Marchan fedepistas al Palacio de Gobierno capitalino; exigen apoyos

 

 Autoriza León Aponte sólo uno de los puntos del pliego petitorio, pero acuerda analizar los demás, entre estos el juicio político contra el alcalde de Chilapa

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) marcharon ayer de Casa Guerrero, donde mantienen un plantón, hacia la explanada del Palacio de Gobierno, para exigir respuesta a un pliego petitorio, por lo que fueron atendidos por el secretario de Gobierno, Luis León Aponte.

Casi 500 campesinos de la región de La Montaña y de la Costa Grande demandaron la entrega de dos mil toneladas de fertilizante, 60 concesiones de transporte, 14 plazas para maestros bilingües y seguimiento de al proceso de juicio de procedencia para el desafuero del alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo.

Los integrantes del FDP llegaron desde el lunes pasado a esta capital y se habían instalado en plantón en Casa Guerrero, donde pedían una audiencia con el gobernador Rene Juárez.

Los dirigentes de la organización, encabezados por Clemencia Guevara Tejedor, fueron atendidos ayer por el secretario de Gobierno, Luis León Aponte, quien autorizó la entrega de dos mil toneladas de fertilizante a unos cuatro mil campesinos de la organización, según informó Guevara Tejedor.

Indicó que el insumo comenzará a ser entregado en los próximos días.

Asimismo, dijo que con respecto a las 60 concesiones de transporte, las plazas y el seguimiento al juicio de procedencia en contra del alcalde de Chilapa, se instalará una mesa de trabajo a partir del jueves, donde se revisará qué es lo que pueden atender.

La dirigente del FDP informó que no acudieron al Congreso local debido a que se llevaban a cabo las comparecencias “y no iba a haber nadie que nos atendiera, por lo que decidimos trasladarnos directamente al Palacio de Gobierno”.

Los más cerca de 500 miembros del FDP ayer mismo regresaron a sus respectivos lugares de origen.

Maestros, padres y alumnos de la escuela Plan de Ayutla marchan en la capital

 Exigen la asignación de 19 profesores

 El caso es el único de esta naturaleza en todo el estado, derivado de la “disputa” entre maestros institucionales y cetegistas, los demás son “problemas ordinarios”, dice el secretario Pano Cruz

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

Entre empujones y retos a golpes con el jefe de seguridad del Palacio de Gobierno, maestros, padres de familia y estudiantes de la escuela Secundaria General Plan de Ayutla, exigieron ayer una audiencia con el secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, para pedirle los 19 maestros que hacen falta, así como la solución “inmediata” al conflicto de esa institución que tiene clases parciales desde hace ocho meses.

Cerca del medio día unos 300 manifestantes entre maestros, padres de familia y alumnos de la Escuela Secundaria General Plan de Ayutla, de Ayutla de los Libres, marcharon por las principales calles de esta capital para exigir la asignación de 19 maestros para esa institución que desde el 11 de septiembre recibe clases parciales.

En medio de consignas como “¡Pano hermano échanos la mano!”, la marcha concluyó frente al Palacio de Gobierno, ahí la secretaria general del comité de Lucha, Susana Lozano Villalobos, dijo que la manifestación deriva de la “negligencia” de la SEG para resolver el problema que enfrenta ese centro educativo.

El conflicto comenzó desde el 11 de septiembre del año pasado, producto de una “serie de vicios –acoso sexual, inasistencias–” que los padres de familia detectaron dentro de la institución, de ahí procedieron a tomar de manera parcial ese inmueble en solicitud a una “saneamiento total”.

De noviembre a la fecha los maestros institucionales regresaron a la escuela sin los docentes que habían sido señalados, en tanto que los cetegistas acusados también decidieron no regresar, y debido al espacio que éstos dejaron, ayer se movilizaron hasta esta capital los padres de familia, alumnos y maestros institucionales.

Lozano Villalobos, insistió en que “necesitamos los 19 maestros, asimismo queremos la solución inmediata al conflicto, no importa de que corriente sean pero que vayan los docentes”. También pidió la realización de la auditoría para determinar “quiénes se van y quienes se quedan”.

Por medio de un altavoz los alumnos exigían que los recibiera el titular de la SEG o el gobernador del estado, incluso dieron un plazo de 20 minutos, “si no nos reciben entramos a la fuerza”.

Ante la advertencia de los alumnos el jefe de seguridad del palacio de gobierno, Artemio Mejía, también conocido como el comandante Cobra, pidió a los antimotines –quienes portaban gases lacrimógenos– que hicieran una valla.

Concluido el plazo marcado por los estudiantes, el contingente se fue acercando a la puerta principal del Palacio de Gobierno, en el trayecto –por cerca de 10 minutos– se registraron algunos empujones entre los padres de familia, y el jefe de seguridad quien sólo gritaba que se trataba de “un acto de provocación”. Producto del enojo hubo quien incluso reto a golpes al comandante Cobra.

Tras el incidente llegó el director de Secundarias, Narno Leyva Hernández, para pedir una comisión de 10 personas, hubo resistencia al principio porque “queremos hablar con Pano, no queremos a otro”, pero finalmente entraron a Palacio de Gobierno.

No hay negligencia de la SEG, ellos no dejan entrar a los auditores: Pano

El Secretario de Educación, en entrevista luego de concluir con la toma de protesta del Gabinete Infantil de Seguridad Pública, negó que haya “negligencia” de la SEG para resolver el conflicto en esa escuela secundaria “nuestro interés ha llegado a tanto que incluso se turnó este caso a la Comisión de Educación del Congreso del Estado”.

Pano Cruz indicó que son los maestros “quienes no dejan entrar a nuestro auditores, para que realicen las investigaciones”, mencionó que para entrar a la escuela “estamos esperando sólo que los ánimos se calmen, y es que lo que la SEG requiere es seguridad para la integridad física de los auditores”.

Insistió el titular de la SEG en que “es mentira que haya negligencia de la SEG, lo que hay es un ambiente áspero e intereses que tiene algún nivel de autoridad”.

Aseguró que el caso de la secundaria de Ayutla es el único de esta naturaleza en todo el estado, derivado de la “disputa” entre maestros institucionales y cetegistas, los demás casos son “problemas ordinarios”.

Sobre el caso de la primaria rural de las Ánimas –ubicada en el municipio de Tecoanapa– la cual está tomada por padres de familia desde marzo, dijo Pano Cruz que se han reanudado las clases y para determinar la permanencia de la docente Minerva Cruz en el cargo de directora, “se va a realizar la investigación”.

Marchan hoy desde Tixtla en apoyo al juicio político contra alcalde de Chilapa

Integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) efectuarán hoy lunes una marcha de Tixtla a Chilpancingo, para pedir a los diputados del Congreso local que den “seguimiento puntual” al juicio de procedencia para el desafuero del alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo, dijo la dirigente de la organización, Clemencia Guevara Tejedor.

Y es que según la dirigente, los diputados del PRD “como que no le quieren entrar”, y dijo que los diputados de la Comisión, David Jiménez Rumbo y Adela Román, firmaron el dictamen “pero han dicho que el presidente municipal Maclovio Ariza no es culpable”.

Guevara Tejedor rechazó que se haya dado entrada al juicio de procedencia por revanchas políticas al interior del PRD, con miras a la elección interna del candidato a la gubernatura, “nosotros creemos que es porque hemos insistido en que se haga justicia a nuestros compañeros que fueron desalojados con violencia del Palacio Municipal, y del predio que mantenían ocupado el año pasado”.

Los integrantes del FDP marcharán este lunes después del mediodía, de la vecina localidad de Tuxtla a esta capital, para instalar un plantón afuera del Congreso local.

Marchan colonos y vendedores contra la privatización de playas de Punta Diamante

También piden regularización de sus predios

 Mónica Martínez García Unos 300 prestadores de servicios turísticos pertenecientes al Consejo Consultivo Popular de Organizaciones y Colonias, encabezados por el regidor José Luis Morales Torres, marcharon por las avenidas Costera y Cuauhtémoc para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales el respeto al derecho constitucional de acceso a las playas, contra la privatización de facto que hacen de ellas los hoteles y desarrollo turísticos.

Asimismo demandaban la regularización de la tenencia de la tierra de las colonias Los Dragos, Altos de Miramar, Granjas del Marqués y 19 de Noviembre.

Antes por 5 minutos se detuvieron frente al edificio del ayuntamiento, en donde Morales encabezó consignas contra el gobierno municipal.

Morales aseguró que de acuerdo con lo dicho anteriormente por la Profepa, la liberación de accesos a playas no se ha resuelto porque “el presidente municipal no lo ha querido, como su familia no vive allá a él no le importa”.

En declaraciones minutos antes de la marcha, el regidor y presidente del Consejo, José Luis Morales Torres, dijo que es un movimiento por una “causa justa” y explicó que debido a que el 95 por ciento de los accesos a playas –de toda la bahía de Santa Lucía hasta la Bonfil– que existen en Acapulco están cerrados fue que decidieron emprender una “marcha pacifica” para exigirle a las autoridades su apertura.

Indicó que tan solo del área que va del Revolcadero hasta la Bonfil el 98 por ciento de los accesos están cerrados. Criticó que los hoteles y desarrollo turísticos de Punta Diamante “mucho a mucho se han adjudicado los accesos que por ley son paso, es un derecho constitucional que tienen todos los mexicanos para poder tener acceso a las playas. Estas no se pueden privatizar, no tan sólo son responsables ellos sino también las autoridades correspondientes como Semarnat que hace oídos sordos y que no ve ni oye porque hemos estado denunciado esto; ha habido complicidad de las autoridades”.

Durante la marcha los manifestantes portaron mantas de la Unión de Vendedores de Artesanías, Caballerango El Sol Naciente Vidafel, Asociación Agrarista de los Dragos, Colonia Altos de Miramar, Unión de Meseros Hawaianos, Colonia Granjas del Marqués, Unión de Artesanos Comerciantes Ambulantes Playa Diamante, Colonia 19 de Noviembre y Unión de Restaurantes El Pueblito del Revolcadero.

La manifestación comenzó en la Diana, siguió por la Costera hasta la calle Wilfrido Massieu, en donde doblaron para continuar por la avenida Cuauhtémoc y llegar a la sede del Fideicomiso Acapulco.

Los manifestantes pidieron hablar con el titular de la dependencia, Abraham Manrique Abarca, pero éste no se encontraba. Permanecieron por 30 minutos en ese lugar y después se retiraron.

Marchan mil personas exigiendo respeto a ejidos y cese hostigamiento a sus líderes por la PGR

Campesinos, colonos y dirigentes, en el contingente

 Karina Contreras Zihuatanejo

Más de mil personas, entre ejidatarios, colonos y organizaciones sociales, llevaron a cabo una marcha en la Costera para exigir el respeto a las tierras de los ejidos y comunidades de Acapulco; cese el hostigamiento de la Procuraduría General de la República (PGR)  y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a sus dirigentes a quienes les han “fabricado delitos”; rechazó al proyecto de la presa La Parota, así como la libertad de los presos políticos.

Otras de las exigencias de los inconformes fueron el cese inmediato de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA), Luz Mercedes del Carmen López Díaz; que los TUA pasen a formar parte del Poder Judicial de la Federación, pues actualmente están inmersos en la “corrupción y consigna a favor de las empresas y caciques”, entre otras demanadas.

La marcha empezó a las 10:40 de la mañana y salió de la glorieta de La Diana con dirección al Zócalo. El contingente ocupó tres de los cuatro carriles, pero aún así se dificultó el tráfico que los agentes de Tránsito trataban de agilizar.

La protesta estaba presidida por una gran manta, en la cual se leía: “Presidente Vicente Fox atienda los problemas de los ejidos de Acapulco. Alto a las persecuciones a dirigentes campesinos”.

Atrás de ella, el contingente de más de mil personas era encabezado por los dirigentes, con los brazos entrelazados, que marcaban el paso de la marcha. Ahí, se vio al ex diputado federal del PT, Félix Castellanos Hernández; el asesor jurídico, Humberto Sevilla García; la presidenta del PRD municipal, Beatriz González Hurtado; el regidor, José Luis Morales; el dirigente de la Corriente Crítica, Leopoldo Calderón Caballero; la ex diputada local, Rosario Merlín García; el Comisario Ejidal de San Salvador Atenco, José Elías Martínez Robles.

También, en la marcha, se observó a Martha Olivia Niño, a los familiares de César Sabino Palma, a las autoridades de los ejidos como El Podrido, Icacos, Cayaco, La Estación, Plan de los Amates, Las Cruces, Llano Largo, Puerto Marqués, Lomas de Chapultepec, La Venta, Barrio Nuevo.

Contingentes de colonias como Renacimiento, Fuerza Aérea, Ex Campo de Tiro, Zapata, La Laja, que también llevaban sus propias peticiones como servicio de agua, luz y drenaje.

Durante las dos horas que duró la marcha, los oradores, mediante un megáfono, insistían una y otra vez que esa era la marcha de la dignidad de los campesinos y mediante las bocinas salían un alto a la represión y persecución por parte de la PGR, al asesor, Humberto Servilla García y a Rosario Merlín García, ya que insistían que no eran delincuentes y que no habían saqueado al pueblo como los priístas.

Más de 30 mantas y muchos carteles se observaron en el contingente, en los cuales estaban plasmadas las peticiones.                 Entre ellas, la que decía “Familia Niño Palma. Cerro del Tigre, Presente en la defensa de los derechos de sus tierras”, “Sr. Presidente Vicente Fox. Queremos justicia. Los ejidos del municipio de Acapulco y de Guerrero con magistrada equilibrada”, “Sr. Gobernador y Sr. Presidente. El ejido de Llano Largo reclama justicia al despojo de tierra por decretos que no se han cumplido”.

También estaba la manta de los ejidatarios de Icacos, donde se leía: “El ejido de Icacos del municipio de Acapulco exige a Pemex la devolución de la hectárea de tierra donde se construyen las Torres Victoria expropiada en 1942” o la de “Ejido de Lomas de Chapultepec exigimos agilidad e imparcialidad del TUA 41 en la solución del juicio agrario”.

Las consignas estuvieron presentes, y de las más repetidas estaban “ En una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el gobierno chingando a la nación”; “Sí Zapata viviera, que chinga les pusiera”, “”Zapata vive, la lucha sigue”, “La gente se pregunta y esos quiénes son, somos ejidatarios, y exigimos solución” o la de “René entiende, el pueblo no se vende”.

Durante su recorrido, los inconformes recibieron el apoyo de los ciudadanos que observaban la marcha en las banquetas, incluso algunos repetían las consignas. Luego de dos horas, la marcha llegó al Zócalo, lugar en donde se dieron los discursos de los dirigentes y en donde coincidieron en mantener la unidad de los ejidos para evitar que sigan los despojos a las tierras de los campesinos.

Los oradores

El primero en participar fue el secretario del comisariado ejidal de San Salvador Atenco, Eduardo Martínez, quien los exhortó a mantenerse unidos y dijo que esa marcha era para demostrarle al gobierno que no se van a dejar pisotear por los empresarios ni por el gobierno. Manifestó que es hora de que Guerrero se dé cuenta y es el momento de reaccionar y luchar, porque ya basta de la marginación y de pisotear el derecho constitucional.

Por su parte, la presidenta del PRD municipal, Beatriz González dijo que ese partido apoya a los campesinos porque su lucha es justa, y agregó que el tan pregonado estado de derechos por todos los ámbitos de gobierno no se está respetando.

Hizo un llamado al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame para que instruya a quien corresponda para que den cumplimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fue favorable a los ejidatarios de El Podrido.

La dirigente municipal pidió también una mesa de trabajo para analizar cada uno de los problemas de los ejidos.

En su intervención, el dirigente de uno de los grupos inconformes con la presa La Parota, Gumersindo Joaquín Prudencio, insistió en pedir apoyo a los ejidos para el conflicto que enfrentan con la CFE y los gobiernos.

Acusó el dirigente que los tres niveles de gobierno hasta el momento se han hecho oídos sordos,   y no han querido solucionar el conflicto, porque le están apostando al magno proyecto que quieren llevar a cabo en las tierras de los campesinos de Cacahuatepec, y que son el patrimonio y el futuro de sus hijos.

Joaquín Prudencio advirtió que la CFE va a fallar en su proyecto, pues  los campesinos no van a permitir que con su arrogancia sigan queriendo imponer, como lo ha hecho en otras presas, donde solamente ha dejado pobreza. Dijo que están firmes y no se van a doblegar porque saben que el gobierno y la CFE le apuesta al cansancio.

Mientras que el asesor, Humberto Sevilla García dijo que no lo doblega ni la intimidación ni la amenaza, pues está convencido de que tienen que reclamar los derechos del pueblo. Se pronunció también por el cese inmediata de la magistrada del TUA 41 a quien acusó de manipular las resoluciones a favor de los empresarios.

Pidió la intervención del procurador de la PGR, Rafael Macedo de la Concha para que volteé sus ojos a sus subalternos, porque están ofertando “como mercancía barata” la PGR a favor de los empresarios y están amenazando a las familias por cumplir a favor de los empresarios.

Marchan unos 2 mil sindicalizados del IMSS en la entidad contra la reforma a pensiones

 

 Manifestaciones en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Taxco se unieron a la protesta de las 37 delegaciones del país. Si el gobierno federal “le pega al IMSS, le pega al movimiento obrero del país”, aseguran durante mítines simultáneos

 Más de 2 mil trabajadores sindicalizados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (SNTIMSS) marcharon en las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Taxco.

De esta manera, los sindicalizados de IMSS en Guerrero se sumaron a la marcha simultáneas de las 37 delegaciones sindicales del país, como parte de la estrategia nacional para defender el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP).

En Acapulco, unos mil 500 trabajadores, encabezados por el secretario general de la       Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (SNTIMSS), Candelario Ríos Díaz, reiteraron la defensa de su derecho laboral de las pensiones y jubilaciones.

Los trabajadores inconformes salieron de las oficinas sindicales ubicadas en avenida Ruiz Cortines, para ocupar el carril completo que va al Centro de la ciudad. Los sindicalizados también recibieron el apoyo de algunos trabajadores de la Universidad Autónoma de Acapulco y de Teléfonos de México.

Durante la hora que los médicos, enfermeras y administrativos marcharon, se bloqueó parcialmente el tráfico vehicular. Después, al llegar al Zócalo, comenzó el mitin con la intervención de representantes sindicales.

Allí los trabajadores resumieron que si el gobierno federal “le pega al IMSS, le pega al movimiento obrero del país”.

El médico Rodolfo Alcocer Cruz informó que cada galeno en un turno atiende a 40 pacientes, y el dirigente estatal del IMSS, Candelario Ríos, reiteró que el RJP “no es una dádiva”, sino un derecho que se obtiene de las aportaciones de los trabajadores en activo.

El médico cirujano José Alfredo Rodríguez Limones reconoció que al interior del instituto, entre los trabajadores, “nos podemos atacar, pero cuando el Seguro Social está amagado por el gobierno, vamos a defenderlo”.

La protesta en Chilpancingo

En Chilpancingo participaron unos 250 agremiados que partieron de las instalaciones del hospital del IMSS, ubicado a cuatro cuadras del Zócalo.

Con pancartas que decían: “En defensa y viabilidad del régimen de jubilaciones y pensiones de IMSS”, los trabajadores recorrieron la avenida Alemán, la avenida Juan N Alvarez, las avenidas Guerrero y Juárez, para concluir en el Zócalo, donde permanecieron por cerca de 25 minutos.

La titular de la delegación 8, Orfelina Silverio Camargo, solicitó al gobierno del estado que intervenga para “que nuestros representantes nacionales lleguen a la negociación con las autoridades federales, porque estamos en contra de la reforma al RJP”.

Según Silverio Camargo, en el actual régimen de pensiones y jubilaciones los trabajadores se jubilan por los años de servicio –que es de 27 ó 28 años– y la propuesta del gobierno federal es que se jubile al trabajador por edad avanzada, “pero no es válido, debido a que en el caso de los médicos a los 65 años ya no pueden operar”.

Iguala

En Iguala se sumaron otros 150 trabajadores de la delegación 7 a la defensa de sus derechos laborales, y rechazaron “la privatización de la institución como lo pretende el gobierno federal”.

La marcha partió del hospital del IMSS y el contingente caminó por las avenidas Bandera Nacional, Alvarez, Constitución, Juárez, Obregón, Aldama y la carretera nacional México-Acapulco.

La delegada sindical Laura Ayala Almazán rechazó la privatización o la desaparición del IMSS, y aseguró que el gobierno federal se ha encargado de atribuir “el quebranto financiero a los trabajadores”.

También se pronunció contra la propuesta del gobierno federal de incrementar los descuentos paulatinos del 4 al 15 por ciento a los jubilados y pensionados (1 por ciento anual), y pasar del 3 al 6 por ciento de descuento para la integración del Fondo de Ahorro y para el Retiro de los trabajadores en activo.

Luego conminó a los patrones a dar de alta a sus empleados en el instituto con el salario real que perciben, porque cuando los trabajadores sean incapacitados por el IMSS su cheque será por el salario con el cual están dados de alta.

Pancartas en Zihuatanejo

En Zihuatanejo, casi 300 empleados liderados por el representante de la delegación sindical 10, José Luis González Rosales, con gritos y pancartas manifestaban su rechazo a que el Seguro Social se privatice.

La marcha recorrió las avenidas Morelos, Benito Juárez, Nicolás Bravo, 5 de Mayo, Juan N. Alvarez, y concluyó con un breve mítin en la plaza de la Libertad de Expresión.

González Rosales aseguró que los trabajadores “estamos en pie de lucha, porque nosotros hacemos frente y damos la pelea para que no se toque la seguridad social, porque no vamos a permitir que se privaticen las instituciones de salud”.

Taxco

En Taxco fueron unos 100 trabajadores del IMSS quienes se manifestaron por las principales calles del Centro de la ciudad, y señalaron al gobierno federal como responsable de las carencias y desabasto de medicamentos.

En Acapulco, la manifestación afectó durante casi dos horas la vialidad, porque los inconformes recorrieron las calles desde La Garita hacia el Zócalo.

Los trabajadores exhibieron mantas y cartulinas rotuladas con las leyendas: “No a la privatización del IMSS; ya basta (Santiago) Levy, entiende los jubilados no se venden. Los trabajadores no tenemos la culpa de desfinanciamiento del IMSS”.

El dirigente sindical Javier Peña Martínez expresó que el movimiento fue llevado a las calles, fundamentalmente por la negativa del gobierno federal a un incremento de un fondo que los trabajadores ya habían aportado al régimen de comisiones y pensiones, “ellos pretenden que tengamos una aportación del 15 por ciento, lo que nos llevaría a un término real del 500 por ciento de nuestro salario”, aseguró.

El dirigente resumió: “lo que queremos es tener una vejez digna y una jubilación justa para dar de comer a nuestras familias”.

Precisó que no fueron afectados los servicios de atención médica porque el personal que marchó ya habían terminado su jornada laboral, o están de vacaciones.

La clínica de Taxco, cuenta con un total de 284 trabajadores sindicalizados. (Raquel Santiago, Teresa de la Cruz, Oracio Lagunas, Brenda Escobar y Claudio Viveros)

Indígenas de Acatepec y Ayutla llegan a Petaquillas: prevén estar hoy en Chilpancingo

 

 Unos 150 indígenas de los municipios de Acatepec y Ayutla, quienes partieron en marcha el lunes hacia Chilpancingo, llegaron ayer a Petaquillas y esperan estar el mediodía del jueves en esta capital para pedir al gobierno estatal solución a demandas de obras sociales y proyectos productivos.

Los indígenas pertenecen a la Organización de Pueblos Indígenas Me Paa y a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos.

Uno de los dirigentes de la primera organización, Cuauhtémoc Ramírez, informó que una de sus demandas es que se establezca un fondo indígena por 38 millones de pesos, para impulsar el desarrollo en las comunidades indígenas de esos dos municipios de La Montaña y Costa Chica.

Indicó que con esos recursos se ejecutarían obras de introducción de redes de agua potable y energía eléctrica, así como para el arreglo de caminos.

También demandan apoyos para el mejoramiento de vivienda y becas para los hijos de los indígenas.

Cuauhtémoc Ramírez dijo que el fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de Acatepec y Ayutla lo han solicitado desde septiembre de 2003, cuando comenzaron las primeras reuniones con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal, así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) y el alcalde de Ayutla, Cutberto Quiñonez Castro.

Pero señaló que después de dos reuniones ya ningún funcionario acudió a la tercera, cuando se sumirían los acuerdos concretos.

También denunció que los gobiernos estatal y federal, a diferencia de otras regiones, mantienen abandonadas a las organizaciones y regiones indígenas, pues en su caso desde hace dos años solicitan recursos para el financiamiento de 20 proyectos y sólo los han apoyado en tres.

Marchan 400 ambulantes; exigen que se les permita vender en Punta Diamante

Piden concesiones en la zona federal

 Bajo la consigna de que se respete el trabajo de los ambulantes que venden en las playas de Punta Diamante y que haya libre acceso a las mismas, cerca de 400 comerciantes de ellos llevaron a cabo una marcha en esa exclusiva zona, en el segundo día de las vacaciones de Semana Santa..

Durante la marcha, los inconformes pidieron también a las autoridades concesiones en las playas de esa zona exclusiva para que ofrezcan su mercancía; así como que cese el hostigamiento de inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).

La marcha de los inconformes duró alrededor de dos horas. Salieron de la playa Revolcadero, avanzaron por la avenida Costera Las Palmas y tomaron el bulevar de Las Naciones para llegar a la Promotora Turística. Ahí, fueron recibidos por el asesor jurídico, Jesús Salas Moreno, quien explicó que las concesiones solamente las puede otorgar la Semarnat mediante una solicitud.

Cuando llegaron al reclamó de que todos los accesos a las playas están cerrados por los desarrollo turísticos y que se ve claramente la privatización de las mismas,  Salas Moreno dijo que desconocía esa situación, luego se escuchó el comentario “claro que no saben nada, pues ni conocen”.

Luego, Salas Moreno se comprometió a llamar a una reunión a las autoridades y empresarios para analizar la situación; asimismo, comprometió el apoyo total de esa dependencia para cualquier gestión.

En plena temporada turística, los inconformes que iban encabezados por el perredista Salvador Zacarías Flores, ocuparon un carril del bulevar de Las Naciones. Con un megáfono, Zacarías Flores dijo que ya basta de cerrar los accesos a las playas en esa área para los pobres por parte de los desarrollos turísticos.Una y otra vez insistió que como mexicanos tienen el derecho constitucional de transitar por ellas.

Asimismo, denunció que los inspectores de Profepa solamente se dedican a estirar la mano a ver qué vendedor ambulante les pone una moneda; mientras que al no lo hace lo reprimen, lo hostigan y lo persiguen como delincuente; pero jamás dicen nada respecto a los accesos públicos que se están cerrando a lo largo de lo que es el proyecto Acapulco Diamante.

Advirtió Zacarías Flores que seguirán llevando a cabo marchas               para exigir que se pare tanta arbitrariedad de los empresarios y que se deje de tener oídos sordos a los reclamos más sentidos de la población.

Dijo que siguen esperando que el gobierno ofrezca una alternativa para que los comerciantes irregulares puedan desempeñar su actividad,               así como los prestadores de servicios turísticos e informadores con la finalidad de atender mejor al turismo que visita la zona Diamante.

Manifestó que están concientes de que el turismo significa el sustento para sus familias, ya que no son tontos y no pueden matar

la gallina de los huevos de oro y por eso han ofrecido alternativas al gobierno como la concesión para poner parianes.

Dijo que por eso insiste en que los gobiernos así como empresarios de está zona deben encontrar una solución más aceptable al problema que origina el comercio irregular en la zona Diamante.

Insistió que se debe tener respeto irrestricto al trabajo y el libre acceso a las playas, ya que les consta que muchos de los accesos han sido cerrados con la complacencia de Profepa y Semarnat en beneficio de los “empresarios ambiciosos” de la zona.

Manifestó que no están en contra del reordenamiento del comercio informal, pero advirtió que lo que no van a permitir, es que se atropellen sus derechos constitucionales que les permite el libre acceso a la playa. “Queremos que las autoridades no den opciones, como la concesión para tener parianes”, insistió.

Mientras que el asesor legal del Consejo Consultivo de Organizaciones y Colonias, Sergio Morales Gallardo, manifestó que las autoridades deben entregar áreas en las zonas federales para que puedan ejercer sus trabajo.

Manifestó que en las playas de Princess, Vidafel, Sea Garden, Revolcadero, entre otras, hay cerca de mil comerciantes irregulares que están siendo hostigados por inspectores de Profepa.y quitando sus productos. No es justo cuando tienen más de 25 años trabajando de manera lícita, dijo.

Acusó que mientras a los comerciantes se les han negado las concesiones en zonas federales, a los empresarios se les da en menos de seis meses.” A los pobres los joden mientras al rico se le da todo el benefició”, se lamentó el asesor.

Recordó que en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, cuando expropiaron lo que fue el fraccionamiento de Copacabana y que los desplazó de sus áreas de trabajo, les prometieron áreas para que ahí vendieran, pero hasta el momento no les han cumplido.

Marchan de nuevo unos 500 antorchistas; el gobierno, cerrado a sus demandas, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de Antorcha Campesina efectuaron ayer una nueva marcha en Chilpancingo, luego de 16 días en plantón frente al Palacio de Gobierno, para exigir respuesta a un pliego petitorio que contiene más de 100 obras y servicios públicos, así como 3 mil paquetes para el mejoramiento de vivienda.

En la movilización de ayer participaron poco más de 500 miembros de esa organización, luego de que un nuevo contingente se incorporó al plantón que mantienen, desde el 22 de marzo, en la plaza Primer Congreso de Anáhuac.

El dirigente de Antorcha, Júpiter Tapia Cazales, informó ayer que al no recibir respuesta favorable a sus gestiones que hacen desde hace dos años decidieron continuar por tiempo indefinido con su movimiento, “hasta que tengamos una respuesta seria, de acuerdo con las necesidades de nuestra población”.

Indicó que las obras que demandan, de ser autorizadas beneficiarían en su mayoría a localidades de la región de La Montaña, “y no pedimos dinero, sólo que se ejecuten las obras”, dijo.

Añadió que de los funcionarios estatales no hay voluntad ni interés para atender las necesidades de la población en esa región, “pues llevamos 16 días soportando las inclemencias del tiempo y ninguno nos ha querido atender”.

Tapia Cazales informó que ante la cerrazón de las autoridades de esta entidad, ayer se llevaron a cabo marchas simultáneas en el estado de México, Distrito Federal y Puebla, en apoyo a la lucha de los antorchistas de Guerrero.

Añadió también que a pesar de la indiferencia de las autoridades estatales, el contingente de esa organización continuará frente al Palacio de Gobierno el tiempo que sea necesario.

Marcha y plantón del Movaz en Chilpancingo; exigen fertilizante

 

Los campesinos se instalaron atrás del Palacio de Gobierno, donde también demandaron la libertad de dos presos políticos y proyectos productivos para internos en penales

 Miembros del Movimiento Azteca de Guerrero (Movaz) efectuaron ayer una marcha y un plantón atrás del Palacio de Gobierno, para exigir la entrega de 2 mil toneladas de fertilizante, además de la liberación de dos presos políticos y el financiamiento de proyectos productivos para beneficiar a internos de los penales.

La marcha comenzó en la Alameda Granados Maldonado, y al llegar atrás del Palacio de Gobierno el contingente instaló su plantón, encabezado por el dirigente Arturo Hernández Cardona.

Allí, el dirigente del Movaz denunció que el gobierno estatal les pide muchos requisitos para entregarles 2 mil toneladas de fertilizante, entre los cuales la Secretaría de Desarrollo Rural quiere constancias de la propiedad de sus tierras cuando muchos son arrendatarios.

Indicó que también les piden constancias del representante de su comunidad para comprobar que efectivamente viven allí y que son campesinos que siembran, “eso a pesar de que a todo mundo le consta que son campesinos que viven de lo que siembran”.

Señaló que “por eso venimos a destrabar estos obstáculos que nos ponen para el fertilizante a pesar de que no lo queremos regalado, lo vamos a pagar y cumplimos con todos los requisitos”.

Hernández Cardona informó que las 2 mil toneladas beneficiarían a una cantidad igual de campesinos de 10 municipios de la zona Norte del estado.

La movilización fue también para pedir la liberación del dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), Alfredo Barragán Rentería, preso en el penal de esta capital, acusado del asesinato del ex regidor de Leonardo Bravo, Raúl Valente Catalán, desde hace ocho años, así como del preso en Acapulco, Joviel Rafael Ventura

Hernández Cardona informó que hace dos meses se reunieron con el gobernador René Juárez y éste instruyó al secretario de Gobierno Luis León Aponte a que revisara los casos y fueran incluidos en el programa de preliberación anticipada, al haber cumplido ya el 50 por ciento del tiempo que estableció el juez como pena.

Informó que en esa misma reunión solicitaron al gobernador un apoyo de 200 mil pesos, para constituir un fondo que permita la creación de proyectos productivos para beneficiar a internos de diferentes penales de la entidad.

“Esa vez el gobernador no nos contestó nada, por eso hoy venimos a saber la respuesta”, indicó.

Los dirigentes de la organización fueron recibidos por el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Luis Trujillo, quien les dijo que sus demandas serán evaluadas por el secretario de Gobierno y el de Desarrollo Social para ver cuáles se pueden resolver.