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El delegado de la Cdi excluyó a Alcozauca de su plan de obras, denuncia el alcalde

El presidente municipal priista de Alcozauca, Nicolás Diego Herrera, dijo que el delegado en Guerrero de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona Omaña, asigna las obras a discreción y a camaradas suyos, dejando de lado a los municipios indígenas marginados.

Nicolás Diego explicó que sus señalamientos son porque en días pasados en una reunión en esta ciudad, el delegado de la Cdi les dijo que por el recorte del presupuesto habría afectaciones generales a los municipios, y “se entiende que pueden quedar fuera algunas obras, pero Alcozauca quedó fuera de todo”, se quejó.
Dijo que le pidió explicaciones al delegado sobre la exclusión de Alcozauca  en las obras, pero no las recibió y el funcionario sólo le dijo que buscara el próximo año.
Mencionó que su municipio es mayoritariamente indígena na savi, tiene un grado de marginación elevado y las obras de las que entregó en tiempo los expedientes técnicos eran para agua, drenaje y electrificación, principalmente, y ascendían a más de 35 millones de pesos, “tenemos la firma de que se recibieron y no hubo observaciones”.
Lamentó la política federal, porque “ellos nos dijeron que fuéramos a las comunidades y recuperáramos el sentir y necesidades, y ahora nos dejaron fuera, ya no se hará nada con recursos de la Cdi  en San Miguel el Grande, Zoyatlán, Xochapa, Xonacatlán, Lomazoyatl y Nuevo Zaragoza”.
El alcalde dijo que a la región sólo le dan migajas del presupuesto y no conformes con eso, “entregan los recursos de manera tendenciosa, a los camaradas, o quieren que les hagan la barba” y no toman en cuenta los indicadores, la realidad de los municipios, que no conocen porque no salen de su oficina.
Pidió que se revise el comportamiento de Licona Omaña, “quien no es de Guerrero, es de Hidalgo, habrá que investigar si los recursos no se fueron para allá”.
Dijo que expresó su inconformidad porque de los municipios citados el excluido fue Alcozauca, “no sé si los demás presidentes de la región tengan la misma opinión, pero yo no me voy a quedar callado porque la Cdi no está cumpliendo con los pueblos indígenas y se ve la inequidad”, enfatizó.
El edil dio la información al concluir la reunión de ayuntamientos de la Montaña convocada por la coordinación regional de la Secretaría de Planeación y Desarrollo  Regional para integrar el Programa de Desarrollo Regional de la Montaña.

Denuncia trabas en el INE?para obtener su credencial

El dirigente de la Unión de Pueblos Comunales de Acapulco, Benigno Carmona Elacio, se quejó del servicio en el módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicado en la Garita, porque primero le dijeron que le aceptarían una carta de radicación para el trámite de su credencial y al momento de entregar los documentos no se la aceptaron.
Dijo que le exigieron llevar dos testigos que confirmen su lugar de residencia, y expuso que ese es un gasto que no pueden hacer quienes viven en comunidades rurales del municipio.
En una llamada a El Sur, Carmona reprochó que el INE invite a los ciudadanos a renovar la credencial de elector y cuando llegan a los módulos de atención les pongan trabas.
“Mucha gente está sufriendo para hacer el trámite, vienen des-de lejos y les dicen que sus documentos no están bien o no se los aceptan , eso cuesta”, se quejó.
Explicó que llegó al módulo de la Garita y en lugar de comprobante de domicilio presentó una carta de radicación emitida por el comisario de Apanhuac, donde vive, y quien lo atendió al llegar le dijo que era válida.
Sin embargo, ya cuando entregó los documentos le dijeron que debía llevar dos testigos que vivan en el mismo pueblo y eso “implica gastar en pasaje y comida para que vengan”, reprochó, y pidió que haya más información o facilidades en algunos casos.

Solicitó a la PGR informes del avance de su denuncia, dice Leyva Mena

 

El alcalde priísta Marco Antonio Leyva Mena informó que solicitó por escrito a la Procuraduría General de la República (PGR), que se le entreguen los avances de la investigación de la denuncia que hizo en enero, por amenazas del crimen organizado.
Leyva Mena fue consultado al término del anuncio del Festival Cultural de Otoño, donde no estuvo invitado El Sur, y se anunció una inversión de un millón de pesos, por parte del municipio para la organización.
Se le preguntó sobre la denuncia que hizo en la PGR por amenazas que recibió en enero, esto después de que asesinaran al alcalde perredista de Ciudad Altamirano, Ambrosio Soto Duarte, quien también había sido extorsionado por el crimen organizado.
Dijo que los avances de las investigaciones las pidió por escrito este miércoles, y que esperará la respuesta.
Sobre el reforzamiento de su seguridad y la de su familia, que declaró el domingo, dijo que lo va a analizar, porque teniendo este tipo de cargos se corre el riesgo.
Sin embargo, dijo que se debe atender a los ciudadanos, implementando programas, reforzando la seguridad en los barrios y colonias.
Se le preguntó si con la detención de Quitze Amauri Salgado Medina, presunto encargado de la logística para la distribución y trasiego de heroína hacia Estados Unidos del Cártel de la Sierra, y que coordinaba actividades ilícitas en municipios como Chilpancingo, teme que haya reacciones violentas en la ciudad, sólo respondió que las autoridades federales encargadas “están haciendo su chamba”, con quienes están coordinados.
“Nosotros vamos en el alineamiento federal y estatal sobre esos temas”.
Sobre las declaraciones del presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Celestino Cesáreo Guzmán, de pedir la renuncia del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, por la falta de resultados en seguridad, dijo que no se debe politizar y partidizar el tema.
“El PRD tuvo su momento histórico, y creo que de alguna manera tiene que haber una revisión de este tipo de temas, y el huevo de la serpiente estuvo puesto en los pasados años”, concluyó.

El alcalde de Altamirano denuncia nuevas amenazas de muerte

El alcalde de Pungarabato (Ciudad Altamirano), Ambrosio Soto Duarte, denunció que nuevamente fue amenazado de muerte y que los agresores le dijeron que aprovecharán la disminución de seguridad del gobierno federal en la ciudad para asesinarlo.
En una conferencia de prensa, el presidente municipal perredista dijo que recibió un mensaje telefónico, el cual mostró, en el que le advierten que será asesinado en este tiempo de clausuras escolares, y consideró que el asesinato de su chofer y primo -la madrugada del martes- es una advertencia de la delincuencia organizada a su trabajo.
“Nosotros queremos sumarnos a la petición que hizo el gobernador en el gobierno federal para que regrese la Policía Federal a la Tierra Caliente, están sucediendo eventos preocupantes, complicados, que vale la pena que el gobierno federal regresé a ver a la Tierra Caliente”, dijo el alcalde.
Soto Duarte expresó que es urgente que el gobierno federal regrese la seguridad a este municipio, luego de la salida de la Policía Federal hace un mes y de la Gendarmería hace tres meses, porque la población está harta de la ola de violencia.
Afirmó que él estaría dispuesto a encabezar un movimiento de autodefensa con los ganaderos que ya se están armando para defenderse del robo de ganado.
“Quiero hacerlo público y ya lo hice del conocimiento del gobierno federal y de la estatal, que me llegó este mensaje, el cual se lee: señor presidente tengo a bien avisarle que han dado la orden de matarlo en este tiempo de clausuras y aprovechando que usted no trae mucha seguridad tenga cuidado porque ya pueden tener días siguiéndolo”.
El presidente municipal se reservó el nombre y la forma en la que recibió ese mensaje.
“El gobernador nos preguntó cuál sería la mejor obra para la Tierra Caliente, Yo creo que las cámaras de vigilancia”, indicó.
Argumentó que el motivo de esto es porque apoya a quienes denuncian el abigeato.
“Nosotros hemos puesto vigilancia personal en el rastro para la comercialización y sacrificio del ganado, le cerraron las puertas en Michoacán, no pueden salir por allá y la estrategia que trae el gobierno del estado es en el mismo sentido, entonces creemos que el siguiente punto para ellos sería traer todo esto a Altamirano, desafortunadamente hay tablajeros que algunos se están prestando para poder vender carne robada y ganado robado y está promoviendo el abigeato”, expuso.
“La estrategia de herir de muerte al presidente de la ganadera; la estrategia de matar a una persona cercana al presidente de Coyuca; la estrategia de secuestrar al director de tránsito de Cutzamala y sobre todo el homicidio de mi chofer, son situaciones que muestran la presión hacia nosotros, porque quieren las puertas abiertas para hacer lo que quieran”, denunció el alcalde.
Dijo que a ellos también les afecta el operativo que se inició en Altamirano contra las motos sin placas, sin licencia y sin casco, y dijo que no lo van a aflojar porque “no queremos halcones, ni delincuentes con motos robadas, yo le pido la comprensión a la ciudadanía y que sepa que el operativo contra las motos no es contra la gente buena, es contra ellos, contra el 90 o 99 por ciento de los halcones que llegan Altamirano con motos robadas y sin licencia”, aseguró.
Sin embargo este operativo ha sido solamente para infraccionar a la gente.
Se estima que las ganancias en Pungarabato rebasan los 50 mil pesos  ya en infracciones, en menos de una semana, pero el presidente municipal dijo que se trata de un operativo en el cual están siendo acompañados por una patrulla de la Policía Federal.
“Yo le estoy haciendo el llamado al gobernador para que nos apoye y al gobierno federal, porque urge que regrese la seguridad a Tierra Caliente y que actúe el gobierno federal para poder meter a la cárcel, a donde deben de estar las personas que hayan hecho tanto daño a esta región; tenemos pruebas de que están haciendo el padrón de comerciantes local por local, tenemos fotos porque el batallón y los militares les habían quitado en Tacupa la lista de los comerciantes, y ahora nuevamente están haciendo el padrón para extorsionar con la cuota anual a final de año”, señaló en referencia a la delincuencia.
Dijo que no se va a prestar a eso y que va a hacer la denuncia de la gente de la delincuencia ya investigando para hacer esos cobros.
Aseguró que ya hizo la denuncia formal en la PGR de estos casos, “La Tierra Caliente, Altamirano ya está hasta la madre de esto”, expresó.
Acerca de un levantamiento ciudadano dijo que “es nuestro plan B, hemos hablado con algunos ganaderos que están registrando sus armas, están listos para defenderse porque ya no aguantan más”, y puntualizó su postura acerca de encabezar este movimiento.
“Estoy dispuesto a lo que sea con tal de terminar con estas lacras que están afectado la sociedad, incluyendo a mi familia”, dijo.
Aun así reiteró que no renunciará y que no está considerando dejar la presidencia municipal, pues sería dar un paso atrás.
El alcalde de Pungarabato, de extracción perredista, denunció en noviembre del 2015, ante la dirigencia nacional del PRD, los intentos de extorsión de la delincuencia organizada, que le cerraron sus tres refaccionarias con amenazas, y le pedían dinero del erario.
En aquellas fechas vino un fuerte operativo federal con 500 efectivos, entre federales y gendarmes. En ese periodo secuestraron al esposo de la síndica, que terminó por pedir licencia definitiva. En tres ocasiones el alcalde ha denunciado amenazas de muerte.
El operativo Tierra Caliente, se disolvió poco a poco en los primeros cuatro meses del año, y el pasado mes se retiró el 90 por ciento de la Policía Federal de la región.

El alcalde vende el fertilizante y se lo niega a perredistas de Ahuacuotzingo, denuncian

 

La ex candidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Glorinda Casarrubias Nava, denunció que a cerca de 2 mil pobladores que se encuentran inscritos en el padrón no les han entregado el fertilizante gratuito que anunció el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Acusó que el alcalde panista Gerzaín Hernández Casarrubias está vendiendo el fertilizante y ya entregó más de 2 mil paquetes incluso a pobladores que no están en el padrón.
Unos 10 pobladores acompañados de la ex candidata a la alcaldía, de las localidades de Chitopontla, Tlalixtac, Xocoyotzintla, Ajuatetla, Rincón Peñitas, Santa Catarina y Oxtoyahualco denunciaron en conferencia de prensa que no les ha sido entregado el fertilizante, y que a más tardar en ocho días tienen que ponérselo a las milpas.
Los campesinos portaron pancartas en las que se leía: “Exigimos la entrega de fertilizante gratuito ¡ya! ¡soluci dando el fertilizante , que tan solo los que son seguidores del PRD son 2 mil a quienes no se les ha dado.i ya se los hubieran ón!”, “lucran con el fertilizante, $450 + $450=$900”, “En Ahuacuotzingo politizan el fertilizante y lo cobran”, “En Ahuacuotzingo engañan al gobernador ¡no entregan el fertilizante!”
Glorinda Casarrubias hizo un llamado al gobernador, pues dijo que Ahuacuotzingo y sus localidades están “sufriendo” porque el alcalde sólo está entregando fertilizante “a su pura gente”, que incluso no están inscritos en el padrón.
Dijo que los campesinos que apoyan a otros partidos políticos no les está dando el apoyo, y que entre los seguidores del PRD son 2 mil a quienes no se les ha dado.
Refirió que el alcalde ha entregado cerca de 2 mil 500 paquetes de fertilizante e hizo una depuración de beneficiarios.
“Hago un llamado a todos los demás ex candidatos (a la alcaldía), que el tiempo de elecciones ya pasó, que hay que preocuparse por todos nuestros campesinos, por todos los que siembran en su tierra, que ya es importante que ellos lo tuvieran en sus manos porque la milpa ya está saliendo, en unos ocho días ya tienen que abonar y de dónde agarran el abono”, manifestó.
Detalló que en comunidades donde ya se les entregó, les cobraron 450 pesos por paquete y cada campesino recibió dos paquetes, es decir fueron 900 pesos.
Señaló que en el caso de campesinos que no son seguidores del alcalde Gerzaín Hernández, el director de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) municipal y también hermano del alcalde, Daniel Hernández Casarrubias, les dijo que firmaran un recibo y si no, no les darían el fertilizante, sin embargo no se los han dado, y ese recibo es como si ya se los hubieran dado, explicó Glorinda Casarrubias.
Los campesinos reprocharon que ellos saben que el apoyo del fertilizante es gratuito, como lo anunció el gobernador, e incluso se los vendieron hasta a los seguidores del PAN.
La ex candidata advirtió que dan ocho días para que les hagan entrega, y si no se los dan tomarán otras medidas, como la toma de los camiones del fertilizante.
Añadió que ha estado llamándole al secretario particular del alcalde, Benedicto Melchor, para solicitar audiencia con él, pero dijo que nunca tiene tiempo o no está.

La secretaria de la Mujer no cumplió acuerdos del gobernador sobre Ayutla, dice la OPIM

 

La dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) denunció que el gobierno del estado incumplió con los acuerdos que tuvieron con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, el pasado 7 de junio en el puerto de Acapulco.
Uno de estos acuerdos fue una reunión que se haría ayer con la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, para afinar detalles de la apertura del Centro de Atención de la Mujer Indígena y el albergue para estudiantes indígenas en Ayutla, que no se realizó y la secretaria no les dio ninguna explicación.
El 31 de mayo integrantes de la OPIM, en su mayoría mujeres, marcharon en la capital e instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno. La protesta la retiraron en la noche luego de que les programaron una audiencia con Astudillo Flores para el 7 de junio.
La reunión con el gobernador fue en Acapulco, donde la dirigencia de la OPIM le planteó la apertura del Centro de Atención a la Mujer Indígena y el albergue para estudiantes indígenas, también le pidieron la apertura de un centro de salud.
Ayer la agrupación indígena informó que la reunión que se acordó con la secretaria de la Mujer para ayer, no se llevó a cabo y no les explicaron las causas.
El pasado 29 de mayo la OPIM denunció en un comunicado que desde hace un año el gobierno del estado ha venido aplazando la apertura de las instalaciones del Centro de Atención a la Mujer Indígena que se construyeron como parte de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación que elementos del Ejército mexicano cometieron contra la indígena Inés Fernández Ortega, y que pretendía excluirla de la operación del centro.

Busca el gobierno excluirla del Centro de la Mujer Indígena en Ayutla:?OPIM

 

La dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) con sede en Ayutla, denunció que el gobierno del estado pretende excluir a esa agrupación de la operación del Centro de la Mujer Indígena y del alberge para estudiantes indígenas, y que como protesta unas 300 mujeres indígenas llevarán a cabo una marcha el próximo martes de Ayutla a Chilpancingo.
El centro y el albergue se construyeron en Ayutla con recursos del gobierno federal y estatal, en cumplimiento a la sentencia que emitió en el 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación sexual a la indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega.
“La lucha de la OPIM pasa por la operación del centro de la mujer y el albergue, porque es resultado de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la violación de una mujer indígena. En esa sentencia contra el Estado mexicano la OPIM es representante, y en el funcionamiento del centro, el gobierno no puede excluir a las mujeres de la OPIM”, se quejó la organización mediante un comunicado en el que anuncia la movilización de las indígenas.
En el documento se denuncia que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame “ha incumplido su palabra y pretende que sólo la víctima y otras mujeres indígenas operen el centro para decidir a su antojo. El gobierno federal y otros actores siguen su juego con la finalidad de excluir a las mujeres de la OPIM”.
La OPIM exige además el cumplimiento de las “obligaciones legales” de los gobiernos para que los derechos humanos de los indígenas y de los ciudadanos se respeten plenamente, para tener acceso sin pretexto a la salud, educación, alimentación, vivienda y desarrollo.
La organización indígena también reclama el derecho “a una distribución justa y equitativa de la riqueza para el desarrollo con visión integral de los pueblos indígenas”.
Por ello anuncia que el próximo martes 31 de mayo, un contingente de 300 mujeres de la OPIM partirá en una caminata de Ayutla a Chilpancingo para hablar con el gobernador, Héctor Astudillo Flores y exigirle que se cumplan estos derechos y se inicie la operación del Centro de la Mujer Indígena y el albergue para estudiantes.

Es elevada la tarifa de 10 pesos, señalan ciudadanos y piden información sobre las tarjetas

 

Tarifa elevada, desconocimiento de rutas y del lugar de venta de tarjetas, fueron las expresiones de los usuarios tras la campaña de información de los brigadistas del Acabús.
Ayer en la tarde, los brigadistas repartieron los tres trípticos destinados a usuarios, automovilistas y familia en la Base Naval.
Los peatones, transeúntes e incluso pasajeros coincidieron que la tarifa de 10 pesos es elevada, y pidieron regularizar el pasaje del nuevo transporte que comenzará a operar a partir del 31 de mayo.
Sin embargo, los “brigadistas” indicaron que el pasaje de 10 pesos incluye tres transbordos en distintos camiones, es decir el usuario que viaje de El Retorno hasta la Base Naval pagará solo esa cantidad.
Otra de las expresiones de los usuarios fue el desconocimiento de las rutas del Acabús, aunque los brigadistas explicaron el método de utilizar las rutas troncales y alimentadoras.
Por ejemplo, una señora expresó que cómo llegaría a la Ruiz Cortines (zona de hospitales) desde la Base Naval con el Acabús, y una brigadista respondió que el nuevo transporte no abarca hasta la vialidad referida, pero que puede utilizar dos camiones: un convencional ruta Base Naval-Oviedo y trasborda a una alimentadora, la Florida por Niños Héroes.
Otra duda generalizada fue la adquisición de la tarjeta, sin embargo los brigadistas dijeron que hasta ayer tenía la información de que se obtendría dentro de las estaciones del Acabús.
En declaraciones, una brigadista dijo que el precio de la tarjeta inicialmente será de 20 pesos, 10 del plástico y el resto equivalente a un pasaje. Posteriormente el usuario “recargará” el saldo a utilizar.
Recomendó a los usuarios depositar en el aparato recaudador la moneda de 10 pesos y no billetes, porque la máquina no está programada para devolver cambio.
Informó que después de emitir la campaña de información del Acabús en las principales avenidas en las que circulará el nuevo transporte, los brigadistas se trasladarán a las colonias para explicar el uso de las rutas alimentadoras.
Mencionó que los 60 brigadistas reciben cada uno 100 trípticos de los tres conceptos. Es decir 300 folletos, aunque la meta diaria es entregar 80 de cada uno.
Añadió que los peatones se le entregaron dos trípticos: el de usuario y cómo utilizar las rutas y la tarjeta; y el de la familia, o los beneficios del Acabús a su economía, seguridad y movilidad.
Abundó que a los automovilistas solamente se le otorgó un folleto que indica evitar invadir el carril confinado y respetar los señalamientos viales.

Favoreció el gobierno municipal a simpatizantes del PRD con obras, denuncia comisario

 

El presidente del Consejo Consultivo de Comisarios Municipales, Sebastián Gijón Vázquez, criticó que el gobierno municipal favoreció a los comisarios simpatizantes del PRD con las obras prioritarias, al igual que la administración pasada que ayudó a los seguidores del Movimiento Ciudadano.
Consultado por teléfono, el comisario advirtió que las autoridades de los pueblos quieren “guerra” por la falta de respuesta del Ayuntamiento.
Adelantó que los comisarios municipales formarán una asociación para hacer un frente contra el gobierno municipal, y que no abandone a la zona rural.
Añadió que hay una asociación de comisarios en la llamada Ruta del Sol, pero que la idea es unificar a todo el municipio “para defender a nuestras comunidades y el gobierno municipal también otorgue obras a los pueblos y no solo a la Costera”.
Gijón Vázquez reclamó que el gobierno municipal le entregó una copia de la reunión del Coplademun del lunes pasado, pero “quieren que los comisarios firmemos unas cosas que no nos parecen”.
Ejemplificó que las comunidades que encabezan simpatizantes del PRD tienen un presupuesto de 3 millones de pesos en obra prioritaria, y los otros pueblos de menos cantidad, incluso dijo que hay otras que no tienen autorizada obra.
Precisó que el gobierno municipal redujo un 35 por ciento y solamente hay autorizadas 45 obras prioritarias y no un 20 por ciento en el concepto de obras.
Recalcó que la administración pasada favoreció a los comisarios simpatizantes de Movimiento Ciudadano, “ahorita creo que llevan la misma línea”.
Gijón Vázquez mencionó que la mayoría de los comisarios solicitó la construcción de caminos y rehabilitación de centros de salud, “no hay infraestructura, por eso la gente se nos muere”.
Dijo que hoy el gobierno municipal no tiene respuesta después de la reunión del lunes pasado, “la otra ocasión nos informaron que ya se había aprobado el presupuesto de 2016, pero que no habían considerado la mayoría de las obras prioritarias”.

Está rebasado el Hospital General en el servicio de cirugías, dice el director


El director del Hospital General, Félix Edmundo Ponce Fajardo, informó que a diario se hacen hasta 30 operaciones quirúrgicas en el nosocomio.
De la manifestación de algunos pacientes que reclamaban la mala atención, aseguró que se da prioridad a quien llega al área de Urgencias.
Reconoció que en la atención quirúrgica están “rebasados”, que si en un día se tienen programadas 27 cirugías se difieren 3 por las urgencias que llegan.
Vía telefónica, Ponce Fajardo informó que ya fue operada la mujer que tenía una hernia, luego de que se denunció que se había retrasado la cirugía.
Dijo que en la manifestación fue aprovechada por quienes dijeron ser representantes de dos personas enfermas. “Una de ellas internada y en espera de ser intervenida en quirófano, y otra que aprovechó la situación cuando su caso era atendido en otro nosocomio”.
“Ellos querían que los metieran ya, de momento, cuando estamos recibiendo heridos todo el tiempo”, explicó sobre la denuncia de quien en la protesta del miércoles se presentó como gestor social, Jesús Guerrero Nava, y denunció que había negligencia por parte del personal médico.
El director explicó que la mujer qe tenía una hernia, de quien no precisó el nombre, sí estaba programada para que se le interviniera el miércoles, pero que la urgencia tiene prioridad.
Abundó que la hernia de la paciente no era “complicada”, que la misma tarde del miércoles se operó y está en recuperación.
Agregó que después de la manifestación de las personas afuera del hospital, habló directamente con la mujer: “yo le pregunté a la señora si tenía algún inconveniente pero me dijo que no”, y criticó que el supuesto gestor social manipuló la situación de la paciente.
Ponce Fajardo dijo que a los familiares de la mujer les pidió “comprensión” porque el hospital tiene un alto flujo de intervenciones quirúrgicas al día.
Agregó que si llega un niño en estado grave de salud o una mujer embarazada se les atiende primero, y que a una paciente con cirugía programada, como una hernia catalogada como “no complicada”, sólo se pospone.
De la joven Concepción Mondragón, quien padece de vesícula biliar, comentó que ya se le había informado que sería atendida en la Unidad Médico Quirúrgica de Hogar Moderno, pero que ésta decidió unirse al gestor social.
Dijo que en promedio se hacen de 25 a 30 cirugías tanto programadas como de urgencia en el hospital.
Ponce Fajardo reconoció que en la atención quirúrgica están “rebasados”, que si en un día se tienen programadas 27 cirugías se difieren 3 por las urgencias que llegan.