El Tribunal Electoral del Estado (TEE) no aceptó la solicitud de procedimiento especial sancionador que presentó el PRI contra el alcalde de Acapulco Evodio Velázquez Aguirre por las Brigadas Hércules, porque todavía no ha comenzado el proceso electoral.
Ayer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), así como las representaciones del PRI y del PRD fueron notificados por el TEE que se reencausó la solicitud de procedimiento especial a procedimiento ordinario sancionador que el PRI presentó contra el alcalde de Acapulco, el perredista Evodio Velázquez Aguirre.
El procedimiento también es contra el PRD porque presuntamente Evodio Velázquez  utiliza recursos públicos y humanos del ayuntamiento con fines políticos.
El TEE también ordenó al IEPC sustanciar y resolver la solicitud de procedimiento solicitado por el PRI.
El representante del PRI en el IEPC, Manuel Saavedra Chávez, presentó ante la unidad de lo Contencioso Electoral del instituto la solicitud para que se inicie un procedimiento especial sancionador contra Velázquez Aguirre y el PRD por presuntas violaciones a la ley electoral por las Brigadas Hércules.
El IEPC turnó la solicitud al TEE, pero ese tipo de procedimientos sólo puede realizarse dentro del proceso electoral.
En ese tipo de procedimiento (especial sancionador), el denunciante que en este caso es el PRI es el que debe presentar las pruebas ante el TEE. Incluso Saavedra Chávez incluyó en su solicitud “pruebas” que el PRI ha presentado en el Congreso local y la Fepade en las que advierten que el alcalde utiliza recursos públicos y humanos del ayuntamiento con fines electorales.
Pero en el proceso ordinario sancionador, cuando no hay proceso electoral, el encargado de investigar y presentar las pruebas para que se resuelva la solicitud, es el Consejo General del IEPC y no el denunciante.
En su resolución el TEE reencausa el expediente a proceso ordinario sancionador y ordena al Consejo General (CG) del IEPC para que sustancie y resuelva el procedimiento, por lo que el PRI ya no intervendrá en la presentación de las pruebas contra el alcalde perredista de Acapulco.
Por su parte, el representante del PRD ante el IEPC, Nicanor Adame Serrano, afirmó que si el representante del PRI presentó un recurso por la vía equivocada, debió declararse improcedente porque “la ley electoral en su artículo 439 establece claramente que los Procedimientos Especiales Sancionadores solo proceden durante el proceso electoral, lo cual el Instituto Electoral debería desecharla porque aún no inicia el proceso electoral”.
Afirmó también que el PRD no permitirá que el IEPC “se convierta en defensor oficioso de un partido político, en este caso, del PRI”.
Y reiteró que la denuncia que interpuso el PRI en contra del presidente municipal de Acapulco y del PRD, responde a motivaciones políticas “de golpeteo” y no a razones jurídicas o legales.

El delegado de la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco, dijo que en la reunión del miércoles con la dirigencia estatal del PRD en Acapulco, se trató la alianza con las izquierdas, incluyendo a Morena, para las elecciones del 2018.
Vía telefónica, contó que la reunión del miércoles en la que también estuvo el coordinador estatal de su partido, Luis Walton Aburto, fue un encuentro “entre amigos, compañeros que hemos caminado juntos” con los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD encabezados por su presidente, Celestino Cesáreo Guzmán.
Wences Carrasco recordó que fueron juntos en las elecciones de gobernador en 2011, cuando ganaro en coalición con Ángel Aguirre Rivero como candidato.
Detalló que la idea para la reunión fue de ambas partes y el tema obligado fueron las próximas elecciones del 2018.
Sostuvo que desde que él fue dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y ahora como delegado, ha insistido en la unión de las izquierdas, “que se construya un frente progresista tanto en Guerrero como nacional”.
Dijo que en el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano el próximo 3 y 4 de agosto, se definirá el rumbo que tomará el partido de participar en un frente o ir en solitario “pero de que vamos a llevar un candidato a la presidencia, que no les quepa duda. Porque en el 2015 fuimos solos en todo el proceso electoral. En el caso de Guerrero fuimos con diputados locales y presidentes municipales”.
Wences Carrasco dijo de la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD de ir en coalición con el PAN para el 2018: “definitivamente nosotros no lo consideramos”.
En el terreno local, afirmó que en Guerrero mantienen buscar candidaturas comunes con el PRD, a pesar de que el Congreso local limitó las candidaturas para el 2018 a un 33 porciento de ayuntamientos y diputaciones, “lo estamos impugnando y vamos a ganar”.
Ante la probabilidad de que el Consejo Nacional de MC delibere no ir en el frente propuesto por el PRD en la candidatura presidencial y si esto afectaría las candidaturas comunes en Guerrero, su respuesta fue: “yo no me quisiera anticipar ahí, falta poquito”.
De la relación con Morena, indicó que MC siempre ha sido aliado del partido que postula a Andrés Manuel López Obrador, “lo hemos apoyado y nunca escucharán ninguna descalificación ni de Dante Delgado ni de Luis Walton”.
Aunque el Congreso Nacional de Morena cerró coaliciones con partidos a excepción del PT, Wences Carrasco no dio por un hecho la decisión de ese partido: “se le ha invitado pero no ha dicho nada y para una alianza tenemos de aquí a diciembre, esos son los plazos de ley para registrar una alianza”.

El presidente municipal, Evodio Velázquez Aguirre, calificó como bueno el acercamiento que se dio entre el presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, y el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, pues “creo que los partidos tienen que hacer su trabajo, su papel y desde aquí los observamos”.
Añadió que hoy más que “nunca tenemos que buscar la unidad de los partidos que compartimos ideales”. En su edición de este jueves El Sur informó de la reunión que sostuvieron los dirigentes de dichos partidos, Celestino Cesáreo y Luis Walton, y donde hablaron de candidaturas comunes para el 2018.
Además de que acordaron revertir la reforma “anticonstitucional” que aprobó el Congreso local donde sólo podrán darse candidaturas comunes en el 33 por ciento en los ayuntamientos y diputaciones locales.
En declaraciones al concluir el acto de entrega del premio Joven Emprendedor en la sala de Cabildo del Ayuntamiento del Parque Papagayo, al alcalde Evodio Velázquez se le preguntó su opinión sobre la reunión de las dirigencias de esos partidos y dijo que era bueno: “cada uno de los que tienen las responsabilidades de ser dirigentes debe buscar, dialogar y generar condiciones de proyectos que se puedan presentar a la población”.
Sobre si deben quedar atrás los señalamientos de traiciones durante las elecciones pasadas de gobernador, Evodio Velázquez manifestó que la política es así, “la política es de reencuentros, la política es de puntos diversos de formas de pensar y yo creo que el PRD y MC tienen muchas cosas que compartir e ideas diferentes que poder defender, pero es un tema que lo tendrán que ver los dirigentes y qué bueno que sea así”.
Indicó que se debe abrir el abanico en una ruta de poder escuchar a todos los que quieran hacer un proyecto en común para fortalecer la vida la de un país que necesita cambios.

Presidentes de los colegios y la Barra de Abogados del estado, llamaron al gobierno del estado atender la situación del sistema penitenciario. Cafirmó que las revisiones a los penales son funcionales pero requieren mayor frecuencia.
Quien fuera subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en el gobierno de Ángel Aguirre, y ahora presidente del Colegio de Abogados del estado de Guerrero, Victoriano Sánchez Carbajal, expuso que el sistema penitenciario en Guerrero como el de todo el país no cumple con el objetivo de la reinserción social.
Vía telefónica consideró que los vicios del sistema penal vienen de administraciones pasadas y además hay corresponsabilidad de la federación. El asesinato de 28 reos por una riña en el penal, exhibió la urgente necesidad de coordinación federal y estatal para establecer políticas públicas de verdadera reinserción social, dijo.
Indicó que en la cadena de mando “los primeros responsables son el director del Cereso, ya sea por acción o por omisión, como aquellos custodios que estaban de turno cuando se cometieron los hechos”.
Agregó que es lamentable que la Fiscalía General del Estado fomente la impunidad y “no haya presentado inmediatamente a los funcionarios penitenciarios a cargo de la seguridad”.
En el caso del subsecretario del Sistema Penitenciario, indicó que la responsabilidad sería del tipo administrativa por falta de supervisión. Opinó que los operativos de revisión por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que se hacen en los penales son efectivos pero también desvelan la corrupción en el interior del penal.
Por su parte, el presidente de la Barra de Abogados, Félix Tapia Carbajal, consideró que por el multihomicidio en el penal de Las Cruces quien debió atender inmediatamente los hechos es el secretario de Go-bierno, Florencio Salazar Adame. “No está encargado de los centros penitenciaros pero es parte de su función, salvaguardar los derechos en los centros penitenciarios porque todos los sentenciados están ahí a disposición del Ejecutivo del estado”.
Consideró que las conductas penales recién reformadas deben ser analizadas, porque hay delitos que en el nuevo sistema penal que ya no ameritan prisión preventiva, como la extorsión y la portación de armas. Por ello, el Congreso debe modificar el Código de Procedimientos Penales.
El presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho en el estado de Guerrero, Hugo Hernández Martínez, expuso que ante el hacinamiento en reclusorios como el de Acapulco se deben construir más penales.
Puntualizó que “si se piden reformas que se aumenten el catálogo de delitos, como la extorsión, en automático se va volver al hacinamiento de los reos en los penales, por lo tanto el Estado ya no va tener la capacidad y tendrá sobrepoblación en casi todos”.
Ante ese panorama, agregó que la privatización de los penales podría ser una opción cuando el Estado constantemente declara que no hay presupuesto : “tendrían que entrarle al sistema de participación mixta, el gobierno e iniciativa privada o como en Estados Unidos y varios países de Europa, van a tener que concesionar”.

 
Además del nepotismo y altos sueldos de ediles y funcionarios de primer nivel del gobierno priista de Iguala, en la nómina de esta administración aparecen los nombres de ex policías encarcelados por su participación en los ataques y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurridos en septiembre de 2014 y de otro que fue desaparecido en 2014 y su nombre forma parte de la lista de víctimas del registro del Colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.
La información, de la que se tiene respaldo, fue consultada en la nómina municipal a través del portal de transparencia y acceso a la información pública, de la actualización más reciente de la nómina que corresponde al periodo octubre-diciembre de 2016.
En la consulta realizada se observa que en el listado de más de cuatro mil empleados, en el número 1281 con clave de empleado 268 en la Secretaría de Seguridad Pública aún aparece el suboficial Francisco Valladares Salgado quien fue detenido por fuerzas federales el 7 de mayo de 2015 en Cuernavaca, Morelos.
El también ex policía, quien fue encarcelado en un penal federal, fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) de haber sido quien recibía dinero de miembros de la delincuencia para el pago de la nómina de la policía municipal que servía al grupo Guerreros Unidos y de haber participado en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, su nombre sigue apareciendo en la nómina del gobierno priista de Iguala con un sueldo mensual de 19 mil 197 pesos.
Otro caso observado en este listado es el del policía municipal Minael Salgado Sánchez que aparece con número 1336 y clave de empleado 270.
De acuerdo con información que se tiene, el policía Minael Salgado aparece en el listado de víctimas de desaparición forzada del Colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, quien fue desaparecido el 10 de marzo de 2014, después de haber salido de su turno del trabajo en la comandancia de la policía municipal.

Cuesta más de un millón de pesos al mes el Cabildo de Iguala

De acuerdo con la información consultada, los 15 integrantes del cabildo, el alcalde Herón Delgado Castañeda, sus dos síndicos y 12 regidores, cuestan al municipio un millón 69 mil 719 pesos salario mensual sin considerar las compensaciones o gastos de gestoría que reciben cada mes y que no aparecen en esta información.
Destaca el salario del segundo síndico procurador, Julio César Catalán Rendón, quien de acuerdo al organigrama es el tercer cargo de importancia. Sin embargo su salario mensual es de 99 mil 97 pesos; el del alcalde Herón Delgado, es de 85 mil 256 y de la primera sindica Leticia Márquez Ocampo de 90 mil seis pesos mensuales. El de los 12 regidores es de 66 mil 280 pesos de acuerdo con esta información pública.
Los sueldos de los ediles y funcionarios de la actual administración que inició con el ahora Senador, Esteban Albarrán Mendoza y que fue heredada a su suplente Herón Delgado Castañeda, fueron elevados considerablemente y a su vez quitaron compensaciones a empleados con un bajo sueldo, según información recabada con empleados.
De acuerdo con ex funcionarios de la administración perredista de José Luis Abarca Velázquez, un regidor ganaba poco más de 40 mil pesos al mes y los síndicos cobraban 60 mil al mes, unos 30 mil pesos menos que los actuales.
Destaca también los altos salarios de funcionarios de primer nivel: el secretario de Finanzas, Jesús Romero Valle –gente de confianza de Esteban Albarrán-, que en el gobierno también priista de Raúl Tovar Tavera demandó al ayuntamiento y ganó un laudo, cobra 66 mil 868 pesos al mes. Gana más que un regidor, al igual que quien ocupaba el cargo de secretario de Obras Públicas con un sueldo similar.
Entre los secretarios también destaca el nombre del hermano del alcalde Herón Delgado Castañeda, Mario Delgado Castañeda, a quien ha sostenido en el cargo como secretario de Salud con un salario mensual de más de 30 mil pesos.
Fuentes consultadas al interior del gobierno municipal indican que el sobrino del alcalde priista, de nombre Herón Delgado Salgado, aunque no aparece en la nómina, es quien opera el suministro de combustible del parque vehicular y es el encargado de operar los convenios con proveedores.
Este lunes a través de la Dirección de Comunicación Social del municipio se difundió una fotografía en la que aparece el sobrino del alcalde, Herón Delgado Salgado en una reunión con comisarios electos y donde este es mencionado como representante personal de su tío, el alcalde priista.

El secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, tomó protesta al nuevo director de Derechos Humanos de esa dependencia, Juan Carlos Castañón Arcos, quien suple a Rigoberta Román Orea.
El acto fue en su oficina en el Edificio Norte de Palacio de Gobierno, donde le acompañó el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.
En la toma de protesta también estuvo el nuevo director de Asuntos Jurídicos, Luis Raúl Leyva Montaño.
Juan Carlos Castañón Arcos había quedado como encargado de despacho y terminó supliendo a la recién nombrada fiscal Especializada en Atención a Periodistas , Rigoberta Román Orea.
En un boletín de prensa se detalla que Castañón Arcos fue jefe de área durante 13 años, lo que determinó que se quedara en el puesto que depende de la Secretaría General de Gobierno.

A partir de hoy, salen de vacaciones
por 15 días los burócratas del estado

Este viernes los trabajadores de Palacio de Gobierno saldrán de vacaciones y regresaran hasta el primero de agosto, cuando concluya el periodo de verano al que tienen derecho.
Como parte de las vacaciones, para este lunes ingresaran a los siete edificios las guardias que atenderán únicamente las citas programadas y los trabajos pendientes que se le hayan asignado.
Los trabajadores sindicalizados aglutinados en el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPEG) regresarán hasta el primero de Agosto. Es decir que gozaran de dos semanas de vacaciones.
Por ello este lunes los trabajadores iniciaran las guardias en las más de 16 secretarías que operan en los siete edificios.
Las vacaciones contemplan únicamente a los burócratas con plazas de base, descartando a los de confianza, quienes tendrán que laborar en su horario establecido (Anarsis Pacheco / Chilpancingo).

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y su abogado Vidulfo Rosales Sierra pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Estado mexicano, que se abra una nueva línea de investigación a la versión de que un grupo de normalistas pudo haber sido llevado a La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, y entregado al grupo criminal Los Tequileros.
El abogado informó que la petición la hicieron el 6 de julio durante la audiencia del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH en Lima, Perú.
El abogado explicó que desde el inicio de la desaparición de los 43 estudiantes surgieron varias teorías con información anónima, pero que nunca mencionaron concretamente que habrían sido llevados a La Gavia, como recientemente informaron pobladores de San Miguel Totolapan a algunos medios de comunicación.
Informó que la versión de que los estudiantes fueron llevados a la Tierra Caliente nunca se tomó como una línea de investigación por la Procuraduría General de la República (PGR), porque no tenía fuerza la aseveración debido a que era anónima.
“Sin embargo con lo que ya se ha comentado de que hay personas de San Miguel Totolapan que sostienen esa versión, adquiere más objetividad y ya tiene que ser motivo de una investigación”, dijo Vidulfo Rosales.
Informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tampoco abundó al respecto, y que ahora es una línea de investigación nueva “que a nosotros nos inquieta y nos preocupa y creemos que debe ser objeto de una investigación exhaustiva”.
Añadió que durante la audiencia que tuvieron en Lima Perú con el Estado mexicano y la CIDH, estaba justamente circulando esa versión en México y que el comisionado del Mecanismo Especial de Seguimiento, Paulo Vannuchi mencionó el caso y que incluso leyó una nota periodística que hablaba de La Gavia y que lo puso en la mesa de la discusión.
Añadió que el Estado mexicano no respondió “en absoluto” a ese cuestionamiento.
Agregó que en la audiencia privada del jueves 6 de julio hicieron énfasis a la CIDH y al Estado mexicano que esa debe ser una línea de investigación.
“Concretamente hicimos la solicitud de que se pueda investigar el tema de La Gavia, como una línea sólida y máxime hoy que se dice que hay un reo en el penal que proveyó esa información, resulta más objetiva, inquietante y preocupante, razón por la cual hay que dilucidarla”, consideró.
Para Rosales Sierra hay elementos suficientes como para erigir la hipótesis en una verdadera línea de investigación que abarque las entrevistas con la persona detenida, investigación de campo y la búsqueda con tecnología la existencia de fosas en esa zona.
Indicó que con esta versión cada vez salen más datos e hipótesis que contrastan y echan por tierra la conclusión a la que llegó el ex procurador Jesús Murillo Karam, en el sentido de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Mencionó que el caso da cuenta de una red de complicidades mucho más amplia, “habla de un control que rebasa a las autoridades municipales, estamos hablando de una autoridad federal capaz de controlar territorialmente todos esos espacios”.