Presentarán PRD, PT y Movimiento Ciudadano una postura conjunta sobre el alza a la gasolina

Los dirigentes estatales del PRD, PT y Movimiento Ciudadano acordaron que el jueves presentarán una postura conjunta sobre el incremento a las gasolinas.
En privado, en la oficina de Movimiento Ciudadano en Acapulco, se reunieron el presidente y el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán y Demetrio Saldívar Gómez; el integrante de la dirigencia colectiva del PT, Fredy García Guevara, y el ex coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco.
La reunión entre los dirigentes partidistas fue breve y el único tema que abordaron fue el alza en las gasolinas.
Por la mañana, en conferencia de prensa, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, anunció que buscaría acuerdos entre los partidos de izquierda para hacer un frente común contra el incremento al precio de las gasolinas.
“Este incremento lesiona a todos los mexicanos, no puede ser que quede de esa manera, vamos con nuestros diputados federales, locales y militantes a ver de qué manera nos coordinamos con otros partidos para manifestarnos en contra de este aumento”, dijo.
Ofreció que su partido trabajará para que la gasolina regrese al precio “en que se encontraba”, porque afecta toda la economía, y confió en que las inconformidades no causen inestabilidad social.
“Nadie quisiera que hubiese un estallido social, nosotros quisiéramos que esto se resuelva por las vías legales”, señaló.
Consideró que desde la Cámara de Diputados se puede revertir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que es el que se aplica a la gasolina, si reúnen la mayoría para plantearlo, pero dentro del PRI y del PAN debe haber diputados que están en contra del alza a las gasolinas y corresponde a los diputados buscarlos para que le hagan la petición al presidente Enrique Peña Nieto.
El dirigente estatal criticó la comparación que hizo el presidente de la República vía Twitter, de que en otros países el costo de las gasolinas es más elevado que en México.
Walton Aburto opinó que “estuvo muy mal”, porque el salario mínimo en otros países no es el mismo que en México.
Llamó al presidente de la República a dar la cara ante la inconformidad por el incremento al precio de las gasolinas, porque hay un descontento social, no sólo en Guerrero sino en todo el país.
Sobre la posibilidad de realizar marchas como partido para rechazar el incremento a las gasolinas, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano indicó que eso dependerá de los acuerdos que se hagan con otros partidos.
Del cierre de gasolineras, Luis Walton, que en Acapulco es identificado como un empresario gasolinero, explicó que el problema no son las gasolineras sino el impuesto que se aplica, porque si no cobran el precio impuesto a nivel federal no les entregan gasolina, y aclaró que desde hace ocho años ya no se dedica a la venta de gasolina.
Sobre el riesgo de ingobernabilidad en el estado, Luis Walton opinó que se debe respetar la ley, “pero es lógico que los ciudadanos tienen que hacer un reclamo” por el incremento.
El también ex candidato a la gubernatura condenó la represión contra los ciudadanos que se han manifestado contra el incremento a la gasolina, y puso como ejemplo el caso de Guadalajara, Jalisco, donde el pasado martes un grupo de manifestantes fue reprimido por policías estatales.
Walton Aburto aseguró que no fueron policías municipales los que reprimieron a los manifestantes, en referencia a que el alcalde es de su partido.

El PRD municipal buscará a organizaciones y sindicatos

A medio día, en reunión, la dirigencia municipal del PRD en Acapulco acordó que este jueves presentará un posicionamiento como partido y el sábado tendrá una reunión con organizaciones sociales y sindicatos.
El presidente del Comité Ejecutivo Municipal, Isaías Arellano Maldonado, informó que otras propuestas que se hicieron en la reunión fue la toma de las oficinas de la Secretaría de Hacienda, el aeropuerto y gasolinerías, pero éstas no fueron aprobadas.
Por separado, Oscar Chávez Rendón informó que el viernes el Movimiento Nacional por la Esperanza realizará una protesta en la glorieta de la Diana contra el aumento al precio de las gasolinas.

Protestan contra el alza a la gasolina en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Acatlán, Copala, Tlapa…

En Chilpancingo, Acapulco, Iguala, San Luis Acatlán, Copala y Tlapa, taxistas y militantes de Morena, PRD y PT se manifestaron contra el alza al precio de las gasolinas y el diesel, que calificaron como un acto criminal contra la economía de las familias mexicanas.
En Chilpancingo anunciaron que presentarán y difundirán amparos contra el alza del precio ante los juzgados federales.
Ayer en Acapulco por la mañana y la tarde, ciudadanos y simpatizantes del PRD protestaron en el Asta Bandera, donde afirmaron que el presidente Enrique Peña Nieto debe renunciar tras el incremento de las gasolinas.
De 10 a 12 del día y de 3 a 5 de la tarde se manifestaron los inconformes con pancartas que decían “rechazo total al aumento de la gasolina”, “no al criminal aumento de la gasolina”, “Renuncia Peña Nieto”, “fuera Peña Nieto” y “Peña traidor”.
“No al aumento del precio de la gasolina y diesel, eso trae carestía de alimentos y medicinas. Contra los corruptos el pueblo organizado. Atentamente ciudadanía y organizaciones sociales”, decía una lona de cuatro metros de largo visible en la protesta.
Eloy Cisneros Guillén dijo que “Peña Nieto está abusando del poder desde que lo asumió, por eso hemos exigido que deje el poder, porque no ha sabido gobernar a los mexicanos”.
Demandó un juicio político popular contra el presidente de la República.
En la movilización por la mañana apareció el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Acapulco, Isaías Arellano, quien dijo que las “reformas estructurales” laceraron al pueblo y su economía.
Dijo que a pesar de que el PRD votó en contra del aumento a la gasolina, los diputados que estuvieron a favor de las reformas estructurales y el Pacto por México, “como un mensaje para reivindicar al partido” no deberían de participar en las próximas contiendas electorales del 2018.
También asistió el regidor del PRD en Acapulco, Amílcar García, quien después de saludar y tomarse algunas fotos se retiró del lugar.
Casi al terminar la movilización también llegaron los secretarios generales del Sindicato del Colegio de Bachilleres, Alfredo Ramírez; de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno, y maestros de bases de las escuelas de nivel medio superior.
En hechos diferentes, militantes del PT y taxistas de la colonia Jardín protestaron en lugares distintos; los primeros estuvieron en la glorieta de la Diana, donde repartieron volantes, y los segundos bloquearon de manera intermitente por tres horas la carretera a Pie de la Cuesta.
Desde las nueve de la mañana hasta pasada la 1 de la tarde, unos 40 integrantes de la Coalición de Transportistas Unidos de la Jardín  y Pie de la Cuesta bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, casi frente al balneario Balcones al Mar.
Los taxistas atravesaron sus vehículos de la ruta Centro-Jardín-Pie de la Cuesta para evitar el paso, y los movieron en diferentes ocasiones para abrir el paso intermitente por esa vía de comunicación que va hacía Pie de la Cuesta.
Los conductores mostraron cartulinas en las que se leía “no a la reforma energética Peña Nieto”, “no quiero pagar 60 pesos el kilo de frijol”.
También pidieron un subsidio para la compra de gasolina. “Estamos exigiendo que nos den un vale (de gasolina), lo que ganamos ya no nos alcanza, tenemos que pagar el mutual, la cuenta, las placas, y ya no nos quedan ni cien pesos para llevar de comer a nuestras familias”.
Los taxistas expusieron que nadie va a querer pagar 20 pesos de pasaje, porque si no bajan la gasolina tendrán que subir el costo del mismo para que les “salga la cuenta”.
Otro taxista expuso que antes trabajaban con 300 pesos de gasolina en el tanque y ahora le tienen que poner hasta 500 pesos, “estamos hablando de los frijoles, de la tortilla, del maíz, del huevo, todo se va a ir para arriba, pedimos como mexicanos que nos unamos para ver si esto se va para abajo, todas la leyes que están aprobando, no va a dar para la cuenta ni para comer, paro nacional, la gente que gana 80 pesos qué va a comer, que se ponga en los zapatos de nosotros el presidente”.
En la glorieta de la Diana, a las 10 de la mañana, unos 80 militantes del PT, encabezados por integrantes del Comité Estatal y Municipal de ese partido protestaron en contra del aumento del costo de la gasolina.
Repartieron volantes a los automovilistas y peatones que pasaron por la avenida Costera. “No al aumento de la gasolina, el Partido del Trabajo lo advirtió, por ello se opuso siempre a la privatización de Pemex, hoy contrario a lo que se dijo de reducir los precios de la luz, gasolina y diesel, éstos han aumentado. En este 2017 la gasolina se tendrá que pagar a 17.12 y 18.14 pesos. ¡Basta de aumentos! ¡Basta de afectar al consumidor! El PT en defensa de tu economía, no al aumento de la gasolina”, decían los volantes.

Chilpancingo

En Chilpancingo, unas 30 personas, principalmente militantes de Morena, se reunieron en el parque Bicentenario a un lado de la gasolinera conocida como “del DIF”, donde protestaron con pancartas en rechazo al incremento de la gasolina; en el transcurso de la de tres horas se sumaron unas 120 personas.
Al lugar llegaron maestros integrantes de la CETEG, del PRD y ex alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Los manifestantes realizaron pintas en los medallones de los vehículos particulares y del transporte público en rechazo al gasolinazo; en su paso por la gasolinera los choferes manifestaron su apoyo a la protesta.
Los integrantes de Morena exhibieron el muro de la ignominia en la que están las fotografías, nombres y partidos de los legisladores que votaron a favor la reforma energética, el enlace distrital nacional de Morena, Iván Hernández, insistió en que el PRD, PAN y PRI deben asumir su responsabilidad por el gasolinazo ya que fueron los partidos que firmaron el Pacto por México.
También lamentó la apatía de los ciudadanos que no asistieron a la protesta, y convocó a realizar manifestaciones pacíficas de resistencia; principalmente se refirió a los transportistas.
El representante de Morena apuntó que lo que su partido propone es la construcción de refinerías en México para dejar de vender petróleo barato y comprar gasolina cara, pero precisó que para eso deberá darse antes un cambio importante en la Presidencia de la Republica en el 2018.
A la protesta se sumaron algunos automovilistas que se estacionaron temporalmente, cerca de la gasolinera; también algunos motociclistas y decenas de ciudadanos que pasaban por el lugar se detuvieron a manifestar su preocupación por el incremento a las gasolinas.
Los manifestantes expresaron que “subirá todo, ahora sí nos quieren joder”.
También repartieron volantes a los automovilistas y los convocaban a protestar.
Por su parte, el ex dirigente de Morena y presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García, informó que elaboran un amparo contra la reforma energética, y dijo que será un amparo sencillo para que quienes lo quieran imprimir, firmar y presentar en los juzgados federales puedan hacerlo.
Explicó que el amparo será simple, pues “se violó mi derecho al derogar la fracción primera del artículo 14 de la ley de hidrocarburos,  y con ello se violó el párrafo segundo y tercero del artículo 28 de la Constitución Política, que dice que sólo puede haber precios máximos respecto a bienes que se consideren básicos y de consumo generalizado, cuando la ley considere esas bases,  pero las bases fueron eliminadas por los diputados al anular la fracción primera”.
Dijo que a partir del incremento hay 15 días en los que se pueden presentar los amparos.
Al finalizar la protesta convocaron a una manifestación para hoy a las 10 de la mañana en el mismo lugar.
on un recibo o factura de gasolina para probar que es un consumidor se puede presentar el amparo, explicó Rubén Cayetano.
Adelantó que el amparo lo difundirán en redes sociales a través de correos electrónicos

Costa Chica, Iguala, Tlapa

Mientras que en la Costa Chica, taxistas de los municipio de Copala y San Luis Acatlán protestaron por el mismo motivo y demandaron precios justos para la gasolina.
De las 11 a 11:50 de la mañana unos 20 taxistas de Copala, protestaron en la gasolinera ubicada en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional; con pancartas en mano manifestaron su rechazo al aumento de los combustibles y después se retiraron sin ningún incidente.
Mientras en el municipio de San Luis Acatlán desde la 1:30 de la tarde los taxistas locales del sitio “San Luis Rey” colocaron en los medallones de sus automóviles frases de rechazo, como “no al aumento a la gasolina” y “paro nacional”.
En Iguala también hubo protestas contra el alza del precio de las gasolinas.
Un grupo de académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y representantes del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala realizaron la tarde de ayer pintas en vehículos y realizaron voceo en un carro de sonido en contra del alza a las gasolinas.
Después de la una de la tarde de ayer, y durante poco más de una hora, un grupo de 10 inconformes en contra del alza al precio de las gasolinas llegaron al bulevar Heroico Colegio Militar, frente a las instalaciones del ISSSTE, luego de una convocatoria a través de las redes sociales.
La intención, según informaron los organizadores, era realizar una marcha y protestas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el almacén de Pemex ubicados en esta ciudad, pero ante la falta de convocatoria sólo hicieron pintas en cristales de carros en las que se leía “Fuera Peña”, “No más gasolinazos” y “basta ya de impuestos”.
En Tlapa sectores políticos, transportistas y de la sociedad civil también se manifestaron contra el alza de precio de la gasolina y realizaron pintas en vehículos externando su desacuerdo.
Militantes del Partido del Trabajo (PT) colocaron pegotes en los autos, en que se leía “No al aumento de la gasolina”.
Se concentraron en la entrada y la salida de la ciudad, frente a la tienda Súper Che y en las oficinas de su partido.
El diputado federal del PT, Victoriano Wences Real, informó que la manifestación por el aumento del combustible no se trata de partidos, porque es algo que afecta la economía de todos los mexicanos, por lo que convocó a todos los sectores a inconformarse ante la situación.
Informó que acordaron formar comisiones que irán a las comunidades a informar a las autoridades y a la vez recabar firmas para solicitar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política para que en breve se pueda citar a un periodo extraordinario de sesiones, para tratar el tema de la alza del combustible, que ha generado inconformidad en todo el país.
Expresó que “como diputado federal fuimos responsables y votamos la ley de ingresos, pero en lo particular en la liberación del precio del combustible votamos en contra porque no estábamos a favor y veíamos venir esta situación”.
Agregó que como representante de izquierda ha estado siempre a favor de la causa de la gente más humilde, pero que en el Congreso de la Unión el PRI en alianza con el Verde Ecologista y Nueva Alianza puede pasar cualquier iniciativa del Ejecutivo federal, porque aunque todos los de izquierda votaran en contra no pueden revertir las iniciativas por que no hacen mayoría en el Congreso.
Por otra parte algunos taxis locales como el sitio Abraham Garnelo y el de la ruta Tlapa-Metlatónoc también se inconformaron colocando leyendas en sus carros contra el aumento del combustible.
Durante un recorrido, en una de las gasolineras los trabajadores informaron que ya no había gasolina y que no sabían cuándo habría.

El 2016 fue “muy difícil” pero “debemos seguir adelante” contra la violencia, dice Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que el 2016 fue “muy difícil” por la violencia y “sin duda ha sido nuestro principal problema”, lo que amerita todo su esfuerzo para salir adelante el próximo año.
“Debemos seguir adelante y no dejarnos vencer ni por la maldad ni por la perversidad, ni quienes puedan pensar que no vamos a seguir adelante y les vamos a hacer frente”, dijo.
Este jueves en la sala de la República de la Casa Guerrero, el gobernador entregó un bono de fin de año a 647 trabajadores eventuales del Departamento de Vectores, que pertenecen a la Secretaría de Salud del estado, y en su discurso de tres minutos expuso que está “decidido” a hacer lo que le corresponda para mejorar la seguridad en Guerrero.
En declaraciones posteriores al acto protocolario de entrega del bono, Astudillo Flores enfatizó que el 2016 fue “sin duda” complicado y difícil, por lo que se debe reconocer la situación.
“Estaría yo desubicado si no me diera cuenta de la realidad que ha vivido Guerrero, de las afectaciones, de las muertes violentas, de las extorsiones, y por supuesto es un tema en el que se le debe de seguir entrando con una gran determinación”, expresó.
Señaló que la visita del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, fue muy importante para continuar la lucha contra la inseguridad en el estado.
Insistió en que en Acapulco van a la baja los homicidios dolosos. “Sigo insistiendo, Acapulco a la baja en el tema de homicidios dolosos, aun cuando ayer hubo un acontecimiento con una persona que maneja un autobús, pero Acapulco inicialmente está en condiciones”, sostuvo.

Entrega de bono de fin de año

A medio día de este jueves, el gobernador Héctor Astudillo hizo un reconocimiento, a través de la entrega de bonos, a la labor de los trabajadores de Vectores contratados de manera eventual en la campaña de lucha contra el zika, chikungunya y dengue.
Insistió que con el trabajo y empeño de los trabajadores del programa de vectores se le dio “una buena batalla” a los mosquitos trasmisores de estas tres enfermedades, y recordó que respondía a la solicitud de los trabajadores de recibir una gratificación a fin de año.
“Las condiciones laborales de ustedes no son como las tienen otros, y entonces decidí autorizar un estímulo como el que se ha hecho hoy nuevamente”, agregó.
Dijo que el bono para 647 empleados se entregaría durante todo el jueves, y que en la Casa Guerrero se hacia de manera simbólica con cuatro trabajadores que pasaron a recibir los cheques.
El dinero entregado suma un total de 3.3 millones de pesos, para los trabajadores que no cuentan con una base en la Secretaría de Salud, y que por ley no les corresponde aguinaldo.
Por su parte el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, puntualizó que se apoyará a las familias de los trabajadores del Departamento de vectores.
Recordó que Guerrero se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional en zika y quinto en chikungunya, por lo que se está trabajando en todo el estado para evitar la propagación de las epidemias.
En el acto protocolario, una de las trabajadoras, Estrella Covarrubias, agradeció el bono otorgado por el gobernador, pues “cumple lo que promete, por segundo año consecutivo nos dan una compensación de fin de año, antes no recibíamos ningún apoyo al trabajo de todo un año, nos proporciona este beneficio y ayuda a nuestras familias, adquirimos un mayor compromiso en nuestro trabajo”.
Al concluir el evento, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, declaró que se le entregó el bono de fin de año a todos los trabajadores “voluntarios” que trabajan con el personal de base.
Sobre el número de contagios, dijo que en esta época tiende a bajar el índice y que ahora Guerrero está en tercer lugar y muy “parejo” con Yucatán.
“Esto no se trata de una campaña temporal, sino permanente, y tendremos que estar insistiendo y seguirán escuchando que se debe de lavar, tirar, voltear y tapar, esta campaña debe de continuar desde los hogares”, agregó.
Dijo que a estas alturas del año se tienen registrados sólo 37 casos de chikugunya, en comparación con el año pasado, cuando había mil 600 casos.
Informó que el próximo año la Secretaría de Salud ejercerá más de 5 mil millones de pesos.
Sobre la licitación para la construcción del Hospital de Tecpan de Galeana, de 30 millones de pesos, dijo que ya fue aprobada, y que para el Hospital de Arcelia se dieron a conocer las compañías constructoras.
Respecto a la falta de medicamentos en algunos hospitales dijo que se está trabajando con los directivos de las jurisdicciones para proporcionar una atención adecuada.
“Cuando hay ese tipo de llamados los atendemos, y acudimos y proporcionamos toda la información, y si es necesario por falta de algún recurso se tiene que proporcionar el apoyo”, agregó.
El funcionario estatal señaló que en le Hospital del Niño y la Madre de Chilpancingo no hay ningún brote de candidiasis.
“Cuando exista una persona con una infección que requiera aislamiento, son bacterias que afectan a alguien, y evitar que contaminen, se les aísla, esa es la técnica, y si no hay un manejo de los pacientes, por lo que se hizo un llamado de atención a los trabajadores para que se comuniquen cada 8 horas para informar de todo”, explicó.

Investiga la Fiscalía al alcalde de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, informa Olea

El fiscal Xavier Olea Peláez dijo que se investiga al alcalde perredista de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, luego de que fue relacionado por la regidora priista María del Carmen Barrera con el grupo delincuencial de La Familia Michoacana.
Olea Peláez dijo que en su declaración ministerial la regidora afirmó que ella no tiene relación con Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, pero sí tiene familiares, como primos y hermanos, “que son parte de la banda” delincuencial.
Explicó que a ella se le dejó en libertad porque no hay indicios de que tenga nexos con la banda que azota al municipio de San Miguel Totolapan.
En declaraciones por teléfono y luego de las declaraciones hechas por la regidora el miércoles, de que la autodefensa es un grupo armado del alcalde perredista y responde a intereses de La Familia Michoacana, indicó que “sí hay investigaciones y también la Procuraduría –General de la República– tiene que hacer oficiosamente”.
“Estamos llevando a cabo todo esto para tener una certeza o indicios para valorar qué se tiene qué hacer”, dijo Olea Peláez.
De las acusaciones de la autodefensa que afirman que la regidora priista es parte de la banda de Los Tequileros, expresó que “es muy fácil señalarlo, a la señora se le dejó en libertad porque no hay indicio de que tenga nexos con El Tequilero. Y de las entrevistas que se hizo con ellas, tiene parientes con aquel sujeto, precisando que primos y hermanos son parte de la banda de este hombre, pero ella no”.
“No hay ningún dato específico que nos pueda dar la certeza de que ella pudiera estar vinculada directa o indirectamente”, reiteró el fiscal del estado.
También indicó que la dependencia no puede considerar el señalamiento de las autodefensas de que El 50, cómplice de El Tequilero, se llama Mardo y no Álvaro, para tener una “jugada legal”.
“Nosotros no podemos tomar en consideración esas manifestaciones en virtud de que la persona que está detenida se le está vinculando a proceso. Este nos dio su nombre y nos dijo cuál era su participación. Nosotros no lo estamos inventando”, manifestó.
Agregó que “tenemos fotografías, tenemos una investigación que lleva desde enero. Tenemos la certeza de que es El 50”.
Además expresó que dentro de la indagatoria hay documentos que lo acreditan, y preguntó: “¿la autodefensa en qué se basa?”

Investigan caso de
desaparecidos de la UAG

Por otra parte, el fiscal indicó que la dependencia investiga la desaparición de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el administrativo Francisco Javier Ramírez García, de 36 años, y el maestro César Urrutia Guerrero, de 34 años, que desaparecieron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes de la semana pasada.
Abundó que “estamos trabajando con inteligencia para encontrar a los dos, en cualquiera de las formas”.
Se le pidió precisar y respondió que “ojalá los encontráramos vivos”.
Los familiares de Francisco Javier Ramírez convocaron a una marcha hoy por la mañana en la Costera de Acapulco para exigir su aparición.
Del caso de los dos acompañantes desaparecidos que iban con el dirigente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes (CETIG), Juan Mendoza Tapia, César Suárez Cisneros y Ramiro Galindo Salomé, indicó que se les busca en la misma zona donde fue encontrado el cuerpo de Mendoza Tapia y su esposa, en Zumpango del Río, “no te puedo decir más del caso”.
El miércoles familiares de las víctimas exigieron seguir las búsquedas.
Olea Peláez adelantó que las investigaciones en torno a la emboscada ocurrida en la comunidad de Palo Barrenado, Ajuchitlán, se trata de “rencillas familiares” y no de un ataque de un grupo delincuencial.
El miércoles en la sierra del municipio se reportó un enfrentamiento entre hombre armados que dejó dos muertos y dos heridos.
También informó que los nueve hombres detenidos con fusiles AK-47 son parte de una banda delincuencia, pero no quiso abundar. El miércoles, militares y policías estatales detuvieron a los hombres, de los que cinco fingían estar secuestrados.

Las policías locales no están “a la altura de las circunstancias”, admite Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores admitió que hay debilidad en los estados y municipios para enfrentar el problema de la violencia, como lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto, y en el caso de Guerrero aseguró que trabaja para fortalecer a la policía estatal para enfrentar el problema de la violencia, pero le falta presupuesto.
En declaraciones ayer en Acapulco después de la ceremonia de arranque de la operación de seguridad invierno 2016, el gobernador habló brevemente de San Miguel Totolapan.
Dijo que el despliegue de policías en ese municipio continuará “todos los días, todas las horas” para detener al “famoso y tristemente delincuente” Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
El gobernador estuvo ayer en Acapulco para dar el banderazo de salida a la operación de seguridad para visitantes y locales invierno 2016, y acompañado por el alcalde Evodio Velázquez Aguirre inauguró un modulo de la policía en Costa Azul y encabezó la toma de protesta a comités vecinales.
En respuesta a las preguntas parlamentarias con motivo de su cuarto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto respondió a los senadores que el incremento en el número de homicidios registrado en el país es producto de la debilidad institucional de los gobiernos locales.
Al consultar al gobernador sobre la postura del presidente de la República, Astudillo Flores admitió su responsabilidad y dijo que “las policías en los estados no hemos podido ponernos a la altura de las circunstancias, me refiero a tener más policías, más capacitados, con mayores recursos materiales, yo creo que se trata también de oportunidades de empleo, que las escuelas estén abiertas, funcionen, es un todo”.
Sobre lo que ha hecho su gobierno para superar la debilidad de sus policías, Astudillo Flores sostuvo que “se ha tratado de mejorar, de tener policías más acreditados, pero por cuestiones económicas no podemos aumentar como nosotros quisiéramos”.
De los cuatro hombres decapitados y cuyas cabezas fueron dejadas en Llano Largo, reprobó y lamentó el hecho.
A la pregunta de un reportero sobre el aumento de asesinatos en la entidad y de la barbarie, el gobernador indicó que desde hace diez años hay hechos de violencia en la entidad, en los que las víctimas son cercenadas o decapitadas, “son acciones que reflejan el grado de descomposición de quienes están dedicados a estas actividades fuera de la ley”.
Sobre la versión de que una de las cuatro cabezas abandonadas la noche del domingo afuera de la tienda Oxxo que está en el acceso principal del poblado de Llano Largo es parte del cuerpo de un policía federal, el gobernador informó que se han hecho los análisis a las cabezas encontradas y “no hay elementos” para acreditarla, y en caso de que haya alguna relación de las víctimas con los cuerpos de seguridad, federales o militares, ofreció informar oportunamente.
Por la mañana el gobernador acudió al acceso del fraccionamiento Joyas de Brisamar, donde está el entronque entre la avenida Costera y la Escénica, para supervisar que se hubiera despejado la zona para garantizar la fluidez vehicular durante la temporada vacacional de fin de año y evitar el tráfico.
El gobernador explicó que vía el director de Cicaeg, Javier Taja Ramírez, solicitó a la constructora responsable del macrotúnel despejar la zona y suspender los trabajos en esa área para evitar congestionamientos de tráfico; ayer por la mañana el gobernador supervisó la zona por unos minutos.
En declaraciones a los reporteros explicó que las actividades de construcción en el entronque entre la avenida Costera y la Escénica, que es el acceso y salida del macrotúnel, se reanudarán hasta enero para garantizar que haya vialidad en los cuatro carriles, dos en dirección hacia Puerto Marqués y dos en dirección hacia la glorieta de la Diana.
Astudillo Flores abundó que junto con la suspensión de los trabajos se rehabilitó la carretera para mejorar las condiciones del tránsito de turistas y locales durante las vacaciones de fin de año.

El Ejército está en la calle porque los gobiernos locales no mejoran sus policías: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que los gobiernos de los estados y los municipales no han “podido avanzar como tenemos que avanzar” en mejorar sus corporaciones policiacas para enfrentar el problema de la inseguridad, y por ello ha intervenido el Ejército.
También dijo que la disputa entre grupos de la delincuencia no es para molestar o desafiar a las autoridades, sino para “atemorizarse entre sí”, buscando la hegemonía.
De la postura del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que en su visita a Guerrero concluyó que la entidad enfrenta una situación “dramática” por las desapariciones, Astudillo Flores rechazó esa afirmación y dijo que el organismo tiene “un estilo muy especial” de decir las cosas.
“No es dramático, es trágico hay que recordar a los 43. Hay que recordar como con lista en mano en mayo de 2015 entraron (civiles armados) a Chilapa, yo creo que la ONU se equivocó, no es dramático, es trágico lo que ha pasado en Guerrero y no pasó en mi gobierno, eso póngalo por favor”.
Astudillo Flores estuvo en esta ciudad para revisar los avances en las obras de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán, en donde estuvo acompañado del alcalde capitalino, el priista Marco Antonio Leyva Mena, actividad a la que no fueron convocados medios de comunicación.
En declaraciones a reporteros al concluir el recorrido, el gobernador opinó de la postura del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien el jueves expresó que los militares no estudiaron para detener delincuentes, que era el primer interesado en que regresaran a los cuarteles y acusó a los legisladores de no generar un marco jurídico que le dé certeza al actuar del Ejército en las labores de seguridad pública.
Al respecto, Astudillo dijo que el viernes por la noche le expresó al presidente Enrique Peña Nieto su reconocimiento hacia el Ejército y la Marina, por el apoyo que ambas instituciones han brindado a Guerrero en materia de seguridad, aunque no sea eso lo que mandata la Constitución.
“Nosotros entendemos perfectamente que el Ejercito tiene otras tareas establecidas en la propia Constitución, pero también tenemos muy claros y muy reconocidos los apoyos que ha brindado especialmente el Ejército y la Marina, en los tiempos más difíciles, especialmente en algunos estados como Guerrero”.
Explicó que el problema en Guerrero es que los gobiernos municipales y el estado “no hemos podido avanzar como tenemos que avanzar”, por ello el Ejército ha intervenido, a pesar de que no es su competencia, situación que lamentó pero consideró necesaria.
“Yo me pregunto: ¿qué pasaría en un estado como Guerrero si no tuviéramos la ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Marina en Acapulco o Zihuatanejo, donde todos los días ayudan y ayudan mucho?”.
Un reportero le preguntó cuáles eran los municipios que tenían problemas con sus policías y si había riesgo de que la delincuencia estuviera presionando a los alcaldes, pero dijo que los pocos avances de los ayuntamientos en la depuración de sus corporaciones son un problema general.
“Creo que localmente no hemos sido lo suficientemente rápidos para contestar una demanda social que es el tema de seguridad, en el caso de la policía del estado necesitamos nueve mil policías, tenemos tres mil y el problema es que no tenemos dinero para contratar otros tres mil o cinco mil”, expresó.

Guerrero, “caso especial” por la presencia de grupos delictivos “notables”

Del porqué no se ha consolidado el Mando Único o la Policía Única, explicó que no fue posible porque se politizó el tema en el Congreso de la Unión.
Se le preguntó si la politización ha impedido el funcionamiento de las seis estrategias de seguridad que se han aplicado en Guerrero en lo que va de su administración, pero lo negó.
Dijo que en Guerrero “es un caso muy especial”, por la presencia de grupos delictivos “notables”, y pidió observar quiénes son las personas que están siendo asesinadas. Aclaró que si bien no todas están involucradas con la delincuencia, sí “la mayoría”.
“Hay que ver exactamente cuáles son los resultados de las personas que fallecen dolosamente, para tener rápidamente un diagnóstico o más a fondo un diagnóstico, yo no digo que sean todos, esto lo subrayo mucho, por favor no vayan a decir que yo digo que todos, pero yo creo que la gran mayoría está radicado en ese ambiente de las confrontaciones, de las pugnas de la delincuencia organizada”.
–De los últimos hechos de violencia, los muertos aquí en la zona Centro, ¿son un mensaje al gobierno del estado, lo interpreta así? –preguntó un reportero.
–Es un desafío permanente, es un desafío permanente, pero no lo hacen para molestar al gobierno, originalmente no creo que sea eso, lo hacen para atemorizarse entre sí y para que sus pugnas, al final de cuentas, les den hegemonía. Entendiendo la hegemonía como la gran mayoría.
En cuanto a los cuerpos que son inhumados en el Cementerio Forense Estatal, Astudillo dijo que se está haciendo “un acto humano” e insistió en que si se realiza es porque los cadáveres no fueron reconocidos.
“Yo creo que al final de cuentas la ONU viene a dar su opinión, al estilo de ellos y como ustedes comprenderán tienen su estilo, muy especial, y entonces yo lo que creo es que yo tengo que hacer lo que me corresponda a mí, y yo lo que creo es que les dimos un trato digno a estas personas que lamentablemente fallecieron”.
–La ONU dice que es dramático el tema de las desapariciones –se le recordó.
–No es dramático, es trágico hay que recordar a los 43 (normalistas desaparecidos en Iguala), hay que recordar cómo con lista en mano en mayo de 2015 entraron a Chilapa, yo creo que la ONU se equivocó, no es dramático, es trágico lo que ha pasado en Guerrero y no pasó en mi gobierno, eso póngalo por favor.
Un reportero le preguntó de las carencias en los centros de salud, y dijo que es conocido el déficit de la Secretaría de Salud, generado principalmente por “una gran cantidad de trabajadores” sin techo presupuestal.
Sobre los tres agentes federales que fueron asesinados e incinerados en una camioneta en Zihuatanejo, Astudillo informó que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso.
“Es un caso muy especial, al que se le está haciendo una investigación a fondo por principio: dónde estaban, cuándo se los llevaron. El gobierno en este momento no está interviniendo, pero aportaremos”.
Por la tarde, en un comunicado, el gobierno del estado informó que los avances en las obras de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán son de un 90 por ciento, se aseguró que esa vialidad estará lista para el tradicional Paseo del Pendón en su 191 edición, con lo que da inicio la Feria de San Mateo Navidad y Año Nuevo el próximo domingo.
Astudillo Flores adelantó que el inicio de los trabajos de la obra del puente vehicular de la colonia Tatagildo podrían iniciar el 26 o 27 de diciembre, y también que se construirán parques lineales para Chilpancingo, sobre el río Huacapa.
Además confirmó la instalación de cinco nuevas Bases Operativas Mixtas (BOM) en Chilpancingo.

Equiparar en la ley el delito de extorsión con el de secuestro, demandan empresarios a diputados

Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guerrero solicitaron a diputados del Congreso legislar para que el delito de extorsión se equipare al de secuestro, crear un fondo de apoyo para las víctimas del delito, y que exhorten al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o al subsecretario de esa misma dependencia, René Juárez Cisneros, a instalar una mesa de trabajo para atender la situación de este sector.
Ayer a las 9:30 de la mañana en la Sala José Bajos Valverde, en la sede del Legislativo, empresarios y comerciantes de la Canaco en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Costa Grande se reunieron con diputados que integran la Comisión de Seguridad, presidida por el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, e integrada por los priistas Cuauhtémoc Salgado Romero y Víctor Manuel Martínez Toledo, y el diputado del PVEM, Mauricio Legarreta Martínez.
El primero en intervenir fue el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, a la que están agrupadas las delegaciones de la Canaco en la entidad, el panista Alejandro Martínez Sidney, quien explicó que el mayor problema al que se enfrenta ese sector es la extorsión, delito que, aseguró, ha crecido de manera exorbitante e impensable.
Indicó que quienes cobran el llamado “derecho de piso” son “delincuentes invisibles” o “anónimos”, y lamentó que todos los días “están atacando, asesinando, destruyendo la actividad económica de muchas familias que por años levantaron un patrimonio”.
Martínez Sidney informó que en lo que va de 2016 han cerrado 2 mil 500 comercios sólo en Acapulco, de los que poco más del 60 por ciento lo hicieron porque eran víctimas de extorsión.
“Venimos a exigirles solución, a exigirles que en este momento sean solidarios con el comercio, que sean ustedes quienes encabecen, que sean punta de lanza para exigir al gobernador (Héctor Astudillo Flores), a los alcaldes y al presidente de la República (Enrique Peña Nieto) que ya le den solución a un problema que está quebrantando la economía de Guerrero”, demandó.
Indicó que mientras no se legisle a favor de los comerciantes ningún operativo de seguridad funcionará para erradicar a los grupos delictivos que están hostigando a este sector.
Por ello pidió a los diputados promover las reformas correspondientes para que la extorsión se equipare al secuestro y sea considerado un delito grave, al considerar que tienen el mismo impacto en las personas que sufren de este delito.
“Son de la misma magnitud, claro que actúan diferente, pero destruye a la familia, termina con el patrimonio y el trabajo de muchos años, todo eso se lo debes entregar a los delincuentes. Ya estamos cansados de ver cómo comercio tras comercio va cerrando”, expresó.
En su intervención, el representante de la Canaco en la Costa Grande, Marco Antonio Moreno, dijo que esa región no se salva de la situación a la que se enfrenta Acapulco, e incluso comentó que cuando los delincuentes ya no tienen a quién extorsionar en un municipio, se van a otro.
“Estamos en el mismo reclamo, exigimos respeto, este sistema de gobierno a consideración de nosotros es fallido y les pedimos a ustedes como generadores de leyes que realmente hagan su chamba, de hacer leyes severas que castiguen a este tipo de delincuentes y que las ejerzan, las apliquen”, dijo.
Señaló que en Atoyac, ante la falta de alumbrado público los asaltos se han incrementado, por ello reclamó que en esa zona se intensifiquen los operativos, pero “que en verdad funcionen”, porque dijo que en lugar de que “se acabe” con los delincuentes éstos están aumentando.
“El gobernador habla de orden y paz, pero ¿qué paz?, porque el nivel de delincuencia crece cada día, somos famosos a nivel internacional, todos en el mundo conocen la situación de Guerrero”, sostuvo.

Es conocida la “mezcolanza” de autoridades con el crimen

En tanto, el presidente del Con-sejo Empresarial de Zihuata-nejo-Ixtapa (CEZI), Ricardo Sotelo Luna, dijo que la reunión de ayer comenzó al revés, pues primero debieron escuchar las propuestas de los diputados para atender la situación de los comerciantes y empresarios, ya que sus demandas han sido públicas.
En su intervención dijo que es de todos conocida “la mezcolanza” de las autoridades municipales con la delincuencia organizada, y aseguró que el ayuntamiento de Zihuatanejo no está exento de esa situación.
Comentó que los comerciantes y empresarios de Zihuatanejo se han reunido en dos ocasiones con el gobernador, Héctor Astudillo, pero denunció que lo único que obtuvieron fue “demagogia”, además del comentario del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, quien los acusó de ser exagerados.
Recordó que en reiteradas ocasiones las autoridades han pedido a los empresarios que presenten denuncias, pero dijo que si no lo hacen es porque el Ministerio Público está coludido con la delincuencia.
“Nos están matando a la gente. Zihuatanejo dicen que forma parte del Triángulo del Sol, pero yo digo que ya se convirtió en el Triángulo de las Bermudas, todo esto es preocupante porque nos están matando a la gente”.
El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del puerto de Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, demandó a los diputados su apoyo para exhortar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o al subsecretario René Juárez Cisneros, a que instalen una mesa de trabajo con empresarios guerrerenses para encontrar soluciones a los problemas que este sector enfrenta.
Explicó que cuando las autoridades presumen que hay una ocupación hotelera casi del cien por ciento, no dicen que eso ocurre por uno o dos días, y sólo por temporadas, lo que no es suficiente para lograr estabilidad económica.
También pidió la creación de un fondo para la atención a víctimas del delito, porque muchos han perdido su patrimonio por las presiones que sufren de la delincuencia organizada, dejando en el desamparo a miles de familias guerrerenses.
“Esto es muy necesario porque en Guerrero patrimonios y familias están en quiebra, pido que se analice crear este fondo especial, porque realmente duele ver cómo patrimonios de toda una vida se van en un día, es importante atender esto”.
Además demandó que los policías que no están acreditados sean dados de baja, y para ello pidió a los diputados destinar recursos suficientes a los municipios para que puedan depurar a sus corporaciones.

Propuesta de prisión preventiva

En su intervención el presidente de la Comisión de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano ya presentó una iniciativa en la que plantea que el delito de extorsión amerite prisión preventiva, a fin de que cuando haya detenidos éstos no recuperen su libertad, porque se pone en riesgo a la sociedad y además se genera desconfianza hacia las autoridades, inhibiendo también la denuncia.
“Lo que pasa con el nuevo sistema penal es que en mala hora decidieron que ya no es un delito que amerita prisión preventiva, ahora lo que pasa es que si se detiene un extorsionador éste enfrenta el proceso en libertad y se genera más impunidad”, dijo.
Explicó que si bien ese partido está trabajando para que su iniciativa sea aprobada, dijo que es necesario hacer lo mismo desde afuera, por ello pidió a los presentes que presionen al Legislativo a resolver el tema.
Explicó que ese partido también ha demandado la certificación de todas las corporaciones policiacas, además de que ha propuesto por segunda vez una iniciativa para legalizar la producción de la amapola con fines medicinales, como una alternativa para resolver el problema de inseguridad y violencia que padece la entidad.
En tanto, el diputado del PRI, Cuauhtémoc Salgado, expresó que en reuniones que ha sostenido con autoridades policiacas éstas han pedido que se endurezcan las penas en contra de los criminales porque de nada sirve que detengan a un delincuente hasta en cuatro ocasiones si un juez les deja en libertad sólo porque no incurrieron en un delito grave.
Aclaró que no es un tema que sólo le competa al Legislativo, sino que incluye también a la FGE, al Tribunal Superior de Justicia y a las propias comisiones de derechos humanos, de las que dijo su problema es que “defienden a los delincuentes”
“Lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo para endurecer las penas y en realidad se limite y reduzca este delito que está afectando (…) No quiero convertirme en un vocero del Ejecutivo, pero veo el interés para resolver este problema que hay, pero el titular se está enfrentando a herencias y lleva un año de gobierno y estas herencias siguen perjudicando”, expresó.
Los empresarios se comprometieron a respaldar las iniciativas que hay en el Congreso para atender el problema de inseguridad, pidieron a los diputados analizar los planteamientos que hicieron en el encuentro y ambas partes se comprometieron a celebrar una segunda reunión para darle seguimiento a estos acuerdos.

Faltan reformas a leyes locales para tipificar como delito la violencia política contra mujeres


La directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Paula Adriana Soto Maldonado, señaló que el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres no sirve de nada si no se modifican las leyes que rigen los procesos electorales en el país, para que se tipifique como delito electoral la violencia política hacia la mujer.
Durante su participación en el panel Aplicación desde los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES) del Protocolo de Violencia Política contra las Mujeres, como parte del foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), dijo si no hay leyes que regulen la violencia política el Protocolo solo será un papel que no erradicará el problema.
El Protocolo es un iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Instituto Nacional Electoral (INE), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
El Protocolo “pretende orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la aplicación de las obligaciones internacionales así como dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia, tratar de responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia, así mismo responde a le necesidad de contar con lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas”.
Soto Maldonado dijo “no creo que el Protocolo sea un instrumento efectivo ni eficiente para la atención de la violencia política porque no tenemos marco normativo, porque no tenemos ley y si no tenemos ley que nos faculte a las instituciones que nos dé dientes, que nos digan cómo lo tenemos que atender, qué tenemos que entender por violencia política. Puedo yo tener el mejor librito como Protocolo de Atención” pero no se puede hacer absolutamente nada.
Llamó a modificar las leyes federales y estatales para que se tipifique como delito la violencia política de género
Sugirió que desde la sociedad se trabaje en una iniciativa para modificar la ley de Atención a vida libre de violencia a las mujeres para incluir el término de violencia política. Otra legislación que debe adecuarse es la ley electoral y las ley de sanciones para castigar la violencia política de género.
La directora de Participación Social y Política del Inmujeres dijo que se debe tener claro que la paridad política “no es un tema, es un derecho” de las mujeres y recomendó que cuando escuchen a un político hombre o mujer utilizar la palabra “tema” para referirse a la paridad entre hombre y mujer que le chiflen o lo abucheen para que entienda que se trata de un derecho.
También criticó que se cuestione el acceso a la representación popular de las mujeres por la vía de cercanía a grupos de poder o políticos porque esa es una práctica que siempre ha existido y en los hombre no se cuestiona que sea el compadre, tío, amigo, sobrino, ahijado de otro político y que eso le haya permitido acceder a un cargo de poder pero a las mujeres se les critica, lo que se convierte en violencia política de género.
Sugirió que se les haga notar a los gobernantes que “no hay temas de la mujer” sino que todo lo que ocurre en la vida política y social son temas de la mujer porque tiene la misma capacidad que el hombre.

Casos de Guerrero

La diputada Yuridia Melchor Sánchez informó que en el Congreso local hay dos iniciativas “en la congeladora” desde marzo para incluir la violencia política de género como un delito en la Ley de Acceso a una vida libre de violencia, pero sigue en análisis sin que se dictamine sobre las mismas.
Indicó que al Congreso han llegado tres casos de violencia política hacia las mujeres: uno es el de la alcaldesa de Martir de Cuilapan (Apango) Felicitas Muñiz Gómez, otro es el de la alcaldesa de Florencio Villarreal (Cruz Grande), Emisel Molina y la síndica de Xochihuehuetlán, María Lucía Balbuena Rivera, pero hay mas casos porque los alcaldes no ven a las ediles como sus pares y les limitan los recursos a las mujeres que fueron electas como síndicas en las planillas de ayuntamientos.
En el panel también estaba invitada la alcaldesa de San Pedro Chenalhó, Chiapas Rosa Pérez Pérez, que se ha convertido como el referente nacional de la violencia política de género, pero no acudió porque la noche del miércoles le llamaron para seguir con las negociaciones para que ejerza el cargo de presidenta municipal.
En su lugar acudió Margarita Gutiérrez Romero, quien relató el conflicto que se vive en San Pedro Chenalhó porque es la primera vez que una mujer asume el cargo de alcaldesa.

Liberan a Crisóforo Nava; paga una fianza de 54 mil pesos por el delito de despojo

 

El ex presidente municipal de Mártir de Cuilapan (Apango) y actual dirigente del Partido del Trabajo (PT), Crisóforo Nava Barrios, salió libre la madrugada de este martes después de que sus familiares pagaron una fianza de 54 mil pesos por el delito de despojo, por el que estaba siendo procesado.
Nava Barrios es acusado por la presidenta municipal, Felícitas Muñiz Gómez, de instigar en su contra junto con otros nueve dirigentes de ese municipio el movimiento para que sea destituida.
La excarcelación ocurrió en sigilo, sin que sus familiares y los dirigentes del movimiento opositor a la presidenta municipal Muñiz Gómez emitieran declaraciones al respecto, pero fuentes cercanas a la familia confirmaron que salió libre entre la una y las dos de la madrugada de este martes. Fuentes del segundo juzgado de lo penal informaron que la fianza pagada fue de 54 mil pesos
Nava Barrios enfrentará, sin embargo, cuando menos otras tres causas penales por otros delitos, aunque lo hará en libertad.
El lunes, fuentes del Juzgado Cuarto de lo Penal de esta capital informaron que Nava Barrios está acusado de cuatro delitos en agravio del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan y que su situación jurídica se definiría el jueves.
La fuente informó que los delitos de los que lo acusan son rebelión, sabotaje, ataques a la paz pública y motín, que están integradas a la causa penal 45-2016.
Fuentes cercanas a la familia también informaron que la presidenta municipal Felícitas Muñiz está empeñada en mantenerlo preso y que ha presentado cuando menos otras dos acusaciones en su contra en el Juzgado Mixto de Tixtla, por los delitos de lesiones, daños y ataques a las vías de comunicación derivados de los hechos del 30 de septiembre del año pasado, cuando los ciudadanos de la cabecera municipal y de varias comunidades intentaron impedir la toma de protesta de la alcaldesa.
También el lunes, el vicefiscal de Investigación, José Antonio Bonilla Uribe, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) integra “cuatro o cinco” carpetas de investigación por los hechos del pasado domingo 7 de agosto en Apango, cuando un grupo de ciudadanos participaron en una marcha y entraron a una casa de la presidenta municipal, en donde realizaron saqueos y destrozos. Después incendiaron una camioneta propiedad del Ayuntamiento en el zócalo de la cabecera municipal.
Sin embargo la presidenta municipal informó el mismo lunes en conferencia de prensa que presentó la denuncia en contra de 10 dirigentes del movimiento que pide la revocación de su mandato.
El ex alcalde Nava Barrios fue detenido la madrugada del miércoles de la semana pasada por policías ministeriales que entraron violentamente a su casa ubicada en el zócalo de Apango.
Los agentes, quienes llegaron en siete camionetas sin logotipos de la Policía Ministerial, encañonaron a la familia del dirigente político y después lo sacaron violentamente, contaron testigos.
Mientras tanto, en Apango se mantiene el plantón afuera del Palacio Municipal, en espera de que se cumpla el acuerdo que tuvieron los dirigentes con el gobernador Héctor Astudillo Flores el jueves de la semana pasada, en el sentido de que acudiría una comisión de diputados para atender las denuncias de corrupción y nepotismo en contra de Muñiz Gómez.

Podría salir libre; el abuso infantil no es delito grave, según el Código penal

 

Según lo establecido por el Código de Procedimientos Penales para el estado en su artículo 70, ni la corrupción ni el abuso sexual contra menores de edad son delitos graves, por lo que quienes incurran en esas faltas podrán recuperar su libertad pagando fianza.
En tanto, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, explicó que la pederastia no está prevista en el Código Penal del Estado de Guerrero.
Bajo estos criterios es que el canadiense Walter Suk, de 68 años, quien fue detenido el domingo por besar y manosear a dos niñas en la Costera, podría recuperar su libertad.
El Código de Procedimientos Penales establece como delitos graves el homicidio, el feminicidio, homicidio y lesiones culposos, secuestro, asalto contra un poblado, violación, robo, abigeato, extorsión, ataque a los medios de transporte, la rebelión, el terrorismo y el sabotaje.
También el despojo, delitos contra la formación de las personas menores de edad y la protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho y a la pornografía con utilización de imágenes y/o voz de menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho; uso indebido de información sobre actividades de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y del sistema penitenciario; contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos; y evasión de presos.
Tras la detención del canadiense, el lunes en su cuenta de Facebook el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Robespierre Robles Hurtado, hizo una publicación en la que planteó reclasificar ciertos delitos a través de la Comisión de Justicia del Congreso.
“El abuso de menores debería ser delito súper grave (ellos no se pueden defender y cuando el padre no lo hace debe ser la representación social), valdría la pena revisar nuestro Código penal y agregar la pedofilia y el asesinato por homofobia (como agravante), la extorsión (o derecho de piso), y un sin fin de acciones delictivas que se deberían reclasificar, esto como parte de una estrategia integral de seguridad.
Promoveremos una reunión con la comisión de Justicia de la cámara de Diputados para estos efectos”, se lee en su publicación.
Consultado vía telefónica, Xavier Olea dijo que una reforma al Código Penal o al Código de Procedimientos Penales del estado no serviría de nada.
Explicó que a partir del 18 de junio de 2016, con la entrada del nuevo sistema penal acusatorio, prevalecerá el Código Nacional de Procedimientos Penales y éste tampoco clasifica como delitos graves ni la corrupción ni el abuso contra menores.
Además recordó que en el ámbito local no hay nada relacionado a la pedofilia (atracción sexual de un adulto hacia los niños sin que exista un abuso) ni a la pederastia (práctica sexual con niños).
“El delito (del canadiense) sí es grave, quiero que se entienda, es muy grave y está involucrada una menor, pero el código de procedimientos penales no lo establece así”, indicó.
Por ello, dijo que la Fiscalía ha solicitado al juez correspondiente que no deje en libertad a Walter Suk porque “se puede sustraer de la justicia” intentando regresar a su país, además solicitaron que le sea retenido su pasaporte para que en caso de recuperar su libertad no pueda abandonar México, por lo menos hasta que concluya todo el proceso.