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Aceptan 21 damnificados por el deslizamiento de tierra en la capital que los reubiquen en Petaquillas

Los 21 damnificados por un deslizamiento de tierra en la colonia El Mirador, en Chilpancingo, aceptaron la reubicación de sus viviendas en un terreno de la comunidad de Petaquillas, luego de una reunión con el secretario general del Ayuntamiento, Joel Eugenio Flores.
El 24 de septiembre un deslizamiento de tierra provocó que unas viviendas colapsaran y otras quedaran dañadas e inhabitables.
Después del deslizamiento, el entonces alcalde, Marco Antonio Leyva Mena les dijo que había tres lugares donde podrían reubicarlos, pero sólo los llevaron a Petaquillas, lugar que se rehusaron a aceptar ante la lejanía y porque no tienen servicios públicos.
Los damnificados se reunieron ayer con el secretario general del Ayuntamiento, para definir su situación. Al término, la damnificada Isabel Aparicio contó que la mayoría de los vecinos optaron por aceptar los terrenos, ante la posibilidad de no recibir nada, “la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) no tiene dinero, no nos van a atender”, expuso, y que tras la reunión hablaron con los damnificados que no estuvieron en el diálogo, y que también aceptaron los lotes.
Añadió que el secretario les manifestó que no les van a dar el terreno que les mostraron inicialmente, en la falda de un cerro, sino en una parte que es plana.

Interrumpe la CODUC la toma de Sedatu ante el Día de Muertos; volverá si no hay acuerdos

Integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), que como parte de un acuerdo nacional con la organización en 26 estados se mantenían en plantón y tomadas las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), terminaron la protesta, aunque no se han resuelto sus demandas de vivienda al 100 por ciento.
El motivo por el que terminaron el plantón fue el puente de Día de Muertos, y el acuerdo fue que si en el transcurso de este miércoles no se resolvían completamente sus demandas, el lunes volverían a tomar las instalaciones.
El 24 de octubre 40 integrantes de la CODUC, se plantaron afuera de la delegación de la Sedatu en Chilpancingo, que desde agosto permanece cerrada por trabajadores del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
La demanda de la CODUC es que la Sedatu libere el faltante del dinero para viviendas, de 24 mil pesos para cada beneficiario, ya que sólo los ha entregado a 70 por ciento de los 581 beneficiarios.
Después de nueve días en el plantón, la coordinadora de Vivienda de la organización, la también ex diputada local perredista, Luisa Ayala Mondragón comunicó que como parte de un acuerdo nacional decidieron levantar el plantón.
El martes tenían programada una reunión de dirigentes nacionales con funcionarios del Fonapho (Fondo Nacional de Habitaciones Populares), pero se pospuso para este miércoles, y eso definirá si regresan o no a plantarse afuera de la dependencia federal el próximo lunes, indicó.
Agregó que en el caso de Guerrero, falta de entregar dinero del programa Vivienda Rural al 30 por ciento de los 581 beneficiarios.

Toman la caseta de Palo Blanco empleados del Fonden y damnificados de Papagayo; los atiende la Sedatu


Trabajadores operativos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y damnificados de la comunidad del Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), tomaron la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol durante siete horas y media, para exigir pagos de salarios, el pago del predio donde construyen las viviendas y la reconstrucción total de las casas.
A falta de respuestas a sus demandas, los trabajadores y los damnificados se coordinaron para protestar este martes en la caseta de Palo Blanco, para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) solucione sus demandas.
Unos 20 trabajadores operativos del Fonden exigieron el pago de sus salarios y viáticos de seis meses, que ascienden a 12 millones 700 mil pesos, tomaron las casetas de cobro de peaje en dirección a Acapulco y pidieron cooperación voluntaria a los choferes.
Ahí explicaron que en la delegación de la Sedatu sólo les dicen que se están haciendo las gestiones para su pago, pero que no hay respuesta de la secretaria, Rosario Robles Berlanga.
Recordaron que estuvieron en paro de labores a partir de agosto, pero volvieron a trabajar tras el paso del huracán Max y el sismo del 19 de septiembre, porque son los únicos capacitados para hacer los censos, y así apoyar a las familias afectadas. Reprocharon que terminaron el trabajo, pero tampoco les han pagado salarios de esos días laborados, sino sólo viáticos.
Los trabajadores portaron pancartas en las que se leía, “Rosario Robles y Pepe Armenta no es posible que nos tengan en esta situación, nosotros sí tenemos necesidad”, “Sedatu engaña a todos incluso a sus propios trabajadores”, “Sedatu es una farsa que se sirve del dolor del pueblo” y “Soy trabajador de Fonden Guerrero, hace seis meses no me pagan mi salario. Rosario Robles mis hijos tienen hambre”.
Una trabajadora que pidió no revelar su nombre manifestó que, “no es justo que las autoridades no hayan vuelto sus ojos a nosotros después de tantas y tantas llamadas que hemos hecho, oficios, solicitudes, ya acudimos a derechos humanos, están por emitir una recomendación, ya es una cuestión de salud la que nos aqueja, ya no sabemos más que hacer; así es que hoy, en desesperación, estamos haciendo esto”.
El 22 de agosto, los trabajadores tomaron las instalaciones de la delegación, desde entonces las mantienen cerradas y colgaron pancartas en las que exponen sus demandas.
El 27 de septiembre iniciaron una huelga de hambre que duró tres días, porque la interrumpieron para ir a censar.

Incumplió la autoridad una minuta, en la que se comprometió a pagar el faltante del predio

Mientras, en los carriles con dirección a Chilpancingo, las casetas fueron tomadas por los 34 damnificados de la comunidad de Papagayo, quienes exigen 200 mil pesos que debe la Sedatu para pagar el terreno donde se construyen sus viviendas de damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel, en septiembre de 2013.
La inconformidad que generó la protesta es que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, incumplió una minuta de acuerdos que firmó el 24 de octubre, en la que se comprometió a pagar el lunes el faltante del terreno, y en el mismo documento se estableció que, de no recibir el pago protestarían, luego de que un día antes se manifestaron fuera de la Delegación.
Portaron una lona en la que se leía, “Exigimos a José Armenta, delegado de la Sedatu, la reconstrucción de las 34 viviendas de los afectados en la comunidad de Pagayo”.
Otra demanda de los vecinos es que se terminen de reconstruir todas las viviendas, pues de las 34 que son, apenas se han iniciado 12.
En marzo, Armenta Tello fue al terreno y ahí se comprometió a que en tres meses estarían terminadas las casas.
Al lugar acudió el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, pero les dijo que sus demandas no era competencia del organismo y se retiró.
Siete horas después, el delegado de la Sedatu acudió a la manifestación para dialogar con los damnificados y los trabajadores.
Con los damnificados, acordó que en ese momento se acudiría a saldar la deuda de 200 mil pesos con el dueño del terreno donde se construyen sus viviendas, para evitar que se los quiten; se comprometió a que en los días siguientes se reunirán para dar seguimiento al resto de sus demandas.
El delegado comentó que el dinero no ha sido enviado de las oficinas centrales, y se harían movimientos dentro de la delegación para pagar el adeudo.
Por otro lado, a los trabajadores de Fonden les dijo que se están haciendo las gestiones pertinentes para que Oficialía Mayor de la Secretaría les libere los pagos de salarios, que espera que a más tardar el lunes queden saldados. Ambos grupos de manifestantes aceptaron los acuerdos y liberaron la caseta.

Promete la Sedatu a damnificados de Tierra Colorada pagar un terreno para 34 viviendas

Damnificados de hace cuatro años por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel se reunieron con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, y les dijo que se liquidarán los 200 mil pesos que se adeudan del terreno donde se construyen 34 viviendas, y que hablará con la empresa constructora para que agilice las edificaciones.
Mientras que en un comunicado la dependencia señala cumplió los pagos para la empresa encargada de la obra, y que el atraso de la construcción no es responsabilidad de la Sedatu, y la empresa tendrá que dar una explicación.
Como parte del compromiso del delegado ante las protestas acudió este martes a Tierra Colorada a reunirse con los habitantes.
En consulta telefónica el comisario Pantaleón Mesino Flores contó que el delegado se comprometió a que este lunes finiquitaría los 200 mil pesos que se deben del terreno, y que hablará con la constructora ante el atraso de las construcciones.
A los damnificados no les dieron fecha de cuándo estarían terminadas las viviendas, pero estarán pendientes pues tiene que ser antes de que termine el año, dijo el comisario.
Las familias continúan viviendo en el Papagayo. Con lámina que les proporcionó Protección Civil estatal rehabilitaron sus casas para seguir habitándolas, mientras se terminan las viviendas donde serán reubicados.
En el comunicado de la Sedatu se indica que “el grupo de habitantes notablemente molestos emplazaron a la dependencia para cambiar la empresa constructora, y además concluir con el pago donde se construye el fraccionamiento, de lo contrario dijeron tomarán medidas drásticas entre éstas bloquear el lunes la Autopista del Sol”.
Manifiesta que Armenta Tello expresó que no era posible que después de cuatro años los damnificados siguieran sin un hogar, que entendía su molestia y preocupación y les propuso mantener el diálogo para solucionar y concluir la construcción de sus viviendas.
Resalta que el proceso de la reconstrucción se ha detenido por distintos motivos como demandas legales contra las empresas, clausuras ambientales por omisiones, pero que se ha atendido cada caso y que en ningún momento el delegado ha sido omiso ni indolente ante la preocupación de las familias.
Se informa que el delegado aseguró que el proceso de reconstrucción que enfrentan los damnificados del huracán Max y los dos sismos de septiembre, será distinto porque no se puede permitir que ocurra lo mismo.
“La localidad de Papagayo se encuentra ubicada a una hora aproximadamente del puerto de Acapulco, y fue mencionada en medios nacionales porque en un primer momento les construyeron viviendas en un sistema denominado palafitos, los damnificados no aceptaron y les llamaron periqueras, además denunciaron no tenían las medidas para ser habitadas. Actualmente esperan que a través de la Sedatu, se termine con la edificación de sus viviendas en un sistema adaptado a sus usos y costumbres”, expone el comunicado.

Protestan damnificados de Papagayo en la Sedatu para que agilice la construcción de 34 casas

Damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid en la comunidad de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), protestaron unas dos horas afuera de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para exigir que se agilice la construcción de 34 casas, que debieron terminarse en junio.
En la protesta afuera de la dependencia, se quejaron de que en marzo el delegado, José Manuel Armenta Tello les dijo que todas las casas se terminarían de construir en tres meses, pero incumplió, porque sólo se construyen 12 y no están terminadas.
El propósito de los manifestantes era tomar la Delegación, pero la encontraron cerrada, ya que trabajadores del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) mantienen tomada la delegación desde agosto para que les paguen cinco meses de salarios devengados, por lo que los damnificados sólo expusieron su demanda.
Alrededor de las 11 de la mañana se plantaron afuera de la Sedatu, donde portaron pancartas en las que se leía, “Exigimos a José Armenta, delegado de Sedatu, la construcción de las 34 viviendas de los afectados en la comunidad de Papagayo”, “Basta de mentiras Pepe Armenta”, “Ya pasaron 4 años cuántos más pasarán” y “Exigimos solución a las viviendas”.
El comisario municipal de Papagayo, Pantaleón Mesino Flores precisó que el motivo de que acudieran a protestar en la delegación es exigir la construcción de 34 casas, porque ya son cuatro años y la edificación va lenta.
“Empezaron el 21 de marzo, y hasta la fecha apenas contamos con 12 viviendas; son 34 viviendas, entonces lo que queremos es una entrevista con el delegado, no está, se encuentra en la Ciudad de México, es la situación que nos trae aquí. Aparte, nos sale otro problema, cuando se hizo la compra del terreno hicieron un contrato con el dueño y se le debe un dinero, y el señor quiere expropiarnos el terreno”, denunció.
Lamentó que en una cláusula del documento de la compra del terreno dice que si en tres meses no se pagaba el terreno, el dueño recuperaba ese espacio, y que eso no les conviene, porque aunque lento, hay un avance con la construcción de algunas viviendas.
Exigió a la dependencia federal que avance la construcción y recordó que el delegado, en marzo acudió al terreno y ahí se comprometió que en tres meses las viviendas estarían construidas.
El comisario habló por teléfono con Armenta Tello, quien les prometió que este martes acudiría al terreno para hablar sobre este problema.
En El Papagayo, una empresa contratada por Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir, y un incendio consumió 25 de 29 casas construidas.

Protestan vecinos de Cruz Grande en la Cdmx para exigir al Fonhapo que construya 50 casas

Pobladores del municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), en la Costa Chica, protestaron en las instalaciones del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para exigir la construcción de 50 casas del programa Vivienda Digna que debieron entregarles en la administración pasada, pero que fueron vendidas por el ex alcalde, Ociel Hugar García Trujillo, que actualmente es diputado perredista.
La dirigente de los inconformes, Silvia Gallardo Gatica acusó que desde 2015 piden a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que devuelva el dinero para la construcción de casas de más de 300 beneficiarios, pero nadie les ha hecho caso, y advirtió que seguirán en la ciudad hasta que tenga respuesta.
Silvia Gallardo recordó que desde inicios de agosto interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra el diputado local, Ociel Hugar García Trujillo, a quien culpan de un presunto fraude y usurpación de funciones, cuando fue presidente municipal. La dirigente aseguró que el diputado vendió las 50 casas y que aún hay beneficiarios que están a la espera de una vivienda.
Dijo que son 50 vecinos que durante su administración, 2012-2015, fueron beneficiados del programa Vivienda Digna del Fonhapo, un programa de aplicación tripartita, en el que la federación aporta la mayor parte del dinero. Estas casas nunca, según denunció, se entregaron a los solicitantes.
“Seis meses y no nos han podido liberar la vivienda, no nos dan nada, por eso estamos aquí. En Guerrero no nos hacen caso, porque José Manuel Armenta Tello (el delgado de Sedatu) tiene tomada la delegación. El apoyo debió salir en enero, desde hace tres años se firmaron minutas y no hay resultados”, lamentó.
Una comisión de inconformes llegó a la dependencia, donde la atendieron secretarios particulares de funcionarios, pero no les dijeron nada en concreto.
Silvia Gallardo Gatica explicó que este programa social es de vivienda rural, “estamos tristes; el gobernador Héctor Astudillo, sólo va y se toma las fotos en las zonas más inundadas, es todo lo que sabe hacer, salir en la televisión en este año, el peor de todos los años; en el 2015 estuvo feo pero ahorita estuvo peor”.
Lamentó que el diputado, de quien dice tener pruebas de que vendió las casas, que correspondían a vecinos de escasos recursos, a otros de su partido, el PRD, siga en la impunidad.
La dirigente comentó que los quejosos viajaron a la Ciudad de México con sus propios recursos porque pusieron dinero para sus casas, aunque una mínima parte.

Marchan damnificados en Chilpancingo para exigir que se reubique la comunidad San Vicente

 

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organización Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero marcharon al Ayuntamiento capitalino para exigir la reubicación de la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo.
Asimismo, acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para interponer una queja ante el incumplimiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que no reubican a más de mil familias damnificadas de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre de 2013.
A las 2 de la tarde, unas 40 inconformes salieron en marcha de la Alameda hacia el Ayuntamiento para exigir una reunión con el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.
Antes de la marcha, los integrantes de la Dirección Colectiva, principalmente habitantes de las comunidades de San Vicente y Coapango, se reunieron en el teatro hundido de la Alameda capitalina.
Ahí, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que acudirían al Ayuntamiento, para exigir la reubicación de más de mil familias, de las comunidades San Vicente, Coapango, El Aguejito y Huacalapa.
Indicó que acordó con las autoridades comunitarias de las localidades que ahora solicitarán que se haga un recorrido con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, para ver el lugar donde serán reubicadas las familias.
Ante el incumplimiento de los tres órdenes de gobierno a su demanda, acudieron a la Codehum a interponer una queja para que quede un antecedente, y para que se les exija a las autoridades el cumplimiento de las obras de reubicación, además de que se revise el caso de El Mirador, ubicado al sur de la ciudad, para que reconstruyan varias viviendas que ya presentan fracturas, y son un riesgo para las familias que las habitan.
Nicolás Chávez Adame informó que el presupuesto que estaba destinado para las comunidades de la sierra que fueron afectadas por la tormenta Manuel fue de 160 millones de pesos, “dinero que no se ejerció”.
Al finalizar la reunión con autoridades municipales, Nicolás Chávez Adame informó que se acordó un recorrido con Sedatu y el alcalde, para que vean las afectaciones de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, y gestionen el tramo carretero Chilpancingo-Amojileca, obras de aulas en Huacalapa y otras comunidades, la revisión de las casas de El Mirador, y la conclusión del puente, que se incluyeron en una minuta de acuerdos que fue firmada por las autoridades.
Después de la reunión acudieron a la Codehum a interponer la queja, ahí las autoridades pidieron que este jueves, a las 11 de la mañana se forme una comisión autorizada por los pueblos, comisarios y los damnificados de El Mirador, para que cada quien externen su inconformidad mediante otra queja.

Impide el dueño del predio la construcción del puente de El Mirador en Chilpancingo ante incumplimientos del alcalde

Desde marzo pasado, el propietario del predio en donde la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) construye el puente para el fraccionamiento de damnificados El Mirador, al sur de la capital, suspendió la obra debido a que el Ayuntamiento incumplió con el convenio que firmaron hace un año.
La construcción del puente que servirá de acceso a los habitantes de El Mirador, a donde fueron reubicadas las familias damnificadas de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, quedó en un 70 por ciento de avance, y el presupuesto para la obra es de 24 millones de pesos, según datos de la propia dependencia federal.
Entrevistado vía telefónica, el propietario del terreno, quien aceptó conversar a condición de que no se revelara su identidad, “porque yo soy de Chilpancingo, de una familia conocida, el presidente municipal también es de Chilpancingo y pues la verdad no me gustan los problemas”, denunció que el alcalde ahora se le esconde para no cumplir.
Dijo que ha solicitado varias veces al alcalde Marco Antonio Leyva Mena que cumpla los términos del convenio, pero se quejó de que, recientemente, se niega hasta a recibirle las llamadas telefónicas.
El dueño del predio donde se construye una parte del puente vehicular, dijo que a cambio de donar el área, el alcalde Leyva Mena se comprometió a pavimentar un acceso y a autorizar un trámite administrativo (sin precisar qué trámite), y denunció que el alcalde no ha cumplido, por lo que desde marzo impide que continúen los trabajos en su terreno.
Contó que, entre septiembre y octubre lo buscaron del Ayuntamiento y de la Sedatu para que donara parte de su predio, en donde se construiría parte de la obra, “les urgía la inversión para que el recurso del año pasado no se fuera a otra parte y se pudiera construir ese puente”.
Sin embargo, a más de seis messe de que comenzó la construcción, el alcalde Leyva Mena no ha cumplido con los términos del convenio.
“El convenio se firmó de buena fe, pero el presidente municipal hasta la fecha no ha cumplido ningún acuerdo”, reiteró.
Informó que por eso, como dueño del predio, ha pedido que se suspenda la obra en la parte de su terreno “y no voy a permitir que se comiencen los trabajos hasta que cumpla el presidente municipal”.
Denunció que ha buscado al alcalde Leyva Mena y que lo ha citado en el predio, “le he llamado por teléfono y ya me cansé de andarlo buscando”. Informó que lo han atendido funcionarios de otras áreas, pero que nadie le ha resuelto el problema.
Advirtió que además de que mantiene suspendida la obra, podría recurrir a acciones legales, “es un convenio, y cuando no se respetan las partes, como en todo convenio puede tener salida legal”.
Dijo que no lo ha hecho porque el acuerdo fue de buena fe, “no me gustan los problemas”, recalcó, pero insistió que la obra continuará parada si el alcalde no cumple lo que le prometió.

 

Afectará a 30 mil familias de Antorcha Campesina el recorte presupuestal, denuncia

Integrantes de Antorcha Campesinas denunciaron que este año sólo recibirán el 50 por ciento de los apoyos de programas de dependencias estatales y federales que les dan, y se desatenderá a 30 mil familias de la organización en el estado, debido a los recortes presupuestales.
En conferencia de prensa, el representante estatal de la organización, Juan José Bautista Hernández reprochó el recorte al presupuesto en las dependencias estatales y federales del gobierno priista, dijo que en los montos globales hay un aumento, pero destinado a pagar deudas en el caso del estado, deudas que dejaron los gobernadores pasados. Agregó que a nivel federal se está destinando el presupuesto para el pago de la deuda externa.
“Lo que los ejecutivos están destinando (para pagos de deudas, son) para atender la problemática de los ciudadanos, con dependencias que tienen que ver con el desarrollo social”, comentó.
Aseguró que entre las dependencias que dejarán de atender a unas 30 mil familias a las que pertenece Antorcha Campesina son la c (SCT), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Además, Bautista Hernández anunció que el 19 de marzo celebrarán 33 años de Antorcha Campesina en Acapulco, a la que asistirán todas sus integrantes en Guerrero.

Culpa el alcalde de Zumpango a la Sedatu de que no se pague a los municipios por la minería

 

Del fondo minero que se obtiene del cobro de los derechos especial y extraordinario sobre minería, Guerrero obtuvo 60.9 millones de pesos de la recaudación fiscal de 2014, que representa 2.9 por ciento del total que se distribuye en 25 estado de la República, y dos años después los siete municipios beneficiarios con extracción de metales han recibido sólo 30 por ciento del dinero que les corresponde.
El alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes denunció que el retraso es por el exigente proceso de comprobación que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que se ha modificado varias veces, y el delegado de la dependencia federal, José Manuel Armenta Tello, explicó que entregó anticipos del 30 por ciento, y el resto del financiamiento, conforme los alcaldes vayan entregando avances en la construcción de obras.
En el decreto del 23 de diciembre de 2013, se establece el cobro de los derechos a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, considerando los ingresos obtenidos por la actividad extractiva y tomando en cuenta el posible impacto que podría ocasionar la medida en el sector minero.
Señala que el pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería se harán en una exhibición, a fin de año, pero también habría facilidades para que las mineras “puedan efectuar pagos provisionales trimestrales a cuenta de los derechos anuales”, que “permitiría que los recursos se integren de manera eficaz al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para su oportuna aplicación”.
Del total recaudado en 2014, la Sedatu informó que el fondo fue de 3 mil millones de pesos, de los cuales 20 por ciento tocan a la federación y 80 a los estados y municipios, y el financiamiento debe ser empleado “en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo”, como escuelas, servicios públicos, al final rellenos sanitarios, reforestaciones y otras de impacto ambiental.
Según el boletín de la Sedatu del 21 de enero de 2016 se destinaron a los estados 2 mil 74 millones de pesos, de los cuales 2.97 por ciento corresponde a Guerrero. Aquí, ese fondo se divide en dos: 37.5 por ciento para el gobierno del estado, y 62.5 por ciento a los municipios.
De 38 millones destinados a municipios Zumpango tiene 65 por ciento, 24 millones 773 mil pesos, porque tiene la mayor extracción de minerales en su territorio. Arcelia 22 por ciento con 8.3 millones, Petatlán 7.9 por ciento que son 3 millones, La Unión 1.3 millones que representa el 3.5 por ciento, Atenango del Río en Coyuca de Catalán y Tetipac suman juntos 1.37 por ciento, que representan 552 mil 886 pesos.
De lo recaudado en 2015, que se distribuirá en 2017, especialistas estiman un incremento de la recaudación y este año, el Congreso de la Unión aprobó entregar a la Sedatu 2.5 del fondo minero para gastos de operación.

El retraso causa conflictos con las comunidades: Pablo Higuera

El alcalde de Zumpango explicó que antes del fondo minero las empresas negociaban con los ejidos y comunidades beneficios, a parte de la negociación por la renta de las tierras, pero era muy disparejo.
Zumpango, con mayor actividad minera, tiene asignados 24 millones de pesos, en agosto recibió 9 que terminó de comprobar a mediados de noviembre, porque “la democracia hace el proceso muy lento”, se quejó
denunció que reglas y procedimientos se cambian constantemente, “que siempre ponlo así, después: agrégale esto”.
A la fecha dijo que ya tiene lista la propuesta de obra pública del fondo minero de los impuestos recaudados en 2015, sin haber recibido la totalidad de 2014.
Por esta situación, aseguró que se están generando conflictos de los gobiernos con los pueblos, debido a que empresas mineras le dicen a los comisarios que ellos ya entregaron dinero para obras públicas a los municipios, y los comisarios les exigen a las autoridades que ejerzan un dinero que sigue detenido en la Sedatu.
Con los fondos del primer año de recaudación en 2014, dijo que comenzó la construcción de obras de drenaje y agua potable, y sólo ha podido pagar el anticipo a las empresas encargadas de las obras en Mezcala, Carrizalillo, Tepehuaje, Balsas Sr y alumbrado en todo el municipio. Con el de 2015, además de agua, drenaje, alumbrado, dijo que tienen previsto tecnificar la pesca, sin embargo, las obras son insuficientes para atender las necesidades de las familias afectadas por la actividad minera “donde se pierden cerros”, dijo de la devastación.
Por separado el delegado Armenta Tello explicó que 2016 se hizo la instalación del comité del fondo minero en el estado, con la participación de empresas mineras, del gobierno del estado, del gobierno federal y de los municipios. Ahí se aprueba la propuesta de obras para siete municipios.
Detalló que en las sesiones, los municipios exponen las obras que consideran prioritarias, el comité evalúa aspectos importantes que marcan reglas del programa, “eso tomó un tiempo”, y una vez aprobados se realiza una nueva reunión para la distribución de los recursos.
Aclaró que las obras que se construyen con el fondo minero son de infraestructura básica, no para resarcir el impacto ambiental, que toca evaluar a otras instancias de gobierno.
“La verdad es que fue bien recibido el programa, obviamente hay municipios que esperarían mayores ingresos por parte del fondo minero, al notar que (el municipio) Eduardo Neri tiene una cantidad importante de recursos, esperarían iguales condiciones para atenuar el malestar (social) que pudiera generar la minería, y todos esperan que en este proceso hubiese de alguna manera derrama económica que se traduce para beneficio colectivo”.