Realiza Protección Civil simulacro de incendio en la tienda Aurrerá Costera

Trabajadores, proveedores, así como clientes de la tienda Bodega Aurrera, de la Costera, participaron en un simulacro con hipótesis de incendio ayer por la mañana, para fomentar una cultura de Protección Civil en Acapulco.
En breves declaraciones a reporteros en la tienda Bodega Aurrera, el coordinador de Protección Civil, Sabás de la Rosa Camacho, informó que también participaron 18 tiendas departamentales de la cadena Walmart de manera simultánea.
El simulacro con hipótesis de incendio inició a las 10 de la mañana y duró dos minutos con cinco segundos.
En la tienda Bodega Aurrera participaron 192 personas, entre trabajadores y clientes, y fueron evacuados al área del estacionamiento.
Sabás de la Rosa informó que de manera simultánea participaron 2 mil 750 trabajadores en las 18 tiendas, más los clientes que estaban comprando o en las áreas de restaurantes.
Durante el simulacro, las alarmas de incendio fueron activadas y los trabajadores de Protección Civil empezaron a evacuar el lugar; allí explicó Sabas de la Rosa que “la idea de los simulacros contra incendios que se realizaron es que se cumpla con los programas interno de Protección Civil y que la población participe”.
“Vamos a empezar con tiendas departamentales pero también ya estamos trabajando en escuelas y negocios, y la próxima semana también en guarderías y las estancias infantiles”, precisó.
Se informó que el próximo lunes se hará también un simulacro de incendios en estancias infantiles y participarán los bomberos.

Pide Leyva Mena al gobernador recuperar a policías municipales que el Mando Único dio de baja

 

El presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores recuperar los policías municipales que fueron dados de baja por el programa Mando Único, para reforzar la seguridad y bajar los índices delictivos en la capital.
Consultado al termino de la inauguración del estacionamiento del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, el alcalde priista dijo que uno de los problemas que tiene la capital es que no cuenta con más policías municipales, esto incrementará más el territorio de los policías comunitarios y ciudadanos, pero no están regulados por el gobierno para que operen con legalidad, “parece como tierra de nadie, sin ley”.
Leyva Mena solicitó al gobernador Héctor Astudillo Flores que regule a los policías comunitarios y ciudadanos que operan en el estado para mejorar la seguridad.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, en marzo del año pasado, se inició la depuración de policías para integrarse al programa Mando Único, 320 policías participaron en los exámenes de control y confianza, de los cuales 70 aprobaron, e incorporaron a 50 nuevos policías.
Por otro lado, el alcalde priista Leyva Mena dijo que después de que el viernes hombres armados atacaron la sala de urgencias del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón se mantienen los recorridos de la Policía Estatal, Policía Federal y soldados del Ejército para evitar que ocurra otro incidente delictivo.
En su edición del sábado El Sur informó que, el viernes en la noche, hombres armados atacaron a balazos la sala de urgencias del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo. Según fuentes policiacas iban a rematar a tres policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes la tarde del viernes resultaron heridos en una emboscada en Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Leyva Mena dijo que continúa con reuniones con el gobernador Héctor Astudillo Flores para tratar el asunto de la inseguridad en la capital, pero no dio más detalles.
Agregó que espera las indicaciones del gobernador para conocer si enviarán a la capital 200 policías estatales para reforzar la seguridad en la ciudad.

Resguarda la Policía Estatal y efectivos de la 35 Zona Militar la comunidad de Polixtepec

La Base de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMU) integrada por la Policía Estatal y efectivos de la 35 Zona Militar resguardan la comunidad de Polixtepec municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) tras los hechos de violencia.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la vigilancia en la comunidad sigue debido a los hechos de violencia en la zona serrana.
Asimismo fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que 50 policías estatales con seis patrullas y 40 soldados de la 35 Zona Militar vigilan la comunidad para evitar otro enfrentamiento armado.
El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó que cinco policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que resultaron heridos en una balacera con el grupo delincuencial Villalobos Arellano, en la comunidad de Polixtepec, se encuentran estables y reciben atención médica en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón en la capital.
Consultado por teléfono, el funcionario estatal dijo que dos de sus compañeros no fueron internados porque tenían heridas menores.
El viernes a la 1 de la tarde, en la comunidad de Polixtepec municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) ocurrió una balacera de siete horas, que dejó tres muertos del crimen organizado y siete heridos de la UPOEG.
El viernes, los heridos fueron trasladados al hospital general de la capital, cuya fachada fue baleada a las 10 de la noche por hombres armados.

A seis meses de la irrupción de sicarios en Chilapa, no hay respuesta de autoridades a los familiares de desaparecidos

Este lunes se cumplen seis meses de la irrupción de civiles armados a la ciudad de Chilapa, tras los hechos familiares denunciaron la desaparición de 14 vecinos, sin embargo, las autoridades siguen sin dar información del paradero de sus parientes.
El 9 de mayo, irrumpieron en la ciudad unos 300 civiles armados de las comunidades del sur de Chilapa, dijeron que su presencia en la cabecera municipal era para aprehender a líderes delincuenciales.
Los familiares denunciaron que al menos 30 personas desaparecieron durante la irrupción de civiles armados, hechos que duraron cinco días.
Después de seis meses, familiares de 14 desaparecidos interpusieron su denuncia en el Ministerio Público federal, durante las tres visitas que ha hecho el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR) a la ciudad.
A finales de septiembre familiares de dos desaparecidos más reportaron sus casos ante el grupo de familiares, y esperan que el Ministerio Público federal regrese a la ciudad para interponer su denuncia.
Desde hace seis meses familiares de los 14 desaparecidos se unieron para exigir la aparición con vida de sus parientes, y se fueron sumando familias de más desaparecidos con la misma consigna.
El vocero, José Díaz Navarro informó que en estos seis meses tiene una lista de 55 vecinos que desaparecieron antes, durante y después de mayo, con relatorías de hechos de cada uno, y solamente 38 casos se han denunciado en el Ministerio Público federal.
Sin embargo, consideran que la lista es de aproximadamente 100 desaparecidos, pero hay familiares que prefieren no hacer la denuncia por temor a represalias y que las autoridades no hagan su trabajo.
Al principio los familiares se reunían todos los días, y últimamente sólo se reúnen los lunes, miércoles y viernes, durante estos días acuden para tener alguna noticia de sus desaparecidos, o de algún requerimiento que las autoridades les pidan.
Los familiares han tenido acercamiento con autoridades federales como el comisionado de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, quien el 20 de mayo anunció a los familiares que ayudaría en la búsqueda de sus parientes, y que esta dependencia tomaría el control de la seguridad en la región.
El 30 de mayo, nuevamente Galindo Ceballos acudió a la ciudad, junto con el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrían, para reunirse con los familiares y les aseguraron que investigarían la desaparición de sus parientes. El 8 de julio, ambos funcionarios acudieron de nuevo a la ciudad.
En dos ocasiones los familiares han sido llamados a la Ciudad de México a la Procuraduría General de la República (PGR), por el subprocurador de derechos humanos, Heber Omar Betanzos para informarles sobre las investigaciones de sus familiares.
A pesar de las reuniones con autoridades federales los familiares siguen sin saber de sus desaparecidos. Tampoco saben si las autoridades han detenido a personas involucradas en la desaparición de sus parientes.
El 26 de octubre, en la segunda reunión con el subprocurador les informó que las investigaciones de los 14 desaparecidos en mayo, que han denunciado en el Ministerio Público federal, son casos que lleva la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
El 6 de noviembre una comisión de familiares de los desaparecidos de mayo fueron llamados a la SEIDO para tratar el tema de sus parientes, sin embargo, la reunión fue pospuesta para este martes.
Los vecinos en varias ocasiones han declarado que no dejarán de insistir en la búsqueda de sus familiares.

Levantan a un joven al salir de un bar en Altamirano; suman cuatro desaparecidos en una semana

 

Un joven fue levantado por hombres armados al salir de un bar de Altamirano, hasta anoche no se supo su paradero, el hecho ocurrió a menos de 50 metros del hotel en donde la Policía Federal tiene su base. Con este caso en esta semana suman cuatro desaparecidos.
De acuerdo con el informe policiaco, los hechos ocurrieron la noche de este sábado en el bulevar que va a Coyuca de Catalán, cuando un joven salía de un conocido bar de la ciudad, cerca de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad.
El lugar de los hechos está cerca de la base de la Policía Federal, sin embargo, no hubo ningún movimiento de parte de las autoridades una vez que se conoció que hombres armados levantaron a un joven.
No se conoció la identidad del joven de aproximadamente 20 años, ni hay una denuncia formal en el Ministerio Público.
En Altamirano se reportó que esta semana se han levantado a tres vecinos de la colonia La Costita, sólo trascendió el nombre de uno de ellos, Gaudencio Velázquez.
De estos casos tampoco hay una denuncia formal en el Ministerio Público, pero los familiares han buscado la forma de localizarlos y han hecho reportes a la Policía Federal.
Los tres vecinos desaparecieron la semana pasada en las calles de la colonia La Costita de Altamirano.
La seguridad en la región de Tierra Caliente está en manos de la federación desde diciembre del 2014, la Policía Federal tienen su base en Altamirano.

Falso, que haya un conflicto por el dinero de la minera, responde el comisario de Carrizalillo

El comisario de Carrizalillo, Nelson Figueroa Peña declaró ayer que es falso que haya allí un conflicto o división entre los habitantes por el dinero que reciben de la empresa canadiense Gold Corp que explota la mina Los Filos-El Bermejal como lo declaró el jueves el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Añadió que ante el poco interés que los ejidatarios han visto de los gobiernos estatal y federal para investigar las denuncias que han hecho en contra del grupo criminal Guerreros Unidos, tres comunidades de la zona están pensando en integrar su propia Policía Comunitaria.
Insistió en que el problema de inseguridad y violencia que se vivió fue por la presencia del grupo criminal Guerreros Unidos, el cual se escondió en ese pueblo y mantuvo de rehenes a los habitantes, a quienes extorsionaba, “eso sí”, por el dinero que reciben de la renta de sus tierras a la minera.
Por otra parte, informó que el personal de la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) suspendió los trabajos de exploración para la localización de más fosas desde el viernes, y que les dijeron que regresarán este martes para continuar la búsqueda.
El comisario informó que en la primera etapa de búsqueda de cadáveres en las fosas clandestinas, encontraron siete cadáveres en cuatro fosas, aunque la PGR ha informado en boletines que son seis cadáveres en cuatro fosas, porque no incluye la exhumación que hicieron sólo los vecinos con personal del Servicio Médico Forense el sábado 31 de octubre en Los Mangos, a unos 5 kilómetros al poniente de la localidad.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
El jueves 5 de noviembre el gobernador Héctor Astudillo fue consultado en Acapulco con respecto al conflicto que se vive en Carrizalillo y respondió: “Lo que está pasando en Carrizalillo lo tengo que abordar con una gran claridad y responsabilidad, es parte de que de pronto hay dinero en las regiones y entra una competencia de intereses más allá de los normales, entonces vienen los problemas como los estamos encontrando”.
Después, los reporteros le pidieron ampliar su postura sobre el caso y dijo entonces que ahí se ha generado un conflicto porque “a los pueblos se les da el dinero de manera directa y eso ha generado un conflicto, de acuerdo con la información que tenemos, entre dos grupos”.
Sin embargo, el comisario municipal rechazó que en su comunidad haya un conflicto entre dos grupos por el dinero que reciben de la minera. “Eso es mentira, hasta cierto punto sí, es un conflicto por el dinero que recibimos, pero no entre dos grupos de la comunidad, sino por el grupo de la maña que nos estaba extorsionando”.
Dijo que lo que ve en las declaraciones del gobernador es que no quieren investigar al grupo criminal que han venido denunciando (Guerreros Unidos), “no sé a qué le temen”.
Incluso informó que el viernes habló con el presidente municipal de Eduardo Neri, el perredista Pablo Higuera Fuentes, y que le informó que iba a tener una reunión con el gobernador exclusivamente sobre el caso Carrizalillo, pero añadió que el alcalde no le ha informado cuál fue la respuesta del gobernador.
El comisario Figueroa Peña agregó que ante el poco interés de los gobiernos estatal y federal por investigar a fondo el caso, las comunidades de Carrizalillo, Tenantla y Amatitlán están platicando para integrar su propia Policía Comunitaria “para cuidarnos entre nosotros mismos”.
El comisario municipal informó por otra parte, que el personal de la SEIDO se retiró el viernes 6 de octubre de la comunidad, porque le dijeron que iban a esperarse a conocer los resultados de los estudios que se realizan a los cadáveres encontrados en las cuatro primeras fosas y que regresarán el martes para continuar con la exploración en los lugares donde los habitantes creen que hay más sepulturas.
Informó que en esta primera etapa encontraron 7 cadáveres, el que exhumaron sólo con personal del Semefo el 31 de octubre en el punto conocido como Los Mangos; la segunda y la tercera fosa fueron encontradas el martes 3 de noviembre, una de ellas en el lugar conocido como El Pedregal, a unos 5 kilómetros al este de Carrizalillo, al pie de un encino prieto, otra a unos 200 metros, en el lugar conocido como El Puertecito, al sureste de Carrizalillo.
En las dos, según un boletín de la PGR, fueron encontrados cuatro cuerpos, tres mujeres y un hombre.
Asimismo, el jueves 5 de noviembre fue encontrada una cuarta fosa en el paraje conocido como El Zapotito, a unos 50 metros de la Escuela Telesecundaria José Martí. En este sitio según la información oficial de la SEIDO, fueron encontrados los restos de otra mujer.
Habitantes de la localidad revelaron que los restos evidenciaron que la víctima fue degollada.
Ayer el comisario municipal informó que el viernes fue encontrado el séptimo cadáver en un terreno baldío, frente a la telesecundaria José Martí, en la orilla norte de la localidad.
Dijo que el martes continuará la exploración de otros lugares en donde probablemente hay más fosas con restos humanos.

Astudillo debe preocuparse por la delincuencia, no por las policías comunitarias, dice Bruno

 

El gobierno estatal debe preocuparse por la proliferación de la delincuencia, no de las policías ciudadanas y comunitarias que se organizan por la vida, señaló el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio sobre las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El gobernador dijo que los últimos hechos de violencia en la Sierra de Leonardo Bravo, se deben a la proliferación de policías comunitarias que “van y entran en confrontación con el pueblo”, y que “ya se salieron de control”.
En este sentido, el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Braulio Pimentel Antunez aclaró que los ciudadanos tienen derecho a organizarse frente la ineficacia de los gobiernos y las corporaciones policiacas coludidas con los criminales.
El coordinador de la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís pidió a las autoridades que valoren las experiencias de los pueblos para atender la crisis social.
El sábado, el gobernador llamó a los alcaldes a poner toda la atención cuando nazca una policía comunitaria, porque tiene sus límites, “y ya se salió del orden, se salió de control”, expresó en relación al homicidio del comisario y secretario de Polixtepec, en la sierra de Chichihualco, seguido de una balacera que dejó tres presuntos sicarios muertos, siete heridos de la UPOEG, y la comunidad abandonada por sus pobladores.
En consulta telefónica, Bruno Plácido Valerio lamentó que el gobierno esté más preocupado por la organización de los ciudadanos que por la proliferación de la delincuencia, pero reconoció que tampoco es un asunto sólo de las autoridades, y que también le corresponde a la sociedad buscar la solución.
Señaló que en esta crisis de inseguridad, sin distingo de partido o nivel económico, se debe centrar el debate en cómo erradicar a la delincuencia, sin confrontación.
“Es un momento de solidaridad, de unificar un frente para erradicar a la delincuencia, llamar a todos los actores para buscar entre todos una salida, hay que verlo como un problema de todos, no sólo de gobierno”.
Así como la Iglesia llamó a un gran diálogo con los actores (incluyendo a los líderes de cárteles del narcotráfico), Plácido Valerio informó que está buscando a la Iglesia, a transportistas, ganaderos, comerciantes, porque “somos una sociedad que está en crisis, somos un foco rojo; vamos a darle la vuelta a la página”.
Se reservó de hablar de los grupos de la Policía Ciudadana que operan en la sierra de Leonardo Bravo, y aseguró que hoy convocará a la prensa para hablar del caso en Chilpancingo.
No obstante, se supo que las comunidades de la Unión de Comisarios por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo de la Sierra, que hace dos años se unió a la Policía Rural, también conformó grupos de policías comunitarios con el respaldo de la UPOEG.

Mejores resultados que todas las corporaciones juntas: Pimentel

El consejero Braulio Pimentel, de la CRAC de San Luis Acatlán, recordó que pese a los errores, la Policía Comunitaria ha dado mejores resultados que todas las corporaciones policiacas juntas, a los largo de muchos periodos de gobierno.
Señaló que la organización de los pueblos es una reacción natural ante la incapacidad de las autoridades de garantizar seguridad que “hasta se coaligan con la delincuencia, como lo demostró el caso de Iguala”, el 26 y 27 de septiembre.
Indicó que la garantía de resultados es porque los policías comunitarios son nombrados en asambleas y reuniones amplias, más que cualquier otro sistema de seguridad, como el Mando Único que incorpora a todos los cuerpos policiacos, los tres niveles de gobierno y militares.
Estimó que si el Mando Único no incluye un ingrediente de participación ciudadana, nunca va a funcionar “porque el sistema está muy corrompido”. Propuso a las autoridades pedir información de toda las expresiones se seguridad comunitaria, en lugar de buscar alternativas en Estados Unidos o Colombia.
Recordó que las casas de justicia de Espino Blanco y San Luis Acatlán son un referente nacional e internacional, por el trabajo honorario de los pueblos “este sistema es la alternativa, un prototipo incluso para las regiones que no son indígenas”.
A los alcaldes, les pidió que estén más atentos de los criminales que de nuevos grupos de policías comunitarias, porque desde la federación están imponiendo secretarios de Seguridad Pública y por ahí se les puede infiltrar la delincuencia.

Algunos usan la figura comunitaria para trasiego de droga: FUSDEG

Salvador Alanís aclaró que si bien al gobierno le toca defender a las instituciones en el tema de seguridad, el pueblo también tiene voz y voto.
Recordó que los pueblos que se levantaron en armas es porque el Estado no les dio otra opción, no garantizó la seguridad, pero todos los policías comunitarios preferirían llevar una vida tranquila, dejar el servicio comunitario que sólo trae problemas, amenazas y ha costado muchas vidas de sus compañeros; “no es deseo nuestro armarnos y pelearnos con la gente mala”.
No obstante, declaró que hay grupos que aprovechan el buen nombre de los policías comunitarios para el trasiego de mariguana y amapola, “de eso se tienen que cuidar con lupa las autoridades”.
Aseguró que en los 62 pueblos donde trabaja el FUSDEG no se dedican a la producción de drogas, pero demandan a las autoridades que dé alternativas de empleo a las familias de la región. Por lo tanto, no tienen miedo a la regulación ni a la revisión de sus estructuras.
Sin embargo, insistió en que los tres niveles de gobierno no han tenido capacidad de eliminar a los grupos criminales que hacen daño en Guerrero, “se han visto rebasados en todas las grandes ciudades”.
Pero el día que comiencen a reducir los índices de criminalidad, “con gusto dejamos la playera y nos quedamos como vecinos vigilantes”. Consideró que este gobierno tiene una gran tarea, “ojalá podamos aportar lo aprendido, que permita interlocución para intercambiar experiencias”, expresó Salvador Alanís.

Reorganizarán el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena

 

Dirigentes fundadores del desaparecido Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena Negra y Popular, que tuvo su auge en la década de 1990 y que se dividió en el 2005, iniciaron pláticas éste domingo para unificar el movimiento de los pueblos originarios ante el olvido en que los mantienen los tres niveles de gobierno.
Con ese fin, ayer se reunieron dirigentes indígenas de nueve municipios de la zona Norte, Montaña, Centro y Costa Chica.
De entrada acordaron llevar sus proyectos de obras y servicios a la Cámara de Diputados para que sean considerados en el presupuesto de 2016. También acordaron convocar a una marcha-caravana hacia la ciudad de México en diciembre.
Asistieron a la primera reunión que se llevó a cabo en el teatro hundido de la Alameda Granados Maldonado, 12 dirigentes de los municipios de San Luís Acatlán, Chilapa de Álvarez, Zitlala, Huitzuco de los Figueroa, Tepecoacuilco, Copalillo, Olinalá, Acatepec y Tecoanapa.
Entre algunos de los dirigentes indígenas estuvo el presidente municipal de Copalillo, el petista Getulio Ramírez Chino; el ex procurador de Defensa de los Campesinos, Marcelino Díaz de Jesús; el ex alcalde de Acatepec por el desaparecidos Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Antonio González García; el ex candidato a presidente municipal de Chilapa por el Partido Humanista, Maximino Silviano González.
Ramírez Chino informó que el objetivo principal de la reunión era la reconstitución del Consejo. “Nosotros vemos que hay la necesidad de reorganizarnos y retomar el movimiento indígena, no podemos seguir dispersos. Ya tuvimos la mala experiencia de que en el Consejo cada quien jalara por su lado y desde entonces no podemos salir adelante como pueblos indígenas”, expresó al final de la reunión.
Dijo que en este primer encuentro acordaron que en diciembre próximo (aún no acordaron fecha) van a tener la segunda reunión pero que antes, los que asistieron ayer van a llevar un paquete de proyectos “de gran impacto” a la Cámara de Diputados para que los diputados federales los tomen en cuanta en el presupuesto para 2016.
Dijo que también en diciembre llevarán a cabo una marcha-caravana hacia la ciudad de México para exigir respuestas a sus peticiones, pues “nuestros pueblos indígenas están olvidados y abandonados por los tres órdenes de gobierno desde la tormenta tropical Manuel y hay muchos pueblos que nunca les arreglaron sus caminos, sus escuelas, ni sus puentes”, denunció.
Declaró que en Copalillo no ha sido re-construido el puente que se llevó el río de Tlalcozotitlán y que siete comunidades si-guen incomunicadas y sus habitantes tienen que pasar el río sobre puentes colgantes.
Informó que en la reunión que tuvieron los alcaldes con el gobernador Héctor Astudillo Flores el sábado, solicitó reunirse con el secretario de Educación y con el de Salud porque en su municipio hay muchos enfermos y pide la construcción de un hospital regional. También denunció que hay muchos problemas en el sector educativo, porque hay aulas que no tienen maestros o maestros que no tienen aulas.
El alcalde petista informó que también pidió una reunión con la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), “porque hay muchos caminos abandonados”.
A su vez, Antonio González García explicó que la propuesta de reorganizar a los pueblos indígenas es, “porque hay muchas necesidades y enfermedades”.
Añadió que las condiciones de ahora son muy diferentes a las de 1990, “ahora necesitamos hospitales, universidades, becas para los estudiantes, por ejemplo”.
Dijo que este es un movimiento que apenas está surgiendo “pero después será como una bola de nieve, va a ir creciendo”.
En la reunión estuvo también el diputado del PT Fredy García Guevara, aunque sólo como coadyuvante para la gestoría de las organizaciones y reconoció que hay muchas demandas que no se les han resuelto a los pueblos indígenas y que la mayoría son del sector educativo y de salud.
El ex candidato a alcalde de Chilapa por el Partido Humanista, Máximo Silvano González dijo que la intención es fortalecer el movimiento indígena.
Agregó que allí, en su municipio, hay muchos problemas relacionados con salud y educación, pero sobre todo de inseguridad.
Añadió que hay expedientes técnicos de pavimentación de carreteras, pero que las obras no se han hecho, porque no hay un seguimiento, y lo que se pretende ahora es estar pendientes para que se hagan.
Asimismo, Marcelino Díaz de Jesús dijo que lo más importante es que los pueblos indígenas ya se están volviendo a juntar, e hizo un llamado a las organizaciones indígenas y representantes que en su momento integraron el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena para que se vuelvan a articular en un solo Consejo.
Informó que las gestiones van a comenzar en el Congreso de la Unión para que se apruebe un mayor presupuesto para las regiones indígenas del estado. Dijo que van a presionar por medio del senador Sofío Ramírez y que van a buscar a los diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Advierte grupo del Tecnológico de la Costa Grande que hoy abrirá la escuela a como dé lugar

 

Alumnos opositores al movimiento de la toma de las instalaciones del Instituto Tecnológico de la Costa Grande (ITCG) en Zihuatanejo dijeron que este lunes recuperarán a como dé lugar la escuela.
Ayer, estudiantes de la carrera de Arquitectura, en voz del alumno de quinto semestre Francisco Javier Vidal Caballero, dijeron a los reporteros que abrirán la escuela que desde el 12 de octubre el grupo de alumnos encabezados por Héctor Hugo Gómez Ponce mantiene cerrada en demanda de la destitución del director, Alfonso Miguel Cruz, por no hacer caso a las necesidades que hace más de un año le entregaron por escrito y por incurrir en presuntos actos de corrupción.
El alumno Vidal Caballero rechazó que sean un grupo de choque como los llamó el senador Armando Ríos Piter; somos un grupo de estudiantes que exige a los compañeros que tienen tomadas las instalaciones que las liberen para tener clases.
Dijo que es una minoría de compañeros que está afectando a más de mil 300 alumnos del Tecnológico y nos estamos atrasando en el semestre.
Dijo que la semana pasada intentaron dialogar con los estudiantes que encabeza Gómez Ponce, pero éstos se negaron, “nosotros les hemos pedido que nos muestren las pruebas con las que acusan al director para apoyarlos y sumarnos al paro, pero no nos han mostrado nada, y hemos intentado hablar con ellos, pero no se han prestado”.
Dijo que es un grupo minoritario el que tiene cerrado el Tecnológico, y a como dé lugar este lunes por la mañana quitarán el portón, para que puedan entrar los trabajadores administrativos y maestros. “Somos una comunidad estudiantil de poco más de mil 300 alumnos y estamos perdiendo clases; el 80 por ciento de los estudiantes tramita becas para poder estudiar y el proceso está por cerrarse”, manifestaron su preocupación por conservar su beca.
El alumno dijo que hay alumnos que terminaron su carrera, pero están en el proceso de titulación y no pueden concluir porque está cerrado el plantel.
Agregó “queremos decirle a los compañeros del paro que muchos de nosotros aprovechamos la temporada de vacaciones de diciembre para trabajar y poder conseguir dinero para pagar nuestra escuela”.
A pregunta expresa, rechazó que estén siendo manipulados por el presidente del consejo estudiantil, Erwin López Escobar, quien es identificado como incondicional del director Alfonso Miguel, “hemos tenido reuniones con él en donde hemos coincidido en que es necesario tener clases, pero nada más; no somos un grupo de choque como nos han llamado en los medios de comunicación”.
Añadió que no es verdad que con esta acción estemos incitando a la violencia, no vamos en plan de agredir a nadie, dijo.

Aprueba el Cecop que se reciba a Astudillo en los Bienes Comunales de Cacahuatepec

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) aprobaron iniciar el diálogo y recibir al gobernador Héctor Astudillo Flores en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, a fin de buscar el desarrollo de las comunidades que mantienen su rechazo a la presa.
En la asamblea dominical en la comunidad de La Concepción, los pobladores se quejaron del incumplimiento de las gravilleras Agregados de la Costa Chica y de la empresa de Alfredo Valle, para realizar las obras sociales en las localidades a las que se comprometieron para seguir la explotación del río.
En declaraciones telefónicas, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, informó que en la asamblea los comuneros dieron su consentimiento para que el gobernador visite los Bienes Comunales y que escuche sus necesidades, además de replantear los Acuerdos de Cacahuatepec en un diálogo en el que intervenga el arzobispo Carlos Garfias Merlos.
El 1 de noviembre, el vocero se encontró brevemente con Astudillo Flores en el Centro de Convenciones, donde se presentó la revisión del Plan Nuevo Guerrero, y le pidió una audiencia para plantear acciones para las comunidades.
Dos días después el vocero se reunió con el asesor y operador político del gobernador, César Flores Maldonado, y con el arzobispo para elaborar la agenda para la reunión.
Ayer también se acordó que una comisión asista al XII Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), que se realizará del 10 al 12 de noviembre en Jalcomulco, Veracruz. La organización se fundó hace 12 años en los Bienes Comunales.
En otro tema, Suástegui Muñoz informó que se podrían romper los acuerdos con las gravilleras y prohibir la extracción de material pétreo del río Papagayo, porque los propietarios no cumplieron los compromisos hechos en una asamblea pasada.
Adelantó que el Cecop conformará una cooperativa y que los propios comuneros extraigan el material pétreo del río de manera sustentable y así no afectar más su cauce.
El 27 de septiembre, en asamblea se acordó que las empresas podrían seguir extrayendo material pétreo a cambio de obras sociales y el pago de una cooperación voluntaria mensual. Además de pagar 500 mil pesos de la cooperación de meses atrasados.