Pobladores del municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), en la Costa Chica, protestaron en las instalaciones del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para exigir la construcción de 50 casas del programa Vivienda Digna que debieron entregarles en la administración pasada, pero que fueron vendidas por el ex alcalde, Ociel Hugar García Trujillo, que actualmente es diputado perredista.
La dirigente de los inconformes, Silvia Gallardo Gatica acusó que desde 2015 piden a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que devuelva el dinero para la construcción de casas de más de 300 beneficiarios, pero nadie les ha hecho caso, y advirtió que seguirán en la ciudad hasta que tenga respuesta.
Silvia Gallardo recordó que desde inicios de agosto interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra el diputado local, Ociel Hugar García Trujillo, a quien culpan de un presunto fraude y usurpación de funciones, cuando fue presidente municipal. La dirigente aseguró que el diputado vendió las 50 casas y que aún hay beneficiarios que están a la espera de una vivienda.
Dijo que son 50 vecinos que durante su administración, 2012-2015, fueron beneficiados del programa Vivienda Digna del Fonhapo, un programa de aplicación tripartita, en el que la federación aporta la mayor parte del dinero. Estas casas nunca, según denunció, se entregaron a los solicitantes.
“Seis meses y no nos han podido liberar la vivienda, no nos dan nada, por eso estamos aquí. En Guerrero no nos hacen caso, porque José Manuel Armenta Tello (el delgado de Sedatu) tiene tomada la delegación. El apoyo debió salir en enero, desde hace tres años se firmaron minutas y no hay resultados”, lamentó.
Una comisión de inconformes llegó a la dependencia, donde la atendieron secretarios particulares de funcionarios, pero no les dijeron nada en concreto.
Silvia Gallardo Gatica explicó que este programa social es de vivienda rural, “estamos tristes; el gobernador Héctor Astudillo, sólo va y se toma las fotos en las zonas más inundadas, es todo lo que sabe hacer, salir en la televisión en este año, el peor de todos los años; en el 2015 estuvo feo pero ahorita estuvo peor”.
Lamentó que el diputado, de quien dice tener pruebas de que vendió las casas, que correspondían a vecinos de escasos recursos, a otros de su partido, el PRD, siga en la impunidad.
La dirigente comentó que los quejosos viajaron a la Ciudad de México con sus propios recursos porque pusieron dinero para sus casas, aunque una mínima parte.
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Asesinan a balazos a un hombre y hieren a otros dos en distintos hechos en Zihuatanejo
Un hombre de 45 años fue ejecutado a balazos en la colonia Vaso de Miraflores en la salida de Zihuatanejo, rumbo a Ixtapa.
En otro hecho, la tarde de ayer un pasajero del camión de la empresa Dos Costas y otro hombre que iba a bordo de una camioneta particular resultaron heridos de bala luego de un enfrentamiento en la comunidad de Los Achotes en este municipio.
En lo que va del año en Zihuatanejo suman 94 personas asesinadas en hechos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a las 2:10 de la tarde recibieron un reporte que había una balacera en este asentamiento. La víctima vestía una camiseta blanca, una playera deportiva que le cubría la cabeza y los brazos, short rojo y calcetas. Fue identificada como José Francisco de 45 años y vecino de la colonia Los Pinos.
En otro hecho un pasajero del camión de la empresa Dos Costas y otro hombre que iba a bordo de una camioneta particular resultaron heridos de bala luego de un enfrentamiento en Los Achotes.
Fuentes policiacas informaron que a las 5:30 de la tarde llegaron dos hombres baleados al hospital. No se dieron más detalles. (Luis Blancas / Chilpancingo).
Ejecutan a un líder transportistas a balazos en la colonia Centro de Taxco
Un líder transportista fue ejecutado a balazos afuera de su casa en la colonia Centro de Taxco.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 8 de la noche recibieron el reporte de que había una balacera en el callejón Reforma en ese lugar.
La Policía Estatal informó que la víctima estaba arreglando su corral afuera de su casa, y fue atacado a balazos por hombres armados.
La víctima fue identificada como Ernesto de 57 años quien era un líder transportista en Taxco.
A la colonia Centro llegaron policías estatales, ministeriales y militares quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias de ley.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala para la necropsia de ley (Redacción).
Dedica Abel Barrera el premio Amalia Solórzano a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández fue enfático al recibir a título personal y en nombre de la organización que representa el premio Amalia Solórzano: “la violencia es el nuevo coloniaje neoliberal con el que se imponen las autoridades estatales, cómplices de los grupos criminales… no difiere de la violencia caciquil que nos ha sumido en el atraso”.
Dedicó este premio dado por el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, con el que se reconoce su labor y la de Tlachinollan en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado, a las madres y padres de los 43 que en su opinión: “han irrumpido en la escena nacional para desenmascarar el pacto de impunidad que existe entre las altas esferas del poder y las organizaciones criminales”.
Barrera dijo en su mensaje en el Palacio de Minería, que “las madres y padres a más de tres años son el reservorio moral de un país de muertos y desaparecidos, un país que nos duele, donde los rostros de los 43 se han transformado en los emblemas de nuestra esperanza. Son una luz en esta noche turbulenta marcada por la catástrofe y la devastación política. Su inquebrantable búsqueda por la verdad ha desbaratado la verdad histórica”
El Premio Amalia Solórzano de Cárdenas es entregado anualmente desde 2011 como reconocimiento a personas o instituciones que se hayan distinguido por su trabajo y actividad en favor de la independencia nacional, la defensa de la soberanía de los pueblos, el mejoramiento de los pueblos indígenas, la paz, los derechos humanos y la educación.
Los premiados desde 2011 han sido el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el escritor Eduardo Galeano y la feminista Marta Lamas, el ex presidente de Uruguay José Mujica, el dirigente del movimiento estudiantil de 1968 Raúl Álvarez Garín, el historiador Miguel León Portilla y el Instituto Politécnico Nacional.
En su participación el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano reconoció la labor de Tlachinollan, que trabaja mayormente en los pueblos de la Montaña de Guerrero, donde se concentran los cuatro pueblos indígenas del estado: na savi, me’phaa, nauas y ñomnda.
“Tlachinollan ha sido denunciante y defensor de innumerables casos de violaciones, asesinatos, desapariciones, en diversas ocasiones el único, y desde el 26 de septiembre de 2014 ninguna institución como este centro, ha luchado porque se haga justicia y se esclarezca la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, dijo.
Del caso de los 43, el más emblemático de los últimos años en México, Cárdenas refirió: “en ningún caso puede o debe culparse a instituciones por los delitos cometidos. El o los responsables de cualquier hecho que se trate, son siempre individuos con nombres y apellidos… en casos como el de los normalistas de Ayotzinapa se brinda impunidad”.
Seguido de Cárdenas el historiador Adolfo Gilly exaltó la labor de Tlachinollan. Con voz potente y pausada el argentino naturalizado mexicano, integrante del consejo del premio dijo a los presentes que Amalia Solórzano estaría orgullosa de que este premio haya sido entregado a un hombre honesto y leal, y junto con él a la organización que dirige “al abogado a Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida cada día, serenos y silenciosos en su tarea de defensa de la vida”.
Equiparó la labor de Tlachinollan y Abel Barrera a la de Rosario Ibarra de Piedra, precursora en la exigencia de la presentación con vida de los desaparecidos, como su hijo Jesús Ibarra Piedra.
Dijo que “Abel Barrera ha desarrollado su riesgosa e ininterrumpida actividad en casos grandes e individuales, que parecen más pequeños y en realidad son tan graves y grandes como cualquier otro crimen de violación de derechos en la República mexicana y en cualquier nación”.
Mencionó que Tlachinollan defiende casos como el de El Coacoyul, una comunidad de Cochoapa El Grande donde carecen de maestros, lo mismo que las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo violadas por militares y a quien el Estado mexicano tuvo que darles disculpas públicas.
Hizo alusión al caso de los 43 estudiantes desaparecidos, “nada, salvo repeticiones elusivas ha podido responder el gobierno federal y sus dependencias a este informe (del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), nada, nada, no diré más de este caso histórico en sí mismo, lo que una vez sucedió ningún tiempo después puede borrar”.
“Con su tenacidad, los colegas y amigos de Tlachinollan y todas las organizaciones de derechos humanos nos protegen a todos… así Abel Barrera, la comuna de Ayotzinapa proviene de la cultura comunitaria de comunidades pequeñas que viven del maíz y tienen adentro el corazón de la comunidad, la tienen adentro de su corazón”, parafraseó uno de los discursos del director de Tlachinollan al recibir otros reconocimientos en su defensa de los derechos humanos.
Abel Barrera vistió un traje negro y corbata del mismo color al recibir la medalla, dedicó el reconocimiento a todos sus defendidos y al coraje de los pueblos indígenas.
Reconoció la lucha de comunidades como San Miguel El Progreso contra la Ley Minera y resaltó la tenacidad de esa gente, que en muchas ocasiones sin saber escribir la palabra justicia ha luchado por ella en las calles y en los tribunales. “Los pueblos indios de La Montaña nos han enseñado que la gesta por los derechos humanos no es en vano, más bien significa reciedumbre, sacrificio y mucho valor, sin evocar este término han dado lecciones al país de lo que representa defender el territorio y la vida con la propia vida, sin aspavientos, avanzan sin retroceder, desde los caminos agrestes de la montaña y desde la penumbra del olvido”, subrayó.
Abel Barrera ha recibido reconocimientos como la Presea del Mérito Civil Nicolás Bravo del gobierno de Guerrero en 2001, el Premio por Instituciones Creativas y Efectivas de la Fundación MacArthur en 2007, la Distinción de Derechos Humanos de la Washington Office on Latin America (WOLA) en 2009, el Premio Robert F. Kennedy de Amnistía Internacional en 2010, en 2011 la rama alemana de Amnistía Internacional le otorgó su Sexto Premio Anual de Derechos Humanos por sus luchas “en gran riesgo personal por los derechos de la población indígena en el estado de Guerrero”, y en 2016 recibió el Reconocimiento por la Igualdad y la no Discriminación 2015 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Al término de su mensaje, Barrera gritó: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, el cual corearon los presentes. Allí estaba parte del equipo de Tlachinollan que se trasladó desde Tlapa, donde están las oficinas de la organización, en el corazón de la Montaña guerrerense.
Marcha el FODEG en Ayutla y se queda en plantón por la libertad de seis presos políticos
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) marcharon ayer en Ayutla y se instalaron en plantón afuera del penal de esa cabecera municipal, en demanda de la libertad de seis encarcelados a los que consideran presos políticos.
Unos 600 integrantes de esa organización de varias comunidades de Ayutla marcharon en esa cabecera municipal, y al final instalaron un plantón afuera del Ministerio Público, en demanda de la libertad de Máximo Mojica Delgado, su esposa María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma.
Asimismo exigen la libertad del promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González y de Samuel Ramírez Gálvez, policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc.
Los tres primeros se encuentran presos en el penal de Tecpan de Galeana acusados de secuestro. Arturo Campos está preso en el penal de Ayutla y Gonzalo y Samuel en la cárcel de Chilpancingo, acusados de portación de arma de fuego. Gonzalo y Arturo También son acusados de secuestro.
El dirigente del FODEG, Hoguer Hernández informó vía telefónica que había un compromiso del gobernador Héctor Astudillo Flores de revisar sus casos, pero incumplió y por eso ayer se movilizaron en demanda de la libertad de los seis encarcelados.
Informó que después de la marcha y la protesta afuera del Ministerio Público, los manifestantes se trasladaron afuera del penal en donde se quedaron en plantón. Ayer en la noche realizaron ahí una actividad político cultural como parte de las acciones.
Advirtió que el movimiento va a permanecer en ese lugar hasta que tenga una respuesta del gobierno estatal.
“Ya había un acuerdo entre el doctor Bertoldo Martínez Cruz (el dirigente del FODEG ya fallecido) y el gobernador para liberar a los compañeros”, dijo el ahora representante de la organización.
Informó que en la protesta participaron unas 600 personas de 10 comunidades de Ayutla y que en el plantón por tiempo indefinido afuera del penal se quedaron unas 200.
Volverán a sus labores los 17 policías de Zihuatanejo recién excarcelados; sigue su proceso
Brenda Escobar
Zihuatanejo
Ayer los 17 policías municipales de Zihuatanejo que quedaron en libertad luego de casi 5 meses recluidos en un penal de máxima seguridad de Oaxaca, se reunieron en privado con el alcalde perredista Gustavo García Bello, a quien le agradecieron el apoyo que recibieron ellos y sus familias.
Informaron que seguirán siendo policías, “porque nosotros no tenemos delitos, reconocemos que sí hicimos mal en armarnos sin tener la licencia, pero lo hicimos porque hacía poco que habían matado a tres de nuestros compañeros en Ixtapa, y nosotros andábamos desarmados”.
La reunión fue poco después del mediodía en la sala de Cabildo, en donde estuvieron acompañados por sus familiares y fue privada.
Al término el policía segundo, Sebastián Méndez Memije habló con reporteros a quienes manifestó que el motivo de visitar al presidente municipal fue para agradecerle el apoyo que le dio a ellos y a sus familiares durante los meses que estuvieron recluidos.
“Nuestro proceso no ha terminado, sigue, pero el juez dijo que podemos regresar a trabajar y es lo que vamos a hacer, sin resentimientos, sin rencores con nadie, aunque sí nos dolió que nos hayan señalado como de que no éramos policías cuando siempre lo hemos sido”, expuso.
Dijo que no tienen resentimientos “contra nadie” y que reconocen que hicieron mal en haber tomado el armamento cuando sabían que no estaban dentro de la licencia colectiva, pero justificó el hecho porque tres semanas antes de que fueran detenidos, hombres armados asesinaron a tres de sus compañeros en un módulo de policía en Ixtapa, y se sentían vulnerables.
Agregó que de los 17 policías que fueron detenidos cuatro ya habían aprobado sus exámenes de control de confianza pero por razones que desconocen todavía no habían recibido sus identificaciones que los acreditan como aptos.
Méndez Memije quien tiene 25 años de servicio en la Policía Municipal, comentó que los 17 policías pretenden reincorporarse a sus actividades, “porque nosotros no somos delincuentes, somos policías por vocación, yo soy policía por vocación, se lo dijimos al presidente municipal, que queremos reincorporarnos ya, él nos dijo que sí, que no hay inconveniente”.
“Le agradecimos el apoyo que le dieron a nuestras familias, no las desampararon, nuestro sueldo se los estuvieron pagando a nuestras esposas y las estuvieron apoyando en todo lo que fue necesario, eso es lo que vinimos a agradecerle”.
Culpa diputado al sindicato y a la Secretaría de Salud de la falta de médicos en el estado
El diputado presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, el perredista Raymundo García Gutiérrez dijo que la falta de médicos en hospitales, centros de salud y clínicas se debe a la “mezcla de intereses” entre el sindicato y la Secretaría de Salud, lo que pone en riesgo a la población.
“Aquí hay una mezcla de intereses entre las administraciones públicas y el sindicato, lo que provoca que salga perjudicada la ciudadanía”, agregó.
Consultado sobre el caso del indígena que murió en la sala de espera del hospital en San Luis Acatlán, dijo que la comisión ya presentó los exhortos correspondientes.
Este jueves en estas páginas se publicó que en San Luis Acatlán los vecinos de las comunidades no tienen derecho a la salud los fines de semana, porque no se presentan los médicos.
Ayer sin entrar en detalles dijo que se pidió que se reforzaran las zonas donde no hay médicos los fines de semana, y que fuera el personal de las jurisdicciones el que resolviera ese problema.
Dijo que su función en la comisión y como diputado es “tender” un puente de comunicación con la Secretaría de Salud, para que atienda la petición de médicos en las zonas que se requieran.
Insistió en que la falta de personal médico del hospital de San Luis Acatlán no sólo se presenta ahí, sino que es un “padecimiento” que se ha presentado a lo largo de los años en todo el estado.
Mencionó que el problema de esta falta de atención médica para la población de cualquier región indígena y urbana, es que entre los sindicatos y las dependencias públicas hay intereses que buscan y sólo los benefician a ellos.
El domingo 1 de octubre murió el señor Calixto Zavala esperando ser atendido en el área de urgencias, cuando llegó no fue atendido, sus familiares lo trasladaron a una clínica privada y después a otra, y a otra más, pero las tres estaban cerradas porque en San Luis Acatlán los domingos no hay servicio médico.
De la muerte de cinco bebés que presentaron complicaciones de enfermedades nosocomiales, y el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Acapulco, dijo que no se ha presentado ese caso a la comisión del Congreso.
Aseguró que los familiares de los bebés deben presentar una denuncia formal ante el Congreso, para que los diputados puedan actuar y se presione a la Secretaría de Salud. “Los familiares deben denunciar la negligencia, aquí no ha hbido una denuncia de manera formal”, agregó.
Informó se presentó un exhorto dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que en el presupuesto del próximo año se den más recursos a las morgues. Dijo que no ha sido informado de cómo iniciará el proyecto para mejorar las condiciones en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
Autoriza el Cabildo de Taxco la evacuación forzosa, demolición o clausura en casos de riesgo
El Cabildo de Taxco autorizó recurrir a la evacuación forzosa, demolición o la clausura temporal o definitiva de los espacios que representen un riesgo para los ciudadanos que viven en las colonias Ruffo Figueroa, Martelas, Infonavit, La Cima, Casahuates y en el área conocida como Planta Potabilizadora de Agua.
Estas seis colonias fueron afectadas por el sismo de 7.1 grados Richter ocurrido el martes 19 de septiembre.
El 29 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado se publicó el acuerdo de Cabildo mediante el cual se aprueba que se apliquen los artículos 104 y 105 de la Ley número 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero, para salvaguardar la integridad y bienes de los vecinos.
El acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria el 25 de septiembre y el 29 se publicó suscrito por el secretario general del Ayuntamiento, Fernando Bahena Álvarez.
En el documento se lee “con el fin de salvaguardar la vida, integridad física y propiedades de los habitantes del municipio, el H. Cabildo Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, autoriza que en las zonas de alto riesgo identificadas por las áreas municipales y estatales de Protección Civil, en las comunidades de Ruffo Figueroa, Martelas, Infonavit, La Cima, Casahuates y en el área conocida como Planta Potabilizadora de Agua, en caso necesario, y de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables correspondientes, se proceda en los términos de los Artículos 104, 105 y demás relativos aplicables de Ley 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero”.
El artículo 104 faculta a las autoridades a “adoptar o ejecutar” medidas de seguridad para evitar daños a la población, y advierte que “cuando no se trate de un caso de alto riesgo, emergencia o desastre, las medidas de seguridad se notificarán antes de su aplicación al interesado sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondieran”.
Mientras que el artículo 105 en 11 fracciones establece las medidas de seguridad que podrán adoptar las autoridades, “en caso necesario”: La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y en general de cualquier inmueble, la demolición de construcciones o el retiro de instalaciones, y el aseguramiento y decomiso de objetos materiales que por su naturaleza impliquen riesgo para la población que infrinjan las normas de seguridad.
La autoridad también puede hacer “la evacuación forzosa, el aseguramiento, inmovilización y destrucción de objetos, productos, sustancias peligrosas y los diversos tipos de agentes que pudieran provocar algún daño o peligro”.
Además “la desocupación, evacuación o cierre de casas, edificios, escuelas, zonas industriales y comerciales, establecimientos de bienes o servicios y cualquier predio, por las condiciones que presenta estructuralmente y que pueden provocar daños a los ocupantes, usuarios, transeúntes y/o vecinos”.
Otras facultades son “la clausura temporal o definitiva, total o parcial, de establecimientos, construcciones, instalaciones u obras, la prohibición temporal de actos de utilización, producción, explotación, recreación, comercialización, esparcimiento y otros que se consideren necesarios para prevenir y controlar situaciones de emergencia”.
Este miércoles vecinos del Infonavit y La Cima de Taxco se quejaron frente al gobernador Héctor Astudillo Flores de la desatención del alcalde priista Omar Jalil Flores Majul ante los riesgos que enfrentan después del sismo.
Vecinos de La Cima pidieron la demolición de rocas que temen que puedan deslizarse y causar daños en su comunidad, mientras que vecinos de Infonavit se quejaron de que no hay dictámenes sobre las condiciones de los edificios que habitan y de la inseguridad que hay en la zona.
Intensifican la restauración de la parroquia de Santa Prisca; abre en tres semanas, anuncian
Los trabajos en la restauración en la parroquia de Santa Prisca de Taxco, dañada durante el sismo del 19 de septiembre pasado, se intensificaron en los últimos días; los gobiernos federal y estatal anunciaron que estará abierta al culto religioso y a los turistas dentro de tres semanas.
Asimismo, esta semana se colocó un puente reforzado de madera en la calle de El Arco, para proteger el paso de los peatones; en ese tramo cayeron rocas de cantera y pedazos de pináculos de la iglesia; otros pináculos que estaban en riesgo de caer también, fueron retirados para su restauración, y otros más han sido cubiertos para reforzarlos.
Asimismo, trascendió que el lunes representantes de la aseguradora se presentarán para determinar los daños en la iglesia, a fin de cuantificar el monto del seguro.
Por otro lado, grupos de feligreses católicos anunciaron acciones religiosas en las calles y en el Zócalo de Taxco para velar por la integridad de los taxqueños y la parroquia de Santa Prisca, severamente dañada por el sismo del pasado 19 de septiembre.
Fuentes cercanas a la parroquia dieron a conocer que posiblemente la tarde del sábado habrá una marcha en las calles de la ciudad para agradecer y pedir que Taxco se mantenga de pie, después de que varias colonias, comunidades, iglesias y monumentos históricos fueron afectados, además de los derrumbes y cierres en la autopista y la carretera federal.
Se confirmó que el próximo domingo 15 de octubre, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, oficiará una misa en el Zócalo taxqueño, frente a la parroquia.
En la tarde habrá una procesión de Los Cristos de las diferentes iglesias de los barrios y de algunas comunidades en las calles de la ciudad para pedir tranquilidad y la pronta recuperación de los damnificados.
El lunes 16, en el zócalo se presentará un concierto católico a cargo del actor y cantante Eduardo Verástegui, quien al día siguiente también dará una conferencia. (Claudio Viveros Hernández / Taxco).
Liberan campesinos la Sagarpa que tomaron 10 días; acuerdan 95% de las demandas de programas de apoyo
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Después de 10 días de mantener tomada la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Chilpancingo, integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) liberaron ayer las instalaciones.
Consultado en el plantón, el diputado local perredista y secretario general de la Coalición de Organizaciones, Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC, una de las que integran el FAC), Sebastián de la Rosa Peláez, informó que se tenía un avance del 95 por ciento de los acuerdos, pero que hacía falta el valor agregado para el campo.
Dijo que se instaló una mesa a nivel central para solucionar dos asuntos pendientes con los de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), y del desarrollo rural, en el que se encuentra el programa El campo en nuestras manos, y está el componente del valor agregado.
Sebastián de la Rosa Peláez precisó que la gestión fue nacional y estatal, y que para Guerrero se estuvieron gestionando siete programas, entre los que está el desarrollo regional, el Pimaf, El campo en nuestras manos, los proyectos de papa, bombas y tractores.
“Sólo estoy hablando de la CODUC, y no sé la demandas de los de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC), no sé el nivel de gestión local”, indicó Sebastián de la Rosa.
Manifestó que después de la reunión con autoridades de la Sagarpa hubo resultados positivos, “después de 10 días se resolvieron los problemas fundamentales y sólo quedó pendiente la entrega de dos tractores, que es algo mínimo”.
Dijo que se pagaron los programas pendientes y que era necesario manifestarse para que las autoridades ejercieran los recursos que estaban presupuestados para 2017.
El diputado aseveró que se llegó a acuerdos a nivel estatal y nacional, por lo que levantaron el plantón.