El integrante del grupo Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, llamó a los diputados de izquierda a mantener un bloque de unidad para revertir las reformas estructurales, que es lo que más está afectando a la población, y consideró que la propuesta de los diputados para reducir los sueldos de funcionarios en un 20 por ciento es un “acto de rectificar las conductas” después de haber participado en el Pacto por México.
En conferencia de prensa en el zócalo de Acapulco, informó que Cuauhtémoc Cárdenas y Félix Hernández Gamundi estarán en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde dará una conferencia magistral “de cómo organizarnos y qué hacer para revertir las reformas estructurales”.
Cisneros Guillén opinó que “debemos de buscar el acercamiento de todos los grupos políticos de izquierda y progresistas a efecto de luchar por revertir esas reformas estructurales”, pues ninguna de ellas es a favor de las familias mexicanas, “todas están en contra de los distintos sectores”.
Dijo que la propuesta que hizo el diputado del PRD, Sebastián de la Rasa Peláez, en la Comisión Permanente, “posiblemente sea un acto de rectificar las conductas de estos compañeros, algunos tal vez con mucha sinceridad, otros a la mejor hipócritamente, como lo decía la diputada de Morena, pero yo creo que todos debemos de buscar en estos momentos cómo unificar esfuerzos a efecto de parar el gasolinazo, de revertir las contra reformas de Peña Nieto”.
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Obtuvo apoyo de Astudillo para aguinaldos y la carretera, informa el alcalde de Cocula
El alcalde perredista de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, informó que tras reunirse la mañana de ayer con el gobernador Héctor Astudillo Flores, éste se comprometió a rehabilitar la carretera Iguala-Cocula y a apoyar a su gobierno para subsanar algunos gastos y pagar el aguinaldo de los trabajadores.
El martes, el alcalde Ramírez Crespo había dado a conocer la solicitud de un préstamo de cuatro millones de pesos al gobernador para el pago de aguinaldos y otras deudas que le fueron heredadas por la administración de su suplente, Carlos Alberto Duarte Bahena.
En declaraciones por teléfono ofrecidas la tarde de ayer, el alcalde perredista dio a conocer que en la mañana se reunieron con el mandatario estatal varios alcaldes de la entidad en la sede oficial de la Casa Guerrero, y que al término le pidió una audiencia privada, la cual le concedió.
Al alcalde se le preguntó sobre la petición del préstamo de cuatro millones de pesos que había solicitado al gobernador la semana pasada, de los cuales unos 800 mil pesos destinaría para el pago de aguinaldos de 302 trabajadores, así como para pagar otras deudas que recibió al retomar la alcaldía, como pago de teléfono, gasolina y papelería, pero dijo que hubo un compromiso y un acuerdo con el mandatario de no dar a conocer detalles sobre el tema.
Sólo dijo que “hay un apoyo bueno por parte del gobernador, y por las circunstancias que hay en el estado acordamos que eso no lo tocaríamos de manera pública, pero sí hay un apoyo para el gobierno de Cocula para subsanar algunos gastos”.
Sobre el pago de aguinaldos para los trabajadores, se limitó a decir que “por las gestiones que realizó su amigo Ulises, el aguinaldo de los trabajadores está seguro cuando menos una quincena”.
Asimismo, dio a conocer que el gobernador Astudillo Flores autorizó y dio la indicación para la rehabilitación de 12 kilómetros de la carretera estatal Iguala-Cocula, la cual está en pésimas condiciones, obra que se iniciaría a principios de enero y que beneficiará a comunidades de los municipios de Iguala, Cocula, Cuetzala y Teloloapan.
Gestionan alcaldes ante Apreza recursos para el aguinaldo
Los alcaldes de Coyuca de Catalán, Teloloapan, Cuajinicuilapa y Petatlán acudieron ayer a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado para informarse sobre el adelanto de participaciones que solicitaron para pagar los aguinaldos.
Los alcaldes acudieron por la mañana a la secretaría de Finanzas, ubicada en el edificio Acapulco del Palacio de Gobierno, donde uno a uno fueron atendidos por el titular Héctor Apreza Patrón.
De los alcaldes que asistieron sólo dos quisieron informar sobre lo tratado, el de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, y el de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño.
Urióstegui Patiño detalló que no le dieron los cuatro millones que solicitaba, por lo que tendrá que recurrir a acuerdos con proveedores para pagar las cuentas hasta el próximo año.
Por su parte, el alcalde de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, solicitó un millón de pesos para cubrir los aguinaldos de los trabajadores del ayuntamiento, además de deudas del municipio.
Durante la tarde se buscó al subsecretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, y al mismo Apreza Patrón, pero ninguno de los dos atendió la llamada para detallar más sobre la entrega de los recursos. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
Más de diez ayuntamientos pidieron adelanto de recursos para aguinaldos, informa Apreza
Más de diez ayuntamientos han solicitado el adelanto de participaciones al gobierno del estado para poder cumplir con el pago de aguinaldos para este fin de año, informó el secretario de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón.
Consultado al finalizar el izamiento a la bandera, el funcionario estatal contestó que más de diez ayuntamientos requerirán el apoyo del estado para concluir su periodo administrativo.
Sin entrar en detalles sobre cuáles ayuntamientos y cuáles son los montos solicitados, el funcionario aseguró que en ese momento no tenía el dato exacto sobre lo que requieren.
Se le preguntó si los que solicitaban recursos eran Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Taxco, Iguala o Tecpan, pero insistió en no recordar cuáles eran los que presentaron la solicitud.
También se le preguntó si habría cambios en los 51 mil millones de pesos que proyecta el gobierno de presupuesto para el 2017, a lo que contestó que el Ejecutivo respetará la iniciativa de decreto del Poder Legislativo.
“Son dos niveles, uno que tiene que ver con el presupuesto local que presentamos nosotros, y el otro que aprobará el Congreso de la Unión; la iniciativa que presento el Ejecutivo al Legislativo de Guerrero fue de 51 mil 150 millones”, agregó.
Dijo que el Poder Ejecutivo será respetuoso de lo que determine el Congreso en cuanto al presupuesto.
“Estaremos atentos a la aprobación de los próximos días que haga el Congreso de la Unión, sobre el presupuesto federal para el 2017”, dijo.
El secretario de Finanzas subrayó que se están haciendo los ajustes necesarios para que se pueda cumplir con los derechos salariales, por lo que se continúan los trabajos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.
“Evidentemente vamos a requerir el apoyo y vamos bastante avanzados, ¿de qué tamaño?, estamos viendo nos hacen falta los comportamientos de ingreso de noviembre y diciembre y de eso dependerá mucho el tamaño de apoyo de la Secretaría de Hacienda”, detalló.
Recordó que el gobierno del estado para poder pagar los salarios y aguinaldos de los más de 20 mil trabajadores requiere mil millones de pesos.
Ya saben las autoridades quiénes son los que mataron a los dos militares, informa el fiscal
El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, declaró este martes que “aparentemente” ya se sabe quiénes son los responsables del asesinato de dos militares en Acapulco, aunque no quiso abundar más en cuanto a la identidad del grupo criminal y de los motivos que tuvieron para levantarlos y después asesinarlos, pues insistió en que no prestaban ningún servicio en la entidad.
A su vez, el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, destacó que los militares fueron levantados en una zona donde hay presencia de grupos delictivos, “y una acción permanente y directa de las corporaciones federales y estatales para quitarle a los criminales el control de ese territorio”, por lo que dijo que pudiera ser esa la causa, pero tampoco quiso identificar al grupo responsable que opera en esa zona.
Consultado por teléfono, el fiscal se quejó de que se “tergiversaron” sus declaraciones, en referencia al noticiero nocturno de Radio Fórmula a cargo de Carlos Loret de Mola, en el que se difundió la versión de que ya había detenidos sobre el caso.
“Tergiversaron todo. No hay detenidos. Eso es una mentira. Yo no dije eso. Yo dije que se está investigando y que aparentemente sabemos quiénes son, pero no hay nada”, subrayó el fiscal.
-¿Ese aparentemente qué implica concretamente, fiscal?
-Que no los tengo.
-¿Cómo van las investigaciones, entonces?
-Muy adelantadas, por eso dije aparentemente.
-¿Si aparentemente se sabe quiénes son los responsables, se conoce también cuáles fueron los móviles y a qué banda criminal pertenecen?
-Las investigaciones están en el sigilo correspondiente, y punto. Por eso te digo: se abren comillas, aparentemente -dijo prolongando la pronunciación de la palabra “aparentemente”.
-De acuerdo con ese “aparentemente”, ¿el asunto se va a resolver pronto?
-Siempre he tratado de resolver los asuntos rápido. Algunos se resuelven rápido y otros desafortunadamente no, pero los asuntos se resuelven conforme a derecho. Yo no he dicho absolutamente que ya tenemos detenidos.
-¿Fueron levantados y después asesinados como consecuencia del servicio que prestan?
-Los militares vinieron a hacer un curso a Pie de la Cuesta, no eran gentes que estuvieran asignados a alguna región de Guerrero.
-¿Fue circunstancial su muerte, entonces?
-Fue totalmente circunstancial.
El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró que también a él, el fiscal le confirmó que no hay detenidos y que las investigaciones siguen su curso, “y hasta el momento se tienen identificados quienes pudieran ser los responsables de los homicidios, pero por el sigilo que requiere esta investigación se tiene que mantener en absoluta discreción”.
El funcionario añadió que a él no le corresponde señalar qué grupo pudiera estar detrás de los homicidios, “lo que te puedo decir es que no hay todavía detenidos por estos casos, la investigación va avanzando y se tiene una coordinación e intercambio de información e inteligencia con la Procuraduría General de la República (PGR)”.
Aclaró que el caso está bajo la responsabilidad de la Fiscalía del estado, dado que la PGR todavía no ha tomado la decisión de ejercer su facultad de atracción, “entonces hasta este momento las investigaciones corren bajo el mando de la Fiscalía del estado, pero con la coordinación y el intercambio de información que se tiene con la PGR”.
El vocero dijo que tienen conocimiento que en el asesinato de los dos militares “hubo extrema violencia en contra de los efectivos militares, no te puedo abundar sobre los detalles pero sí que en este caso tan lamentable se usó una violencia extrema”.
-¿Qué indica eso, qué mensaje se interpreta con eso? –se le preguntó al vocero.
-Más que dar una opinión en relación a esto, yo diría que el contexto en el que se llevaron a cabo estos hechos tan condenables, fue en una zona como la colonia Progreso, el mercado Central, el Tianguis Campesino, en donde hay presencia de grupos delictivos y ha habido una acción permanente y directa de las corporaciones, sobre todo federales, Ejército nacional, Marina, Policía Federal, Policía del Estado y Ministerial, y todos ellos han trabajado intensamente, palmo a palmo, para quitarle a los criminales el control de este territorio. Probablemente eso puede explicar lo que ocurrió cuando grupos criminales identificaron o se dieron cuenta de la presencia de estas personas y tomaron la decisión de privarlos de su libertad y después las consecuencias que todos ya sabemos.
-Esto implica que se trata de la misma banda delictiva que ha venido cometiendo ilícitos y que según versiones controla la zona del mercado?
-A mí no me corresponde señalar qué grupo pudiera estar detrás de estos homicidios, lo que te puedo decir es que todavía no hay detenidos por estos casos. La investigación va avanzando y se tiene una coordinación e intercambio de inteligencia con la PGR.
-Hay versiones que aseguran que los cuerpos de los militares fueron encontrados uniformados, ¿cómo aseguran ustedes que no estaban en servicio y que era su día de asueto?
-Los soldados pertenecían a la brigada de paracaidistas. Estaban destacamentados en otra región militar, fuera de la entidad. Habían tomado un curso de actualización de la base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta y les habían dado su franquicia para hacer sus actividades de carácter personal. No estaban uniformados, no estaban armados, vestían de civil y fueron al mercado seguramente a comprar productos de carácter personal, incluso algunos recuerdos para sus familias. Bajo este contexto fue que se encontraban en ese lugar, en donde hay mucha venta de artesanías y se encontraban allí en calidad de francos.
-Si no prestaban su servicio en la región, no estaban uniformados y no tenían permanencia en Guerrero, ¿cómo es que fueron ubicados e identificados por los delincuentes que los levantaron y después los asesinaron con extrema violencia?
-Esa pregunta hay que hacérsela a los grupos criminales. Ellos tienen su sistema de vigilancia, los halcones, y probablemente detectaron la presencia de personas sospechosas, que no eran locales, les llamó la atención y tomaron la decisión de privarlos de su libertad y posteriormente cometer este ruin asesinato.
-¿Si ya se tienen identificados a los que cometieron el crimen, que indica, quiénes son?
-A mí no me corresponde decir quiénes pueden ser porque estaría yo violando la secrecía que se tiene que tener en estos delicados procesos de investigación. Lo que sí te puedo decir es que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía del estado con la colaboración y el intercambio de información estratégica y de inteligencia de la PGR, y con la colaboración e intervención directa de todas las dependencia de carácter federal y estatal en materia de seguridad. Esto ha permitido que las investigaciones tengan un avance importante, que, obviamente, esperamos que se puedan completar con la detención de quienes pudieron ser los responsables.
Enfrenta Aguirre 32 observaciones de la ASF, informa el contralor del gobierno del estado
Además del caso de los 4 mil millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero no pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), también enfrenta 32 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fueron enviadas a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para que inicie el procedimiento de responsabilidades en su contra, informó el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen
Consultado al término de la inauguración de la Feria Anticorrupción 2016 que se instaló en la alameda Granados Maldonado de la capital, Ramos del Carmen no quiso precisar, sin embargo, a cuánto ascienden los recursos no solventados por la administración aguirrista.
Añadió que la ASF también pidió a la dependencia estatal dar seguimiento a observaciones por recursos federales ejercidos por el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez.
Y mientras una fuente de la dependencia estatal confirmó que existe ya una demanda penal que presentó la ASF ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que le dé seguimiento la Contraloría Estatal, cuyo documento está archivado en la Contraloría, Ramos del Carmen rechazó esa versión y sólo reconoció que da seguimiento a los procedimientos administrativos.
Aseguró que los procedimientos podrían derivar en sanciones, como la inhabilitación y el resarcimiento de los recursos no solventados, pero negó que existan ya demandas de carácter penal, como aseguró un funcionario de su misma dependencia, quien dijo que existe una demanda que está archivada, pero que el secretario no le ha dado seguimiento.
El sábado, el secretario de Finanzas y Administración (Sefina) del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón, informó que existe un requerimiento del SAT al gobierno del estado por casi 4 mil millones de pesos por concepto del ISR que el gobierno de Aguirre Rivero no pagó de la secretaría de Educación y Salud.
–¿Qué se está haciendo para resarcir el daño financiero provocado por esa situación? –se consultó al secretario.
–Nosotros estamos haciendo las auditorías. También como hay mucha inversión de recurso federal, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública están trabajando en lo mismo. De tal manera que tenemos ya bastante información de lo que hemos trabajado aquí en colaboración y coordinación con las dependencias que le acabo de mencionar.
–La ASF interpuso una demanda ante la PGR en contra de 11 ex gobernadores, entre ellos está Ángel Aguirre, ¿está notificado de eso? -consultó otro reportero.
–Nosotros no tenemos esa información, tenemos información de 32 asuntos que nos ha enviado (la ASF) y que nosotros le estamos dando seguimiento para el procedimiento de responsabilidades administrativas, porque nosotros somos competentes solamente para el área administrativa.
–¿De qué ejercicio fiscal?
–Hay 2013, 2014, 2015 y quizás 2012.
–¿Sólo responsabilidad administrativa, no existe demanda penal?
–Bueno, eso sí, pero tiene que mandarse la denuncia a otro lado, ahorita nosotros estamos en la etapa de lo que tenemos facultad que son las responsabilidades administrativas, que son las sanciones como la inhabilitación, el resarcimiento de lo que no se haya podido solventar.
El funcionario aclaró, sin embargo, que las observaciones de la ASF no solamente corresponden al periodo de Aguirre Rivero, sino también al periodo de Rogelio Ortega Martínez. “Los asuntos los tenemos ya en nuestras manos y vamos adelante”.
–Se supone que hubo un proceso de entrega-recepción. Han pasado once meses (de la actual administración) y todavía están en el procedimiento administrativo, cuando son reiterados los señalamientos públicos de que se encontraron adeudos al SAT o faltantes por créditos que se entregaron a trabajadores a quienes se les cobró pero no se reportó el dinero…
–Bueno, porque es resultado de una auditoría y de la fiscalización física y financiera cuando se trata de la construcción de obras.
–¿No se trata de solapamiento?, porque nada más se denuncia y en los hechos no pasa nada…
–No, lo que pasa es que para que se llegue a todo esto (la sanción), necesita integrarse el expediente perfectamente y tener todos los elementos, si no nos ganan los asuntos.
–¿Pero cuando será esto?
–Pues estamos en los juicios, ya pasó la etapa de solventación y ya va la cuestión de responsabilidad.
–Si ya las anteriores administraciones no solventaron, ¿qué va a proceder, se hará denuncia ante la Procuraduría…?
–No, están en nuestra etapa administrativa, resultado de auditorías que hemos hecho nosotros y la ASF. Nosotros vamos a fincar las responsabilidades.
Entregó ya al Congreso la auditoría a Felícitas Muñiz, informa Damián Peralta
El auditor General del Estado, Alfonso Damián Peralta, informó que entregó completa la auditoría que el Congreso local le requirió del municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), pero aclaró que no fue una fiscalización especial sino ordinaria, con la que el Poder Legislativo puede trabajar en el juicio de revocación de mandato contra la presidenta municipal Felícitas Muñiz Gómez.
El auditor visitó el municipio el pasado 14 de julio y dijo que la información de su visita fue incluida en el informe de resultados que la AGE entregó al Congreso el 29 de septiembre.
El auditor comentó que el órgano fiscalizador está en un proceso de señalar observaciones del ejercicio fiscal 2015 a los entes por presuntas irregularidades cometidas durante sus gobiernos el año pasado.
Explicó que después de las notificaciones, la AGE espera la documentación de los ex funcionarios para comprobar las observaciones.
Se le preguntó también por lo dicho el sábado por el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, sobre el requerimiento de pago que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo al gobierno del estado por casi 4 mil millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que durante 2013, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, las secretarías de Salud y Educación no pagaron.
Lo anterior lo confirmó ayer el contralor del gobierno estatal, Mario Ramos del Carmen, quien informó de 40 procedimientos por irregularidades encontradas en las pasadas administraciones, principalmente en Salud y Educación, y en ese sentido el auditor explicó que la AGE se rige por procedimientos anuales, por lo que ahora trabaja en la fiscalización de 2015.
Sin embargo dijo que sí hay observaciones a pasadas administraciones, pero habló principalmente del 2015, de las que dijo que están entregando las notificaciones a los ex servidores públicos para que presenten la documentación comprobatoria, o de lo contrario se emitirán pliegos de observaciones y procedimientos resarcitorios.
El auditor comentó también que del ejercicio fiscal que revisa la Auditoría General del Estado (AGE) no ha presentado denuncias penales porque la cuenta publica fue entregada puntualmente después de las sanciones ejecutadas contra los funcionarios que han faltado a los tiempos que señala la ley.
Afirmó que de los casos de procesos de fiscalización que han llegado a denuncias penales contra ex servidores públicos, todos han presentado la información que les ha sido requerida.
Hay 40 procedimientos por irregularidades en pasados gobiernos, informa el contralor
El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, informó que 40 procedimientos por irregularidades encontradas en las pasadas administraciones se encuentran en la fase de responsabilidad administrativa. Aunque no precisó cuántas dependencias son las que tiene señalamientos, dijo que entre ellas están Salud y Educación.
El funcionario estatal indicó que aun faltan por hacer su declaración tres de tres 103 funcionarios de nivel jefe de área hacía arriba, por lo que evalúan sancionarlos. Esto, por el compromiso que hizo el gobernador Héctor astudillo Flores, de que en su administración se aplicaría esta medida.
En declaraciones, después de la sesión del Comité Rector de Transparencia en un salón del hotel Princess Acapulco, el secretario de Contraloría y Transparencia dijo que están “haciendo muchas auditorías” sin precisar cuántas, y de éstas se han iniciado procedimientos.
De los procedimientos iniciados unos 40 se encuentran en la fase de responsabilidad administrativa por observaciones no solventadas. Las observaciones son por el uso del presupuesto en las pasadas administraciones.
De estos procedimientos algunos los lleva la Contraloría del estado y otras son recomendaciones que hizo la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública, “por el convenio de colaboración para que podamos intervenir en algunos asuntos donde hay inversión federal”.
En abril, Ramos del Carmen dijo que se realizarían 211 auditorías a diferentes dependencias del gobierno del estado por los recursos federales que se asignan a las autoridades para obras públicas.
De la declaración patrimonial, de intereses y fiscal, la llamada tres de tres, Ramos del Carmen expuso que cuando se cerró el periodo para hacerla 585 funcionarios no la presentaron, por lo que se inició procedimiento a los que fueron omisos y están analizando sancionarlos.
Actualmente, faltan por presentar su declaración 103, de los cuales dijo es probable que algunos hayan sido dados de baja y la dependencia no ha informado al respecto. Los que están pendientes por hacer su declaración dijo son funcionarios de “nivel jefe de departamento hacia gobernador”.
Indicó que se podría sancionar a quienes no presenten su declaración con 30 a 60 días de suspensión, y se verá si pueden justificar por qué no presentaron la misma a tiempo. Confía en que el próximo año todos los funcionarios estatales presenten la declaración a tiempo.
Denunció ante el Trife violencia política de género en su contra, informa Felícitas Muñiz
La alcaldesa de Mártir de Cui-lapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) por las omisiones de las autoridades locales para resolver el conflicto político en su municipio y que, insistió, es un caso de violencia política de género.
La presidenta municipal, militante de Movimiento Ciudadano, indicó que pese a que ha solicitado medidas cautelares a diferentes instancias, sus peticiones no han sido atendidas.
Muñiz Gómez asistió ayer al auditorio del DIF estatal, a la proyección de la película Ángeles con garras de acero, organizada por la Secretaría de la Mujer para conmemorar el 63 aniversario del pleno reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.
Consultada por reporteros al concluir el acto, Muñiz Gómez manifestó que hay una “gran omisión” del gobierno del estado y el Congreso local para atender el conflicto político que priva en su municipio, donde el síndico Be-nito Sánchez Ayala, un regidor y dos regidoras encabezan la toma del ayuntamiento y exigen la re-vocación del mandato de la alcaldesa por corrupción, desvío de recursos y nepotismo.
Recordó que luego de las ac-ciones violentas de agosto, cuando el grupo opositor atacó sus propiedades y de sus familiares, así como el incendio de vehículos, solicitó medidas cautelares a las secretarías de Gobierno y de Se-guridad Pública, a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo dijo que no ha recibido ninguna respuesta, por lo que el mes pasado presentó una denuncia ante el Trife en contra de quienes resulten responsables por las omisiones que hay en el caso, principalmente de las autoridades locales, pues dijo que entre el gobierno del estado y el Congreso “se echan la bolita”.
Comentó que también pidió la intervención del Instituto Elec-toral y de Participación Ciudadana (IEPC), pero dijo que el órgano sólo la declaró “víctima” sin que existieran más resultados; mientras que de la Segob, el sábado vino un representante a entrevistarla, pero nada más.
Dijo que además de las omisiones, la denuncia ante el tribunal federal es por violencia política de género.
Recordó que el ex alcalde, José Guadalupe Rivera Ocampo, del PRD, fue extorsionado y obligado a entregar 10 millones de pesos a sus opositores, e insistió en que ese problema se ha vivido en Apango desde hace 25 años.
“No estamos de acuerdo con estas acciones porque tenemos población indígena y se me hace inconcebible que siendo un municipio tan pequeño se generen estos conflictos para satisfacer una necesidad de estos delincuentes, los voy a llamar así, y tengamos que sacrificar a otras comunidades que realmente merecen atención”.
Muñiz Gómez dijo que ante la situación que prevalece en la cabecera municipal, “de vez en cuando” asiste a entregar a poyos.
“Yo estoy haciendo un gobierno itinerante, trabajo en todas las comunidades, de vez en cuando me meto a Apango sin que ellos sepan, platico con la gente, hemos estado apoyando, estoy coordinando el ayuntamiento a pesar de todas las barreras que tenemos, estamos trabajando”.
Pese a que el ayuntamiento está cerrado, dijo que entregó a tiempo la Ley de Ingreso al Congreso, y además explicó que no tiene problemas financieros y podrá cumplir los compromisos de fin de año.
Necesita el gobierno 2 mil 800 millones de pesos para fin de año, informa Astudillo
El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que el estado no tiene los recursos financieros que necesita para librar los compromisos de fin de año, y explicó que se requieren aproximadamente 2 mil 800 millones de pesos, incluidos los préstamos que podrían solicitar los ayuntamientos.
Manifestó también que el gobierno estatal no tiene dentro de sus planes dialogar con la delincuencia organizada, como lo propuso el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, como una alternativa para erradicar el problema de violencia; sin embargo Astudillo Flores expresó que valora las contribuciones que el arzobispo pueda hacer en el tema.
De la disminución de los asesinatos cometidos en el estado en septiembre, atribuidos a la delincuencia organizada, el gobernador dijo que es “un dato muy importante” que determina “seguir adelante” en el combate a la violencia, en coordinación con todas las corporaciones de seguridad tanto federales como estatales y municipales.
El gobernador fue abordado ayer por reporteros al concluir el izamiento de bandera que se llevó a cabo por la mañana en la explanada del Palacio de Gobierno, acto en el que anunció que por la tarde se reuniría con el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
Consultado respecto a los temas que hablaría con el funcionario federal, Astudillo Flores dijo que tratarían el asunto de los recortes en el presupuesto y las afectaciones que éstos traerían para la entidad.
“La afectación no es en los ramos estatales, el Ramo 33 y para los municipios, ahí se podría decir que es mínima la disminución, el problema es en la disminución de la inversión en comunicaciones, en agua, en asunto de educación; de tal manera que en esos rubros solamente habría una disminución de alrededor de 4 mil millones de pesos”, dijo.
Explicó que el movimiento económico que se ha registrado en Guerrero es gracias a la inversión en obra pública, pero advirtió que los recortes al presupuesto federal impactarán en ese aspecto, generando “una grave disminución” en la actividad económica de la entidad.
A pregunta expresa, Astudillo Flores informó que el gobierno del estado no cuenta con los recursos financieros para cubrir los compromisos de fin de año, y dijo que ese sería un tema que hablaría con el secretario de Hacienda.
-Los alcaldes han alertado que no van a tener presupuesto para el fin de año y poder cumplir con los compromisos de fin de año. ¿El gobierno de Héctor Astudillo tendría la capacidad de prestar o gestionar ante la federación? -preguntó un reportero.
-El año pasado lo hicimos y por supuesto estaremos en la mejor disposición de ayudar a quienes nos soliciten ayuda y nosotros encontrar el camino para poder hacerlo, siempre y cuando sea necesario, porque para ayudar tenemos que revisar, no a quien venga a pedirnos le vamos a dar automáticamente.
Respecto a cuánto necesita el gobierno estatal para los gastos que implican los compromisos de fin de año, dijo que considerando “los boquetes económicos” en educación y salud, así como los préstamos que podrían requerir los ayuntamientos, cerca de 2 mil 800 millones de pesos.
Al gobernador se le preguntó también su opinión respecto la postura del arzobispo Carlos Garfias Merlos, quien el domingo en conferencia de prensa insistió en su llamado a “dialogar” con los grupos criminales como una alternativa para erradicar la violencia en el estado.
Héctor Astudillo comentó que ya ha dialogado de ese tema con los obispos de Guerrero, de quienes dijo pueden construir su ruta, pues el gobierno del estado no les prohibirá reunirse con nadie.
“Ellos (los obispos) tienen la suya (su ruta), con todo respeto, con todo entendimiento, nosotros tenemos la nuestra, nosotros no lo tenemos contemplado, pero por supuesto nosotros valoraremos mucho las contribuciones que ellos puedan hacer”, expresó el gobernador.
Ayer se publicó en estas páginas que en septiembre se registraron 144 ejecuciones en el estado, 79 menos que en agosto cuando se contaron 223 en las notas publicadas en El Sur, lo que representa una baja de 35 por ciento en el último mes.
La información indica que en septiembre también en Acapulco disminuyeron los asesinatos, pues sumaron 62, lo que representa el 43 por ciento del total en el estado, y fueron 50 menos que en agosto cuando hubo 112, es decir, que en el último mes este delito bajó 44.6 por ciento en la principal ciudad del estado.
Al respecto, Astudillo Flores dijo que como lo había manifestado en los últimos días, el número de homicidios dolosos disminuyó, y dio a conocer que en Acapulco bajó casi en 46 por ciento, 25 por ciento en Chilpancingo, y 35 por ciento en el resto del estado.
“Como lo he expresado es un asunto, es una cifra que por supuesto determina seguir adelante junto con quienes participan, el apoyo de la federación, la Defensa Nacional, la Marina, la Policía Federal, la del estado y todas las municipales que puedan colaborar, me parece que es un dato muy importante”, dijo.
El gobernador aclaró que se trata de una lucha de todos los días, “es un asunto nada sencillo, complicado, pero en el que para enfrentar el problema de inseguridad, de la delincuencia organizada el gobernador tiene toda la determinación de hacerlo”.
De la exigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que pide la destitución del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, del subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román, y del director de Personal, Eduardo León Encarnación, Astudillo Flores se limitó a llamar al magisterio a que regrese a las aulas a trabajar.
“La autopista ya no es una solución de nuestros problemas, al contrario, tomar la autopista lo único que genera es un problema para quienes nos visitan, afortunadamente las laterales estuvieron abiertas, hubo circulación, lenta pero la hubo”, explicó en referencia al bloqueo del domingo en el Parador del Marqués.
La deuda inicial de 3 mil 323 millones se incrementó a 4 mil 800, informa Apreza
El secretario de Finanzas del gobierno del estado, Héctor Apreza Patrón, informó que para equilibrar las finanzas gubernamentales se necesitan de cuatro a cinco años.
Dio a conocer también que la deuda inicial de 3 mil 323 millones de pesos que el gobierno recibió se incrementó ya a 4 mil 800 millones de pesos.
Además dijo que fueron cancelados el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a las secretarías de Salud y Educa-ción, lo que representa una afectación a las finanzas de 2 mil 500 millones de pesos.
Dijo que aún no se define de dónde se obtendrán los mil millones de pesos para el aguinaldo de los trabajadores del gobierno, aunque “está muy a la vista” solicitar un adelanto de las participaciones federales.
Apreza asistió ayer por la tarde a la Auditoría General del Estado (AGE), donde entregó al titular del órgano fiscalizador, Alfonso Damián Peralta, el primer informe financiero semestral del Poder Ejecutivo.
Abordado por reporteros antes de la entrega, Apreza Patrón informó que el gobierno del estado aún no define de dónde obtendrá recursos para pagar los mil millones de pesos correspondientes al aguinaldo de los trabajadores.
Explicó también que la deuda inicial “urgente” que recibió la actual administración fue de 3 mil 323 millones de pesos, sin embargo dijo que a la fecha la cifra se incrementó a 4 mil 800 millones, por adeudos que se han acumulado.
Aunque no precisó cuándo, dijo que el gobierno federal canceló el CFDI a la Secretaría de Salud y a la de Educación, porque en 2013 no pagaron el Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que significa una afectación a las finanzas del estado de 2 mil 500 millones de pesos.
“Esto evidentemente es un golpe financiero brutal para las finanzas públicas del estado”, advirtió, y dijo que falta conocer si en 2014 y 2015 hubo una situación similar.
Explicó que para equilibrar las finanzas pasarán cuatro o cinco años, y dijo que no recuerda un caso en administraciones pasadas “en que se haya entregado con tal resquebrajamiento las finanzas públicas”.
Reiteró que el gobierno del estado no está en condiciones para apoyar a los municipios que padecen también crisis financieras producto de laudos laborales, y que el Ejecutivo ya está pagando los que enfrenta.
Para ello dijo que se le da un “uso muy racional a los recursos, restringiendo muchos gastos, porque finalmente los derechos laborales de los trabajadores están por encima de cualquier situación”.
Indicó que en lo que va del año Guerrero ha sufrido dos recortes en las participaciones federales, uno en febrero y otro en julio, que juntos representan aproximadamente 750 millones de pesos.
“El argumento es muy sencillo, las participaciones dependen del nivel de recaudación que tenga el estado y del comportamiento que tengan los ingresos públicos federales. En el caso de Guerrero la recaudación ha caído notablemente”, explicó.
–¿Han solicitado algún préstamo? –preguntó una reportera.
–No lo hemos pedido porque lo primero es dejar que llegue diciembre a efecto de que podamos ver con toda la precisión cuál es la cantidad que necesitamos, lo que sí es que las finanzas públicas enfrentan una severa restricción en Guerrero.