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Con el espionaje, el Ejército los hostiga, criminaliza, persigue y los pone en riesgo, dicen agraviados

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Dirigentes sociales y defensores de derechos humanos consideraron como espionaje el seguimiento que hace el Ejército a las organizaciones del movimiento social. Condenaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tolere y justifique como “inteligencia” el hostigamiento, criminalización y persecución al movimiento social.
También, consideraron que con ese espionaje se atenta contra la vida de los activistas, al colocarlos en un estado de vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos en un régimen militarizado, donde para el Ejército “su mayor enemigo” es el movimiento social.
Como informó El Sur, de acuerdo con documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que son parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, en los que se revela el seguimiento del Ejército a grupos de movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los personajes que destaca en los documentos filtrados son la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), así como los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.

Las políticas de constrainsurgencia, el origen del espionaje militar: Abel Barrera

Consultado al respecto vía telefónica, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el papel desempeñado por el Ejército durante décadas sea de espionaje, dentro de políticas de contrainsurgencia que se instalaron en Guerrero y en el país, para proteger intereses políticos y económicos de la clase en el poder, y sobre todo para desmovilizar, desarticular y criminalizar al movimiento social, a los luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas críticos, lo que atenta contra el mismo Estado de derecho.
Sostuvo que con este espionaje se cataloga a sectores de la población trabajadora que lucha desde abajo y defiende sus derechos como enemigos del régimen, como personas incómodas o disruptoras que atentan contra la legalidad y la verdad. Afirmó que con esos documentos se observa a un Ejército que viola derechos humanos en un contexto donde aún no han rendido cuentas por los crímenes de la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, cuando se instaló “la contrainsurgencia”, época en que se torturó, desapareció y ejecutó a líderes y activistas sociales con total impunidad.
Expuso que ahora esa actuación continúa y sigue reeditándose esa guerra sucia en trabajos de espionaje y de contrainsurgencia, para poner en el blanco o en la mirilla a activista sociales y defensores de derechos humanos, a quienes el Estado busca desactivar, contener, reprimir y “en ciertas circunstancias atentar contra la vida misma, como ha pasado con las ejecuciones de activistas, como ha pasado con las represiones”.
Consideró que las consecuencias de que el gobierno espíe a los defensores de derechos humanos mediante el Ejército, pone en riesgo su vida porque los coloca no sólo simbólicamente sino en términos reales como personas no gratas para el grupo en el poder, y una amenaza al status quo. Aseguró que vivimos en un régimen donde el Ejército está por encima del Estado de derecho y de las autoridades civiles, es decir, “es un régimen militarizado” que atenta contras los parámetros jurídicos que nos rigen como país.
Dijo que el espionaje “habla mal de un sistema democrático, porque en lugar de fortalecer las instituciones civiles y las instancias de seguridad civil, se está robusteciendo el poder militar”, y sostuvo que el seguimiento que hace el Ejército no es legítimo porque hay instituciones e instancias que se encargan de autorizar esas investigaciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes darían las órdenes para interceptar llamadas, por ello, señaló que el

Ejército no está por encima de las instancias civiles, y es lo que agrava la situación porque actúan como si fueran autónomos, como “un Estado dentro del Estado”.
Expuso que es grave que se catalogue como delincuentes a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al ser espiados se les compara como si fueran delincuentes, cuando su lucha es digna, pero se les coloca contra el paredón, “en verdad es muy grave en las circunstancias políticas que estamos viviendo cuando se le está dando todo el poder al Ejército”.
Exigió al presidente López Obrador que regrese a sus cuarteles a los militares, porque no pueden estar por encima de la Constitución y se deben apegar a las normas, “no puede seguir siendo el Ejército de los años 70, haciendo espionaje para reprimir, no puede catalogar a personas que están en la lucha social como si fueran delincuentes”.
Afirmó que el presidente de la República debe tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, de las organizaciones sociales y civiles, de los organismos de derechos humanos; y aseveró que se debe replantear la política de seguridad, porque el Ejército en Tamaulipas ya ejecutó a cinco personas, y con el espionaje que se está haciendo desde 2019 “preocupa a la sociedad en general y a quienes nos sentimos agraviados por este espionaje”.

Una labor ideologizada: Vidulfo Rosales

El abogado también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que el espionaje que hace el Ejército es un acto de criminalización, de persecución contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, que demuestra que tenemos un Ejército “con una mirada contrainsurgente, ideologizado, que toma posición política e ideológica que coloca como su mayor enemigo al movimiento social”.
Sostuvo que los informes dados a conocer por el grupo Guacamaya, ilustran que los militares están preocupados por la movilización social y no por la actividad delictiva, al no tener una radiografía de los grupos criminales que operan en el estado y de la violencia que despliegan. Mencionó que el 90 por ciento del espionaje que se realiza es contra los movimientos sociales.
Destacó que a pesar de que el presidente López Obrador es contrario a ese tipo de acciones, y de no reprimir y hostigar a los movimientos sociales, el Ejército hace lo contrario, lo que es tolerado por el mandatario, y resulta preocupante. Además, cuestionó que los datos que tiene la Sedena son torpes, imprecisos, subjetivos y genéricos, que además, se presentan como una verdad incuestionable.
De acuerdo con Rosales Sierra, las consecuencias de esta criminalización colocan en vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos a los que ejercen la defensa de los derechos humanos, “los enemigos históricos que tiene el movimiento social en Guerrero aprovechan estas circunstancias para agredirnos, golpearnos”.
Mencionó que este tipo de espionaje es lo mismo que ocurría en gobiernos pasados y lamentó que el actual gobierno lo tolere y lo justifique como “inteligencia”, cuestionó si “los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales somos un riesgo o una amenaza”.
Aseguró que es injustificable lo que a todas luces es hostigamiento, criminalización y persecución por parte del Ejército, y exigió al presidente de la República que cese esa persecución al movimiento social y que los militares se dediquen a las tareas de seguridad nacional a las que los facultaron.

Infiltran movilizaciones: Héctor Torres

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, opinó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas ideas e intenciones, pero la gente que está trabajando o colaborando en su administración formó parte de otros partidos y hoy el espionaje es parte de sus prácticas para poder tener estabilidad como ellos quieren.
Sostuvo que la CETEG ha experimentado en diferentes momentos ese espionaje, especialmente en Chilpancingo, cuando en sus movilizaciones se filtran personas que venden cócteles, chicharrones o palomitas, pero que son parte de Gobernación y es gente que va a vigilar, aunado a las “intervención en nuestros teléfonos”, por ello se dijo poco sorprendido de que esta administración esté haciendo lo mismo mediante el Ejército.
Según Torres Solano, las consecuencias de esta persecución a los movimientos sociales que realiza el Ejército terminan con “abrir las carpetas de investigación y posteriormente liberar órdenes de aprensión (contra los líderes sociales o defensores de derechos humanos), para tener más evidencia, para saber y tener controlado al pueblo, lo están haciendo pues de esta forma (espiando)”.
Reprobó la acción de los militares y resaltó que el pueblo es obligado a movilizarse, a bloquear carreteras porque no lo estás atendiendo, “gobierne quien gobierne se tiene que defender la protesta, nosotros reprochamos y reprobamos rotundamente el actuar del Ejecutivo federal hacia todas las organizaciones que ha estado espiando”.
Exigió al mandatario federal que deje de perseguir a las organizaciones sociales, y ejemplificó que en su caso tiene una carpeta de investigación en su contra que lo obligó a ampararse, de lo contrario dijo, las organizaciones no permitirán “que sean atropellados más compañeros o estén hostigando a más compañeros” que podría provocar grandes movilizaciones.

En lugar de esclarecer el caso de los 43, se persigue a padres: Melitón Ortega

Otro de los perseguidos en los documentos de la Sedena, el vocero de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, aseveró que hoy se mantiene al Ejército sobre los movimientos sociales en Guerrero y el país, y se busca desaparecer, encarcelar y terminar con ellos, consideró que es grave porque además no se han esclarecido muchas actuaciones del Ejército.
Lamentó la criminalización para con las madres y los padres de los 43, pues en el lugar de esclarecer los ataques y la desaparición de sus hijos se les persigue, y el propio Ejército no ha entregado evidencia y niega toda la información que han solicitado.
Opinó que las consecuencias de este espionaje, tarde o temprano terminará con una acción penal en contra de su movimiento o de los representantes, o incluso de los propios padres de familia, lo que consideró grave, para quienes dijo, solamente han luchado para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Melitón Ortega manifestó que la “inteligencia militar” que argumenta el presidente de la República parece que busca acabar con la inconformidad, las protestas y todas las denuncias de los movimientos sociales, y recomendó que el gobierno federal debería enfocarse en los orígenes de los problemas o atacar las raíces de tanta violencia que hay en el país.

Marchan padres de Ayotzinapa con estudiantes, maestros y ciudadanos y bloquean la autopista en Chilpancingo

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezaron una marcha y un bloqueo en el bulevar Vicente Guerrero, al sur de la ciudad, en el cruce de la autopista y la carretera federal, contra el alza del precio de la gasolina, de la canasta básica y por la presentación de sus hijos y de los miles de desaparecidos en el país.
El bloqueo fue permanente durante una hora y media, y parcial media más, con un altercado con agentes de la Policía Federal que pidieron una vía alterna para el tránsito de los automovilistas, y para garantizar la propia seguridad de los manifestantes.
El argumento motivó el reclamo de los padres de los estudiantes desaparecidos y activistas, “si tanto se preocupan por nosotros”, exigieron que digan a sus superiores que no protejan  a los dos policías federales señalados en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre, de haber conocido de la detención de un grupo de estudiantes frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Iguala, y saben quién es el personaje a quien serían entregados pues a la fecha sólo se le identifica como “el patrón”.
El representante de los padres, Melitón Ortega recordó que si los padres siguen manifestándose es porque las autoridades ocultan el paradero de sus hijos, ya que está comprobado, con investigaciones independientes, que policías y militares conocen lo que ocurrió la noche de los ataques, y a dónde se llevaron a sus hijos. Si siguen en las carreteras es responsabilidad de las autoridades.
En la movilización estuvieron estudiantes de la Normal Rural, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), y asociaciones civiles unidas contra el gasolinazo.
También participaron familiares de una joven de Chilpancingo desaparecida la semana pasada y encontrada desmembrada el jueves junto a su hijo de un año de edad, para demandar justicia, y una mujer que acusó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de haber detenido a su hermano hace dos meses, y que a la fecha se encuentra desaparecido.
La protesta comenzó a las 11:30 de la mañana en la glorieta del caballito, con unas mil personas, y en el camino se fueron sumando colectivos y ciudadanos sin membrete. Avanzaron por Insurgentes y Juárez, en el primer cuadro de la ciudad y subieron por la calle Cristóbal Colón a la Plaza Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron un mitin, y se estimó la intervención de unas mil 500 personas.
Al salir del Zócalo, rumbo a Lázaro Cárdenas, la participación se fue reduciendo. En la siguiente parada, frente al Congreso del Estado, llegaron alrededor de 400 personas.
En el trayecto, jóvenes embozados con playeras, hicieron pintas en las tiendas Oxxo, edificios de gobierno y bancos contra las reformas estructurales, el alza de precios y por la presentación de los 43 y más desaparecidos, en el obelisco del crucero Unidos Por Guerrero, en la glorieta de Banderas y en instalaciones de la Auditoria General del Estado (AGE).
“Basta de indignarse, es tiempo de organizarse”, “Fuera-muera Peña” “la gente se cansa de tanta pinche tranza, país petrolero y el pueblo sin dinero, “abajo las reformas de Peña  Nieto, traidor de la patria”, “el que no se mueve, no escucha el crujir de sus cadenas”.
En las consignas predominaron los llamados a la unidad, y hubo quien gritó “en Guerrero nos están asesinando a diario”.
En el Zócalo y en el Congreso, habló una joven que se presentó como hermana de Yareni Monserrat, hallada muerta con su hijo de un año el jueves, y exigió justicia. Una mujer que la acompañaba, denunció que el hermano de la joven asesinada, fue despedido de su empleo, “él se siente solo, y no está solo gracias a la oportunidad de unirnos con ustedes, vamos a luchar contra todos, ¡justicia, justicia, justicia!”  Junto a ellas, en silencio, otra mujer protestó con esta pancarta: marcha para exigir justicia por mi hija y mi nieto. Descanse en paz, ¡Guerrero está de luto!, ¿tú qué harías pueblo?
Otra mujer denunció la desaparición de su hermano, Simón Hernández, y responsabilizó a un grupo del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido , de su integridad y la de su familia, porque fueron amenazados. Aclaró que lo único que piden es que Plácido Valerio regrese con vida a su hermano.
El dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, llamó a una reunión el próximo domingo al parque  hundido de la Alameda Granados Maldonado, para impulsar una estructura civil y un plan de lucha contra las reformas estructurales y la inseguridad.
A las 2:20 de la tarde, los manifestantes llegaron frente al hotel Parador del Marqués, en el entronque de la Autopista del Sol y la carretera de federal México Acapulco, y donde fueron desalojados de manera violenta, y asesinados a balazos los normalistas Jorge Alexis Herrara Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.
De manera simbólica tomaron las dos gasolineras en ambos lados de la carretera, Eva I y Eva II, porque en una manifestación, personal de la gasolinera aplica los protocolos de seguridad: se cierran las válvulas de distribución de combustible de los tanques de almacenamiento y no dan servicio.
También bloquearon los dos sentidos de la vía de comunicación. Estaba libre una calle hacia el río Huacapa, paralelo al bulevar. A las 2:40 de la tarde, los activistas colocaron un tráiler y cerraron el paso.
Ante la presión de la Policía Federal, por una salida alterna, dejaron un solo carril que propició un cuello de botella hasta las 3:30, que la protesta se movió a un solo carril, en dirección sur-norte.
Ahí, los padres y estudiantes de Ayotzinapa tuvieron más participaciones hasta las 4 de la tarde. Los representantes de escuela Normal de Ayotzinapa, denunciaron que 80 pesos para un día es suficiente para las necesidades de las familias mexicanas, y con la liberación del precio de la gasolina el 18 de febrero, puede mucho peor.
Por separado, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, explicó que el “gasolinazo” los afecta como a todos como mexicanos, pero al movimiento le preocupa más que con esto (la crisis económica) se hagan a un lado los hechos de Iguala y las desapariciones se queden el olvido, nosotros decimos que no nos va a ocultar el gasolinazo, nosotros lo vamos a ocultar con todas las reformas estructurales y lograr que se encuentre a los estudiantes y se castigue a los responsables”.
Recordó que el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, está por comenzar labores en el país.
Estuvieron hasta el final, dos colectivos de ciudadanos contra el alza a las gasolina, los mineros de Taxco con el dirigente estatal, Roberto Hernández el Sindicato del Cecyteg, que demandó acciones más radicales para que el gobierno voltee a verlos,  y un representante de los maestros democráticos de la Universidad Pedagógica Nacional, llamó a poner atención al consumo de drogas en la familia, pues los estupefacientes se distribuyen desde secundaria en casi todos los centros escolares y universidades. En la protesta también se observó a damnificados de la tormenta Manuel que están reubicados en El Mirador, al Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrero, y del Comité de Solidaridad con los caídos del 60.

El gobierno quiere que el grupo de expertos pierdan el tiempo con otro peritaje, critica Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández aseveró que el gobierno estatal y el federal deberán de abstenerse de realizar un tercer peritaje en el basurero de Cocula porque sólo quieren que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pierda tiempo y no se avance en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “las autoridades quieren seguir creyendo en la verdad histórica y no quieren ceder ante la verdad y las pruebas científicas”.
Consultado en la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Abel Barrera dijo que si hay un tercer peritaje del basurero de Cocula, como lo están planteando las autoridades, no habrá tiempo suficiente para que el GIEI concluya con la investigación, porque si se concluye podría cerrarse un ciclo de la investigación y se podrá mostrar que la verdad histórica no tuvo fundamento científico, y así se podrá avanzar en otras líneas de investigación.
Barrera Hernández añadió que se está insistiendo en que se entreviste a los militares, así como a los marinos que recogieron la bolsa en el río San Juan que supuestamente contenía restos humanos del estudiante Alexander Mora Venancio, pero en el expediente no aparece la declaración de los marinos, por lo que es necesario saber de dónde sacaron esa bolsa.
También comentó que es necesario que se investigue a las autoridades federales y estatales que estuvieron involucradas con la verdad histórica, principalmente al ex procurador Jesús Murillo Karam, así como al quinto camión que salió de Iguala.
Expresó que pese a las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que el martes dio a conocer su conclusión de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, el gobierno sigue empeñado en que es importante un tercer peritaje, “si se empecinan en hacerlo, para nosotros lo hacen para prolongar el tiempo”, indicó el director de Tlachinollan.
Abel Barrera enfatizó que el gobierno deberá abstenerse de realizar un tercer peritaje porque sería una señal de que quiere retrasar toda la investigación, y meter una versión menos escandalosa donde digan que al final de cuentas hubo incineración de estudiantes, “el gobierno quiere seguir casado con esa versión histórica, no quiere ceder ante la verdad científica”, expresó.
Mencionó también que por las pruebas científicas que mostraron los expertos se está realizando una campaña de desprestigio en su contra, tratando de dar versiones de que hay otros peritos que están dando otros datos que reafirman la verdad histórica, pero con el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) quedó más que probado que no fue posible la incineración de los jóvenes.
El director manifestó que lo que le interesa saber a los padres es la verdad, qué pasó con sus hijos, si no fueron quemados en Cocula, ¿dónde están?
Dijo que será un nuevo desafío para el gobierno dar respuesta del paradero de los jóvenes en esta nueva etapa que está a punto de cerrar tras meses de trabajo de los expertos.

Llega a Oxchuc, Chiapas la tercera caravana de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

 

Entre consignas de apoyo, sahumerio y oraciones en lengua tzeltal, fue recibida en Oxchuc, Chiapas, la tercera caravana de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
El municipio tzeltal que protagoniza un movimiento poselectoral para destituir a la alcaldesa del PVEM, María Gloria Sánchez Gómez y conformar un Concejo Popular Municipal como alternativa de gobierno, compartió con los padres de los 43 testimonios de su lucha.
El maestro Miguel, integrante del Comité de Paz y Justicia de Oxchuc, uno de los 23 activistas detenidos el 8 de enero durante una mesa de diálogo con el gobierno del estado, señaló que no sabían entonces que al mismo tiempo la Policía Federal atacaba a la población que protestó por las aprehensiones. Estimaron que unos mil 500 uniformados arremetieron contra 600 personas que protestaban en la cabecera municipal.
En la represión, niños, jóvenes y adultos se sumaron en una confrontación desigual que se extendió más allá de las 10 de la noche, en medio de gases lacrimógenos que les lanzaron desde helicópteros.
Luego que fueron detenidos, indicó que los funcionarios les decían “llama a tu gente, a tus amigos, a tu novia… no sabíamos que en Oxchuc había niños, jóvenes y ancianos luchando”, expresó.
Los últimos detenidos, quienes estaban presentes, fueron liberados hace unos días cuando el pueblo cerró la carretera que forma parte de la ruta maya hacia Palenque.
El padre del normalista desaparecido, César Manuel González, Mario César González agradeció el ejemplo de lucha del pueblo Oxchuc y señaló que también está orgulloso de los padres y madres de familia de la normal de Ayotzinapa que de manera tenaz lograron abrir las líneas de investigación y crear un equipo multidisciplinario en la Procuraduría General de la República (PGR) que les dé seguimiento.
“Así como ustedes defendieron su pueblo, cómo nosotros no habríamos de luchar por 43 hijos. A ustedes (el gobierno) les ha mentido meses, nosotros más de un año (tiene) que nos hemos arrastrado de dolor porque no nos quieren entregar a nuestros hijos”, aseveró.
Denunció que las autoridades nunca han buscado con vida a los 43 estudiantes desaparecidos y que no sabe por qué esa necedad, “pero aquí estamos y no vamos a bajar los brazos”.
La consigna que abandera el movimiento indígena de ese lugar aparece en todas las calles y paredes de la localidad: “Donde el pueblo manda la comunidad obedece”.
El municipio de Oxchuc está ubicado en los altos de Chiapas, a unos 20 minutos de San Cristóbal de las Casas, donde viven unos 40 mil habitantes, la temperatura promedio en el día rondó los 10 grados centígrados.
A la caravana de los padres se unieron alumnos de la Escuela Normal Rural de Mactumaczá, maestros de los altos y organizaciones desde San Cristóbal.
Llegaron a la una de la tarde a la cabecera municipal de Oxchuc, y en el arco de la entrada del pueblo comenzaron una caminata hacia la explanada del Ayuntamiento rodeados de decenas de personas que los aguardaban.
En el trayecto se observaron los rastros de las protestas que han hecho desde octubre por las denuncias del fraude electoral en las elecciones de junio: un domicilio particular quemado, que mencionaron que es la casa de la alcaldesa, oficinas y camionetas oficiales siniestradas.
Frente al Ayuntamiento en ruinas, por las protestas de los partidos políticos, se llevó a cabo el acto político frente a cientos de personas en la plaza, en los pasillos y alrededor del lugar.
El acto fue presidido por la Asamblea Popular Municipal, la cual ha convocado a la constitución de un Concejo Municipal por medio de los usos y costumbres, y se mencionó que 90 pueblos de Oxchuc se han sumado al planteamiento.
Para comenzar el acto, dos mujeres hicieron una oración en su lengua materna, rodeadas de veladoras y flores en el templete, una imagen de la virgen de Guadalupe y una copa de barro con incienso y copal.
Distintas organizaciones expresaron su solidaridad y la necesidad de unificar las luchas para cambiar a los gobiernos autoritarios.
El Consejo Estatal para un nuevo Constituyente y el Comité Paz y Justicia para Oxchuc, coincidieron en que es necesario refundar la nación.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) propusieron construir frentes únicos contra el sistema capitalista y llamaron a los maestros a ser factores de cambio en sus comunidades, a la unidad de todos los referentes sociales, incluidos los movimientos por los desaparecidos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El frente campesino popular de Chiapas se pronunció contra la imposición de la alcaldesa del PVEM en Oxchuc, y el Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN) llamó a la construcción del poder popular. En este tenor hablaron el resto de los participantes.