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Piden a la SCJN resolver amparo de Zerón contra orden de aprehensión por Ayotzinapa

Un tribunal federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver el amparo de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), contra la orden de aprehensión girada en su contra por la supuesta tortura a Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México pidió a la Corte asumir la competencia de este amparo en revisión para determinar si es inconstitucional la fracción tercera del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan registros judiciales.
El argumento del ex mando policiaco es que dicho apartado transgrede el derecho a la seguridad jurídica contenido en el artículo 16 constitucional, porque no establece la obligación de que, antes de librarse una aprehensión, deben agotarse otros medios para conducirlo a proceso como el citatorio o la comparecencia.
También impugna dicha norma porque no precisa qué debe entenderse por necesidad de cautela, un concepto empleado para justificar que la orden de aprehensión es la forma más idónea para conducir a proceso a un imputado.
En su fallo, el tribunal aclara que la Corte sólo analizará el tema de constitucionalidad de la norma impugnada, mientras que los magistrados del tribunal se harán cargo de resolver los temas de legalidad.
La orden de aprehensión contra el ex funcionario fue librada el 23 de abril de 2021 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
El mandamiento judicial se basa en un video que circuló en julio del 2020 en el que aparece el ex mando policiaco al frente de un interrogatorio en el que El Cepillo se encuentra sometido y rodeado por otros elementos de la corporación.(Abel Barajas / Agencia Reforma / Ciudad de México)

 

Protestan padres de los 43 en la Suprema Corte; exigen la creación de la comisión de la verdad

Madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos y alumnos de esa escuela protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir que se acate la orden de crear una comisión de la verda que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas.
Los manifestantes se reunieron de nueva cuenta para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes, y derribaron vallas de seguridad para instalarse en la entrada principal de la sede de la máxima instancia de impartición de justicia en el país.
A casi cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas y el asesinato de tres estudiantes y tres ciudadanos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, los familiares solicitaron ser recibidos por los ministros de la corte, quienes, como se anunció la semana pasada, estudian atraer los recursos relacionados con la sentencia del tribunal de Tamaulipas que ordenó crear una comisión de la verdad y la justicia, que investigaría de nuevo la desaparición de los normalistas.
Los padres y madres se reunieron el miércoles de la semana pasada media hora con el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, cuando protestaban en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Más tarde medios informaron que la posibilidad de recibirlos, ya en forma oficial, fue planteada por Aguilar Morales a sus colegas antes de la sesión pública del pleno.
El mitin de este lunes frente a la corte inició después de las 11 de la mañana y estuvieron los familiares y normalistas e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes gritaron consignas a favor de los maestros.
Mientras los familiares mostraban fotografías de los jóvenes desaparecidos y gritaban “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, representantes de los normalistas desaparecidos en Iguala exigían que una comisión fuera recibida por Aguilar Morales.
Poco después ante a la falta de respuesta un grupo de normalistas tiró las vallas alrededor de la corte. Padres y madres aprovecharon para colocarse sobre la escalera principal, donde mostraron carteles con las fotografías de sus hijos desaparecidos.
En junio el tribunal colegiado de Tamaulipas consideró que la investigación de la Procuradurúa General de la República (PGR) carecía de imparcialidad y ordenó crear una comisión de la verdad para investigar de nuevo el caso. La PGR rechazó la sentencia argumentando imposibilidad y actualmente busca que la corte falle en contra de la instauración de esa comisión.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos han manifestado su enojo ante el hecho de que la PGR intenta impedir la creación de un mecanismo que podría resolver el caso.

“Seguiremos en la lucha”

“Son 47 meses de dignidad y de coraje de parte, sobre todo, de las madres y normalistas de Ayotzinapa. Estamos aquí en la Suprema Corte para exigir que se instale la comisión de la verdad tal y como lo señaló el tribunal de Tamaulipas. Queremos verdad y justicia en este caso. Esperamos que los ministros den respuesta conforme a derecho y de manera autónoma, por el bien de las víctimas de la nación”, declaró a El Sur Felipe de la Cruz, vocero de los familiares.
“No descansaremos hasta que el caso sea resuelto, seguiremos en la lucha”, afirmó.
Finalmente fueron recibidos por Francisco Barradas Vista, asesor del ministro presidente y encargado de la atención a ciudadanos, pero los manifestantes demanadaban ser recibidos por los ministros.
Tras permanecer en la entrada principal más de una hora, padres y madres se retiraron sin haberse entrevistado con algún ministro.
“Los familiares estuvieron en la espera, pero no pasó nada. Los ministros no los recibieron”, lamentó De la Cruz.
–Falta un mes para que se cumplan cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, ¿qué decidirán si en estos días no hay respuesta de la corte?-, se le preguntó.
–Ya se acabó la jornada por los 47 meses, ya nos vamos a regresar a Guerrero. Si no hay respuesta a nuestras peticiones en estos días planearemos nuestra estrategia para el 26 de septiembre. Serán cuatro años, cuatro años de resistencia.

 

Celebran padres de los 43 que la SCJN analice la comisión de la verdad

En la semana de actividades por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y para exigir una investigación real del caso, este viernes se anunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el primer paso para resolver si es viable en términos jurídicos la integración de una comisión de la verdad, tal y como lo ordenó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas.

Luego de una reunión el miércoles con el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales –quien se encontraba en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cuando las madres y padres protestaban–, éste instruyó turnar a los ministros la solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) de echar atrás la sentencia del tribunal, a fin de que se emita un pronunciamiento en una sesión privada próximamente.

Este anuncio se da al tiempo que se realiza en la capital del país la Jornada 47 de Acción Global por Ayotzinapa, y luego de que el jueves las madres y padres de los normalistas desaparecidos protestaron en la PGR para reclamar a los funcionarios que intentan impedir la comisión de la verdad, cuya creación fue ordenada el 31 de mayo.

Para este viernes estaba programado un mitin frente a la Suprema Corte, pero los padres lo suspendieron.

“No quisimos tener actividad en la calle. Decidimos hoy reunirnos en privado con nuestros abogados, valorar y buscar estrategias para el domingo 26 –día de la marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez–. El viernes la corte no sesiona, no le vimos mucho sentido, no está ninguno de los ministros quienes son los que queremos que nos escuchen”, explicó a El Sur vía telefónica, Felipe de la Cruz, vocero de los familiares. Adelantó que la actividad será el próximo lunes.

De la Cruz dijo también que no les ha llegado la notificación de que la Suprema Corte analizará la posibilidad de formar una comisión de la verdad. “Si ya lo decidieron y anunciaron, falta que nos digan a nosotros”, comentó.

–¿Qué opina de esta decisión?

–Esperamos que la resolución de la Suprema Corte sea conforme a derecho, y creemos que eso ayudaría mucho a México y a nosotros, aunque no nos han informado aún. Desconocemos totalmente cómo está la situación en ese sentido. Pero si la corte ya determinó que va a iniciar el análisis, qué bueno que se vaya dando este proceso, porque es urgente para nosotros la resolución sobre la comisión, de esa manera nosotros avanzaríamos.

Si la corte decide a favor de los familiares, remarcó De la Cruz, “a los padres y madres de familia les daría un remanso de tranquilidad, pues será la posibilidad de poder llegar al paradero de los jóvenes”.

 

“Lastiman las palabras de Peña Nieto”

 El 22 de junio el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán en reemplazo del procurador, rechazó la orden del tribunal de Tamaulipas y presentó un “incidente de imposibilidad real, jurídica y material”.

El 4 de julio el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito determinó suspender por “tiempo indefinido” el cumplimiento de los amparos, que ordenaban crear una comisión de la verdad para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un principio se dijo que la sentencia del tribunal colegiado impugnada por la PGR daba un plazo de 10 días para integrar una comisión de la verdad, y que debía estar integrada por el Ministerio Público, los familiares de los 43 estudiantes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La decisión fue criticada y aplaudida por analistas, como informó El Sur. Los críticos dijeron que era inconstitucional la creación de la comisión y los defensores opinaron que debía hacerse pues sentaría un precedente en el país en defensa de los derechos humanos.

La tarde del viernes Felipe de la Cruz anunció que además del mitin del próximo lunes frente a la Suprema Corte, un grupo de normalistas se manifestará en Iguala.

–En un mes se cumplirán cuatro años de este caso.

–Lamentablemente, y no ha habido ningún tipo de respuesta. Definitivamente hoy los padres y madres de los 43 están llegando al hartazgo ante la insensibilidad del presidente Enrique Peña Nieto, respecto a lo que dijo hace unos días en la entrevista que le hicieron en Televisa, que la delincuencia organizada había terminado con los jóvenes en Cocula, tratando de fortalecer la ‘verdad histórica’, cuando sabemos que no existe. Son cositas que a nosotros nos llenan de rabia, de intolerancia, que él sigue insistiendo en algo que no es cierto y sigue pensando que al terminar su gobierno quedará eximido de culpa. Son crímenes que no tienen término y creemos que la justicia va a llegar.

–Insiste en su postura inicial.

–Lo dice abiertamente, en la red, en la televisión, y eso lastima, porque los padres de familia tienen conocimiento de que los jóvenes fueron separados en grupos y él insiste en que están muertos.

–¿Qué esperan del próximo gobierno?

–Como todo gobierno, que cumpla con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y sobre todo a nosotros como víctimas, el derecho a saber la verdad y justicia. Por el momento no tenemos planeada una reunión con el presidente electo y su equipo. Aún no, pero creemos que más adelante podríamos buscar de alguna forma encontrarnos con Andrés Manuel López Obrador.

 

 

 

Protestan padres de los 43 en la SCJN; exigen se acate el fallo para la comisión de la verdad

Los padres y madres de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, marcharon del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a un costado del Zócalo, en donde exigieron que el gobierno federal acate la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Tamaulipas, que ordenó una nueva investigación del caso y la creación de una Comisión de la Verdad.
Frente a la Corte pidieron a los ministros que “no les den la espalda”, pues debido a impugnaciones presentadas por autoridades federales contra la sentencia del colegiado que señaló irregularidades en las investigaciones, el caso podría ser analizado por el máximo tribunal.
Como parte de la 45 Acción Global por Ayotzinapa y México a 45 meses de los ataques en Iguala que resultaron en la desaparición de los 43 normalistas, de nueva cuenta los padres y madres exigieron la presentación con vida de sus hijos.
En la Suprema Corte exhortaron a las autoridades a ejecutar la decisión del Tribunal Colegiado de crear una comisión de la verdad en la que participarían la Procuraduría General de la República (PGR) y los familiares, asesorados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Unos 200 manifestantes desfilaron sobre Paseo de la Reforma este martes que se conmemoró el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, y los familiares recordaron que sus hijos fueron desaparecidos en circunstancia que aún no han sido aclaradas.
La intensa lluvia no impidió que padres, madres y acompañantes celebraran un mitin frente a la Suprema Corte, en donde solicitaron que se abra una investigación exhaustiva contra soldados del Ejército del 27 Batallón de Infantería, el análisis de la localización y contenido de los teléfonos celulares de los estudiantes y que en esa averiguación se tome en cuenta el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión.
Las madres y padres dijeron que confiaban en que los ministros no se dejarán “presionar ante las pretensiones de un gobierno corrupto” que “ha mentido por tres años y nueve meses”.
A unos días de las elecciones del próximo domingo, los familiares de los normalistas desaparecidos –que se graduarían como profesores en estos días– presentaron un pronunciamiento en el que se demanda a la próxima administración “impulsar y cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, para impulsar la Comisión de la Verdad y reponer las indagatorias por el caso a fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes”.
Destacaron la decisión de los tres magistrados de Tamaulipas, pues “se atrevieron a señalar las deficiencias e irregularidades de la investigación de la PGR. Los magistrados tuvieron el valor de señalar esos errores y ordenarle resarcir esa falta de justicia”.
“Tanto el gobierno federal como los miembros del Congreso interpusieron recursos contra el fallo. Pero la Corte analizará y debe mantener su imparcialidad e independencia y reconocer la legalidad de este fallo”, exponen.
Las madres dijeron que la CNDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentaron “en diversos informes y estudios las irregularidades en las indagatorias de la PGR”, y que “varios de los detenidos fueron torturados para construir la falsa versión llamada verdad histórica”. (Guillermo Rivera / Ciudad de México / El Sur).

 

Cancelan mineras 22 de las 44 concesiones registradas hasta diciembre de 2016 en la Costa Chica-Montaña

 

De 44 concesiones mineras registradas hasta diciembre de 2016 en la zona conocida como Costa Chica-Montaña, 22 fueron canceladas por las propias empresas mineras, de acuerdo con datos oficiales recabados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En seguimiento al monitoreo del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, contra el proyecto de la biosfera y minería, informó que las 44 concesiones ocupan 142 mil 430 hectáreas, y fueron entregadas sin el aval de los pueblos, que ni siquiera fueron informados. Las 22 concesiones que siguen vigentes ocupan 32 mil 616 hectáreas.
En consulta, el organismo explicó que la cancelación que han hecho las mineras de las 22 concesiones, es un comportamiento poco común en el estado, donde hasta finales de 2016 sumaban más de 894 concesiones para exploración y explotación de minerales.
El periodo es coincidente con el proceso informativo y de organización que comenzó en la región en 2012, cuando las autoridades comunitarias y agrarias comenzaron la defensa de su territorio.
A la fecha, indicó, el Consejo está integrado por 21 núcleos agrarios, en cinco municipios, y que todos han aprobado actas de rechazo a las mineras.
Recordó que uno de los permisos que requieren las mineras para comenzar el trabajo de campo es la autorización de los pueblos, así como otras más de 30 de organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque, las mineras y las instituciones públicas omiten informar y consultar a las comunidades sobre la actividad minera en sus tierras comunes, recordó que en la Montaña hay un precedente en la comunidad de San Miguel del Progreso, que solicitó un amparo contra dos concesiones mineras, Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Antes de que la Suprema Corte se pronunciara respecto a la legalidad de las concesiones, las empresas Hochschild y La Salamera, cancelaron las concesiones más amplias de la microrregión, con unas 37 mil hectáreas.

Aún hay cuatro concesiones vigentes en territorios del Consejo, dicen

Tlachinollan aclaró que hay una nueva concesión, denominada España, cercana a la cancelada Corazón de Tinieblas, que se otorgó a la empresa Metalúrgica Reyna SA de CV en 2007, de 513 hectáreas, de la que apenas supieron tras hacer de solicitudes de información.
Sin embargo, esta concesión está en el municipio de Acatapec, fuera del territorio del Consejo Regional de Autoridades, que continúan la discusión de la defensa del territorio por la vía jurídica.
Dentro del Consejo, indicó que hay cuatro concesiones vigentes, la de Toro Rojo, cedida a la empresa Montero Minas SA de CV, en Iliatenco; la concesión de San Gabriel a la empresa Santa Claws Minas, en el ejido y los bienes comunales de Iliatenco, la mayor cesión de terrenos con mil 800 hectáreas; la concesión Galeana y San Miguel, de la minera Camsim minas, en Paraje Montero, Malinaltepec y Zitlaltepec, donde los pueblos han mostrado rechazo.
Distintos a las regiones Centro, Tierra Caliente y Costa Grande, aclaró que la Costa Chica-Montaña es la única región donde se defiende el territorio con un bloque amplio de resistencia, donde no permiten que transiten los trabajadores de las empresas ni siquiera para hacer exploración. Tampoco tienen problemas de inseguridad como los que padecen las mineras en los municipios de Cocula y Eduardo Neri.

Se amparan ex braceros para que les paguen del Fondo de Ahorro Campesino

Abel Salgado

Ex braceros que podrían recibir hasta un millón 100 mil pesos, interpusieron un amparo en el segundo juzgado de distrito en Guerrero para obtener esa cantidad, que les descontaron de sus salarios como trabajadores migrantes a Estados Unidos de 1942 a 1964.
Ayer después de una asamblea en las escalinatas del Zócalo de Acapulco, el representante de la Unión de Campesinos y Emigrantes de Guerrero, Carmelo Loaeza informó a 40 ex braceros y familiares que trabajaron en campos agrícolas de Estados Unidos de 1942 a 1964, que el próximo 29 de noviembre les dictaminarán si se les regresará el 10 por ciento del fondo del ahorro para el campesino, como ocurrió en la ciudad de México en marzo pasado.
La mañana de ayer, junto con el dirigente nacional de la Unión de Campesino y Emigrantes de México, Aarón Cabaña Marcial, Carmelo Loaeza recordó que buscan que se repita la sentencia favorable para el pago del fondo que tiene como tope un millón 96 mil pesos, de acuerdo con estudios técnicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la juez segunda de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.
Por su parte, el representante de los campesinos en Guerrero, Carmelo Loaeza contó que ya se integró un amparo con 97 ex braceros y será el 29 de noviembre cuando se les dé la audiencia constitucional.
El amparo es para reclamar al presidente de la República y al secretario de Gobernación, la “omisión y negativa” para dar respuesta a la entrega del Fondo de Ahorro Campesino, un descuento semanal del 10 por ciento de sus salarios entre 1942  y 1964, cuando trabajaron en campos de Estados Unidos. Recordó que el gobierno federal argumenta que, de pagarles a los 4 millones de mexicanos a los que se les descontó el ahorro, se pondría en riesgo la economía del país.
Precisó que no todos los trabajadores migrantes durante esa época recibirían el millón 96 mil pesos, sino que se determinará por el tiempo de estancia en la unión americana, “porque puede ser que un ex bracero haya sido contratado una vez nada más, y hay braceros que hasta 10 veces fueron contratados”.
El proceso en Acapulco seguirá el 29 de noviembre y buscar repetir la sentencia resultado que se obtuvo en la Ciudad de México donde 5 mil trabajadores se les concedió un amparo en marzo pasado. Confió que por la sentencia a favor de sus compañeros de la capital del país, se repita en Guerrero.
Calculó que en Guerrero hay 70 mil braceros que formaron parte del programa, y recordó que en el periodo de más de 20 años del programa surgido durante la Segunda Guerra mundial, más de 4 millones de mexicanos formaron parte del convenio binacional. De la retención del salario de los trabajadores  mexicanos se juntaron 5 billones de pesos que se entregaron a BanRural, recordó.
La jueza en materia administrativa concedió a los ex braceros de la Ciudad de México el amparo, “dijo la juez que los 5 billones repartidos entre 4 millones de ex braceros, les corresponde un millón 96 mil (a cada uno)”.
El gobierno federal solicitó un recurso de revisión constitucional porque está en contra de la sentencia a favor de los ex braceros. Explicó que el juicio está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se definió el 26 de octubre, pero todavía no se emite una sentencia final.
Sus compañeros ex braceros de la Ciudad de México ya anunciaron que si el máximo tribunal dictamina en contra, “se van a ir a los tribunales internacionales”.

Absuelve la SCJN al gobierno estatal del pago de 300 millones al Ayuntamiento de Teloloapan

 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) absolvió al gobierno de Guerrero del pago de las prestaciones que demandaron, en la controversia constitucional que interpusieron en su contra, el 23 de junio de 2003, el alcalde de Teloloapan, José Modesto Brito González, y el síndico Leopoldo Arroyo Bahena, en representación del Ayuntamiento de Teloloapan.

En la controversia constitucional exigían el pago de 300 millones de pesos como adeudo al Ayuntamiento por no entregar en su totalidad las participaciones municipales, en la forma y términos debidos.

La resolución, con fecha 25 de mayo de 2004, se encuentra en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la lista de notificación Unidad de Controversias Constitucionales de Acciones de Inconstitucionalidad desde el 16 de junio.

El alcalde de Teloloapan, José Modesto Brito González, consultado vía telefónica lamentó la resolución del fallo de la SCJN, y dijo que “el gobierno de René Juárez Cisneros se comprometía a construir un Palacio Federal en Guerrero a cambio de que fallara a su favor. El fallo nos muestra que la Suprema Corte está manipulada por los gobiernos estatales”.

Comentó que de acuerdo con los abogados que llevaron el caso, el asunto iba muy bien, “nos habían dicho que íbamos a ganar la controversia y que incluso el gobierno del estado iba a negociar con nosotros porque se trataba de muchos millones de pesos”.