Etiqueta: Ministerio Público

Bloquean la carretera federal a Taxco padres del CAM 2 de Iguala para exigir seguridad

Padres de familia, maestros y alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 2, con sede en la colonia San José, en Iguala, bloquearon cuatro horas la carretera federal Iguala-Taxco frente a la Unidad Académica Preparatoria 10, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), para exigir a las autoridades educativas y municipales seguridad y la reposición de cinco computadoras y material didáctico que fueron robadas la madrugada de .
Después de las 9 de la mañana, los padres y maestros, acompañados de alumnos con capacidades diferentes, con vehículos particulares iniciaron el bloqueo de los dos carriles centrales y los dos de la vía lateral en el sentido de Iguala hacia Taxco, por lo que sólo había circulación en los carriles de entrada a la ciudad; metros antes del sitio del bloqueo, la circulación fue desviada a vías alternas.
En las cartulinas que portaban se leía, “Ya basta de tanto robo”, “Basta, no más robos al CAM 2” y “Ya basta de tanto robo. Autoridades, ayuden, apoyen, todo lo que el CAM 2 obtiene es gracias a los padres de familia”. El director de la escuela, Pedro Guadarrama Bahena indicó que en al menos 10 ocasiones se han metido a robar mobiliario, equipo y material didáctico a la escuela.
La presidenta del comité de padres de familia, Susana Jaimes informó a los reporteros que, la mañana de ayer al llegar a la institución se dio cuenta de que habían entrado a robar, y después verificó que faltaban cinco computadoras portátiles, un proyector y mobiliario.
Indicó que no es la primera vez que desconocidos se meten a robar a esta escuela ubicada entre la avenida del Estudiante y la calle Valentín Gómez Farías, de la colonia San José, al oriente de Iguala, a la que asisten unos 100 alumnos.
La protesta, dijo, es para exigir vigilancia permanente, la colocación de alambre de púas o cuchillas, y la reposición del equipo de cómputo robado. Los padres, profesores y alumnos protestaron para demandar la presencia del alcalde priista, Herón Delgado Castañeda para dialogar sobre los problemas de la escuela.
Ante la falta de atención y cumplimiento a sus peticiones, después de las 12 del mediodía, los manifestantes extendieron la protesta y bloquearon los ocho carriles de la vía federal –los cuatro centrales de vía rápida y los cuatro de las laterales, en ambos sentidos–, con vehículos particulares.
Al lugar llegó el titular de la agencia del Ministerio Público del fuero común, Jesús Emanuel Sandoval Menes, quien ofreció su apoyo a los padres y directivos de la escuela para poner la denuncia formal en la agencia para abrir la correspondiente carpeta de investigación.
También llegaron los delegados de gobierno y de gobernación en la zona Norte, Ignacio Ocampo Zavaleta y Felipe de Jesús Adán, así como el director de gobernación municipal, Miguel Salgado Martínez, quienes dialogaron con padres y maestros; luego se nombró una comisión para ir a la sede del Ayuntamiento a dialogar con el alcalde Herón Delgado.
Después de la una de la tarde, los inconformes retiraron el bloqueo, y la comisión se trasladó al Ayuntamiento, donde se reunió con el presidente municipal.
La reunión duró unos 40 minutos y el alcalde ofreció reponer cinco computadoras, entregando un equipo cada dos meses, poner vigilancia policiaca permanente como la que tenían anteriormente y que les fue retirada en el gobierno perredista de José Luis Abarca, y pagar el alambre de púas o cuchillas, bajo el compromiso de que los padres paguen la mano de obra para su colocación. Después de este acuerdo los padres y maestros se retiraron del lugar.

Los videos de las cámaras de vigilancia ya los tiene la Fiscalía, dice el alcalde de Ometepec

El alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos, informó que entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) los videos de las cámaras de videovigilancia del municipio, que podrían haber registrado el ataque que sufrió la locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), Marcela de Jesús Natalia.
En declaraciones después de la conferencia con los integrantes de Movimiento Nacional por la Esperanza, el alcalde indicó que el mismo sábado entregó los videos a la Fiscalía Regional y al Ministerio Público de Costa Chica.
De acuerdo con el alcalde, en las imágenes se aprecia un vehículo Tsuru blanco “sospechoso” cerca de las instalaciones de la radiodifusora de RTG en Ometepec.
Estrada Bustos indicó que en las videograbaciones en poder de la FGE “se detecta un vehículo sospechoso, con tripulantes en esa misma condición, entonces el Ministerio Público habrá de determinar si eso ayuda a que se pueda concretar una detención”.
Precisó que no hay un video del momento de la agresión a la locutora y activista, lo que, explicó, se debe a las condiciones del terreno, pero está registrado lo sucedido en la contraesquina. “Se ve gente extraña a bordo de un vehículo Tsuru color blanco”.
Estrada Bustos condenó el ataque a la locutora e informó que el municipio coadyuvará con las investigaciones con a aportación de las videograbaciones que tiene.
Llamó a la FGE a que agote todas las líneas de investigación para esclarecer el ataque, lo político, lo laboral, sus relaciones interpersonales y familiares, “para castigar con todo el peso de la ley a los responsables”.
El alcalde indicó que las cámaras de videovigilancia que hay en el municipio son un esfuerzo del gobierno municipal y Ometepec es el único municipio de Costa Chica que cuenta con ese equipo.

Elaborarán el MP y la Ministerial el dictamen del incendio en la Central de Abasto, informa Sabás

 

El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Sabás de la Rosa Camacho, dijo que la Policía Ministerial y el Ministerio Público elaborarán el dictamen de daños y harán la investigación del incendio en 82 locales de la Central de Abasto, porque la dependencia que él encabeza sólo se encargó de sofocar el fuego y hacer el censo del daño.
Consultado en la comunidad de El Pedregoso tras el simulacro de contingencia de lluvias en la escuela Guadalupe Victoria, De la Rosa Camacho aseguró que se tienen los 90 refugios temporales listos para la temporada de lluvias en caso de requerirlos.
Informó que la dependencia apenas lleva hechos dos simulacros, luego de que la temporada de lluvias ya empezó el 15 de este mes.
De los refugios temporales, De la Rosa Camacho explicó que la dependencia tiene 90 y cinco albergues masivos, y que se utilizarán en caso de una contingencia como la tormenta Manuel y el huracán Paulina.
Dijo que ya están integrados los comités vecinales en las zonas de riesgo: “sabemos perfectamente quiénes tienen las llaves y quiénes son los responsables”.
Pidió a la sociedad involucrarse en los simulacros para que conozcan su refugio temporal y sus rutas seguras, asimismo que las personas sepan qué hacer antes y después de un huracán.
El funcionario informó que los refugios temporales son los mismos desde 1998, que sólo hubo un cambio en un albergue masivo de hotel Mundo Imperial al campus de la Universidad Autónoma de Guerrero ubicado en la colonia Llano Largo.
Añadió que la Policía Ministerial y el MP harán el dictamen correspondiente basados en la investigación, tras el incendio de los 82 locales de la Central de Abasto que ocurrió el sábado pasado.
Por otro lado, De la Rosa Camacho informó que la gasera ubicada en la colonia Icacos está clausurada e incluso los dueños ya retiraron el equipo.
Añadió que en el caso de las gaseras ubicadas en la calle La Suiza, en el fraccionamiento Las Playas, y en Mozimba están en reuniones con los propietarios, que supuestamente van a presentar pruebas que los establecimientos no representarán riesgos para los vecinos.

Saca un comando de 30 sicarios a tres presuntos tequileros detenidos en el MP de Arcelia

Unos 30 hombres armados irrumpieron la noche de este lunes en la agencia del Ministerio Público de Arcelia y se llevaron violentamente a tres hombres, presuntamente integrantes del grupo delictivo Los Tequileros que opera en San Miguel Totolapan y está a cargo de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 11:30 de la noche después de que la Policía Ministerial y el Ejército detuvieron a tres hombres por su probable participación en hechos delictivos, a quienes dejaron en el Ministerio Público como presentados.
Solamente iban a declarar y se retirarían, para lo cual la agencia tenía un plazo máximo de 48 horas para mantenerlos bajo custodia.
El vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, confirmó la versión, y dijo que los detenidos son probables integrantes del grupo delictivo conocido Los Tequileros y podrían estar vinculados, según diversas investigaciones, en delitos de homicidio y secuestro.
El vocero dijo que “en el momento en que ocurrió la incursión del grupo delictivo, aproximadamente a las 22 horas, la agencia del Ministerio Público estaba resguardada solamente por seis agentes ministeriales, los cuales fueron sometidos por el mayor número de delincuentes, quienes fueron por los tres detenidos”.
Álvarez Heredia indicó que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación como consecuencia de los hechos.
En Arcelia desde la medianoche hubo mucho movimiento del Ejército, pero no se informó de ninguna detención.
Los nombres de los tres son David de 26 años, de Anenecuilco del Estado de Morelos, Luis Fernando de 19 años, de Ajuchitlán del Progreso y Luis Ángel de 18 años, originario de Ajuchitlán del Progreso.
Los tres fueron detenidos en el municipio de San Miguel Totolapan, formaban parte sólo de una investigación y no iban a ser procesados.
Arcelia no cuenta con policías, hay algunos recorridos de militares que en ocasiones ingresan desde su base que está a 7 kilómetros, en la comunidad de Palos Altos sobre la salida a Iguala. Los policías estatales cubren todos los llamados de emergencia y operan con cerca de 100 agentes para atender los nueve municipios de la región Tierra Caliente.

No tienen ni bolsas para poner a los desmembrados, reprochan agentes, policías y peritos al fiscal Olea

Peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) exigieron el pago de viáticos, bono del Día del Padre, de fin de año, de riesgo, dotación de gasolina y parque vehicular para su labor operativa, y revelaron que no hay material de trabajo, “cuando llegan los desmembrados tenemos que comprar o conseguir bolsas para depositar los restos”.
Ayer en hubo una reunión de más de una hora entre el fiscal Javier Olea Peláez y unos 100 inconformes, en el auditorio de la FGE. Acudieron el vicefiscal de investigación José Antonio Bonilla Uribe y el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuraduría de Justicia, Francisco Javier Hernández Ruiz.
El policía ministerial Salvador Vargas Carrasco que lleva 18 años de servicio pidió que Olea Peláez atienda las demandas de los trabajadores como bono de riesgo de dos mil 500 pesos y viáticos, mencionó que a los policías estatales cada quincena les pagan tres mil 750 pesos y los meses que tienen 31 días les dan cuatro mil.
Dijo que desde hace años la institución no les ha dado el bono de riesgo de 2 mil 500 pesos que les corresponde cada quincena, ante el riesgo que representa su labor.
Comentó que en el caso del personal operativo como peritos, agentes de los ministerios públicos y policías ministeriales les dan viáticos de 3 mil pesos, y piden que se les aumente como a los policías estatales, “es nuestro derecho que nos den este dinero porque nosotros andamos en la calle y corremos el riesgo que nos pueda pasar algo”.
Otra de las demandas fue el pago e incremento del bono del Día del Padre y el del Día de las Madre. Les entregan 2 mil pesos en dos pagos cuando a los trabajadores del gobierno del estado les dan 8 mil.
Dijo que el año pasado entregaron un oficio al gobernador Héctor Astudillo Flores para que atendiera las peticiones, pero no han tenido respuesta.

Falta material en el Semefo

En su participación, la perito en criminalística en materia de campo, María Guadalupe Hernández Vega se quejó de que carecen de material de trabajo y tienen que comprar bolsas para embalar los cuerpos, “cuando llegan los desmembrados al Servicio Médico Forense (Semefo) tenemos que comprar o conseguir bolsas para depositar los restos, y pedimos las facturas a las tiendas Oxxo para que después nos paguen nuestro dinero”.
“Esta reunión es por la inquietud de la base trabajadora, para mejoras salariales y prestaciones, pero desafortunadamente en cada administración estamos haciendo gestiones para que se nos escuche, pero sólo la logramos al realizar protestas en Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado y nos atienden”, indicó.
Dijo que no cuentan con suficiente gasolina y los vehículos están en malas condiciones, lo que les impide trasladarse a los lugares para los levantamientos de muertos y los peritajes.
Agregó que en el año pasado que inició el Nuevo Sistema Penal Acusatorio les dijeron que les iban a incrementar el salario, pero no han atendidos sus peticiones.
“No es posible que peritos de otros estados tengan mejores salarios que nosotros que somos de Guerrero, sabemos que en el estado hay inseguridad, todos estamos expuestos, por eso hago un llamado a favor de mis compañeros, a que por favor se atiendan las peticiones”, pidió.
En respuesta a las peticiones de los trabajadores, el fiscal Javier Olea reconoció que la Fiscalía no cuenta con el dinero para resolver los problemas financieros, y que se tienen que hacer gestiones ante el gobierno del estado para resolver de manera gradual el problema económico.
Aseguró que la Fiscalía no cuenta con autonomía financiera para disponer de recursos, porque depende del gobierno del estado, “en esa virtud pues dependemos de las políticas financieras que tiene el estado”.
Mencionó que hace un mes el gobierno estatal mediante el gobierno federal adquirió vehículos para atender las demandas de la Fiscalía, pero no se han entregado a los trabajadores porque no cuentan con seguro, y en caso de algún accidente no habría dinero para repararlos.
Informó que en este año hubo un incremento del presupuesto para la FGE, no precisó la cantidad y reconoció que apenas alcanza para atender las demandas de la institución.
Agregó que le pidió al vicefiscal Hernández Ruiz una reunión para el miércoles con la Secretaría de Finanzas, para buscar alternativas y resolver el problema financiero.
Pidió a los inconformes tolerancia y juntos gestionar los recursos económicos, sacar adelante a la Fiscalía y mejorar los derechos laborales de los trabajadores.
Durante la reunión los trabajadores de la Fiscalía que estaban dentro del auditorio gritaban, “queremos solución” en repetidas ocasiones.
El perito de criminalística, Jesús Apátiga reprochó a Olea Peláez que no le alcanza su salario para mantener a sus cuatro hijos, y en ocasiones se queda sin dinero, “otra cosa que nos afecta es el gasolinazo que también a nosotros nos afecta nuestros bolsillo”.
Un policía ministerial comentó que no toman en cuenta a trabajadores que llevan más de 20 años en la institución para tener un cargo de mayor rango, y desempeñar sus conocimientos a favor de la Fiscalía.
Expuso que cuando llega una nueva administración lleva nueva gente a ocupar cargos, pero no tienen la experiencia para hacer su trabajo. Dijo que en el periodo del fiscal Miguel Ángel Godínez se le plantearon las misma demandas, “pero nunca tuvimos respuesta”.
Los agentes pidieron al fiscal que no haya represalias en contra de ellos por asistir a la reunión en la que informaron de las carencias que sufren.
Después de más de una hora de exponer sus peticiones acordaron la conformación de una mesa de trabajo con los vicefiscales Bonilla Uribe y Hernández Ruiz, para gestionar que cada demanda se resuelva.

 

Hallan a un joven ejecutado a balazos en Las Parotas, Coyuca de Catalán

La mañana de ayer un joven de 20 años fue ejecutado a balazos en un camino de terracería que conduce a Las Parotas, Coyuca de Catalán.
Cerca de las 11 de la mañana fue reportado ante el Ministerio Público el hallazgo de un cadáver en el camino a 500 metros de la carretera a Ajuchitlán y a un kilómetro del puente del río Cuirio.
Se dio a conocer que el joven tenía varios impactos de arma de fuego, las autoridades trasladaron el cuerpo a las instalaciones del Ministerio Público.
A las 3 de la tarde la víctima fue identificada como Luis Armando, de 20 años, vecino de La Bajada.
Se dio a conocer que no había ningún reporte por la desaparición del joven, además de que será enviado al Semefo en Iguala, porque la víctima no tiene familia en la región, la mayoría vive en el extranjero.
Fuentes de seguridad pública del estado informaron que hace aproximadamente un mes en Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, el joven había sido detenido junto a otros dos menores de edad por portación de armas de fuego por agentes de la Policía Estatal, quienes los pusieron a disposición del Ministerio Público federal, pero los tres jóvenes lograron su libertad tres días después de haber sido detenidos.

Denuncian la desaparición de dos niñas de 14 años en Iguala; no saben de ellas desde el lunes

 

La desaparición de dos niñas de 14 años vecinas de la colonia Génesis de esta ciudad, fue reportada ante el Ministerio Público, pues desde el lunes se desconoce su paradero
De acuerdo con información de fuentes policiacas de seguridad pública del estado, ayer familiares de dos jóvenes de 14 años, quienes son primas, reportaron su desaparición ante la agencia del ministerio público con sede en esta ciudad.
Sólo se dio a conocer que las dos jóvenes salieron de su casa de la colonia irregular Génesis, al sur de la ciudad, desde la tarde del lunes y a partir de esa fecha se desconoce de su paradero.
Tras su desaparición, sus familiares informaron que las han buscado con familiares, amigos, ante las diferentes corporaciones policiacas, clínicas, hospitales y hasta las instalaciones del Semefo de esta ciudad, sin que hasta ayer hayan sido localizadas.
Según la información, los familiares no han recibido ninguna llamada para pedir algún tipo de rescate por ellas.

Decomisa el Ejército un narcolaboratorio de goma de amapola en Coyuca de Catalán

 

Militares del 34 Batallón de Infantería informaron que decomisaron un narcolaboratorio donde trabajaban goma de amapola, en la comunidad de Mesas de Pineda, en el municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente.
Se dio a conocer que los militares pusieron a disposición del Ministerio Público federal herramientas de cocina, bidones y la goma de amapola, que dijeron eran utilizados para la elaboración de heroína y sus derivados.
No se informó de ninguna detención, dijeron que el lugar se ubica en las afueras de la comunidad pero no detallaron más información, y fue localizada tras una denuncia anónima.
En lo que va del año, el Ejército ha reportado en esa misma localidad dos enfrentamientos, el decomiso de armas y vehículos.
Para llegar a Mesas de Pineda, se toma una una desviación de dos kilómetros, ubicada en el kilómetro 65 de la carretera federal Coyuca de Catalán-Zihuatanejo, en el pueblo hay varias rutas hacia la sierra, además se enlaza con varios pueblos de la parte alta con la carretera federal, y que colindan con estados del centro y costa del país.
En el 2005, el 40 Batallón de Infantería hizo uno de los decomisos más grandes de la región, 3 toneladas de mariguana que fueron incineradas en el lugar.
En el 2012, el mismo Batallón halló en Mesas de Pineda un laboratorio de drogas sintéticas, había más de 3 mil litros de heroína, entre otros líquidos y goma de amapola.

No se menciona la investigación que hizo Tomás Zerón sin el MP en la nueva resolución de la PGR

En las 18 irregularidades que hubo en las diligencias del río San Juan, en Cocula, se señala que el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “realizó actos de investigación” en el lugar “sin encontrarse bajo la conducción del Ministerio Público”, pero en la Nueva Resolución que elaboró la titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), Adriana Campos López, y que se entregó el jueves a los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, no hay ni una mención al respecto.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y representante legal de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra difundió en su cuenta personal de Facebook un cuadro comparativo de las irregularidades encontradas en las diligencias del río San Juan, en donde según la PGR fueron arrojados los restos de los jóvenes luego de ser asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Según Rosales Sierra, la resolución de la investigación interna del caso Ayotzinapa en la que se da cuenta de las irregularidades, fue filtrada a medios de comunicación “y hace trizas toda base de las investigaciones del basurero de Cocula y el río San Juan, mientras la nueva resolución dada a conocer a los padres de los 43 minimiza la gravedad de las irregularidades”.
La primera irregularidad es que la retención de siete personas dentro de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, incluyendo la de Agustín García Reyes, El Chereje, miembro del grupo criminal Guerrero Unidos, “se realizaron de manera ilegal y arbitraria” y en la Nueva Resolución se afirma “con énfasis” que las detenciones y retenciones fueron legales.
La segunda es que el certificado médico de García Reyes fue irregular y ahora se le atribuye al Ministerio Público la falla.
La tercera indica que no se glosó a la averiguación el oficio con que cesó la custodia de García Reyes “con lo cual se permitió su ilegal sustracción e ilegal entrega” a Zerón de Lucio “sin causa legal que lo justificara”, esta irregularidad también se le atribuye al Ministerio Público.
La cuarta es que García Reyes fue entregado a Zerón de Lucio sin causa legal que lo justificara, en la Nueva Resolución se le atribuye esta irregularidad al fiscal José García Valentín.
En la quinta se da cuenta de la visita de Zerón de Lucio al río San Juan el 28 de octubre de 2014, pero en la Nueva Resolución no hay una mención al respecto, aunque se señala que era responsabilidad del entonces titular de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la SEIDO, Abraham Eslava, estar en la investigación del ex director de la Agencia de Investigación Criminal.
La sexta indica que se vulneró el derecho a la defensa en perjuicio de García Reyes, ya que fue trasladado al río San Juan sin la presencia y asistencia de su defensor en actos de investigación, pero en la Nueva Resolución no se dice nada al respecto y por lo tanto no se considera una irregularidad.
También se señala que hay indicios de que García Reyes fue torturado y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se asentaron horas contradictorias en la reconstrucción de los hechos del 29 de octubre de 2014 y que falta el informe de la intervención policial en el río San Juan.
Otras irregularidades son la ausencia de constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico que se mencionan en el video que dio a conocer la Agencia de Investigación Criminal, y que hubo manipulación dolosa para hacer sugerir de manera falsa que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos atestiguó las diligencias.
En 6 de las 18 irregularidades, la Nueva Resolución no hizo ningún pronunciamiento, tres se le atribuyeron al Ministerio Público, dos a los peritos la que indica que no se formalizaron las actuaciones del 28 de octubre de 2014, se le atribuye a Abraham Eslava (sin mención de derecho a la verdad).
Mientras que en el caso de la irregularidad que señala que no hay constancia legal de que se haya ordenado específicamente dejar bajo resguardo la zona del río San Juan, cuando terminaron los trabajos del 28 de octubre, se sostiene lo contrario con base en entrevistas donde testigos afirman que Zerón de Lucio ordenó el resguardo, aunque no hay evidencia documental y pese a que al inicio de la diligencia el 29 de octubre no se rompieron los sellos ni se recibió el lugar de sus custodios.
La responsabilidad administrativa de las irregularidades recae en Zerón de Lucio, en la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) Blanca Alicia Bernal, el fiscal de la UEIDMS Jorge García Valentín, el titular de la Unidad Especializada de Investigación de Asalto y Robo a Vehículos Abraham Eslava Arvizu, el integrante de la Policía Federal Ministerial Jaime David Díaz Serralde, la perita en fotografía Eva Hernández Moreno y los peritos en Medicina y Antropología Mauricio Cerón y Patricia Gómez Ramírez.
La PGR informó el jueves que ya inició los procesos correspondientes en contra de los responsables de las irregularidades, pese a que los padres de los 43 normalistas desaparecidos pidieron que a Zerón de Lucio se le iniciara un proceso penal.

Prospera es usado para el desvío de recursos y el acarreo de personas, dicen despedidos

Tres trabajadoras despedidas de Prospera anunciaron que hoy presentarán una denuncia en el Ministerio Público contra el delegado Juan Manuel Yáñez Heredia, por acoso sexual. Además denunciaron que los directivos utilizan al programa Prospera para el desvío de recursos y el acarreo de público a eventos oficiales.
En conferencia de prensa en el monumento Unidos por Guerrero en Chilpancingo, las trabajadoras, junto con integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, denunciaron las irregularidades que ocurren en el programa federal, como el atraso del pago a las beneficiarias para que el dinero genere intereses en el banco y se beneficien el delegado y su equipo.
La trabajadora despedida, Felícitas Martínez Guzmán dijo que junto con sus compañeras Mayra Morales y Roselia Francisco Tranquilino interpondrán una denuncia en la agencia del Ministerio Público por acoso sexual contra Yáñez Heredia, pues no descartó que tenga influencias en el gobierno estatal y quiera iniciar averiguaciones previas contra ellas y sus otros cuatro compañeros.
Agregó que los siete trabajadores despedidos interpusieron una denuncia por despido injustificado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México.
“La corrupción (en el programa Prospera) va desde el desvío de recursos, desde que el tal Axel Fernando Zamudio Estrada (subdirector del área operativa) obliga al personal a que le consiga facturas o a que lo viatiquen (le den dinero para viajar), esto sin que lo hagan realmente, y el dinero se lo reportan a él”, manifestó la trabajadora.
La trabajadora despedida dijo que trabajó en el área de Recursos Materiales y Servicios Generales en el programa federal, donde se concentra la papelería y la distribución de los vehículos, ejemplificó que el 15 de septiembre pasado utilizaron carros de Prospera para llevar acarreados al grito de Independencia en la Ciudad de México, lo que está prohibido.
En tanto, otra trabajadora despedida, Mayra Morales manifestó que los directivos de Prospera “contratan personal que no está capacitado… afectan directamente a las familias beneficiarias”.
Informó que ella y sus compañeros tienen conocimiento de que en Acapulco un solicitante no aplicó correctamente encuestas para verificar las condiciones socioeconómicas de las familias, y dio de baja a 50 de ellas.