Etiqueta: Recursos

Hay 20 millones del Fortamun para liquidar a 170 policías que no pasaron la certificación: Ilich

 

El síndico procurador de Gobernación, Ilich Lozano Herrera, informó que hay 20 millones de pesos de recursos del Fortamun para liquidar a otros 170 policías que no pasen la certificación, y en dos o tres meses se va a empezar a notificar.
Consultado por reporteros, Lozano Herrera declaró que el año pasado el Ayuntamiento no tuvo demandas masivas de policías, que hubo ocho amparos pero que no procedieron porque se hizo el procedimiento correspondiente de notificarlos para que presentaran pruebas.
Explicó que el alcalde Evodio Velázquez ha dicho que el Ayuntamiento tiene 900 policías certificados: “estamos en proceso de liquidación porque eso nos permite por un lado certificar a los agentes y quienes no estén aptos son dados de baja”.
Recordó que en febrero, con recursos del año pasado se liquidó a 171 policías “y esperamos que en dos o tres meses más, depende de la llegada de los recursos federales, tener el dinero para liquidar a otros 170 agentes, y el año que viene se contemple otro número similar, que liquidemos muchos más de 500 policías y nos permita hablar de una depuración muy seria”.
Al preguntarle si el municipio cuenta con recursos para liquidar a esos efectivos, respondió que “hay 20 millones de pesos de Fortamun, que es ramo federal, y que se van a destinar para esa área. Y para los 170 será suficiente”.
“Estamos en proceso, espero que en dos o tres meses se pueda notificar y el policía tendrá derecho a defenderse, presentar pruebas y desahogar todo el tramite jurídico”, declaró el síndico.
Explicó que de la certificación pasada se hizo en buenas circunstancias, “no hubo demandas masivas, sólo ocho amparos que no procedieron porque el Ayuntamiento hizo de manera adecuada la liquidación y estamos cuidando de que no ocurra de nuevo”.
Lozano Herrera dijo que el gobierno federal a través de Fortaseg hizo un ajuste en todo el país, porque trabaja por metas pero “hay muchos municipios como Tlapa que ya perdieron los recursos y hoy nosotros propusimos un programa de metas para acceder a ellos”.
Admitió que el año pasado el municipio tuvo una complicación en el ingreso de nuevos policías, por eso ahora están en capacitación constante y ya se contrató a 50 que se llaman “cadetes” y pasaron los exámenes de control y confianza.

No da el gobierno estatal información sobre los recursos para promoción, dice diputado

 

El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso local, Ernesto Fidel González, denunció que la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) del gobierno estatal se niega a entregarles información del manejo de los recursos públicos destinados para la promoción turística de los diferentes destinos que existen en la entidad.
También afirmó que sí hubo “una baja, no se recibió el turismo que se esperaba, sí afectó el tema del socavón (del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos)” y contrario a lo que dijo el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, el diputado afirmó que sí hubo afectación como lo señalaron los restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios.
Ernesto Rodríguez informó que a partir de las complicaciones que se han generado en los últimos días, principalmente por el socavón del Paso Exprés en Cuernavaca, iniciará una campaña de promoción de Acapulco nacional e internacional, para captar la mayor cantidad de visitantes en la presente temporada vacacional.
El diputado dijo que el funcionario estatal debe informar los montos de los recursos destinados a la campaña de difusión, porque no hay información de cuánto dinero se gasta en ese rubro.
En una conferencia de prensa Rodríguez Escalona informó sobre el lanzamiento de una campaña de promoción de los destinos turísticos en radiodifusoras y televisoras nacionales, para reforzar las vacaciones, pero a pesar de que se le insistió, éste se reservó el costo de la publicidad.
El presidente de la Comisión de Turismo dijo que es necesario que el funcionario exponga los costos de la promoción que está por poner en marcha, porque recordó que en por lo menos tres ocasiones se le ha pedido, personalmente y por escrito.
Incluso en una ocasión dijo que solicitó la información como presidente de la Comisión de Turismo, porque las diputadas integrantes, en referencia a las priistas Beatriz Alarcón Adame y Rosaura Rodríguez Carrillo, así como la del PVEM, Rossana Agraz Ulloa, no quisieron firmar la solicitud.
“Tenemos información cero desde hace meses”, y que necesitan saber que es lo que están haciendo las oficinas promotoras en Taxco y Zihuatanejo.
Recordó que para la promoción de Acapulco se aprobaron 90 millones de pesos, de los que no se sabe de qué manera se han ejercido ni cuáles son los resultados.
Pero también dijo que no se ha atendido su solicitud de realizar el reglamento de la ley de turismo, porque dijo que no está funcionando por la falta de la normatividad.
Comentó que hay resistencia en el Congreso para legislar en materia de turismo, por ejemplo comentó que ha insistido en que “se realice ya el fideicomiso de Troncones y La Saladita, hemos enviado dos exhortos al gobierno del estado, porque hoy tienen más cuartos que Taxco, tiene mil 100 cuartos además de que es alto el turismo extranjero y no tienen dinero para promocionarse”.

 

Reprochan organizaciones la reducción del presupuesto para apoyo a productores

 

En reunión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, autoridades informaron a los integrantes que en el programa Concurrencia de Recursos el estado y municipio etiquetaron 800 mil pesos, lo que molestó a representantes de las organizaciones que pidieron más apoyo en lugar de reducción, debido a que el año pasado fueron 2 millones de pesos.
La reunión se llevó a cabo en una sala de juntas del Palacio Federal, y estuvieron la delegada de la Sagadegro, María del Carmen López; el secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Víctor Gómez Zanabria; el director de Desarrollo Rural, Iván Saldaña Jiménez, y representantes de organizaciones, a quienes se les informó que desde ayer y hasta el viernes estará abierta la ventanilla para recibir proyectos que necesiten recursos.
El representante de Red Alternativa Social y Autogestiva del Estado de Guerrero, Arturo Santiago Candelaria, indicó que varios representantes de organizaciones manifestaron “su inconformidad porque el gobierno del estado recortó recursos y el municipio no aumentó el presupuesto para el programa de Concurrencia de Recursos”.
Detalló que el año pasado el gobierno del estado destinó un millón de pesos y el municipio puso otro millón para apoyar al sector rural de Acapulco, pero este año serán sólo 800 mil pesos, que el municipio y el estado pondrán nada más 400 mil pesos cada uno, “no va a alcanzar para apoyar a productores agrícolas, pesqueros y pecuarios”.
“No estamos de acuerdo, pero es una instrucción del gobierno del estado que no puede destinar más, porque supuestamente ya está todo etiquetado”, dijo Arturo Santiago.
Reprochó que el alcalde Evodio Velázquez Aguirre haya estado presente durante la instalación del consejo pero no ha acudido a ninguna de las sesiones, “queremos que se atienda la demanda del campo, son necesarios más recursos y que la Dirección de Desarrollo Rural se eleve a secretaría para que tenga más recursos”.
Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Iván Saldaña Jiménez, dijo que fue una reunión en la que se informó que está abierta la ventanilla del programa de concurrencia entre entidades federativas, donde una parte pone el municipio y la otra el estado, y para este año serán 800 mil pesos, además de presentar las reglas de operación.
Agregó que se apoyarán proyectos productivos agrícolas, pesqueros y pecuarios, “es de un solo programa y es lo que autorizó el gobierno del estado”.
Enfatizó que el municipio apoya al sector rural, y citó que el domingo el alcalde dio el banderazo a la entrega de fertilizante a productores.

Toman maestros y estudiantes el Tec de Tierra Caliente; acusan al rector de malos manejos

 

Un grupo de maestros y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente pidieron la salida del rector Adrián Negrete Molina y del personal administrativo, con el argumento de que está haciendo mal uso de los recursos que llegan al plantel, argumentando los trabajadores que nunca han tenido seguro médico, aunque lo pagaron durante un año; y los alumnos porque no les apoyan económicamente en los viajes de estudios.
La universidad se ubica en la comunidad de Los Limones, municipio de Pungarabato, cerca de Ciudad Altamirano. Desde las 7 de la mañana, cerca de 250 estudiantes se apostaron en las entradas de la escuela, para impedir el ingreso del rector y personal administrativo. También participaron cerca de 10 profesores, de los cerca de 20 que tiene la plantilla.
Una administrativa intentó acercase al edificio y fue retirada en medio de gritos y burlas.
Los estudiantes colocaron pancartas y cartulinas en contra del rector, señalando que ha hecho mal uso de los recursos públicos, pero sin señalar de forma concreta algún hecho, sólo indicando que “no los han apoyado en los viajes de estudio y no cuentan con laboratorios, que como estudiantes tampoco tienen seguro médico”.
Pidieron la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores, o de algún funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), de la que son dependientes, para que los escucharan.

Se movieron recursos de un rubro a otro para pagar salarios, insiste Rogelio Ortega

“Si alguien cometió errores en mi gobierno, pues simple y sencillamente se le tiene que llamar para que aclaren, que hagan las aclaraciones pertinentes y si alguien tiene que ser sujeto a alguna sanción del tipo que sea, ahí están las autoridades para que proceda”, respondió el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez cuando se le preguntó sobre las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo de que cada quien tiene que responder a las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por su tiempo en la administración.
En declaraciones en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Alta-mirano de la UAG, donde acudió a la conferencia magistral de la socióloga de la UNAM Cristina Puga, Ortega Martínez recordó que cuando llegó al gobierno en 2014 solventó ese ejercicio fiscal que correspondían al periodo de Ángel Aguirre Rivero, aun cuando estuvo días de octubre y los meses de noviembre y diciembre, por lo que al gobierno de Héctor Astudillo le “corresponde solventar, no quiere decir esto que el gobierno de Astudillo sea el responsable, sería una absoluta contradicción de lo que se ejerció completo en el 2014; somos corresponsables con dos meses y días y en mi caso diez meses”.
Ortega Martínez subrayó que hay procedimientos que seguir y cuando la ASF convoca a hacer las aclaraciones pertinentes “lo hace al gobierno en turno, de manera que nosotros como gobierno teníamos que solventar el ejercicio del 2014 e, incluso observaciones sobre años anteriores, porque es la autoridad que está al frente de la responsabilidad del gobierno”.
Indicó que ya están hechas las observaciones y ahora “hay que solventarlas”, y muchas veces se comente el error de entender cuando dices desvío de recursos de que alguien se lo llevó, por lo que se tiene que indagar que si se lo llevó algún funcionario o están invertidos. Insistió que cuando llegó a gobernar había plazas sin presupuesto en Educación y Salud y que vio cómo se pagaban.
Indicó que estaba el estado “en llamas” y si no se pagabam esas plazas en el sector Salud y Educación se iban a quedar sin trabajo, por lo que instruyó “que se siguiera pagando como se venía haciendo y cuando viene la auditoría a nosotros nos observan esas deficiencias, desvió recursos del seguro popular para pagar plazas; además nos cobraron en el 2015 el ISR cuando antes a ningún gobierno se lo habían cobrado, Hacienda lo subsidiaba”.
Ortega Martínez dijo que si alguien cometió errores en su gobierno pues “simple y sencillamente que hagan las aclaraciones pertinentes y si alguien tiene que ser sujeto a alguna sanción del tipo que sea ahí están las autoridades para que esto proceda”.
El ex gobernador agregó que la Auditoría pide al gobierno en turno que hagan los procesos administrativos correspondientes y “ya viene la otra parte de fincar responsabilidades a quienes de manera clara se les compruebe que cometieron algún ilícito y de la magnitud que este sea puede ser la sanción que la autoridad aplique, eso yo lo tengo perfectamente claro”.
Sobre si no tiene miedo a sanciones, respondió que está satisfecho por el papel que le tocó cumplir en un momento difícil, y “lo hicimos con vocación de servicio, responsabilidad y con una estrategia que dio resultados porque no hubo ningún encarcelado del movimiento social, sin perseguidos, sin represión y fue producto de una tolerancia extrema y diálogo permanente con todos los actores para restablecer la gobernabilidad en Guerrero”.
Sobre lo dicho por el secretario de Finanzas, Héctor Apreza, de que los recursos se deben usar para lo que son etiquetados, pues de lo contrario se considera desvío y está tipificado como una irregularidad, el ex gobernador respondió que coincidía en que hay reglas de operación, pero “si te llega un recurso para un puente finalizando el año fiscal y las reglas de operación dice que tienes que licitar, ya no da tiempo, y quedan dos alternativas; uno es regresas el recurso y otra es hacerlo violando la norma, entonces es un tema de decisiones difíciles”.
La norma es clara, pero “cuando se es muy consciente de lo que se está haciendo se asumen las consecuencias que pueden tener con ejercer recursos de Salud etiquetados para el Seguro Popular; cuando dices no tengo para pagar los cinco mil trabajadores y no los voy a mandar a la calle y hay un recursos de donde se puede tomar y lo hago. Se aplicó en salario, está fuera de la norma, pero son decisiones difíciles que se tienen que tomar”.
Añadió que lo que debe quedar claro es que es grave que ese dinero se tome para beneficio personal de algunos funcionarios, “en la función pública se puede meter la pata y explicar por qué se metió, si fue un error involuntario o de manera consciente se actúa para resolver un problema, pero grave es si se toman esos recursos para llevárselos a su bolsillo, grave es meter la mano”.

Demandan alcaldes de 10 municipios a Sedatu la entrega de recursos etiquetados de Hábitat

 
Alcaldes del PRD, PRD y PVEM que gobiernan diez municipios demandaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) la entrega de recursos etiquetados para sus municipios, del programa Hábitat 2016, porque las obras de pavimentación, drenaje y agua potable están inconclusas por el incumplimiento del convenio firmado con la dependencia federal.
Mientras que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, informó que de 105 millones de techo presupuestal del programa sólo se han ejercido 15 millones, y que desconoce el motivo por el que no se ha aplicado el resto.
Ayer, los alcaldes de esos diez municipios publicaron un desplegado en el que exhortan a la secretaria Rosario Robles Berlanga a transferir los recursos del programa Hábitat 2016, porque las obras están inconclusas, lo que ya generó descontento e “irritación social”, que está creciendo.
En el desplegado también recuerdan a la dependencia federal que los gobiernos cumplieron con su parte, que es la aportación del 40 por ciento de los recursos con los que empezaron las obras, pero ninguna se ha podido concluir.
“De no realizarse la transferencia a la brevedad, se generan problemas sociales que no contribuyen al clima de unidad que en estos momentos debe privar en Guerrero y en todo México ante el aumento de los combustibles y la carestía que se ha desatado”, advierten los alcaldes.
El desplegado fue firmado por los presidentes municipales de Arcelia, Adolfo Torrales Catalán (PRI); Atoyac, Dámasio Pérez Organez (PRI); Ayutla, Hortencia Aldaco Quintana (PVEM-PRI); Chilapa, Jesús Parra García (PRI); Coyuca de Benítez, Javier Escobar Parra (PRI); Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre (PRD); Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes (PRD); José Luis Ávila López, de Huitzuco (PRI); Robell Urióstegui Patiño, de Teloloapan (PRD), y Tixtla, Hossein Nabor Guillén (PRD).
Consultado por teléfono, el alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera, explicó que los alcaldes que firman el desplegado son los que fueron a la dependencia federal para entrar en el programa Hábitat de mezcla de recursos, y tras la gestión lograron que la dependencia etiquetara fondos para sus municipios.
El programa Hábitat es para aplicarse en zonas de alta incidencia delictiva y de pobreza, y las obras contempladas son principalmente de agua potable, drenaje y recuperación de espacios públicos; sólo pueden entrar algunos municipios de acuerdo con su población y niveles de marginación social.
En el caso de Eduardo Neri, el dinero etiquetado era para la creación de un centro comunitario, la pavimentación de algunas calles y para extender los servicios de agua potable y drenaje.
Y el no cumplimiento ya generó inconformidad y desconfianza de la población.
Al municipio le tocó aportar cinco millones 600 mil pesos y la Sedatu tendría que aportar más de 8 millones, que tendrían que liberarse en el transcurso de 2016, pero hasta el 19 de enero de este año no se le ha entregado nada.
En los municipios afectados, las obras están en un 40 por ciento de su ejecución y falta el 60 por ciento de los recursos federales comprometidos.
Pablo Higuera, también coordinador de los alcaldes del PRD, comentó que podrían ser acreedores a observaciones por las auditorías estatal y federal.
El alcalde de Coyuca de Benítez, Javier Escobar, explicó que un problema que el retraso de Sedatu les está provocando son conflictos con las empresas constructoras, que están molestas por el incumplimiento de los contratos y eso les podría generar demandas a los ayuntamientos, además de la inconformidad de los vecinos por las obras inconclusas.
Después de que firmaron el convenio, el gobierno federal debió entregarles el recurso en tres partes, primero 30 por ciento, después otros 30 y al final el 40 por ciento restante, y los depósitos se realizan conforme los municipios suben al sistema de la dependencia los avances de la obra, parte que los 10 alcaldes cumplieron.
Pablo Higuera comentó que en una reunión los alcaldes le pidieron al delegado de Sedatu en el estado, José Armenta Tello, ser la voz de los inconformes ante la secretaria Rosario Robles Berlanga, a quien le pidieron que solicite la liberación de los recursos, pero a pesar de que lo ha solicitado, hasta ayer no había una respuesta favorable.
En el caso de Coyuca de Benítez, el alcalde Javier Escobar comentó que las principales obras que no se pudieron concluir es la pavimentación de cuatro calles, en las que se incluía la introducción de agua potable y drenaje, principalmente en colonias y comunidades muy pobres.
Sólo en Coyuca de Benítez la inversión que la federación le debe es de 6 millones 985 mil pesos y el municipio tenía que aportar cuatro millones 800 mil pesos.

El delegado ignora la causa del retraso

En conferencia de prensa en el restaurante Verona de la capital, el delegado Armenta Tello informó que en relación a este exhorto que hacen cinco presidentes municipales del PRD y cinco del PRI para acciones de manera coordinada, desconoce por qué no se han liberado los 90 millones de pesos restantes para obras de Hábitat 2016.
Explicó que este programa es para obras de infraestructura básica, en base a un oficio de autorización que se les dio a inicio  de  año, que dijo corresponde al tope presupuestal que tendrá la delegación para ejecutar acciones.
Dijo que en base a ello se hicieron los convenios con los alcaldes, dependiendo de las obras de relevancia  en  sus municipios.
Agregó que “en  la mayoría de los casos las obras están en un nivel de avance que supera el 50 por ciento, los alcaldes han puesto de sus recursos propios para llevarlas a un nivel de avance físico mayor al que tiene en el avance financiero, y por eso hoy el reclamo del exhorto de (que) finalmente Sedatu deposite la contraparte que nos corresponde”.
Armenta Tello refirió que de los 105 millones de pesos de presupuesto del 2016, solamente ha sido entregados 15 millones, y que espera la diferencia para poder  hacer frente a los compromisos con los presidentes municipales.
“Desconozco por qué (no ha sido entregado el dinero), porque  no depende de la delegación sino de la Oficialía Mayor de la secretaría, y finalmente también de la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público), y estos recursos fueron ministrados a la secretaría y de la secretaría a las delegaciones, lo que está pendiente”, detalló.
Refirió que a la delegación le  han pedido  los avances de obra, que se tiene más del 78 por ciento de avance de estas acciones y que el convenio prevé que el 50 por ciento lo ejecuten  los municipales y el 50 por ciento con recursos federales, lo que indica que en la mayoría de los casos hubo ya recurso municipal que se ministró a estas obras para tener un avance mayor.

Sería “inadmisible” que se recorte el presupuesto de seguridad, insiste Evodio

El presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre informó que ya hace gestiones con los diputados federales para que el recorte a las partidas de seguridad e infraestructura de 2017 no afecten a Acapulco.
Defendió que la inversión en seguridad es prioritaria y por lo menos se debe mantener el presupuesto aplicado este año.
En declaraciones a reporteros después de la cuarta reunión de la Red sobre Pobreza Multifuncional, el alcalde dijo que sería “inadmisible” que se reduzca el presupuesto en seguridad.
“No podemos permitir que hoy la parte más sensible de la ciudad que es el tema de la seguridad, y que poco a poco, lo digo con responsabilidad, no es la percepción que quisiera ver la gente pero está funcionando poco a poco, mal haría hoy el Congreso (federal) que es el que define (la asignación) y decide mermar estos fondos muy importantes”.
Abundó que en seguridad lo que pide es que haya un fondo especial para Acapulco y que el dinero para la Prevención del Delito, que este año fue de 90 millones de pesos, se mantenga para 2017 porque en el proyecto de presupuesto no existe, y que el subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) no tenga disminuciones como pretenden a los diputados federales.
Confió en que las gestiones van bien porque se ha planteado la necesidad que tiene el municipio y las obras de alto impacto para mejorar la ciudad.
Velázquez Aguirre indicó que el gobierno municipal ha presentado los proyectos ejecutivos para que los diputados puedan asignar el dinero para financiar las obras.
Ayer el alcalde viajó nuevamente a la Ciudad de México para reunirse con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y diputados federales porque su prioridad es la seguridad, fortalecer el turismo y llevar bienestar a los vecinos en las colonias, como el mejoramiento de los servicios de agua potable, según dijo.
De las granjas solares que anunció se construirán para dar servicio de energía eléctrica a la CAPAMA, el alcalde reiteró que se trata de ahorrar un 30 por ciento en el consumo de energía eléctrica y hacer sustentable las instalaciones municipales.
Por la mañana el alcalde supervisó los trabajos que se hacen en la Costera junto a la glorieta de la Base Naval para sustituir 15 metros del colector de drenaje en el carril que va de la Base al Zócalo.
Los trabajos de la CAPAMA para reemplazar el colector comenzaron el lunes y concluyeron ayer con la colocación de un tubo de polietileno de alta densidad, del cual se estima tenga una durabilidad de 50 años.
Ayer los trabajadores de la CAPAMA repusieron el muro del canal pluvial que pasa por la zona, y rellenaron y compactaron el tramo donde se hizo la excavación para reponer el concreto que fue retirado de la vía para que se pueda restablecer la circulación vehicular por la zona.

Toman damnificados por Manuel la caseta de La Venta; piden entrega de viviendas y apoyo

Damnificados por la tormenta tropical Manuel tomaron la caseta de La Venta y dieron el paso libre por casi tres horas, para exigir la entrega de 80 viviendas a familias, además de reclamar al gobierno del estado 4 millones 700 mil pesos de proyectos para el campo.
A las 11:40 de la mañana, unos 150 damnificados de los municipios Juan R. Escudero, Tixtla y Acapulco, además de ejidatarios de Icacos, tomaron la caseta y dieron el paso libre a los automovilistas, transporte de carga y autobuses, para exigir la presencia de las autoridades del estado y que una comisión fuera atendida en Chilpancingo.
En declaraciones, el secretario estatal de la organización Alianza Ciudadana Democrática (ACD), Wildler Pita Navarrete, informó que 80 familias de las comunidades de Papagayo, Juan R. Escudero y Acatempan, en Tixtla, y de Kilómetro 38, Kilómetro 21 y Los Órganos de San Agustín, de Acapulco, seguían sin ocupar las casas ofrecidas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
Además de que no han recibido 4 millones 700 mil pesos para proyectos del campo, que fueron solicitados en tiempo y forma a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado.
Por la tarde, el también integrante de ACD, Demócrito Flores Sonduk, informó que el gobierno del estado liberó 200 mil pesos de los proyectos para el campo.
Al mediodía, el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, llegó a la zona de la protesta y los damnificados le reprocharon que cada vez que dialogan sólo les promete que lo resolverá pero no cumple los acuerdos firmados.
Después, en una reunión improvisada y de forma privada, los damnificados y el delegado platicaron y, según lo informado por Flores Sonduk, una vez más el funcionario les prometió acelerar la construcción y entrega de las casas. En el caso de la comunidad de Papagayo, finiquitar la compra del predio para la reubicación.
Al lugar llegó el delegado de Gobernación federal, Juan Moreno Barrios, que advirtió a los manifestantes que si no retiraban su protesta serían desalojados, lo que no pasó.
También llegó el delegado regional de Gobernación, Osiel Morales Nava, quien pidió a los manifestantes retirarse de la caseta para que una comisión fuera recibida en Chilpancingo.
Después se informó que en la mesa de diálogo en Chilpancingo, el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado, atendió a tres representantes con quienes programó otra reunión el próximo martes.
A las 2:36 de la tarde, los inconformes se replegaron a un costado de la caseta, y a las 4:26 de la tarde se retiraron, luego de la reunión y acuerdos en Chilpancingo.
Durante la manifestación permanecieron entre 15 y 19 patrullas de la Policía Federal en la zona, además acudieron dos patrullas de estatales y dos de municipales.
Los ejidatarios de Icacos que se sumaron a la movilización demandaron al gobierno federal la entrega de los predios expropiados y ocupados por Pemex, la Sedena y el Centro de Convenciones.

 

 

Más de diez ayuntamientos pidieron adelanto de recursos para aguinaldos, informa Apreza

 

Más de diez ayuntamientos han solicitado el adelanto de participaciones al gobierno del estado para poder cumplir con el pago de aguinaldos para este fin de año, informó el secretario de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón.
Consultado al finalizar el izamiento a la bandera, el funcionario estatal contestó que más de diez ayuntamientos requerirán el apoyo del estado para concluir su periodo administrativo.
Sin entrar en detalles sobre cuáles ayuntamientos y cuáles son los montos solicitados, el funcionario aseguró que en ese momento no tenía el dato exacto sobre lo que requieren.
Se le preguntó si los que solicitaban recursos eran Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Taxco, Iguala o Tecpan, pero insistió en no recordar cuáles eran los que presentaron la solicitud.
También se le preguntó si habría cambios en los 51 mil millones de pesos que proyecta el gobierno de presupuesto para el 2017, a lo que contestó que el Ejecutivo respetará la iniciativa de decreto del Poder Legislativo.
“Son dos niveles, uno que tiene que ver con el presupuesto local que presentamos nosotros, y el otro que aprobará el Congreso de la Unión; la iniciativa que presento el Ejecutivo al Legislativo de Guerrero fue de 51 mil 150 millones”, agregó.
Dijo que el Poder Ejecutivo será respetuoso de lo que determine el Congreso en cuanto al presupuesto.
“Estaremos atentos a la aprobación de los próximos días que haga el Congreso de la Unión, sobre el presupuesto federal para el 2017”, dijo.
El secretario de Finanzas subrayó que se están haciendo los ajustes necesarios para que se pueda cumplir con los derechos salariales, por lo que se continúan los trabajos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.
“Evidentemente vamos a requerir el apoyo y vamos bastante avanzados, ¿de qué tamaño?, estamos viendo nos hacen falta los comportamientos de ingreso de noviembre y diciembre y de eso dependerá mucho el tamaño de apoyo de la Secretaría de Hacienda”, detalló.
Recordó que el gobierno del estado para poder pagar los salarios y aguinaldos de los más de 20 mil trabajadores requiere mil millones de pesos.

No hay recursos que alcancen para frenar la violencia, dice el secretario de Gobierno

 

El secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, admitió que hay problemas de seguridad en las colonias Progreso y Ciudad Renacimiento, donde se invierte dinero del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia (Pronapred), y admitió que no hay recursos que alcancen para dar solución.
El Sur ayer publicó que las colonias Progreso y Ciudad Renacimiento, que son dos polígonos donde desde el 2013 se ha invertido recursos de Pronapred para la prevención del delito, es donde se ha registrado el mayor número de homicidios dolosos: 140 de los 857 que se tienen registrados en el municipio este año hasta el domingo 30 de octubre.
Meza Loeza señaló que “desafortunadamente es algo en lo que nosotros estamos tratando de contribuir, de coordinarnos con los diferentes ámbitos de gobierno y las áreas policiacas, desafortunadamente se siguen dando, a lo mejor no en el mismo volumen o cantidad pero se siguen dando”, e indicó que hay un problema de inseguridad que no es nuevo.
Afirmó que ha habido una disminución en los homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada, pero “con dos o tres hechos violentos que suceden lo mucho que se había hecho en ese trabajo que se había disminuido, por la forma en que se dan prenden a la ciudadanía… y eso hace que no se vea el trabajo que hacemos”.
Negó que las acciones que se llevaron a cabo con recursos de Pronapred hayan fallado.
Dijo que si el problema fuera menor la solución sería poca, pero “si el problema se fue dejando es más grande, la solución también va a costar más tiempo.
Meza Loeza agregó que “no hay recurso que te alcance en esa situación, pero además el crecimiento de la ciudad es enorme, tenemos demasiados habitantes, al haber mayor número de habitantes el riesgo también es mayor, y si no se ha atendido por años a esa sociedad, si no se le da infraestructura para que tengan mejores escuelas, canchas deportivas, lugares donde recrearse y hacer una actividad que les ayude a salir adelante, lógico que se va a generando crecer otras ideas que no son las mejores, y nuestros menores cada vez más jóvenes se están yendo a la delincuencia”.
Indicó que el gobierno pide la cooperación de la sociedad para sacar adelante y se va a buscar que el próximo año siga habiendo recursos. “Necesitamos combatir, y una de las formas de combatir la pobreza y la delincuencia es fomentando el empleo, pero además desde la familia, ahí es donde tenemos que apostarle”.
Explicó que los padres deben hablar con sus hijos, “lo que se busca este gobierno es que la sociedad y las áreas de seguridad hagamos un clic, nos conjuntemos, es lo que buscamos que nos ayudemos entre todos, que fomentemos la denuncia, si no se denuncia es difícil que se tenga conocimiento de los hechos, entiendo muchos tienen temor y no denuncian, pero cómo se le hace conocimiento a la autoridad, si no hay denuncia”.
Dijo que los recursos federales que se destinan en los polígonos de la Progreso, Ciudad Renacimiento y la Jardín son para llevar a cabo acciones integrales, “no tanto para reforzar el tema de seguridad con más armamento, sino con diferentes brazos que ayuden a disminuir la pobreza y a la vez erradiquemos la violencia e inseguridad”.
De los dos militares levantados el sábado en la tarde en el Mercado Central y encontrados asesinados el domingo en la noche debajo del puente de Vía Rápida, el secretario explicó que es un hecho condenable, “desafortunadamente el crimen es como opera, si atacas una zona donde le estás pegando, donde ellos están actuando, donde ellos por así decirlo tienen sus bases, vienen ellos y se trasladan a otro lado, buscan dónde pueden hacer sus crímenes”.
Justificó que los grupos delincuenciales “actúan bajo el sector sorpresa, uno no sabe qué van a hacer, qué planean y ellos buscan la mejor hora, el mejor lugar para poder hacerlo”, y en respuesta a eso se trabaja con el Ejército, la Marina, Policía Federal y del estado.
Meza Loeza aseguró que la Base de Operación Mixta instalada hace una semana en la colonia Progreso continúa, aunque “lamentablemente suceden estos hechos y lo relacionan, pero cuántos se han dado sin que haya un operativo, en esa colonia focalizado esa situación, esperemos que no se dé más”.