Repudia la SEG amenazas e intimidaciones a maestros y condena la venta de plazas: Marcial

El titular de la Secretaria de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña en entrevista con El Sur en su oficina ubicada en la colonia Villa Lucerna en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, afirmó que rechaza cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas, luego de que la dirigente magisterial, Reyna Bello de Jesús, hizo públicas las amenazas de muerte que recibió y que sospecha se deben a sus señalamientos contra funcionarios de la dependencia por la venta de plazas y tráfico de influencias.
También, Rodríguez Saldaña aseguró que no tolerará “ninguna venta de plazas, ningún cambio de adscripción o algún movimiento laboral por pago de algo”, además expuso que enviará a una persona para dialogar con la líder magisterial.
Como lo informó El Sur, la dirigente de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Reyna Bello de Jesús, denunció que desde el 13 de diciembre ha sido amenazada de muerte junto a su familia, y sospecha que se debe a los señalamientos que hizo contra funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por estar involucrados en la “venta de plazas y tráfico de influencias”.
Entrevistado al respecto ayer en sus oficinas, ubicadas en la colonia Villa Lucerna, al oriente de la ciudad, Marcial Rodríguez Saldaña dijo que rechaza cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas.
Afirmó que en la dependencia “tiene que haber una política de diálogo, incluso de tolerancia a veces excesiva, porque estamos en un proceso de transición, este nuevo gobierno está comprometido con el diálogo y la democracia”.
Dijo que como secretario jamás ha pedido la intervención de ninguna fuerza pública y no lo hará, “tenemos autoridad para salir al frente, para saludar a cualquier líder, a cualquier trabajador, con los estudiantes dialogamos con todos”, y “en el caso particular de la maestra yo esperaría que ella presente una denuncia”.
Indicó que independientemente de que lo haga, pedirá a una persona de la SEG que platique con ella, para ver en qué ámbito de competencia de la SEG se presentan también sus denuncias.

Hay el compromiso de actuar contra la corrupción

Rodríguez Saldaña sostuvo que su compromiso es actuar y no permitir que al interior de la SEG haya actos de corrupción, porque además busca mantener un ambiente de armonía, “hemos vivido en las últimas dos décadas un periodo de mucha convulsión social y eso ha impedido que el sector educativo avance, más la pandemia (de Covid-19)”.
Sin embargo, argumentó que hay condiciones favorables debido a “una extraordinaria relación con el gobierno federal” pues se han reunido con servidores públicos de la SEP, aunado a que en Guerrero “hay estabilidad social a diferencia de lo que había hace unos años”, también “no hay cuestionamientos a la legitimidad del gobierno”, y con su política de diálogo buscarán mejorar los indicadores educativos y atender los rezagos históricos que hay en educación y justicia laboral.
Invitó a todos los liderazgos de los diferentes agrupamientos de trabajadores de la educación a mantener una actitud de diálogo y conciliación, porque aseguró “no hay necesidad de ir a cerrar una oficina como antes se hacía, no hay necesidad de cerrar calles y mucho menos una vía federal, aquí están las puertas abiertas”.
El titular de la SEG opinó que es bueno que se denuncien los actos de corrupción o actos indebidos, y que no va “a tolerar ninguna venta de ninguna plaza, ningún cambio de adscripción o algún movimiento laboral por pago de algo”.
Añadió que a él nadie lo puede señalar de eso, e incluso, tiene familiares y amigos en el movimiento que le piden ayuda pero siempre y cuando “esté dentro del proceso normativo”, ejemplificó que actualmente el “ingreso al servicio docente es a través del examen de la convocatoria, (cuando) antes las plazas se heredaban, se vendían, hoy ya no”.
Manifestó que las denuncias de actos de corrupción investigarán, y “si las instancias que tienen responsabilidad de hacer esto, que es la Contraloría y el Jurídico no atienden, también vamos a revisar la actuación de ellos, nuestra responsabilidad es combatir la corrupción en todos los niveles y no permitir actos de intimidación y mucho menos de amenazas en la Secretaría”.

Dirigió denuncias de Reyna Bello al Jurídico

Del señalamiento de Reyna Bello de que a pesar de que entregaron las pruebas a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso y a él, como “voucher de depósitos en las cuentas bancarias” y no se ha hecho nada, respondió que “a la gobernadora no se la ha entregado esto, no sé al secretario general de Gobierno, pero a mí en las reuniones que he tenido me han dado a conocer y de inmediato he instruido que se investigue”.
Expuso que como secretario escucha y atiende pero no lleva los expedientes a detalle, contó que fue en los primeros meses de esta administración morenista cuando en una reunión recibió las denuncias y comentarios, pero los dirigió al Jurídico, y en estos días revisará qué ha pasado con esas denuncias y si hay entorpecimientos, hará que continúen las investigaciones.
De la denuncia contra los validadores donde “hay mafias pequeñas” que trafican con cambios, con venta de contratos o nombramientos de recomendados, Marcial Rodríguez expuso que éstos son trabajadores de base y no de confianza, y colaboran en el área de Planeación para revisar si en una escuela que demanda maestros procede la asignación de docentes, “es decir, si existe la matrícula suficiente para que pueda contratarse o asignarse a un maestro o a un trabajador”.
Mencionó que los validadores no deciden todo sino que la responsabilidad final está en el director general de Planeación y en el subsecretario de Planeación Educativa, Benjamín Adame Pereyra, “pueden cometer errores los validadores, pero si el director de Personal está viendo y el subsecretario que no procede, se tiene que dar cuenta al secretario (es decir a él) para que se ordene corregir”.

El caso de los maestros
despedidos

De la queja de la líder magisterial de que el 15 de julio de 2022 fueron despedidos mil 800 maestros, el titular de la SEG contestó que se trató de profesores a quienes se les terminó su contrato temporal, “no hay que tampoco engañar a nadie, es un contrato temporal y la Secretaría no está obligada a volver a contratar a nadie que le dan un contrato temporal, nuestras obligaciones son con los que hacen el examen y que van a ingresar por carrera al servicio docente”.
Argumentó que la nómina de la SEG la paga la federación y ante la ellos le plantean si hace falta cubrir plazas, “antes había un desorden en el otorgamiento de plazas, de nombramientos, por eso el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa) lo tuvieron que blindar, para que ya no incorporarán a más trabajadores sino hasta pasar por un procedimiento de la autoridad estatal”.

Cobertura de plazas

De cómo cubrirán esos espacios de los docentes que no fueron contratados para que los niños no se queden sin clases, informó que en 2022 entregaron 560 plazas a los egresados de las normales que hicieron examen y se ganaron su plaza por méritos propios y los asignaron en esos espacios que quedaron.
Pero aclaró que habría que corroborar el dato de los mil 800 docentes despedidos, “no estoy diciendo ni que sí ni que no, hay que corroborarlo”, agregó que en Guerrero tienen registrados a 600 maestros actualmente que están por contrato.
Afirmó que apenas este lunes le informaron que de 69 escuelas que estaban cerradas por falta de maestros cuando recibieron la administración, actualmente ya abrieron 40, aunque dijo hay otra problemática, que algunas escuelas tienen muy poca matrícula, y para que no se queden los niños sin clases las incorporarán al sistema del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), además este mes entregarán otro paquete de plazas a egresados de normales, a quienes  enviarán a donde hagan falta.
“Desafortunadamente algunos egresados de las normales, pocos, que se les envía a cubrir plazas en lugares de zonas indígenas o en la Sierra, en zonas apartadas, no se presentan o van unos días y se regresan”, dijo, y afirmó que ya indicó al Jurídico proceder para dar esas plazas a quienes hicieron el examen y están en la lista “de prelación”.
Se le preguntó también por el señalamiento de irregularidades con las plazas de maestros fallecidos por Covid-19, las cuales se están vendiendo, Marcial Rodríguez dijo que “sí hubo muchos movimientos irregulares (en la administración pasada), basificaron a personal que no tenía derecho, incluso aquí mismo en las áreas centrales, a personal de confianza le hicieron contratos después de que terminó el gobierno, después del 15 de octubre de 2021, hasta diciembre sin tener facultades”.
Dijo que para no confrontarse con los trabajadores se les respetó su contrato hasta diciembre de ese año, pero ya no se les renovó.
Expresó que en 2022 denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) cinco casos de venta de plazas en Tierra Caliente y de manera interna hay varios procesos en el Jurídico de casos de maestros que viven en Estados Unidos y siguen cobrando.

La SEG, en proceso de transición

De por qué se ha contratado a funcionarios que ya estuvieron en la administración pasada, cuando se dice buscar una nueva forma de gobernar, con un nuevo partido, además la base del magisterio apoyó políticamente un cambio, Marcial Rodríguez respondió que están “en un proceso de transición, se van haciendo ajustes de la totalidad del aparato administrativo, el aparato también es muy grande en la SEG”.
Aseguró que después del primer informe de gobierno de la gobernadora, les pidieron revisar las áreas administrativas para corregir y aseguró que “vamos a tomar nota, yo por eso circulé un conjunto de acuerdos que son obligatorios para todos los servidores públicos, para advertirles de que quien no cumpla con estos lineamientos no tiene cabida en la Cuarta Transformación”.
“Ya se han hecho algunos movimientos en la Secretaría, ha habido cambios en diferentes niveles, e incluido el secretario, estamos sujetos a una revisión a nuestro trabajo y a rendirle cuentas a la gobernadora, en mi caso estoy haciendo una evaluación constante y vamos a continuar atendiendo estos casos que dice la maestra para poder informar en su momento a la gobernadora”.
Reiteró que no permitirá ningún acto de corrupción, llamó a todos los servidores públicos, quienes dijo “están obligados a denunciar cualquier acto de corrupción y el que no lo haga que se atenga a las consecuencias, vamos a sancionar y en su caso a remover a funcionarios que no entiendan que somos un gobierno emanado de un movimiento”.

 

 

Niegan licencia a una maestra amenazada por la delincuencia en Iguala, denuncia el Staconalepg

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero (Staconalepg), Guillermo Coria Contreras denunció que el director general del subsistema, Nabor César González Guerrero se niega a otorgar una licencia con goce de salario a una maestra del plantel de Iguala que recibió amenazas del crimen organizado.
En una llamada a la redacción, Coria Contreras informó que, a inicios de junio pasado, una maestra recibió amenazas “por su trabajo” en el plantel de Iguala, se reservó el nombre de la afectada para no poner en riesgo su integridad.
Señaló que no es el primer caso de un docente amenazado, aunque no refirió una cifra, pero para los anteriores “se tomaron las medidas pertinentes” en las escuelas, para resguardar a los afectados y, en el caso de la maestra a quien se le niega la licencia no fue así, y su situación es delicada.
Declaró que la afectada solicitó una licencia con goce de salario para el siguiente semestre del ciclo escolar 2018-2019, y a pesar de que se trata de una cuestión de seguridad, González Guerrero argumentó que está fuera de la normatividad, y se la negó.
Aseguró que no es posible que se le niegue la licencia a la maestra que es agremiada del Staconalepg, y llamó al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que intervenga para que González Guerrero atienda el caso de manera inmediata. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

El FUSDEG lo torturó e involucró a la UPOEG en su autosecuestro, se retracta Castro Jaimes

El vecino de Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero, Facundo Castro Jaimes interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), aseguró que mientras estuvo detenido fue torturado y amenazado de muerte por tres comandantes de esa agrupación.
Se retractó de su declaración de este martes ante los medios de comunicación cuando fue liberado por el FUSDEG, cuando aseguró que no sufrió ningún tipo de agresión y que integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) lo obligaron a autosecuestrarse para poder irrumpir en Tierra Colorada.
Ayer en conferencia de prensa en la plaza de la Libertad de Expresión en Chilpancingo, Castro Jaimes informó que fue detenido porque él y un grupo de vecinos de la colonia Ruffo Figueroa en Tierra Colorada, se organizaban para formar una Policía Rural para protegerse de la violencia en la zona, lo que causó inconformidad en el FUSDEG.
Precisó que esa organización lo ha detenido en dos ocasiones, primero el 10 de septiembre y otra el 23 de octubre. Fue liberado este martes 8 de noviembre.
“La segunda vez que estuve detenido por los del FUSDEG me torturaron, me ponían una bolsa con chile, me daban patadas y puñetazos, me dijeron que mi libertad sería si yo le echaba la culpa a Medardo Nava y a Israel Espinosa (ambos simpatizantes de la UPOEG) de convencerme para cometer un autosecuestro”, indicó.
Acusó a Caritino Hernández Dorantes, José Dolores Juárez Tolentino y Rogelio Gerardo Cortés de torturarlo y amenazarlo de muerte, motivo por el que tuvo que decir que no fue golpeado.
Aseguró que su primer declaración el miércoles fue “bajo tortura, porque que si no me retractaba no me iban a dejar libre, además me iban a matar. Tengo temor de que me maten, incluso tuve que salirme junto con mi familia de Tierra Colorada”.
Castro Jaimes comentó que ante las amenazas y la tortura interpuso una denuncia en la Fiscalía para que investigue y detenga a los integrantes del FUSDEG, “tuve que involucrar a los de la UPOEG en algo que no hicieron”. Pidió que todo se desmienta y que “salga la verdad a la luz”.