Etiqueta: Desaparición forzada

Desde 1960 el gobierno usa el asesinato y la desaparición forzada, dicen familiares de víctimas

Familiares de desaparecidos de la década de 1970 denunciaron en un foro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que el gobierno desde los años 1960 utiliza el asesinato y la desaparición forzada cuando hay problemas en el estado, y reclamaron la falta de resultados en las búsquedas de sus parientes.
Durante el foro Pasos por la memoria y la verdad y la justicia, el señor Gregorio Fernández Brito (quien debería ser Hernández pero hubo un error en su acta de nacimiento cuando fue registrado), hermano de Victoria Hernández Brito una joven estudiante desaparecida el 11 de noviembre de 1976 en Iguala, expresó “desde los 60 a la fecha han querido resolver los problemas del pueblo matando al pueblo”.
Mencionó al gobernador Raúl Caballero Aburto con la matanza contra los estudiantes en Chilpancingo en 1968, al ex gobernador Raymundo Abarca Alarcón y la represión y matanza contra los manifestantes e integrantes la Asociación Cívica Guerrerense en 1962 en Iguala, a Rubén Figueroa con la matanza de Aguas Blancas, y a Ángel Aguirre con la matanza de El Charco.
Dijo que la desaparición de su hermana debe de estar presente en las nuevas generaciones porque su lucha fue para defender el acceso a la educación. En aquel año el gobernador Rubén Figueroa se opuso al funcionamiento de la Escuela de Agricultura en Iguala, y el Ejército y los policías del estado la tomaron por asalto en 1975.
Esto originó una resistencia entre alumnos y campesinos que llevó al descontento del gobernador priista, que lanzó una persecución contra los estudiantes, por el movimiento hubo encarcelados y personas desaparecidas, algunos estudiantes y campesinos secuestraron a empresarios y a cambio de la libertad de estos exigían la libertad de sus compañeros.
El 11 de noviembre de 1976 su hermana Victoria fue secuestrada de su casa, hombres que afirmaron ser compañeros de la joven llegaron y pidieron que saliera, esa fue la última vez que don Gregorio vio a su hermana. Pese a su lucha dice que no ha encontrado eco a su exigencia en el gobierno.
Por eso denunció que “el Estado protege a los secuestradores, lo sabemos, no hay seguridad en las calles pero están protegidos. Quisiera no seguir denunciándolo, sí da miedo pero más miedo si nos dejamos”, expresó ante unos diez alumnos y profesores en el auditorio de la facultad.
Dio a conocer que dos campesinos desaparecieron junto a su hermana, Crispín Bahena, originario de la comunidad de El Tomatal, y Eupidio Campo.
En el mismo panel la señora Celia Piedra, esposa del profesor Jacob Nájera Hernández egresado de la Normal de Ayotzinapa, compartió la desaparición del 2 de septiembre de 1974 en San Jerónimo, cuando policías llegaron a buscarlo y detenerlo.
Denunció que pese a la aguerrida lucha y exigencia a los presidentes que han pasado, ninguno le hace caso, incluso tratan de convencerla de desistir de su lucha, la buscan para decirle que tiene un recurso destinado con el que podría cambiar la forma en la que vive, pero se opone porque su esposo no se vende y lo seguirá buscando.
La fundadora de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que se separó de ella cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se incorporó, dijo que su esposo fue desaparecido por el Estado que lo relacionó con la guerrilla en los años 70. Después fundó el Colectivo Huella de la Memoria, que documentó más de 500 desapariciones de aquellos años en el país.
Contó que muchas familias ante la falta de respuesta de las autoridades han desistido de seguir en los movimientos. Una de las anécdotas que rememoró fue cuando por debajo de la puerta de Palacio Nacional metieron las fotografías de los desaparecidos, luego de que el ex presidente Vicente Fox se negó a atender a las familias.
En declaraciones coincidió con Gregorio que el gobierno mata al pueblo para resolver los problemas.
De su esposo dijo que fue buscado en la Normal y en su casa por los agentes del Estado, y pide a las autoridades que le digan donde está.
Una de las asistentes al foro dijo que la Universidad debe de alzar la voz por sus más de 30 desaparecidos documentados en 1970.

 

 

Marchan padres de los 43 en la Cdmx a 42 meses de los ataques en Iguala para exigir su presentación

Este lunes se cumplieron 42 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y alrededor de mil activistas acompañaron a los familiares en una marcha en esta ciudad. Además, en la mañana de ayer un contingente de padres tomó las casetas de la autopista México-Cuernavaca, desde las 10 hasta las 2 de la tarde y permitieron el libre paso de los automovilistas en ambos sentidos del camino. El contingente partió 15 minutos antes de las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia y cruzó el Paseo de la Reforma, se vio a alumnos de Ayotzinapa, estudiantes de la Normal Femenil de Amilcingo, Morelos, integrantes de la sección 10 y 11 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la capital del país, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Frente Popular Francisco Villa (FPFV) y ciudadanos sin organización. Al llegar al antimonumento que es un número 43 en la esquina de Reforma y Bucareli, Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio, invitó a los familiares a que se colocaran al frente del antimonumento para el pase de lista de sus hijos ausentes y exigir su presentación con vida. Pasadas la 6 de la tarde se reanudó la marcha hacia el Hemiciclo a Benito Juárez. En el camino estudiantes de Ayotzinapa tomaron el micrófono para demandar, una vez más, que la Procuraduría General de la República (PGR) retome las cuatro líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que incluyen la indagación y detención de policías federales y municipales de Huitzuco, la investigación de las líneas de teléfonos celulares de los jóvenes, la participación de soldados del 27 Batallón de Infantería y el posible trasiego de drogas de Iguala hacia Chicago, Estados Unidos. En el Hemiciclo Melitón Ortega mencionó que estas son fechas vacacionales, donde las familias se reúnen, “muchos esperan la visita de sus seres queridos, nosotros no perdemos la esperanza de volver a ver a nuestros hijos”. Mencionó a Minerva Bello, madre del estudiante Everardo Rodríguez Bello, quien falleció en febrero de este año a consecuencia del cáncer. “Ella murió sin saber qué pasó con su hijo. Nosotros no descansaremos hasta saber la verdad de lo que ocurrió esa noche”. Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández apenas podía contener las lágrimas. Sosteniendo una fotografía de su hijo impresa sobre una lona habló sobre el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), donde se reporta que 34 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados para obtener sus declaraciones. “No sabemos si ellos son culpables o no pero fueron torturados para obtener declaraciones que sostuvieran la mentira histórica que la Procuraduría se empecina en defender”, dijo. Hilda Hernández externó su preocupación de que con la cercanía del proceso electoral se pretenda dar carpetazo a la investigación: “les importan más las elecciones, les importa más la porquería que va a llegar a gobernarnos”. Solidaridad con desaparecidos en Jalisco En el transcurso de la marcha, madres, padres y demás asistentes al mitin repudiaron la desaparición en Jalisco de los estudiantes de cine Javier Salomón, Daniel Díaz y Marcos Ávalos, así como la desaparición y posterior confirmación de la muerte del estudiante de medicina César Ulises Arellano Camacho. “Condenamos los hechos en Jalisco, así como condenamos la violación de los derechos humanos de la juventud”, declaró Melitón Ortega.

Informa la ONU-DH que 34 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados

 

El Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), registra que de los 129 imputados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al menos 34 fueron torturados.
Para este informe se examinaron 63 de los 129 expedientes judiciales de los acusados y lo que se encontró fue que en 51 de los casos había malos tratos y en 34 hubo pruebas de tortura, informó ayer en conferencia de prensa el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Entre los elementos de convicción, Jarab enunció los exámenes médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) a los procesados, en los cuales se certifica la compatibilidad de las lesiones que presentaban los detenidos con actos de tortura. También la declaración de los procesados ante jueces o ministerios públicos, donde se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte en contra de sus familiares y violencia sexual.
Estas acciones fueron efectuadas por agentes de la PGR, la Policía Federal y en algunos casos de la Secretaría de Marina.
El informe incluye el caso de Manuel Alejandro Blas Patiño, detenido el 24 de octubre de 2014 quien falleció a causa de la tortura infligida por soldados de la Marina.
Se menciona que cuando Tomás Zerón de Lucio fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, el 28 de octubre de 2014 hubo una diligencia que no fue documentada, en la que uno de los inculpados del caso, Agustín García Reyes, El Chéjere, fue sustraído sin la presencia de su defensor y sin que existiera un registro de este hecho, para ser trasladado al río San Juan en Cocula. Ante este hecho, el alto comisionado estableció que cuenta con elementos de convicción para considerar que fue detenido y torturado antes de la diligencia.
Además Zerón de Lucio aseguró que personal del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y de la ONU-DH estuvieron en el lugar, pero eso fue desmentido por ambas organizaciones.
En este análisis también se tomaron en cuenta los partes informativos sobre las demoras de hasta 17 horas que se presentaron entre la detención y la puesta a disposición en el Ministerio Público del imputado.
Asimismo, se documentaron las heridas que presentaban los detenidos. Para justificar ambas situaciones las autoridades dieron explicaciones “no plausibles”.
De las demoras se argumentó que hubo fallas de vehículos de transporte o manifestaciones en las calles. En cuanto a las heridas se dijo que eran consecuencia de riñas anteriores a la detención.
Se revisaron las declaraciones ministeriales de 19 detenidos en las que se confiesan culpables de crímenes como asociación ilícita y delitos contra la salud. En estos casos personal de la ONU-DH pudo confirmar que no tuvieron una defensa adecuada y conocían de manera vaga los delitos de los que se les acusaba.
Jarab reconoció que si bien hubo un esfuerzo de la Visitaduría General de la PGR para investigar la responsabilidad legal de algunos funcionarios en actos de tortura durante la gestión de César Chávez, esta labor se vio truncada cuando fue reemplazado en 2016.
Agregó que en ninguno de los casos de tortura se le imputó responsabilidad alguna a agentes de los ministerios públicos ni a policías, por lo cual permanecen impunes.

La tortura, pilar de una doble injusticia

Jan Jarab insistió en la necesidad de invalidar las pruebas periciales obtenidas bajo tortura y denunció que representan una doble injusticia: la violación del debido proceso, por un lado, y la falta de garantías para el acceso a la verdad.
La exclusión de este tipo de pruebas, puntualizó, no significa un riesgo de que los procesados salgan libres, siempre y cuando se cuente con más elementos de prueba.
“No se resuelve una grave violación a los derechos humanos con otra violación”, afirmó.
Este informe no contribuye a que los procesados sean liberados, insistó Jarab, sino que apela a la búsqueda de la verdad y la justicia, el rechazo a cualquier tipo de tortura y a impulsar la transición de la PGR hacia una fiscalía que verdaderamente cumpla con su deber de manera independiente y transparente, expuso.
“La decisión de liberar a los procesados no es nuestra. Apelamos a que el poder Judicial evalúe esta información. Nosotros instamos a que se respete el proceso penal y el Estado de derecho”.
El informe incluye 15 recomendaciones para el Estado mexicano, la PGR, el poder Judicial y el Legislativo. Además de no usar pruebas obtenidas mediante tortura, el alto comisionado se pronunció porque los legisladores garanticen la existencia de una fiscalía independiente y que se impulse un programa nacional para la prevención y sanción de la tortura.

Fueron torturados 34 de los detenidos por el caso Ayotzinapa: ONU-DH

Informa la ONU-DH que 34 detenidos
por el caso Ayotzinapa fueron torturados

En los exámenes médicos se certifican lesiones, y en declaraciones se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte y violencia sexual, dice el representante en México del organismo, Jan Jarab. Las torturas fueron cometidas por agentes de la PGR, la PF y la Marina. En su informe se incluye un caso de un imputado que falleció a causa del tormento

El Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), registra que de los 129 imputados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al menos 34 fueron torturados.
Para este informe se examinaron 63 de los 129 expedientes judiciales de los acusados y lo que se encontró fue que en 51 de los casos había malos tratos y en 34 hubo pruebas de tortura, informó ayer en conferencia de prensa el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Entre los elementos de convicción, Jarab enunció los exámenes médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) a los procesados, en los cuales se certifica la compatibilidad de las lesiones que presentaban los detenidos con actos de tortura. También la declaración de los procesados ante jueces o ministerios públicos, donde se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte en contra de sus familiares y violencia sexual.
Estas acciones fueron efectuadas por agentes de la PGR, la Policía Federal y en algunos casos de la Secretaría de Marina.
El informe incluye el caso de Manuel Alejandro Blas Patiño, detenido el 24 de octubre de 2014 quien falleció a causa de la tortura infligida por soldados de la Marina.
Se menciona que cuando Tomás Zerón de Lucio fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, el 28 de octubre de 2014 hubo una diligencia que no fue documentada, en la que uno de los inculpados del caso, Agustín García Reyes, El Chéjere, fue sustraído sin la presencia de su defensor y sin que existiera un registro de este hecho, para ser trasladado al río San Juan en Cocula. Ante este hecho, el alto comisionado estableció que cuenta con elementos de convicción para considerar que fue detenido y torturado antes de la diligencia.
Además Zerón de Lucio aseguró que personal del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y de la ONU-DH estuvieron en el lugar, pero eso fue desmentido por ambas organizaciones.
En este análisis también se tomaron en cuenta los partes informativos sobre las demoras de hasta 17 horas que se presentaron entre la detención y la puesta a disposición en el Ministerio Público del imputado.
Asimismo, se documentaron las heridas que presentaban los detenidos. Para justificar ambas situaciones las autoridades dieron explicaciones “no plausibles”.
De las demoras se argumentó que hubo fallas de vehículos de transporte o manifestaciones en las calles. En cuanto a las heridas se dijo que eran consecuencia de riñas anteriores a la detención.
Se revisaron las declaraciones ministeriales de 19 detenidos en las que se confiesan culpables de crímenes como asociación ilícita y delitos contra la salud. En estos casos personal de la ONU-DH pudo confirmar que no tuvieron una defensa adecuada y conocían de manera vaga los delitos de los que se les acusaba.
Jarab reconoció que si bien hubo un esfuerzo de la Visitaduría General de la PGR para investigar la responsabilidad legal de algunos funcionarios en actos de tortura durante la gestión de César Chávez, esta labor se vio truncada cuando fue reemplazado en 2016.
Agregó que en ninguno de los casos de tortura se le imputó responsabilidad alguna a agentes de los ministerios públicos ni a policías, por lo cual permanecen impunes.

La tortura, pilar de una doble injusticia

Jan Jarab insistió en la necesidad de invalidar las pruebas periciales obtenidas bajo tortura y denunció que representan una doble injusticia: la violación del debido proceso, por un lado, y la falta de garantías para el acceso a la verdad.
La exclusión de este tipo de pruebas, puntualizó, no significa un riesgo de que los procesados salgan libres, siempre y cuando se cuente con más elementos de prueba.
“No se resuelve una grave violación a los derechos humanos con otra violación”, afirmó.
Este informe no contribuye a que los procesados sean liberados, insistó Jarab, sino que apela a la búsqueda de la verdad y la justicia, el rechazo a cualquier tipo de tortura y a impulsar la transición de la PGR hacia una fiscalía que verdaderamente cumpla con su deber de manera independiente y transparente, expuso.
“La decisión de liberar a los procesados no es nuestra. Apelamos a que el poder Judicial evalúe esta información. Nosotros instamos a que se respete el proceso penal y el Estado de derecho”.
El informe incluye 15 recomendaciones para el Estado mexicano, la PGR, el poder Judicial y el Legislativo. Además de no usar pruebas obtenidas mediante tortura, el alto comisionado se pronunció porque los legisladores garanticen la existencia de una fiscalía independiente y que se impulse un programa nacional para la prevención y sanción de la tortura.
 

“Casos excepcionales” la tortura a detenidos por el caso Ayotzinapa, responde el gobierno

 

Tras los señalamientos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), respecto a evidencias de tortura en 34 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno federal aseguró que esa práctica no ha sido acreditada con base en dictámenes del Protocolo de Estambul, “salvo en algunos casos excepcionales”.
En un comunicado conjunto, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Cancillería señalaron que el informe no aporta elementos nuevos para avanzar en la investigación.
Indicaron que el documento aborda aspectos que ya señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al tiempo que se omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales.
La PGR dijo que le preocupa “de manera especial” el informe que señala tortura y otras violaciones a sus garantías fundamentales durante y después de su detención por agentes del gobierno federal.
Tras la difusión del documento, la PGR circuló un boletín donde hace algunas aclaraciones en nombre del “gobierno Mexicano”, “sobre supuestas violaciones de derechos humanos durante la investigación del caso Iguala”, y precisa que las torturas referidas fueron “excepcionales”. “Preocupa de manera especial que el informe de la OACNUDH (la ONU-DH) arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del poder Judicial”, agrega.
Como lo reconoce el órgano de la ONU, añade, este informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el GIEI, “cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”.
Afirma que el informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso.
En su texto, la PGR dice que el caso “es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión”.
Destaca que como se informó a la CIDH en su último periodo de sesiones celebrado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018, “la investigación de este caso constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado mexicano que ha registrado avances importantes recientes, que no se consideran en el informe”.
Sostiene que en las últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas.
“Su informe omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul). Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe”.
Al respecto –y como también se informó a la CIDH–, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente, agrega.
Resalta que continúan las diligencias, aunado a que existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales.
La víspera de la difusión del informe de la ONU-DH, la PGR y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se adelantaron y presumieron que agentes de la Policía Federal (PF) detuvieron el lunes 12 a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, presunto integrante de la organización criminal Guerreros Unidos y quien habría participado en la desaparición de los 43. (Agencia Proceso / Ciudad de México).

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, dice el informe de Fundar

Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa es el informe elaborado por cuatro psicólogas, una antropóloga y médicos coordinado por Fundar Centro de Análisis e Investigación, que recopila decenas de testimonios de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y otras víctimas, además de sobrevivientes de los ataques a estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A más de 41 meses de los ataques contra los estudiantes el documento fue presentado este miércoles en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco (CCUT), donde la directora de Fundar, Haydeé Pérez indicó que el gobierno federal se negó a reconocerlo, a pesar de que fue hecho como una respuesta a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del texto las madres representantes de las familias de los 43 y organizaciones civiles denunciaron que la autoridad “administra políticamente” el dolor de los deudos, que buscan a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
“Este informe es más que un recuento de agravios y el pasado 2 de marzo el Estado mexicano tuvo la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas, al comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo planes de atención y, en su caso, de reparación, pero el gobierno ha desdeñado esta nueva oportunidad al negarse a firmar una declaración de intención de cumplimiento de este diagnóstico”, denunció Pérez.
“El Estado evidencia nuevamente su falta de voluntad política para cumplir las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo la de administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres de Ayotzinapa”, señaló.
El director del CCUT, Ricardo Raphael de la Madrid invitó a no olvidar el caso: “este texto pone contra la pared a aquellos que quieren que el asunto se deje de lado. Eso significaría matar la semilla que México se merece”.

Todos estamos afectados, dice integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU

En su intervención Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, indicó que las madres y padres de los estudiantes lloraron, gritaron e imaginaron lo peor cuando escucharon por primera vez la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que dice que los jóvenes fueron incinerados y luego fue desacreditada científicamente por expertos internacionales.
“Mucha gente nos juzga y dice que lo único que queremos es no trabajar. Nosotros ya no tenemos una vida, morimos poco a poco porque parece que fue ayer cuando se llevaron a nuestros hijos. Seguimos más firmes que nunca porque amamos a nuestros hijos”, expuso.
La coordinadora del informe, Ximena Antillón detalló que una de las conclusiones es que no puede haber una reparación monetaria si primero no se informa la verdad, y luego se hace justicia, “se dice a los padres que deben enfrentar el duelo, pero ellos no pueden hacer eso porque no tienen certeza de lo que ocurrió a sus hijos”.
Por su parte el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, resumió en cuatro diferentes momentos los casi tres años y medio que han transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014.
Un primer momento, indicó, fue el de la “verdad histórica”, en la cual el gobierno pretendía “salir del embrollo político más que llegar a la verdad de los hechos”. Después llegó el “momento de la supervisión internacional”, cuando el GIEI comprobó que no había sustento científico para la teoría del basurero de Cocula.
El tercer momento, continuó Patrón, consistió en proteger a los funcionarios que crearon la versión de que los estudiantes fueron incinerados, y el “último momento está marcado por lo que llamamos la etapa de la administración políticamente correcta, donde se dice que se investiga al Ejército, Policía Federal, al Estado, a otras instituciones de seguridad municipal. En esta etapa de alguna manera se van cayendo algunos argumentos de la teoría del caso inicial, pero no se termina de dar el paso comprometido frente a la verdad”.
El integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rainer Huhle se dijo sorprendido sobre cómo el informe “toma el núcleo de los padres de los desaparecidos para terminar demostrando que el caso Ayotzinapa impactó en muchas personas más. De alguna manera todos estamos afectados”, señaló.

El dolor más grande

Haydeé Pérez detalló a El Sur que el Centro Prodh invitó a Fundar a elaborar el informe en seguimiento a la recomendación del GIEI.
“En su segundo informe sugieren conformar un equipo multidisciplinario, independiente, capaz y que cuente con la confianza de los familiares para llevar a cabo un estudio psicosocial”, expuso.
Aparte, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, Mario César González Contreras indicó que el informe contiene testimonios de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos.
“Es muy fuerte el dolor, el más grande. Te acabas, te mueres, revives, ya no sabes quién eres. Para los 43 padres de familia la reparación del daño es el paradero de los muchachos, castigo a los culpables y saber qué pasó ese 26 de septiembre. Nada más”.
“Mi mujer y yo no tuvimos hijos para venderlos. Es impresionante el dolor que se siente ahora al ver a tu esposa pedir la localización de tu hijo cuando lo único que él quería era trabajar. Son sentimientos muy encontrados y ojalá la gente de Guerrero tuviera consciencia un poco más de lo que hemos sufrido los 43 padres”.

El duelo imposible

Entre las conclusiones del informe de 523 cuartillas se indica que para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “los ataques en Iguala resultaron traumáticos por su carácter violento, inesperado, abrupto y sin sentido”, que sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y viven “un intenso sufrimiento emocional con la necesidad de justicia como posibilidad de dar sentido a los hechos”.
El estudio sobre las secuelas en salud, físicas y psicológicas que dejó la noche de Iguala habla de cómo concuerdan los sobrevivientes y familiares de las víctimas en “la imposibilidad de darle sentido” a los hechos, en la “ruptura de la confianza en las autoridades” y en “la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad, como soporte del proceso de elaboración psíquica”.
Uno de los hallazgos relevantes es que, al estar involucrados agentes del Estado en los ataques a los normalistas y la desaparición forzada de éstos, los familiares y víctimas “cuestionan la función protectora que hasta entonces le atribuían”, y eso genera “sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad”.
Los investigadores identificaron que la vivencia del tiempo detenido “condensa los impactos traumáticos de la desaparición forzada y la desesperación de que, a pesar de la movilización y búsqueda permanente, los familiares no logran saber de sus hijos”, y por eso “el duelo no tiene lugar, porque no saben si sus hijos están vivos o muertos”.
El informe indica que “la difusión de una versión oficial sin mayor sustento científico sobre los hechos, y los posteriores momentos en que el Estado reitera esa versión pese a los argumentos científicos que la ponen en duda, han generado impactos retraumatizantes en los familiares y ha acentuado la desconfianza en el Estado”.
El estudio elaborado entre noviembre de 2015 y abril de 2016, está basado en 64 entrevistas en más de 40 horas de grabación, así como expedientes médicos de 55 familiares de las víctimas.
De los estudiantes sobrevivientes, dice el documento, “son las víctimas no reconocidas en medio de una tragedia de enormes dimensiones” y presentan “daños graves a nivel psicosocial”.

 

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, advierten

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, dice el informe de Fundar

Presentan Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, que concluye que los parientes sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y en “un intenso sufrimiento emocional”. El gobierno federal se negó a reconocer el documento a pesar de que lo recomendaron el GIEI y la CNDH, informa la directora del organismo, Haydeé Pérez. Se “administra políticamente” su dolor, señalan los padres

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa es el informe elaborado por cuatro psicólogas, una antropóloga y médicos coordinado por Fundar Centro de Análisis e Investigación, que recopila decenas de testimonios de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y otras víctimas, además de sobrevivientes de los ataques a estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A más de 41 meses de los ataques contra los estudiantes el documento fue presentado este miércoles en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco (CCUT), donde la directora de Fundar, Haydeé Pérez indicó que el gobierno federal se negó a reconocerlo, a pesar de que fue hecho como una respuesta a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del texto las madres representantes de las familias de los 43 y organizaciones civiles denunciaron que la autoridad “administra políticamente” el dolor de los deudos, que buscan a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
“Este informe es más que un recuento de agravios y el pasado 2 de marzo el Estado mexicano tuvo la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas, al comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo planes de atención y, en su caso, de reparación, pero el gobierno ha desdeñado esta nueva oportunidad al negarse a firmar una declaración de intención de cumplimiento de este diagnóstico”, denunció Pérez.
“El Estado evidencia nuevamente su falta de voluntad política para cumplir las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo la de administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres de Ayotzinapa”, señaló.
El director del CCUT, Ricardo Raphael de la Madrid invitó a no olvidar el caso: “este texto pone contra la pared a aquellos que quieren que el asunto se deje de lado. Eso significaría matar la semilla que México se merece”.

Todos estamos afectados, dice integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU

En su intervención Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, indicó que las madres y padres de los estudiantes lloraron, gritaron e imaginaron lo peor cuando escucharon por primera vez la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que dice que los jóvenes fueron incinerados y luego fue desacreditada científicamente por expertos internacionales.
“Mucha gente nos juzga y dice que lo único que queremos es no trabajar. Nosotros ya no tenemos una vida, morimos poco a poco porque parece que fue ayer cuando se llevaron a nuestros hijos. Seguimos más firmes que nunca porque amamos a nuestros hijos”, expuso.
La coordinadora del informe, Ximena Antillón detalló que una de las conclusiones es que no puede haber una reparación monetaria si primero no se informa la verdad, y luego se hace justicia, “se dice a los padres que deben enfrentar el duelo, pero ellos no pueden hacer eso porque no tienen certeza de lo que ocurrió a sus hijos”.
Por su parte el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, resumió en cuatro diferentes momentos los casi tres años y medio que han transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014.
Un primer momento, indicó, fue el de la “verdad histórica”, en la cual el gobierno pretendía “salir del embrollo político más que llegar a la verdad de los hechos”. Después llegó el “momento de la supervisión internacional”, cuando el GIEI comprobó que no había sustento científico para la teoría del basurero de Cocula.
El tercer momento, continuó Patrón, consistió en proteger a los funcionarios que crearon la versión de que los estudiantes fueron incinerados, y el “último momento está marcado por lo que llamamos la etapa de la administración políticamente correcta, donde se dice que se investiga al Ejército, Policía Federal, al Estado, a otras instituciones de seguridad municipal. En esta etapa de alguna manera se van cayendo algunos argumentos de la teoría del caso inicial, pero no se termina de dar el paso comprometido frente a la verdad”.
El integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rainer Huhle se dijo sorprendido sobre cómo el informe “toma el núcleo de los padres de los desaparecidos para terminar demostrando que el caso Ayotzinapa impactó en muchas personas más. De alguna manera todos estamos afectados”, señaló.

El dolor más grande

Haydeé Pérez detalló a El Sur que el Centro Prodh invitó a Fundar a elaborar el informe en seguimiento a la recomendación del GIEI.
“En su segundo informe sugieren conformar un equipo multidisciplinario, independiente, capaz y que cuente con la confianza de los familiares para llevar a cabo un estudio psicosocial”, expuso.
Aparte, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, Mario César González Contreras indicó que el informe contiene testimonios de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos.
“Es muy fuerte el dolor, el más grande. Te acabas, te mueres, revives, ya no sabes quién eres. Para los 43 padres de familia la reparación del daño es el paradero de los muchachos, castigo a los culpables y saber qué pasó ese 26 de septiembre. Nada más”.
“Mi mujer y yo no tuvimos hijos para venderlos. Es impresionante el dolor que se siente ahora al ver a tu esposa pedir la localización de tu hijo cuando lo único que él quería era trabajar. Son sentimientos muy encontrados y ojalá la gente de Guerrero tuviera consciencia un poco más de lo que hemos sufrido los 43 padres”.

El duelo imposible

Entre las conclusiones del informe de 523 cuartillas se indica que para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “los ataques en Iguala resultaron traumáticos por su carácter violento, inesperado, abrupto y sin sentido”, que sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y viven “un intenso sufrimiento emocional con la necesidad de justicia como posibilidad de dar sentido a los hechos”.
El estudio sobre las secuelas en salud, físicas y psicológicas que dejó la noche de Iguala habla de cómo concuerdan los sobrevivientes y familiares de las víctimas en “la imposibilidad de darle sentido” a los hechos, en la “ruptura de la confianza en las autoridades” y en “la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad, como soporte del proceso de elaboración psíquica”.
Uno de los hallazgos relevantes es que, al estar involucrados agentes del Estado en los ataques a los normalistas y la desaparición forzada de éstos, los familiares y víctimas “cuestionan la función protectora que hasta entonces le atribuían”, y eso genera “sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad”.
Los investigadores identificaron que la vivencia del tiempo detenido “condensa los impactos traumáticos de la desaparición forzada y la desesperación de que, a pesar de la movilización y búsqueda permanente, los familiares no logran saber de sus hijos”, y por eso “el duelo no tiene lugar, porque no saben si sus hijos están vivos o muertos”.
El informe indica que “la difusión de una versión oficial sin mayor sustento científico sobre los hechos, y los posteriores momentos en que el Estado reitera esa versión pese a los argumentos científicos que la ponen en duda, han generado impactos retraumatizantes en los familiares y ha acentuado la desconfianza en el Estado”.
El estudio elaborado entre noviembre de 2015 y abril de 2016, está basado en 64 entrevistas en más de 40 horas de grabación, así como expedientes médicos de 55 familiares de las víctimas.
De los estudiantes sobrevivientes, dice el documento, “son las víctimas no reconocidas en medio de una tragedia de enormes dimensiones” y presentan “daños graves a nivel psicosocial”.

Acude Guillermo del Toro a presentación del  documental sobre la desaparición de los 43

Al finalizar la proyección en el Festival de Cine de Guadalajara los asistentes contaron en voz alta cada número hasta llegar al de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala

Abril Valadez y Jonathan Hernández / Agencia Reforma

Guadalajara

Guillermo del Toro lanzó su nueva producción, el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).
Antes de la proyección, realizada ayer en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas, el director de La Forma del Agua subió al escenario junto con la productora Bertha Navarro y parte del equipo de realizadores del largometraje, sin emitir algún discurso.
Al iniciar la muestra, el director pasó a tomar lugar entre el público.
La película dirigida por Enrique García Meza, que fue vista por algunas personalidades como los actores Ofelia Medina y Damián Alcázar, presenta el caso Ayotzinapa con testimonios de familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en esta población guerrerense en 2014, y expone el proceso de justicia que enfrentan hasta hoy y el sufrimiento por la pérdida e incertidumbre.
Al culminar la proyección, mientras Del Toro salía de la sala, los asistentes se dedicaron a contar en voz alta hasta el 43.

Creará con Karla Castañeda película en stop motion

La realizadora de animación tapatía Karla Castañeda será producida por Guillermo Del Toro.
La historia, abundó la cineasta, será escrita por ambos y aún carece de un nombre definitivo, aunque confirma, será en español.
“Me dijo: ‘Siéntate. Te voy a contar algo, tu corto es un largo’. Abrimos el cuaderno y empezamos a hacer la estructura tal cual, los tres actos, a soltar cosas”, recuerda Castañeda sobre la reunión que sostuvo el sábado pasado con el cineasta ganador del Oscar.
“Él tenía un guión que se parecía mucho y empezamos a tener muchas cosas en común. Me dijo: ‘¿Qué te parece si coescribimos’”.
La temática del largometraje que crearán en la técnica stop motion tendrá como ejes la muerte, los ciclos de la vida, combinados con la influencia del realismo mágico y un poco de terror.
“Siempre tengo algo con la muerte, no sé por qué… mi tercer corto (que ahora será el largometraje que producirá al lado de Guillermo) era mi trilogía de la muerte, las coincidencias con Jacinta y La Noria es que la temática es la pérdida y el género fantástico.
“La primera frase que me dijo fue: ‘El nivel máximo de la amistad es perdonar el éxito’”, cuenta.
Con este tipo de acciones, Del Toro pone de manifiesto lo que expresó en las tres charlas que ofreció en esta ciudad, apoyar a la nueva generación de creadores, apostar por otro tipo de proyectos y géneros, así como descentralizar la producción de filmes en el país.
“Para mí es como un regalo infinito y de una gran humildad”, puntualiza Castañeda.

Aunque acabe su gobierno no se exime a Peña Nieto de castigo por el caso Ayotzinapa, advierten los padres

Al cumplirse 40 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la ejecución de tres de ellos en esta ciudad, padres alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y organizaciones que los acompañan marcharon, colocaron ofrendas florales e hicieron mítines en las estelas en su memoria.
Reiteraron la exigencia de justicia, presentación de los jóvenes desaparecidos y castigo a todos los involucrados.
En declaraciones al término de las actividades que duraron más de 3 horas, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz dijo que el hecho de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto no lo va a eximir de responsabilidades ni de castigo, al igual que a sus funcionarios, porque lo que ocurrió es un crimen de Estado y de lesa humanidad.
Anticipó que al gobierno que llegue la exigencia de los padres va a ser la misma, con la probabilidad de que haya mayor facilidad de investigación en contra de los que dejen el poder para acceder a la verdad.
Unos 100 padres, normalistas y miembros de organizaciones sociales y de maestros llegaron a la estela en Ciudad Industrial, que se puso en memoria del normalista Julio César Mondragón Fontes, una hora después inició la actividad programada con una oración del integrante del Movimiento Misionero Itinerante, José Filiberto Velázquez. Bendijo la estela, se colocó una corona de flores y se encendió una veladora.
En el mitin en ese lugar la madre de un normalista desaparecido advirtió al gobierno federal que seguirán buscando a sus hijos “porque es lo único que tenemos, porque son nuestro tesoro. Nunca vamos a dejar esta lucha ni nos vamos a rendir hasta encontrarlos”.
Agregó que no sienten que sus hijos estén muertos y reclamó, “estamos exigiéndole a este maldito gobierno que ya nos dé respuesta, y si dicen que están muertos que nos den las pruebas. Vamos a andar hasta encontrar a los 43, no importa que dejemos a nuestras familias”.
Una hora después el contingente salió en marcha hacia el periférico Norte, recorrió unos 500 metros sobre la carretera a la esquina de Juan Álvarez donde ocurrieron dos de los ataques más violentos en contra de los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, perpetrado por policías municipales y civiles armados que dejó a dos estudiantes ejecutados, cerca de 26 lesionados y varios desaparecidos.
En el segundo mitin el representante de los padres, Melitón Ortega reiteró su exigencia de que se investigue, se castigue y se juzgue a todos los políticos y funcionarios señalados de complicidad y omisión en el caso.
Señaló al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero por su responsabilidad y omisión, “ya que de haber actuado en tiempo y forma no hubiera pasado lo que hoy estamos viendo, por eso señalamos a Ángel Aguirre Rivero como responsable y hoy exigimos castigo para él”.
Demandó una investigación en contra del ex procurador Iñaky Blanco Cabrera, “quien había recibido una suma de dinero de mano de Guerreros Unidos para liberar a policías que estaban vinculados, que estaba trabajando con la delincuencia”.
Además de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, ya que tuvo en sus manos todas las evidencias de las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, y cuando la PGR le solicitó la información desapareció las evidencias.
Exigió una investigación en contra del secretario de Seguridad en Guerrero y del encargado de la Policía Federal en el estado, además que a nivel federal se debe investigar y sancionar al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio por fabricar evidencias y desviar las investigaciones.
Denunció también a jueces de Matamoros que no han liberado las órdenes de aprehensión en contra de policías municipales de Huitzuco ni de policías federales que según una de las líneas de investigación participaron en la desaparición de los jóvenes que iban en el quinto autobús, retenido cerca del Palacio de Justicia.
Una madre denunció que hay varios detenidos por el caso, como el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, “pero no se les ha investigado qué hicieron con nuestros hijos”. Llamó a la gente de Iguala a que no hagan oídos sordos a 40 meses de dolor y de lucha para buscar a sus hijos.
El padre de otro de los jóvenes desaparecidos, don Emiliano se sumó a la exigencia de que se castigue a los verdaderos culpables y en su caso que se libere a los que sean inocentes, y que fueron torturados para declararse responsables de este hecho.
Señaló que el Ejército es el responsable de crear esta situación de miedo en Guerrero para que la gente no denuncie, y que los verdaderos delincuentes “son ellos mismos, los de corbata que están en Los Pinos, en el estado y en los municipios”.
Felipe de la Cruz dijo que no pueden guardar silencio ante una de las escenas de mayor crueldad que se ha vivido en la historia del país. Pidió a las organizaciones y a la población que no los dejen solos en su camino en busca de la verdad y de justicia, así como del castigo para todos los involucrados en este crimen.
En declaraciones advirtió que el hecho de que termine el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, no significa que se vaya a eximir de responsabilidades y de castigo, al igual que sus funcionarios, por tratarse de un crimen de Estado y de lesa humanidad.
Adelantó que al gobierno que llegue y quede la exigencia de los padres va a seguir siendo la misma, y consideró que con la nueva administración podría haber mayor facilidad de investigación en contra de todos los involucrados porque ya no van a tener poder “y eso nos podría facilitar más el camino a la verdad”.
Al hecho de que muchos de los funcionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto están buscando cargos de elección popular, señaló que es una muestra de que no les interesa el dolor de los mexicanos ni lo que está pasando, sino seguirse enriqueciendo y vivir de los impuestos.
De la narcomanta dejada en el cuerpo de un militar del 27 Batallón de Iguala ejecutado a balazos y torturado en Tepecoacuilco, donde se señala a mandos del Ejército de recibir dinero del narco, Felipe de la Cruz dijo que confirma y reafirma su denuncia en contra del 27 Batallón de Infantería de que participó en los ataques, lo que destapó la podredumbre de todas las instituciones “y si se les señala de nexos y de que reciben dinero, se comprueba que hay mucha responsabilidad del Ejército en el caso Ayotzinapa, en otros casos de desapariciones y crímenes cometidos en Guerrero”.

 

 

Atrae la CNDH el caso de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

Atrajo la CNDH la investigación de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

El organismo solicitó que le entregaran los expedientes para continuar las investigaciones, “por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado”, informa el presidente de la Codehum

Luis Blancas

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humano del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo las investigaciones de la desaparición de los siete jóvenes por policías de Chilpancingo, dos de los cuales fueron hallados muertos, tres torturados y dos de los que aún se desconoce su paradero.
Consultado en el cuartel de la Policía Municipal dijo que la semana pasada la CNDH le solicitó que entregara los expedientes de la desaparición de los siete jóvenes, por la probable participación de los policías municipales de Chilpancingo, para continuar las investigaciones.
Dijo que el viernes enviaron los expedientes “la CNDH nos pidió atraer la competencia de las investigaciones por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado y la ley así lo establece, cuando los asuntos del estado trasciendan el interés nacional la CNDH podrá tener la facultad de atraer este caso”.
Indicó que la Codehum coadyuvará en las diligencias por las desapariciones ocurridas en la última semana de diciembre.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días, y aparecieron vivos en la ciudad.
El 3 de enero los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados en un basurero en el lugar conocido como Tierras Prietas en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de la capital.
El 4 de enero policías federales, militares y estatales tomaron las instalaciones de la Policía Municipal, y desarmaron a los agentes municipales luego de que fueran denunciados por la desaparición.

Ya investiga la FGE las fosas en la capital y el aumento de homicidios en el estado, informa Héctor Astudillo

Anuncia que la Secretaría de Seguridad Pública del estado designará provisionalmente a quien suplirá al ex secretario de Seguridad de Chilpancingo, Esteban Espinoza Montoya, que renunció al cargo tras la desaparición de siete jóvenes en la capital, presuntamente por policías municipales. Había reprobado el examen de confianza y aún así fue designado por Marco Antonio Leyva, revela

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

El gobernador, Héctor Astudillo Flores dijo sobre el aumento en el número de homicidios y la fosa hallada el viernes en Chilpancingo, que en estos dos sucesos la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la investigación en sus “manos”.
El pasado viernes, en una colonia de la periferia de Chilpancingo fueron halladas diversas fosas clandestinas con restos óseos, que hasta este lunes suman siete, lo que derivó en trabajos de investigación de la FGE.
El gobernador aprovechó para referirse a una nota periodística que apareció en un portal de la capital del estado, en la que se difundió sobre el hallazgo de 15 cuerpos encontrados, la cual dijo fue desmentida por el gobierno del estado, que confirmó que hasta ayer por la mañana eran cuatro.
Dijo que en el caso de las fosas “se está generando principalmente una investigación antropológica, es la información que tengo”.
En conferencia de prensa en la que anunció el tercer cambio a su gabinete, a preguntas de reporteros, Astudillo Flores contestó que sobre los hechos registrados en Taxco, donde una mujer fue desmembrada, la Fiscalía investiga el caso, pero no entró en mayores detalles.

Seguridad Pública estatal designará al secretario de Seguridad en la capital

Astudillo Flores informó que la Secretaría de Seguridad Pública del estado designará provisionalmente a quien suplirá al ex secretario de Seguridad de Chilpancingo, Esteban Espinoza Montoya.
Este domingo se dio a conocer que el secretario de Seguridad de Chilpancingo, Espinoza Montoya presentó su renuncia luego de que se reveló que reprobó los exámenes de control de confianza para desempeñar el cargo, y además se difundió un video en Televisa en el que se confirmaba que policías de la capital participaron en la desaparición de uno de los jóvenes.
“La norma es tener secretarios aprobados por el sistema nacional, en el caso de Chilpancingo no estaba aprobado, y se le comunicó oportunamente al presidente municipal (Marco Antonio Leyva Mena), a efecto de que procediera a su relevo. No lo hizo”, contó.
En declaraciones a reporteros tras concluir una conferencia de prensa en la que se presentó el tercer cambio al interior del gabinete estatal, Astudillo Flores puntualizó que si fue un “colaborador” durante su campaña a la gubernatura.
“Si fue un colaborador en al campaña de nosotros, uno de los colaboradores que teníamos en el equipo, posteriormente él fue designado por el presidente municipal (Marco Antonio Leyva Mena) y en su momento por el procedimiento que se requiere fue designado secretario de Seguridad Pública”, agregó.
Indicó que fue acertado que Espinoza Montoya presentara su renuncia para colaborar con al investigación sobre los policías municipales capitalinos.
“Lo que quiero dejar muy en claro es que nunca fue mi jefe de escoltas, creo que era un elemento que colaboraba, pero no mi jefe de escoltas, ni en la campaña ni otro lado”, agregó.
Astudillo Flores reiteró que Espinoza Montoya no es su “enemigo”, pero tampoco es una persona cercana a él.
“El presidente municipal (Jesús Tejeda Vargas) a través de una llamada vía telefónica ayer, me dio conocer la renuncia del secretario de Seguridad Pública de aquí de Chilpancingo, es el mecanismo en el que fui enterado”, agregó en una conferencia de prensa en Casa Guerrero.
Insistió que era necesario dejar claro que en el Grupo de Coordinación Guerrero se decidió notificar “oportunamente” al presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena, sobre la reprobación de su secretario de seguridad por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante la consulta se le preguntó si había solicitado a los alcaldes que haya una certificación nueva de los policías municipales, a lo que respondió que todas las personas que tienen recursos públicos relacionados con seguridad, están frecuentemente convocados y recomendados para cumplir con estos temas.
Informó que ante la salida del secretario, la Secretaría de Seguridad del estado será la encargada de designar al nuevo suplente de manera temporal, además de continuar en coordinación con la policía federal para los operativos de seguridad que se realicen en Chilpancingo.
Comentó que aún no se sabe hasta cuándo duren al mando estas fuerzas, pero se mantendrán para dar la seguridad que requiere la ciudadanía.
“Nosotros habíamos preparado un grupo para llevarlo a la zona económica especial a la Unión, hasta Lázaro Cárdenas, ese grupo que estábamos preparando para moverlo para allá lo dejamos en Chilpancingo, de tal manera (que) lo único que hacemos es posponer el envió del equipo que se había preparado”, agregó.
Recordó que los policías que fueron removidos se reincorporarán a sus labores cuando terminen las investigaciones.

Piden familiares de los policías de la capital castigo sólo a involucrados en desapariciones

Temen por su vida y los hijos de los uniformados sufren de acoso en sus escuelas, afirman. Protestan en la Codehum y el presidente del organismo, Ramón Navarrete acude al cuartel

Luis Blancas

Chilpancingo

Familiares de los policías municipales que fueron desarmados el 4 de enero tras ser acusados de la desaparición de siete jóvenes, protestaron en la explanada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) para exigir a los tres órdenes de gobierno investigaciones conforme a la ley, que se responsabilice a los policías involucrados pero no al resto de la corporación.
El presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno acudió al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los agentes municipales encuartelados hace 19 días, para saber si sufren violación a sus derechos humanos.
A las 8:40 de la mañana unos 25 familiares llegaron a la explanada de la Codehum para demandar una audiencia con Navarrete Magdaleno, y portaban pancartas en mano en las que se leía, “Sr. Gobernador y CNDH hacemos responsables al Sr. Pioquinto Damián Huato de lo que le llegue a pasar a cada integrante de la Policía Municipal”, “Pioquinto por tu culpa los hijos de los policías sufrimos bullying ya basta”, “A parte de ser policías también son padres y madres de familia”, “Exigimos sean respetados nuestros derechos”.
Señalaron al ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pioquinto Damián Huato y a la periodista Denise Maerker (que difundió un video que prueba que al menos cinco agentes participaron en la desaparición de un joven) de difamar a los agentes municipales, “porque no todos en la corporación son delincuentes”.
La familiar de un policía municipal, Aracely Flores Morales exigió respeto a los oficiales que no cometieron hechos delictivos, “mi familiar no es un asesino y el aprobó el examen de control de confianza que realiza la federación, no se me hace justo que por unos paguen todos, él lleva más de 10 años trabajando en la corporación y no ha tenido ninguna falta”.
Flores Morales pidió a los tres órdenes de gobierno que se investigue conforme a derecho la desaparición de los siete jóvenes. Dos fueron hallados asesinados y dos más siguen desaparecidos, “si algún agente es responsable de este hecho que sea juzgado, pero los demás que no tiene nada que ver que los dejen trabajar”.
Comentó que las acusaciones que han salido en los medios de comunicación de que los agentes municipales son responsables de la desaparición de los jóvenes ponen en riesgo su integridad física y la de sus familias, además los hijos de los policías han sufrido bullying en la escuela, “porque sus compañeros de escuela le dicen que su papá es un asesino”.
Un hijo de un policía contó que “en la primaria mis compañeros se burlan de mi papá porque es policía municipal porque lo catalogan a los policías como asesinos, antes era un halago que mi papá es policía, ahora ya no porque los tachan de asesinos porque se llevaron a las personas, pero sabemos que no”.
Otro familiar dijo que las declaraciones de Pioquinto Damián en contra de los uniformados es una cuestión política “el señor Pioquinto quiere ganar votos, gente, y no se vale que afecte a personas vulnerables como los policías municipales”.
Mencionó que hace 19 días los uniformados se encuentran encuartelado en la corporación, no han tenido acercamiento con funcionarios del gobierno municipal ni del estado, además no les han informado qué va a pasar con ellos, si serán despedidos, regresarán a trabajar en la Policía Municipal o serán detenidos, “vivimos con el temor de que sean detenidos, que no lleguen a la casa, nos maten y las familias de los afectados tomen represalias en contra de nosotros, queremos que se aclare bien este caso”.
Después una comisión de familiares entró a la Codehum y se reunió con Ramón Navarrete Magdaleno, quien minutos antes de la 1 de la tarde se trasladó al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los uniformados.
Consultado al salir del cuartel dijo que después de reunirse con los familiares de los agentes municipales se acordó que acudiría al cuartel para saber las condiciones en que se encuentran.
Dijo que platicó con los policías municipales y oficiales de Tránsito quienes no se encuentran privados de su libertad, salen a descansar, cobran su salario, prestaciones, “no están saliendo a trabajar por las investigaciones, pero no hay vulneración a sus derechos laborales”.
“Los elementos de la policía refieren que no están siendo hostigados, que pueden salir a sus domicilios en sus días de descanso, luego se incorporan, eso es una buena señal de que si hay una investigación están siguiendo los cauces legales”, declaró.
La noche del jueves en el noticiero En Punto que conduce la periodista Denise Maerker se difundió un video del viernes 29 de diciembre de la desaparición del estudiante de Enfermería y trabajador de la Secretaría de Salud estatal, Efraín Patrón Ramos de 24 años, donde se ve que estuvieron involucrados al menos cinco policías municipales de Chilpancingo.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días y aparecieron vivos en la ciudad.
El 12 de este mes el juez de control Edgardo Mendoza Falcón vinculó a proceso por homicidio calificado en agravio a Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Catalán Cabrera, al policía preventivo municipal Nicolás.

 

 

Atrajo la CNDH la investigación de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humano del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo las investigaciones de la desaparición de los siete jóvenes por policías de Chilpancingo, dos de los cuales fueron hallados muertos, tres torturados y dos de los que aún se desconoce su paradero.
Consultado en el cuartel de la Policía Municipal dijo que la semana pasada la CNDH le solicitó que entregara los expedientes de la desaparición de los siete jóvenes, por la probable participación de los policías municipales de Chilpancingo, para continuar las investigaciones.
Dijo que el viernes enviaron los expedientes “la CNDH nos pidió atraer la competencia de las investigaciones por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado y la ley así lo establece, cuando los asuntos del estado trasciendan el interés nacional la CNDH podrá tener la facultad de atraer este caso”.
Indicó que la Codehum coadyuvará en las diligencias por las desapariciones ocurridas en la última semana de diciembre.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días, y aparecieron vivos en la ciudad.
El 3 de enero los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados en un basurero en el lugar conocido como Tierras Prietas en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de la capital.
El 4 de enero policías federales, militares y estatales tomaron las instalaciones de la Policía Municipal, y desarmaron a los agentes municipales luego de que fueran denunciados por la desaparición.

 

Piden familiares de los policías de la capital castigo sólo a involucrados en desapariciones

Familiares de los policías municipales que fueron desarmados el 4 de enero tras ser acusados de la desaparición de siete jóvenes, protestaron en la explanada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) para exigir a los tres órdenes de gobierno investigaciones conforme a la ley, que se responsabilice a los policías involucrados pero no al resto de la corporación.
El presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno acudió al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los agentes municipales encuartelados hace 19 días, para saber si sufren violación a sus derechos humanos.
A las 8:40 de la mañana unos 25 familiares llegaron a la explanada de la Codehum para demandar una audiencia con Navarrete Magdaleno, y portaban pancartas en mano en las que se leía, “Sr. Gobernador y CNDH hacemos responsables al Sr. Pioquinto Damián Huato de lo que le llegue a pasar a cada integrante de la Policía Municipal”, “Pioquinto por tu culpa los hijos de los policías sufrimos bullying ya basta”, “A parte de ser policías también son padres y madres de familia”, “Exigimos sean respetados nuestros derechos”.
Señalaron al ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pioquinto Damián Huato y a la periodista Denise Maerker (que difundió un video que prueba que al menos cinco agentes participaron en la desaparición de un joven) de difamar a los agentes municipales, “porque no todos en la corporación son delincuentes”.
La familiar de un policía municipal, Aracely Flores Morales exigió respeto a los oficiales que no cometieron hechos delictivos, “mi familiar no es un asesino y el aprobó el examen de control de confianza que realiza la federación, no se me hace justo que por unos paguen todos, él lleva más de 10 años trabajando en la corporación y no ha tenido ninguna falta”.
Flores Morales pidió a los tres órdenes de gobierno que se investigue conforme a derecho la desaparición de los siete jóvenes. Dos fueron hallados asesinados y dos más siguen desaparecidos, “si algún agente es responsable de este hecho que sea juzgado, pero los demás que no tiene nada que ver que los dejen trabajar”.
Comentó que las acusaciones que han salido en los medios de comunicación de que los agentes municipales son responsables de la desaparición de los jóvenes ponen en riesgo su integridad física y la de sus familias, además los hijos de los policías han sufrido bullying en la escuela, “porque sus compañeros de escuela le dicen que su papá es un asesino”.
Un hijo de un policía contó que “en la primaria mis compañeros se burlan de mi papá porque es policía municipal porque lo catalogan a los policías como asesinos, antes era un halago que mi papá es policía, ahora ya no porque los tachan de asesinos porque se llevaron a las personas, pero sabemos que no”.
Otro familiar dijo que las declaraciones de Pioquinto Damián en contra de los uniformados es una cuestión política “el señor Pioquinto quiere ganar votos, gente, y no se vale que afecte a personas vulnerables como los policías municipales”.
Mencionó que hace 19 días los uniformados se encuentran encuartelado en la corporación, no han tenido acercamiento con funcionarios del gobierno municipal ni del estado, además no les han informado qué va a pasar con ellos, si serán despedidos, regresarán a trabajar en la Policía Municipal o serán detenidos, “vivimos con el temor de que sean detenidos, que no lleguen a la casa, nos maten y las familias de los afectados tomen represalias en contra de nosotros, queremos que se aclare bien este caso”.
Después una comisión de familiares entró a la Codehum y se reunió con Ramón Navarrete Magdaleno, quien minutos antes de la 1 de la tarde se trasladó al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los uniformados.
Consultado al salir del cuartel dijo que después de reunirse con los familiares de los agentes municipales se acordó que acudiría al cuartel para saber las condiciones en que se encuentran.
Dijo que platicó con los policías municipales y oficiales de Tránsito quienes no se encuentran privados de su libertad, salen a descansar, cobran su salario, prestaciones, “no están saliendo a trabajar por las investigaciones, pero no hay vulneración a sus derechos laborales”.
“Los elementos de la policía refieren que no están siendo hostigados, que pueden salir a sus domicilios en sus días de descanso, luego se incorporan, eso es una buena señal de que si hay una investigación están siguiendo los cauces legales”, declaró.
La noche del jueves en el noticiero En Punto que conduce la periodista Denise Maerker se difundió un video del viernes 29 de diciembre de la desaparición del estudiante de Enfermería y trabajador de la Secretaría de Salud estatal, Efraín Patrón Ramos de 24 años, donde se ve que estuvieron involucrados al menos cinco policías municipales de Chilpancingo.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días y aparecieron vivos en la ciudad.
El 12 de este mes el juez de control Edgardo Mendoza Falcón vinculó a proceso por homicidio calificado en agravio a Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Catalán Cabrera, al policía preventivo municipal Nicolás.