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Dice diputado que no acompañó a niña víctima de abuso que no puede incidir en decisiones judiciales

El diputado local perredista, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que como integrantes del Poder Legislativo no tienen la facultad de incidir en la decisión de los magistrados, como se le solicitó en el caso de la niña abusada sexualmente, en el que el Poder Judicial de Guerrero absolvió al violador.
El diputado fue consultado por el caso del abuso sexual a una niña de 2 años y 8 meses, en el que la familia y defensa de la víctima pidieron su respaldo, pero se negó el acompañamiento.
Se trata del caso en el que tres magistrados y una jueza desecharon el testimonio de la niña de 2 años y 8 meses, que detalló el abuso sexual que sufrió por parte de la pareja de su mamá, y como consecuencia, el violador fue absuelto por la justicia local, aunque la federal dio un revés y ordenó tomar como prueba la declaración, el diputado comentó que la integrante de la organización Renacer, que trabaja en defensa, orientación y apoyo para las niñas y los niños que han sido víctimas de abuso sexual, Yolanda Domínguez Flores, lo buscó después de que la jueza a cargo del caso, Rosalinda Sáenz Rodríguez absolvió al abusador y la defensa de la víctima apeló la resolución y el caso pasó a la primer sala penal del Poder Judicial del estado.
El perredista dijo que los diputados no pueden intervenir en el análisis de los casos que resuelve el Poder Judicial, porque “son un poder independiente”.
Justificó con el argumento de que los legisladores no deben incidir “de manera directa para que los magistrados resuelvan de una u otra manera, porque entonces tendríamos responsabilidad para bien o para mal”.
Ensaldo Muñoz comentó que sí recibieron la petición de Yolanda Domínguez para intervenir en el caso, y que se comprometió a intervenir “en medida de nuestras posibilidades y en lo que la ley nos lo permite, para que se resuelva de manera justa, ni a favor ni en contra, porque a nosotros no nos corresponde”.
Dijo que en ese caso, como en cualquier otro que esté en manos del Poder Judicial, no pueden intervenir los diputados, porque a los magistrados “no los mandamos, ni les pedimos favores de ese tipo, porque tenemos que ser respetuosos”.
El diputado dijo que le da gusto que la justicia federal haya atendido el caso conforme a derecho y que finalmente la defensa haya acudido a instancias federales hasta lograr justicia.
Se le preguntó por el anuncio de la defensa de la víctima en el sentido de que presentarían una denuncia penal contra los tres magistrados por conducta delictuosa, que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez, y respondió que si hay sanción legal contra los magistrados y el tema llega al Poder Legislativo, posiblemente se tenga que excusar de ser parte de la Comisión de Derechos Humanos de la que es secretario, por conocer el tema “desde el ángulo de la defensa de la víctima”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

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Hubo en 2017 en Guerrero 2 mil 529 homicidios dolosos; es el más violento del país

Hubo 2 mil 318 denuncias por asesinatos el año pasado en el estado; fue el más violento del país

La cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de las carpetas de investigación iniciadas por la ejecución de 2 mil 529 personas. El 2017 fue el más sangriento en dos décadas, superando las 2 mil 310 denuncias por homicidio que hubo en 2012

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En Guerrero se abrieron 2 mil 318 carpetas de investigación por denuncias de homicidios de 2 mil 529 personas en 2017, 316 más que en 2016 cuando hubo 2 mil 213 denuncias, según la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) obtenida de la incidencia delictiva del fuero común de estados. Las fuentes del SESNSP son únicamente las denuncias presentadas ante las fiscalías y procuradurías de los estados de la República.
La cifras presentadas ayer en internet indicaron que en Guerrero hubo 6.9 asesinatos por cada día del año pasado, Guerrero se mantuvo en primer lugar con más homicidios en el país en 2017, seguido de Estado de México, después Baja California, Chihuahua, Veracruz y Jalisco.
Los cinco estados más violentos abarcan el 38.2 por ciento de los 29 mil 168 crímenes registrados en las 32 entidades de la República. Sólo Guerrero alcanza el 8.6 por ciento del total de las víctimas.
En otra de la gráficas con el desglose de los homicidios por mes y modalidad, incluidos feminicidios de los últimos tres años, se informó que en tres años consecutivos los homicidios en Guerrero han aumentado.
En 2015 se indicó que hubo 2 mil 17 asesinatos, entre ellos un feminicidio en febrero, en 2016 ocurrieron 2 mil 234 homicidios que incluyen 22 feminicidios y en 2017 se señaló que 2 mil 331 personas fueron ejecutadas, incluyendo 13 feminicidios, sin embargo en una gráfica general de estados se informó que son 2 mil 529 víctimas en Guerrero.
En 2015 el porcentaje de asesinatos por población fue de 56.60 por cada 100 mil habitantes y Guerrero ocupó el primer lugar. En 2016 la tasa subió a 61.47 casos pero Colima lo superó con 68.28 por cada 100 mil habitantes .
En 2017 hubo 64.26 homicidios por cada cien mil habitantes en Guerrero y ocupó el tercer lugar nacional, después de Colima y Baja California Sur que tienen una tasa 93.34 y 75.32 respectivamente.
En Guerrero se denunciaron 6 mil 272 delitos contra la vida, de los cuales 45 por ciento corresponden a homicidios (2 mil 873 casos), 53.8 por ciento a lesiones (3 mil 378), 13 casos de feminicidios, cuatro abortos y uno caso clasificado como “otros”.
Las cifras fueron a la alza a pesar de que Guerrero es parte de la estrategia nacional de seguridad para reducir los delitos de alto impacto. Durante la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó al gabinete de seguridad que se prepararan acciones inmediatas en 50 municipios donde los homicidios estaban a la alza hasta agosto de 2016.

Hubo 69 denuncias de secuestro en el año pasado

Según la tabla de estadísticas, en 2017 en Guerrero hubo 69 denuncias por secuestro, dando como resultado una tasa de 1.91 secuestros por cada 100 mil habitantes. La media de secuestros en la República fue de 0.93 por cada 100 mil habitantes.
Sobre las extorsiones se dio a conocer que hubo 175 denuncias en el estado en el mismo periodo. La suma de denuncias de extorsión por los 32 estados fue de 5 mil 649 casos. La tasa de este delito fue de 4.85 extorsiones por cada 100 mil guerrerenses.
Respecto al robo de vehículos con violencia, en el 2017 hubo 2 mil 647 denuncias, mientras que en el País se registraron 63 mil 179 denuncias de robo de auto. En promedio se robaron 73.38 autos por cada 100 mil habitantes en el estado. En este delito las entidades con mayor incidencia en 2017 son el estado de México y Jalisco con 26 mil 487 y 5 mil 399 denuncias respectivamente.

Calificaron como feminicidios sólo 13 de los 219 asesinatos de mujeres en 2017: hubo 8 en Acapulco

La ciudad del puerto ocupó el noveno lugar de las 100 ciudades con el mayor número de ese delito, según informe de la Segob. Entre 2015 y 2017 las entidades del país reportaron 6 mil 550 muertes violentas de féminas y el último año la cifra fue la más alta, representa el 39 por ciento del trienio

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En 2017 Acapulco ocupó el noveno sitio de las 100 ciudades con mayor número de feminicidios en México, con ocho de 13 delitos investigados como tal en Guerrero, según los datos mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El documento también señala que en Guerrero se registraron 219 “presuntos homicidios dolosos de mujeres” el año pasado, y la entidad ocupó el segundo lugar nacional en este delito, después del Estado de México que sumó 301 casos.
Los datos revelan que los gobiernos estatales reportaron al Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2 mil 585 casos de homicidios dolosas de mujeres el año pasado, y 696 casos de feminicidios.
Sólo 21 por ciento de las muertes violentas de mujeres registradas en México fueron clasificados como feminicidios.
En Guerrero, 5.6 por ciento de las muertes violentas de mujeres (13 casos) fueron clasificados como feminicidios. El 94.3 por ciento restante, 219 muertes violentas de mujeres reportadas por la Fiscalía General del Estado a la federación, son “presuntos homicidios dolosos de mujeres”.
De 13 feminicidios en Guerrero, la estadística oficial con corte el 31 de diciembre de 2017, indica que tres fueron ejecutados con arma de fuego, uno con arma blanca y nueve “con otro elemento”.
En general el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que entre 2015 y 2017, las entidades del país reportaron 6 mil 550 muertes violentas de mujeres, y el último año la cifra fue la más alta, representa el 39 por ciento del trienio.
Precisa que en la estadística por estados de “presuntos homicidios dolosos de mujeres”, se excluye a Sinaloa, porque en esa entidad las autoridades califican todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio “atendiendo a la perspectiva de género con que se realizan las investigaciones en la entidad y a los criterios jurisprudenciales en la materia”. No así en las demás entidades.
En este tenor, Culiacán, Mazatlán, Novalato y Ahome, Sinaloa, ocupan el primero, segundo, quinto y octavo lugar en feminicidios con 32, 15, 10 y 8 casos, que representan una tasa de 6.53, 6, 13.9 y 3.4 por cada cien mil mujeres en cada ciudad.
Mientras Acapulco, Guerrero, en el noveno sitio con 8 feminicidios reportados, establece que 1.81 mujeres de cada cien mil habitantes del municipio fueron víctimas de feminicidio.
A pesar de que Acapulco en el municipio con más muertes violentas de mujeres en el estado, y en diciembre pasado, en su informe La Violencia Feminicida en México, la ONU indicó que Guerrero era el estado del país donde se cometen más asesinados de mujeres, y Acapulco el primero de los municipios con 107 casos en 2016.
La relación de cien ciudades con el mayor número de feminicidios, antes de Acapulco, ocupan el cuatro y sexto lugar, Veracruz y Xalapa, Veracruz, con 13 y 10 feminicidios, cada uno, y como entidad el estado reportó 137 asesinatos dolosos de mujeres en 2017, ocupando el séptimo sitio nacional.
No hay más ciudades que las de Guerrero que cuentan con una alerta de violencia feminicida en ocho municipios, con una solicitud de ampliación a un noveno.
Para deslindarse de probables inconsistencias en la información el documento indica en pies de página que, “la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las entidades federativas, la cual se ha venido dando de forma gradual durante los últimos siete años, completándose las 32 entidades federativas en octubre de 2017”.
Para una lectura con perspectiva de género de incidencia delictiva, se informó que del total de víctimas por sexo, reportada en el país, 53.2 por ciento son hombres, 32.1 por ciento son mujeres y 14.7 no fue identificado.
Según los datos del Secretariado, en 2015 en Guerrero se investigó un caso como feminicidio, en 2016 el número subió a 21, siete por arma de fuego, dos por arma blanca, en 12 casos no se especifica la forma en que se cometió el asesinato.

Se disparan 72% los feminicidios en el  país; alertan de un subregistro de casos

Muchos expedientes se tipifican como homicidio doloso o culposo, explica la Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

El número de feminicidios en el país se disparó 72 por ciento en los últimos tres años en el país y organizaciones sociales advirtieron que existe un subregistro de expedientes, pues muchos casos que podrían tipificarse como tal son investigados por otras causales.
María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, consideró que el problema es más grave del que reflejan las estadísticas.
Explicó que es común que los casos de muerte de mujeres no sean indagados como feminicidios y se inicien investigaciones por homicidio culposo o doloso, por lo que existe un subregistro.
“La información es limitada, hay estados que tienen una situación grave, pero los datos que dan son mínimos; aún así refleja se una situación grave, preocupante.
“El problema es mucho mayor del que reflejan los datos. El delito se ha mantenido y en muchos de los estados ha aumentado”, advirtió Estrada.
La muerte violenta de mujeres por razones de género está tipificada como feminicidio a nivel estatal y federal, y es considerada la forma más extrema de violencia contra la mujer.
Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en 2017 los estados iniciaron 677 carpetas de investigación por ese delito.
Esta cifra fue 72.2 por ciento superior a la registrada en 2015, cuando las entidades sumaron 389 casos, y 15.6 por ciento mayor a 2016, cuando reportaron 580 expedientes.
Los estados que el año pasado registraron más feminicidios fueron Sinaloa, con 82; delante de Veracruz (79), Oaxaca (58), Estado de México (57) y Nuevo León (43).
Les siguieron Ciudad de México (37), Sonora (32), Chiapas (29) y Tabasco (28), así como Jalisco, Morelos y Puebla, con 27 casos cada uno.
Hubo tres entidades que reportaron cero casos en todo el año pasado: Querétaro, Baja California Sur y Aguascalientes.
En cuanto a la tasa por cada 100 mil habitantes, encabezaron la lista nacional Sinaloa, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Sonora, Veracruz y Nuevo León.
Del total de municipios del país, 327 tuvieron al menos un feminicidio en 2017, aunque 100 registraron las tasas más altas, según el informe oficial.
El municipio con más feminicidios el año pasado fue Culiacán, Sinaloa, con 32 casos, seguido de Mazatlán, del mismo estado, con 15.
“Ahora están asesinando a las mujeres con más saña, con brutalidad, vemos una violencia extrema (contra las mujeres) que es irracional.
“Este tipo de violencia es solapada por la impunidad, por malas investigaciones, porque ¿cuántos criminales (feminicidas) estén en la cárcel?”, cuestionó Estrada.
Es la primera vez que el SESNSP da a conocer cifras desglosadas de feminicidio y otros delitos cometidos contra las mujeres, en un informe que incluye datos de 2015, 2016 y 2017.
La contabilidad se realizó conforme a su tipificación en las entidades, la cual se dio en los últimos siete años y se completó en todo el país apenas en octubre de 2017.

Degüellan a una mujer en el poniente de la capital; tenía 32 años

La noche del domingo una mujer de 32 años fue degollada en la colonia PRD en la parte alta del poniente de la capital.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 10:45 de la noche del domingo recibieron un reporte de que en la calle principal de este asentamiento cerca de la secundaria Heberto Castillo había una mujer tirada en la calle.
Al lugar llegaron paramédicos de la Secretaría de Protección Civil (PC) estatal para atender a la víctima que tenía una herida por arma blanca en el cuello y en la calle se observó un charco de sangre. La víctima fue identificada como Eva de 32 años.
También llegaron policías municipales, estatales y ministeriales quienes acordonaron la zona y peritos de la FGE hicieron las diligencias de ley y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

La PGR y la Segob han buscado a los padres de los 43 tras la ruptura en la CIDH, dice Vidulfo Rosales

 

Tras la ruptura en la sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado sostuvo la tesis oficial del basurero de Cocula como la más sólida de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) han intentado acercarse a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, reveló el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
Aclaró que antes de la visita de los comisionados de la CIDH que forman el mecanismo especial del seguimiento de la investigación, del 19 al 22 de abril, será difícil cualquier diálogo con las autoridades.
Sin embargo añadió que mediante la coadyuvancia de los representantes legales están al tanto de cualquier avance en la investigación, y no han recibido ninguna información que indique un adelanto para esclarecer los hechos o determinar el paradero de los normalistas.
Precisó que los abogados en el momento en que lo consideren pueden consultar el expediente en la PGR, y si hay adelantos significativos las autoridades están obligadas a informar antes que a nadie a las víctimas.
Recordó que la última posición de las autoridades, es que todas las líneas de investigación están abiertas, después de que se interpeló la posición en favor de la llamada “verdad histórica”.
De la tesis aseguró que sólo seis personas de 180 en prisión están relacionadas con el basurero de Cocula, el resto fueron detenidos por portación de armas, por pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, por obtener dinero de manera ilícita, por acción y omisión en la responsabilidad y la desaparición forzada de los estudiantes.
De esos seis la mayoría denunció que fue coaccionado para incriminarse mediante tortura, y dos casos fueron debidamente comprobados mediante la aplicación del protocolo de Estambul.
De la visita de los comisionados, indicó que Esmeralda Arosamena de Troitiño llega con otro comisionado y los integrantes del equipo técnico operativo, que se quedarán más tiempo en el país.
En la visita 19 al 22 al país adelantó que habrá actividades públicas, en la que están planteando una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En otro tema opinó sobre los ataques a los periodistas, tema de las reuniones con los padres de familia.
Consideró que la violencia generalizada en el país vuelve turbio el ambiente, genera resquebrajamiento del tejido social, desestabilidad en los ciudadanos que se acostumbran a la muerte reseñada en los diarios todos los días, como a una estadística.
En este mar de violencia e impunidad, se vuelven vulnerables principalmente aquellas personas que promueven o ejercen un derecho y luchan por un cambio en un país.
“Preocupa a los padres esta situación, porque los que salen perdiendo en este clima de violencia al que nos acostumbra el régimen son los defensores y los periodistas, y la muerte de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada es un ataque directo a la libertad de expresión, un ataque artero”.
Mencionó que para que un Estado democrático funcione debe dar garantías a todos los periodistas para ejercer sus derechos, a los defensores, a los que luchan.
Sin embargo señaló que los funcionarios lo pierden de vista y en reuniones ha escuchado expresiones, incluso del secretario de Gobernación, de que no pueden poner policías a cada defensor, porque somos millones los ciudadanos en el país, y reflejan la insensibilidad, falta de visión y de compromiso con los derechos humanos.