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Del grupo de la dirigencia estatal, los cuatro consejeros nacionales del PAN elegidos en la Asamblea

En la maratónica Asamblea Estatal del PAN, que hasta ayer por la noche continuaba, fueron elegidos como consejeros nacionales el alcalde de Tepecoacuilco, Julio Galarza Castro; el secretario general de la dirigencia, Eloy Salmerón Díaz; la diputada federal y esposa del líder del partido Marco Antonio Maganda Villalba, Guadalupe González Suástegui; y Victoria Escuén Ávila, actual secretaria de promoción política de la mujer en el partido y esposa del ex regidor de Acapulco, Guillermo Cisneros Chegüe, asesinado en febrero de 2015.
De esta forma, los grupos de Maganda Villalba y Eloy Salmerón se hicieron de los cuatro espacios a los que tiene derecho el PAN-Guerrero en el Consejo Nacional, dejando fuera a los grupos del ex dirigente Andrés Bahena Montero y del diputado local Iván Pachuca Domínguez.
Poco antes de la media noche del domingo se dieron a conocer los resultados de la elección de consejeros nacionales en la Asamblea Estatal que comenzó a las 11 de la mañana de ese mismo día y que hasta ayer por la noche continuaba, pues no concluía el conteo de votos correspondiente a la elección de consejeros estatales.
La asamblea se desarrollaba en completa desorganización, toda vez que a más de 24 horas de haber iniciado, no podía clausurarse. De los más de mil delegados que se registraron, ayer por la mañana se contaba en el salón Diamante a un grupo no mayor de 30 asistentes, incluidos los escrutadores y miembros de la dirigencia.
El lugar que sirvió como sede lucía completamente sucio, pues los delegados que asistieron a votar, la mayoría personas de origen humilde que fueron traídas a la capital en autobuses y camionetas, no tenían dónde depositar los restos de comida que se les dio en el transcurso del domingo.
A las 10:30 de la mañana de ayer, la actual consejera nacional y quien buscaba su reelección, Tomasa Vázquez Bautista, solicitó al secretario general del partido que pasara lista de asistencia porque era evidente la falta de quórum; sin embargo el líder partidista se negó a hacerlo, argumentando que no se podía alterar el orden del día, además de que en ese momento se llevaba a cabo el conteo de votos de consejeros estatales.
De los 16 escrutadores que fueron designados para ese proceso, en el lugar sólo se encontraban seis de ellos, lo que también fue un reclamo de la consejera nacional, que llevó hasta el lugar a un notario público para certificar la forma en que se estaba desarrollando la asamblea.
Para las 12:15 de la tarde de ayer, el conteo correspondiente a la delegación de Acapulco se repitió, porque los escrutadores que estuvieron a cargo reconocieron que había posibilidades de que se registraran errores, pues estaban cansados cuando se hizo el primer conteo.
Actualmente son tres grupos los que destacan al interior del PAN, uno encabezado por el actual presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Marco Antonio Maganda; otro por el secretario general, Eloy Salmerón; el tercer grupo es el del ex dirigente Andrés Bahena, y el cuarto el del diputado local Iván Pachuca.
En la elección de consejeros nacionales, los cuatro espacios se repartieron entre el presidente y el secretario del CDE.
En la planilla de mujeres, resultaron electas la diputada federal Guadalupe González, esposa de Marco Maganda con 394 votos; y Victoria Escuén, secretaria de promoción política de la mujer del CDE, integrante del grupo de Eloy Salmerón, y esposa del ex regidor en Acapulco, Guillermo Cisneros, asesinado a balazos el 19 de febrero de 2015.
En la planilla de hombres fueron electos el secretario general del partido, con 207 votos, y el alcalde de Tepecoacuilco, Julio Alberto Galarza Castro, del grupo de Marco Maganda, con 317 sufragios. El representante del partido ante los órganos electorales, Carlos Millán Sánchez. obtuvo el voto de 175 consejeros, mientras que el ex candidato a gobernador Jorge Camacho sólo cuatro.
Para las 8:30 de la noche el conteo de votos en la elección de consejeros estatales continuaba.

Acuerda la Policía Tecampanera de Teloloapan reforzar sus retenes y cerrar los comercios si sigue la violencia

 

 


Policías comunitarios de la Tecampanera de Teloloapan acordaron en una asamblea la tarde de ayer con comerciantes, transportistas y vecinos en general, reforzar los retenes y la vigilancia en la cabecera municipal, tras el hallazgo de los cuerpos desmembrados de los tres herreros secuestrados.
Advirtieron a los gobiernos estatal y federal del cierre de tiendas de autoservicio, cadenas comerciales, la central de autobuses y el Palacio Municipal en caso de que se den nuevos hechos de violencia.
Exigen al estado y la federación la detención de los delincuentes que se adjudicaron la muerte de los tres herreros en cartulinas que dejaron junto a sus restos, y de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana.
Del señalamiento que vincula a los comunitarios con el grupo delictivo Guerreros Unidos –al que se le adjudican los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala-, uno de los coordinadores de la Tecampanera afirmó que esa organización está conformada por comerciantes, profesores, transportistas, campesinos y gente de Teloloapan que ha sido víctima de la delincuencia organizada.
En declaraciones por teléfono la tarde de ayer dijo que los señalamientos en las cartulinas son con la intención de “distraer al gobierno” y confundir a la población.
Agregó que la petición del grupo criminal La Familia Michoacana a las autoridades que no se metan “es un franco desafío a las autoridades y dan a entender que son intocables, que ellos mandan”.
Ayer después de la 1 de la tarde en la base de los comunitarios instalada en la entrada a la cabecera municipal en la carretera Iguala-Teloloapan, cerca del retén militar, hubo una asamblea con los pobladores que apoyan a la Tecampanera, en la cual se definieron acuerdos a unas horas del hallazgo de los cuerpos desmembrados de los tres herreros secuestrados el 4 de noviembre en la comunidad de Totolpetec.
Minutos después de las 4 de la tarde, al término de la reunión, uno de los coordinadores dio a conocer los acuerdos, destacando que continuarán su movimiento y no dejarán las armas.
Dio a conocer que a partir de ayer reforzarían la seguridad y la vigilancia en los retenes de la cabecera municipal, harán recorridos en vehículos y a pie en brechas y cerros para buscar a los delincuentes, “para ya no permitir que sucesos cobardes y lamentables como los que ocurrieron sigan pasando”.
Instalarán mesas de diálogo con el alcalde perredista Robell Urióstegui Patiño para que sea él el intermediario con los gobiernos estatal y federal para que en Teloloapan haya mayor seguridad.
Dijo que la exigencia sigue siendo que se detenga y castigue a los líderes de La Familia Michoacana y que se dé con los delincuentes que se adjudicaron el asesinato de los tres herreros, que según las cartulinas que dejaron junto a sus restos son Flaco y Pelayo.
Declaró que la advertencia de los comunitarios es que en caso de que se den nuevos hecho de violencia del grupo criminal, tomarán el Ayuntamiento y cerrarán tiendas de autoservicio y cadenas comerciales como Súper Che, Oxxo, Elektra, Coppel, Aurrera y la central de autobuses.
Otro contacto de la misma organización dijo que esta acción sería a partir de este día, pero no fue confirmado.
Dieron a conocer que hasta ayer no había soldados de la Marina ni policías federales que solicitaron para reforzar la vigilancia.

Sepultan a los tres herreros

Integrantes de la comunitaria Tecampanera informaron que ayer a las 5 de la tarde familiares y amigos sepultaron a los tres herreros: Eduardo de 66 años, su hijo Juan Gregorio de 26 y su empleado Antonio de unos 30 años.
Los tres eran vecinos de la colonia Fovissste de la cabecera municipal de Teloloapan y fueron sepultados en el panteón municipal de la colonia Mexicapan, al norte de la cabecera municipal.
Los tres herreros fueron secuestrados la tarde del viernes 4 de noviembre en la comunidad de Totoltepec por presuntos miembros de la organización delictiva La Familia Michoacana, cuando colocaban el techado en la cancha de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, trabajo por el que habían sido contratados por el gobierno municipal.
La mañana de este domingo sus cuerpos fueron hallados desmembrados en la entrada a la comunidad de La Unión, municipio de Teloloapan, en la carretera hacia Arcelia.

Dejan pobladores de Xaltianguis el FUSDEG y se regresan con la UPOEG

Pobladores, comisarios municipales y autoridades agrarias de la comunidad de Xaltianguis y poblados cercanos, en una asamblea de ayer por la tarde acordaron dejar las filas del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y regresaron a las de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Ayer, unos 200 pobladores que se reunieron en la cancha municipal, por unanimidad votaron a favor de dejar el FUSDEG y unirse a la UPOEG.
En un video de la reunión se observa cómo la gente presente levanta la mano a favor de unirse a la Policía Ciudadana y dejar el grupo que encabezaba Salvador Alanís Trujillo, quien mantenía el control de la zona.
Se informó que los pobladores trabajarán con la misma estructura del FUSDEG y que algunos policías del frente fueron destituidos.
Luego de la asamblea, los policías ciudadanos volvieron a vestir las playeras verde olivo con las siglas de la UPOEG.
Acudieron representantes de las comunidades de Petaquillas y de Ocotito a respaldar la decisión de los pobladores.
El pasado domingo, policías ciudadanos colocaron un retén cerca de la gasolinera en la carretera federal, en la salida a Tierra Colorada. Eran unos 30 efectivos, a bordo de cinco vehículos, los que detenían y revisaban a automóviles que veían sospechosos.

 

 

Condiciona el comisariado de Bienes Comunales un programa para el campo, denuncian

Comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec denunciaron que el presidente del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, Juan Flores Palma, condiciona el programa Proagro a los campesinos e incluso con engaños recaba firmas de las comunidades que lo desconocen para presentarlas en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), donde está impugnado.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, indicó que un militar participó en la agresión que sufrieron siete integrantes de la organización en la feria del poblado Rancho Las Marías, el 1 de mayo.
Ayer a la asamblea en la comunidad de La Concepción asistieron unos 40 comuneros, quienes denunciaron el actuar del Flores Palma y acordaron que una comisión irá el miércoles a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Acapulco, y que si no encuentran respuesta denunciarán al presidente del comisariado ante la Policía Comunitaria para que sea reeducado.
Los asistentes señalaron que Flores Palma ha incluido en la lista de beneficiados del Proagro a priistas que no son campesinos ni se dedican al campo, y que ha sacado a los verdaderos campesinos sólo porque no lo reconocen o porque son miembros del Cecop.
Comentaron que bajo engaños hizo firmar a los comisarios municipales, como el caso del de El Rincón, donde hubo una reunión para juntar firmas para el programa Proagro, y que el documento servirá para que Flores Palma lo presente ante el TUA y acreditar que sí es apoyado por la población, por los dos procesos de impugnación que enfrenta.
Los comuneros llamaron a las autoridades del estado y de la Sagarpa a intervenir porque los programas sociales son para todos, sin distingo, o de lo contrario procederán como lo establecen las normas comunitarias, porque, señalaron, Flores Palma ha cometido los delitos de usurpación de funciones, engaño y abuso de confianza.
En su intervención, Suástegui Muñoz informó que los agredidos en la feria de la comunidad Rancho Las Marías, el 1 de mayo, cuando dos jóvenes atacaron a balazos y con armas blancas a integrantes del Cecop, acordaron no tomar represalias y los responsables pagarán los gastos médicos de los lesionados.
El vocero denunció que un militar en activo, al que llaman El Güero, participó en la agresión y traía un arma calibre .9 milímetros.
Asimismo reclamó la acción del Estado “porque no es la primera ocasión en que somos agredidos por los militares”.
Indicó que se dará parte a los mandos militares para que el elemento sea juzgado y castigado.
Suástegui Muñoz afirmó que la Policía Comunitaria mantiene su propia investigación y que no revelaría más para no entorpecer el trabajo.
Informó que cuatro comunidades de los Bienes Comunales han dado su anuencia para que opere la Policía Comunitarias, luego de que el pasado 20 de abril los integrantes de la CRAC, de San Luis Acatlán, pospusieron la conformación del Comité de Enlace porque los integrantes de los Bienes Comunales no habían renovado las actas de asambleas que son de hace dos años.
Suástegui Muñoz invitó a los comuneros a asistir el 26 de mayo a la audiencia en el TUA, donde se presentó una inconformidad por los predios que el empresario Humberto Marín adquirió en los Bienes Comunales sin ser comunero o avecindado.
Señaló que uno de los terrenos se ubica en Las Parotas, donde el empresario tenía su gravillera. Se indicó que ninguna de las gravilleras en los Bienes Comunales funciona actualmente.

Deberá el gobierno dar la facultad de defenderse a vecinos de la capital que quieren armarse: Bruno

 

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, en conferencia de prensa opinó que las autoridades estatales y municipales deberán darles a los vecinos de Chilpancingo que quieren armarse la facultad para defenderse bajo un orden de asamblea.
Bruno Plácido, dijo que invitarán a los vecinos para que acudan a las reuniones de la UPOEG y que conozcan su formula y, “ya no hacer grupos, porque los grupos se confrontan y los pueblos no pueden enfrentarse”.
Explicó que la formula para tener policía ciudadana o de barrio, tienen que ser la aprobación en asamblea por la mayoría de los ciudadanos, y no por personas que sólo tomen armas y se confronten; asimismo, señaló que la UPOEG plantea que el nuevo paso a seguir es la reconstrucción de la toma de decisión mediante una asamblea por mayoría.

Espera la UPOEG los resultados de la investigación federal de su conflicto con el FUSDEG, señala

Asimismo, Bruno informó que esperan los resultados de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar las responsabilidades en los problemas que han tenido con integrantes del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
El dirigente dijo que se reunirá con los vecinos de la colonia San Rafael Oriente, quienes anunciaron que se armarían ante la falta de policías, para orientarlos, y que en la capital no surjan varios grupos y después entre ellos se disputen el territorio.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, donde también estuvieron coordinadores de la UPOEG, Bruno Plácido dijo que están esperando los resultados de la investigación de la PGR sobre la balacera que 30 de marzo se registró entre ambos grupos en el crucero de San Juan de El Reparo, que dejó 12 muertos, 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
De ésta y otras disputas entre la UPOEG y el FUSDEG, la PGR esta investigando para determinar quién ocasionó los enfrentamientos, explicó.
Bruno Plácido expresó que la UPOEG tiene muchos enemigos, “para los integrantes de la UPOEG nunca ha existido pugna contra los del FUSDEG, porque la UPOEG tiene un proyecto concreto en la toma de decisión de asambleas, no de grupos”.
Plácido Valerio dijo que aunque él es el vocero, “la toma de decisiones es colectiva”, y que los enemigos son de algún grupo que estaba en la UPOEG y se salió por algún interés personal.
Dijo que desde que se conformaron como organización han tenido problemas, sin embargo están logrando que las asambleas tomen decisiones y salga adelante el proyecto comunitario.
Conmemorarán el segundo aniversario de la entrada de la organización a El Ocotito este sábado, anuncia

Por otra parte, el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio anunció que este sábado conmemorarán el segundo aniversario de la entrada de la Policía Ciudadana al Valle de El Ocotito, donde se le informará a la población que todos deben participar en la toma de decisiones.
Bruno Plácido dijo que en este segundo aniversario los logros que ha tenido la UPOEG es que en las zonas donde tienen presencia han disminuido los secuestros y los delitos, por lo que ahora la idea que se planteará es que haya un desarrollo social en todos los pueblos, porque tienen un rezago económico.

Pide Morena a la Asamblea Popular de Tixtla que se le una en la elección extraordinaria

 

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llamó a la Asamblea Popular Municipal de Tixtla, a ir juntos a la elección extraordinaria por el Ayuntamiento, el 29 de noviembre, con las personas que la organización determine, “sin imposición alguna” del partido, horas antes del cierre del registros que concluyó este domingo a las 12 de la noche.
Aunque la Asamblea Nacional Popular (ANP) ratificó, mediante un comunicado distribuido ayer, ratificó que no va a permitir la elección municipal, porque de origen está “amañada” y que no confía en los partidos políticos.
En conferencia de prensa, el dirigente de Morena, César Núñez Ramos, reconoció que no hay confirmación por parte del movimiento para ir a la elección con la asamblea, pero les ofrecen la posibilidad de que el pueblo elija auténticamente a su gobierno e impidan que el PRI y PRD sigan medrando a costa de los intereses de la población.
Núñez Ramos destacó que los principios de Morena son prácticamente los mismos de la asamblea, y los convocó a hacer a un lado las diferencias menores, que no empañan las condiciones esenciales, para ganar la elección en el terreno de los políticos.
Sobre el plazo que se agotó este domingo, explicó que provisionalmente van a registrar otros candidatos, y tiene dos o tres días de margen para modificar la planilla. En este caso, incluir a los concejales seleccionados en asambleas por la ANP, para la integración del Concejo Popular Municipal, y como el movimiento social lo decida.
En cuanto el rechazo a los partidos políticos, aclaró que no se siente agraviado, porque son PRI, PAN y PRD, entre otros, los que perdieron toda la credibilidad ante el pueblo, por la corrupción, el saqueo, impunidad e inseguridad que padecen todos los ciudadanos.
Para Morena, en Tixtla el poder reside en el pueblo y por lo tanto tienen derecho a exigir una democracia participativa, revocando el mandato y que sean los ciudadanos quienes a través de asambleas populares elijan a sus gobernantes, en elecciones libres y auténticas, como lo establece la constitución.
Presentó a Morena como un instrumento de la sociedad, al servicio de las causas que mueven a los ciudadanos de Tixtla; y en este tenor, los dirigentes de Morena, estatales y del municipios, llamaron a ir juntos a la elección extraordinaria.
De manera extraoficial, una fuente de la asamblea reveló que todos los partidos políticos se acercaron a integrantes de la asamblea, unos para pedir que no haya boicot y otros para ofrecerles espacios en sus planillas, como el PRD y Movimiento Ciudadano, pero ninguno acudió a la asamblea abierta, donde se toman las decisiones.
En el caso de Morena, precisó que hubo diálogo cuando coincidieron en manifestaciones y plantones, y siempre se aclaró que la asamblea no aceptaría ninguna imposición de las cúpulas políticas, las decisiones son de ella.

Anuncian más acciones contra la
elección

En un boletin, la ANP anunció que a partir del 4 de noviembre van a empezar a movilizarse, para impedir las elecciones extraordinarias de presidente municipal, porque aún no aparecen los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos por policías municipales en Iguala, hace un año.
A pesar de que algunos sectores piden no politizar la lucha social, aclararon que “la desaparición de los jóvenes es un crimen de Estado, el tema es político”.
Explicaron que la elección está “amañada”, para imponer un alcalde que calle al movimiento social, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) sabe que no hay condiciones para la elección, pero está obligado a atender el mandato del Congreso.
Denunciaron que el IEPC se negó a hacer una consulta en el municipio, para que la población decida con qué mecanismo va a elegir a su gobierno municipal, como se hizo en Ayutla y San Luis Acatlán, y lo hizo en dos ocasiones, argumentando que no había tiempo.
Integrantes de la Asamblea Popular Municipal de Tixtla advirtieron que iniciarán a movilizarse, para impedir las elecciones extraordinarias de presidente municipal, porque aún no aparecen los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el auditorio municipal se reunió la Asamblea Popular de Tixtla, integrada por padres de los 43, normalistas de Ayotzinapa, CRAC-PC y concejales de colonias, barrios y comunidades, además de activistas, donde convocaron a movilizarse en contra del proceso electoral local.
Advirtieron que no van a permitir que se realicen las elecciones extraordinarias, porque aún no aparecen los 43 normalistas y la exigencia de justicia seguirá, pues a pesar de que algunos sectores piden no politizar la lucha social, ellos mencionan que como la desaparición de los jóvenes “es un crimen de Estado, por lo tanto es un asunto político”.
Insistieron en que las elecciones extraordinarias están “amañadas, para lograr imponer un presidente a modo, que pueda callar el movimiento”.
Otro vocero también mencionó que ya solicitaron a la presidenta del IEPC, Maricela Reyes, que se hiciera una consulta antes de las elecciones y se negó, argumentando que no hay tiempo y que “sí la realizarían, pero después de las elecciones”.
En esta consulta, se pedía preguntar a la ciudadania si estaba de acuerdo en que los partidos politicos designaran al cabildo o si preferian que fuera un cabildo popular surgido de asambleas.
“Estamos seguros que somos más los que no creemos en los partidos políticos, pero los funcionarios del IEPC sólo le hacen caso a Héctor Astudillo, Flor Añorve y Sebastián de la Rosa e hipócritamente dicen que son sensibles a los movimientos sociales, se la pasan pidiendo que transitemos en la gobernabilidad, cuando son ellos quienes cerraron cualquier posibilidad de que participáramos como movimiento, en contra de todos los partidos”.
Sin embargo, también cerraron esa posibilidad, argumentando que los tiempos son muy cortos, y en caso de que la población decidiera que se lleven a cabo las elecciones, “claro que participaríamos con un candidato, pero esa posibilidad la llevarán en su conciencia y serán los responsables directos de cualquier situación que se pueda dar durante la jornada electoral”, contestó otro integrante de la asamblea.
La Asamblea Popular exigió la instalación de un Concejo Popular, en donde estén representados todos los barrios y comunidades, además de que las direcciones y subdirecciones sean para los sectores representativos.
Convocaron a las organizaciones solidarias a que estar alerta y a los organismos civiles de derecho humanos a ser observadores de las movilizaciones.
Aclararon que el plan de acción se definirá en la asamblea el 4 de noviembre, y puede incluir marchas, retiro de basura electoral, clausura simbólica de casas de campañas y retención de material de los capacitadores electorales.

No permitirá la Asamblea Municipal de Tixtla las elecciones del 29 de noviembre, anuncia

 

La Asamblea Municipal Popular de Tixtla se pronunció en contra de las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo en el municipio el próximo 29 de noviembre, y dijo que la asamblea volverá a actuar en contra de las elecciones, como el 7 de junio pasado, en apoyo a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos
En conferencia de prensa en el auditorio del Palacio Municipal de Tixtla, un representante de la asamblea declaró que la organización no tiene otra postura con respecto a las elecciones extraordinarias, “no estamos de acuerdo en que se lleven a cabo, le seguimos apostando a que el gobierno esté a cargo de un Concejo Popular Municipal, que esté conformado por los ciudadanos”.
De acuerdo con el representante de la asamblea, los diputados del Congreso local, principalmente la presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo, y el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Sebastián de la Rosa, están promoviendo la elección extraordinaria en Tixtla para imponer un gobierno que desestabilice a la organización.
Por otra parte, el representante aseguró que la asamblea volverá a actuar en contra de las elecciones, como hizo en el proceso del 7 de junio pasado, en apoyo a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
En la conferencia participó la madre de uno de los 43 normalistas, quien relató que desde hace 13 meses las familias de los jóvenes han permanecido en pie de lucha y continuarán exigiendo la presentación con vida de sus hijos, de cuya desaparición forzada culpó a las autoridades.
La señora explicó que varios artículos de la Constitución, entre ellos el 2, el 80 y el 81, amparan la lucha social en Tixtla, que pretende acabar con el mal gobierno de las autoridades que actúan en contubernio con la delincuencia organizada, y reiteró que mantendrán firme su postura.

Denuncian agresión contra un opositor a la asamblea para elegir comisariado de Cacahuatepec

Comuneros del poblado de Parotillas denunciaron que integrantes del Consejo de Vigilancia, que supuesçamente ganaron la elección de Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, agredieron a uno de los habitantes que firmó la demanda de nulidad de la asamblea.
El comunero Antonio Bailón denunció la agresión por parte del presidente del supuesto Consejo de Vigilancia, Mauricio Velarde Hernández, quien junto con su hermanos intentaron golpear a Simón Cruz, actual comisario municipal de Parotillas.
En una llamada a El Sur, Antonio Bailón explicó que a las 7 de la noche del sábado, Mauricio Velarde y su hermano pasaron por la casa de Simón Cruz, se bajaron del vehículo en el que iban y empezaron a agredirlo, reclamándole de ser uno de los que se opone a las autoridades comunales supuestamente elegidas en asamblea el pasado 14 de julio.
Antonio Bailón expuso que Mauricio Velarde, junto con su hermano y el tesorero del comisariado, José de Jesús Elasio, tomaron medidas a terrenos ubicados entre las comunidades de Parotillas y La Concepción, y se enteraron de que estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas. No alcanzaron a golpear a Simón Cruz porque intervino la familia de este.
“Al verlo se acordaron que firmó la denuncia y le quisieron reclamar, andan molestos porque los demandamos pero nosotros los invitamos a un diálogo y no han hecho ningún intento ellos”, señaló el comunero.
Agregó que esperan que razonen, que aún quedan días para la audiencia, que será el 17 de noviembre en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41, donde pusieron la denuncia de nulidad de la asamblea. “Queremos platicar para que se normalice todo, lo que ellos hicieron es un insulto a los comuneros, una falta de respeto”.
Un grupo de comuneros inconformes, entre ellos Simón Cruz, firmaron la demanda de nulidad de la asamblea en la que se eligió supuestamente a las actuales autoridades comunales y en la que firmaron 53 personas de las más de 7 mil que están inscritas en el padrón de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Vigilan 300 policías una asamblea con sonido, templete y toldo

Además de los cerca de 300 policías municipales y estatales que fueron dispuestos para vigilar, desde las      4 de la mañana la escuela de Cacahuatepec, donde se llevaría acabo la asamblea ejidal para definir el futuro del   proyecto La Parota; esta vez los comuneros fueron acarreados en camiones urbanos de la ruta Hospital-Rena, desde las 10 de la mañana.

En la tercera asamblea ejidal para que se acepten la realización de los estudios técnicos del ambicioso proyecto de la CFE, se pasó de las asambleas austeras de antes, a una de templete y toldo, y sonido de gran potencia, aguas, refrescos y asistencia médica.

El comisario Crecencio Jerónimo Aparicio dijo que desconocía a cuenta de qué institución corrieron los gastos, y que sólo vio a unas personas que comenzaron a instalar las estructura para la asamblea.

Ahora, las                 mujeres y hombres comuneros no tuvieron que viajar en camionetas todos apretados, sino lo hicieron en camiones urbanos desde comunidades como Sabanillas, Dos Arroyos, Apalani, San José Cacahuatepec, Garrapatas, El Rincón, entre otros. La indicación era precisa: luego de votar tenían que subir al camión para llevarlos de regreso. Un chofer de uno de los camiones comentó que cobraron 15 pesos por persona.

Los que tenían que cruzar el rió Papagayo en panga –servicio por el que se paga 3 pesos–, ahora lo hicieron gratis y los gastos fueron cubiertos por los dirigentes, según informó el líder priísta Simón Cruz Saligán, quien comentó que el puente era un compromiso de la CFE. Es una “visión a futuro que no lo quieren aceptar los que tienen miedo al cambio”, señaló.

Pero mientras viene ese puente prometido, la CFE –según informaron los trabajadores, pero no confirmado por la autoridad–, mandó a construir un puente provisional fijo con cuatro pangas y madera para que los comuneros pasarán, pero para evitar que los campesinos caminaran alrededor de 10 minutos, el puente se hizo exactamente frente al lugar donde se iba llevar a cabo la asamblea.                 Mientras el camino fue rastreado.

Ahora los negocios de comidas y aguas que se instalan durante las asambleas ejidales tuvieron perdidas, pues había refrescos para regalar, aguas de bolsita de esas que cuestan un peso. ¿Comer? Ni pensarlo, pues la reunión duró a penas 12 minutos y cuando llegaron a las 10 de la mañana, los comuneros venían almorzados, y al terminar la asamblea tenían que subirse al camión.

Mientras los comuneros, luego de cumplir con su voto,                 se retiraron y los inconformes continuaban manifestando que fue una asamblea amañada; las autoridades,                 arriba del templete,                 seguían sacando cuentas para alcanzar los 3 mil 640 comuneros para dar legalidad a una asamblea que se alejo de la austeridad, de la cual nadie supo explicar quién fue el más interesado en derrochar tanto dinero para llevar a cabo ésta.

Solicitan policía para la asamblea de comuneros sobre La Parota

Este domingo podría decidirse el futuro del proyecto

 Karina Contreras

Este domingo 25 de abril, se llevará a cabo la asamblea ejidal para tratar el futuro del proyecto hidroeléctrico La Parota que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende construir en tierras guerrerenses. La asamblea ejidal está programada para las 10 de la mañana en la comisaría de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. En previsión de que pudiera haber hechos violentos, por la presencia de grupos con posiciones diferentes al proyecto, las autoridades ejidales solicitaron resguardo policiaco.

Está será la tercera asamblea ejidal para tratar de legitimar el proyecto La Parota, luego de que el 28 de julio fueron suspendidos los estudios preliminares por comuneros inconformes con la construcción de la presa. Las última asamblea terminó enmedio de golpes, entre los que apoyan el proyecto y los que lo rechazan.

Debido a esto, las autoridades ejidales han pedido el resguardo policiaco, lo cual fue confirmado por el director de la Policía Preventiva, Roberto Abizaid Gracían, quien dijo que estarán el domingo en la asamblea para dar la seguridad.

El funcionario municipal manifestó que todavía desconoce cuántos policías acudirán a Cacahuatepec, pero que lo harán en coordinación con la policía estatal.

La asamblea, según fuentes consultadas por este medio, fue acordada en una reunión efectuada el jueves 15 de abril, en la residencia oficial Casa Guerrero, a la cual asistieron el gobernador René Juárez Cisneros; el representante de la CFE para el proyecto La Parota, Eugenio Laris Alanís; el alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas; el secretario de Gobierno, Luis León Aponte; el comisario de Bienes Comunales, Crecencio Jerónimo Aparicio, así como dirigentes priístas, pero ninguno de los grupos inconformes con la presa.

De acuerdo con la opinión, de algunos que estuvieron en esa reunión, los participantes coincidieron que el futuro del ambicioso proyecto depende de la asamblea de mañana, donde se espera la presencia de 4 mil de los 7 mil 200 comuneros empadronados con lo cual se pretende lograr la aprobación, por el voto del 50 más uno, que exige la ley ejidal.

También se informó que esa asamblea será el último intento para lograr la aceptación del proyecto, pues de lo contrario quedara cancelado, pero si hay un consenso,                 se legitimará y la CFE podrá entrar sin problemas a las tierras de los campesinos y no habrá reversa en la decisión.

El grupo inconforme de Gumersindo Joaquín Prudencio dijo que no asistirán a la asamblea ejidal, pues manifestaron que es ilegal y advirtieron que no van a pasar por encima de ellos.