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El gobierno no negocia la aplicación de la ley, dice Gobernación al obispo

El gobierno “no negocia la aplicación de la ley”, responde Navarrete Prida al obispo

Agencias Proceso y Reforma

Ciudad de México

El gobierno mexicano “no negocia la aplicación de la ley”, dijo este lunes el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, en respuesta a las declaraciones del obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien dio a conocer que el viernes se reunió con un jefe del narcotráfico y que éste se comprometió a no realizar actos violentos durante el proceso electoral en Guerrero.
Entrevistado después de inaugurar la sala Jorge Carpizo, en el Museo de las Constituciones, el funcionario federal declaró: “El gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley y no hay posibilidad alguna de que eso ocurra. No es un tema dubitativo, las leyes se acatan y se cumplen”.
Y sobre el problema del narcotráfico en territorio guerrerense, añadió: “Sí tenemos un problema en Guerrero, sí ha habido temas con candidatos en materia de seguridad, sí ha habido ejecuciones en una zona cercana a Chilpancingo que es Chilapa, y sí tenemos obligación de entrar a esos lugares y aplicar la ley. No el uso desmedido de la fuerza, sino poner a disposición de un juez a quien la haya infringido”.
De acuerdo con el obispo Salvador Rangel Mendoza, el pasado 30 de marzo subió a la sierra de Tlacotepec, para “agradecer” a un jefe de la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico su decisión de restablecer el servicio de agua y luz para los habitantes del poblado de Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro Castillo, lugar donde dos bandas delincuenciales mantienen una confrontación por el control de las zonas de producción y trasiego de goma de amapola.
Dijo que a petición suya, el jefe del narcotráfico le prometió que su organización no matará candidatos, y que hizo el compromiso de bajar el nivel de violencia en la sierra y no interferir en el proceso electoral, pero planteó dos condiciones: “que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto, sino que realicen obras en la Sierra, y que cumplan sus promesas de campaña porque la gente está molesta ante la indiferencia gubernamental y política”.
Agregó: “Ellos hicieron ese compromiso conmigo y espero que lo respeten, yo espero que sí”.
Navarrete Prida reaccionó ayer a la declaración del obispo: “Vi declaraciones en medios, no conozco el contexto. Desde luego se ha estado en contacto con la Conferencia del Episcopado Mexicano y con el arzobispo primado de México.
“Habrá que ver cuál es el contexto en el cual ocurrieron estas declaraciones, lo que es un hecho es que gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley, no es un tema dubitativo, las leyes se acatan y se cumplen”, dijo el funcionario federal.
Sin pronunciarse sobre la legalidad del encuentro del prelado, Navarrete dijo que en la medida en que todos cumplan la ley y generen gobernabilidad en un marco del derecho, abonan a tener un país mejor.

Ningún pacto con criminales; están fuera de la ley,
dice Evodio

Mariana Labastida

El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, consideró que los pactos no deben  caminar en impunidad, corrupción ni fuera de la ley, en respuesta a la declaración del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, de que se reunió con un capo, quien le prometió que su grupo no matará candidatos.
“Yo no estaré de acuerdo en buscar un diálogo al respecto, creo que el tema debe de ser muy claro y preciso”, dijo el alcalde, quien recalcó que lo más importante es que funcionen las instancias institucionales de seguridad, procuración de justicia, investigación e inteligencia.
Velázquez Aguirre expuso que se debe de llamar a la ciudadanía a que entienda que el actual proceso electoral es importante para el país porque pueden cambiar muchas cosas en México y lo importante es estar preparados, y que el proceso electoral sea un encuentro cívico y responsable donde los ganadores representen dignamente a México.
“Yo creo que no es un tema de pacto, el pacto no debe de caminar en impunidad ni corruptelas ni tampoco fuera de la ley. Lo más importante es que funcionen las instancias institucionales de seguridad, de procuración de justicia, de investigación, de inteligencia, marina, Ejército. Tenemos que hacer un llamado a la población, dentro de ese llamado están todos los que hacemos sociedad”.

También se reuniría con líderes de la delincuencia si se lo pide el gobierno, dice el rector de la UAG

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo que si el gobierno le pide de manera institucional reunirse con líderes de la delincuencia, lo haría para que dejen de matar a universitarios y reveló un nuevo plagio de un trabajador en el Campus Llano Largo, de Acapulco.
En declaraciones luego de la firma del convenio con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el rector reiteró que la institución ha perdido a más de 30 universitarios en cinco años.
Saldaña Almazán informó que hasta ayer no le habían precisado si el joven asesinado, el viernes en la Alameda de Chilpancingo, era estudiante de la institución. “El dato que salió –el nombre– lo metimos a los datos de la Universidad y no arrojó que fuera miembro de la institución”.
Lamentó el homicidio del joven y expresó que en el caso de que no fuera universitario, eso no quiere decir que no se hagan acciones para que la situación de inseguridad vaya mejorando en el país.
Saldaña Almazán también dio a conocer que las familias de los 30 universitarios asesinados han sido indemnizadas. Un reportero le insistió en la cantidad de dinero que la UAG destinó a cada familia, pero el rector expresó que por falta de garantías de seguridad no lo diría.

Rechazan PRI, PAN y MC el acercamientodel  obispo con jefe del crimen organizado

Jacob Morales, Rosalba Ramírez, Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los dirigentes estatales del PRI, PAN y MC, reprendieron al obispo de la diócesis Chilpancingo–Chilapa, Salvador Rangel Mendoza y coincidieron que no se debe de pactar con el narco en el estado.
En tanto el presidente del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, se dijo respetuoso de las opiniones de todos los sectores, e hizo un llamado a que el proceso electoral se desarrolle en las mejores condiciones sociales posible y en lo que marque la ley.
“Como Institución religiosa merece nuestro respeto como la merecen con los que convivimos de manera frecuente como los partidos políticos”, sostuvo, pero no quiso abundar en el tema, pese a la insistencia de los reporteros.

Apegarse a la ley: PRI

Para el presidente del PRI en el estado, Heriberto Huicochea Vázquez los partidos deben estar apegados al marco de la ley, sin pactar con grupos delictivos. En consulta telefónica, indicó que el PRI se ha mantenido “ajeno” a las declaraciones del obispo, porque estimó que son “consideraciones muy personales”.
Indicó que lo conveniente es marcar una ruta de trabajo en materia de seguridad, y se deslindó de la denuncia de compra o coacción de voto y dijo que para eso está la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a la cual pueden recurrir los ciudadanos.
Y dijo que respeta la opinión del prelado católico, “ellos son autónomos, y pueden hacer lo que mejor les convenga. Lo que no podrían hacer es establecer estos mecanismos de coordinación (con los narcotraficantes), o como se pueda llamar fuera del marco legal”.
Aceptó que hay violencia en la sierra y abandono de de parte de las autoridades, como lo han señalado el obispo, asociaciones de derechos humanos y de productores, pero hay que alentar prácticas en el marco del derecho y analizar lo que ocurre en la región.
Reconoció que una de las acciones pendientes es la constitución de la Sierra como octava región.

Recordar al obispo sus facultades: MC

Mientras el delegado nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero, Adrián Wences Carrasco, afirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob) debe reconvenir lo declarado por el obispo y recordarle hasta dónde tiene facultades para realizar reuniones con capos y hacer declaraciones “que parecen ocurrencias”.
Consultado por teléfono, el delegado de MC en Guerrero cuestionó al obispo porque no declaró con qué grupo de la delincuencia organizada se reunió, porque recordó que tan solo el territorio de Acapulco es disputado por decenas de bandas al igual que el resto de las regiones del estado.
Entonces dijo que ante las declaraciones y las acciones del obispo, “se tiene que meditar una intervención de la Secretaría de Gobernación, porque puede ser muy loable, de muy buena fe pero está fuera de la ley”.
Calificó también como inaceptable que el obispo como representante religioso “se siente a negociar algo tan delicado como es esto” y arremetió contra el religioso: “la ley debe aplicarse parejo, y la Constitución dice claramente hasta dónde están las funciones de un sacerdote o representante de cualquier culto religioso, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.
Adrián Wences lamentó que el obispo no tome en cuenta “o se haya enterado” que existe un pacto por la seguridad y que el gobierno del estado entregó a los partidos políticos un mapa de riesgo, como medidas para prevenir hechos violentos relacionados al proceso electoral.
Sin embargo, la presentación del mapa fue un mecanismo para informar a los partidos cuales son las zonas de mayor violencia y establecer coordinación durante los recorridos de los candidatos en campaña, pero no para terminar con la violencia en esas zonas.
Pero para el delegado de MC, la presentación del mapa de riesgo es una “muestra de la intención del gobierno para que se pueda transitar con toda tranquilidad, pero este señor (el obispo) al margen de todo esto está negociando y ya negoció con un grupo y no informa cuál es”.
Wences Carrasco dijo que la Segob debe intervenir porque el obispo “transgrede los límites de lo que dispone la ley” y consideró que “pone en una situación muy delicada al gobierno federal, porque tiene que intervenir y reconvenir”.
Insistió que el religioso se está “metiendo en un terreno que no le corresponde, porque nosotros (los políticos) no vamos a oficiar misa, tenemos claro cual es el limite de cada quien”.

Que gobierno no retome la propuesta:?PAN

Por su parte el presidente estatal del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva, agradeció la preocupación del obispo Rangel Mendoza, pero “no lo comparte”, además recordó que el gobierno del estado no debe de negociar con cualquier persona que haga cosas ilícitas.

 

Ningún pacto con criminales; están fuera de la ley, dice Evodio

El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, consideró que los pactos no deben  caminar en impunidad, corrupción ni fuera de la ley, en respuesta a la declaración del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, de que se reunió con un capo, quien le prometió que su grupo no matará candidatos.
“Yo no estaré de acuerdo en buscar un diálogo al respecto, creo que el tema debe de ser muy claro y preciso”, dijo el alcalde, quien recalcó que lo más importante es que funcionen las instancias institucionales de seguridad, procuración de justicia, investigación e inteligencia.
Velázquez Aguirre expuso que se debe de llamar a la ciudadanía a que entienda que el actual proceso electoral es importante para el país porque pueden cambiar muchas cosas en México y lo importante es estar preparados, y que el proceso electoral sea un encuentro cívico y responsable donde los ganadores representen dignamente a México.
“Yo creo que no es un tema de pacto, el pacto no debe de caminar en impunidad ni corruptelas ni tampoco fuera de la ley. Lo más importante es que funcionen las instancias institucionales de seguridad, de procuración de justicia, de investigación, de inteligencia, marina, Ejército. Tenemos que hacer un llamado a la población, dentro de ese llamado están todos los que hacemos sociedad”.

También se reuniría con líderes de la delincuencia si se lo pide el gobierno, dice el rector de la UAG

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo que si el gobierno le pide de manera institucional reunirse con líderes de la delincuencia, lo haría para que dejen de matar a universitarios y reveló un nuevo plagio de un trabajador en el Campus Llano Largo, de Acapulco.
En declaraciones luego de la firma del convenio con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el rector reiteró que la institución ha perdido a más de 30 universitarios en cinco años.
Saldaña Almazán informó que hasta ayer no le habían precisado si el joven asesinado, el viernes en la Alameda de Chilpancingo, era estudiante de la institución. “El dato que salió –el nombre– lo metimos a los datos de la Universidad y no arrojó que fuera miembro de la institución”.
Lamentó el homicidio del joven y expresó que en el caso de que no fuera universitario, eso no quiere decir que no se hagan acciones para que la situación de inseguridad vaya mejorando en el país.
Saldaña Almazán también dio a conocer que las familias de los 30 universitarios asesinados han sido indemnizadas. Un reportero le insistió en la cantidad de dinero que la UAG destinó a cada familia, pero el rector expresó que por falta de garantías de seguridad no lo diría.

 

El gobierno sabe quiénes son y dónde están los responsables de la violencia en la capital, dice el obispo

 

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dijo que los asesinatos que han ocurrido en la capital se deben a los ajustes de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada, y que el gobierno federal y estatal deberían intensificar la labor de inteligencia para detener a los presuntos delincuentes y bajar los índicies de violencia.
Consultado en el tercer aniversario de la llegada de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a los pueblos del Valle del Ocotito, Rangel Mendoza comentó que la violencia  en el estado y la capital es a consecuencia de que la población no ha tenido la oportunidad de la educación, desarrollo, “como en el caso de la Sierra y Montaña no hay infraestructura educativa y campo”.
“Pero sobre todo veo que estos asesinatos normalmente son ajustes de cuentas, es una cuestión de ellos (delincuentes), un ejemplo si observas la mayoría de la población que está en el Zócalo está tranquila, pero en otros lugares hay delincuentes”, declaró.
El obispo de la diócesis de Chilpancingo- Chilapa señaló que al gobierno federal y estatal les hace falta intensificar la labor de inteligencia “porque ellos saben quiénes son, dónde están, no necesitamos muchos soldados, ni federales en las carreteras, sino que ellos vayan directamente a detener a los delincuentes”.
Sobre los altos sueldos que ostentan los consejeros electorales y altos funcionarios del gobierno, el obispo Salvador Rangel Mendoza opinó que no es justo que políticos tengan un salario supermillonario y que la población gana 84 pesos “que es una miseria que gana los mexicanos y no les alcanza nada”.
Rangel Mendoza celebró el plan de austeridad que realizó el gobierno del estado que aplicará ante el aumento en el precio de las gasolinas incluyen una reducción en los sueldos de los funcionarios, renta de inmuebles, vehículos, aeronaves y telefonía.

 

 

Proponen familiares de desaparecidos en Iguala crear un grupo de reacción antisecuestro

Familiares de víctimas de desaparición forzada en el estado pidieron ayer en esta ciudad durante el foro convocado por la asociación civil Guerrero es Primero, la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparecidos, en coordinación con autoridades de los tres niveles, universidades y asociaciones, para emitir alertas al momento de la desaparición o secuestro de personas.
Asimismo, en el encuentro en el auditorio de la Universidad Tecnológica de la Región Norte (UTRN) al que asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de diferentes municipios del estado, en su mayoría del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, la creación de una base de datos nacional “confiable” en el que se lleve un registro de muestras de ADN de los familiares y de los cuerpos que son recuperados en fosas clandestinas, a los que piden también que “se les ponga nombre y apellido”.
Asimismo, se planteó la creación de un instituto forense a través del cual se dé certeza a las familias, de que los cuerpos que les son entregados realmente son los de sus familiares desaparecidos, además de que a través de éste se dé agilidad a la identificación de los cuerpos recuperados en fosas clandestinas.
De acuerdo con información de dos de los coordinadores del encuentro, del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena y Jaime Betancurt, éste es el primero de cuatro foros que son convocados por la asociación civil Guerreros Primero, integrada por el Centro Lindavista, la Universidad Loyola del Pacífico, la Arquidiócesis de Acapulco, la Iglesias por la Paz y otras 50 organizaciones sociales, productivas y populares en las diferentes regiones de Guerrero.
Jaime Betancur, que se unió al comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala y a la búsqueda de fosas clandestinas para localizar a sus dos hijastros, indicó que los foros van encaminados a que sus propuestas sean incluidas en al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y se prevé que el próximo foro de seguimiento sea también en esta ciudad, entre el 11 y el 15 de febrero, y que el tercero sea en Ayutla.
El foro, en el que se esperaba la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, y del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, contó con la presencia del obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel; de visitadores de la CNDH; de los regidores perredistas del Ayuntamiento de Iguala Martha Todd Mena, Ednali López y Mauricio González Razo.
También asistieron, la activista y ex regidora del PRD en Iguala, Sofía Mendoza, pareja del asesinado líder de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona; integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’paah (OPIM); y de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, representada por su secretaria, María Magdalena López.
Asimismo, asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de los municipios de Iguala, Teloloapan, Chilapa, Acapulco, Cocula, Altamirano, Chilpancingo, Ayutla y Cuernavaca.

Más de 450 desaparecidos

Una de las representantes del comité de Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena, que tiene desaparecido a su esposo desde hace cinco años, dijo que son más de 450 familias que tienen desaparecidos y que están registrados ante el comité de Iguala, y señaló que estos foros son también, “para sensibilizar a la población de lo que está pasando en Guerrero, y de los cientos de personas que están desaparecidas en Guerrero”.
Describió que tener a un familiar desaparecido, “es morir lentamente, a nosotros se nos mata a pausas, es una desesperación total”.
Pidió a la población “aprender a vivir y acercarse a Los Otros Desaparecidos, que puedan entender que no somos una bomba latente y que pueden prevenir lo que a mí me pasó, y que te puede pasar a ti mismo”, a quien dijo, la gente les huye por el temor de que algo les vaya a pasar.
Señaló que la mayoría del comité de Los Otros Desaparecidos son madres o esposas en edad avanzada, o que se quedaron con niños a los que ahora crían y sostienen solas.
Recordó que a más de un año de su surgimiento, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala ha logrado el hallazgo de 123 cuerpo que han sido exhumados de fosas clandestinas, y que ahora la petición a la Procuraduría General de la República (PGR) es que a esos cuerpos se les ponga nombre y apellido, para que los regresen a sus familiares.
Propuso la creación de un instituto forense con sede en Iguala que ayude a la identificación de cuerpos recuperados de entierros clandestinos y que dé a las familias la certeza de que los restos que les son entregados, afectivamente son de sus familiares, “porque nos ha tocado vivir en carne propia de cuerpos que se han entregado a sus familias y al año regresa con vida la muchacha de la que supuestamente habían entregado los restos”.
Criticó que los peritajes no se practican como deberían ser, y que las autoridades pretenden entregar los restos a las familias sólo para dar por concluidos sus casos.

Grupo de Reacción Inmediata

Durante el foro, se realizaron siete mesas de trabajo: Protocolos de reacción inmediata; área de búsqueda en la Fiscalía y apoyo a búsqueda ciudadana; medidas de prevención; las autoridades que los ciudadanos requieren en temas de seguridad pública; instituto forense; apoyo a necesidades de las familias y condiciones de vida digna.
Se plateó la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparición, mediante el cual pretenden tener coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas, asociaciones civiles y organizaciones para difundir a través de redes sociales y emitir alertas cuando se registre alguna desaparición en cualquier parte del estado.
En la reunión, los familiares de desaparecidos denunciaron la falta de apoyos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Asimismo, pidieron a la CNDH, CEAV y Guerreros Primero, que intervengan a nivel nacional para hacer el estudio diagnóstico integral de las familias para que se les dé atención a sus necesidades económicas, sociales, culturales y de salud.

Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos

El representante de la asociación Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, J. Guadalupe Téllez Castrejón, quien busca a su hijo José Alberto Téllez Mora, que tenía 14 años cuando fue secuestrado el 20 de septiembre de 2011 en Acapulco, planteó la creación de una base de datos a nivel nacional confiable, en la que se integren las muestras de ADN de todas las familias y que esta información pueda ser cruzada con los cuerpos que están siendo recuperados de fosas clandestinas en diferentes partes del país.
Narró que, tres meses después del secuestro de su hijo pagaron el rescate que les pidieron, los delincuentes les dijeron que en tres días lo dejaban en libertad, lo cual no cumplieron.
Dijo que presentaron las denuncias del secuestro de su hijo ante la Fiscalía Antisecuestros del estado y la PGR, pero hasta ayer no tenía ninguna información de la investigación, “las autoridades no hacen nada por buscar a nuestros desaparecidos, por lo que es necesario contar con una base de datos a nivel nacional”, detalló.
Informó que su hijo fue plagiado por la mañana cuando se dirigía a la escuela, y recordó que por este hecho hay seis personas, detenidas en mayo de 2012, que no quieren informar del paradero de su hijo.
Respondió, a pregunta hecha, que en esta asociación, la cual tiene poco tiempo de haber sido integrada por 20 familias de desaparecidos, se reúne los sábados en la arquidiócesis de Acapulco, “en Acapulco no son 20 los desaparecidos, podría decir que son cientos, y esperamos que en corto tiempo seamos más en la asociación civil”.