría dado entre Sánchez Barrios y el gobernador René Juárez apenas este lunes 29 de marzo: cancelar las sanciones administrativas en contra de cinco alcaldes sanchistas: De Zitlala, Noé Ramos; de Tlalixtaquilla, Sofío Ramírez; de Eduardo Neri, Bertín Sánchez; de Juan R. Escudero, Ismael Pablo Avila, y de Mochitlán, Isaías López, quienes en conjunto no han solventado 100 millones de pesos del erario público.

En contraparte, PRI y gobierno estatal administran los problemas de los ayuntamientos opositores. El 19 de diciembre el diputado local panista, David Tapia Bravo –que anunció que no votaría la aprobación de la Cuenta Pública del gobernador–, denunció que se le pretendía chantajear. Dijo que los priístas, a cambio de su voto, le ofrecieron salvar del desafuero al alcalde panista de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio. También es el caso de los conflictos internos de ayuntamientos perredistas como el de San Luis Acatlán, La Unión y Copala, entre otros, con el fin de ser sujetos de negociación con el PRD en el futuro.

La reforma electoral

La reciente reforma electoral también tuvo su origen en Casa Guerrero. Luego de que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Martín Mora Aguirre, denunciara el 4 de febrero de este año, que los diputados priístas pretendían aprobar su propia reforma electoral, a diez días de que se venciera la fecha límite para acordar una reforma constitucional; y ante la posibilidad de una movilización opositora en contra de la reforma. Al día siguiente, el gobernador invitó a una reunión en las oficinas de la Promotora Turística a los dirigentes estatales del PRD, PAN y Convergencia, para acordar la presentación de una propuesta de dictamen de reforma única y consensuada con las dirigencias, misma que finalmente se aprobó en la sesión del 12 de febrero.

La reforma incluye crear un fiscal para delitos electorales, se tipifican los delitos cometidos por funcionarios públicos en elecciones, se eleva de 1.5 a 2 por ciento el porcentaje para el registro de nuevos partidos, y se hacen precisiones en materia de coaliciones.

La cuenta pública

El tema de la cuenta pública y de la aprobación del presupuesto del gobierno estatal para el ejercicio de 2004 tampoco fue problema. Incluso, en contra de la orden de su dirigencia nacional, 9 de los 17 diputados locales del PRD se abstuvieron; el coordinador David Jiménez Rumbo expresó que les habían ordenado votar en contra no abstenerse, cuando esta figura no existe en el debate parlamentario, pues se contabiliza como voto a favor. Dos de los cuatro del PAN, el coordinador Max Tejeda Martínez y Porfiria Sandoval Arroyo, votaron a favor de aprobar la cuenta pública del gobernador (los gastos del gobierno de enero a agosto de 2003), el 12 de febrero de este año.

Los diputados Arturo Martínez Pérez y Gloria Sierra López, el primero panista y la segunda perredista, ambos integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por segunda ocasión consecutiva no avalaron con su firma el dictamen que se somete al Pleno de los diputados. Han sido tres de sus integrantes –el priísta Alvis Gallardo, quien la preside, el petista Fredy García y el verde Marco Antonio de la Mora–, los únicos que la han aprobado. Es decir, el dictamen de la Cuenta ha pasado de panzaso por tres votos a favor y dos en contra. Pero ya en el pleno las cosas cambian, y la Cuenta pasa sin problemas, pese a denuncias realizadas por las dirigencias de los partidos de un uso partidista de esos recursos.

En el PAN, un primer diferendo se dio cuando en su partido se obligó al panista Arturo Martínez a votar a favor de la cuenta pública del 2002, como integrante de la Comisión de Hacienda, pese a que había manifestado que no lo haría.

En el PRD, en marzo de ese año, la entrega de un bono a algunos diputados de ese partido hasta por 400 mil pesos, lo que se conoció cuando las diputadas locales Gloria Sierra y Yolanda Villaseñor anunciaron haberlo devuelto, provocó el primer conflicto interno en esa fracción, sobre todo porque se acercaba la votación del presupuesto de egresos. Se sospechó que el bono podría ser a cambio del voto a favor.

Finalmente, los diputados del PRD votaron en contra del presupuesto de egresos, pese a que algunos se inconformaron con el dictamen elaborado por Gloria Sierra y la coordinadora Adela Román.

Al PRD además, o por lo menos a uno de sus diputados, le tocó hacer el trabajo sucio para el PRI. Tal es el caso del diputado Mariano Dimayuga Terrazas, quien propuso modificaciones al Código Penal del estado, las cuales se conocen como la Ley Dimayuga, que castiga a quienes bloquean o cierran vías de comunicación. Las modificaciones fueron aprobadas por la mayoría del voto priísta y sólo con dos del PRD, el del mismo Dimayuga y el del diputado Marco Antonio López, del grupo político del alcalde de Acapulco Alberto López Rosas.

Funcionarios a salvo

La mayoría priísta y sus aliados evitaron hacer pasar malos ratos al equipo de gobierno de René Juárez. El 18 de septiembre en conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Daniel Pano Cruz, declaró a esa dependencia en una quiebra financiera y culpó de ella a los partidos políticos, en general, afirmando que éstos habían “acabado con la gallina de los huevos de oro”.

La información provocó reacciones de las corrientes magisteriales y de los partidos políticos opositores. Los grupos magisteriales, se negaron a aceptar el Plan de Austeridad anunciado para la SEG por Pano Cruz, y los partidos demandaron la comparecencia de éste ante el Congreso local, para que aclarara las causas de la quiebra financiera, pues lo que no dijo en la conferencia donde anunció la quiebra, es lo que es voz popular: que el PRI ha sido beneficiaro de la SEG, en particular, con aviadurías para sus políticos.

El viernes 25 de septiembre, el PRI, de nuevo aliado con los diputados del PAN, rechazó auditar a la SEG y posteriormente bloquearon la demanda de comparecencia al funcionario, sustituyéndola por una reunión de trabajo que presidió el titular de la Comisión de Educación, el diputado por el partido Convergencia Félix Bautista Matías.

Otra funcionaria a la que se ha salvado de comparecer en el Congreso, es a la titular de la Secretaría de Salud, Verónica Muñoz Parra, luego de que a mediados del año pasado se presentó una epidemia de dengue, y se denunció la ineptitud de la dependencia para frenarla.

Así, con una oposición desunida y en algunos casos cooptada, René Juárez tendrá un último periodo sin la molestia de una fiscalización seria al manejo de los recursos públicos, sin problemas para entrar al proceso de entrega-recepción en caso de que el gobierno del estado sea ganado por el candidato de un partido opositor. Incluso, hace un año instaló una oficina de entrega-recepción, que preside el priísta Enrique Alarcón Vélez, quien apenas el domingo 28 de marzo se dejó ver en una reunión con el equipo de precampaña de Cárlos Sánchez Barrios, en Chilpancingo, cuando éste amenazó con salirse del PRI.

Llega al Congreso sólo como coordinador de la fracción priísta

No he sido invitado a la toma de protesta de Astudillo y no iré, dice Sánchez Barrios

En el recinto legislativo es recibido por diputados de oposición, mientras que solamente asisten tres de 19 del PRI

El diputado Carlos Sánchez Barrios se presentó ayer en el Congreso del Estado como coordinador de la fracción del PRI, y allí participó en una reunión de la Comisión de Gobierno para analizar el formato de las comparecencias de los secretarios de despacho.

Asimismo, anunció que debido a que no recibió “ninguna    invitación”, no asistirá a la toma de protesta del candidato electo del PRI, Héctor Astudillo Flores, que se efectuará este domingo.

Reiteró el llamado para que los integrantes de la Alianza por Guerrero se reagrupen y hagan trabajo político para dar “vigencia” a la organización, y confió en que la decisión de “las bases” sea a favor de permanecer en el PRI.

Al concluir la reunión de la Comisión de Gobierno, donde se analizó “exclusivamente” el formato de las comparecencias de los secretarios de despacho del gobierno estatal, el diputado priísta se negó a declinar abiertamente a favor de Astudillo Flores, y se limitó a decir que su postura “no difiere de la militancia”.

Antes de la reunión, en el regreso forzado de Sánchez Barrios al Congreso, después de 10 meses de ausencia debido al accidente en la región de La Montaña, solo estuvieron tres de los 19 diputados priístas.

Pero un contingente de por lo menos 30 aliancistas y legisladores de oposición, entre ellos el diputado por Convergencia, Félix Bautista Matías, recibieron con abrazos y porras al diputado rebelde.

Ahí se pudieron observar algunas caras largas, sobre todo de trabajadores afines al diputado desplazado Juan José Castro Justo. Con paso lento y una sonrisa, Sánchez Barrios ingresó nuevamente a las oficinas que ocupó al comenzar la LVII Legislatura local. Saludó al personal y agradeció el apoyo de sus “amigos” con voz pausada.

Posteriormente se reunió a puerta cerrada con los diputados David Jiménez, por el PRD; Félix Bautista Matías, por Convergencia; David Tapia, por el PAN; Heriberto Noriega, por el PRS, y Fredy García, por el PT. Sólo faltó el diputado por el partido Verde Ecologista, Marco de la Mora.

La reunión fue presidida por el coordinador del PRD, David Jiménez Rumbo, ya que al diputado Carlos Sánchez se le tomará protesta hasta el próximo 13 de abril como presidente de la Comisión de Gobierno.

El diputado por el PT, Fredy García, confirmó que Sánchez Barrios sólo estuvo como coordinador de la fracción priísta.

Sobre el desaire de los diputados priístas, Sánchez Barrios dijo que: “ellos                         gozan de mi confianza”, y argumentó que conoce un documento donde los 19 diputados del PRI están de acuerdo con su regreso a la coordinación.

–¿Algunos diputados priístas se mostraron reacios en firmar el documento?– se le preguntó.

–Es responsabilidad de cada quien su forma de proceder.

Descartó que haya cambios en la estructura laboral del Congreso, y que el subsecretario para Asuntos Indígenas del gobierno estatal, Alvaro Leyva, no fue despedido del cargo. “Tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo que fue una confusión del gobernador, pues no lo despidieron”.

Ante la pregunta si asistiría este domingo a la toma de protesta del candidato electo del PRI, Héctor Astudillo Flores, Sánchez Barrios respondió:                         “no me invitaron y yo pienso que a donde no te llaman, (entonces) ¿para que te quieren?”