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Aplazan paro laboral los trabajadores del Hospital de la Madre de Tlapa; les prometen la homologación en 2016

 

Los trabajadores del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense en Tlapa informaron que aplazaron su paro laboral hasta el próximo año tras acuerdos a los que llegaron con autoridades del gobierno estatal y la dirección del hospital.
La líder sindical de la sección LXVII del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Zendy Cisneros Cid informó en el hospital que su representante Adolfo Calderón Nava acordó con el gobierno del estado que los primeros días del 2016 harán la homologación salarial para todos los trabajadores y atenderán las peticiones laborales.
El acuerdo con la administración del hospital fue separar del cargo a la jefa de recursos humanos, Elizabeth Encarnación Espíndola porque “se comprobó la falta de competencia para el puesto, sus errores afectaron los derechos laborales de los trabajadores”, como la afiliación a la seguridad social que se retrasó 49 semanas por la lentitud de su trámite y les afecta en el retiro laboral y pensión. También la poca gestión en la homologación salarial, mientras que en el hospital de Chilpancingo ya cobran con tabulador actualizado de 2014, en el hospital de Tlapa sigen con el tabulador de 2011.
La líder dijo que “son salarios bajos y son derechos laborales que de ninguna manera se negocian”, pero confiaremos en el compromiso de los funcionarios del gobierno del estado y estaremos a la espera, y agregó que “iniciando el 2016 estaremos insistiendo en cobrar sueldos actualizados como lo marca la ley”.
La exigencia de los trabajadores del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense son el incremento salarial, homologación, recategorizaciones, gestión de plantilla completa para el hospital, y se suman a la exigencia del pago del bono sexenal ante el cambio de administración y la llegada del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los trabajadores plantearon el paro laboral el 30 de octubre y el 4 de noviembre, pero el director del hospital, Enrique Herrera Gálvez les pidió un aplazamiento y le dieron 3 días hábiles.
La líder dijo que “era inminente el paro laboral el lunes 9 de noviembre, porque no creo que en 3 días logren lo que no lograron en 2 años”, y dijo que pedirían la salida del director y el cuerpo directivo.
Sin embargo, el 9 de noviembre el líder sindical estatal entabló una mesa de trabajo en Chilpancingo con autoridades estatales que se comprometieron a iniciar la homologación en 2016, por lo que esperarán que les cumplan o iniciarán con acciones para exigir que se cumpla el pliego petitorio.

Se accidenta funcionario de Tlapa con dos trabajadores; muere uno

El asesor del Ayuntamiento de Tlapa y ex director de Comunicación Social de Chilapa, Marco Alfredo Ángel Morales y dos trabajadores sufrieron un accidente automovilístico en la carretera Chilpancingo-Tlapa; uno de los trabajadores falleció.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:40 de la noche de este martes en el kilometró 82 de la carretera Chilpancingo-Tlapa, cerca del punto conocido como El Chapopote.
El automóvil Volkswagen Jetta blanco en el que viajaban las víctimas se salió de la carretera y volcó unos 100 metros, según informó uno de los sobrevivientes.
El conductor del vehículo, Felipe de Jesús Casarrubias Ortega de 28 años, vecino de la cabecera municipal de Chilapa, falleció en el lugar.
José Javier Pascual Rosales, trabajador del Ayuntamiento, resultó con una fractura en el brazo derecho, mientras que Marco Alfredo Ángel Morales fue trasladado a la ciudad de México ayer a las 3 de la tarde por la gravedad de su estado de salud.
Ángel Morales fungió como director de Comunicación Social de Chilapa en la pasada administración municipal; Felipe de Jesús Casarrubias también trabajó en esa área.

Denuncian que la Cruzada contra el Hambre en La Montaña les adeuda dos meses de salario

Coordinadores de la región de la Montaña de la Cruzada Nacional Contra el Hambre denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) les adeuda dos meses de salario, que equivale a aproximadamente 500 mil pesos.
Los cuatro coordinadores municipales de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, programa que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, denunciaron que no les han pagado a ellos y a 38 promotores encargados de 13 municipios de la región de la Montaña.
Los coordinadores y promotores se encargaban de recabar datos de proyectos como piso firme y elaborar proyectos para canalizarlos a dependencias federales.
Los coordinadores José Eduardo Calixto Gálvez, Modesto Martínez Rodríguez y Mario Vázquez Serrano dijeron que ellos recibían su pago como becas, porque los recursos se los depositaban al Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM), pero ya no les pagaron agosto y septiembre.
En el tecnológico les dijeron que la Sedesol ya no les depositaría su pago, porque supuestamente se suspendió el programa de manera temporal y les habían tonificado, “es mentira, porque si así hubiera sido los del tecnológico nos hubieran dicho, al contrario aceptamos trabajar con metas y recorte de personal, de 62 promotores bajaron a 38 y de siete coordinadores quedamos cuatro”.
Mencionaron que, ante la negativa del pago entregaron oficios dirigidos al presidente Enrique Peña Nieto; al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Osorio Chong; al diputado federal, Javier Guerrero García, quien fue responsable en el estado de Sedesol; al actual delegado de la Sedesol en Guerrero, José Manuel Armenta Tello; al responsable de la Función Pública, Virgilio Andrade; al senador Armando Ríos Piter; y al titular de la Codehum, Ramón Navarrete, “ya llevamos meses pidiendo el pago y estamos agotando la vía institucional, pero si no hay respuesta favorable tomaremos otras medidas”.
Agregaron que el delegado de Sedesol, José Manuel Armenta Tello les respondió que ellos habían sido notificados en una reunión que el programa se suspendía y no hay nada que pagarles, “son datos falsos, aparecen nuestras firmas y una orden del día, pero no corresponde a la realidad, en las minutas no están nuestras firmas”.
Dijeron que los trabajadores de la Cruzada Nacional Contra el Hambre integraron los comités compuestos por 16 vecinos, y que cada promotor atendió a más de 16 comunidades, “fue mucho el desgaste y eran caminatas largas”, dijeron.
Señalaron que están en la misma situación promotores de Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), a quienes no les han pagado por sus servicios, y también les pagarían por medio del tecnológico de la región de la Montaña.
Puntualizaron que la deuda asciende a 500 mil pesos, “lo único que pedimos es que nos paguen lo que trabajamos, y desmentimos que hayan avisado que se suspendía el programa, porque el tecnológico no fue informado en tiempo”, dijeron.

Piden damnificados de La Montaña a la federación casas, granos y que repare los daños de Manuel

Integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña pidieron en una reunión a funcionarios federales y estatales que cumplan la entrega de viviendas y granos básicos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
El integrante del Consejo de Tlacoapa, Vitaliano Navarro Mosso dijo que las viviendas están en mal estado y que en varias comunidades ni se empezaron a construir, que la construcción de casas que les prometieron “quedó tirada” y que “fueron abandonadas las obras” en las escuelas.
Denunció que no se enteraron de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes acudieron a la región “casi a escondidas”.
De la comunidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Antonio García Benito pidió que les dijeran qué pasa con las comunidades en riesgo o que fueron desplazadas, porque no tienen ningún documento de riesgos.
El delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció que hubo deficiencias en los censos y que se iban a revisar los casos, ya que en las administraciones pasadas no tuvieron apoyo, pero que en esta nueva había disponibilidad para hacer los estudios técnicos, y que “prácticamente en dos años no hubo administración estatal”, por lo que varios quedaron fuera y había sub censos.
Dijo que estaban revisando la lista de las empresas contratadas y que se estaban rescindiendo contratos con las que no cumplieron para que asuman su responsabilidad, y también se estaba viendo quién entraría a cumplir con los trabajos; le recordaron que entregara el listado de empresas que trabajaban en las comunidades, porque al momento de exigir no sabían a quién, y que se presentaran ante las autoridades municipales porque “entran muchos desconocidos”.
El representante de la comunidad de Yahuitepec, Zeferino Anzurez pidió que atiendan, porque no hay viviendas y constantemente los ventarrones se llevan sus techos.
La plática se desarrolló en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), donde estuvieron el delegado estatal de la dependencia, Julio César Licona, el de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello; del gobierno estatal, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga, y el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado, quienes se comprometieron a atender las deficiencias y peticiones de los damnificados.
A los asistentes a la reunión les pidieron que compartan la responsabilidad de las acciones para atender a la población, como el caso de Malinaltepec, uno de los más afectados, y acordaron un recorrido para verificar las afectaciones a las viviendas.
Los presidentes municipales que estuvieron presentes fueron, de Malinaltepec Sebastián Ramírez, de Acatepec Jerónimo Mora y de Cochoapa el Grande Rosa Lorenzo; también acudieron representantes de Zapotitlán Tablas, entre otros.
Hubo comisarios, delegados y representantes del Consejo, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, su director, Abel Barrera, y la asesora jurídica, Martha Ramírez, quien pidió que los promotores de la Cdi no se comporten prepotentes y que no exijan cosas que no se toman en los acuerdos de las mesas, como las firmas de tarjetas para darles maíz, frijol, arroz y sal a vecino de las comunidades; también que el Consejo fue el que envió su padrón de las comunidades y sus peticiones, y que no podían ser exclusivos ya que había familia de presidentes municipales como beneficiarios.
Pidió que se respete la entrega de las remesas de granos que faltan, que se entregue el padrón de empresas que trabajan en la región y los dictámenes de Protección Civil de la Sedatu, ya que la única dependencia que lo hizo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Barrera Hernández dijo que se replantearía el programa de granos básicos como permanente, porque tendrá una reunión en la ciudad de México con el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda para que este no se termine con la última entrega, y que se seguirá revisando la calendarización para atender las viviendas.
Esta reunión duró unas dos horas, de las 3 a las 5 de la tarde; los funcionarios federales se retiraron en helicóptero tras comprometerse a revisar periódicamente el cumplimiento de las demandas.

Toma la OPIG “simbólicamente” la Cdi en Tlapa; se reunirá con autoridades federales, anuncia

 

Integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero, que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (OPIG CNPA-MN), tomaron de “manera simbólica” las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en Tlapa, donde acordaron mesas de trabajo con las autoridades federales y estatales para atender sus peticiones.
La toma de la Cdi duró de las 8 a las 10 de la mañana, y después los inconformes se quedaron en el lugar hasta las 2 de la tarde, cuando se reunieron con funcionarios federales y con el secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado, Gilberto Arriaga Solano. En la reunión acordaron iniciar las mesas de trabajo la próxima semana, pero no especificaron hora ni fecha.
El integrante de la OPIG, Israel Jiménez informó que en su jornada nacional del 9 de noviembre, en la que participaron más de 20 organizaciones del país integrantes de #ElCampoEsDeTodos para apoyar al movimiento campesino-indígena, acordaron tales mesas de trabajo.
El representante comentó que entregaron sus peticiones al titular de la SAI, Gilberto Arriaga Solano para hablar sobre asuntos locales, como apoyo para la infraestructura de la OPIG en la región, proyectos productivos de hongos Z, equipamiento e infraestructura de un laboratorio agrícola que funcione como centro de investigación y práctica, infraestructura carretera y plantas frutales, y para impulsar el cultivo y procesamiento del café.
“Por el momento, aceptamos las pláticas, las mesas y las promesas de apoyo a nuestras peticiones; esperemos que las cumplan y no se quede en el discurso, o regresaremos con otras acciones; y pedimos interlocución con el gobernador”, dijo.
Agregó que las peticiones, en su mayoría eran para las dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la intervención del estado era buena porque también tenían cosas específicas para este nivel de gobierno.
Fueron atendidos por el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona; de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello, y del gobierno estatal, el secretario de la SAI y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado.
Recordó que la OPIG exige que no haya recorte presupuestal para el campo mexicano, solución inmediata a las demandas de las organizaciones aglutinadas en la CNPA-MN, recursos para los programas de vivienda rural y vivienda digna, proyectos productivos, y la liberación inmediata de los recursos retenidos por la SHCP, entre otras peticiones.
Mantienen la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, libertad a los presos políticos y justicia para Antonio Vivar, no a la política de criminalización del movimiento social y no a la militarización.
También se pronunciaron por la defensa del territorio, la cancelación inmediata de las concesiones mineras en La Montaña, y la consulta previa e informada a los pueblos originarios sobre las formas de autogobierno que decidan aplicar.

Bloquean integrantes de la OPIG la carretera Tlapa-Chilapa para exigir mejoras en el campo

 

Integrantes de la Organización de Pueblos Independientes de Guerrero (OPIG) cerraron la carretera Tlapa-Chilapa en el crucero de la comunidad de Ahuatepec Ejido, donde colocaron piedras, mantas y entregaron volantes con sus demandas.
Los indígenas nahuas y na savi llegaron a las 10 de la mañana y bloquearon el paso hasta las 5 de la tarde; al frente del bloqueo estuvo el dirigente Israel Jiménez Martínez acompañado de más de 50 personas.
Hasta antes de las 3 de la tarde los inconformes mantenían totalmente cerrada la vía, pero tras dialogar vía telefónica con el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga quien les ofreció una mesa de trabajo en Chilpancingo, permitieron el paso intermitente de los vehículos, pedían cooperación y volvían a cerrar la carretera.
Mencionaron que la protesta se llevó a cabo en todo el país dentro de la jornada nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena El Campo es de Todos.
Entre las demandas piden que no se recorte presupuesto para el campo y la solución a las demandas nacionales de las organizaciones agrupadas en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y en este caso las de la OPIG.
También demandan recursos inmediatos para la vivienda rural y vivienda digna, proyectos productivos,  liberación inmediata de los recursos retenidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), infraestructura educativa, de salud, centros de investigación, equipamiento (transferencias de tecnologías) para el campo, desarrollo de políticas públicas en el campo sin excluir al pequeño productor.
Pidieron la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, libertad de los presos políticos y justicia por el asesinato del activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) Antonio Vivar Díaz.
Además expresaron que defenderán su territorio, por lo que pidieron la  cancelación inmediata de las concesiones mineras en la Montaña de Guerrero, la consulta previa e informada a los pueblos originarios respecto a las formas de autogobierno de las diversas naciones étnicas de México, más escuelas y menos cuarteles militares.
Pidieron un alto a la criminalización de los movimientos sociales, a la militarización del estado de Guerrero y a la discriminación de los estudiantes de los pueblos marginados para acceder a las escuelas de nivel superior.
Además advirtieron que no aceptarán las reformas estructurales sin un debate amplio para la redefinición de las políticas públicas.
En el bloqueo fue mediador el delegado de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce a quien Jiménez Martínez le explicó que la manifestación era parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena El Campo es de Todos, y que se levantarían de acuerdo con las indicaciones de la dirigencia nacional en la Ciudad de México.

Salieron 4 mil jornaleros de la Montaña a los campos agrícolas de Sinaloa, informa el Consejo

En la temporada de alta migración en la Montaña, se contabilizan cerca de 4 mil jornaleros indígenas que  ya salieron a los campos de cultivo al corte de pepino y jitomate en el estado de Sinaloa, informó el integrante del Consejo de Jornaleros, Flores Sánchez Crescencio.
Agregó que hacen los registros del 27 de agosto a la fecha y llevan unos 3 mil jornaleros entre trabajadores y niños, pero hay quienes salen sin registrarse y se va por su cuenta en los servicios de transporte que van a los estados del norte, específicamente a donde hay campos de cultivo, así que los migrantes “pueden ser más de cuatro mil en realidad”.
Sánchez Crescencio dijo que este sábado saldrán nueve autobuses de la comunidad nahua de Tlaquilzinapa del municipio de Tlapa, “serían  más de  500 personas que aún no se registran”, ya que se les registra cuando llegan a la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal.
El 5 de noviembre salieron cinco autobuses con jornaleros de los municipios de Xalpatláhuac, Tlapa, Alcozauca, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Huamuxtitlán y Atlixtac.
Los grupos indígenas que han salido son na savi y nahuas a los campos Emilión, Patricia y Silvia en Sinaloa.
Del comedor para los jornaleros dijo que tienen insumos, pero algunas cosas les dan de más y les faltan otras, “no van de acuerdo a las necesidades de la población, porque a veces hay mucho movimiento y luego no hay nada”.
Propuso que los insumos se den gradualmente, pero se les tome en cuenta cuando faltan cosas como las verduras que deben comprarse día a día para que no se echen a perder, o se tengan que esperar hasta que les den las ministraciones que luego se llevan más de dos meses.
En cuanto a las reuniones con las dependencias federales y estatales que atienden el sector, dijo que no ha habido acercamiento por el cambio de gobierno estatal, y la última se canceló y siguen con sus peticiones sin ser escuchadas.

Separan a la jueza de Tlapa de los casos de Nestora Salgado y Gonzalo Molina ante irregularidades

 

La jueza de Primera Instancia de lo Penal en Tlapa, Leonor Mojica Arroyo fue cambiada al Distrito judicial de Galeana, en Tecpan, después de que la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García denunció irregularidades en su actuación, y familiares del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla, Gonzalo Molina González, exigieron que la separaran de los casos.
El abogado de Salgado García, Sandino Rivero informó que la jueza fue separada de los procesos con su secretario de acuerdos hace dos semanas. A través de fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se conoció la nueva adscripción.
En la Ciudad Judicial, Sandino Rivero recordó que la jueza puso una serie trabas en el proceso penal contra Salgado García que, más allá de formalidad obedecía a “un interés perverso” o, mínimo, a falta de diligencia.
Entre las irregularidades más evidentes, señaló un recurso de apelación para exigir la reposición de todos los procedimientos desde su detención, porque la luchadora social nunca recibió asistencia consular por su doble nacionalidad mexicana-estadunidense. Recordó que mediante un escrito de las autoridades estadunidenses, se confirmó la doble nacionalidad de su defendida y, por ley se solicitó la reposición de todas actuaciones, pero la jueza no lo vio así.
A través de un recurso de inconformidad, la apelación llegó a los magistrados de la Cuarta Sala Penal que devolvieron el expediente a la jueza con un llamado de atención porque omitió notificar a Nestora Salgado que tiene derecho a nombrar a un abogado en segunda instancia, y la respuesta se retrasó varios meses, porque ni siquiera se ha admitido.
Por otro lado, recordó que existe otro recurso legal pendiente de solución, un incidente de libertad de la causa 05/2014, por el delito de secuestro.
El magistrado ponente, Vicente Rodríguez le informó ayer que el caso será resuelto en unos 14 días, porque la sala penal no está completa, uno de sus integrantes se encuentra haciendo labor bajo el nuevo sistema de justicia penal, dijeron.
Sin embargo, opinó que, por la naturaleza del caso, los magistrados están retrasando la resolución que será referente para los procesos de los demás detenidos de la CRAC, “hay un nuevo gobernador, y cómo resuelva el Poder Judicial será el termómetro de la política jurídica del gobierno”, explicó.
A más de dos años y dos meses de la detención de Salgado García, reiteró que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá no ha sido notificada de tres nuevas órdenes de aprehensión por homicidio, en Huamuxtitlán, secuestro en el Distrito de Tabares, y otra por privación de la libertad y robo, pero están litigando mediante el juicio de amparo.
Sobre la jueza, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno consideró una buena señal del poder Judicial que cambiara a la funcionaria, y confió que uno de los casos contra Molina, que también se dirime en el juzgado de Tlapa,  se resolverá ahora pronto.
La causa 05/2014 es la más emblemática de los procesos contra los dirigentes y policías comunitarios de la CRAC en prisión en Chilpacingo y Ayutla de Los Libres -sólo Salgado García está en el penal de Tepepan de la Ciudad de México-, le han dado cobertura organizaciones de derecha contra la delincuencia y el secuestro y han exigido castigo para los dirigentes comunitarios señalados.

Ofrenda en el Zócalo de Tlapa en memoria del activista asesinado por policías federales

 

La Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral (LDCI) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) presentó ofrendas para recordar “a nuestros muertos asesinados por el Estado”, dedicados al activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y ex alumno de la institución, Antonio Vivar Díaz, asesinado el pasado 7 de junio por policías federales durante la jornada electoral.
Asimismo, se montaron ofrendas para los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados el 12 de diciembre 2011 en la Autopista del Sol por policías federales y ministeriales, y a Julio César Mondragón, Daniel Solís y Julio César Ramírez Nava asesinados el 26 de septiembre en Iguala de 2014.
Las ofrendas se instalaron en el Zócalo de la ciudad, donde colocaron diversas ofrendas con el objetivo de no olvidar a los muertos y, sobre todo, a los asesinados por el Estado.
También escribieron la leyenda “tenemos memoria no olvidamos”, en alusión a los hechos por los que murieron los difuntos a quienes dedicaron los altares.
Las profesoras Elia Hernández Ureiro, Edith Hernández y el profesor Macario Bautista comentaron que la intención no fue sólo mostrar el folclor del Día de Muertos, sino recordar a los asesinados por el Estado, y que se montaron en el módulo de cultura y conocimiento para revalorar la cultura de los pueblos indígenas.
El profesor Abel Barrera Hernández comentó que la idea fue una forma de traer a la memoria a los luchadores sociales, sobre todo a los estudiantes que por exigir su derecho a la educación fueron asesinados.
Agregó que las ofrendas fueron un ritual de las resistencias y del recuerdo de compañeros que cayeron luchando, como Antonio Vivar, para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los que protestaban de manera pacífica para exigir que no se cerrara la matricula en sus escuela para que llegaran más jóvenes a la institución, que lo que pedían era diálogo y les respondieron con represión.
Dijo que la memoria intangible de esos momentos de represión y muerte son los que se representan en los altares que son parte del reservorio de la costumbre.
Las ofrendas se presentaron como a las 10 de la mañana y permanecieron durante la tarde, pese a la lluvia.
En los altares se observaron flores de cempasúchil que adornaban los arcos sostenidos sobre una mesa, pétalos de flor para hacer los caminos y cruces para las cinco ofrendas dedicadas a los muertos de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en septiembre de 2013; los normalistas asesinado en diciembre de 2011, otra por los asesinados en septiembre de 2014; Antonio Vivar y los asesinados en diverso momentos, como en El Charco, Aguas Blancas, donde murieron indígenas a manos de militares y policías.

Matan y queman a un hombre en Tlapa

En la colonia Héroes de México estudiantes de la escuela de Artes y Oficios encontraron el cuerpo de un hombre quemado, del que se desconoce su identidad.
El cuerpo fue localizado como a las 9 de la mañana sobre la carretera que comunica al poblado de Ahuatepec Pueblo, rumbo al Instituto Tecnológico Superior de la Montaña.
Se supo que el cuerpo fue encendido con gasolina después de ser asesinado, en la carretera donde fue encontrado se encontraba cercana una garrafa de gasolina de 40 litros, vacía. No se le observaron rastros de ropa.
Fue levantado por agentes de Seguridad Pública municipal que avisó a la policía Estatal, a la Ministerial y a la agencia del Ministerio Público, quienes hicieron las diligencias acompañados de peritos y se llevaron el cuerpo en espera de que alguien lo reconozca antes de ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo.