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Se debe exigir aumento del 25% al salario para compensar el ISR en la UAG, dice un catedrático

 

El catedrático investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Gilberto González Velázquez, recomendó a sus compañeros que ante la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se debe exigir un aumento del 24.9 por ciento al salario.
Por parte de la corriente Acción Revolucionaria, el maestro de la Facultad de Contabilidad y Administración, con 26 años de antigüedad, presentó ayer la exposición Planeación Fiscal del ISR para la Universidad Autónoma de Guerrero, donde propuso varias opciones para que el gravamen no afecte el salario, como la absorción del gobierno del estado para el pago del impuesto, que concluyó que el ISR no es de índole político.
El catedrático partió de que el impuesto no es una consecuencia directa de las reformas estructurales, ni imposición del gobierno federal, como ha sostenido el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
Precisó que el artículo 94 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta vigente establece que los ingresos y prestaciones que provengan de una relación laboral subordinada deberían estar gravadas al impuesto sobre la renta, “por lo anterior entendemos que las prestaciones que actualmente tienen los trabajadores de la UAG están gravadas al impuesto en mención”.
Dijo que en caso de no pagarse, incurrirían en un delito de defraudación fiscal, como lo menciona el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Manifestó que por no enterar al fisco, se pagan multas.
Indicó que la UAG tiene un “gravísimo problema en relación a las multas, ya le llegaron las multas, son millones de pesos de lo que la universidad va pagando de multas por no estar pagando el impuesto que no debería de pagar, y eso es grave, porque está afectando el patrimonio de todos los universitarios”.
Expuso que el convenio en 2005 entre el STAUAG y Rectoría no sirve en la actualidad, el cual es interno. Dijo que un convenio válido se tiene que hacer directamente con la federación.
Entre las propuestas para que el trabajador no se vea afectado, está el aumento del 24.9 por ciento para soportar el descuento del ISR.
Otra propuesta es hacer un convenio con el Servicio de Administración Tributaria, “aprovechando las buenas relaciones del rector Javier Saldaña, bajo el argumento de que los trabajadores de la UAG han perdido gravemente el poder adquisitivo de su salario desde hace más de 15 años”.

 

No se descontará en lo inmediato el ISR a los salarios de trabajadores de la UAG, dice el rector

 

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero ( UAG), Javier Saldaña Almazán indicó que hay la garantía de no aplicar en lo inmediato el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a salarios de los universitarios, aunque se tiene que buscar una solución porque la universidad gasta 100 millones de pesos al año en absorberlos, y ya “no podemos seguir cargando con esta situación difícil, no hemos dejado de pagar el impuesto”.
En declaraciones telefónicas, Saldaña Almazán informó que la semana pasada se reunió con el jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, con quién habló del asunto. Añadió que la próxima semana se reunirá con los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) y del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG) para comentarles los avances en las pláticas.
Este sábado, el rector estuvo en la Faculta de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Cuajinicuilapa, donde inauguró el edificio con una inversión de casi 11 millones de pesos.
Sobre la inconformidad de algunos universitario ante el mandato del Consejo Universitario de que se descuente el ISR al salario de los trabajadores, y que piden que el patrón absorba ese impuesto, el rector Saldaña Almazán subrayó que la situación genera un riesgo financiero para la UAG, y se tienen que buscar mecanismos de solución.
Contó que el Consejo Universitario lo mandató para buscar reuniones y hacer las gestiones necesarias en los ámbitos estatal y federal, y “aplicarse para no poner en riesgo a la Universidad, porque de no aplicar el ISR se le embargaría el subsidio a la institución”. Agregó que ya ha hecho algunas acciones que comentará con los dirigentes sindicales para, “de manera conjunta atacar el asunto”.
Saldaña Almazán dijo que hay la garantía de no descontarl el ISR de inmediato, hasta agotar todas las posibilidades; adelantó que se buscará un plan de Previsión Social para que las prestaciones de los trabajadores no sean gravadas, que el trabajador tenga el pago mínimo posible, pero comentó que eso será al “mediano y largo plazo, no en lo inmediato”.
Insistió en que se están buscando todas las posibilidades y estrategias para que todo vaya en armonía, porque “finalmente somos la única institución del país y del estado que no está cumpliendo esa obligación”.
Pidió que el asunto no se tome con tinte político, en referencia a la protesta que el jueves encabezó el maestro de la Facultad de Derecho, Román Ibarra Flores, pues ellos conocen de derecho y saben que no fue una situación provocada por el rector, sino una reforma federal a la “cual, a mí como patrón me obliga a cumplir… pero haré todo lo necesario, lo que esté en mis manos para evitar que se afecte a los trabajadores”.

 

Pide el STAUAG que no se aplique el ISR a prestaciones como pretende Hacienda

 

Luego de que el Consejo General de Representantes (CGR) del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) se manifestó a que no se aplique el Impuesto Sobre Renta (ISR) en las prestaciones de los trabajadores universitarios, el secretario general del sindicato, Ofelio Martínez Llanes, indicó que siguen las negociaciones con las autoridades de la Secretaría de Hacienda.
Reconoció que nuevamente la Secretaría de Hacienda está haciendo el planteamiento del cobro del ISR al concepto de prestaciones. Sobre el tema, Martínez Llanes recordó que hace año y medio se planteó la situación de que se iba pagar el impuesto en las prestaciones, pero conjuntamente con la administración central de la UAG se negoció y se suspendió esa situación.
Agregó que “hoy nuevamente está latente y estamos en esa ruta, discutiendo, pero no es que se vaya aplicar mañana o pasado mañana, se está en una negociación y se está viendo cuál puede ser la mejor salida”.
Indicó que en ese concepto no se ha descontado ningún peso, y que se descuenta en donde ya se ha venido haciendo, pero todavía falta ver lo de las prestaciones.
Indicó el dirigente que quienes rebasan los 400 mil pesos anuales o los que tienen dos o tres trabajos son los que están llamando a los del SAT, pero es una cuestión federal y “no tiene nada que ver con la aplicación del impuesto, eso es otra cuestión ahí”.
Sobre si harán alguna protesta sobre el caso y se planteó la negociación juntamente con el rector Javier Saldaña para pedir que no se aplique.
Que saben que es una cuestión de ley, pero “nosotros tenemos que plantear esa cuestión, buscar ante las instancias de los gobiernos y buscar un plan de previsión social que ayude amortiguar esos descuentos, si es que se dan. Y por último la movilización, que está dentro del proyecto, pero no hay fecha todavía”.
En otro tema, informó que son al menos cuatro nuevos centros de trabajo los que están solicitando que se creen las delegaciones sindicales, por lo que se hará el estudio de acuerdo con el estatuto del STAUAG.
Además del tema del ISR, en el CGR del STAUAG se acordó exigir a la Administración Central el pago del retroactivo del aumento salarial que corresponde al periodo de enero a mayo de este año, que todavía se adeuda. La sesión que se llevó a cabo el 30 de mayo, en el auditorio de la Rectoría, también se nombró a los integrantes de la Comisión de Padrón Sindical que se hará del proceso electoral para el cambio del Comité Ejecutivo Central (CEC).
Otro de los acuerdos es que el CGR mandata al comité para que comience la revisión de los agremiados cuya antigüedad real no está reconocida ante el ISSSTE. Asimismo que el comité revise qué acuerdos pactados con la administración central no se han cumplido tras el emplazamiento a huelga, para que se exijan los pagos correspondientes.
Otro acuerdo fue que se apresure la elaboración del Plan de Previsión Social. El sexto acuerdo es que el comité defienda los centros de trabajo que fueron cerrados por la reforma administrativa de la Rectoría, con la que se modificó el organigrama de la institución y como resultado cerrarán distintos programas, como el Servicio Médico Universitario de Ometepec, Casas de Cultura de Taxco y Arcelia.
En el séptimo acuerdo se mandata a que busque la forma legal o la movilización, para exigir que el gobierno estatal pague los impuestos de las prestaciones de los trabajadores universitarios. Otro acuerdo es que a más tardar el 30 de junio el comité realice en las regiones del estado un taller sobre educación sindical.
Durante el consejo también hubo un pronunciamiento a favor de la libertad de expresión y se exigió un alto a la impunidad, esclarecimiento a las agresiones y crímenes cometidos en contra de periodistas en el estado y el país.
También se acordó exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de los crímenes de maestros y estudiantes de la UAG, así como de la sociedad en general. De igual modo, el cese del hostigamiento en contra de luchadores sociales, en especial del dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Otro de los acuerdos es seguir exigiendo al gobierno federal la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos y se manifestó su apoyo a los padres de familia de los jóvenes. Se pidió la libertad de los presos políticos.

Exige Hacienda al ayuntamiento de Iguala 1. 5 millones de pesos por ISR

* Es anticonstitucional, responde la alcaldía

 Oracio Lagunas Ramírez, corresponsal, Iguala * La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) exigió a la administración municipal el pago de poco más de un millón 500 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), petición rechazada por el área jurídica y el síndico Gustavo Adán Tabares, al considerarlo anticonstitucional.

Ante probables sanciones administrativas, como la probable retención de partidas federales o embargo del gasto corriente, el apoderado legal del Ayuntamiento, Pedro Salgado Bahena, ya solicitó asesoría contable al despacho del ex secretario de Finanzas del municipio de Acapulco en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, Carlos Álvarez.

Salgado Bahena reconoció que el pago solicitado por la SHCP es por el ISR correspondiente a diciembre del año pasado y los dos primeros meses del año en curso por 470 mil pesos, más multas y recargos, sumando en total un poco más de 1.5 millones de pesos.

“El adeudo en sí son 470 mil pesos, mas la multa y los recargos, pero aquí la SHCP nos quiere cobrar impuestos, hasta donde tengo entendido, de la administración de Juan Muñoz (Caballero) y que se refieren al último trimestre de esa administración”.

Por el momento, indicó, ya solicitamos al despacho de Carlos Álvarez, asesoría en materia hacendaria, porque tenemos entendido que cuando estuvieron al frente de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Acapulco, fueron requeridos este tipo de pagos, demandaron a la SHCP y ya no pagaron los montos demandados.

Por su parte el síndico administrador, Gustavo Adán Tabares, dijo que este no es el único requerimiento, en visita de personal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP, porque en fechas anteriores ya se habían presentado situaciones similares.

“Esto se debe a la fiscalización a municipios y entidades federativas, como Guerrero e Iguala, para verificar si han cumplido con las retenciones a los trabajadores por sus salarios”.

“Te puedo informar –añadió– que hasta el momento todo esto se ha cumplido muy bien y tenemos entendido que la SHCP está revisando los últimos años, pero te puedo decir que ese impuesto es anticonstitucional porque hay una controversia, precisamente porque un municipio, no recuerdo de dónde, se negó a pagar el impuesto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del municipio, controversia a la cual nosotros nos apegamos”.

Recordó que en el pasado, el mismo SAT pretendió cobrar 150 mil pesos de IVA por la exportación de una ambulancia y una carro-cisterna para los bomberos, pero de ahí en adelante todo está bien.