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Sólo construirán 20 casas para damnificados de El Fresno, Chilpancingo, denuncia el comisario

 

El comisario suplente y secretario del Comisariado Ejidal de El Fresno, municipio de Chilpancingo, Catalino García Martínez, denunció que 232 familias de su comunidad no han sido reubicadas tras los daños de las tormentas Ingrid y Manuel de 2013, pese a contar con un dictamen del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y de Protección Civil estatal.
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, se reunió al mediodía de ayer con damnificados de la comunidad serrana El Fresno, integrantes de la organización civil PUEDES y el secretario de Protección Civil municipal, Gustavo Vela Guevara.
Al término del encuentro, el comisario Catalino García indicó que el diálogo con el delegado federal Armenta Tello fue para solicitar la reubicación de las 232 familias de la comunidad a otra zona sin riesgo.
Detalló que, debido al deterioro que vivió la comunidad serrana tras las tormentas Ingrid y Manuel en 2013, acudieron Protección Civil y el Cenapred para evaluar las pérdidas y ofrecer una alternativa de reubicación a las familias damnificadas.
Manifestó que los pobladores han insistido en tener reuniones con los delegados anteriores de la Sedatu y con Armenta Tello, para su reubicación.
Catalino García comentó que existen contratos de compra-venta equivalentes a 10 hectáreas de la zona donde serían reubicados, donde se avala la disposición de la población completa para trasladarse a una zona ubicada a 1 kilómetro de El Fresno.
Explicó que, incluso en esos terrenos ya se construyó una vivienda, “a la cual ya se le cayó hasta el techo”, una primaria y 12 plataformas que aparentemente servirán como soporte para las nuevas casas.
El comisario de El Fresno dijo que Protección Civil regresó al poblado para hacer otro dictamen, y concluyó que de las 232 familias afectadas, únicamente 20 serán reubicadas, además de una primaria y un jardín de niños.
Manifestó que es injusto reubicar sólo a una parte de la población, cuando el acuerdo era trasladar a todas las familias.
El comisario subrayó que nuevamente se reunirán en la Sedatu el próximo martes, y esperarán que estén el alcalde Marco Antonio Leyva Mena y el gobernador Héctor Astudillo Flores, “para que dejen de engañarnos y nos digan si verdaderamente nos van a apoyar”.
Por su parte, el delegado José Manuel Armenta Tello remarcó que hay un dictamen previo de Protección Civil que avisaba de la reubicación de todo el pueblo, sin embargo tras una nueva evaluación se obtuvo que solamente hay una franja en riesgo, donde habitan 19 familias.
Indicó que el nuevo dictamen disminuye la necesidad de tierra para construir las 19 viviendas y que personalmente acudió a El Fresno para conocer donde estarán las casas, “que no han podido ser terminadas porque no tenemos certeza en la tenencia de la tierra, para acordar con la comunidad de que se permita continuar con los trabajos y pagar por la tierra que únicamente necesitamos”.
Indicó que pese a que tienen plantadas 12 plataformas donde serán asentadas las familias, “cómo no tengo la certeza de la tierra no puedo continuar el trabajo”.
Señaló que serán reubicados en el propio ejido de El Fresno, donde ya se ejecutaron un jardín de niños y una primaria de la comunidad.
Mencionó que hay problemas en el terreno donde estarán las casas, ya que integrantes del Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (Inifed) mostraron que tuvieron actas de donación del predio, “y efectivamente nos muestran las actas donde toda la asamblea de la comunidad dona el predio donde se ejecutaron las escuelas, pero carece de la firma del propietario”.
Añadió que las 19 familias serán trasladadas a un predio de 3 mil metros cuadrados, “que es una cantidad muy inferior a las 10 hectáreas que ellos piden”.

Clausura la Profepa las casas para damnificados en Papagayo; no se hizo el estudio de impacto, informa la Sedatu

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró la unidad habitacional para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid que construyó la empresa Materiales Elementales, en Papagayo, municipio de Juan R. Escudero, debido a que levantó las viviendas sin el estudio de impacto ambiental.
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello confirmó que a las 12 del mediodía de ayer recibió la notificación de la Profepa, a raíz de diversas observaciones que se venían realizando al fraccionamiento, en donde, de paso, las casas no reúnen las especificaciones técnicas para ser habitadas por las familias damnificadas de esa localidad.
Allí se construyeron 27 de las 34 casas destinadas para familias damnificadas por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid.
Las viviendas con paredes de madera y techos de láminas de asbesto fueron sobrepuestas en tablas embarradas de cemento que simulan un piso firme, pero éste fue colocado sobre troncos de madera de 10 a 15 centímetros de diámetro y aproximadamente un metro de alto, y la mayoría de ellos han comenzado a podrirse antes de que las casas sean entregadas a las familias.
Las 27 casas fueron colocadas en la punta de un cerro al poniente de la carretera México-Acapulco, antes de cruzar el río Papagayo, y ante las malas condiciones en que se encuentran, las familias se negaron a recibirlas.
Desde septiembre del año pasado quedaron abandonadas y con el tiempo han sufrido deterioro y han sido saqueadas por delincuentes que se llevaron accesorios del baño, cocina y hasta el cableado eléctrico. La zona carece de todos los servicios y de un acceso propio, denunciaron las familias que serían beneficiadas, en un recorrido con el delegado de la Sedatu el 21 de marzo, y en otro realizado con reporteros de El Sur el 30 de marzo.
Armenta Tello reconoció en entrevista con El Sur el 4 de abril que las fallas en la construcción de esas viviendas “son un extremo”, y advirtió que la constructora Materiales Elementales, tiene dos opciones: volver a ejecutar la obra, “si es su voluntad”, o enfrentar una situación legal para que responda por estos trabajos “mal calificados”.
Vía telefónica ayer, el mismo funcionario federal confirmó que la Profepa clausuró el fraccionamiento como consecuencia de observaciones que venía realizando, y la advertencia de que si no se hacía la manifestación de impacto ambiental sería clausurada.
Armenta Tello aseguró que se trató de un procedimiento “normal” de la Profepa.
Dijo que la dependencia encontró “un impacto que no debió haberse hecho y que tampoco podía ser mitigado”.
El delegado de la Sedatu, agregó que ahora lo que sigue es encontrar otro predio para construir las 27 viviendas, “tomando en cuenta a la Profepa para que la obra se haga sin incumplir con el impacto, y que sea uno que Protección Civil dictamine como habitable”, explicó.
Reconoció que el problema es que no han encontrado otro predio, “tuvimos una propuesta pero el acceso no está garantizado y no podemos considerarla como viable, necesitamos que el acceso al predio pueda ser garantizado y ahora estamos buscando la participación del municipio para que nos ayude, ya sea para encontrar una vía de acceso al predio, o encontrar otra opción”.
El funcionario federal informó que el predio que se busca es para construir las 27 viviendas que se encontraban en el predio que fue clausurado.
Antes, el funcionario había informado que en este predio se construirían 34 casas, ayer aclaró que las construidas son 27, pero que tendrían que construirse 34 que son las familias que resultaron damnificadas en ese pueblo.

Anuncia el alcalde de Atoyac denuncias contra constructoras que no han completado obras

El Ayuntamiento de Atoyac procederá jurídicamente contra las empresas que construyen obras desde la administración anterior, las cuales exigen dinero para completar los trabajos, “pero no han respaldado la inversión que se ha ejecutado”, señaló el alcalde, Dámaso Pérez Organes.
El alcalde afirmó esto en entrevista, después de dar el banderazo de entrega de fertilizante para casi 5 mil productores de maíz del municipio que recibirán, primero, en la parte alta de la sierra.
El Ayuntamiento entregará mil 800 toneladas, una inversión de 10 millones de pesos, y los campesinos lo recibirán sin costo, aun cuando no están consideradas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para el combate a la pobreza.
Antes de la entrega del insumo, comisarios y delegados del municipio de Atoyac, principalmente de Los Valles y San Andrés de la Cruz, se quejaron con el presidente municipal de que obras como pavimentación de calles y techados están sin terminar porque, según las constructoras, el municipio no les ha pagado.
El alcalde explico que las obras no están inconclusas, pero se requiere de un respaldo de lo que invirtió la pasada administración municipal para darles a las constructores el resto del dinero.
Dijo que a la empresa que no cumpla se les fincara responsabilidad conforme a derecho, ya que la ley de Transparencia lo exige, dijo que el dinero “ahí está… (pero) si a mí no me dan el soporte jurídico comprobatorio no les voy seguir dando dinero” explicó.
Anuncio que se reunirá con las constructoras y los comisarios de las comunidades afectados para determinar la situación, ya que las empresas amagan a los comisarios con no terminar las obras, y no les permiten mover los materiales, muchos de los cuáles se puede echar a perder con las lluvias.
Pérez Organes agregó que también exigirá un seguro de la obra, ya que una buena parte de la que entregan está en muy mal estado.

Los hacen firmar una renuncia a sus derechos, denuncian empleados de combate a vectores

 

Mediante una simulación jurídica la Secretaría de Salud (SSa) quiere evadir responsabilidades con unos 900 trabajadores de contrato del área de Vectores, quienes trabajan en las campañas de prevención de dengue y  chikungunya, pues les puso como condición para pagarles dos meses ya laborados que firmen un escrito donde renuncian a sus derechos y a su antigüedad.
El documento fue dado a conocer por uno de los afectados, el cual está dirigido al doctor Jesús Ignacio Molina Guevara, donde cada uno “solicita (a motu proprio) adherirse al programa de Prevención y Control de Dengue para participar como voluntario en el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2016 y mientras dicho programa requiera mis servicios”.
En el escrito se lee, “manifiesto que tengo conocimiento de que esta no es una relación laboral, por lo que no estaré creando derechos con esta Secretaría ni con el CPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud, además conozco la naturaleza del apoyo voluntario que desempeñaré dentro del sistema estatal de Salud y entiendo el concepto que a la letra se define como: asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que por concepto de apoyo a personas físicas que, en su carácter de voluntarios, sin ser servidores públicos ni estar sujetas a una relación laboral subordinada, coadyuvan de manera temporal y con actividades específicas determinadas en el programa de carácter federal, tales como evaluaciones encuestas, sondeos, entre otros”.
El documento concluye así: “Ratifico que derivado de mi servicio voluntario que prestaré dentro de las mismas, no existe conmigo ninguna obligación laboral adicional con instituciones de Salud estatal que pueda generar”.
El trabajador, quien omitió su nombre, denunció que de esta manera los trabajadores que han laborado en la modalidad de contratos no pueden aspirar ni siquiera a un finiquito de ley, dado que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y la Ley Federal del Trabajo hablan de un nombramientos o que los empleados tienen que aparecer en listas de raya de trabajadores temporales para acceder a beneficios laborales.
Sin embargo, la SSa usa este documento y la figura de “voluntario” como instrumento legal para evadir sus responsabilidades, pues da a entender que ellos desempeñan una labor personal, bajo un horario y la dirección de un jefe, se quejó.
Esta medida, se da a partir de las protestas de los trabajadores de Vectores que tomaron la Jurisdicción 07 en Acapulco, porque demandaban plazas de base porque tienen más de 10 años de antigüedad en la dependencia, lo que terminó con la detención de 19 de ellos el pasado 15 de marzo.
Denunciaron, además, el retraso de sus pagos mensuales.

Van viudas de Aguas Blancas al Congreso; no les dan proyectos ni su indemnización, se quejan

Viudas de la masacre de Aguas Blancas acudieron al Congreso del estado porque desde el año pasado les prometieron recursos para proyectos productivos, mientras que estaba lista su indemnización, sin embargo ninguna de las dos cosas les han sido entregadas.
En las instalaciones del recinto la viuda Beatriz López Secundino declaró que su presencia, la de siete viudas más y otra víctima, era para saber cuándo les entregarán los recursos para proyectos productivos que les prometieron en lo que les entregaban la indemnización.
Hace un año tuvieron una reunión en las instalaciones de Promotora Turística de Guerrero (Protur) con la Derechos Humanos, la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde les hicieron la promesa de entregarles los recursos.
Dijo que en esta ocasión la respuesta que les dieron en el Congreso fue que “todavía no está turnado a la Cámara de Diputados, que nos van a dar una respuesta del jueves al martes”.
De la indemnización la viuda de la masacre comentó que “está estancado”, pues tampoco les han informado nada al respecto.

Envía Evodio a Osorio Chong la terna para la Secretaría de Seguridad; va en ella Flores Sonduk

El presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre informó que ya envió una terna al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para la designación del nuevo secretario de Seguridad Pública. En ella están el encargado de despacho de la dependencia, Manuel Flores Sonduk, un miembro del Ejército y otro de la Marina.
Después de acompañar al gobernador Héctor Astudillo Flores a la entrega de constancias y apoyo económico a educandos del INEA, el alcalde adelantó que la próxima semana convocará a la sociedad para informar del presupuesto y llevar a cabo acciones conjuntas en la lucha contra la violencia e inseguridad.
“Nosotros hoy (ayer) hemos entregado al secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong), como se convino, la terna de los que serán analizados para que sea la propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo.
Aunque el alcalde no proporcionó los nombres de quienes son las otras propuestas, explicó que se trata de uno del Ejército y otro de la Marina, y que envió copia al Grupo de Coordinación Guerrero y al secretario de la Defensa Nacional y espera que en esta misma semana se pueda determinar quiénes cumplen todas las especificaciones.
Detalló que el encargado de despacho, Flores Sonduk, cumple con los requisitos y que acudió a realizar el examen de control de confianza que aplicó el mismo Cisen. Aunque no le han dado los resultados de la evaluación, sostuvo que “eso lo tendrá que dar Gobernación federal y para eso está poniendo en la mesa del análisis”.
Aclaró: “nosotros estamos haciendo lo propio en lo que corresponde en el Grupo de Coordinación Acapulco, que se instaló desde hace tiempo, en gobiernos anteriores” y que hay comunicación con los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero que preside el gobernador Héctor Astudillo Flores y las fuerzas armadas.
Respecto al presupuesto de Egresos que se aprobó este lunes en sesión extraordinaria de Cabildo, cuyo monto global es de 4 mil 21 millones 872 mil pesos, Evodio Velázquez reiteró que va destinado al “combate a la violencia, a la prevención del delito, en todos los rubros diferentes, y es que hablar de infraestructura social es hablar de prevenir del delito”.
Adelantó que el próximo lunes su gobierno convocó a la sociedad para que conozca en qué planteamientos de manera específica, “vamos a ejercer los rubros y que vayamos de manera conjunta en la lucha contra la violencia e inseguridad para de manera conjunta podamos sacar adelante a Acapulco”.
Reiteró su llamado a la población para hacer el pacto con la sociedad y gobierno para que “reconozcan lo que se hace en el combate a la delincuencia organizada que encabezan el Grupo de Coordinación Guerrero y la Secretaría de Gobernación”.

Vigilan policías estatales los hospitales de Ruiz Cortines y de Renacimiento tras ataques

Desde ayer martes, policías estatales acreditables vigilan las instalaciones del hospital Donato G. Alarcón, en Ciudad Renacimiento, y el General, de avenida Ruiz Cortines, quienes permanecen en las entradas portando armas de alto poder, mientras los agentes de seguridad privada revisan a todo el que entra a los nosocomios.
Durante un recorrido se observó la presencia de la Policía Estatal Acreditable en el hospital de Ciudad Renacimiento, donde había cuatro agentes con armas largas y cubiertos de la cara con un pasamontañas. Se supo que llegaron desde la mañana para dar vigilancia afuera del lugar para evitar hechos de violencia.
En la visita al lugar se pudo ver que los negocios de tacos ambulantes, donde comían muchos de los que iban al hospital, siguen cerrados a cinco días de que fue ejecutado un matrimonio de taqueros en la zona.
El hospital General, de avenida Ruiz Cortines también tiene seguridad, pero solo dos agentes que se encuentran adentro de la explanada y también se cuenta con tres de seguridad privada.
Los hospitales Vicente Guerrero del IMSS, del ISSSTE y Cancerología no cuentan con seguridad del estado, más que la privada que siempre han tenido.
Sobre el tema de inseguridad en el sector salud, el secretario general de la Sección 17 del IMSS-Guerrero, David Hernández Gorjón, reconoció que hay trabajadores, incluso de Acapulco, que han pedido sus cambios y que han sido algunos 10 casos que se están viendo de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
Indicó que se envía la solicitud a la Ciudad de México y cuando se generan las plazas se les da el cambio de adscripción, e informó que de las peticiones formales por el momento se han dado cuatro cambios.
Sobre la seguridad en las instalaciones del IMSS, indicó que la tienen interna, aunque reconoció que faltan algunas unidades como la Guardería 2 y se está viendo para arreglar el asunto y lograr los presupuestos.
Indicó que otro lugar que no tienen seguridad es el Centro de Capacitación 18 de marzo y una clínica en Ometepec. Reconoció que afortunadamente dentro de las unidades médicas no se han dado hechos que lamentar, aunque algunos han sido asaltados afuera de su trabajo.
Sobre si solicitaron que se refuerce la seguridad, Hernández Gorjón indicó que ya se acordó con el delegado del IMSS, José Luis Ávila, “visitamos a algunas autoridades porque necesitamos que haya algunos rondines afuera de las unidades en todo el estado; éstas se comprometieron hacer los rondines para evitar situaciones por toda la afluencia que se da en el IMSS”.

No pasan antidoping sólo 12 de 261 aspirantes a choferes del Acabús, informa Simón Zamora

 

El presidente del Consejo de Administración de la Coordinadora Acabús, Simón Zamora García, informó que 12 de los 261 aspirantes a choferes que hicieron la prueba del antidoping no la pasaron, por lo que se les hará una nueva evaluación.
El lunes inicia la capacitación a los que serán los operadores del Acabús y se piensa emitir una convocatoria pública debido a que faltan conductores para juntar los 350 que requieren para el servicio.
Consultado vía telefónica, Zamora García informó que el lunes recibieron los resultados de los exámenes antidoping que se les aplicaron a 261 aspirantes a conductores del nuevo transporte, de los cuales 12 no pasaron el examen y se les volverá hacer la prueba para confirmar que no haya un error.
El transportista admitió que tenían el temor de que los colaboradores que se anotaron no pasaran en su mayoría el examen, y se llevaron una sorpresa cuando fue la minoría los que salieron positivos.
Zamora García explicó que tienen un padrón de 307 conductores, de los cuales solamente 261 acudieron a presentar las pruebas y requieren tener una plantilla de 350 para cubrir el servicio. Por lo que de no asistir el resto de los inscritos en el padrón, faltarían 89 conductores y tienen como fecha límite el 15 de mayo para tener el total.
De no asistir a las pruebas los conductores que están en el padrón y de no participar los 100 que están afuera del proyecto por falta de interés, entonces emitirán una convocatoria abierta para hombres y mujeres para que se sumen al Acabús, dijo Zamora García.
Expuso que unos 100 conductores de las rutas que actualmente funcionan no se interesaron en inscribirse para tener un empleo formal y con prestaciones, y en el portal de la Secretaría de Trabajo se emitió la oferta de empleo pero solamente han respondido ocho personas, por eso han pensado en abrir la convocatoria.
Recordó que contrario a lo que dijo el líder del Bloque 1, Jesús Catalán, que los choferes quedarán sin empleo les hace falta personal y no se perderá ni uno, sólo los de aquellos que no están interesados en el proyecto.
Simón Zamora indicó que la Fiscalía Regional a dado 184 cartas de antecedentes no penales de manera gratuita a los conductores, debido a que es un requisito que les están solicitando para ser parte del Acabús.
Agregó que el lunes empezará la capacitación a los operadores de los camiones, lo cual se hará en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra parte en los talleres del Acabús. Los conductores tendrán capacitación psicológica, legal y de operatividad y conducción, que estará a cargo de capacitadores del IMSS, personal de la Dirección General de Tránsito Estatal y personal de la empresa de transportes DINA.

Desconocen sindicalizados del hospital General a su representante y piden nuevas elecciones

Trabajadores sindicalizados del hospital General de Acapulco exigieron a la secretaria general de la sección 36, Beatriz Vélez Núñez, que convoque a elecciones debido a que desconocieron a la actual representante sindical de la subsección 07, Mayanin Zúñiga Leyva, quien se extendió tres años más en el cargo.
Los trabajadores expusieron que del comité que encabeza Zúñiga Leyva, que ganó la elección en 2010, la mayoría de los integrantes se han jubilado y otros se han ausentado.
En conferencia de prensa en un restaurante del Zócalo, Jonathan González Mendoza leyó el documento en el que expusieron que en 2010 se eligió a Mayanin Zúñiga como representante sindical por un periodo de 3 años, sin embargo ella no convocó a elecciones al terminar y continúo en el cargo “violando el estatuto general que rige la vida sindical”.
Explico que para ampliar el periodo se respaldó en firmas de trabajadores, lo cual “no son método o forma de elegir dirigentes”, por ello, según el documento, los trabajadores decidieron desconocer a la secretaria y señalaron que desde 2013 usurpa funciones.
González Mendoza exigió a nombre de los trabajadores que “se emita la convocatoria correspondiente para elegir, mediante voto secreto y directo, a la dirigencia sub seccional 07 como lo establece el estatuto general y el reglamento de elecciones vigentes”.
Advirtió a las autoridades de la Secretaría de Salud y del hospital General que “por carecer de nombramiento legal, toda gestión que realice ostentándose como secretaría general de la subsección 07 del SNTSA y todo documento que firme como tal, es y ha sido nulo de pleno derecho desde abril de 2013”.
Pidió, a nombre de los sindicalizados, que intervenga la secretaria general Beatriz Vélez porque temen que Mayanin Zúñiga se mantenga otros tres años en el mismo puesto.
Los inconformes enviaron a Vélez Núñez una petición firmada por 200 sindicalizados para pedirle que emita la convocatoria.
Jonathan González expuso que no se habían quejado porque había apatía de algunos, además de que manifestaron algunos de ellos estar interesados en participar para competir por la dirigencia de la subsección sindical.
Otro de los sindicalizados, Omar Moyao Bustamente, manifestó que confían en tener respuesta pronta a la petición que han hecho para la renovación del comité y se retome la legalidad en esa representación sindical.

Cierran la calle José María Iglesias, en el Zócalo, por obras de tubería y pavimentación

La calle José María Iglesias, ubicada atrás del Zócalo, fue cerrada ayer a la circulación debido a que se harán trabajos de pavimentación e introducción de tubería por parte del gobierno federal y como parte de los “compromisos gubernamentales”.
Ayer trabajadores de la empresa colocaron una malla metálica, además de colgar dos lonas con un mensaje en el que se pide a los automovilistas que tomen sus precauciones debido a los trabajos que se van a realizar, según la manta hasta el próximo 24 del mes en curso.
La lona informativa advierte que “permanecerá cerrada la circulación entre calles Quebrada e Hidalgo del 4 al 24 de abril, durante todo el día, debido a obras de infraestructura, por lo que se desviará la circulación. Obras compromiso gubernamental”.
Aunque ayer fue inicio de clases, la circulación fue fluida en ese punto y algunos automovilistas no tenían conocimiento del cierre y tuvieron que dar la vuelta.
Otra obra en proceso es la construcción de la línea de conducción de agua potable que realiza CAPAMA, con aportaciones del Ramo 33, en la avenida Cuauhtémoc a unos metros del punto conocido como la Y Griega.