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Presentan en Televisa un reportaje que documenta que en el Iecan causaron la muerte de un bebé con medicinas sin registro

Un reportaje publicado este martes en Primero Noticias de Televisa reveló que la Secretaría de Salud (Ssa) y el Instituto de Cancerología (Iecan) en Acapulco aplicaron medicamentos sin registro sanitario –además de que el director de ese instituto no cuenta con una especialidad en la materia– y esa situación fue la causa de la muerte de un bebé y de que cuatro más y una mujer adulta estuvieron en riesgo de perder la vida.
La información que se difundió en el noticiero matutino incluyó declaraciones de los trabajadores de ese instituto, en el sentido de que advirtieron a sus superiores que los medicamentos que estaban aplicando no contaban con el registro sanitario correspondiente para las quimioterapias a los pacientes con cáncer, pero no recibieron respuesta.
En el trabajo periodístico se cita el caso de Mateo, un bebé de 7 meses que recibió tratamiento en el hospital de Cancerología y que el personal asentó en el acta de defunción que murió por una “intoxicación” debido a la sustancia química no autorizada.
Sin embargo en el documental se denuncia que la muerte del menor se debió a que en el Instituto Estatal de Cancerología se le aplicaron las quimioterapias con medicamentos sin registro sanitario, que le causaron la muerte y pusieron en riesgo la vida de otros cuatro y una mujer adulta.
Establece que el oncólogo Marcelino Gaytán Ángel y la jefa de oncopediatría, Anaberta Rivera Ramírez alertaron a la dirección del Instituto desde el 26 de agosto del 2016 que se estaban aplicando los medicamentos sin registro sanitario.
En un documento al que tuvieron acceso los reporteros de la televisora, se informa que los directivos surtieron el medicamento por una distribuidora diferente a la habitual, y que fue cuando el efecto no fue el mismo.
En el reportaje los padres del menor que falleció, a quienes identifican como Jesús y Jeydi, revelaron que su hijo sufría de esclereostosis (un tipo de cáncer que afecta a los tejidos) por lo que empezó a recibir quimioterapias y le aplicaron una sustancia denominada Methotrexate.
Según la madre del menor su hijo recibió bien las primeras quimioterapias, pero en la octava comenzó a presentar reacciones adversas.
Asimismo refiere que la salud de su hijo se agravó y sólo resistió 3 días, después de la última quimioterapia murió a los 7 meses de edad, en agosto del año pasado.
El padre del menor explicó al equipo de investigación de Televisa que le informaron que su hijo murió por intoxicación, y que los doctores le confirmaron que la reacción adversa fue porque el medicamento le fue cambiado por los directivos del hospital.
Se establece que una semana después del fallecimiento del Mateo, la jefa de oncopediatria del Instituto de Cancerología alertó en un documento al director Jorge Eblem Azar del riesgo en que se encontraban cuatro pacientes de nuevo ingreso, a quienes también se les aplicó la quimioterapia Methotrexate, ya que el tratamiento no estaba haciendo efecto y advirtió mediante un escrito que: “por el momento no aplicaremos quimioterapia tóxica de nuevos laboratorios.
En la investigación se menciona que la doctora Rivera dijo que investigaron y encontraron que se cambió el laboratorio que les surtía el Methotrexate, y que eso fue lo que ocasionó “múltiples complicaciones”.
La misma médica explicó que después aplicaron quimioterapia cisplatino con engrudo “cuyo color era amarillo cuando su color debía de ser blanco y transparente”.
Dijo que eso descubrió que les estaban surtiendo Methotrexate del laboratorio Columbia, con el cual hace 10 años habían tenido complicaciones y que por eso lo habían dejado de comprar.
El personal médico confirmó que al niño Mateo le aplicaron quimioterapia con ese medicamento de ese laboratorio, y el expediente clínico le fue entregado a sus padres en septiembre del año pasado, pero en febrero pasado el director del Instituto negó a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que se haya aplicado quimioterapia de ese laboratorio y hasta les dio copia del expediente.
Sin embargo los padres del bebé que falleció mostraron un expediente distinto al que se entregó en el Instituto.
Los padres mostraron el expediente que les entregaron con hojas suprimidas que no estaban en el expediente que el Instituto entregó al equipo de investigación de la televisora.
Asimismo el documento en el que la jefa de oncopediatria alertó de la mala calidad del documento señala que en realidad no hubo problemas con la quimioterapia, pero que tampoco exageró en su escrito, y explicó que lo único irregular fue el cambio de distribuidor y que si hay un responsable es el encargado de compras de la Secretaría de Salud.
El oncólogo Marcelino Gaytán Ángel escribió al jefe de recursos materiales de la Secretaría de Salud que en los últimos meses se habían presentado múltiples internamientos de personas adultas por toxicidad secundaria por la aplicación de quimioterapia, “lo cual no sucedía antes”, por lo que solicitó la compra de medicamentos de mejor calidad y eficacia.
En el reportaje se dice que el director del Iecan afirmó que los documentos de la jefa de oncopediatría y el oncólogo Gaytán “faltan a la verdad”, y señala que nunca se cambió la marca del medicamento, no obstante que reconoció que en el Instituto había 17 frascos de Methotrexate de laboratorios Columbia pero que éstos “fueron donados al Instituto y que nunca se usaron”.
Sin embargo, la investigación periodística establece que un documento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fechado el 17 de febrero de 2017, asegura que no existe un documento firmado o sellado por el almacén que avale esa donación.
El reportero aseguró que el director del Iecan le dijo que la adquisición de medicamentos no se certifica, y que se los compran directamente a cuatro empresas.
Otra irregularidad que se denuncian en el reportaje es que Jorge Eblén, director del Iecan fue nombrado por el gobernador Héctor Astudillo Flores sin que tenga cédula que lo acredite, a pesar de ser un requisito por decreto. Dijo que sus estudios los hizo en el Iecan que ahora dirige.
En la entrevista que le hizo un reportero del noticiero, el director aclaró que la especialidad la hizo en el Instituto y que es ginecólogo, pero que su documento no lo ha podido avalar.
Es falso que se aplicó medicamento sin registro:?Ssa

El conductor del noticiero, Carlos Loret de Mola, consultó al secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, quien dijo que desde que se conoció el problema el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Salud, investigó en Regulación Sanitaria para que se hiciera un análisis de todos los documentos apoyados por la Cofepris para analizar el origen de las denuncias.
El funcionario dijo que la conclusión fue que “fue falso” que el Instituto de Cancerología haya aplicado medicamentos sin registro sanitario, y que todo lo suministrado “cuenta con el registro por parte de la Cofepris”.
–Pero en este documento del 2016 la Cofepris habla de que el medicamento de laboratorio Columbia fue cancelado, y el expediente de la muerte del niño dice que sí se le suministró Methotrexate de laboratorios Columbia, pero esta hoja no aparece en el expediente que mandó el Instituto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y sí en el expediente que le dieron a los padres–, le dijo el reportero.
–Se hizo un análisis minucioso por parte de la Cofepris a nivel nacional para analizar las compras, y los documentos y la conclusión fue que es falso que el Instituto de Cancerología otorgue medicamentos a pacientes sin registro sanitario, y que todos los medicamentos tienen registro de la Cofepris–, insistió el funcionario.
El reportero le respondió que en el expediente que le entregaron a los padres del niño confirma que sí se le administraron Methotrexate de laboratorios Columbia.
“Se hizo un análisis por parte de la Cofepris a nivel nacional y el resultado es que nosotros no tenemos una factura, y nunca se le puso ese medicamento a los niños. Se le puso medicamento debidamente registrado y obviamente Methotrexate…”, insistió el secretario de Salud.
Explicó que los pacientes presentan padecimientos que “por su historia original de la enfermedad presentan complicaciones”, que el Methotrexate es un medicamento agresivo y que de acuerdo a las características de la enfermedad puede producir mayor toxicidad.
Una reportera cuestionó durante el noticiero que si el personal del Instituto había advertido del medicamento sin registro y la toxicidad del medicamento que lo estaba provocando, además de que los pacientes no estaban reaccionando normalmente, por qué se siguió aplicando, y el secretario aseguró que sí se cambio el medicamento, pero la reportera le dijo que fue hasta después de la muerte del niño, entonces de la Peña Pintos aseguró que se cambió antes.
En cuanto a la adquisición de los medicamentos de manera directa y sin licitación el secretario admitió que “puede ser que se compren de manera directa”, pero que de eso “no hay ningún problema” y que todo va de acuerdo a los montos de compra, y aseguró que el Methotrexate ya no está en los anaqueles de la Secretaría de Salud, y que todos los medicamentos tienen registro.
Loret de Mola preguntó al secretario por el expediente mutilado que entregaron a los padres, con las cuatro hojas que son clave de la irregularidades y el secretario lo negó.
–Pero aquí está la constancia–, insistió el reportero mostrando los documentos a la cámara.
–Si tienen (los padres) el otro expediente con las otras cuatro hojas, que lo demuestren.
El reportero insistió mostrando a la cámara dos de las hojas en las que, dijo, están sustentadas las acusaciones de la negligencia.
–Tienen las hojas–, insistió.
–Que lo demuestren.
–¿Pero que no ustedes son los que tendrían que investigar?–, preguntó otra reportera.
–Todo esto está en manos de las instituciones.
–A ver secretario, muere un bebé, hay una doctora que dice que los pacientes no sólo no mejoran sino que se debaten entre la vida y la muerte con el medicamento, hay un expediente mutilado, el director del Instituto no tiene cédula y usted dice que no pasa nada, ¿es caso cerrado?–, cuestionó Loret de Mola.
–No, absolutamente.
–Pero dice que todo está bien.
–Nosotros hemos investigado, pero está en manos de la propia Cofepris, la Comisión de Arbitraje Médico y de Derechos Humanos. Nosotros responderemos de acuerdo a todos estos aspectos institucionales–, contestó el secretario de la Peña Pintos.

Hay 16 centros de salud cerrados ante la violencia; cinco en San Miguel Totolapan y cinco en Zitlala: SNTSA

 

La secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Beatriz Vélez Núñez, declaró este lunes que 16 centros de salud se encuentran cerrados ante el temor de los trabajadores a la violencia, sobre todo en los municipios de San Miguel Totolapan y Zitlala.
Por otra parte, aseguró que la escasez de material, equipo y medicamentos que han denunciado trabajadores de algunos centros hospitalarios, como del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, ya se está resolviendo, y argumentó que el retraso de la entrega obedece al proceso de descentralización del Seguro Popular.
La dirigente sindical fue consultada la mañana de este lunes después del acto en el que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el presidente municipal de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena, dieron inicio a la construcción del parque lineal Río Huacapa.
Con respecto a la denuncia de trabajadores del Hospital General de Acapulco en el sentido de que están siendo cambiados a centros de trabajo de lugares de alta incidencia delictiva a manera de castigo, la dirigencia sindical aseguró que “no hay ningún castigo, sólo estamos cambiando 240 trabajadores en todo el estado”.
Aseguró que en Acapulco sólo son 22 trabajadores, de los cuales sólo hay cuatro del hospital de Renacimiento que se oponen al cambio ante los riesgos, “pero, por Dios, en Guerrero hay riesgos en donde sea”, dijo.
Añadió que éstos eran trabajadores de contrato que, al obtener su base se convirtieron en trabajadores de nuevo ingreso, y que están siendo enviados a los centros donde hay otros de sus compañeros que tienen más de 25 años y que necesitan reconcentrarse, “es un acto de justicia laboral”, aseguró.
La dirigente sindical informó que en el estado hay trabajadores que están solicitando su cambio por situaciones de violencia, específicamente en la Tierra Caliente y en Zitlala.
Vélez Núñez informó que, de ellos, cinco son del municipio de San Miguel Totolapan, un número igual en Zitlala y el resto en otros lugares de la entidad.
Agregó que en esos lugares también tienen solicitudes de los trabajadores que piden su cambio de adscripción, porque argumentan que han sido extorsionados o amenazados.
Destacó que, por estas causas, de 42 solicitudes ya solamente hay cinco que faltan de cambiar a otras sedes.
La dirigente sindical declaró que no procede la petición de los trabajadores que piden que no sean atendidos los heridos de bala en los centros hospitalarios civiles, y que sean trasladados a los hospitales militares, “a nosotros nos toca atender a toda la población civil”, dijo y agregó que en todo caso se requiere hacer cambios a los códigos Penal y Civil.
Informó que lo que la dirigencia sindical está solicitando es que se instalen las medidas de seguridad necesarias, entre éstas, cámaras de vigilancia en los centros hospitalarios.

Esta cubierto el 85% de la necesidad de medicamentos en el estado, dice la dirigente sindical

Sobre la falta de material, equipo, medicamentos y especialistas que han denunciado en los hospitales de Chilpancingo y Acapulco, la dirigente sindical aseguró que ya se está atendiendo y que con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, han tenido reuniones con los trabajadores para aclararles la situación.
En el caso del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, informó que se reunieron con trabajadores el viernes pasado.
Explicó que la Secretaría de Salud tenía algunos problemas con los recursos del Seguro Popular, a causa de “ciertos candados que trae ahora (el programa)”, pero aseguró que ayer ya estaba disponible el 85 por ciento de los medicamentos en las unidades de salud, “y el almacén también ya está lleno de medicamentos, y ya está permanente la distribución”, aseguró.
Explicó que el problema fue que, ahora el 40 por ciento de los recursos del Seguro Popular está destinado a la compra de medicamentos, y es el Seguro Popular el responsable de hacer la compra y la licitación de los fármacos porque se convirtió en el proveedor de la Secretaría de Salud.
Añadió que esto es a raíz de una descentralización del Seguro Popular, que se convirtió en un Organismo Público Descentralizado (OPD), “y esa parte administrativa fue lo que retuvo un poquito”.
La secretaria del SNTSA dijo que, sin embargo, en ninguna parte del país está al 100 por ciento la dotación de medicamentos, y que en Guerrero están en un 85 por ciento surtidos los centros hospitalarios.
Informó que en el caso del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, solamente hacen falta algunos medicamentos para pacientes que padecen algunas, “enfermedades raras, que no son permanentes y que si (los medicamentos) se tienen en muchas cantidades se caducan y ahorita lo que se está viendo es que esto no ocurra y que exista la cantidad solamente suficientes para atender esos padecimientos”.
En cuanto a los especialistas que también hacen falta, dijo que se abrió una convocatoria para la contratación, sobre todo de anestesiólogos, “ya tenemos los contratos, el problema es que no tenemos a las personas”, dijo.

Sabían que podían ser cambiados de adscripción, responde el secretario de Salud a los trabajadores

El secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos reiteró que el cambio de adscripción de trabajadores se mantiene por un recorrimiento a empleados que tienen más años en la dependencia.
Consultado al finalizar una gira de trabajo en Acapulco con su homóloga del estado de Morelos, calificó como inadecuada la declaración de la doctora  Roxana Tapia, quien el jueves dijo que mil 800 trabajadores de Acapulco fueron enviados a zonas de riesgo.
De la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) que emitió medidas cautelares a 16 trabajadores que interpusieron su queja, el secretario de Salud respondió que es un asunto laboral y que ellos conocían de la posibilidad de ser cambiados de adscripción.
Carlos de la Peña Pintos consideró inadecuada la declaración de la médica del Hospital General Donato G. Alarcón en Ciudad Renacimiento, Roxana Tapia Carbajal, que el jueves declaró en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, en Chilpancingo, que mil 800 trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 07 eran enviados a zonas de riesgo en las que hay repunte de violencia, violando sus derechos laborales y humanos.
Ayer, de la Peña Pintos explicó que se ponderó la antigüedad de los trabajadores y también cumplir la exigencia de la población en zonas donde se requiere la presencia de trabajadores de Salud, “hay muchos compañeros médicos que se encuentran con ocho, 10 o 15 años en lugares de la Sierra de Tierra Caliente, que han pedido su cambio de adscripción; obviamente no se les ha dado ese cambio de adscripción porque no había con quién suplirlos”.
Reiteró que los trabajadores que tienen su adscripción en zonas urbanas y que  entraron en el proceso de formalización, aprobaron con la Secretaría de Salud y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), desde el inicio, que serían cambiados, “en cuanto se llevara a cabo esa  formalización ellos se iban a ir a esas áreas que iban a quedar descubiertas por los cambios de adscripción; así lo aceptaron, está normado; es un acuerdo que tenemos entre el Sindicato y la Secretaría de Salud”.
En casos especiales, como trabajadores con funciones especiales en un hospital, se analizará a detalle, “a lo mejor a un técnico radiólogo le llega su formalización y tiene que cambiarse a un lugar donde ni siquiera pueda tener Rayos X, entonces, obviamente esto lo estamos cuidando, en común acuerdo con el Sindicato”.
Informó que hay más trabajadores que se han inconformado pero se han apegado a la institucionalidad  y se les da atención.
De la intervención de la Codehum con los 16 trabajadores que interpusieron su queja y fueron otorgadas medidas cautelares, le recordó que se cumple con una necesidad de la población que requiere servicios médicos y son parte de los derechos humanos, con todo respeto para la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, “esto es un aspecto netamente laboral que tiene que plantearse desde el punto de vista laboral y que obviamente cuando piden médicos en la Montaña, Tierra Caliente, en fin, nosotros es lo que estamos haciendo, una redistribución de nuestro recurso humano para solventar la demanda de los guerrerenses”.
Del acercamiento entre la Codehum, el Sntsa y trabajadores inconformes, dijo que está en la disposición, cuando se lo indique la comisión.
Con relación a los señalamientos de la falta de material en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, dijo que sí se atendió, pero “a veces se buscan otros canales para llamar la atención, yo soy respetuoso de eso”.
Precisó que por el presupuesto, la administración de los recursos materiales y de medicamentos se ha vuelto “muy estrictos” en el control.
Explicó que el problema en el Hospital Raymundo Abarca Alarcón, fue que el proveedor entregó jeringas sin agujas, que se solucionó, “e incluso, antes que se diera la conferencia de prensa llegaron las agujas. Yo llamé al proveedor y antes de la conferencia de prensa, ya estaba surtido”.
El funcionario estatal concluyó que seguirán problemas como los del Raymundo Abarca, por lo dinámico de la atención médica, pero aseguró que se atienden las necesidades de forma inmediata.

Convenios de colaboración con gobierno de Morelos

Ayer, el secretario de Salud participó en la clausura de curso de Análisis de procedimientos técnico médico y fundamentos legales para el proceso de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante y la participación del Ministerio Público, al que asistió la secretaria de Salud del estado de Morelos, Ángela Patricia Mora González.
La funcionaria del estado vecino indicó que, este viernes se analizó la posibilidad de reactivar un convenio de colaboración interestatal entre Morelos y Guerrero, en el que, a través del Seguro Popular se puedan atender niños Guerrerenses de municipios lindantes, como Arcelia, Taxco, Iguala e incluso Chilpancingo. Ya que, por registros de la Secretaría de Salud de Morelos, hay menores de Guerrero que son atendidos en el Hospital del Niño Morelense.
Otra de las actividades fue el analisis de un convenio de servicios médicos a intercambiar como el de la atención de diferentes tipos de cáncer que no se atienden en Guerrero, como el cáncer de ovario, colon y recto.

Paran labores 300 trabajadores de la Ssa en Chilpancingo; exigen un bono de 4 mil pesos


Unos 300 trabajadores de la sección 36 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), de las oficinas centrales de la dependencia estatal, pararon labores para exigir un bono de 4 mil pesos para todos los sindicalizados del estado.
Más tarde, en conferencia de prensa en las oficinas del sindicato, la secretaria general de la sección 36 y también diputada federal por el PRI, Beatriz Vélez Núñez informó que ya hay un compromiso firmado con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para que el jueves puntualmente se pague.
A las 9:50 de la mañana los trabajadores de oficinas centrales cerraron las instalaciones para que les paguen el bono, el cual se les debió dar la segunda semana de febrero.
Consultada en el plantón, la secretaria de Conflictos del Sindicato, María Luisa Adame Danell informó que el domingo la secretaria general se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Salud, y les informaron que el gobierno estatal no tiene dinero para cubrir el pago para cerca de 21 mil trabajadores de la Secretaría, pero que se está gestionando el recurso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  (SHCP) y poder pagarles.
En la reunión, Astudillo Flores pidió que esperaran, que entre el lunes y el jueves les pagarán, pero la desconfianza y la desesperación de los trabajadores porque no se los paguen, los orilló a parar labores hasta que se les dé el bono, afirmó.
Dijo que en el resto de los municipios los trabajadores están conscientes de esperar a que se les pague hasta el jueves, y que la presión para que se pague será desde oficinas centrales.
Cerca de las 10:20 de la mañana, Vélez Núñez se comunicó vía telefónica con Adame Danell y le informó que acababa de firmar un convenio con De la Peña Pintos, en el que se comprometió a que el jueves se les pagará, y pidió que terminara el paro de labores. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores protestaron y no se retiraron, dijeron que seguirían plantados hasta que se les pague.
En el lugar estuvieron miembros del Frente Democrático de los Trabajadores de la Salud, de la sección 36, principales inconformes en terminar el paro de labores.
El ginecólogo del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, Francisco Ramírez Adame sostuvo que su inconformidad es con la secretaria general Beatriz Vélez Núñez, porque con ella, han perdido derechos de los trabajadores.
“Quieren prórrogas (para pagar el bono), cuando los presupuestos, todo estos dineros ya están presupuestados por la federación, entonces hay de dónde pagar ese bono y no se ha pagado, no tenemos aquí  ninguna autoridad capaz de resolverle a la base trabajadora”, reprochó.

El gobernador pide recursos a la Secretaría de Hacienda, dice Vélez

A las 2 de la tarde la diputada federal priista, Beatriz Vélez Núñez ofreció una conferencia de prensa a puerta cerrada en la cancha del SNTSA, trabajadoras resguardaron el acceso e incluso pusieron llave a la puerta, ahí expuso que desde hace 10 días se comunicó con el gobernador, la Secretaría de Finanzas y el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos para que se pagara el bono que lograron en 1999, como parte de una lucha sindical.
Dijo que ese bono en un principio era de 3 mil pesos, para compensar que no se les paga el aguinaldo por 90 días de trabajo sino sólo 40. Sin embargo, durante el periodo de Ángel Aguirre Rivero lograron que se les dieran 4 mil pesos anuales.
Informó que de su sindicato son 17 mil 800 trabajadores y con el resto suman 21 mil trabajadores, quienes también son acreedores del bono.
Al cierre de la edición, se consultó al integrante del Frente Democrático de los Trabajadores de la Salud, el médico Hilario Zúñiga que informó formaron comisiones de trabajadores para permanecer en paro laboral, sin embargo las oficinas están abiertas y los jefes de áreas están laborando.
El secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos reconoció que le debe a 23 mil trabajadores un bono de 4 mil pesos, aproximadamente unos 92 millones de pesos, “pero ahorita no tenemos dinero para pagarlo, lo que se hará, es pedirle prestado al gobierno estatal”.
De la Peña aseguró que “la Secretaría tiene muchos trabajadores de contrato sin techo presupuestal y que estamos pagando a través del ISR (Impuesto Sobre la Renta), del SAT (Servicio de Administración Tributaria), Fovissste y a veces, se toma dinero de algunos programas para solventar la nómina de trabajo”.

Los cambios de adscripción de trabajadores de la Salud “están bien normados”, dice De la Peña

 

El Secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos declaró la tarde de ayer en Iguala, que los cambios de adscripción de trabajadores “están bien normados”, y son de común acuerdo con el sindicato.
El funcionario estatal fue abordado la tarde de ayer en esta ciudad, tras asistir a la inauguración de la campaña médica quirúrgica pediátrica en el Hospital General Jorge Soberón Acevedo, donde se le preguntó de la queja que pusieron el miércoles en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) cinco trabajadores del hospital Donato G. Alarcón, en Ciudad Renacimiento, de Acapulco, en contra de él y otros funcionarios ante los cambios de adscripción de los trabajadores.
Puntualizó que los cambios de adscripción son de personal que está en lugares lejanos y que ya lleva muchos años, y que a los trabajadores de nuevo ingreso recién formalizados se les está enviando a esos lugares, y se da ese intercambio.
Detalló que en algunos casos particulares, principalmente con los médicos especialistas, no se dan esos cambios porque no tendría caso enviar especialistas a hospitales donde no se cuenta con la infraestructura para que presten sus servicios, como un radiólogo o una enfermera quirúrgica, porque esto sería un “desperdicio de recurso humano”.
Declaró que los casos se están analizando e individualizando, y que estos cambios son de médicos y enfermeras generales, y otros en recursos humanos, lo cual, dijo, “estuvo bien claro desde un principio, se explicó y así se aceptó”.
A la pregunta de cuántos cambios de adscripción se harán, el funcionario estatal dijo que no tenía a la mano la cifra, pero insistió en que es un trabajo en equipo y de mutuo acuerdo con el sindicato, “sin violentar los derechos de los trabajadores”.

Son 20 los hospitales y centros de salud cerrados ante la inseguridad, dice

En materia de seguridad, De la Peña Pintos declaró que son unos 20 centros de salud y hospitales los que están cerrados ante la violencia, principalmente de la sierra de Guerrero y de la Tierra Caliente. Señaló que en estas zonas son brigadas médicas las que atienden a los vecinos de sus lugares.
Mencionó que se está involucrando a los presidentes municipales, a los comisarios y a los ciudadanos que están pidiendo médicos para esas zonas y que por razones de inseguridad tuvieron que salir, se les ofrece ponerles médicos y enfermeras pero que la población los ayude a “protegerlos”.
Sobre algunos centros de salud y hospitales que están pendientes de concluir su construcción, De la Peña Pintos informó que en el caso del hospital general de Renacimiento, en Acapulco, ya está terminado, y sólo falta algo de equipo.
Declaró que el viernes estuvo con el Consejo Nacional de Salud, donde se analizaron algunas obras que quedaron pendientes, inconclusas o abandonadas en administraciones anteriores.
Destacó que en muchos casos, el gobernador Héctor Astudillo ha rescatado recursos económicos que se habían perdido para darle continuidad a obras pendientes, como el hospital general de Huitzuco, donde se remodelarán el quirófano y el área de urgencias.
También dijo que se están construyendo nuevos hospitales en Atoyac, Tecpan de Galeana y Petatlán, y un hospital comunitario en Arcelia, de los que no dio mayores detalles.

 

Reciben 200 solicitudes más de cirugías infantiles en la campaña médica en Iguala

 
En la Campaña Médica Quirúrgica Pediátrica, que inició ayer en el Hospital General Jorge Soberón Acevedo de Iguala, se registraron 450 solicitudes de diferentes regiones del estado, de las que se espera practicar el mayor número de cirugías en los cinco días que durará.
La campaña, que terminará el miércoles, es una iniciativa de la diócesis Chilpancingo-Chilapa en coordinación con la Secretaría de Salud estatal, el Ayuntamiento de Iguala, la Academia Mexicana de Pediatría, el Club Rotario de Iguala y el Club de Leones.
De acuerdo con información que dio a conocer el director del Hospital General Jorge Soberón Acevedo, Santiago Velazco Elizalde, fueron superadas las expectativas, pues dijo que se esperaba a unos 250 niños para esta campaña, pero fueron valorados por los médicos 450 casos de menores provenientes de la zona Norte, Centro, Montaña, Costa Chica y Tierra Caliente.
En la campaña se practicarán cirugías gratuitas de anginas, labio leporino y paladar hendido, secuelas de quemaduras y fracturas, malformaciones en pies y manos, malformaciones en pabellón auricular, hernias de ombligo e ingle, testículos no descendidos, malformaciones en órganos genitales, frenillo corto de la lengua y tumores en el cuello.
Se dio a conocer que algunos de los pacientes que fueron valorados, tal vez no se operen porque se requiere de un hospital de tercer nivel para su cirugía.
El representante de la Academia Mexicana de Pediatría, José Antonio Ramírez Velazco dio a conocer que, cada día el equipo de 25 cirujanos opera a 30 o 40 pacientes, y hasta ayer antes del mediodía llevaban ocho pacientes intervenidos satisfactoriamente. Dijo que tratarían de atender a todos los pacientes que fueron valorados.
En el inicio de la campaña estuvieron el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza; el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el alcalde priista de Iguala, Herón Delgado Castañeda; y el representante de la Academia Mexicana de Pediatría, entre otros funcionarios estatales, municipales y mandos del Ejército.

Protestan egresados de un instituto privado en Acapulco para exigir sus títulos y certificados

 

Unos 25 egresados del Instituto Pedagógico de Estudios Profesionales (IPEP), de las licenciaturas de Pedagogía y Nutrición protestaron la mañana de ayer afuera de la escuela, ubicada en Barrio de la Fábrica, porque tienen más de cuatro años que concluyeron sus estudios y no les han entregado su título y certificados de estudios.
Con cartulinas fluorescentes con leyendas como, “Napoleón Astudillo, danos la cara” y “exigimos la entrega de títulos”, los ex alumnos del IPEP manifestaron que pagaron de 20 mil a 27 mil pesos por hacer los trámites para su titulación, y que tienen varios años dando vueltas para que les entreguen sus papeles, pero que no han tenido respuesta.
Luego de 15 minutos de protesta fueron atendidos por el jefe de control escolar, Manuel Ignacio Astudillo, con quien se acordó que entregarán actas de examen y títulos a egresados de las generaciones 2010-2013 y 2011-2014, que hayan hecho el trámite institucional en tiempo; además de revisar la salida de títulos de la generación 2012-2015.
La egresada de la licenciatura de Pedagogía, Karla Edith Domínguez Santos, dijo “exigimos que el licenciado Napoleón Astudillo nos dé la cara, llevamos más de tres años que salimos y no nos ha resuelto nuestros títulos y certificación. A los compañeros de Nutrición les niegan el acceso a instituciones para hacer sus prácticas por falta de convenio”.
Abundó que son dos generaciones, unos 150 egresados, que “no hemos recibido ninguna respuesta por parte de Napoleón, fueron aproximadamente de 22 mil a 27 mil pesos que se pago por título de cada uno, y es injusto que nuestros papás hayan hecho el sacrificio por pagar los trámites y no nos han dado nuestros documentos”.
Detalló que han acudido con las coordinadoras Gisela Gallardo, y del área de Nutrición con la licenciada Ana María, pero que la respuesta que les dan es que será hasta julio de este año que les darán una respuesta de sus títulos, “pero llevamos más de dos años y no nos dan respuesta, por eso estamos aquí protestando”.
Explicó que hay comentarios de que sí les van a entregar sus documentos, pero que será hasta julio o agosto, sin embargo ellos no quieren esperar más tiempo, porque tienen temor que les vayan a dar más largas. Por ello criticó que el ex síndico en la administración pasada, Napoleón Astudillo, “no nos dé respuesta ante nuestra situación”.
La ex alumna dijo que en sus trabajos les piden documentos, y que en algunos dependencias les niegan el trabajo, “por lo mismo, porque no tenemos título, por eso unos están sin trabajo, por la negligencia que presenta esta escuela, porque ya hicimos todos los exámenes y esperamos las respuestas de que ellos hagan los trámites correspondientes en México”.
Los egresados pidieron que así como las autoridades de IPEP exigieron el pago del trámite de titulación, los ex alumnos van a solicitar que les entreguen sus documentos, que van a esperar, pero en caso de no tener respuesta volverán a manifestarse.
Además denunciaron que, en la institución a los alumnos de la licenciatura de Nutrición no les permiten hacer sus servicios o prácticas, porque la escuela no tiene convenio con ninguna institución de gobierno, ni la Secretaría de Salud y hospitales generales.
También dijeron que la escuela no cuenta con cooperativa, “no hay ni maestros” y que los jóvenes estudiantes si tienen hambre deben salir de la institución para comprar su comida.

 

Denuncian ante la Codehum hostigamiento a trabajadoras de Prospera despedidas y a médicos

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para denunciar despidos injustificados de trabajadoras del programa federal Prospera, el hostigamiento a trabajadores que se oponen a la reforma del sistema de salud del país, y el nulo avance en la liberación de Patricio Margarito Rivera, acusado de despojo por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
A las 11 de la mañana, integrantes de las organizaciones que forman parte de la Dirección Colectiva acudieron a la Codehum, donde las trabajadoras de Prospera, Roselia Franco Tranqulino y Mayra Morales contaron que el pasado jueves denunciaron su despido injustificado, por instrucciones del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien también acusaron de acoso sexual.
En la reunión con el presidente de la Codehum, pidieron que su caso sea remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Denunciaron que fueron despedidas cuando se negaron a ser parte de actos de corrupción, como firmar a nombre de aviadores para avalar que sí trabajan en la delegación. Dijeron que son 29 trabajadores los que fueron despedidos, pero los demás temen denunciar ante la posibilidad de represalias.
A la reunión acudieron también miembros del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud en Guerrero, el médico Hilario Zúñiga y la trabajadora administrativa de la jurisdicción 03 de Chilpancingo, Érika Salgado, quienes denunciaron hostigamiento por participar en el movimiento de los médicos contra la reforma del sistema de salud mexicano.
Érika Salgado manifestó que está siendo hostigada y amenazada por el jefe de la jurisdicción, Saúl Romero Téllez, y el área de Recursos Humanos, por participar en conferencias que impartió un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre la universalización de los servicios de salud.
El médico Hilario Zúñiga dijo que también los ha hostigado el jefe jurisdiccional, luego de que el Frente convocó a la marcha del Día del Médico (20 de octubre), y ahora lo acusan de dirigirla.
Ramón Navarrete dijo que buscaría una reunión con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para revisar el caso, y pidió definir una reunión conjunta con otros trabajadores de Salud que están en la misma situación, para que expongan sus casos.
Plantearon el caso de Josefina Margarito Rosendo, hija de Patricio Margarito Rivera, que se unió a la Dirección cuando el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame acusó a su padre de invadir un predio, pese a que existe un contrato de compra-venta.
La joven explicó que su papá lleva ya dos meses recluido en el penal de la capital; y que inicialmente les pidieron una fianza de 124 mil pesos que no pudieron pagar.
Agregó que han intentado exhibir pruebas de la inocencia de su padre en el penal, pero no se las reciben por orden del secretario general Salazar Adame.
Navarrete Magdaleno se comprometió a que abogados de la Codehum se encargarían del acompañamiento, para darle una explicación jurídica clara, y para revisar el expediente que no le han mostrado a la familia.
El ombudsman dijo que también buscará una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y con el juez que lleva el caso, para que el proceso sea transparente y no haya intromisión de terceras personas.

 

Piden familiares de las víctimas el regreso de sus desaparecidos en un convivio en Chilpancingo

En medio de la tragedia que viven con sus padres ausentes, hijos de desaparecidos y asesinados ante la violencia que se padece en Guerrero, festejaron este viernes el Día de Reyes, en un convivio que organizó el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, en Chilpancingo.
Los hijos de las víctimas de la violencia recibieron regalos, partieron la rosca de Reyes, y tomaron agua y refrescos, pero los reyes no les cumplieron el mayor deseo que muchos de ellos pidieron para este día, el regreso de sus padres.
Como José, un niño siete años, hijo de Josué Molina Rodríguez, desaparecido desde el 14 de junio de 2014, que llegó acompañado de dos de sus hermanitos, nietos de Guadalupe Rodríguez Narciso, presidenta del  Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País.
Guadalupe Rodríguez comenzó la lucha por la presentación de los desaparecidos luego de que hombres armados levantaron a su hijo, Josué Molina, cerca de la Secundaria Técnica número 30 de Chilpancingo, y ninguna autoridad estatal o federal quiso ayudarla, hasta que sumó fuerzas con familiares de otros desaparecidos y asesinados para constituir el colectivo, el año pasado.
Al festejo asistieron la tarde de este viernes más de 30 niños de distintas edades acompañados por sus madres o padres, que llenaron un local ubicado en el bulevar Vicente Guerrero, en la colonia Progreso, de la capital.
En el festejo, cada niño recibió un regalo de los que fueron recolectados por el colectivo. Los menores tuvieron derecho a escoger su regalo bajo la condición de responder una pregunta escrita en un pedazo de papel que sacaban al azar de una improvisada urna.
La primera niña sacó una papeleta que decía: “¿Si fueras gobernador qué harías?”, no pensó mucho su respuesta, “ordenaría que buscaran a mi papá y a los otros desaparecidos”.
Después, algunos de los menores platicaron con los reporteros. Los hijos de Josué Molina eran los menos tímidos. José recordó a su padre, “grandote”, su hermano mayor recordó que con él tenía “amor”, y el más pequeño de los tres recordó que a su padre le “gustaba comer mucho”, pero que ya quiere que regrese.
Por su parte, Mariana, hija de Miguel Ángel Nava, desaparecido hace siete años, pidió que el  gobierno busque a su padre y que se lo regrese. “Él era una persona buena”, dijo antes de que la tristeza la embargara y se le cerrara la garganta.
A su vez, Paola dijo que su padre tiene ocho meses desaparecido, y recordó que cuando él vivía con ellos, ella era muy feliz, porque su padre era, “amable conmigo y me compraba todas las cosas que yo quería, por eso quiero que regrese”, dijo.
Alexandra, hija de Juan Álvarez Gil, un policía ministerial que desapareció hace tres años, exigió que el gobierno le ayude a buscar y encontrar a su padre, y se quejó de que no haya hecho nada para devolverlo.
Junto con las exigencias de los menores, hubo también de los adultos.
Jesús Castrejón Santana, padre del agente de Tránsito de Chilpancingo, Moisés Castrejón Serrano de 32 años, que desapareció hace nueve meses, denunció que a pesar de que su hijo era servidor público, los gobiernos estatal y municipal no han investigado su paradero.
“No hemos tenido nada de parte del gobierno. Al contrario, he pedido informes y lo único que me dicen es que ya pidieron informes a las diferentes presidencias  municipales para saber si fue detenido. Es lo único que han investigado”, se quejó.
Declaró que, en cambio él, sin recursos, se ha ido a buscarlo a las barrancas, a los cerros, “en los lugares donde tiran cadáveres, he ido a hospitales, a las prisiones, a diferentes partes, lo que el gobierno no ha hecho”.
Dijo que, desgraciadamente los familiares de los desaparecidos no tienen los medios para buscar en todas partes, “y el gobierno sí los tiene, pero lo que no tiene es voluntad. Yo le pido que hagan algo por nosotros”, exigió.
Reprochó que, en cambio, cuando a un funcionario le desaparecen a un familiar “pagan los millones y al segundo o tercer día aparecen, ¿y eso por qué?, por el dinero.
Desgraciadamente nosotros no tenemos el recurso para pagar y para que nuestros desaparecidos regresen, aunque sea como sea”.
Recordó que su hijo estaba laborando el 8 de febrero de 2016 en la avenida Guerrero, a la salida del paso a desnivel, aproximadamente a la 1 y media de la tarde, cuando avisó por radio a sus superiores que lo apoyaran porque unas personas estaban discutiendo con él, pero que nunca llegó el apoyo que pidió.
Dijo que, cuando varias horas después fueron a buscarlo sus compañeros, solamente encontraron la motocicleta que utilizaba en el servicio. Denunció que a casi un año de su desaparición, las autoridades no han investigado para localizarlo.
“No existe ningún reporte en el expediente que diga qué actividades han hecho para encontrarlo, y ni siquiera a sus familiares les han pedido informes, menos a sus vecinos les han ido a preguntar en qué trabajaba o cómo se portaba, que es lo mínimo que se debe hacer en una investigación, nomás nos han ido sobrellevando”, protestó.
Contó que Moisés tiene tres hijos, de  nueve, siete y cuatro años, y que durante el tiempo que lleva desaparecido ninguna autoridad ha querido apoyarlos, por el contrario, denunció que el Ayuntamiento hasta el mes pasado sólo le pagó a su mujer el salario que venía recibiendo, pero que le suprimió el aguinaldo y un bono que recibieron el resto de los policías de Tránsito en activo.
Informó que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, le dijo que posiblemente en enero van a valorar si es que le dan el apoyo a sus familiares, a pesar de que él estaba en labores cuando se lo llevaron, “por falta de atención de la autoridad, por no cuidar de nosotros”, reclamó.

Tiene registradas más de 100 víctimas, 80 de ellas desaparecidas y el resto asesinadas

El Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, tiene registradas más de 100 víctimas de la violencia; 80 de ellos son casos de desaparecidos y el resto de asesinados.
La representante del grupo, Guadalupe Rodríguez dijo que algunos casos fueron denunciados desde hace ocho años, pero que ninguno ha sido esclarecido.
A nombre del Colectivo, demandó una audiencia al gobernador Héctor Astudillo Flores para solicitarle atención a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y asesinados ante la violencia que se vive en la entidad.
La representante de la agrupación se quejó de que mientras sigue el baño de sangre en Guerrero y continúan las desapariciones de personas, no haya atención para las víctimas y sus familiares, que quedan en el desamparo.
“Ojala este año si nos reciba, porque el año pasado nos dejó plantados tres veces a los familiares de las víctimas de desaparición y de los asesinados”.
La representante declaró que el gobierno del estado tiene la obligación de velar por el bienestar y por los intereses de los familiares de las víctimas, porque se encuentran en ésta a situación debido a que el gobierno no ha sabido o podido resolver el problema de la violencia, y por consiguiente no garantiza la integridad física y de sus bienes, como es su obligación.
Dijo que hasta ahora, sólo han sido apoyados medianamente por la Comisión Estatal de Atención  a Víctimas (CEAV), pero que el organismo no cuenta con los recursos necesarios para brindar la ayuda integral que establece la ley.

Sigue faltando material básico en el Hospital General de Chilpancingo, insisten trabajadores

 

Trabajadores del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo, informaron que el área de Gobierno del nosocomio retiró la lona con la que denunciaron que faltaba material básico para trabajar, aunque aseguran que las deficiencias continúan.
En el Hospital General, trabajadores que prefirieron omitir sus nombres informaron que el mismo día que colocaron la lona, ésta fue retirada por personal del área de Gobierno.
En la lona que fue colocada el fin de semana en la facha del hospital se leía: “Aviso. Si su paciente no mejora, no es operado o empeora es por qué no tenemos con qué atenderlo. Por lo que: todo paciente que ingresa a este hospital y de acuerdo a su enfermedad deberá traer para ser atendido, sabanas, agua oxigenada, isodine, guantes, sutura, medicamentos y todo lo necesario para su atención. Atentamente: Trabajadores del Hospital”.
Uno de los trabajadores indicó que hacen falta alcohol, gasas, “material básico”, también dijo que las citas para tomar ultrasonido fueron canceladas porque no hay papel para imprimir las imágenes, “es decir que las deficiencias continúan”.
El director general del hospital, Víctor Hugo Garzón Barrientos argumentó que la inconformidad de los trabajadores de Salud no es generalizada, “la enorme cantidad de los trabajadores está trabajando, están haciendo un esfuerzo, por supuesto, extraordinario. La manta si existió pero fue descolgada, ignoro quién haya sido”, resaltó.
El director indicó que en el hospital están trabajando bien, reconoció que hay deficiencias, pero que son cosas que ocurren en todo el país.
Garzón Barrientos explicó que estas deficiencias son porque la población que acude al nosocomio aumentó, “se triplicó” porque es un hospital que cuenta con todos los servicios, y los pacientes prefieren atenderse ahí, por lo que han tenido que solicitar más insumos.
“No puedo negar que hay una deficiencia de insumos, pero estoy trabajando en eso, le he pedido a mis jefes de áreas que se aguanten mientras la Secretaría de Salud nos dota de los insumos”, contó el director.
Precisó que a veces no hay material, y por eso los trabajadores colgaron su manta, “que luego la quitaron”; sin embargo, si no hay el material se busca la manera de conseguirlo, advirtió.
El director dijo que el aumento en el número de pacientes es porque la situación económica de la población es precaria, la Secretaría de Salud atiende a todos los enfermos que no tienen seguro social, que cada vez es mayor, explicó el funcionario.
Además, la tasa de natalidad aumentó el 3.2 por ciento en 2015, por lo que hay más población que se debe de atender. Asimismo la población quiere atenderse más en un hospital que un centro de salud.
“Se respeta la libertad de expresión de todos los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, todos tenemos derechos humanos, y si un grupo de trabajadores está inconforme y quiere manifestarse, adelante no le voy a coartar su libertad, no somos quién para tapar el sol con un dedo”, indicó Garzón Barrientos.