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Marchan padres de los 43 en la Cdmx a 42 meses de los ataques en Iguala para exigir su presentación

Este lunes se cumplieron 42 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y alrededor de mil activistas acompañaron a los familiares en una marcha en esta ciudad. Además, en la mañana de ayer un contingente de padres tomó las casetas de la autopista México-Cuernavaca, desde las 10 hasta las 2 de la tarde y permitieron el libre paso de los automovilistas en ambos sentidos del camino. El contingente partió 15 minutos antes de las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia y cruzó el Paseo de la Reforma, se vio a alumnos de Ayotzinapa, estudiantes de la Normal Femenil de Amilcingo, Morelos, integrantes de la sección 10 y 11 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la capital del país, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Frente Popular Francisco Villa (FPFV) y ciudadanos sin organización. Al llegar al antimonumento que es un número 43 en la esquina de Reforma y Bucareli, Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio, invitó a los familiares a que se colocaran al frente del antimonumento para el pase de lista de sus hijos ausentes y exigir su presentación con vida. Pasadas la 6 de la tarde se reanudó la marcha hacia el Hemiciclo a Benito Juárez. En el camino estudiantes de Ayotzinapa tomaron el micrófono para demandar, una vez más, que la Procuraduría General de la República (PGR) retome las cuatro líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que incluyen la indagación y detención de policías federales y municipales de Huitzuco, la investigación de las líneas de teléfonos celulares de los jóvenes, la participación de soldados del 27 Batallón de Infantería y el posible trasiego de drogas de Iguala hacia Chicago, Estados Unidos. En el Hemiciclo Melitón Ortega mencionó que estas son fechas vacacionales, donde las familias se reúnen, “muchos esperan la visita de sus seres queridos, nosotros no perdemos la esperanza de volver a ver a nuestros hijos”. Mencionó a Minerva Bello, madre del estudiante Everardo Rodríguez Bello, quien falleció en febrero de este año a consecuencia del cáncer. “Ella murió sin saber qué pasó con su hijo. Nosotros no descansaremos hasta saber la verdad de lo que ocurrió esa noche”. Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández apenas podía contener las lágrimas. Sosteniendo una fotografía de su hijo impresa sobre una lona habló sobre el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), donde se reporta que 34 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados para obtener sus declaraciones. “No sabemos si ellos son culpables o no pero fueron torturados para obtener declaraciones que sostuvieran la mentira histórica que la Procuraduría se empecina en defender”, dijo. Hilda Hernández externó su preocupación de que con la cercanía del proceso electoral se pretenda dar carpetazo a la investigación: “les importan más las elecciones, les importa más la porquería que va a llegar a gobernarnos”. Solidaridad con desaparecidos en Jalisco En el transcurso de la marcha, madres, padres y demás asistentes al mitin repudiaron la desaparición en Jalisco de los estudiantes de cine Javier Salomón, Daniel Díaz y Marcos Ávalos, así como la desaparición y posterior confirmación de la muerte del estudiante de medicina César Ulises Arellano Camacho. “Condenamos los hechos en Jalisco, así como condenamos la violación de los derechos humanos de la juventud”, declaró Melitón Ortega.

Con un mitin en Chilpancingo organizaciones exigen la presentación de los 43 desaparecidos

A 42 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en los ataques en Iguala, el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero llamó a las organizaciones sociales a activarse todos los días para informar a la sociedad que el caso sigue impune. Unos 100 integrantes de la CETEG, la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Frente Magisterial y Ciudadano, la sección 69 del Sindicato de Telefonistas y activistas se reunieron en el antimonumento a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ubicado en el monumento a Las Banderas en la avenida Lázaro Cárdenas. Los manifestantes hicieron un mitin para exigir el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los jóvenes, además bloquearon la avenida mientras duró la actividad, poco más de una hora. Antes y en pausas durante las intervenciones de los dirigentes y representantes de las organizaciones sociales, el cantautor Lenin Hernández entonó canciones de protesta sobre la lucha de los padres de los normalistas desaparecidos, quienes lucharon por la educación publica y defender a las escuelas formadoras de docentes, y en contra de la violencia hacia las mujeres. En el mitin el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Hegel Mariano Ramírez dijo que los hechos en Iguala son “lamentables”, y que las autoridades deben saber que los padres de los jóvenes “no están solos” pues desde distintos espacios “seguimos recordando y seguimos exigiendo justicia y verdad”, porque es un derecho no sólo para las familias agraviadas sino para la sociedad. La dirigente del sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas expresó que “el gobierno no nos ha dicho nada y siguen las desapariciones ¿qué está pasando?”, en referencia a que el caso Ayotzinapa no se ha resuelto, expuso que “es necesario que tomemos acciones y despertemos antes de que sea uno de nosotros, uno de nuestros hijos”. La activista Roberta Campos Adame dijo que los padres “han recorrido el mundo para decir que en Guerrero hay impunidad” y buscando a sus hijos, pero el Estado se niega a seguir las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y tampoco es sensible a las desapariciones. El representante de la sección 18 del SUSPEG, Silvestre Solano Ortiz expuso que ahora son 42 madres las que siguen en la lucha por la presentación con vida de los estudiantes, pues debido a las omisiones del Estado, Minerva Bello Guerrero madre de Everardo Rodríguez Bello murió en febrero pasado de cáncer, “no llegó a conocer la verdad histórica, no volvió a ver a su hijo”. El secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García advirtió que no se puede olvidar el 26 de septiembre de 2014, principalmente porque los 43 siguen desaparecidos. Ramírez Perulero fue el último en participar, en su mensaje expresó que cada mes las organizaciones se reúnen en el antimonumento a los 43 en Chilpancingo para exigir el esclarecimiento de los hechos, y para exhortar a las autoridades a que resuelvan el caso, pero es necesario que “empecemos a activarnos más”. “Ya basta, ya basta de seguir soportando a este Estado putrefacto de asesinatos, desapariciones, impunidad, miseria, tenemos que activarnos, no mes con mes, todos los días”, puntualizó. Llamó a los integrantes de las organizaciones a visitar a “los que no se informan, de los que se aprovecha el Estado” para decirles lo que pasa, pues ya no es posible seguir soportando esta situación impune. Al final los manifestantes entonaron el himno Venceremos con el puño izquierdo en alto.

Que se indague la tortura en el caso Ayotzinapa, pide el Parlamento Europeo

El subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo exigió al gobierno de México indagar “de manera exhaustiva” los señalamientos de tortura y otras violaciones de derechos humanos, denunciadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en su informe sobre el caso Ayotzinapa.
“Pido a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de los derechos humanos”, indicó el presidente del subcomité, Pier Antonio Panzeri.
El legislador cuestionó la capacidad del gobierno mexicano para hacer una investigación imparcial sobre la desaparición de los 43 normalistas, y consideró inaceptable que se haya sometido a los detenidos a tratos inhumanos.
“Desde 2014 las autoridades mexicanas no han sido capaces de llevar a cabo una investigación imparcial sobre el caso Ayotzinapa que respete plenamente los derechos a la defensa, la presunción de inocencia y la ley general contra la tortura, en particular durante la fase de instrucción”, señaló.
Para el socialista italiano, las autoridades que están a cargo de las investigaciones deben respetar la Ley General contra la Tortura y las normas y estándares internacionales.

Quien sea que sustituya a Peña, tiene que seguir la búsqueda de justicia, exigen padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz Sandoval dijo que el presidente Enrique Peña Nieto les ofreció justicia pero no cumplió, demandó que no se cierre el caso y quien lo sustituya siga las investigaciones para encontrar la verdad, ya que esta administración busca cerrar el caso con la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Exigió al gobierno federal que retome las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que no pretenda cerrar el caso con la versión del basurero, construida a partir de la tortura de los detenidos.
Ayer en conferencia de prensa en el estacionamiento de Comercial Mexicana de la colonia Emiliano Zapata en Acapulco, acompañado de Maximino Hernández, papá del normalista Carlos Lorenzo Hernández Cruz, dijo que la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, es una estrategia para cerrar el caso y fortalecer la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno llamó “la verdad histórica”.
De la Cruz y Maximino Hernández dijeron que la petición al gobierno es que se retomen las cuatro líneas de los expertos del GIEI, que son investigar al Ejército, la telefonía celular de los desaparecidos, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la participación del Ejército y de policías federales y municipales de Huitzuco.
“Vemos que con la detención de Erick el gobierno de México y la PGR quieren cerrar el caso, lo anuncian con bombo y platillo diciendo que es una gran detención, cuando sabemos que la ‘verdad histórica’ no existe y lo reafirmamos con el informe de la ONU que ratifica que hubo tortura a los detenidos, 34 de los detenidos fueron torturados”, señaló el vocero.
De las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores de que las autoridades correspondientes tendrán que atender los señalamientos que hizo la ONU-DH en su informe que indica que 34 de los detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados, Felipe de la Cruz dijo que “dentro de los políticos y el gobierno sigue la insistencia de seguir protegiendo a los responsables, debería de preocuparle al gobernador la falta de resultados”.
Aseguró que las autoridades no han cerrado el caso por la insistencia de los padres y los organismos internacionales, “pero la intención es cerrar el caso con el tema de aprehensión de La Rana, pero por lógica para nosotros eso no es verdad y siguen mintiendo en la cuestión de la verdad histórica, y hoy sabemos que está basada en la tortura”.
“La exigencia de los padres es la verdad, justicia, castigo a los responsables y la presentación de los jóvenes” dijo el vocero.
Se le mencionó que falta poco para que termine el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y se le preguntó qué le pedirán a los candidatos, y respondió, “primeramente deben saber que un crimen como éste de lesa humanidad no tiene término y el gobernante que quede, quien sea que quede, tiene la responsabilidad de continuar la búsqueda de justicia y verdad”.
“Si Peña Nieto se va no lo exime de su responsabilidad y tampoco de formar parte de ese crimen, porque a los primeros meses que sucedió nos reunimos con él como máxima autoridad en el país y se comprometió a dar con los responsables, topara con quien topara, y hoy va a salir y como topó con un pez grande, la política no puede decir quién es, no nos preocupa que se vaya porque donde quiera que esté la justicia va a llegar y él forma parte de ese crimen”, advirtió.
Precisó que el informe de la ONU-DH es una opción para seguir exigiendo a las autoridades, porque confirman que los 43 normalistas “no fueron asesinados como pretenden imponer esa verdad histórica, a nosotros como víctimas y a los mexicanos”.
Mencionó que el grupo de expertos independientes ya ha declarado que los estudiantes no fueron asesinados como dice el gobierno mexicano, que había tortura en los detenidos, la ONU lo confirma pero la PGR desestima la información, “para los familiares es relevante porque en base a tortura quieren dar un resultado y cerrar el caso”.
Maximino Hernández dijo, “lo que nosotros pedimos es que se sigan las cuatro líneas de investigación que dejaron los expertos, que hasta hoy se van a cumplir 42 meses y no han tocado esas cuatro líneas de investigación, la primera es que se investigue a los policías federales de Cocula que participaron, la segunda el trasiego de droga, según esa fue la causa de desaparición de nuestros hijos, la tercera de los celulares, que dice (el ex procurador Jesús) Murillo Karam que nuestros hijos fueron calcinados con todas sus pertenencias y estuvieron activos los celulares”.
“La cuarta línea es que se invstigue a los militares que se dieron cuenta de lo que pasó en Iguala y no hicieron nada”, dijo el papá de uno de los normalistas.
Aclaró que no defienden a nadie de los detenidos, pero criticó que hayan sido torturados para “decir esa verdad histórica del gobierno”.

 

Piden paristas de la mina Media Luna el respaldo de organizaciones en la Convención Nacional Popular

Trabajadores en paro de la mina Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold Resources, demandaron el respaldo a su movimiento de organizaciones sociales, tanto con presencia física como en víveres, para subsistir ante la cerrazón y las amenazas de desalojo de la minera y los gobiernos federal y estatal.
El secretario general de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Roberto Hernández Mojica informó que, por lo pronto los paristas ya recibieron el respaldo de las organizaciones que participaron en la sexta Convención Nacional Popular, organizada por los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que tuvo lugar el sábado y el domingo pasados en la Ciudad de México.
Policías estatales y trabajadores afines a la minera intentaron desalojar el lunes de la semana pasada a los trabajadores en paro y a los ejidatarios de Real de Limón, quienes resistieron en dos ocasiones, pero a partir de entonces han recibido amenazas de que serán desalojados con la intervención de la Policía Federal y la Gendarmería. Asimismo, algunos dirigentes han recibido amenazas de muerte, denunció entonces el delegado en Guerrero del SNTMMSSRM, Indalecio Pérez Morones.
Por su parte el secretario general de la sección 17 de ese sindicato, con sede en Taxco, Roberto Hernández Mojica informó este lunes vía telefónica que durante la Sexta Convención Nacional Popular, organizada por los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en la ciudad de México, el sábado y el domingo pasados, los paristas de la minera Media Luna solicitaron el respaldo a su movimiento a las organizaciones asistentes.
A esa convención asistió una comisión de cinco mujeres y cinco hombres de paristas de Media Luna, quienes solicitaron el apoyo de las organizaciones de los 14 estados de la República que asistieron.
La convención se llevó a cabo en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la Ciudad de México, donde los paristas mineros de Media Luna denunciaron la cerrazón con que ha respondido la empresa a su demandas de libertad de asociación sindical, asimismo denunciaron las amenazas de desalojo del plantón y de muerte a algunos dirigentes.
“Solicitaron el apoyo moral de las organizaciones asistentes y pidieron que los visiten en su plantón, pero también demandaron apoyo en especie para que puedan resistir su paro laboral”, dijo Hernández Mojica.
Asimismo, en ese encuentro pidieron a las organizaciones que se manifiesten por la solución de sus demandas del paro que comenzó el 3 de noviembre pasado.
“Muchas organizaciones se comprometieron a apoyarlos y a visitar a los trabajadores en su plantón que mantienen en las instalaciones de la minera Media Luna”, afirmó Hernández Mojica.

 

Se pretende eliminar la protesta social e imponer fraude en la elección para la continuidad neoliberal, dice la CNP

En la sexta Convención Nacional Popular por Ayotzinapa en la Ciudad México, delegados de organizaciones estudiantiles, campesinas, populares y sindicales reconocieron que ninguna iniciativa de los últimos años ha podido impulsar la unidad en el movimiento social de izquierda.
En su posicionamiento público llamaron a aprovechar el periodo electoral para la articulación de distintos movimientos contra el sistema neoliberal, partiendo del reconocimiento y respeto a la diversidad; anunciaron la jornada nacional por la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa del 15 al 27 de abril, a 43 meses de la desaparición forzada en Iguala y, arropar las actividades de organizaciones estudiantiles y sindicales.
En consulta telefónica sobre el pronunciamiento, el abogado de los padres de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra, indicó que el primer objetivo de la CNP es mantener vigentes las movilizaciones en un momento difícil que es el proceso electoral, y cómo evitar la disgregación de la articulación que ha venido logrando en tres años la Asamblea Nacional Popular por Ayotzinapa.
En el análisis, dijo que los delegados coincidieron en la crisis humanitaria que vive el país por graves violaciones a los derechos humanos, que se traduce en desapariciones, asesinatos, despojo de los recursos de los pueblos indígenas y campesinos, encarcelamientos de líderes sociales, corrupción de autoridades, y afecta a grandes sectores que se enfrentan injusticias y mucho sufrimiento.
Señaló que en la Convención consideró que esta circunstancia no va a cambiar en el siguiente sexenio, con el gobierno del partido que llegue al poder, “se ve difícil, porque eso implicaría que quien llegue tendría que romper con las elites económicas, no creemos que eso se logre”.
En este sentido, dijo que es necesario mantener unificado el movimiento social de izquierda independiente, para exigir un cambio y justicia.
Aceptó que no han logrado la articulación que se necesita, a pesar de que en los primeros meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala y la desaparición forzada de los 43, la ANP por Ayotzinapa, logró reunir a todos los representantes del movimiento en el país.
Por el contrario, indicó que en tres años han surgido otros referentes de lucha, y en lugar de unificarse, están fragmentados. En esta convención se puso énfasis en trazar una ruta de unidad, y “que este periodo electoral sirva a las organizaciones sociales para trabajar en la unificación, de tal manera que cuando el proceso electoral termine tengamos posibilidad de que luchemos juntos”.
Del plan de acción, informó que los padres de los estudiantes desaparecidos, comenzarán una jornada de lucha por los 43 meses de los hechos de Iguala, del 15 al 27 de abril a nivel nacional.
Del 8 al 10 de abril habrá movilizaciones de varios sectores estudiantes, que arropará la CNP, y la participación en la marcha del Primero de Mayo en la Ciudad de México.
Así como la participación en la acción para recodar el desalojo violento en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de julio y el 26 se septiembre, acciones globales por Ayotzinapa en todo el país.
Recordó que en la elección presidencial ni estatal, no hay llamados a no votar o de otra naturaleza, “lo que nos plateamos es aprovechar esta coyuntura para impulsar la articulación y forjar la unidad”.
Los organizadores estimaron la participaron de unos 500 delegados de 80 organizaciones.

La declaración política de la CNP

La declaración política de la CNP, leída por el vocero, Felipe de la Cruz en sesión plenaria, dice que “los trabajadores del campo y la ciudad han enfrentado en las últimas décadas resurgimiento de políticas neoliberales que plantean predominio absoluto de las reglas de libre comercio, se traducen en creciente inseguridad, reducción o eliminación de garantías individuales, y violaciones a los derechos humanos, el asesinato, el secuestro, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los feminicidios, y presencia cada vez mayor del crimen organizado en todos los ámbitos del gobierno y de la política y en las instituciones castrenses”.
Asimismo, denunció que en este sexenio se aprobaron las últimas reformas estructurales, “con lo que se superaron todos los precedentes de violencia, impunidad y corrupción degradando el ejercicio de la política pues la mentira y el engaño es las conductas acendradas en este régimen como lo demuestran las conductas de gobiernos en los casos emblemáticos de Ayotzinapa, Noxchitlán, (la corrupción evidenciada en los casos de) La casa blanca y Odebrecht”.
Ante la irritación social, señalaron que el gobierno pretenden eliminar la protesta social por medio de la Ley de Seguridad Interior “incluso para imponer en la elección el fraude electoral en beneficio de la continuidad neoliberal”.
Para contrarrestar lo anterior, consideran necesaria la construcción de una instancia organizativa nacional capaz de impulsar la unidad obrera y campesina y popular. En los últimos años han surgido varias iniciativas, pero aún no logramos superar la condición de dispersión del movimiento popular’.
Reconocieron que fuerza popular por sí sola podrá cambiar ‘el injusto régimen político económico y social, en fecha próxima propondremos a todos los referentes una reunión, partiendo del reconocimiento, respeto y diversidad de todas las formas lucha, avancemos en la construcción de un amplio bloque de las fuerzas contra el sistema neoliberal’.

 

Dictan formal prisión a La Rana por secuestro y delincuencia organizada, no por los 43

Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
La Rana fue detenido el pasado 12 de marzo en las inmediaciones de Cocula, Guerrero, en seguimiento a líneas de investigación por el Caso Iguala.
Es señalado por las autoridades federales como copartícipe en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
No obstante, Sandoval Rodríguez negó haber participado en los hechos durante la declaración preparatoria que rindió el pasado jueves.
Según las autoridades, La Rana también es generador de violencia en la zona del río Balsas.
El presunto delincuente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Gómez Palacio, Durango.

Niega culpa por Iguala

La Rana y quien según la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) habría quemado a los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, negó haber participado en los hechos.
En su declaración preparatoria, realizada el jueves pasado, aseguró que lo confundieron con Édgar Albarán Sandoval, a quien apodan de la misma manera, pues la noche del 26 de septiembre de 2014 y la mañana de siguiente él estuvo vendiendo cervezas en Atlixtac, municipio de Cocula.
La audiencia fue dirigida por el juez primero de distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, David Calderón Blanc, quien para desahogarla se conectó en videoconferencia con el Cefereso de Gómez Palacios, Durango, donde está el procesado, y con el juzgado sexto de distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, cuyo juez Alejandro Caballero Vértiz, coadyuvó.
Según los testimonios en su contra que le leyeron, Patrio Reyes Landa, El Pato, declaró que por órdenes de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, El Gil, La Rana intervino en la ejecución de los estudiantes y hasta él mismo levantó sus cenizas.
Jonathan Orozco Cortés, El Jona, describió que “La Rana” tiene un tatuaje de una flama y una rana en la parte izquierda de la espalda, mientras que Salvador Reza Jacobo, Lucas, lo describió como un hombre gordo de 1.70 metros de altura.
Nadie en el expediente refiere el nombre de La Rana.
Erick Uriel Sandoval Rodríguez es delgado y tiene seis tatuajes, ninguno es una rana y del lado derecho de la espalda tiene un eclipse en el que se observan las llamas del Sol.
“Hay más muchachos apodados La Rana, conozco a dos, de hecho El Jona nombra a uno de ellos como Rana o Guereke, ese es al que buscan, se lama Édgar Albarán Sandoval, vive al lado del Centro de Salud”, dijo Sandoval Rodríguez, según una versión de su declaración a la que Grupo Reforma tuvo acceso.

 

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, dice el informe de Fundar

Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa es el informe elaborado por cuatro psicólogas, una antropóloga y médicos coordinado por Fundar Centro de Análisis e Investigación, que recopila decenas de testimonios de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y otras víctimas, además de sobrevivientes de los ataques a estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A más de 41 meses de los ataques contra los estudiantes el documento fue presentado este miércoles en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco (CCUT), donde la directora de Fundar, Haydeé Pérez indicó que el gobierno federal se negó a reconocerlo, a pesar de que fue hecho como una respuesta a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del texto las madres representantes de las familias de los 43 y organizaciones civiles denunciaron que la autoridad “administra políticamente” el dolor de los deudos, que buscan a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
“Este informe es más que un recuento de agravios y el pasado 2 de marzo el Estado mexicano tuvo la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas, al comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo planes de atención y, en su caso, de reparación, pero el gobierno ha desdeñado esta nueva oportunidad al negarse a firmar una declaración de intención de cumplimiento de este diagnóstico”, denunció Pérez.
“El Estado evidencia nuevamente su falta de voluntad política para cumplir las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo la de administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres de Ayotzinapa”, señaló.
El director del CCUT, Ricardo Raphael de la Madrid invitó a no olvidar el caso: “este texto pone contra la pared a aquellos que quieren que el asunto se deje de lado. Eso significaría matar la semilla que México se merece”.

Todos estamos afectados, dice integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU

En su intervención Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, indicó que las madres y padres de los estudiantes lloraron, gritaron e imaginaron lo peor cuando escucharon por primera vez la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que dice que los jóvenes fueron incinerados y luego fue desacreditada científicamente por expertos internacionales.
“Mucha gente nos juzga y dice que lo único que queremos es no trabajar. Nosotros ya no tenemos una vida, morimos poco a poco porque parece que fue ayer cuando se llevaron a nuestros hijos. Seguimos más firmes que nunca porque amamos a nuestros hijos”, expuso.
La coordinadora del informe, Ximena Antillón detalló que una de las conclusiones es que no puede haber una reparación monetaria si primero no se informa la verdad, y luego se hace justicia, “se dice a los padres que deben enfrentar el duelo, pero ellos no pueden hacer eso porque no tienen certeza de lo que ocurrió a sus hijos”.
Por su parte el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, resumió en cuatro diferentes momentos los casi tres años y medio que han transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014.
Un primer momento, indicó, fue el de la “verdad histórica”, en la cual el gobierno pretendía “salir del embrollo político más que llegar a la verdad de los hechos”. Después llegó el “momento de la supervisión internacional”, cuando el GIEI comprobó que no había sustento científico para la teoría del basurero de Cocula.
El tercer momento, continuó Patrón, consistió en proteger a los funcionarios que crearon la versión de que los estudiantes fueron incinerados, y el “último momento está marcado por lo que llamamos la etapa de la administración políticamente correcta, donde se dice que se investiga al Ejército, Policía Federal, al Estado, a otras instituciones de seguridad municipal. En esta etapa de alguna manera se van cayendo algunos argumentos de la teoría del caso inicial, pero no se termina de dar el paso comprometido frente a la verdad”.
El integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rainer Huhle se dijo sorprendido sobre cómo el informe “toma el núcleo de los padres de los desaparecidos para terminar demostrando que el caso Ayotzinapa impactó en muchas personas más. De alguna manera todos estamos afectados”, señaló.

El dolor más grande

Haydeé Pérez detalló a El Sur que el Centro Prodh invitó a Fundar a elaborar el informe en seguimiento a la recomendación del GIEI.
“En su segundo informe sugieren conformar un equipo multidisciplinario, independiente, capaz y que cuente con la confianza de los familiares para llevar a cabo un estudio psicosocial”, expuso.
Aparte, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, Mario César González Contreras indicó que el informe contiene testimonios de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos.
“Es muy fuerte el dolor, el más grande. Te acabas, te mueres, revives, ya no sabes quién eres. Para los 43 padres de familia la reparación del daño es el paradero de los muchachos, castigo a los culpables y saber qué pasó ese 26 de septiembre. Nada más”.
“Mi mujer y yo no tuvimos hijos para venderlos. Es impresionante el dolor que se siente ahora al ver a tu esposa pedir la localización de tu hijo cuando lo único que él quería era trabajar. Son sentimientos muy encontrados y ojalá la gente de Guerrero tuviera consciencia un poco más de lo que hemos sufrido los 43 padres”.

El duelo imposible

Entre las conclusiones del informe de 523 cuartillas se indica que para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “los ataques en Iguala resultaron traumáticos por su carácter violento, inesperado, abrupto y sin sentido”, que sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y viven “un intenso sufrimiento emocional con la necesidad de justicia como posibilidad de dar sentido a los hechos”.
El estudio sobre las secuelas en salud, físicas y psicológicas que dejó la noche de Iguala habla de cómo concuerdan los sobrevivientes y familiares de las víctimas en “la imposibilidad de darle sentido” a los hechos, en la “ruptura de la confianza en las autoridades” y en “la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad, como soporte del proceso de elaboración psíquica”.
Uno de los hallazgos relevantes es que, al estar involucrados agentes del Estado en los ataques a los normalistas y la desaparición forzada de éstos, los familiares y víctimas “cuestionan la función protectora que hasta entonces le atribuían”, y eso genera “sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad”.
Los investigadores identificaron que la vivencia del tiempo detenido “condensa los impactos traumáticos de la desaparición forzada y la desesperación de que, a pesar de la movilización y búsqueda permanente, los familiares no logran saber de sus hijos”, y por eso “el duelo no tiene lugar, porque no saben si sus hijos están vivos o muertos”.
El informe indica que “la difusión de una versión oficial sin mayor sustento científico sobre los hechos, y los posteriores momentos en que el Estado reitera esa versión pese a los argumentos científicos que la ponen en duda, han generado impactos retraumatizantes en los familiares y ha acentuado la desconfianza en el Estado”.
El estudio elaborado entre noviembre de 2015 y abril de 2016, está basado en 64 entrevistas en más de 40 horas de grabación, así como expedientes médicos de 55 familiares de las víctimas.
De los estudiantes sobrevivientes, dice el documento, “son las víctimas no reconocidas en medio de una tragedia de enormes dimensiones” y presentan “daños graves a nivel psicosocial”.

 

Fue encarcelado en Durango el presunto integrante de Guerreros Unidos, La Rana

La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) internó en la cárcel federal de Gómez Palacio, Durango, a Erick Sandoval Rodríguez, La Rana, acusado de estar implicado en el plagio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Según fuentes federales, la noche del lunes, el mismo día en que fue detenido en Cocula, la PGR lo trasladó de la Ciudad de México a Durango, en cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro.
Según fuentes allegadas al caso, el presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos rendirá su declaración preparatoria vía exhorto ante un juez federal en Gómez Palacio.
El mandato de captura librado contra La Rana corresponde a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el pliego de consignación original, el juez Primero de Distrito en Procesos Penales de Tamaulipas giró las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro, pero las negó por desaparición forzada.
Un testimonio recabado por la PGR, el de Jonathan Osorio, El Jona, ubica a Sandoval Rodríguez en el basurero de Cocula en el momento de la supuesta incineración de los cuerpos de los estudiantes.
Por su captura la PGR ofrecía una recompensa de 1 millón 500 mil pesos.
Para los padres de los normalistas esta detención sólo demuestra que la Procuraduría está interesada en consolidar su versión que señala que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

 

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, advierten

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, dice el informe de Fundar

Presentan Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, que concluye que los parientes sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y en “un intenso sufrimiento emocional”. El gobierno federal se negó a reconocer el documento a pesar de que lo recomendaron el GIEI y la CNDH, informa la directora del organismo, Haydeé Pérez. Se “administra políticamente” su dolor, señalan los padres

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa es el informe elaborado por cuatro psicólogas, una antropóloga y médicos coordinado por Fundar Centro de Análisis e Investigación, que recopila decenas de testimonios de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y otras víctimas, además de sobrevivientes de los ataques a estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A más de 41 meses de los ataques contra los estudiantes el documento fue presentado este miércoles en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco (CCUT), donde la directora de Fundar, Haydeé Pérez indicó que el gobierno federal se negó a reconocerlo, a pesar de que fue hecho como una respuesta a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del texto las madres representantes de las familias de los 43 y organizaciones civiles denunciaron que la autoridad “administra políticamente” el dolor de los deudos, que buscan a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
“Este informe es más que un recuento de agravios y el pasado 2 de marzo el Estado mexicano tuvo la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas, al comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo planes de atención y, en su caso, de reparación, pero el gobierno ha desdeñado esta nueva oportunidad al negarse a firmar una declaración de intención de cumplimiento de este diagnóstico”, denunció Pérez.
“El Estado evidencia nuevamente su falta de voluntad política para cumplir las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo la de administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres de Ayotzinapa”, señaló.
El director del CCUT, Ricardo Raphael de la Madrid invitó a no olvidar el caso: “este texto pone contra la pared a aquellos que quieren que el asunto se deje de lado. Eso significaría matar la semilla que México se merece”.

Todos estamos afectados, dice integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU

En su intervención Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, indicó que las madres y padres de los estudiantes lloraron, gritaron e imaginaron lo peor cuando escucharon por primera vez la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que dice que los jóvenes fueron incinerados y luego fue desacreditada científicamente por expertos internacionales.
“Mucha gente nos juzga y dice que lo único que queremos es no trabajar. Nosotros ya no tenemos una vida, morimos poco a poco porque parece que fue ayer cuando se llevaron a nuestros hijos. Seguimos más firmes que nunca porque amamos a nuestros hijos”, expuso.
La coordinadora del informe, Ximena Antillón detalló que una de las conclusiones es que no puede haber una reparación monetaria si primero no se informa la verdad, y luego se hace justicia, “se dice a los padres que deben enfrentar el duelo, pero ellos no pueden hacer eso porque no tienen certeza de lo que ocurrió a sus hijos”.
Por su parte el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, resumió en cuatro diferentes momentos los casi tres años y medio que han transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014.
Un primer momento, indicó, fue el de la “verdad histórica”, en la cual el gobierno pretendía “salir del embrollo político más que llegar a la verdad de los hechos”. Después llegó el “momento de la supervisión internacional”, cuando el GIEI comprobó que no había sustento científico para la teoría del basurero de Cocula.
El tercer momento, continuó Patrón, consistió en proteger a los funcionarios que crearon la versión de que los estudiantes fueron incinerados, y el “último momento está marcado por lo que llamamos la etapa de la administración políticamente correcta, donde se dice que se investiga al Ejército, Policía Federal, al Estado, a otras instituciones de seguridad municipal. En esta etapa de alguna manera se van cayendo algunos argumentos de la teoría del caso inicial, pero no se termina de dar el paso comprometido frente a la verdad”.
El integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rainer Huhle se dijo sorprendido sobre cómo el informe “toma el núcleo de los padres de los desaparecidos para terminar demostrando que el caso Ayotzinapa impactó en muchas personas más. De alguna manera todos estamos afectados”, señaló.

El dolor más grande

Haydeé Pérez detalló a El Sur que el Centro Prodh invitó a Fundar a elaborar el informe en seguimiento a la recomendación del GIEI.
“En su segundo informe sugieren conformar un equipo multidisciplinario, independiente, capaz y que cuente con la confianza de los familiares para llevar a cabo un estudio psicosocial”, expuso.
Aparte, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, Mario César González Contreras indicó que el informe contiene testimonios de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos.
“Es muy fuerte el dolor, el más grande. Te acabas, te mueres, revives, ya no sabes quién eres. Para los 43 padres de familia la reparación del daño es el paradero de los muchachos, castigo a los culpables y saber qué pasó ese 26 de septiembre. Nada más”.
“Mi mujer y yo no tuvimos hijos para venderlos. Es impresionante el dolor que se siente ahora al ver a tu esposa pedir la localización de tu hijo cuando lo único que él quería era trabajar. Son sentimientos muy encontrados y ojalá la gente de Guerrero tuviera consciencia un poco más de lo que hemos sufrido los 43 padres”.

El duelo imposible

Entre las conclusiones del informe de 523 cuartillas se indica que para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “los ataques en Iguala resultaron traumáticos por su carácter violento, inesperado, abrupto y sin sentido”, que sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y viven “un intenso sufrimiento emocional con la necesidad de justicia como posibilidad de dar sentido a los hechos”.
El estudio sobre las secuelas en salud, físicas y psicológicas que dejó la noche de Iguala habla de cómo concuerdan los sobrevivientes y familiares de las víctimas en “la imposibilidad de darle sentido” a los hechos, en la “ruptura de la confianza en las autoridades” y en “la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad, como soporte del proceso de elaboración psíquica”.
Uno de los hallazgos relevantes es que, al estar involucrados agentes del Estado en los ataques a los normalistas y la desaparición forzada de éstos, los familiares y víctimas “cuestionan la función protectora que hasta entonces le atribuían”, y eso genera “sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad”.
Los investigadores identificaron que la vivencia del tiempo detenido “condensa los impactos traumáticos de la desaparición forzada y la desesperación de que, a pesar de la movilización y búsqueda permanente, los familiares no logran saber de sus hijos”, y por eso “el duelo no tiene lugar, porque no saben si sus hijos están vivos o muertos”.
El informe indica que “la difusión de una versión oficial sin mayor sustento científico sobre los hechos, y los posteriores momentos en que el Estado reitera esa versión pese a los argumentos científicos que la ponen en duda, han generado impactos retraumatizantes en los familiares y ha acentuado la desconfianza en el Estado”.
El estudio elaborado entre noviembre de 2015 y abril de 2016, está basado en 64 entrevistas en más de 40 horas de grabación, así como expedientes médicos de 55 familiares de las víctimas.
De los estudiantes sobrevivientes, dice el documento, “son las víctimas no reconocidas en medio de una tragedia de enormes dimensiones” y presentan “daños graves a nivel psicosocial”.

Acude Guillermo del Toro a presentación del  documental sobre la desaparición de los 43

Al finalizar la proyección en el Festival de Cine de Guadalajara los asistentes contaron en voz alta cada número hasta llegar al de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala

Abril Valadez y Jonathan Hernández / Agencia Reforma

Guadalajara

Guillermo del Toro lanzó su nueva producción, el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).
Antes de la proyección, realizada ayer en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas, el director de La Forma del Agua subió al escenario junto con la productora Bertha Navarro y parte del equipo de realizadores del largometraje, sin emitir algún discurso.
Al iniciar la muestra, el director pasó a tomar lugar entre el público.
La película dirigida por Enrique García Meza, que fue vista por algunas personalidades como los actores Ofelia Medina y Damián Alcázar, presenta el caso Ayotzinapa con testimonios de familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en esta población guerrerense en 2014, y expone el proceso de justicia que enfrentan hasta hoy y el sufrimiento por la pérdida e incertidumbre.
Al culminar la proyección, mientras Del Toro salía de la sala, los asistentes se dedicaron a contar en voz alta hasta el 43.

Creará con Karla Castañeda película en stop motion

La realizadora de animación tapatía Karla Castañeda será producida por Guillermo Del Toro.
La historia, abundó la cineasta, será escrita por ambos y aún carece de un nombre definitivo, aunque confirma, será en español.
“Me dijo: ‘Siéntate. Te voy a contar algo, tu corto es un largo’. Abrimos el cuaderno y empezamos a hacer la estructura tal cual, los tres actos, a soltar cosas”, recuerda Castañeda sobre la reunión que sostuvo el sábado pasado con el cineasta ganador del Oscar.
“Él tenía un guión que se parecía mucho y empezamos a tener muchas cosas en común. Me dijo: ‘¿Qué te parece si coescribimos’”.
La temática del largometraje que crearán en la técnica stop motion tendrá como ejes la muerte, los ciclos de la vida, combinados con la influencia del realismo mágico y un poco de terror.
“Siempre tengo algo con la muerte, no sé por qué… mi tercer corto (que ahora será el largometraje que producirá al lado de Guillermo) era mi trilogía de la muerte, las coincidencias con Jacinta y La Noria es que la temática es la pérdida y el género fantástico.
“La primera frase que me dijo fue: ‘El nivel máximo de la amistad es perdonar el éxito’”, cuenta.
Con este tipo de acciones, Del Toro pone de manifiesto lo que expresó en las tres charlas que ofreció en esta ciudad, apoyar a la nueva generación de creadores, apostar por otro tipo de proyectos y géneros, así como descentralizar la producción de filmes en el país.
“Para mí es como un regalo infinito y de una gran humildad”, puntualiza Castañeda.