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Intimidan policías a miembros del Festival de Resistencias en Tlapa, denuncian

 

Los organizadores del Segundo Festival de las Resistencias y las Rebeldías Contra el Capitalismo, donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos se quejaron de que elementos de la Policía Municipal y el director de Seguridad Pública, Ofelio Navarro González los intimidaron para que no realizaran sus actividades durante este 19 y 20 de diciembre en la explanada del Zócalo.
Los organizadores informaron que el Cabildo había prohibido actividades de ese tipo y que supuestamente ya estaba contemplado en el nuevo reglamento por instrucciones del presidente municipal, Jesús Noé Abundiz de que no podían colocar cosas en el quiosco.
Los miembros de las organizaciones El Grito, Abre tu mente, la Normal regional, la radio comunitaria Palabra de la Lluvia, del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) denunciaron que la tarde del sábado al llegar al Zócalo se les acercaron policías municipales para decirles que no podían colocar su tendero político informativo porque estaba prohibido “hacer desmanes”.
Los jóvenes informaron que ya habían solicitado permiso para hacer su evento en el Zócalo, pero los policías les impideron instalar su tendedero, después llegó el director de  Reglamentos y acompañado del director de Seguridad Pública a quienes les dijeron que tenían el permiso autorizado por escrito que luego les mostraron y sin embargo éstos también les prohibieron hacer sus actividades argumentando que “porque ahí deben explicar qué van hacer y luego no vengan a vandalizar”.
Finalmente, después de horas de discusión e intimidación de parte de los policías, los jóvenes pudieron instalar el tendero informativo en el que recordaron a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa; al activista del MPG, Antonio Vivar Díaz, y además hubo carteles en contra de las políticas neoliberales y las reformas estructurales del gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
En el acto participó el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien dijo que la región está en la pobreza pese a que hay oro y minerales que las empresas pretenden llevarse.
Dijo que las mineras entran a la región para apropiarse de los recursos y lo hacen hasta en los lugares más recónditos como a la Barranca Panal cercana a Xochiatenco en el municipio de Malinaltepec, donde hacen socavones y llevan tecnología de punta para abrir carreteras que llegan a otros municipios como Metlatónoc para poder sacar los minerales.
Lamentó que exista un sistema que no se enfoque a eliminar la pobreza de los pueblos originarios, pero si el oro que yace bajo sus territorios ante una política extractivista que empobrece, agandalla, y roba en un sistema capitalista.
Agregó que la región de La Montaña tiene una resistencia histórica por su organización comunitaria que los distingue y que se aprende desde muy pequeños en la cultura del respeto de la madre tierra.
Dijo que en el país ha ganado la lógica de la narcodelincuencia, narcogobierno, y el uso indiscriminado de la fuerza ante las situaciones difíciles.
Las actividades  son parte del  Festival mundial que se desarrolla en varias partes del país con música de protesta, talleres de pintura durante el fin de semana.

Señalan comenciantes de Tlapa que el alcalde los amenazó con desalojarlos del centro

El Frente de Comerciantes Movilizados denunciaron que el Cabildo y el alcalde priista, Jesús Noé Abundiz García, los amenazó con desalojarlos y piden que se respete su derecho al trabajo.
Por medio de volantes, los comerciantes convocaron a una marcha este lunes 21 de diciembre a las 10 de la mañana, que partirá de la colonia Aviación para exigir el respeto a sus derechos humanos.
El volante informa que el alcalde priista amenaza con desalojarlos con la fuerza pública con el argumento de que se “declara patrimonio histórico y cultural de la humanidad el primer cuadro de la ciudad”, las calles Matamoros, Guerrero, Añorve y Mina.
Los comerciantes dicen que les mandaron un documento firmado por los directores de Reglamentos Abel Román Ruiz, Tránsito y Vialidad Rolando Morales Prieto, Seguridad Pública Ofelio Navarro González y el regidor de Comercio y Abasto Popular Román Reyes Rojas.
Los comerciantes dijeron que lamentan las amenazas porque “día a día se ganan el pan trabajando para llevar el sustento a sus familias”.
Agregan que exigen que respeten sus derechos y si el primer cuadro de la ciudad es patrimonio histórico y cultural como lo considera el Ayuntamiento, “entonces exigimos que quiten al sitio Juárez (de transporte público), los comerciantes establecidos retiren su mercancía de las banquetas y no se estacionen carros que obstruyan la vía pública como ocurre”.
Los comenciantes piden apoyo al magisterio, a los estudiantes y al pueblo en general para la marcha de este lunes 21 de diciembre.

Es definitivo el cese de la Policía Comunitaria en Tototepec, Tlapa, dice el comisario afín al PRI

 

El comisario municipal afín al PRI, de la comunidad de Tototepec, municipio de Tlapa, Laurencio Gálvez Alarcón y su comitiva informaron que el acuerdo de suspender las funciones de la Policía Comunitaria en el poblado es definitivo por la violación a los derechos humanos y porque la han usado como instrumento para “ajustar cuentas políticas”.
En una entrevista en Tlapa, lamentó los señalamientos contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de que hubo dinero de por medio para la liberación de Fidel Villegas, “con eso sólo afectan a la policía, de la que forman parte y promueven”.
Como vecinos aceptamos el trabajo de la CRAC-PC y sus lineamientos internos apegados a los derechos humanos, expuso y agregó, “los coordinadores actuaron bien y eso lo reconoce la familia Villegas, a quien le dejaron ver a su familiar y recibieron todas las pruebas que permitieron su liberación”.
Desmintió que en los Bienes Comunales de Tototepec hubiera una asamblea para designar al presidente del comisariado y al Consejo de Vigilancia, “por ese motivo se desconoce a Honorio Bonilla Morales como presidente, porque no han emitido la convocatoria ni se realizó una asamblea para que se reunieran los mil 606 comuneros o el 50 (por ciento) más uno para hacerla”.
Aunque dijeron tener información de que las actas habían sido enviadas al Registro Agrario Nacional (RAN).
Los vecinos dijeron que desde la elección del comisario en enero de 2015 se agudizaron los conflictos en el poblado y desde entonces hay dos comisarios municipales.
El 10 de abril se acordó no hacer uso del inmueble hasta el 2016, después de elegir a un comisario y se estableció que la Policía Comunitaria estaría al margen.
Los detenidos serían entregados a cada comisario, según su grupo, para que determinaran qué hacer con ellos, “pero no sucedió así y detuvieron a Fidel Villegas”.
Dijeron que Fidel Villegas fue detenido el 4 de agosto por policías comunitarios de Tototepec, por lo que iniciaron algunas pláticas con los coordinadores de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, para pedir su liberación ya que las acusaciones no tenían sustento.
Los vecinos abundaron que Fidel Villegas fue señalado de cometer despojo, tentativa de homicidio y usurpación de funciones, pero estos delitos no se encuentran dentro del reglamento de la CRAC y no eran de su competencia.
De la tentativa de homicidio, los vecinos dijeron que fue un “incidente con sus sobrinos, nietos y pobladores que resultaron atropellados y lo acusaron de autor intelectual, cuando él no había participado y el coche no era suyo”.
Agregaron que por eso se acercaron a la Casa de Justicia de Espino Blanco para hablar con los coordinadores, César Ramírez Bello, Jesús Reyes Basurto, Jesús Cesáreo Sánchez y Valerio Basurto Sánchez, después de tres meses de diálogo y varias sesiones, el 14 de noviembre, después de deliberar más de 12 horas en una asamblea pública, se liberó a Fidel Villegas, pese a la oposición del grupo de la Policía Comunitaria de Tototepec.
Dijeron que los vecinos que denunciaron y parte de la CRAC encabezados por Fernando Montalvo no acudían a las reuniones en Espino Blanco, y concluyeron que “la usaban para desquitarse de manera política y ahora como se actuó con responsabilidad, insultan a los coordinadores diciendo que agarraron dinero”.
Dijeron que en las reuniones de la CRAC-PC en Espino Blanco se habló de liberar a Fidel Villegas y del cese de sus labores en Tototepec, lo que se acordó el 13 de diciembre con una votación de 27 a favor y tres en contra.
Agregó que será el comisario del poblado el que desarme a los comunitarios y dé de baja las armas registradas en Espino Blanco.
En Tototepec hay dos comisarios y se espera que la primera quincena de enero se designe a uno y se ocupe de nuevo el inmueble de la Comisaría.
Dijo que la familia Villegas no pretendía desacreditar al Sistema de Justicia Comunitario cuando denunciaron ante los medios de comunicación que les pedían dinero para su liberación, “el señalamiento era para la PC de Tototepec, porque en la Casa de Justicia los coordinadores actuaron imparciales, recibieron todas las pruebas y argumentos, y concluyeron que no había motivo para la reeducación”.
Remarcaron que no sobornaron a nadie y la decisión fue porque algunos delitos no estaban dentro del reglamento, faltaron pruebas, las imputaciones eran indirectas y se podían resolver dentro de la comunidad sin la intervención de la CRAC.
Además dijeron que la Policía Comunitaria estaba en manos de un grupo que viola los derechos humanos, con quienes no estaban de acuerdo y no participaron en acciones como la balacera el 5 de abril contra pobladores, que derivó en el cierre de la Comisaría.

Suspende actividades la Policía Comunitaria en Tototepec, Tlapa, por conflictos entre grupos

 

La asamblea micro regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) acordó suspender las acciones de la Policía Comunitaria en el poblado de Tototepec, municipio de Tlapa, hasta que se designe a un comisario porque hay dos en funciones.
Hay dos versiones, la primera es que fueron suspendidos de manera temporal y la otra que es una decisión definitiva, ya que desde el año pasado hay dos comisarios municipales en el poblado, uno vinculado al PRI y el otro al PT-PRD.
Los dos grupos tienen conflictos desde hace décadas por el servicio del transporte público, seguridad, tierras y el registro civil.
El comisario municipal afín al PRI, Laurencio Gálvez Alarcón y el comisario suplente, Hermelindo Rivera Celso informaron por medio de un comunicado que el pueblo de Tototepec acordó “la suspensión definitiva, actuación, ejercicio y desarme inmediato de la Policía Comunitaria de la comunidad de Tototepec, como consecuencia de las violaciones graves a los derechos humanos y arbitrariedades con los que ha actuado esta corporación en esta comunidad”.
Dice que la decisión se tomó después de ocho horas de discusión, análisis y diálogo de los coordinadores de las casas de justicia de Espino Blanco y San Luis Acatlán, comisarios, consejeros y presidentes de comisariados que integran la CRAC-PC Montaña-Costa Chica.
Según la información del comunicado, la reunión fue en una Casa de Justicia en la colonia Santo Domingo, anexo de la comunidad de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, este domingo.
El comunicado agrega que se hace con la intención de informar a los vecinos de Tototepec, instituciones de gobierno y asociaciones no gubernamentales para que no sean sorprendidos.
En la reunión estaban los dos grupos más representativos de la comunidad, uno encabezado por el juez de Paz del Poder Judicial, Fernando Montalvo Basurto, quien hasta hace unas semanas era el presidente del comisariado de Bienes Comunales y José Agustín Montalvo, y en el otro grupo estaba el comisario municipal afín al PRI, Laurencio Gálvez Alarcón y su gabinete.
Por su parte el integrante de la Policía Comunitaria de Tototepec, Honorio Bonilla Morales informó que la reunión era para analizar el caso de Fidel Villegas, pero no llegó.
La Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Espino Blanco retuvo el 4 de agosto al encargado del Registro Civil de Tototepec, Fidel Villegas Ruiz, acusado de despojo, lesiones y robo en la comunidad.
Bonilla Morales aceptó que se suspenden temporalmente las funciones de la organización de seguridad, pero hasta que se designe al nuevo comisario, en la segunda quincena de enero de 2016.
Dijo que la decisión es para evitar un mayor conflicto entre grupos contrarios en la comunidad, “y que éstos reflexionen sobre sus acciones, porque son los que atentan contra la paz, hay más de 15 órdenes de aprehensión contra la PC y otros ciudadanos por acusaciones sin fundamento y la última acción de los Villegas fue que rompieron la puerta de la cárcel para liberar a otros”, dijo.
Mencionó que el caso de la familia Villegas y sus seguidores agudizan las diferencias en la comunidad.
Este caso lo llevan los ex coordinadores de la CRAC de Espino Blanco, de donde se liberaron las órdenes de detención para su reeducación, pero los nuevos coordinadores, César del que desconoce su apellido, y Jesús Cesáreo no conocen el asunto y actuaron para favorecerlo, “pero no tenemos problemas en parar un rato para que los compañeros se ocupen de sus trabajos, ya que brindan servicios sin algún pago”.
Agregó que informarán al pueblo de Tototepec de la decisión y están seguros que cuando se elija al nuevo comisario estarán en funciones.
El pueblo de Tototepec tenía cerca de cuatro años que ingreso al sistema de la CRAC-PC, pero en su anexo San Miguelito tiene 18 años y continúa trabajando en el Sistema de Justicia Comunitario.

Hallan un cuerpo con el rostro desollado y con un narcomensaje cerca del río El Jale, en Tlapa

 

Ayer fue hallado el cuerpo de un hombre con el rostro y parte del cuerpo desollado cerca del cauce del río El Jale de Tlapa al que le dejaron un pedazo de cartón en que se leía, “esto les va a pasar a los rateros, secuestradores y extorsionadores”.
El cuerpo del hombre, del que se desconoce su identidad, estaba envuelto en una cobija azul a rayas y tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda, vestía una camisa de mezclilla azul.
Se presume que le destrozaron el cráneo a golpes y luego le desollaron el rostro y parte del hombro izquierdo.
Peritos de la agencia del Ministerio Público del fuero común acudieron, alrededor de las 7:30 de la mañana, a la colonia Renacimiento, al oeste de la ciudad, a la orilla del Jale. El hallazgo fue reportado por vecinos a la Policía Municipal.
Algunos vecinos mencionaron que posiblemente fuera un leñador, pero dado el estado del cuerpo no pudieron precisarlo.

Muere un maestro cetegista en Tlapa en un supuesto choque en moto

La madrugada de este viernes fue levantado el cadáver de un profesor perteneciente a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que supuestamente murió en un accidente automovilístico.
El profesor Meinardo García Soriano de 36 años supuestamente murió al chocar su cuatrimoto marca Italika con un camión cargado con materiales de construcción estacionado en la carretera Tlapa-Puebla, cerca de la bomba de agua, en la colonia Pirámides de Contlalco, donde también vivía el profesor, en la calle Popocatépetl.
Según otras versiones, el profesor fue asesinado a golpes.
Los peritos en criminalística trasladaron el cuerpo a la agencia del Ministerio Público del fuero común para ser identificado por sus familiares, de donde será llevado al Servicio Médico Forense en Chilpancingo.

Piden transportistas del servicio mixto en Tlapa al delegado regional que atienda un conflicto

Organizaciones de trasportistas del servicio mixto doméstico se manifestaron afuera de la Delegación Regional de Transporte en Tlapa para exigir al delegado que haga cumplir la norma y que sancione a la organización de transporte de carga y mudanza por prestar otros servicios no autorizados.
Los inconformes llegaron en caravana a bordo de sus camionetas a la delegación y cerraron la calle para exigir que les resolvieran un pliego petitorio que entregaron hace meses.
En el documento, piden que los transportistas de carga y mudanza “vuelvan a su modalidad de sólo trasladar cosas”, para que no funcionen como servicio mixto doméstico.
Por medio de un aparato de sonido, los transportistas inconformes pidieron compresión a los vecinos por obstruir el tránsito, ya que a mediodía la calle Matamoros es muy transitada, y reiteraron que era un movimiento pacífico.
Después una comisión dialogó con el delegado, Rosalindo Miranda Godínez para plantearle su desacuerdo.
En las oficinas de la Delegación Regional de Transporte, el dirigente Ángel Espinobarros le dijo al delegado que, anteriormente le entregaron un documento para explicar que el sitio de carga y mudanza presta el servicio de transporte a vecinos en la ciudad, pero su permiso sólo les permite hacer viajes de carga.
Dijo que cada vez se parecían más al servicio mixto doméstico, han cambiado la estructura de sus carros y usan los mismos colores.
La comisión de transportistas inconformes pidió a Miranda Godínez que haga cumplir la ley y sancione a este grupo. Por su parte el delegado dijo “diario los tenemos infraccionados, la detención no lo puedo hacer porque no es mi competencia, no puedo llegar y golpearlos, debo de dialogar con ellos” manifestó.
Pidió a los transportistas inconformes que se reúnan con el otro grupo para llegar a un acuerdo, sin embargo, no aceptaron, dijeron que no tenían nada que negociar porque en 2005 fueron a juicio y el otro grupo perdió.
Le solicitaron al delegado que gestione una reunión en el Ayuntamiento con el secretario de Asuntos Políticos y el director estatal de Transporte, Ángel Piña Garibay.
Un transportista inconforme dijo que si el gobernador quiere “orden y paz”, lema de su campaña, tiene que hacer cumplir la ley.
Pidieron separar el transporte, por un lado el servicio mixto doméstico y por el otro el servicio de carga y mudanza, ya que los últimos están dando un servicio que no les corresponde.
El delegado se comprometió a hacer una operación de transporte. Agregó que hace unos días le pidió al alcalde coordinarse con Tránsito municipal para la operación, pero a la fecha no le ha respondido.
Los transportistas inconformes se aglutinan en cuatro organizaciones.

Llaman padres de los 43 en Tlapa a formar un solo frente para exigir su presentación con vida

 

Una comisión de padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de 14 meses en Iguala, llamaron a los ciudadanos a que los apoyen, y a las organizaciones sociales a que hagan un solo frente para exigir la presentación con vida de sus hijos y que se haga justicia para todos.
Los padres, encabezados por Melitón Ortega, estuvieron en la delegación municipal de la colonia El Tepeyac, donde fue asesinado por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral, el activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) Antonio Vivar Díaz.
Melitón Ortega llamó a la unidad a las organizaciones sociales para que se detengan las reformas estructurales, se respete el territorio de los pueblos y se avance en la construcción de los concejos municipales.
También invitó a una marcha el próximo 12 de diciembre en Chilpancingo, a cuatro años de los asesinatos de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Destacó que, como familiares de los 43 estudiantes, se mantienen unidos pese a que el Estado los ha intentado dividir, confrontar, comprar y confundir al pueblo para destruir el movimiento que lo único que persigue es encontrar a los estudiantes y castigar a los responsables, “queremos saber qué pasó ese día, esa es la razón de estar juntos y trabajar juntos, aunque nos hayan querido comprar con dinero, la vida de nuestros hijos no está en venta, somos pobres y no recibimos ningún dinero como quieren hacer creer a la gente”
Detalló que están en una segunda etapa de revisión del expediente del caso Ayotzinapa con la subprocuraduría de Derechos Humanos, que se reunirán cada 15 días para evaluar los avances con la procuradora y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el miércoles tienen una reunión en Acapulco con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Dijo que no le creen al gobierno ni a sus instituciones porque, aseguró, sus hijos ya no existían para ellos, y que aceptarán el dolor sólo porque así lo dijeron tres personas, pese a las deficiencias de la investigación que “son mentiras”.
Lamentó que por la exigencia de no permitir las elecciones el 7 de junio hayan asesinado a Antonio Vivar Díaz, quien se había sumado a la exigencia de la presentación con vida de los normalistas: “el gobierno utiliza las fuerzas represivas para callarnos, nos mandan retenes, nos cercan para que nos quedemos encerrados y no salgamos a exigir justicia”, lamentó.
Pidió a los asistentes que no crean en lo que se publica en medios de comunicación, sobre todo Televisa y Milenio, que califican a los jóvenes de provocadores y delincuentes.
El padre del normalista desaparecido José Cantor dijo que viven con dolor y tratan se seguir, “con esta cosa de malas que nos tocó, por eso no dejamos de buscarlos y pensamos que quienes se los llevaron no tienen corazón”.
Denunció que el gobierno los sigue lastimando al no permitir su libre paso y hostigarlos con retenes, tratándolos como delincuentes.
Una de la madres se quejó de que algunas personas los tachen de flojos y les dicen que se vayan a su casa, que dejen de marchar porque sus hijos ya se murieron, y que mejor se vayan a cuidar a los vivos: “creen que nosotros no queremos eso, estar juntos y unidos como antes, pero no podemos porque los desaparecieron a fuerza”, y responsabilizó al gobierno y a los militares que lo permitieron.
“Seguimos aquí porque no queremos que sigan desapareciendo más personas, y el gobierno luego diga que no sabe nada”, refutó.
Dijeron que recorrieron Olinalá, Tototepec y Acatepec, donde se reunieron con más de 20 representantes de comunidades que pertenecen al Consejo de Damnificados de la Montaña, y que este lunes buscarían un espacio en la XEZV La Voz de la Montaña para difundir el objetivo de su visita.

Marchan en Tlapa organizaciones, estudiantes y maestros a 6 meses del asesinato de Antonio Vivar

Finalizan con una misa en la Iglesia de la virgen de Guadalupe. Participan integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, estudiantes de la Normal Regional de la Montaña y de la Universidad Pedagógica Nacional, y familiares del activista

Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, organizaciones sociales, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), estudiantes de la Normal Regional de la Montaña y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y familiares de Antonio Vivar Díaz participaron en una marcha peregrinación para exigir justicia a seis meses de su asesinato.
El contingente partió del mercado Un Nuevo Horizonte para Guerrero a la iglesia de la colonia El Tepeyac, recorrió la avenida Colegio Militar y la calle Guerrero hasta la iglesia de la Virgen de Guadalupe donde se celebró una misa.
Al frente del contingente marchaban los hermanos y las sobrinas de Antonio Vivar; llevaban retratos del joven asesinado y gritaban, “¡justicia!”; les seguían los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, del MPG y más de cien manifestantes.
Los padres de los 43 se veían cansados, después de 14 meses de buscar a sus hijos; Margarita Zacarías Rodríguez, madre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, no terminó el recorrido a pie, sino en un carro que la llevó hasta la iglesia en el Tepeyac, que se encuentra en un lugar empinado.
El padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, Margarito Guerrero resbaló y tuvo que ser auxiliado tras caer al suelo, pero siguió caminando.
En el trayecto, las voces de los inconformes coreaban, “¡Toño no murió!, ¡el gobierno lo mató! ¡7 de junio no se olvida!”.
Entre las organizaciones que marcharon estuvo la Organización de Pueblos Independientes de Guerrero (OPIG) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Al llegar a la iglesia fueron recibidos por el sacerdote, quien dijo que la misa era por Antonio Vivar.
Los de la UPN colocaron una manta con el retrato del joven en la colonia El Tepeyac, en el lugar donde cayó abatido por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral.
El recorrido de más de 2 kilómetros fue acompañado por una banda de música de viento.

Las mujeres no denuncian la violencia porque no confían en las instituciones, dicen expertas en Tlapa


Ayer, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo un foro en el Club de Leones, donde las ponentes revelaron que los tipos de violencia que más padecen las mujeres es física, sexual y económica, y que por miedo y falta de confianza en las instituciones no se atreven a denunciar a sus agresores.
La primera ponente del foro fue la jueza del Juzgado de Primera Instancia, Celia Fernández Suárez, quien dijo que es importante enseñar a los hijos varones a hacer el trabajo doméstico para que apoyen a sus madres, pues en su trabajo le ha tocado ver a sus compañeras que aparte del trabajo de oficina están preocupadas por el trabajo en casa y es muy difícil cumplir con todo.
Destacó que las mujeres en materia civil están bien protegidas, porque hay leyes que favorecen a las mujeres como en el caso de la custodia de los hijos, y por eso pidió a los asistentes que si conocen a personas que están viviendo violencia que las apoyen para que denuncien, y aseguró que con los juicios orales en el nuevo sistema de justicia penal, será más rápido la denuncia.
Explicó que “el hecho de que denuncien a sus parejas no quiere decir que luego se van a la cárcel, se firman pactos y al hombre se le cita para leerle la cartilla”.
También comentó que a ella le ha tocado fijar fianzas, pero para ello ha obligado a los agresores a que reparen el daño, con la advertencia de que si vuelven a agredir serán detenidos.
Pidió a las asistentes, “mujercitas dejen de estar agachadas, sean fuertes y denuncien”.
También participó la psicóloga de la Jurisdicción Sanitaria 04, Ángela Herrara con una ponencia sobre violencia sexual y de género, quien habló sobre la mutilación en África, y explicó que de cada 10 mujeres, siete han vivido alguna forma de violencia.
Detalló que ella atiende el módulo de adolescentes en el sector Salud, y que al año atiende a cientos de jóvenes que viven violencia, en su mayoría física, psicológica y sexual, pero lamentó no haber llevado las estadísticas.
Mencionó que ha atendido casos de mujeres jóvenes en que han sido obligadas por sus novios a tener relaciones sexuales y en ocasiones se han embarazado y sus padres las han obligan a casarse con su agresores.
Mencionó que otro caso es la violencia en el noviazgo, por lo que sugirió a las jóvenes que no permitan que sus novios las maltraten y que acudan a los centros que hay para atender este problema.
Otra ponente fue la directora de Ciudad Mujer, Nayeli Ávila Cabrera quien indicó que el problema de la violencia es mundial y que por ello la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Comentó que el 40 por ciento de las mujeres casadas o unidas en pareja viven o han vivido alguna situación de violencia.
Explicó que “en la región hay 200 mil mujeres, lo que significa que cerca de 100 mil mujeres han sido agredidas por su pareja por lo que considero que es un índice muy alto”.
Precisó que el 90 por ciento vive violencia emocional, 57 por ciento violencia económica, 31 por ciento violencia física y 20 por ciento violencia física extrema como la violación sexual, intento de homicidio, quemaduras, cortaduras.
Lamentó que el 90 por ciento de las mujeres que han vivido o viven violencia no denuncian sus casos, porque si bien en el país hay todo un mecanismo de procuración justicia para las mujeres, éstas siguen guardando silencio, y han revelado que no denuncian porque no creen en las instituciones y temen por las represalias.
Pidió a los hombres que se involucren en el problema porque ellos son los principales agresores y generadores de violencia.
Comentó que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, pues es un derecho humano y se tiene que trabajar en la prevención.
Sin embargo, las escuelas que asistieron al foro, como la secundaria Técnica 132, la Normal Regional José Vasconcelos y el Centro Universitario Pacifico Sur (CUPS) sólo llevaron estudiantes mujeres, por lo que la participación de hombres fue mínima.
El foro fue organizado por el DIF municipal. Asistieron la presidenta del DIF, Rosalinda Mata salcedo, así como algunos regidores y trabajadores del Ayuntamiento.