Desconoce el gobierno estatal de causas penales contra líderes de protestas: Ludwig

El secretario de Gobierno Ludwig Marcial y el secretario de Seguridad Pública estatal Evelio Méndez, consultados ayer por reporteros en el Recinto del Poder Ejecutivo en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Después de la reunión con comisarios municipales de Chilapa, Quechultenango, José Joaquín de Herrera y Acatepec, el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, declaró que “cada quien asumirá sus responsabilidades” con respecto a los hechos de violencia del lunes.
Al finalizar el diálogo con las autoridades municipales en la explanada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, se le preguntó si habrá demandas y detenciones contra los causantes de la violencia: “no lo sabemos”, pero admitió que “es claro que los manifestantes infringieron la ley”.
Con respecto a los señalamientos que se hicieron en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de ayer, respecto a que los dirigentes del movimiento son líderes del grupo Los Ardillos y que cuentan con causas penales, el funcionario contestó que “el Gobierno federal tiene su propia información y nosotros sabemos lo que ustedes saben por los medios de comunicación, no tenemos otra información y vamos a esperar”.
Reynoso Núñez declaró que al Gobierno del estado le preocupan mucho los hechos de violencia que se han dado en los últimos días en la capital, y que la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, han estado dialogando para fortalecer la seguridad en el municipio.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez informó que instalaron filtros carreteros en los accesos a Chilpancingo, como el de Tixtla, Zumpango, Chichíhualco y Petaquillas.
También que realizan recorridos permanentes en los 11 sectores en que está dividida la ciudad.
Aclaró que hasta ayer no se habían cometido agresiones a comercios y sólo se han dado a los transportistas, y “las que hicieron los manifestantes ayer”, informó en referencia a los pobladores de los municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec.
El secretario de Gobierno llamó al comercio local, que desde el sábado por la tarde cerró por temor a la violencia, a mantener la calma: “estamos trabajando para que se reactive la actividad económica, entendemos que hay temor pero estamos actuando”.
Informó que hasta el mediodía de ayer no se habían evaluado los daños que ocasionaron los manifestantes.
Una reportera le preguntó si hay comunicación con la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y dijo que sí: “ha habido comunicación con ella, ha estado trabajando en su ámbito de competencia y lo demás es un asunto particular de ella”, dijo en referencia a los señalamientos en contra de la alcaldesa por su reunión con el líder del grupo delictivo de Los Ardillos.

Hubo manifestaciones extremadamente violentas, advierte

El director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien fue el primero que quiso entablar contacto con los dirigentes de los pobladores de los municipios de Chilapa, Quechultenango, José Joaquín de Herrera y Acatepec, declaró que no fue posible el diálogo directo con los campesinos por sus “manifestaciones extremadamente violentas”.
En declaraciones después de que fue liberada la Autopista del Sol, advirtió que si hay consecuencias legales “cada quien tendrá que asumir la parte que le corresponde”
Explicó que como parte del Ejecutivo entablaron el diálogo y siguen abiertos, pero que las Fiscalías General del Estado (FGE) y de la República (FGR), tendrán que hacer las diligencias que considere prudentes.
Reconoció que hay voces que están cuestionando al Gobierno de que no actuó de manera oportuna para evitar los hechos de violencia, pero que lo que se trató de evitar es la confrontación y la represión.
El funcionario declaró que hasta antes de la liberación de la carretera, así como de los policías y agentes de la Guardia Nacional que estaban privados de su libertad y la entrega del vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno estatal no había presentado ninguna denuncia y desconocía si había carpetas de investigación en contra de los manifestantes.

 

Maestra protesta en el Recinto de gobierno por fraude en la venta de una plaza en la SEG

Una maestra que fue defraudada con 270 mil pesos por la venta de una plaza en la SEG, protestó en la sede del Poder Ejecutivo para solicitar el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: Jessica Torres Barrera

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

La maestra Nataly de la O Mata y su abogado protestaron en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, para denunciar un posible fraude por parte de un trabajador del gobierno estatal y una docente por la venta de una plaza.
Los inconformes portaron una lona con los nombres de las personas que señalan: José Antonio Pérez Andaluz, trabajador del ex Palacio de Gobierno, y la maestra Marcela Rivera Izazaga, quienes pidieron 270 mil pesos a cambio de darle una plaza docente.
Manifestaron que hace dos años dichas personas le ofrecieron una plaza a Nataly de la O, quien desde hace cuatro la había solicitado a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), pero que no se la han otorgado ni tampoco le regresan su dinero, por lo que pidieron la intervención de las autoridades estatales.
El abogado de la afectada, Víctor Hugo Carranza Cadena, indicó que a Nataly le ofrecieron una plaza ya fuera en Tecpan o en Atoyac, porque supuestamente las dos personas señaladas conocían al secretario de Educación en turno: “a mi clienta se le hizo fácil darles todo su patrimonio”.
Su clienta le ha pedido a Pérez Andaluz y a Rivera Izazaga que le regresen su dinero, pero sólo le dicen que “pronto tendrá su plaza, y de un tiempo para acá ya no le responden las llamadas ni los mensajes”, precisó Carranza Cadena.
A pregunta de que la SEG establece que tienen que concursar por una plaza, por qué su clienta la compró, respondió que actuó con “buena fe, ella no es abogada y desconoce de esta situación”.
El abogado y la afectada informaron que acudirán este viernes a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a interponer una denuncia penal.