Dirigentes de cooperativas pesqueras de la comunidad de Petacalco, en el municipio de La Unión, exigieron una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para hablar sobre la indemnización de la empresa Flensa, ante la contaminación que provocó el derrame de combustóleo al río Balsas en febrero de este año.
Ayer viernes, en la plaza principal de Petacalco, el dirigente pesquero, Gilberto Barrera Reyes, acompañado del comisario municipal de esa localidad, Epifanio Reyes Ramírez, y del presidente de la cooperativa Delfín, Arturo Vargas Ramos, así como de una decena de representantes de cooperativas pesqueras, ofreció una conferencia de prensa para decir que a 10 meses del derrame de combustóleo en el río Balsas, el gobierno del estado no ha citado a los representantes legales de la empresa responsable del derrame para que indemnice a los pescadores.
El 13 de febrero de este año, en la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, en el puente Dr. Ignacio Chávez, que atraviesa el brazo izquierdo de la desembocadura del río Balsas y que es el límite entre los estados de Guerrero y Michoacán, una pipa con doble tanque que transportaba 32 mil litros de combustóleo, de la empresa Flensa SA de CV, se volcó y derramó todo el combustible directamente al río.
La mancha del combustóleo llegó al mar, afectando a mil 200 pescadores de la zona de Petacalco, por lo que desde marzo de 2016, iniciaron las gestiones ante el gobierno del estado para que la empresa de transporte de carga especializada se responsabilizara de la afectación que el derrame ocasionó al sector pesquero y que cubra una indemnización ante la mengua de la pesca en la zona.
El gobierno del estado pagó más de 1 millón de pesos a un especialista para que hiciera un estudio sobre la contaminación provocada; sin embargo, pese a las muchas reuniones que los pescadores han tenido con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado, no ha sido posible que éstos citen a la empresa para que atienda la exigencia de indemnizaciones.
La empresa responsable del derrame es propiedad de un familiar de Enrique Peña Nieto, denuncian
“Nos enteramos de que la empresa Flensa es propiedad de un familiar del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a lo mejor por eso no han querido tocarla”, dijo Gilberto Barrera.
Indicó que, “estamos viendo que el tiempo se pasa y a 10 meses del derramamiento, no ha sido posible que nos atiendan; nosotros estamos pidiendo una audiencia personal con el gobernador, Héctor Astudillo, para hablar con él, para pedirle que atienda al sector pesquero de Petacalco, que tenemos meses sin buenos ingresos, porque toda nuestra zona de pesca está contaminada, el río donde anidaban las especies de peces está muerto, todo se acabó, ya estamos desesperados”, relató el dirigente pesquero.
A pregunta expresa, Barrera Reyes, quien también encabeza movimientos sociales contra de la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles, ubicada en Petacalco y propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que también esa planta generadora de energía resultó afectada por el derramamiento del combustóleo, “sus turbinas se afectaron, con la diferencia de que ellos sí demandaron a la empresa y ésta les condicionó el retiro de la demanda a cambio de que les siguieran surtiendo del combustóleo, se arreglaron en otros niveles”.
Luego, advirtió que de no haber una respuesta del gobernador, “no nos va a quedar más remedio que volver a la movilización; hemos sido pacientes y hasta agradecidos con el apoyo que nos ha dado el gobierno del estado en todo este proceso, pero queremos que nos reciba el gobernador, que escuche nuestras propuestas y nuestras demandas, por eso, si el lunes no tenemos una respuesta, no nos va a quedar de otra más que movilizarnos, aunque resulten terceros afectados”, advirtió.
El cuerpo de un hombre asesinado a golpes fue encontrado la madrugada de este domingo en la Autopista Siglo XXI, en el poblado de El Huaricho, municipio de La Unión, cerca de los límites con Michoacán.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 4:30 de la mañana recibieron el reporte de que fue arrojado en el lugar el cuerpo de un hombre que presentaba huellas de tortura y un golpe en la cabeza.
La víctima vestía una playera negra, un short azul y estaba descalzo, “el cuerpo fue arrojado a la Autopista Siglo XXI y con una deformidad en cráneo que le ocasionó la muerte, a la altura del poblado El Huaricho, a pocos minutos (antes) de llegar al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán”.
A la zona acudieron policías municipales, estatales y ministeriales, quienes acordonaron la zona, y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) a iniciar las diligencias de ley para dar con los responsables.
El cuerpo de un hombre desnudo y ejecutado a balazos fue encontrado en la carretera en el entronque del municipio de La Unión a Zihuatanejo.
Según fuentes policiacas, a las 2:30 de la madrugada de ayer recibieron el reporte de que frente a una gasolinera en el entronque de La Unión estaba el cuerpo de un hombre desnudo.
El cuerpo estaba tirado boca arriba en la carretera, tenía dos impactos de bala en la cabeza y a un lado había dos casquillos percutidos usados en el rifle de asalto AK-47 o cuerno de chivo.
Al entronque de La Unión acudieron policías municipales, estatales y ministeriales quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) elaboraron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue traslado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense (Semefo) en Zihuatanejo para la necropsia de ley.
En este municipio han ocurrido hechos de violencia. El 16 de noviembre, el cuerpo de un joven de 24 años, asesinado de dos balazos en la cabeza y con el rostro desollado, fue encontrado en el entronque que se dirige a la comunidad Lagunillas del municipio de La Unión.
Y el 14 de ese mes, el cuerpo de un hombre de unos 35 años, desmembrado y depositado en bolsas negras fue encontrado en el crucero de Feliciano municipio de La Unión.
La Policía Comunitaria Tecampanera cerró desde la mañana de ayer el Palacio Municipal de Teloloapan, tiendas de autoservicio y de cadenas comerciales transnacionales para exigir a los gobiernos estatal y federal seguridad, justicia para las víctimas de la delincuencia organizada, la detención de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana y una investigación al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán por sus presuntos vínculos con éstos criminales.
Advirtieron que si no tienen pronto una respuesta de las autoridades estatales y federales, también tomarán la presa hidroeléctrica El Caracol y las minas asentadas en la zona.
Minutos antes de las 9 de la mañana comunitarios de la Tecampanera desalojaron al personal del Ayuntamiento y cerraron el edificio con cadenas y candados. En seguida cerraron tiendas como Súper Che, Aurrera, Coppel y Oxxo.
La acción se da luego del acuerdo de la asamblea de la tarde del lunes y a dos días del hallazgo de los cuerpos desmembrados de los tres herreros secuestrados el 4 de noviembre en la comunidad de Totoltepec por sicarios de La Familia Michoacana, y que fueron abandonados en la entrada al poblado La Unión, en Teloloapan, en la carretera hacia Arcelia.
En declaraciones por teléfono, uno de los integrantes de la autodefensa dijo que entre sus demandas que no les han cumplido, está la de seguridad en el municipio con la presencia de la Policía Federal, que se haga justicia y se aplique la ley en contra de La Familia Michoacana, grupo al que responsabilizan de los secuestros, asesinatos, levantones y extorsiones ocurridos en ese municipio.
Exigen también la desarticulación y captura de los principales líderes de esta organización criminal y los autores de los asesinatos cometidos en contra de vecinos de Teloloapan, así como la investigación al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán a quien señalan de tener vínculos con este grupo criminal.
Dijo que al secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda le exigen su intervención para que los militares en Teloloapan “se involucren más” en la seguridad del municipio.
Demandan Bases de Operaciones Mixtas y puestos de revisión y seguridad, así como patrullajes en carreteras y brechas de las comunidades de Totoltepec, Alahuixtlán y La Magdalena, que son ocupados por los delincuentes para desplazarse entre las regiones Tierra Caliente, la zona Norte y el sur del Estado de México.
Informó que en las dos primeras comunidades existen dos grupos de la Policía Estatal, “lo cual es insuficiente y obsoleta su presencia porque se la pasan encerrados y no hacen ninguna acción, como la colocación de puestos de seguridad y vigilancia, o de hacer recorridos por la zona, por lo que los miembros de la delincuencia organizada entran y salen sin ningún problema”.
Indicó que la postura de los comunitarios es que de no haber una pronta respuesta a sus demandas por los gobiernos estatal y federal, ampliarán su protesta con el cierre de la presa El Caracol y las minas asentadas en la zona.
Policías comunitarios de la Tecampanera de Teloloapan acordaron en una asamblea la tarde de ayer con comerciantes, transportistas y vecinos en general, reforzar los retenes y la vigilancia en la cabecera municipal, tras el hallazgo de los cuerpos desmembrados de los tres herreros secuestrados.
Advirtieron a los gobiernos estatal y federal del cierre de tiendas de autoservicio, cadenas comerciales, la central de autobuses y el Palacio Municipal en caso de que se den nuevos hechos de violencia.
Exigen al estado y la federación la detención de los delincuentes que se adjudicaron la muerte de los tres herreros en cartulinas que dejaron junto a sus restos, y de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana.
Del señalamiento que vincula a los comunitarios con el grupo delictivo Guerreros Unidos –al que se le adjudican los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala-, uno de los coordinadores de la Tecampanera afirmó que esa organización está conformada por comerciantes, profesores, transportistas, campesinos y gente de Teloloapan que ha sido víctima de la delincuencia organizada.
En declaraciones por teléfono la tarde de ayer dijo que los señalamientos en las cartulinas son con la intención de “distraer al gobierno” y confundir a la población.
Agregó que la petición del grupo criminal La Familia Michoacana a las autoridades que no se metan “es un franco desafío a las autoridades y dan a entender que son intocables, que ellos mandan”.
Ayer después de la 1 de la tarde en la base de los comunitarios instalada en la entrada a la cabecera municipal en la carretera Iguala-Teloloapan, cerca del retén militar, hubo una asamblea con los pobladores que apoyan a la Tecampanera, en la cual se definieron acuerdos a unas horas del hallazgo de los cuerpos desmembrados de los tres herreros secuestrados el 4 de noviembre en la comunidad de Totolpetec.
Minutos después de las 4 de la tarde, al término de la reunión, uno de los coordinadores dio a conocer los acuerdos, destacando que continuarán su movimiento y no dejarán las armas.
Dio a conocer que a partir de ayer reforzarían la seguridad y la vigilancia en los retenes de la cabecera municipal, harán recorridos en vehículos y a pie en brechas y cerros para buscar a los delincuentes, “para ya no permitir que sucesos cobardes y lamentables como los que ocurrieron sigan pasando”.
Instalarán mesas de diálogo con el alcalde perredista Robell Urióstegui Patiño para que sea él el intermediario con los gobiernos estatal y federal para que en Teloloapan haya mayor seguridad.
Dijo que la exigencia sigue siendo que se detenga y castigue a los líderes de La Familia Michoacana y que se dé con los delincuentes que se adjudicaron el asesinato de los tres herreros, que según las cartulinas que dejaron junto a sus restos son Flaco y Pelayo.
Declaró que la advertencia de los comunitarios es que en caso de que se den nuevos hecho de violencia del grupo criminal, tomarán el Ayuntamiento y cerrarán tiendas de autoservicio y cadenas comerciales como Súper Che, Oxxo, Elektra, Coppel, Aurrera y la central de autobuses.
Otro contacto de la misma organización dijo que esta acción sería a partir de este día, pero no fue confirmado.
Dieron a conocer que hasta ayer no había soldados de la Marina ni policías federales que solicitaron para reforzar la vigilancia.
Sepultan a los tres herreros
Integrantes de la comunitaria Tecampanera informaron que ayer a las 5 de la tarde familiares y amigos sepultaron a los tres herreros: Eduardo de 66 años, su hijo Juan Gregorio de 26 y su empleado Antonio de unos 30 años.
Los tres eran vecinos de la colonia Fovissste de la cabecera municipal de Teloloapan y fueron sepultados en el panteón municipal de la colonia Mexicapan, al norte de la cabecera municipal.
Los tres herreros fueron secuestrados la tarde del viernes 4 de noviembre en la comunidad de Totoltepec por presuntos miembros de la organización delictiva La Familia Michoacana, cuando colocaban el techado en la cancha de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, trabajo por el que habían sido contratados por el gobierno municipal.
La mañana de este domingo sus cuerpos fueron hallados desmembrados en la entrada a la comunidad de La Unión, municipio de Teloloapan, en la carretera hacia Arcelia.
Beneficiarias del programa Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) del municipio de La Unión, denunciaron que el representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), en esta región, pretende imponerles un proveedor de los insumos para sus proyectos productivos.
Dijeron que el secretario Juan José Castro Justo, “haga lo que tenga que hacer, pero que respeten nuestra libertad de comprar con el proveedor que nosotros queramos y no con el que ellos nos impongan”.
Las beneficiarias Martha Alicia Ramírez, de la comunidad La Saladita; Zulma Rosas, de Rincón de Cucharatepec; y Socorro Solano, de San Jerónimo, las tres del municipio de La Unión, denunciaron que el miércoles pasado, en las instalaciones de la Asociación Ganadera de Zihuatanejo, ubicada en la comunidad de San José, se llevaría a cabo el tianguis de proveedores, donde vecinos de 75 comunidades de los municipios de Zihuatanejo, Petatlán y La Unión se abastecerían de los insumos que necesitan para sus proyectos productivos, pero el tianguis se suspendió porque el representante de la Sagadegro se enojó tras los reclamos de los inconformes.
Martha Alicia Ramírez dijo que el representante de la Sagadegro en la región, del que sólo supo que se llama Iván, “ya traía todo bien machucado para favorecer al propietario de la casa materialista Cemsa, incluso nos amenazó con que si nosotros no firmábamos con él, nos iban a quitar el programa… incluso cuando nos presentaron la lista de los cinco proveedores, vimos que esta persona nos estaba vendiendo, por decirle algo, una bomba aspersora en 10 mil pesos y otro proveedor nos la daba en 8 mil… Prácticamente nos estaban queriendo obligar a que le compráramos a ese proveedor porque a los otros cuatro no les dieron ni siquiera la oportunidad… y nadie de las comunidades de La Unión, ni de Zihuatanejo quisimos firmar y el representante de la Sagadegro se enojó y canceló el tianguis”.
Socorro Solano comentó que las tres se pusieron de acuerdo para venir a Zihuatanejo a buscar orientación, “a las familias beneficiadas del programa nos dan de 10 mil a 19 mil pesos para los proyectos productivos… cómo cree que voy a comprarle a alguien que me da 2 mil pesos más caro si con ese dinero puedo comprar hasta dos rollos de alambre o láminas”, detalló.
La mañana de este miércoles un joven de 24 años fue asesinado de dos balazos en la cabeza y fue desollado del rostro, el cuerpo estaba en el entronque que se dirige a la comunidad de Lagunillas del municipio de La Unión.
Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal a las 8:45 de la mañana de ayer recibieron un reporte que estaba el cuerpo de un hombre tirado en la orilla de la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas en el kilómetro 35, en el entronque a esa comunidad.
La víctima vestía una camiseta azul, pantalón de mezclilla azul y huaraches negros. A un lado del cuerpo había un casquillo percutido calibre .9 milímetros.
En el reporte de la corporación se informó que el joven se llamaba Eduardo, de oficio tabiquero y en ocasiones pepenador.
A la comunidad de Lagunilla acudieron policías municipales, estatales, militares y ministeriales quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que hicieron las diligencias correspondientes. El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para sepultarlo.
En la región de la Costa Grande continúan los hechos de violencia. La noche del martes el director de Desarrollo Urbano del municipio de Petatlán, Edgar García Cerda fue ejecutado a balazos en camino de terracería que se dirige a la laguna La Enjundiosa en Petatlán.
El lunes, un hombre desmembrado y dentro de dos bolsas de plástico negras fue encontrado en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en la comunidad El Coacoyul, en esta cabecera municipal.
Hace cuatro días, dos jóvenes ejecutados a balazos y otro hombre desmembrado fueron encontrados en distintos puntos en los municipios de Petatlán, Zihuatanejo y La Unión. (Luis Blancas / Chilpancingo).
La mañana del lunes un joven ejecutado a balazos y atado de las manos hacia atrás fue encontrado en la orilla de la carretera federal La Unión-Coahuayutla en la primera cabecera municipal.
A un lado del cuerpo había un pedazo de cartón con un mensaje en el que se leía, “esto me paso por andar alconeando al javalin para todos los que apoyen a Omar Bucio, los Viagras y por lo que faltan, Atte. La mera verga”.
Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a las 8:30 de la mañana recibieron una llamada que avisó que en esa carretera en el lugar conocido como Las Palmitas estaba el cuerpo de un hombre tendido en la orilla de la vía.
El cadáver del joven estaba boca abajo, tenía las manos atadas hacia atrás, vestía una playera azul fuerte, pantalón de mezclilla azul y estaba descalzo.
A Las Palmitas llegaron policías municipales, estatales y ministeriales quienes acordonaron la zona, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias de ley.
El cuerpo fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
En La Unión el 12 de octubre el cuerpo de un hombre de unos 35 a 40 años de edad fue encontrado enterrado en una fosa clandestina entre las comunidades Coyuquilla y Zorcuá.
Beneficiarias del programa Prospera, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de la cabecera municipal de La Unión, denunciaron que desde hace tres meses no han recibido el pago de la pensión y que tampoco les han dicho el motivo del atraso.
Ayer lunes, vía telefónica, la señora Micaela Cruz Sandoval, vecina de la colonia Texas, dijo que son poco más de 200 beneficiarias “sólo de La Unión”, la cabecera municipal, quienes no han recibido el dinero del programa Prospera, “ya vamos para tres meses que ni aquí ni en las rancherías han ido a pagar; en mi caso, como en el de la mayoría de las beneficiarias, contábamos con ese dinero para ahora que nuestros hijos regresaron a clases, pero no sabemos porqué no han pagado”.
Vecinos de la comunidad Tierra Colorada del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) damnificados por la tormenta Manuel recorren el predio donde se construyen las casas donde serán reubicados . Foto: Jesús Eduardo Guerrero
A tres años de la tormenta tropical Manuel, que dejó en Tierra Colorada, municipio de Leonardo Bravo, cuatro muertos y destruyó más de 70 casas, el gobierno federal no les ha entregado sus viviendas a los damnificados de esta localidad.
Además, les construyó un puente vehicular en un lugar donde no lo pidieron ni lo necesitan, en tanto que la construcción de la telesecundaria está abandonada, y la escuela primaria, el kínder y el centro de salud están abandonados, a pesar de que aparentemente las construcciones están concluidas.
Las viviendas para la reubicación de los damnificados se construyen en un lugar en condiciones de riesgo, sin acceso, en una zona inestable, y no tienen servicios públicos.
También, a pesar de que aparentemente están terminadas las escuelas primarias, el kínder y el centro de salud, no han sido entregadas a los habitantes. Mientras tanto, la obra de la telesecundaria se encuentra suspendida desde a finales del año pasado.
La comunidad de Tierra Colorada se encuentra en una zona inhóspita de la sierra del municipio de Leonardo Bravo, a la que se llega en tres horas y media de recorrido desde Chilpancingo. La carretera es una brecha intransitable y de terracería que comienza después de la comunidad de Omiltemi, al poniente de la capital.
Ayer en un recorrido con el reportero de El Sur, los vecinos de la comunidad denunciaron que el gobierno, además de que no ha cumplido con ninguna de las obras prometidas, no tomó en cuenta la opinión del pueblo ni de sus autoridades, sobre a las obras que se construyen arbitrariamente.
Agrede verbalmente el representante de la constructora al comisario y le pohibe entrar al predio
Al final del recorrido, cuando los vecinos y el comisario municipal, Saturnino Castro Leyva, todavía estaban reunidos en la cancha del pueblo, donde comentaban las deficiencias de las obras, llegó el encargado de la empresa que construye las viviendas, a quien sólo identifican como Manuel, quien acompañado por otros dos trabajadores amenazó al comisario municipal, a quien le exigió que no se meta con su trabajo. El representante de la empresa se molestó porque el comisario y los damnificados recorrieron las casas en construcción.
“¿Qué es lo que se le ofrece comisario?”, le espetó envalentonado y retador el representante de la empresa, frente a unos seis testigos que acompañaban a Castro Leyva. Cuando el comisario comenzaba a explicarle que estaban inconformes primero con un puente que no fue construido en el lugar donde lo necesitan, el encargado de los trabajos lo interrumpió, y le advirtió, “ya me tienes hasta la madre con los chismes y lo que andas diciendo allá en Sedatu, eres el único comisario que no ha querido trabajar de acuerdo con nosotros”.
El comisario le respondió que solamente ha dicho la verdad, pero el encargado de la obra le advirtió que cuando quiera entrar a las zona donde se construyen las casas, primero le pida permiso a él.
Quienes acompañaban al comisario salieron en su defensa, y le pidieron que citara al representante de la constructora para una reunión en la comisaría, porque le estaba faltando al respeto en la calle. Sólo hasta entonces el representante de la constructora se retiró, pero antes le insistió al comisario que debe pedirle permiso para entrar a la zona donde se construyen las casas.
Antes, los damnificados, acompañados por el comisario municipal habían recorrido el fraccionamiento donde se siguen construyendo las casas en una zona de terreno inestable y con riesgos de deslaves. Otra parte donde se construyen las casas es relleno, incluso una barda de contención de unos 15 metros de largo ya se vino abajo, y de acuerdo con los damnificados esa es una muestra de que el terreno está en falso y de la frágil estructura de los muros de contención.
Por otro lado, el fraccionamiento carece de accesos, y para llegar a las casas se tiene que cruzar el cauce de un río de unos 15 metros de ancho, en un lugar donde no hay puente.
Uno de los damnificados declaró que la mayoría de los habitantes sugirieron a la Sedatu y a la empresa constructora que las viviendas se construyeran en un lugar al que conocen como El Limoncito, frente a lo que ahora es Tierra Colorada, al otro lado del río.
Pero dijo que la empresa constructora y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), acordaron construir las casas en ese lugar porque el terreno se los vendió Virginio Jacobo León, quien es el padre del entonces comisario municipal, Apolinar Jacobo Alonso, y del ex regidor de Leonardo Bravo, Aníbal Jacobo.
Construyeron un puente a kilómetro y medio de la comunidad, donde no les sirve, lamentan
La zona en donde se siguen construyendo las casas es un bordo que da a un voladero de unos 20 metros de profundidad con caída al río, y por el otro extremo hay una barraca que en la temporada de lluvias deja la zona aislada.
El fraccionamiento está dividido en tres bloques separados por barrancas, y para llegar a los tres hay que atravesar el amplio río que corta la zona donde actualmente se encuentra asentada la población.
Ante la falta de un puente para atravesar ese río, por lo menos dos bloques de casas que se construyen están incomunicadas, ahí sólo se pude llegar cruzando el río a pie, cuando no está crecido.
Debido a las fallas de las casas que se construyen y el difícil acceso, 15 familias damnificadas construyeron por su cuenta sus viviendas con tablas y lámina de cartón o galvanizadas, en El Limoncito.
El fraccionamiento donde se construyen las casas no tiene servicios de agua, luz ni drenaje. Las obras son lentas debido a la falta de trabajadores, pues ya nadie quiere trabajar con la empresa constructora de la que desconocen su razón social. La empresa tiene deudas con más de 70 personas de la comunidad que fueron empleados, algunos de ellos les adeuda hasta 7 meses de salario.
Los habitantes denunciaron que los trabajadores, ante la falta de pago de los representantes de la constructora, tampoco han pagado los alimentos que consumieron. Algunas familias denunciaron que la deuda por cada trabajador ha crecido hasta a 10 mil pesos.
Mientras tanto, 85 familias que perdieron sus viviendas reclamaron al gobierno federal que les entregue sus casas, sin importar las condiciones en que se encuentren, porque viven alojados con sus parientes o vecinos de la misma localidad.
Algunas de estas familias son las de Georgina Rodríguez Salgado, Abraham Alonso Morales, Constantina Castro León, Faustino Castro Alonso, Alejandra Catalán Lorenzo y Sabino Rodríguez Salgado.
En la orilla de la zona donde se construyen las casas, también están abandonadas, aunque ya terminadas, la primaria Juan N. Alvarez y el jardín de niños. A las instalaciones educativas les faltan los servicios de energía eléctrica, agua y drenaje. Los niños de los seis grupos siguen recibiendo clases en la comisaría, en la iglesia y en carpas improvisadas en la explanada de la comisaría municipal.
También se construyó allí, al lado de la primaria, el jardín de niños, y aunque la obra parece en buenas condiciones y terminada, un paredón de la parte trasera comienza a derrumbarse.
En la misma zona se encuentra el centro de salud, que aunque ya está terminado es difícil llegar a él porque se tiene que cruzar una barranca, “¿imagínese, como van a pasar por aquí los pacientes?”, preguntó uno de los damnificados.
Al frente del centro de salud está también un área descampada en donde les anunciaron que se construiría la telesecundaria, pero en el área solamente hay material de construcción abandonado y señales de que se comenzaba a construir.
La actual telesecundaria está aislada porque las lluvias de septiembre de 2013 ampliaron el cauce del río El Zapote, que divide al pueblo con la escuela, y los estudiantes tienen que cruzar ese río.
Los vecinos contaron que la semana pasada se suspendieron las clases debido a que este río estuvo crecido ante las lluvias del fin de semana pasada, y los alumnos y maestros no pudieron cruzar el cauce para ir a la escuela.
Los habitantes denunciaron que, en este tramo, estaba programado el puente Tierra Colorada, que sustituiría al que se llevó el agua en 2013. Este puente serviría para llegar a la escuela y para cruzar hacia Jaleaca de Catalán.
Informaron que en el proyecto estaba considerado aquí la construcción del puente, que fue construido un kilómetro y medio abajo, en donde no les sirve.
El comisario Castro Leyva denunció que el puente no se construyó porque el dinero fue desviado para beneficiar a los habitantes de Jaleaca, tras la intervención de la diputada federal Beatriz Vélez Adame, originaria de esa localidad, y por “políticos encumbrados con influencias en el gobierno”.
Consideró que los recursos de este puente fueron desviados para construir el puente un kilómetro y media hacia abajo porque actualmente se construyen una carretera que comienza en Omiltemi, municipio de Chilpancingo, y pasa por Chocomanatlán y Chautipan hasta llegar a Jaleaca. Dijeron que el puente que les robaron a los de Tierra Colorada forma parte de ese proyecto carretero.
El comisario dijo que, incluso, en la lámina que fue colocada en el puente que se construyó un kilómetro y media abajo está rotulado: “Se construye el puente Tierra Colorada”, pero insistió que allí ya no pertenece a su comunidad y que no les sirve de nada el puente.
