El dirigente estatal del PAN, Marco Antonio Maganda Villalba, afirmó que los gobiernos estatal y el federal están rebasados por la delincuencia organizada, y los llamó a tratar como víctimas a los adolescentes y jóvenes que operan como halcones y extorsionadores en los grupos criminales.
En conferencia de prensa en las oficinas de la dirigencia estatal, dijo que es preocupante que en el estado “reine la impunidad”, por lo que pidió al gobierno estatal y federal que no tomen a la ligera la violencia y afirmen que todos los homicidios son consecuencia de la delincuencia organizada.
Una reportera le preguntó si el gobierno de Héctor Astudillo Flores está rebasado por la delincuencia organizada, y el dirigente estatal respondió que “definitivamente, podemos decir que sí, se ha perdido el control, no sólo el gobierno del estado sino también el gobierno federal”.
Recordó que el tema del restablecimiento de la seguridad es una promesa de campaña de los actuales gobiernos federal y estatal, los que dijo que “han dejado mucho que desear”.
Consideró que el gobierno federal debe apoyar al estado en la generación de oportunidades de educación y empleo para los jóvenes y adolescentes que participan con los grupos de la delincuencia organizada como halcones o extorsionadores, a quienes calificó como víctimas porque “no encontraron otras oportunidades y no les queda de otra”.
En otro tema, el dirigente informó que el PAN comenzó el proceso de renovación del Consejo Nacional y el Estatal; la elección en asamblea se realizará en diciembre.
El Comité Directivo Estatal (CDE) emitió la convocatoria y lineamientos para elegir a los miembros del Consejo Nacional para el periodo 2017-2019 y los integrantes del Consejo Estatal para el periodo de 2016-2019.
Dijo que en sesión extraordinaria el miércoles antes de las 12 de la noche que era la hora límite, aprobaron la convocatoria y lineamientos.
También nombraron a los integrantes de la Comisión Organizadora del Proceso (COP), formada por Guadalupe Vargas Tapia, Clementina Salinas Terraza y Luis Alberto Patrón Osorio, las dos primeras de Acapulco y el tercero de Chilpancingo.
El presidente del partido comentó que los aspirantes a consejeros estatales y nacionales primero deberán pasar un examen en el que se evaluarán sus conocimientos de historia y de doctrina panista
Respecto a las irregularidades financieras que los panistas han denunciado cometidas por la dirigencia pasada, apuntó que hay indicios de desvío de recursos, pero aún no concluye sus investigaciones y la fiscalización.
Señaló que será hasta que entre en funciones la nueva Comisión de Vigilancia, que se elegirá de los nuevos consejeros, cuando la Comisión de Asuntos internos le informe y entregue el paquete de información para que lo analice y realice un dictamen que tendrá que presentar al Consejo Estatal.
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Si Leyva Mena no puede con el cargo que renuncie, dice el PRD de Chilpancingo
La dirigencia municipal de Chilpancingo y miembros del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD calificaron el primer año de gobierno del priista Marco Antonio Leyva Mena como “una administración fallida”, pidieron que si no puede con el cargo “renuncie” y convocaron a la población a “expresarse” durante su primer informe de actividades.
Los perredistas criticaron que Leyva Mena no haya resuelto aún el problema de la basura en Chilpancingo y consideraron que es inoperante el relleno sanitario intermunicipal que intenta impulsar, sin embargo se negaron a responder si conocen el proyecto; incluso, el secretario de enlace legislativo del CEE, Jorge Antonio Pérez Sánchez, dijo que la dirigencia del partido no se ha reunido con el alcalde de Tixtla, Hossein Nabor Guillén, para hablar del tema.
Ayer en conferencia de prensa, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD, Asunción Martínez Ortíz; el secretario de Formación Política del CEE, Miguel Flores Morales; la de Derechos Humanos, Yenedith Barrientos Santiago; y el de Enlace Legislativo, Jorge Antonio Pérez, ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) para fijar su postura respecto al primer año de gobierno de Leyva Mena en la capital.
El primero en intervenir fue Asunción Martínez, quien aseguró que el actual gobierno municipal enfrenta “una crisis social y política” y calificó su primer año como “una administración fallida”.
Aseguró que la celebración de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo del año pasado se dio en medio de corrupción y opacidad en el manejo de las finanzas; recordó que hubo un intento de incrementar el costo del servicio del agua, además de que se privatizaron espacios de interés público para la construcción de baños en la Alameda Granados Maldonado y a un costado del Ayuntamiento.
“Se vendieron zonas de donación y áreas verdes, se agudizó el deterioro de las vialidades y circuitos de comunicación. Este año la ciudad ha mostrado la peor decadencia en su infraestructura, hay zonas de penumbra y total oscuridad”, expresó.
Aunado a esto, recordó que en el último mes fueron constantes las movilizaciones de trabajadores del ayuntamiento que exigían el pago de prestaciones y atención a sus demandas, saliendo a las calles en reiteradas ocasiones para bloquear calles y a tomar el Palacio Municipal; además comentó también que la inseguridad aumentó.
Martínez Ortiz dijo que la dirigencia municipal del PRD estará presente en el informe de Marco Leyva para conocer qué le reportará a los ciudadanos, y llamó a los habitantes de Chilpancingo a que ese día “se expresen”.
El secretario de Enlace Legislativo del CEE, Jorge Antonio Pérez, criticó el proyecto del relleno sanitario intermunicipal que el ayuntamiento de Chilpancingo está impulsando y que pretende construir en la comunidad de Metlalapa, perteneciente al municipio de Tixtla, gobernado por el perredista Hossein Nabor.
Refirió que muchos proyectos similares han fracasado por el desinterés de las autoridades para dar mantenimiento a centros como ese, y también habló del fracaso de las plantas tratadoras de aguas residuales; en ambos casos dijo que hay riesgos inminentes de contaminación, principalmente por los lixiviados.
En su intervención dijo que la dirigencia del PRD no se ha reunido aún con Hossein Nabor para hablar del proyecto que impulsa Leyva Mena, y que involucra la participación de los gobiernos de Tixtla y de Zumpango, este último presidido por el también perredista Pablo Higuera Fuentes.
Tras esa afirmación se les preguntó si conocían el proyecto integral que impulsa el gobierno de Chilpancingo y que el alcalde defendió el miércoles ante diputados del Congreso local, pero Pérez Sánchez evadió responder e insistió en que esos proyectos no son viables por los antecedentes que existen.
En por lo menos tres ocasiones se le insistió que respondiera si conocían el proyecto o si habían tenido acceso al expediente del mismo, pero se negó a dar una respuesta concreta.
“Debe ser con la norma 084 que es de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)”, respondió, y argumentó que él es conocedor del tema, pero no precisó si él o algún otro integrante de la dirigencia han tenido acceso al proyecto.
Se le preguntó también por qué fijar una postura al respecto si aún no han dialogado con el alcalde de Tixtla para conocer las razones por las que el municipio se niega al relleno intermunicipal, pero dijo que “no necesitamos reunirnos con el alcalde para saber que el proyecto es inoperante”.
Por su cuenta, Miguel Flores Morales pidió al alcalde de Chilpancingo no politizar el tema del relleno sanitario, y dijo que si enfrenta un problema de basura en la ciudad es porque muestra “incapacidad”.
“Le pedimos responsabilidad y que el asunto sea visto de manera técnica y ambiental. Es un tema de importancia para la supervivencia de especies de Chilpancingo, no se trata sólo de tirar basura, sino de las consecuencias que trae después de instalarse, es necesario el diálogo”.
Informó que la dirigencia estatal del PRD se reunirá con los alcaldes de Zumpango y Tixtla para analizar la viabilidad técnica del proyecto, y con ello entrar en un proceso de concientización para dar solución al problema del relleno sanitario de Metlalapa.
Dijo que si el proyecto es técnicamente viable, tendrían que realizar un proceso de consulta con los habitantes de los municipios de Tixtla y Eduardo Neri para que den su anuencia y poner en marcha su operación, pues aseguró que imponer un proyecto es un error.
En su intervención, Yenedith Barrientos expresó su solidaridad con las familias de dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que fueron asesinados a balazos el sábado en la colonia CNOP y que motivó ayer la protesta de sus compañeros.
Explicó que este caso lo debe esclarecer la Fiscalía General del Estado (FGE) y pidió a esa institución no centrarse en actos de represión, como, dijo, ocurre con los normalistas de Ayotzinapa, quienes son investigados por las recientes protestas que realizaron en Chilpancingo e Iguala.
También habló del caso de la ex regidora de Atoyac de Álvarez y actual directora de cuatro clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Costa Grande, doctora Adela Rivas Obé, desaparecida desde el jueves pasado.
Indicó que el sábado en el zócalo de Atoyac habrá una manifestación en la que se exigirá la presentación con vida de la doctora.
Finalmente, el dirigente municipal del PRD en Chilpancingo pidió al alcalde que “si no puede con el cargo, que renuncie”.
La crítica de Ríos Piter a Astudillo fue un “ataque con dolo”, dice el dirigente del PRI
El dirigente estatal del PRI, José Parcero López, defendió la postura del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien vía Twitter llamó cobarde al senador del PRD, Armando Ríos Piter, en respuesta a una crítica de éste.
El líder priista exigió al senador ofrecer una disculpa para el Ejecutivo tras las críticas que le hizo respecto a los índices de violencia registrados en lo que va de la actual administración y que Parcero López calificó como “un ataque doloso”.
En tanto, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, consideró que la respuesta de Héctor Astudillo “no le queda” por su investidura de gobernador, y reiteró que ese partido seguirá actuando como oposición.
El sábado en Twitter se dio un intercambio de señalamientos entre el senador del PRD y el gobernador; el primero preguntó si el PRI recuperó a Guerrero con mil 797 homicidios dolosos que se tienen registrados en lo que va de la actual administración estatal. Ese mismo día, Astudillo Flores le respondió: “violencia que generaron amigos tuyos, como Abarca. Ya se te olvidó. Cobarde”.
Consultado ayer al respecto, Parcero López consideró que la crítica de Ríos Piter y “la de muchos otros perredistas” no respeta la investidura de Héctor Astudillo, “atacan al gobernador como si él fuera el que llevara en hombros el fusil para vigilar”.
Vía telefónica explicó que Héctor Astudillo forma parte de una estructura de seguridad en la que participan la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal, el Ejército y la Marina, de quienes dijo están trabajando para resolver el problema de inseguridad y violencia en el estado.
“Se está haciendo un gran esfuerzo de coordinación, lo que llama la atención es que le enderecen una crítica que no se sostiene, no tiene los argumentos y se convierte en una ofensa”, expuso.
Dijo que lejos de ser una crítica, la postura del senador es una ofensa a las instituciones que están representadas por el gobernador y que, aseguró, son legítimas, pues son resultado de una elección.
“En lo personal siento que no es un ataque solamente personal, sino que es un ataque a la institución-gobierno, al Plan Estatal de Desarrollo, a la estrategia y al esfuerzo de todo un equipo”, dijo.
Parcero López comentó que ni el PRI ni el gobernador están cerrados al debate o a la crítica, y dijo que hay disposición de sentarse a dialogar con las organizaciones y partidos políticos para escuchar sus posturas y lograr acuerdos.
Pidió a Ríos Piter que en lugar de hacer “críticas sin sustento”, proponga alternativas de solución al problema de inseguridad, realizando foros o buscar a su partido para que en conjunto se reúnan con las autoridades encargadas de la seguridad, instalen una mesa de trabajo y planteen sus propuestas.
Además, como lo hizo Astudillo Flores, refirió que el PRD cuando gobernó “se vinculó con la delincuencia organizada” y recordó el caso de José Luis Abarca Velázquez, quien era alcalde de Iguala cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que actualmente está preso por su relación con grupos criminales.
“Yo se los he dicho: tienen (los perredistas) amnesia, tienen problemas mentales, se les olvida el pasado, se les olvida que ellos gobernaron diez años, que ellos también padecieron y sufrieron el fenómeno (de la violencia). Es más, ellos se vincularon al crimen organizado como ocurrió en Iguala, que respondan por los hechos del pasado”, dijo.
Aseguró que la crítica del senador perredista es un “ataque con dolo” al gobierno de Astudillo del que, insistió, representa a instituciones legitimadas, y exigió de Ríos Piter una disculpa.
“El Jaguar (como se le conoce a Ríos Piter) hizo honor de su nombre, actuó como un depredador, porque es un depredador de la política y de las instituciones y debe hacer una reflexión, y tiene la obligación de disculparse”, expuso.
-¿Pero la respuesta de Astudillo no es una muestra de intolerancia hacia la crítica? -se le preguntó.
-El gobernador es un ser humano también, es un hombre de sentimientos, de emoción y yo creo que su expresión es respetable, si tú me ofendes no es un problema de tolerancia, es una ofensa directa al hombre, a la institución.
Por separado, el dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo, manifestó que la postura que asumió el gobernador ante la crítica que le hizo Ríos Piter “no le queda”, y dijo que las cifras que dio el senador son la realidad a la que se enfrentan todos los guerrerenses.
Indicó que el CEE del PRD acordó desde que inició el gobierno de Héctor Astudillo que actuaría como oposición, y aseguró que así lo seguirá haciendo.
“El PRD va a ser opositor a este gobierno y no por estrategia, y no de forma mediática, y no de manera temporal y no por un cálculo político, el PRD es oposición y una y otra vez ha exigido que el gobernador presente una estrategia de seguridad propia, porque es la demanda de los guerrerenses y es nuestra responsabilidad como PRD demandar resultados del gobierno del estado”, dijo.
Un reportero le preguntó si veía que el PRI ocupa el caso Iguala con tintes políticos ante los constantes recordatorios de que el PRD gobernaba ese municipio cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Al respecto dijo que sí, pero manifestó que el PRD pagó “su responsabilidad política” y recordó que José Luis Abarca actualmente está preso y que Ángel Aguirre Rivero dejó el cargo de gobernador tras esos acontecimientos.
Se le preguntó si habló con Ríos Piter al respecto, pero dijo que desde hace “meses” no se comunica con él.
-¿Hay un distanciamiento de la dirigencia con el senador? -se le insistió.
-Ni distanciamiento ni acercamiento, simplemente no hemos hablado.
Hasta las últimas consecuencias en el caso Ayotzinapa: PRI
Respecto a los dos años de los hechos de Iguala, donde en septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa y asesinadas seis personas, el líder del PRI manifestó que las autoridades federales deben continuar con las investigaciones hasta “las últimas consecuencias y castigar a todos los responsables”.
Pidió que no se descarte ninguna línea de investigación y que el gobierno federal sea “más contundente” en el trabajo que está haciendo para darle una respuesta a las familias de las víctimas y garantizarles el acceso a la justicia.
De las acciones de protesta de normalistas rurales en los últimos días, dijo que las expresiones sociales a veces “son incontenibles”, aunque consideró que esta situación será momentánea.
Hizo un llamado a que las manifestaciones se hagan dentro del marco legal, pidió a las autoridades mantener el diálogo con las familias de todas las víctimas de los hechos de Iguala y reiteró su postura de que se castigue a todos los culpables.
Aún no presenta el gobierno el análisis sobre los cuatro nuevos municipios, dice promotor
A cuatro meses de hacer el compromiso, la Secretaría General de Gobierno no ha presentado los resultados del análisis que haría a los cuatro proyectos de nuevos municipios en la Montaña y Costa Chica para determinar si son viables o no.
El promotor de Temalacatzingo, Pánfilo Sánchez Almazán, denunció que el pasado jueves los cuatro comités fueron convocados a una reunión con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para que les presentaran los resultados, sin embargo dijo que el funcionario estatal no estuvo presente y que en el encuentro sólo les dijeron que aún no se hace el diagnóstico.
El pasado 25 de mayo, los promotores de Las Vigas, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Temalacatzingo, comunidades que pretenden desprenderse de San Marcos, Cuajinicuilapa, Malinaltepec y Olinalá, se reunieron con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
En ese encuentro el funcionario estatal se comprometió a que a más tardar a finales de junio esa dependencia presentaría un informe respecto a la viabilidad de estas demarcaciones, y en caso de que no hubiera impedimento para su procedencia el Ejecutivo promovería los proyectos ante el Congreso.
Consultado ayer al concluir la sesión del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, del que es secretario de Organización, Sánchez Almazán dijo que el gobierno del estado está siendo omiso en el tema.
Indicó que el jueves los cuatro comités promotores fueron convocados a una reunión con Florencio Salazar, pero dijo que éste no estuvo presente y sólo fueron llamados para decirles que aún no se hacía el análisis de los proyectos, a pesar de que el compromiso se asumió desde mayo.
“Lo lamentamos, esto molestó mucho porque cómo es posible que a casi cuatro meses de la reunión no nos hayan dado los resultados. Qué desafortunado que no se estén atendiendo las indicaciones que en su momento dio el gobernador Héctor Astudillo”, dijo.
Explicó que el jueves las autoridades les pidieron un nuevo plazo y se comprometieron a que antes del 15 de octubre les entregarán los resultados del análisis para determinar si los proyectos son viables.
“A un año de ejercicio de este gobierno no hemos avanzado en lo mínimo, en nada, ni en el análisis técnico, no hay interés, no hay ese respaldo que en su momento nos dio el gobernador, quien nos había expresado que él se consideraba municipalista, pero en la práctica vemos que su gente no le pone interés”.
Hizo un llamado al gobernador para que gire instrucciones y se atienda de inmediato la demanda de los promotores, pues dijo que es latente la posibilidad de que salgan a manifestarse.
No dejará de buscar justicia en el caso Chavarría; “era un gran amigo mío”, dice Héctor Astudillo
El gobernador Héctor Astudillo Flores convocó “a todas las personas que estén opinando y que sepan algo” sobre el asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, a aportar para así “mejorar” la investigación y contar con mayor información.
En declaraciones a reporteros antes de la ceremonia por el inicio del ciclo escolar 2016-17 y que se desarrolló en la primaria Luis Donaldo Colosio, en el Acapulco Diamante, añadió que su gobierno no dejará de hacer lo que le corresponda para resolver el caso.
“Del caso Chavarría debe seguirse recibiendo toda la información que sea posible recibir, y la Fiscalía desde mi punto de vista, debe de hacer todo lo que le corresponda, para mejorar esa integración de la investigación y todo lo que necesite, y todas las personas que estén opinando, que sepan algo, y que puedan aportar, debe ser bienvenida su aportación, o sea, no debe de dejar de buscarse hacer justicia en el caso de Armando Chavarría, que por cierto era un gran amigo mío”, dijo.
Al preguntarle si representa un reto para la actual administración resolver el caso, el gobernador respondió que lo será para la Fiscalía, y consideró que también ha representado un reto para las fiscalías pasadas. Añadió que “ésta no tiene que dejar de hacer lo que le corresponda”.
A pregunta de reporteros sobre el repunte de la violencia, el gobernador admitió que sigue siendo un problema en Guerrero, no obstante que no es privativo de esta entidad, sino que lo consideró como “una tendencia” en todo el país.
Adelantó que se reuniría por la tarde con empresarios en Ixtapa-Zihuatanejo y que sesionaría el Grupo de Coordinación Guerrero.
En relación a la reunión que sostuvo el domingo pasado con los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero, mencionó que en ella se habló de la vigilancia para las escuelas por el inicio del ciclo escolar.
El gobernador dijo que con las lluvias del fin de semana pasado en la región Centro y Montaña hubo afectaciones en 20 familias, unas 100 personas, así como en Iguala y Zihuatanejo, aunque no precisó más.
“Donde hubo más problemas recientemente fue en la zona de Huitzuco, fue en Iguala, y ayer en Chilpancingo, y también ayer en Chilapa, fueron las dos zonas, ayer, insisto, les decía, hubo solamente en Chilpancingo, tres tormentas, entonces hay que estar muy atentos porque se está como acrecentando la cantidad de lluvia que cae, especialmente en algunas regiones”.
Se le preguntó su opinión sobre el préstamo de 158 millones de pesos que solicitó el alcalde Evodio Velázquez al Cabildo de Acapulco, y opinó que quienes se encuentran en funciones públicas, “fundamentalmente en grupos que son deliberativos”, requerirán de autorizaciones de sus plenarias y pidió “ser muy puntuales en lo que dice la Constitución General de la República y la Constitución del estado”.
Hubo en su periodo un “trabajo significativo” de investigación, dice el ex fiscal Godínez
El ex fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, aseguró que durante su periodo hubo “trabajo significativo” en la investigación del asesinato del diputado local Armando Chavarría Barrera.
Este domingo, en un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado reconoció que en el caso del homicidio de quien fuera entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Armando Chavarría Barrera, el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar.
En dicho comunicado se indica que durante la administración de Godínez Muñoz, del 17 de noviembre de 2014 al 26 de noviembre del 2015, “no se realizó declaración alguna”. Además, la dependencia encabezada por Xavier Olea Peláez, señaló que hubo “retardo injustificado en las investigaciones, y retraso e inexistencia de avances sustanciales, que da como resultado que no se garantice un debido proceso jurídico”.
En respuesta y consultado luego de la presentación de la fundación Valores en Servicio en la Casa de la Cultura, Godínez Muñoz, indicó que no tenía nada que opinar.
Sin embargo, el ex fiscal aseguró, “que el trabajo está ahí, está hecho, y es significativo. Asimismo precisó que durante su administración como fiscal del estado, “hubo acercamiento en todo momento con la señora (Martha Obeso Cázares, esposa de Chavarría Barrera).
Godínez Muñoz indicó que se creó incluso una Fiscalía especializada para el caso del diputado asesinado: “trabajamos de la mano con la viuda de Chavarría”.
El ex fiscal, sostuvo: “somos respetuosos del caso, y de los comentarios que haga el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, estamos a la orden de la Fiscalía para cualquier circunstancia”.
Godínez Muñoz acudió a la presentación de la fundación Valores en Servicio, del cual es presidente fundador, donde explicó que es una asociación civil que busca ayudar a las familias de los policías asesinados o desaparecidos, mediante la creación de proyectos sociales, sicológicos, educativos, de desarrollo social y vivienda.
Al acto acudieron Araceli Rodríguez Nava, madre de un policía federal desaparecido; la presidenta de la organización Ciencias Forenses Ciudadana, Julia Alonso; la embajadora de la Bandera de la Paz de la ONU en México, Laura López López; el Asistente Ejecutivo de la secretaria de Política Criminal en Guatemala, Rodemiro Encarnación García Miranda, y el ex funcionario de la ONU y ex juez Sin Rostro contra el crimen Organizado en Colombia, Luis Fernando Vélez.
En el caso Chavarría, los que puedan aportar elementos ayudarán mucho, dice Astudillo
El gobernador Héctor Astudillo Flores insistió aquí que en el conflicto en el municipio de Mártir de Cuilapan el Congreso tiene que hacer su parte, y sobre el caso del asesinato de Armando Chavarría Barrera pidió que se aporten todos los datos que puedan ayudar.
Sobre el conflicto en Apango, en el que la presidenta municipal Felícitas Muñiz Gómez demandó el pasado lunes, en conferencia de prensa en Chilpancingo, al gobierno estatal que no se deje presionar por el grupo opositor que pide la revocación de su mandato y mejor ejerza acción penal en contra de 10 dirigentes que encabezan el movimiento, contra quienes presentó demandas penales, el gobernador respondió que “es un tema que yo creo que el Congreso tiene que hacer su parte y por supuesto la autoridad, es un tema que se está atendiendo, no se tiene descuidado el asunto”.
Sobre el caso del asesinato de Armando Chavarría Barrera, ocurrido el 20 de agosto de 2009, del que el pasado lunes se publicó en este medio que fueron sustraídas hojas del expediente que apuntan como probable responsable al ex gobernador Zeferino Torreblanca, dijo que “todo lo que puedan aportar que lo aporten, quienes tengan la posibilidad de tener elementos lo hagan, seguramente ayudarán mu-cho”.
Astudillo Flores dijo que le daba gusto estar en Alcozauca, donde ya la carretera se va a rehabilitar, y que el pueblo tiene unas calles bonitas, con alumbrado público.
Dijo que se ve un pueblo nuevo y en paz, lo cual es muy importante, por lo que “estoy muy contento de estar aquí y le reitero mi felicitación al presidente”.
Sobre la imagen del estado y la creación de nuevos empleos, respondió que hay datos muy importantes, pues “aun con todos los conflictos que tenemos, Guerrero está avanzando”.
Agregó que se propone recorrer todos los municipios en su primer año de gobierno. “En septiembre acabaremos recorriendo los 81 municipios y nos prepararemos para el informe, creo que hay una gran cantidad de obras en todo el estado, aun con los problemas que tenemos, y ahora hay una menor conflictividad”, subrayó.
Astudillo, obligado a cumplir su oferta de paz y tranquilidad, dice el presidente nacional del PAN
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, opinó que las autoridades actuales “se deben hacer cargo de su responsabilidad” ante el problema de la inseguridad en el estado, porque “a nadie ayuda a echar culpas y más cuando las culpas se echan al pasado”.
El pasado miércoles, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, acusó que el problema de la inseguridad en el estado “es consecuencia de las administraciones del PRD”.
En entrevista en Acapulco, en un salón del centro de negocios Costera 125, a Ricardo Anaya se le preguntó por la responsabilidad de su partido, que en ese entonces tenía el gobierno federal y fue en alianza con Ángel Aguirre Rivero en la elección de 2011.
En respuesta el dirigente del PAN señaló que “este gobierno que hoy está encabezando el Ejecutivo (Héctor Astudillo Flores, a quien no mencionó por su nombre) ofreció paz, ofreció tranquilidad, ofreció seguridad y están obligados a cumplirle a la gente, hasta ahora están fallando”.
Agregó que el PAN espera que el gobierno priista de Astudillo Flores pueda cumplir su promesa de campaña, “porque queremos que le vaya bien a Guerrero y queremos que le vaya bien a Acapulco”.
Dijo que no se debe politizar el problema de la inseguridad porque “nadie gana”.
Abundó que “los problemas que hoy padece Guerrero y que padece Acapulco son problemas que se han venido incubando de tiempo atrás, no han surgido de la noche a la mañana y lo peor que podían haber hecho los gobiernos anteriores era mirar hacia otro lado, por supuesto que se aprende la experiencia, pero sí lo quiero subrayar, sería un error garrafal pretender simplemente echar culpas hacia el pasado y no asumir una responsabilidad”.
Indicó que los problemas que se incubaron fueron corrupción, impunidad, falta de educación, oportunidades, pobreza, y se perdió el bono demográfico de los jóvenes porque muchos han optado por la puerta falsa del narcotráfico.
Señaló que Acapulco vive “un problema muy serio de seguridad, una crisis que ha llegado a los niveles más complicados del año 2013, muy preocupado por la violencia, por los homicidios y por todas las consecuencias negativas que trae para la gente”.
Opinó que el origen de la violencia en Guerrero está en los problemas estructurales que no han sido atendidos, como corrupción, impunidad, marginación, profunda desigualdad, pobreza y falta de oportunidades.
Después, en conferencia de prensa, Anaya Cortés dijo que el PAN está preocupado y consternado por los niveles de inseguridad crecientes en el estado, porque generan consecuencias terribles para los ciudadanos.
“Es una pésima receta esto de estarle echando la culpa a los gobiernos anteriores, creo que cada gobierno se tiene que hacer cargo de su responsabilidad y debemos de dar resultados en beneficio de la gente”, apuntó.
Señaló que en Guerrero “las cosas están peor” porque la entidad “vive un problema gravísimo” de inseguridad, pues Acapulco tiene niveles de violencia “alarmantes”.
Dijo que el PAN ofrece colaboración y no politizar el problema de inseguridad, pero exige que las autoridades se pongan a trabajar y cumplan lo que ofrecieron en campaña.
En el caso de Guerrero, dijo que se tienen que atender los problemas de fondo para combatir la inseguridad, la pobreza, la falta de oportunidades y el acceso a la educación.
Abierto a las alianzas
En la entrevista y a pregunta expresa sobre la posibilidad de aliarse con el PRD en la elección de 2018, el presidente nacional del PAN respondió que van “paso a paso” y su partido está concentrado en la elección de 2017, en las que se elegirá gobernador en los estados de México, Coahuila y Nayarit y autoridades locales en Veracruz.
“Sí estamos abiertos a construir con otras fuerzas políticas pero no hemos planteado todavía ni con qué partidos ni hemos planteado el 2018”, dijo.
Abundó que las alianzas que haga el partido no sólo serán de tipo electoral sino en la construcción de programas de gobierno “en los que establezcamos con claridad cómo vamos a resolver los problemas de desigualdad y de pobreza, cómo vamos a recuperar la paz y la tranquilidad que se ha perdido, el Estado de derecho, cómo nos vamos a comprometer a luchar contra la corrupción y esos programas tendrán que implicar a su vez la definición de candidatos de gente honesta, honorable”.
A pregunta expresa sobre si la escasa representatividad que tiene el PAN en Guerrero influirá en una alianza con el PRD para el 2018, Ricardo Anaya dijo que su partido en Guerrero “está en franco crecimiento” y puso como ejemplo el resultado conseguido en la elección de gobernador de 2015, el cual “es el mejor resultado en la historia del partido”. En 2015 el PAN consiguió poco maá de 66 mil votos y quedó como la cuarta fuerza política en la entidad.
Listo para ganar la Presidencia, dice
El presidente del CEN dijo que “el PAN está listo para ganar en 2018 la Presidencia de la Republica”, porque gobierna a 40 millones de mexicanos, y si hacen un buen trabajo las autoridades electas, el partido llegará en una condición inmejorable al 2018.
“En 2018 el PRI se tiene que ir, han fallado, por corruptos y por ineficaces, se van a ir de Los Pinos, no han dado resultados, la economía no crece ni siquiera a la mitad de la fase final del gobierno del PAN, cuando nosotros les entregamos, en materia de seguridad ofrecieron paz, tranquilidad, recuperar armonía y todavía en este semestre los homicidios volvieron a aumentar 15 por ciento a nivel nacional, no se diga lo grave de la circunstancia aquí en Guerrero”, expresó.
Añadió que la alternativa de cambio no puede ser el “populismo destructor” de Andrés Manuel López Obrador, porque tiene ideas similares con las que se gobierna Venezuela, país que, dijo, cerrará 2016 con una inflación de 700 por ciento.
Sobre sus aspiraciones a la candidatura a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya dijo que no se descarta pero está concentrado en el trabajo del partido, en cerrar la elección de 2016 con las impugnaciones que están en curso, obtener un buen resultado en las elecciones de 2017 y “ya habrá tiempo de platicar de 2018”.
Sobre la expresión de apoyo a su favor que el martes hizo en Azoyú el diputado federal del PRD, David Jiménez Rumbo, cuando dijo “todos vamos con el güerito del PAN, con Ricardo Anaya vamos todos”, el dirigente del PAN se sorprendió por el respaldo, lo agradeció pero dijo que no puede distraerse pues está concentrado en las elecciones de 2017.
Descartó que en la elección interna del PAN para definir candidato a la Presidencia de la República vaya a haber guerra sucia como lo alertó la también aspirante a la candidatura del PAN, la esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo, pues dijo que esas prácticas se dan en el PRI.
Sobre los casos de Braulio Zaragoza Maganda Villalba, asesinado el 29 de septiembre de 2014, y Jorge Bajos Valverde, ultimado el 4 de enero de 2007, Anaya Cortés señaló que siguen en la impunidad como la inmensa mayoría de los delitos que se cometen.
“Exigimos investigación a fondo y castigo a los responsables”, señaló.
Agregó que es lamentable que la impunidad se esté convirtiendo en la regla general y no haya castigo a quienes cometen delitos. “Aprovechamos esta oportunidad para exigir justicia en el cado de Braulio y en el caso de miles de personas que también han perdido la vida y cuyos casos no han sido resueltos”, dijo Ricardo Anaya.
Después, en conferencia de prensa, dijo que en 2018 debe haber un cambio pacífico y están dadas las condiciones para que su partido gane en la elección presidencial de ese año.
Señaló que el PRI ha aumentado la deuda del país, no ha crecido la economía y hay casos de corrupción, “el PRI se tiene que ir por corrupto y por ineficaz”, insistió.
Después de la conferencia, el presidente nacional del PAN se reunió con estructuras del PAN en Guerrero en un salón del hotel Crowne Plaza; asistieron representantes de Acapulco, Taxco, Copalillo, Chilpancingo, Tecpan, Zihuatanejo, Iliatenco y Copala.
La estrategia funciona y sin ella el estado estaría “más convulsionado”, dice Almazán a diputados
Durante su comparecencia ante el Congreso local, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, defendieron la estrategia en la materia que el gobierno del estado y la federación mantienen en Guerrero.
Argumentaron que los pocos resultados en el combate a la delincuencia son producto de la insuficiencia presupuestal en sus instituciones y acusaron a los gobiernos municipales de no cumplir sus responsabilidades en la prevención del delito.
Por ello solicitaron a los diputados mejorar los presupuestos de esas dependencias en el ejercicio fiscal del próximo año, de lo contrario advirtieron que la ola de violencia e inseguridad en el estado difícilmente se erradicará.
Durante su informe, el fiscal general Xavier Olea Peláez reveló que se identificó a dos funcionarios vinculados directamente con la delincuencia organizada, por lo que fueron consignados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Este martes comparecieron ante las Comisiones de Gobierno, Seguridad y Justicia del Congreso local, el titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes; el de la FGE, Xavier Olea, y el del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Daniel Pano Cruz.
La comparecencia se desarrolló en la sala José Francisco Ruiz Massieu de la sede del Legislativo y se extendió por poco más de seis horas.
Al contrario de lo que se había anunciado, sí se permitió la cobertura a reporteros, a quienes se les instaló una pantalla y una bocina afuera de la sala para escuchar los informes que los tres funcionarios presentaron a los diputados.
Se queja Almazán de los recortes presupuestales
El primero en intervenir fue Pedro Almazán, quien defendió la estrategia de seguridad que mantienen el gobierno de Héctor Astudillo Flores en coordinación con la federación, y aseguró que de no ser por las acciones que se han emprendido en la materia, Guerrero enfrentaría una situación aún más compleja de la que vive actualmente.
“La estrategia de seguridad sí está funcionando y está aportando resultados que contribuyen grandemente a la pacificación de Guerrero, pues de otra manera tendríamos ya un estado más convulsionado por las acciones de los cárteles de la droga”, expuso.
Dentro de los logros que destacó por parte de la SSP, dijo que del 27 de octubre de 2015 a la fecha se han destruido 74 mil 400 sembradíos de amapola, 799 de mariguana, 4.3 kilogramos de cocaína, 220 gramos de heroína, 6.7 gramos de cristal, 285 dosis de cristal, 572 gramos de piedra, 344 dosis de piedra, 9 kilos de sustancia base y tres laboratorios rústicos.
Indicó que también se han decomisado 217 armas largas, 300 armas cortas, 26 granadas de mano, 23 chalecos balísticos, mil 411 vehículos, 566 motocicletas, 480 teléfonos celulares y 46 radios de comunicación.
Además informó de la detención de mil 13 presuntos responsables de delitos del orden federal, 847 del fuero común y más de 4 mil personas han sido remitidos a barandillas por faltas administrativas.
Informó que fueron liberadas 53 personas secuestradas, además de que han sido detenidos 24 “objetivos criminales relevantes”, 14 dentro de la entidad y 7 en otros estados, y destacó que se trabaja en coordinación con el gobierno federal para la ubicación y detención de 16 criminales más que, aseguró, son quienes propician violencia de alto impacto en Guerrero.
Almazán Cervantes indicó que el mayor mérito en los resultados de la estrategia de seguridad es para las corporaciones federales, como el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Gendarmería; y en segundo término a las fuerzas de la SSP.
Aseguró que las corporaciones de seguridad del estado han actuado de manera profesional y responsable a pesar de las carencias que enfrentan, y acusó a los gobiernos municipales de no hacer lo que les corresponde en la materia.
“Respecto a la participación municipal no soslayo mencionar que ahí los esfuerzos han sido mínimos, por no decir que han sido nulos, muchos municipios no cuentan con el personal y el equipamiento necesario. Siguen contando con elementos que no satisfacen los requisitos para permanecer y desempeñar funciones policiales ni se observa interés alguno para finiquitarlos, reclutar nuevos policías o desarrollar capacidades policiales que permitían a los alcaldes cumplir con sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública”, expuso ante los diputados.
Aseguró que la falta de trabajo de los gobiernos municipales en materia de seguridad ha generado en el estado mayor impunidad, así como el crecimiento de los índices de violencia, y en consecuencia el gobierno del estado a través de la SSP ha tenido que asumir las responsabilidades “que por ley le corresponde a los municipios”.
Explicó que para 2016 la SSP recibió un presupuesto de 427.4 millones de pesos, lo que significó un incremento de apenas el cinco por ciento en comparación con el ejercicio fiscal de 2015.
Dijo que de este monto el 75 por ciento se destina al pago de salarios y prestaciones, el 20 por ciento a gastos operativos (combustible, alimentación, traslados), y el cinco por ciento restante a gastos administrativos.
Además dijo que el gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública asignó a Guerrero el año pasado 105.5 millones de pesos, pero para este 2016 lo redujo a 105.2, mientras que el subsidio para la policía acreditable en 2015 fue de 29 millones de pesos y para el actual ejercicio el estado ya no recibió ese apoyo.
“Con estas limitaciones los avances logrados por el gobierno del estado en fortalecimiento institucional policial han sido imperceptibles; prueba de ellos es que desde hace un año y 8 meses que llevo al frente de esta secretaría, el estado de fuerza de la policía estatal no ha podido crecer, tampoco se han separado del cargo a los elementos que no cumplen los requisitos de permanencia, ni mucho menos se ha podido adquirir equipo especializado ni infraestructura”, explicó Almazán Cervantes.
Dijo que el estado de fuerza actual de la SSP es de 4 mil 189 policías que son insuficientes para garantizar la seguridad de la población, situación que se agrava aún más por la no participación de los gobiernos municipales.
“Señoras y señores, debemos estar conscientes que por muy adecuadas que sean las estrategias de contención y combate a los índices de violencia que aplica el gobierno estatal y federal, no será posible obtener con prontitud mayores avances y mucho menos solucionar los problemas de seguridad de manera definitiva si únicamente nos atenemos a la presencia y trabajo de las instituciones federales de seguridad y no se superan con urgencia los grandes rezagos que presentan hoy los cuerpos de seguridad del estado y municipios”, advirtió.
Encontró un subejercicio presupuestal, dice Pano Cruz
Por su cuenta, Daniel Pano Cruz informó que cuando empezó esta administración, el 27 de octubre pasado, se encontró un subejercicio en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública (FAS) acumulado de 2013 y 2014 por un monto de 57.43 millones de pesos; adicionalmente un presupuesto no ejercido correspondiente a 2015 por 317.8 millones del que sólo se había aplicado el 1.25 por ciento.
Dijo que para abatir el subejercicio se buscaron alternativas y el gobernador convino con la federación la participación para redireccionar el FAS al rubro de infraestructura del nuevo sistema penal acusatorio.
Indicó que para el presente ejercicio fiscal, y derivado de los recortes, el FAS sufrió una disminución de 10 por ciento, al pasar de 321.2 millones de pesos a 290 millones.
Del Centro Estatal de Control y Confianza dijo que se están atendiendo 28 evaluaciones diarias, incrementando su operación en un 56 por ciento.
Informó que de los 10 mil 467 elementos (4 mil 139 estatales, 4 mil 972 municipales y mil 356 elementos de la Fiscalía) se han evaluado 9 mil 860, de los que 7 mil 224 aprobaron, 2 mil 233 no aprobaron, 403 se encuentran en proceso de dictaminación, 607 no han sido evaluados y a 2 mil 46 se les ha vencido su vigencia.
Dijo que existe un universo de 2 mil 653 policías por evaluar, lo que significa un avance del 74.7 por ciento en la evaluación de las corporaciones de seguridad.
“Con la sociedad civil se trabaja en los números de urgencia 066 y 099, ya que el 90 por ciento de llamadas que se reciben son de broma, se trabaja con jóvenes para prevención de explotación sexual y trata de personas”, dijo.
Finalmente dijo que solamente 55 gobiernos municipales firmaron su carta adhesión al esquema de mando único, cinco lo rechazaron (Pilcaya, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande y Atlamajalcingo del Monte) y los otros 21 aún no deciden.
Ubicó la FGE a dos funcionarios vinculados a la delincuencia
El último en rendir su informe fue el fiscal general, Xavier Olea, quien durante su exposición dedicó más tiempo al tema de violencia contra las mujeres y manifestó a los diputados y diputadas presentes que no es misógino, y que su actitud atiende a lo que establece la ley.
Olea Peláez informó que del 1 de enero al 30 de julio de 2016 se cometieron mil 251 homicidios dolosos en la entidad, en el mismo lapso hubo 426 homicidios culposos, obteniendo en lo que va del año 68 autos de formal prisión por homicidios dolosos y 56 sentencias condenatorias por el mismo delito.
Respecto a la violencia de género, dijo que en lo que va del año han ocurrido “cientos” de homicidios dolosos en contra de mujeres, sin embargo sólo 11 fueron tipificados como feminicidios.
Dio a conocer las acciones emprendidas desde su llegada en la FGE en el cumplimiento del marco normativo del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las estrategias encaminadas a combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y los mecanismos implementados para combatir los delitos de homicidio, extorsión y secuestro en Guerrero.
Informó que del 11 de diciembre al 10 de julio se han recibido denuncias con 50 asuntos de secuestro, se ha liberado a 52 víctimas de ese delito y detenido a 57 personas con averiguaciones previas. Olea Peláez indicó que la fiscalía especializada para el combate de la corrupción ha detectado casos de funcionarios en el ejercicio indebido de la función pública, incurriendo en abuso de autoridad, cohecho, extorsión, peculado, operación de recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
Incluso comentó que existen dos casos de servidores a quienes se les comprobaron vínculos directos con la delincuencia organizada, por lo que fueron consignados ante la SEIDO.
Al igual que la SSP, explicó que uno de los principales problemas que enfrenta la FGE es la insuficiencia presupuestal, por lo que pidió el apoyo del Congreso para que en el próximo ejercicio fiscal se incremente su presupuesto.
Dijo que los salarios del personal de la FGE son raquíticos, lo que los hace susceptibles a acceder a “dádivas”.
Dijo también que la FGE carece de vehículos que permitan un buen desempeño, y como ejemplo mencionó que en la detención de dos presuntos involucrados en el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, personal de la Procuraduría de Michoacán participó con 65 camionetas nuevas y seis helicópteros propios, mientras que la FGE intervino con 45 camionetas “chatarrizadas”.
Tras los informes se abrieron cinco rondas de preguntas y respuestas por parte de los diputados, quienes en su mayoría cuestionaron respecto a información que fue proporcionada en las exposiciones, por lo que los funcionarios se limitaron a repetir gráficas y estadísticas.
El diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez y el priista Héctor Vicario Castrejón se comprometieron a atender la petición de los funcionarios de gestionar más recursos para esas instituciones a fin de mejorar su efectividad y erradicar el problema de violencia.
Ignora cómo va el caso de las amenazas en su contra, dice el alcalde de Zitlala
El alcalde priista, Roberto Zapoteco Castro, prefirió no abundar sobre el riesgo al que está expuesto por la violencia en su municipio, a pesar de que el gobernador Héctor Astu-dillo Flores declaró que él y el de Chilapa, Jesús Parra García, también enfrentan amenazas del crimen organizado.
“Nosotros estamos trabajando normalmente, no podemos detenernos. La responsabilidad nos exige y nos obliga a realizar las actividades normales, yo no estoy pensando en otra situación”, dijo consultado ayer aquí, después de que habitantes de la comunidad nahua de Tlaltem-panapa forcejearon con militares que les impedían el paso a la cabecera municipal.
Sin embargo, reconoció que un reclamo de las comunidades a las autoridades es que garanticen su seguridad, pero que el municipio no puede hacer nada porque solamente cuenta con ocho policías por turno, “así que no nos damos abasto y solamente nos alcanzan para el servicio de las áreas administrativas”.
–¿Se siente acosado por el crimen organizado?
–Nosotros nos sentimos obligados a redoblar esfuerzos para ayudar a nuestro municipio. De otras cuestiones no ponemos atención.
–¿Entonces por qué el gobernador lo mencionó a usted?
–Es una situación que solamente ellos como encargados de esos niveles de gobierno conocen, pero nosotros aquí seguimos trabajando.
En mayo pasado el gobernador Héctor Astudillo informó que a través del “sistema de inteligencia” se descubrió que se preparaba un atentado contra la vida del presidente municipal de Zitlala, y el jefe de Seguridad Pública, Alfredo Tlatem-pa Palacios, por lo que ambos se resguardaron en Chilpancingo.
–¿Esta información que tiene el gobierno del estado no se las han dado a conocer?, porque el mismo fiscal informó que se planeaba un atentado en su contra.
–Eso ya se manejó hace tiempo, pero la verdad prefiero enfocarme al trabajo de mi municipio y no estar señalando esas situaciones. De eso la Fiscalía tiene los datos, yo la verdad no. Nosotros no nos enfocamos a investigar esas cosas.
–¿En la reunión con el gobernador del viernes hubo de parte de usted alguna petición especial?
–Le estamos planteando mayores recursos, mayor inversión porque necesitamos generar proyectos que detonen empleos e ingresos en las familias”… “para que podamos darle al pueblo esa tranquilidad que necesita”.
“Eso es lo que nos estamos enfocando a pedirle al gobernador y a la federación, mayor inversión para salud, vivienda, infraestructura hidráulica, vías de comunicación”.