Los presidentes estatales del PRI, PRD y PAN se reunieron ayer como un primer acercamiento en torno a la posible alianza que se pueda generar para el proceso electoral 2023-2024. Acordaron revisar en qué municipios sería viable ir juntos a partir de la presencia de cada uno y de quienes busquen competir.
Ayer después de la sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, el presidente de este partido Alberto Catalán Bastida, se reunió con el dirigente priista Alejandro Bravo Abarca, y con el panista Eloy Salmerón Díaz.
En declaraciones telefónicas, Catalán Bastida comentó que la reunión fue para intercambiar opiniones respecto al anuncio que se dio el lunes pasado sobre el método de cómo se definirá la candidatura a la presidencia de la República y la posibilidad de que en Guerrero se replique la alianza.
Comentó que coincidieron que la alianza podría ayudar “a algunos proyectos a fortalecerse y a consolidarse, pero hay otros municipios consideran el caminar solo”, y que esos temas son los que van a discutir.
En esta primera reunión no se tomaron acuerdos más que seguirlos realizando y ampliar las propuestas con “posicionamientos más claros de los intereses políticos que pudiera tener algún partido en particular, de algunas figuras que estén pensando en participar, hacer un análisis más minucioso sobre las ventajas y desventajas de los tipos de coalición o de candidatura o alianza en la que pudiéramos ir”.
Informó también que en la sesión del PRD revisaron detalles de la actividad que realizarán el sábado en Chilpancingo, una asamblea estatal, en la que participarán todas las corrientes, “ya un poco con miras al proceso electoral, vamos a estar presentando una nueva imagen del PRD en la idea de posicionarnos frente a los demás partidos políticos”.
Catalán Bastida explicó que lo que pretenden es dar un mensaje de unidad, “en donde quede claro que en Guerrero hay un PRD fuerte, organizado, pero sobre todo que está caminando en unidad y que está generando acuerdos importantes”, respecto a las propuestas que presentarán en el proceso electoral 2023-2024.
Además se planteará en que el partido generará las mismas condiciones para todos los que decidan participar en este proceso electoral, “abriéndonos a la posibilidad de que se integren figuras de la sociedad civil”. El acto será en el salón Cuicalli.
El vocero de la Coordinadora Re-gional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que el sábado durante una reunión se acordó impugnar las reformas que apruebe el Congreso local sobre derechos indígenas, junto con sus 211 comunidades de influencia.
La Comisión de Justicia del Congreso local aprobó los dictámenes de reformas que serán llevados al pleno, relacionados con las candidaturas para integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en los que se descartan decenas de propuestas de la consulta a los pueblos que realizó el Instituto Electoral y de Particiapcion Ciudadana (IEPC).
Adelantó que todas las comunidades donde tiene presencia la CRAC, y que participaron en la consulta, van a denunciar que el Congreso descartó sus planteamientos. Uno fue que en los municipios con un porcentaje importante de indígenas, las candidaturas para la presidencia y las sindicatura sean asignadas a personas que hablen una lengua originaria y tengan el respaldo de sus comunidades.
Lo anterior, para evitar el uso de “relleno” de las personas indígenas, como en otro momento se aplicó a las mujeres para cubrir las cuotas de género, antes de la paridad horizontal y vertical.
“A los partidos no les convino el resultado de la consulta, y volvieron a cometer el mismo atropello contra los pueblos”, señaló Cabrera.
Abundó que en la asamblea que se realizó en San Luis Acatlán, las autoridades manifestaron su hartazgo de que los pueblos sean utilizados sin un verdadero reconocimiento. Asimismo, señalaron que la CRAC no debe ser utilizada en los discursos de los candidatos para ganar adeptos.
Por otro lado, informó que este viernes, representantes de las cinco casa de justicia se reunieron con el diputado de Morena, Masedonio Mendoza Basurto, para solicitar que presente una nueva iniciativa para reformar el artículo 14 constitucional, y la ley de Seguridad Pública, que toca al sistema de seguridad y justicia comunitario para restablecer el reconocimiento legal a la institución de los pueblos, que opera desde hace 28 años.
Aunque el diputado aceptó, precisó que aún va a hablar con sus compañeros de bancada para hacer una propuesta colectiva. Mientras tanto, subrayó que las comunidades se matendrán “en alerta de lo que pueda pasar”.
Sobre el acuerdo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de que a través del Ejecutivo estatal presentarían una iniciativa para restablecer el reconocimiento constitucional de la CRAC-PC, explicó que el IEPC respondió que no hay suficiente tiempo antes del inicio del proceso electoral al planteamiento de hacer una consulta que respalde el proyecto de la mandataria.
Sin embargo, el vocero precisó que la relación con el gobierno estatal sigue en buenos términos, a través del secretario de Gobierno, Marcial Ludwing Reynoso Núñez.
Señaló que acaba de concluir una capacitación técnica que se impartió a varios grupos de la CRAC, de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (Unipol), del 19 al 24 de junio. Van a solicitar capacitaciones a más grupos, dijo.
La asamblea libera a un ciudadano
También informó que la asamblea regional liberó a un ciudadano acusado de complicidad en un homicidio, después de la valoración del trabajo que realizó la comisión de investigación, sin elementos de que esta persona estuviera relacionada con el hecho delictivo.
Asimismo, indicó que el 8 de julio será la siguiente reunión regional de consejeros de las cinco casas.
Alberto Mogollón durante su intervención en la conferencia de prensa con otros integrantes de la comunidad LGTBQ en el Bar Oleaje en la zona de la Condesa de Acapulco Foto: Jesús Trigo
Jacob Morales Antonio
La agenda de la lucha de las personas LGBTQ no se limita a la de los matrimonios igualitarios. Aún falta la Ley de identidad para las personas trans, y la ejecución correcta de las acciones afirmativas para las minorías en los procesos electorales, indicó el activista Alberto Mogollón Serna.
En conferencia de prensa en el restaurante-bar Oleaje de Condesa, se anunció la décima cuarta “marcha histórica” LGBTQ que se desarrollará este sábado a las 5 de la tarde en la Costera, partiendo de Playa Dominguillo hacia Playas Quebec, en La Diana.
Mogollón Serna expresó que la marcha es de protesta y no para celebrar, porque en el estado hay 161 crímenes de personas homosexuales y trans que no han sido esclarecidos y tampoco hay detenidos.
“La Fiscalía del Estado no ha dado un informe específico de los 161 crímenes que han ocurrido del 2010 a la fecha, como Quetzalcóatl Leija Herrera, quien fue asesinado a pedradas” a un costado del Ayuntamiento de Chilpancingo, al igual que otro joven asesinado en San Marcos, y a quien le dejaron caer una lápida.
Reiteró que la Fiscalía no ha contestado un oficio que se le envió desde el año pasados, y demandó la creación de una fiscalía especial para investigar y que los asesinatos no queden en la impunidad, e incluso señaló que en la dependencia hay muchos trabajadores homosexuales que pueden estar en la fiscalía especial sin la necesidad de crecer la nómina.
También para recriminar la falta de políticas públicas del gobierno federal hacia el sector de las personas LGBTQ. Mogollón Serna dijo que la agenda del sector no solo es la de los matrimonios igualitarios que luego de una larga lucha por fin se pueden casar las parejas del mismo sexo en Guerrero.
“Estamos con el tema político electoral, de los derechos de las poblaciones LGBTQ, estamos impulsando una reforma electoral para que las acciones ganadas en el 2021, estén consideradas en el 24”.
Agregó que si bien la semana pasada se aprobaron las acciones afirmativas por los diputados locales, incurren en una discriminar y estigma contra las minorías, porque solo en el caso de los Ayuntamientos se consideró que las personas LGBTQ puedan estar en las primeras cuatro posiciones, pero en el caso de las diputaciones locales no, e incluso se podrían dar espacios a las personas de la comunidad en distritos no competitivos y solo para aparentar cumplir con las modificaciones.
Dijo que solo se consideró a las personas con discapacidad estar en las primeras cuatro posiciones, pero que esto debe de ser para todas las minorías.
Además dijo que en el Congreso aun falta la aprobación de la Ley de identidad de género, y que ya se han presentado propuestas por parte del sector para que no se presente una iniciativa “al vapor”.
El activista también pugnó por el apoyo a los deportistas LGBTQ a quienes no se les considera por el Instituto Estatal del Deporte, así como las mujeres trans indígenas como el caso de las amuzgas que venden prendas de telar de cintura.
En la rueda de prensa estuvieron el empresario y gerente del restaurante Oleaje Leonardo Rodríguez, las activistas trans Johana Rivera, y trasvesti, Karla Valeria, y en representación de las lesbianas Cinthya Juárez Valente.
Por unanimidad, el pleno del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el informe de la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia electoral, que será remitido al Congreso local para realizar reformas a la ley y establecer las reglas con las que se garantizará a estas poblaciones su participación en el proceso electoral 2023-2024
Entre las principales reformas se plantea que únicamente las asambleas comunitarias -y no alguna institución del Estado- pueden emitir las constancias de autoadscripción o vínculo comunitario, con la que los candidatos indígenas o afromexicanos podrán registrarse.
Además deberán acreditar su vínculo con la comunidad con su acta de nacimiento; y se plantea bajar del 40 al 30 por ciento de población indígena o afromexicana para determinar que se deben postular candidatos de estas poblaciones.
La consulta es para realizar las reformas a los artículos 13 Bis y 272 Bis de la ley 483 de Instituciones Procedimientos Electorales del estado, en la que participaron mil 135 autoridades de las comunidades, delegaciones y colonias.
En la sesión del Consejo General que se realizó de manera virtual, el presidente de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos del IEPC, Edmar León García, dijo que se consultó a 2 mil 532 comunidades en las que tuvieron intérpretes y traductores para cumplir con el principio de “culturalmente adecuada”.
Destacó también la participación en la etapa consultiva del 45 por ciento de las autoridades comunitarias convocadas.
De las 2 mil 532 autoridades comunitarias que participaron en las reuniones informativas solo 138, que son 13.2 por ciento fueron mujeres, 910 que representan el 86.8 por ciento fueron hombres.
Mientras que, en la fase consultiva, fueron convocadas 2 mil 532 autoridades y asistieron mil 135 que representan el 45 por ciento, de los cuales el 16 por ciento (182) fueron mujeres y el 84 por ciento (153) fueron hombres.
En este informe se apunta que en la para la fase previa se realizaron 29 reuniones, el mismo número para la fase informativa y 52 de la consultiva
Mientras que la consejera Dulce Villalobos Tlatempa confió en que los resultados que obtuvieron en esta consulta tengan finalmente “una materialización en la normativa que integrará la representación” de los pueblos consultados.
Los resultados
En el caso del artículo 13 Bis que se refiere a la postulación de candidaturas a diputaciones locales, se menciona en el informe que se está parcialmente de acuerdo con la iniciativa de reforma, pues se propone que en los ocho distritos electorales locales (de los 28 de Guerrero) identificados como indígenas, los partidos políticos registren y postulen de manera obligada a ciudadanos que se autoadscriban como indígenas” o, en su caso, se postulen en al menos seis distritos de manera obligada.
Se propuso que en el distrito 15 afromexicano, de manera obligada los partidos políticos registren y postulen candidaturas de ciudadanas o ciudadanos que se autoadscriban como afromexicanas.
Que las candidaturas indígenas y afromexicanas cumplan con la paridad; están de acuerdo en que se sigan usando los datos estadísticos INEGI, y que, por lo tanto, se actualicen los distritos catalogados como indígenas y afromexicanos, en función de los resultados de dicho censo.
Otra de las opiniones principales incluidas en este informe es que “se opinó que en la Ley debe establecerse la obligación de que se postulen personas indígenas, no a personas de origen indígena”.
Del artículo 272 Bis relacionado con las candidaturas a los ayuntamientos, se propuso que el porcentaje para determinar si en el municipio se deben registrar candidaturas indígenas o afromexicanas, sea requisito un porcentaje del 30 y no del 40 por ciento como actualmente se propone, y que “en su mayoría de registren y postulen ciudadanas y ciudadanos que se auto adscriban como indígenas”.
Se planteó que los cargos de presidencia, sindicatura y regidurías, se reserven la mitad indígenas, considerando la paridad de género, y “en menor medida” se solicitó la posibilidad que puedan reservarse más del 50 por ciento de cargos para los pueblos y comunidades indígenas.
En Juchitán y Azoyú, donde existe población indígena, se pueda tener un registro o espacios para ambas poblaciones, sin que se afecte el derecho de representación que tiene cada pueblo.
Respecto al vinculo comunitario y autoadscripción calificada en la consulta se opinó que quienes deben expedir la constancia para acreditar a una candidata o candidato como indígena o afromexicano, sea expedida por las autoridades comunitarias: comisarías, delegaciones o colonias, así como autoridades tradicionales de la comunidad de donde se adscriba la o el candidato.
También que ni el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ni la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA) o alguna otra institución, tienen la facultad para expedir constancias de auto adscripción o vínculo comunitario, por lo que estas constancias no pueden ser utilizadas para el registro de candidatos.
Las constancias emitidas por las autoridades comunitarias deberán tener la validación o aprobación de la asamblea, “para evitar que pueda darse una constancia a quienes no cumplan con los requisitos internos de la comunidad: haber prestado servicio comunitario, ocupado cargos civiles, agrarios o tradicionales, trabajo colectivo en beneficio de la comunidad o participar en diversos comités y comisiones que existen en las comunidades indígenas y afromexicanas”.
Y que preferentemente la candidata o candidato que se postule como indígena, hable la lengua de su comunidad, además del español; que el IEPC revise las documentales o pruebas que se presenten para acreditación del vínculo comunitario o, en su caso, se realice alguna verificación de la expedición de la constancia por la autoridad que suscribe.
En el caso de las mujeres, priorizar los cargos tradicionales u otros en los que participen en sus comunidades de origen, debido a que la mayoría no realiza servicios comunitarios o de ser el caso, “se cuenta al hombre como cabeza de familia”.
También debe solicitar acta de nacimiento, constancia expedida por autoridades comunitarias y avalada por la asamblea, para que se acredite la pertenencia de la candidata o candidato a la comunidad indígena o afro, asimismo, que la persona viva en una comunidad de ese origen.
La presidenta del IEPC Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, durante el Encuentro Nacional de Educación Civica, en Acapulco Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Fabiola Matildes Gama, informó que realizaron consultas en 49 municipios sobre la iniciativa de reforma a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
También a las reglas de postulación y registro de candidaturas para el Proceso Electoral 2023-2024.
Dijo que dicha consulta se está aplicando en los municipios con población afromexicana e indígena, para la elección de candidatos en esas comunidades.
Aseguró que han obtenido buena respuesta y apoyo de algunos ayuntamientos y el 40 por ciento de comunidades indígenas y afromexicanas, así como de organizaciones civiles.
Añadió que para la consulta están yendo con autoridades comunitarias y de los pueblos afros porque “el ordenamiento en que se basan estas consultas es la Constitución”.
En declaraciones en un receso del XIV Encuentro Nacional de Educación Cívica, que se llevó a cabo en el hotel Emporio, la consejera dijo que esos municipios tienen el 40 por ciento en población indígena o igual porcentaje en afromexicana. Indicó que en Acapulco el próximo domingo pondrán un módulo en el Zócalo para la consulta y que es a petición de algunas asociaciones de la sociedad civil, porque el puerto tiene una importante cantidad de personas afrodescendientes e indígenas.
“Si bien Acapulco no tiene más del 40 por ciento de población afromexicana, si tiene por ejemplo más afros que Cuajinicuilapa, entonces nos lo han pedido las organizaciones”.
La consejera Azucena Cayetano, integrante de la Comisión de sistemas normativos, “propuso que instaláramos módulos en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Taxco”.
Matildes Gama convocó a la población afrodescendiente e indígena de Acapulco paara acudir al módulo y se les explique de qué se trata la consulta, se le entregue un cuadernillo y viertan su opinión sobre estas dos normativas, que son la ley y los lineamientos.
La consejera dijo que la situación con Acapulco es que tiene más de un millón de habitantes, aunque el 40 por ciento no es afromexicana.
Agregó que el INEGI ha dicho cuánta población se tiene en cada municipio y Acapulco no alcanza ese porcentaje, pero hay mucha población, por lo que se está abriendo la consulta.
Pidió a la población de dichos sectores acudir el domingo al Zócalo.
Resaltó que los trabajadores del IEPC se han desplazado por todo el estado para llevar a cabo estas consultas.
La consejera dijo que están trabajado con pocos recursos económicos y que se tuvo que recortar algunos proyectos para poder hacer las consultas y ya cuando terminen le dirán al Congreso cuánto costaron.
Recordó que esa consulta es un trabajo que se hace con el Congreso del estado y el propósito es que la ciudadanía opine de las modificaciones en la ley en materia electoral que están establecidas 483.
Señaló que eso dos temas se tienen que consultar a estos pueblos y señaló que la Corte le ordenó al Congreso esas consultas, mientras que al IEPC se los demandó la sala regional del Tribunal Electoral.
Integrantes de colectivos Lésbicos, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual, protestan durante la sesión del pleno del Congreso local en demanda de un parlamento de este sector Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó con 33 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones, la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público a quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra mujeres, o sean deudores alimentarios. En la Ley 3 de 3, con Guerrero suman 18 estados que avalaron esas modificaciones.
Al pleno se presentó el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos en el que se señala que la intención es evitar el empoderamiento de las personas que ejercen violencia en contra de otras, y se recordó que la violencia contra las mujeres está presente en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos, por lo que se debe evitar que los agresores se constituyan en servidores públicos y autoridades con responsabilidades políticas y legales.
Por el grupo parlamentario del PRD, la diputada Patricia Doroteo Calderón fundamentó el voto a favor de los diputados perredistas. Dijo que estas reformas no son una ocurrencia ni una determinación a ultranza, al fijar en tribuna la postura perredista.
Al razonar el voto a favor de su grupo, expuso que la violencia de género, “incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar no son “casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”.
Pidió no anteponer intereses partidistas ante la defensa de los derechos y que a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), “se convoque a todas las fuerzas políticas que integramos esta legislatura para que se realicen las reformas que sean necesarias a nuestro marco legal y electoral, cumpliendo los plazos que nos permitan hacer las modificaciones y reformas”.
En el dictamen se plantea que “se trata de que los servidores públicos, en razón de las funciones que llevan a cabo, sean ejemplo para la sociedad y comprueben la idoneidad para desempeñar su labor, ya que el servicio público implica ofrecer un trato digno y respetuoso a todos los usuarios y tiene una connotación profundamente humana, pero también ética”.
Y que toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual de las personas, los derechos político-electorales de las mujeres, y el derecho a los alimentos de los menores.
Reforma a Ley de Acuicultura y pesca
El Pleno del Congreso también aprobó por unanimidad un dictamen de reforma a la Ley de Acuicultura y Pesca Sustentable del Estado de Guerrero para impulsar esta actividad productiva de forma responsable con el medio ambiente, dirigiendo mayores recursos a pescadores y asegurando la inclusión de las mujeres y los grupos vulnerables.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón dijo que la iniciativa tiene la motivación de hacer que cientos de pescadores accedan a una mejor calidad de vida y, asegurar la autosuficiencia alimentaria del estado.
Se aprobó un exhorto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que indemnicen o, en su caso, tomen acciones en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2021 en la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna de Acapulco.
También una reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para incorporar la Unidad de Evaluación y Control (UEC), como un órgano de apoyo técnico especializado de la comisión legislativa de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, cuya encomienda será vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de la institución fiscalizadora.
Es decir que la Comisión legislativa tendrá un órgano de apoyo técnico que vigilará el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) el cual es precisamente el órgano técnico fiscalizador del Poder Legislativo.
Legislar gobiernos de coalición
En la sesión el diputado Ricardo Astudillo Calvo (PRI) presentó iniciativas de adición a la Constitución Política del Estado y a la Ley del Gobierno de Coalición del Estado para que se contemple la figura de los gobiernos de coalición, como un mecanismo que genere mayor gobernabilidad en la entidad.
La petista presidenta de la Comisión de Derechos Humanos presentó iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado para incluir el principio de paridad y el lenguaje incluyente y no sexista en la redacción de este ordenamiento, que permita integrar a mujeres y hombres como sujetos de derechos y visibilizar a unos y otros en igualdad de circunstancias.
De Morena el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos para incentivar el aprovechamiento de residuos producidos por la industria, implementando la cultura del reciclaje, que mitigue las afectaciones al medio ambiente.
La diputada perredista Jennyfer García Lucena (PRD) propuso un punto de acuerdo para crear el Parlamento Incluyente de Personas de la Diversidad Sexual del Estado de Guerrero, que organizará el Congreso del Estado a través de la Comisión de Participación Ciudadana, en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral, la Comisión de los Derechos Humanos y las secretarías de Educación y de la Juventud y la Niñez, propuesta que fue turnada a la Junta de Coordinación Política.
Mientras la diputada presentaba la propuesta, integrantes de colectivos Lésbicos, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual y más (LGBTI+) protestaron durante la sesión del pleno del Congreso local en demanda de un parlamento de este sector.
Los activistas estuvieron en el salón de plenos, en el área de galerías con pancartas en las que demandan que se realice el parlamento, tal como se realiza uno infantil, el juvenil, el de mujeres y de pueblos originarios organizados todos por el Poder Legislativo una vez al año.
Festejan cumpleaños a morenista
La sesión se interrumpió por casi una hora porque la mayoría de los diputados principalmente de Morena acudieron a la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu a festejar el cumpleaños de la diputada de ese partido Jessica Alejo Rayo. La presidenta de la Mesa Directiva sólo informó al pleno que se declaraba un receso de media hora que finalmente fue de unos 50 minutos.
Después la sesión continuó, pero al final ya en el último punto del orden del día que era una intervención del perredista Ociel García Trujillo, este pidió que se realizará un pase de lista para confirmar que existiera quórum, pero solo estuvieron presentes 16 de los 46 diputados locales por lo que la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez informó que la sesión “se declara concluida”.
En la mesa de trabajo Acciones Afirmativas para la participación política de la comunidad LGBTTTIQ+, activistas demandaron tener representaciones en los partidos políticos, así como en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y que se transparente la asignación de candidaturas en la acción positiva que beneficia al sector.
Esto, porque en la elección pasada, 2020-2021, los nombres de quienes recibieron las candidaturas determinadas para la comunidad LGTBTTIQ, fueron ocultados por el IEPC, por lineamiento.
La presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, organizadora de la actividad, informó que este es el segundo encuentro con la comunidad de la diversidad sexual; el año pasado fue un conversatorio.
Esta vez, indicó que se integraron mesas de trabajo con dos preguntas generadoras sobre cuáles son los retos, y qué es lo que requieren para que las candidatas y candidatos puedan ser representantes de la comunidad.
Destacó que, como hizo el proceso electoral pasado, el IEPC va a refrendar o mejorar los lineamientos para las candidaturas a puestos de elección popular, con las opiniones que reciban en las mesas de trabajo.
Sin embargo, dijo también esperan que el Congreso local apruebe o modifique la Ley electoral para garantizar el acceso de las personas de la comunidad a las candidaturas.
De los plazos para que el Congreso local legisle la ley que va a regir las elecciones locales de 2024, aclaró que dependerá de la resolución de la Corte a las reformas de las leyes secundarias electorales federales, conocidas como Plan B.
“Si la Corte ratifica el Plan B, el proceso electoral de los estados este año comenzará en noviembre. Si no la ratifica, empezará en septiembre. (En el segundo escenario) quiere decir que el congreso tiene hasta el 2 de julio (menos de dos meses) para hacer las reformas en la materia”.
Acudieron a la instalación de la mesa de trabajo, el diputado suplente Héctor Fernando Agüero García, la diputada Jennifer García Lucena, el regidor de Chilpancingo, Samir Ávila Bonilla, la subsecretaria de Programación de Participación de la Mujer del Estado de Guerrero, Arbelia Arteaga Arteaga, y la directora de Estudios Legislativos de la Secretaria de Mujer Elvira Susano Aranda.
De acuerdo con los organizadores participaron 38 personas, en cinco equipos de trabajo presenciales y uno virtual, entre estos, representantes de colectivos Orgullo LGBT Guerrero, Agentes por la paz, Orgullo Trans Guerrero, Diversidad sin límites, Fundación Cogay Guerrero AC y Empoderamiento LGBT.
Las integrantes de la organización Vamos por la Inclusión, Eudoxia Moctezuma Gutiérrez y María Eugenia Salgado Bernal en la entrevista para El Sur en un restaurante Vips Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
Impulsoras de la iniciativa para que los adultos mayores de 65 años tengan participación para ocupar espacios en el Congreso local y regidurías, pidieron a los diputados respaldar esa iniciativa que fue presentada hace quince días de manera conjunta por los diputados de Morena, Jessica Lisbeth Alejo Rayo y Alfredo Sánchez Esquivel.
En declaraciones a El Sur, las impulsoras María Eugenia Salgado Bernal y la integrante de la asociación civil Vamos por la Inclusión, Eudoxia Moctezuma Gutiérrez, manifestaron que ese proyecto busca la inclusión de los adultos en las diversas actividades económicas sociales y políticas del estado y México.
Salgado Bernal, quien trabaja también con Sánchez Esquivel, dijo que plantearon esa reforma al diputado sobre la creación de una iniciativa en donde se tomarán en cuenta a los adultos mayores para la postulación a diputaciones y regidurías. Añadió que el diputado vio con buenos ojos el tema e invitó a la diputada y presidenta de la comisión para la Atención de Adultos Mayores, Jessica Lisbeth Alejo Rayo, quienes manifestaron que no bastaba con que fueran postulados por los partidos políticos, sino que se tenía que agregar que tenía que estar entre los cinco primeros espacios para que pudieran llegar.
“Es una iniciativa de reforma con proyecto de decreto para adicionar dos artículos a la Ley 483 de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Guerrero” con el objetivo de que los partidos postules a personas mayores de 65 años a cargos y que se cuide la equidad de género, que sean personas que realmente pertenezcan al sector y “sean actores dentro de las gestiones para los beneficios para los adultos mayores, igual las regidurías”.
Subrayó que los adultos mayores representan un poco más del 14 por ciento de la población del estado, “desgraciadamente nuestros adultos mayores están dentro del sector vulnerable porque eso de la ideología de que ya dieron lo que tenían que dar, que deben estar en casa, cuidando a los nietos, eso ha hecho que nuestros adultos tengan miedo a reclamar sus derechos, pero es un sector importante por la experiencia, la sabiduría que traen, pero de repente los hemos invisilizado”.
Indicó que así como se ha empoderado a la mujer, a los pueblos originarios indígenas, a las personas con discapacidad y de diversidad sexual, “cuando veamos a los adultos en esos curules, en las tribunas vamos a rescatar ese carácter, esa fuerza que tenían nuestros adultos mayores”.
En su intervención, la maestra de secundaria jubilada y quien lucha por los derchos de los adultos mayores, Eudoxia Moctezuma, indicó que la iniciativa es el resultado de las necesidades que se palpan dentro de los colectivos de adultos mayores, de las necesidades, aspiraciones y desprotección.
Indicó que es el sustento de donde parte la iniciativa porque como adultos mayores todavía tienen mucho que dar, “considerando que la mayoría de los adultos tienen una preparación académica relevante, que ya participó en el proceso de desarrollo de la comunidad, pero que tiene mucha experiencia”.
Indicó que además una buena cantidad de funcionarios públicos y representantes populares, posicionada en las instancias de dirección son adultos, pero “no han llegado ahí por un derecho, por una vía a la que puedan acceder cualquier otro si no acceden selectivamente porque son amigos, familiares y lo que nosotros queremos es crear el espacio para que cualquier adulto mayor tenga derecho a participar, tenga derecho a aspirar y participar en estos procesos”.
Dijo que confía en que los diputados harán suya la propuesta que es “legítima, necesaria”.
El ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, favorecerá de manera directa con candidaturas a sus más cercanos, esto con miras a las elecciones de 2024.
“Está muy cantado que el actual presidente del PRI va a favorecer a sus incondicionales, no a los que tengan más peso político o más fuerza política, sino a sus incondicionales. Sería muy grave que en un momento como el que vive el PRI, el PRI se convierta solamente en un partido de incondicionales y a la militancia la manden a competir sin darle otra cosa más que el ánimo del que es candidato o candidata”, dijo a El Sur.
Este miércoles 26 de marzo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), aprobó la procedencia legal de las reformas de los estatutos del PRI, con lo que Moreno Cárdenas se mantendrá como dirigente del partido hasta 2024, cuando debió irse en agosto.
Ante dicha situación, Astudillo Flores reconoció que existe la posibilidad de un quiebre a nivel nacional por parte de la militancia provocado por Alejandro Moreno, además de asegurar que no plantea tener una candidatura para algún cargo público en 2024.
“En lo personal a mí no me mueve el que piensen de mí en darme una candidatura, porque ni lo he planteado ni lo pienso plantear, ni estoy en eso. Yo lo que creo es que a lo que nos vamos acercando, independientemente del desencanto que hay hoy, o el desánimo que hay de ver con respeto al líder de un partido en el que tu militas, o en el que tienes mucho tiempo militando, a lo que nos vamos acercando es que cuando vengan los repartos, va a haber un quiebre, va a ser un quiebre nacional”.
Tras su participación en el Foro Plural de Ex gobernadores, Astudillo afirmó que la opinión pública sobre Moreno no es mala, sino que es “pésima”, además de que la imagen del dirigente no es aceptable y no cuenta con atributos políticos positivos.
“Más allá de su personalidad, yo creo que su termino debería de concluir en agosto, en todas las organizaciones democráticas del mundo los relevos son normales. Uno debe entender hasta cuando estás ahí y hasta cuando te debes ir. Por su puesto que no hay voluntad para irse, hay interés para apropiarse de las decisiones o tener la fuerza para tomar las decisiones que van a venir para 2024, por supuesto que muchos que lo rodean están interesados en eso”.
El ex gobernador reconoció que el fallo otorgado por el Tribunal Electoral era algo que ya tenía previsto y que no afectó a intereses de dirigentes tanto de Morena como del PRI, agregando las posiciones encontradas entre el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal, fueron debido a una negociación.
“Se da en el marco de una negociación, una negociación muy clara, de las élites de los partidos políticos con el propio Tribunal. Es muy significativo ver cómo cambian la opinión de un consejero del INE que dice que no se encuentra justificación para hacer la reforma, y ver la posición de un magistrado del Tribunal electoral donde dice que debemos darle y permitirle la autodeterminación a los partidos políticos para conducirse y para regirse internamente”.
Agregó que existe una crisis en las dirigencias nacionales de los partidos políticos, además de que la ampliación de mandato se dio en un momento coyuntural cuando se buscaba reducir las atribuciones del Tribunal Electoral.
“Esta ligado a en el momento que los dirigentes de los partidos políticos se dieron cuenta que la reforma para afectar las facultades del Tribunal Federal no tenía simpatía social en el país, decidieron no llevarla, pero por supuesto que hubo un intercambio: ‘yo no me meto contigo en la reforma y tu no te metas conmigo en mis tiempos de dirigencias nacionales’, eso es lo que pasó”.
El ex gobernador dijo encontrarse convencido de que en el país hay gente que comparte la idea que tiene, además de que puede darse una división dentro del partido por el actuar de Moreno, situación que aseguró no esperar y que no será motivo para dividir al PRI.
“Yo ya hice lo que tenía que hacer, me quedo tranquilo conmigo mismo porque hice lo que tenía que hacer, levantar la voz y si tuviese que volver a hacerlo, lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque yo cumplo con mi conciencia, cumplo con mi convicción, con mi compromiso como elemento formado en el PRI. No actué por mi interés o no actué porque voy a ganarme algo. Si hubiera querido ganarme algo lo más fácil era no decir nada y congraciarme con el dirigente nacional.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el Congreso del local y el gobierno estatal instalaron el comité técnico y el órgano garante para la consulta 2023 a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, donde se preguntará a pobladores de 49 municipios cómo quieren que sea el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, así como los lineamientos para dichos registros en el próximo proceso electoral 2023-2024.
Ayer, mediante una transmisión en redes sociales, desde las páginas del IEPC Guerrero se dio a conocer la instalación del comité técnico y el órgano garante para la consulta 2023 a pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en materia electoral.
La consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, dijo que daban inicio de los trabajos de la consulta previa, libre e informada respecto a las normas sustantivas para el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, así como de los lineamientos para el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos del proceso electoral del próximo 2023-2024, que deberán de observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes.
Comentó que la consulta se deriva de los mandatos de los tribunales de la Corte y la Sala Regional de la Ciudad de México, quienes ordenaron realizar diversas actividades para diseñar y elaborar una consulta que garanticen el registro de postulación de candidaturas indígenas y afromexicanos.
El consejero electoral y presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Internos del IEPC, Edmar León García, manifestó que la importancia de la consulta que se hará en 49 municipios es generar una comunicación lineal y directa con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de Guerrero.
Aseguró que se hará la consulta con perspectiva intercultural, perspectiva de género y perspectiva interseccional, por lo que pidió a los habitantes de los 49 municipios a participar en ella, además, destacó que es la sexta consulta que organiza el IEPC.
La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, comentó que para el gobierno del estado es importante la consulta para garantizar a las comunidades su libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaitán, afirmó que estarán vigilando el cumplimiento de la ley durante todo el proceso de la consulta.
La secretaria para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos del estado, Reyna Mejía Morales, indicó que Guerrero sustenta su identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural en sus pueblos indígenas, particularmente con las naciones Ñuu Ssavi, Me’phaa, Nahual y Ñoomda.
Aseguró que los pueblos orignarios y afroamericanos deben ejercer su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular.
Mencionó que aun en raras ocasiones en algunos pueblos, sigue pregonando el machismo, y se le prohíbe a las mujeres a que voten, por lo que llamó a “poco a poco ir sensibilizando a nuestra gente indígena”.
El delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, dijo que se sumará para vigilar y acompañar el proceso “histórico e importante”, y precisó que facilitará algunos traductores e intérpretes para que todos los hombres y las mujeres de los 49 municipios entiendan y comprenda el proceso de la consulta.
En representación de la Secretaría de la Mujer, la procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Yuridia Melchor Sánchez, enfatizó que buscan contribuir a fortalecer la participación política de las mujeres indígenas, pues en otros procesos se enfrentan a una desventaja e incluso a una triple discriminación, y en consecuencia su participación termina siendo muy limitada en las comunidades.
La consejera electoral del IEPC, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, añadió que está abierta la convocatoria para participar en las actividades de observación electoral de este proceso, e invitó a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a participar, para ello, se podrán registrar hasta el 21 de abril en la página de internet www.ipcgro.mx.
Sostuvo que el Comité Técnico y el órgano garante de la consulta acompañarán el cumplimiento de todas las etapas del proceso consultivo, para garantizar que los pueblos indígenas y afroamericanos ejerzan su derecho a una consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Detalló que el Comité Técnico quedó conformado por el INPI, la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, la Secretaría de la Mujer del estado, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado; mientras que el órgano garante queda representado por la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, y tendrán una vigencia a partir de ayer hasta que se den por concluidos los trabajos de la consulta y se declaren aprobados los informes.
En la instalación, que se hizo de forma virtual, también estuvieron las consejeras electorales, Vicenta Molina Revueltas, Azucena Cayetano Solano, Dulce Merary Villalobos Tlatempa, y el consejero Amadeo Guerrero Onofre; el secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz; los representantes de los partidos políticos acreditados; la diputada por Morena, Marben de la Cruz Santiago; y en representación de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, el secretario técnico de la Jucopo, Arturo Pacheco Bedolla.
