Se acusan de la violencia y de sembrar enervantes contrarios de Chautla y Palantla

Los 14 detenidos la mañana del sábado en San Jerónimo Palantla. Fueron arrestados por integrantes de la Policía Comunitaria perteneciente a la Casa de Justicia de la CRAC de Espino Blanco, Malinaltepec, que además asesinaron de un balazo a un comunitario de Chautla en Xochitempa .Foto: El Sur

Viejas rivalidades por conflictos de tierra y cultivo de amapola y mariguana, según las acusaciones que se hacen ambas partes, son el origen de recurrentes enfrentamientos entre habitantes de San Jerónimo Palantla y Rincón de Chautla, municipio de Chilapa y que la noche del viernes y la mañana del sábado derivó en 13 detenidos (de acuerdo con los primeros informes fueron 14, y en las fotos de los arrestados aparecen 14 hombres y en la lista hay 14 nombres), en la primera comunidad y un comunitario del mismo grupo asesinado en Xochitempa.
La confrontación que anteriormente era entre civiles, actualmente se da entre autollamados policías comunitarios: los de Rincón de Chautla agrupados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) que encabeza Cirino Plácido Valerio, y la recién creada Policía Comunitaria de la CRAC de San Jerónimo Palantla, que solicitó su reconocimiento a la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, que promueve el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro.
Los dirigentes de ambos grupos se acusan mutuamente de ser los responsables de la violencia, de la siembra de amapola y de pertenecer al grupo criminal Los Rojos que opera en el municipio de Chilapa.
El dirigente del FDP, Torres Fierro, informó que la PC de Palantla se conformó hace dos meses, pero que apenas el sábado hizo su presentación pública y realizó la primera acción con la detención de 13 personas de esa localidad que habían venido cometiendo delitos.
Torres Fierro aseguró que los policías comunitarios tienen el reconocimiento de la casa de justicia de Espino Blanco, y que los aprobó el pueblo, mientras que los otros policías comunitarios que operaban San Jerónimo Palantla (de la CRAC-PC-PF), no eran reconocidos por el pueblo ni por el comisario municipal, y que se impusieron por medio de las armas, incluso, dijo, “mataron a varios compañeros”.
Dijo que por eso los habitantes decidieron organizarse para hacer respetar sus derechos, porque el gobierno supo de los asesinatos, de los secuestros, de las violaciones y asaltos que se venían cometiendo, porque fueron denunciados, “y nunca hicieron justicia”. Añadió que por eso, los agredidos se sintieron obligados a organizarse en otra Policía Comunitaria, “ante la negligencia y la incapacidad de los gobiernos estatal y federal, para resolver esos problemas”.
Informó que se integró un grupo de 20 policías comunitarios que fueron nombrados por el pueblo y registrados por la Casa de Justicia de Espino Blanco y que usan sus armas con base a la Ley 701.
Explicó que fueron estos 20 integrantes de esta nueva Policía Comunitaria de Palantla los que la noche del viernes y la mañana del sábado, con el apoyo de policías comunitarios que vinieron de comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, detuvieron a 13 hombres que se decían policías comunitarios pero que venían cometiendo diversos delitos en contra de la gente de su mismo pueblo.
El dirigente del FDP detalló que en la acción participaron unos 80 policías comunitarios; 60 que vinieron de las comunidades de Pochutla, Olinalá, Tlatlauquitepec y algunos de Ahuacuotzingo, que aún no están reconocidos pero que ya se están organizados, más los 20 que recientemente se integraron en Palantla.
Pero Torres Fierro aseguró que no tiene conocimiento de que durante las detenciones hayan matado a nadie, como informó el otro grupo y el gobierno del estado, que confirmaron el deceso de Florencio Morales Salgado en la comunidad de Xochitempa. “No sé qué haya pasado allí, yo no puedo reconocerlo ni negarlo, simplemente no lo vi”, expresó.
Sin embargo agregó que ahora que ya están agrupados en la Policía Comunitaria los de San Jerónimo Palantla “van a enfrentar lo que venga, porque les asiste la razón”.
Aseguró que los detenidos traían “azorrillados”, desde hace mucho tiempo, a los habitantes de San Jerónimo Palantla, y que aunque se decían policías comunitarios, “nosotros decimos que son sicarios al servicio de la maña y que se han dedicado al narcotráfico”, declaró Torres Fierro, quien manifestó que “posiblemente” estén al servicio del grupo criminal Los Rojos.
Explicó que incluso por eso la mayoría del pueblo tomó la decisión de no incluirse a ese grupo de policías comunitarios “porque allí se manejaba droga, tenían todos ellos sembradíos de mariguana, los comandantes eran los que tenían más y los policías tenían menos, pero todos tenían sembradíos”, aseguró.
Añadió que el grupo de gente que se decía policías comunitarios no fue aceptado y sí rechazado por el pueblo y que fue la causa de que comenzaron a golpear a la gente, “primero al anterior comisario Alfonso Orgín Castro, a quien golpearon, amarraron y se los llevaron secuestrado”.
Añadió que el año pasado mataron también el hijo de éste y el 8 de abril a un auxiliar del comisario actual Fransico Chautla Zizinteco. Detalló que la víctima apenas había sido nombrado policía comunitario. Recordó que en esa acción también mataron a una mujer embarazada de tres meses.
“Estos hechos se denunciaron ante las autoridades, y les pedimos justicia para todos nuestros compañeros, que se hiciera una investigación, que se detuviera a los asesinos de todas estas personas, y el gobierno no hizo caso”.
Explicó que, entonces, los habitantes tomaron el acuerdo de hacer algo para que esa violencia no siguiera adelante, “determinaron no seguir aceptando esta situación y dijeron que si el gobierno no los detiene, y cuando los detenía luego los liberaba, lo que significaba una burla, decidieron conformar su Policía Comunitaria para detenerlos ellos mismos”.
Explicó que primero buscaron el reconocimiento de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán pero que les pusieron muchos obstáculos, después acudieron a Espino Blanco “y ellos dijeron que sí los aceptaban, todas las cosas las hicimos legalmente y el gobernador Héctor Astudillo y el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, conocen el proceso, estuvieron enterados del problema y le planteamos que queríamos justicia, pero nunca hicieron nada por detenerlos”.
Torres Fierro confirmó que los 13 detenidos fueron trasladados a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
–¿Existe la posibilidad de que los dos grupos estén siendo utilizados por el crimen organizado, y sea la causa de los enfrentamientos? –se le preguntó a Torres Fierro.
–Eso se pudiera dar, pero yo les he dicho a los compañeros que yo no me voy a meter en esa bronca y que el compa que ande de ese lado, yo lo voy a entregar. Ellos dijeron que no están metidos en esos problemas, y es más, pidieron que se destruyan todos los sembradíos de mariguana que hay en el pueblo.

Conflictos agrarios, siembra y venta de amapola y además el FDP: Cirino Plácido

El representante de la CRAC-PC-PF, Cirino Plácido Valerio, declaró que el origen de la violencia interna en San Jerónimo Palantla es por conflictos de tierra, siembra y venta de amapola, y por el “abuso del fuerte contra el débil” y acusó que en esto tiene mucho que ver el Frente de Defensa Popular (FDP).
Explicó que lo que pasó el viernes y el sábado fue un “acto de provocación” de la gente del FDP con el apoyo de comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Acusó a esa Casa de Justicia de la CRAC de no haber sido “muy prudentes” al autorizar la incursión de cuatro camionetas con comunitarios, aunque sabían que había comunitarios allí (los de la CRAC-PC-PF) y que debieron haber pedido información antes de proceder.
Denunció que los que vinieron de Espino Blanco a respaldar a la gente de San Jerónimo Palantla no actuaron como policías sino como delincuentes, “ejecutaron a un policía comunitario desarmado”, dijo en referencia a Florencio Morales Salgado en  la comunidad de Xochitempa.
“En el sistema comunitario se detiene a la gente, no se le asesina y así no actuaron como policías comunitarios, sino como verdaderos asesinos”, acusó.
Criticó que estas acciones y errores que se vienen cometiendo desde el 2010 en la Policía Comunitaria, “deja muy mal parado al sistema comunitario”.
Dijo que ese tipo de grupos que se dicen comunitarios “están haciendo exactamente lo que quiere el gobierno, porque sólo a él le conviene ese tipo de acciones”.
Añadió que si actuaron porque dicen que el grupo de comunitarios de la CRAC-PC-PF (que él encabeza) están metidos en la mafia, que lo demuestren, “nosotros queremos pruebas, si demuestran que alguno de ellos está metido en la mafia, lo detenemos y lo reeducamos, porque quien se mete a la delincuencia siendo comunitario es un traidor”.
Plácido Valerio explicó que en San Jerónimo Palantla todos los comisariados que han pasado, entre ellos Antonio Bolaños y los dirigentes que lo apoyan, han abusado de su propia gente, “ha habido despojo de tierras, pero también tiene que ver la siembra y la venta de amapola, eso fue lo que dividió y confrontó a los compañeros”, dijo Cirino Plácido.
Informó que cuando se creó la CRAC-PC-PF en Rincón de Chautla, un grupo de San Jerónimo Palantla se adhirió a la agrupación y que esta división detonó el 9 de febrero del 2015 cuando el entonces comisario Alfonso Orgín Calvario, “que pertenece a Los Rojos” (dijo), preparó una emboscada a la Policía Comunitaria y detuvieron al consejero Isaac Xochitempa Chautla, a quien pretendieron quemar vivo por el simple hecho de formar parte de la Policía Comunitaria.
Recordó que a Xochitempa Chautla, finalmente lo mataron el 24 de noviembre cerca de Atzacoaloya, en donde  hubo cinco muertos.
Y luego se preguntó: ¿por qué odian tanto a la Policía Comunitaria?, después aseguró que ese odio es por la siembra de amapola.
Recordó que incluso, cuando la Policía Comunitaria fue emboscada en San Jerónimo Palantla el 9 de febrero y logró detener a varios de los agresores, a él le tocó tomar la declaración a Antonio Bolaños, uno de los dirigentes del otro grupo, ex comisario municipal y ex presidente del comisariado de Bienes Comunales.
“Le llamé la atención y él reconoció que estaba equivocado, le dije que no sólo eso, sino que estaba llevando a su pueblo por un camino equivocado, sembrando odio y confrontación, en vez de promover el diálogo”.
Cirino Plácido contó que le preguntó quiénes eran los responsables de promover esa división, “y él me respondió que pertenecía a Los Rojos y el entonces comisario municipal, Alfonso Orgín Calvario, también pertenecía a Los Rojos, entonces nos dejaron claro que ellos se coordinaban con el líder de la plaza en Chilapa, Zenén Nava, y que el plan era justificar una represión contra la Comunitaria para desarticularla”.
Recordó que a pesar del encono entre los dos grupos, en marzo pasado las autoridades les impusieron un acta conciliatoria, pero que después se vino otra emboscada contra consejeros y que promovieron 52 órdenes de aprehensión, de las cuales ocho se ejecutaron, pero siete de los detenidos ya fueron liberados y uno sigue detenido, “y sigue la persecución de la Fiscalía, el Estado y de estos grupos”, dijo en referencia a la nueva agrupación de comunitarios.
Mientras tanto, el coordinador de la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán de la CRAC, Hipólito Moso Emiliano, con la que se coordina la Casa de Justicia de Espino Blanco, de plano se deslindó del conflicto, consultado por teléfono dijo que desconocía el caso, que quienes tendrían que responder eran los coordinadores de esa casa.

No entrega la Cdi la planeación para reubicar a vecinos de Majada de Toro, Chilapa, denuncian

Pobladores de la comunidad de San Marcos Majada de Toro, municipio de Chilapa, denunciaron que sigue sin comenzar la construcción de las 217 viviendas que hacen falta en la comunidad de Xicaixtlahuac, donde serán reubicados, debido a que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) no ha entregado la inclusión de las plataformas donde serán construidas las casas restantes.
Vía telefónica, el representante de la comunidad, Pedro Reynoso, recordó que el Ayuntamiento de Chilapa entregó la planeación estratégica para la ubicación de las casas para los vecinos de las comunidades de San Marcos Majada de Toro y Tierra Blanca, además de la colonia 3 de Mayo, en Chilapa.
Pero se quejó de que permanece parada la obra en la comunidad debido a que la Cdi no ha entregado la planeación de las plataformas donde serán construidas las casas.
Expuso que hay una gran inconformidad entre los damnificados, pues ante el inicio de la temporada de lluvias es probable que ocurran lo mismos problemas de hace tres años, cuando cientos de pobladores resultaron afectados por las contingencias de 2013.
“No entendemos qué es lo que pasa, supuestamente ya se tendría que haber comenzado la construcción, pero (la) Cdi no ha entregado las plataformas”, expresó.
El representante abundó que a casi tres años de la contingencia, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es la única que ha entregado las primeras 50 casas construidas por la empresa Grupo de Oro, sin embargo, éstas tienen deficiencias como grietas en las paredes y filtraciones de agua, y han sido reparadas por los mismos colonos ante la falta de atención de las autoridades.
Detalló que las familias damnificadas siguen confiando en que en este año culminen los trabajos, y agregó que en el transcurso de la semana acudirán a las oficinas de la Cdi en Chilpancingo para protestar y exigir que continúen los trabajos de reconstrucción de las viviendas.

Busca a su desaparecida en pueblos de Zitlala, Chilapa y Ahuacuotzingo, informa el grupo Paz y Justicia

El representante legal del grupo de civiles armados autodenominado Comunitarios por la Paz y Justicia, Jesús Escobedo González informó que pese a la presencia de policías federales, estatales y municipales no ha sido localizada la señora Marisol Alejandro Ramírez de 30 años, quien desapareció el 3 de mayo en Zitlala, y a quien “de manera discreta estamos buscando, inclusive en otras comunidades”.
Además dijo que hay comunidades del municipio de Zitlala y Chilapa que se quieren adherir a la agrupación debido a la inseguridad que prevalece en la región de la Montaña.
Vía telefónica el representante legal explicó que la búsqueda la hace el gobierno federal, estatal y municipal, pero no han encontrado a la mujer y agregó que “de manera discreta la agrupación de comunitarios la están buscando”, en otras comunidades porque las instituciones de seguridad pública, sólo la buscan un rato y después se retiran.
Aseveró que los integrantes de esa agrupación han acudido a las comunidades de la parte baja de Chilapa y Tlaltempanapa y en los límites de Ahuacuotzingo y Zitlala.
Jesús Escobedo dijo que han hecho visitas casa por casa, algunas personas los dejan pasar para verificar, “como no somos autoridades institucionales”, tienen que pedir permiso para entrar, “es decir tenemos limitaciones y las autoridades que pueden hacer cateos no los hacen”.
Informó que este domingo el grupo tendrá una reunión para hacer un balance y cambios en la búsqueda.
Además la reunión se hará con pobladores de otras comunidades de Zitlala y Chilapa que han solicitado el ingreso a la agrupación “quieren aglutinarse porque los integrantes de la agrupación son respetuosos y han hecho lo que el gobierno no hace, contribuimos a brindar seguridad en las comunidades, lo que las instituciones de Seguridad Pública no lo han hecho, las personas ya no confían”, resaltó el abogado.

No entrega el Ayuntamiento de Chilapa el plan para reubicar 267 casas para damnificados

 

El gestor de la comunidad de San Marcos Majada de Toro, municipio de Chilapa, Pedro Reynoso Martínez externó que el Ayuntamiento sigue sin entregar la planeación estratégica para la construcción de 50 plataformas donde serían ubicadas las 267 casas en la comunidad de Tzicaixtlahuac, para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel de 2013, de comunidades como Majada de Toro, Tierra Blanca y 3 de Mayo, en Chilapa.
El representante señaló que la semana pasada, el alcalde Jesús Parra García se comprometió a reunirse con el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, para dar continuidad a los trabajos pendientes, “sin embargo, hasta la fecha no informó acerca de su visita a la Sedatu, y no hay avance en las obras”, dijo.
Detalló que al menos 80 familias de Majada de Toro siguen en sus casas, pese a que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) declaró la comunidad como zona de alto riesgo.
Consultado vía telefónica, el gestor ahondó que el proceso de la construcción de las 267 viviendas “sigue igual”, porque el municipio sigue sin habilitar las plataformas que determinen la distribución de viviendas de acuerdo al espacio asignado.
Subrayó que hay un dictamen previo del terreno a cargo de la Sedatu, donde indica que deben construirse en el predio al menos 50 plataformas.
Mencionó que la empresa constructora Grupo de Oro construyó 17 plataformas para la construcción de las 50 viviendas, un preescolar, una primaria y una telesecundaria, y las restantes, de acuerdo al Ayuntamiento, serían entregadas a mediados de marzo.
El gestor detalló que, la semana pasada el alcalde de Chilapa, Jesús García Parra dijo que acudiría a dialogar con el delegado Armenta Tello para darle seguimiento a las obras en la comunidad de Tzicaixtlahuac , “donde incluso él (García Parra) dijo que me llamaría sobre la reunión en la Sedatu, pero esta semana ya pasó y no tuve ningún aviso”, explicó.
Subrayó que al menos 80 familias siguen habitando en sus viviendas en Majada de Toro y comunidades aledañas, declaradas como zonas de alto riesgo, que incluso fueron descartadas en las listas de reubicación.
Respecto a las 50 casas construidas en Tzicaixtlahuac, el gestor indicó que al menos 20 presentaron deficiencias por filtraciones de agua o cuarteaduras, pero los afectados las repararon por su cuenta ante la desconfianza a las autoridades.
En cuanto al preescolar, la primaria y la telesecundaria que están construidos en el predio, dijo que las escuelas requieren un muro de contención ya que los cimientos siguen siendo inestables, “es una petición que también hicimos en su momento y que era parte del recurso del Fonden, pero hasta la fecha lo han ignorado”, dijo.

Condenan el Centro Morelos y el grupo de familiares Siempre Vivos que el gobierno reconozca a Comunitarios por la Paz

 

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y la asociación civil Siempre Vivos de familiares de desaparecidos, en un comunicado condenaron que el gobierno del estado reconozca al grupo Comunitarios por la Paz y la Justicia, y que nuevamente éstos hayan ingresado a la ciudad a exigir las armas que les decomisó la policía, pues los acusan de ser ellos los que irrumpieron en mayo de 2015 en la cabecera municipal de Chilapa, y de la desaparición de por lo menos 16 vecinos.
Después de que el 23 de marzo en la madrugada ingresaron unos 200 civiles armados a Chilapa para exigir que les regresaran las armas que policías ministeriales les decomisaron, y luego de que el grupo Comunitarios por la Paz los reconoció como parte de su agrupación, el Centro Morelos y Siempre Vivos mostraron su desacuerdo.
Condenan “la actuación (del gobierno) del estado de Guerrero y las autoridades federales por permitir que este grupo armado, autodenominados como policías comunitarios, vuelvan fuertemente armados exigiendo la devolución de las armas que les han sido recogidas por policías ministeriales y además se les suministre gasolina”.
Nuevamente los señalan como parte de cerca de 300 civiles armados que sitiaron la ciudad de Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015, cuando desaparecieron unos 30 pobladores, de los que sólo 16 interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Manifiestan que reconocen que “los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía y a la autodeterminación bajo la Ley 701 del Estado de Guerrero, pero esta supuesta Policía Comunitaria no puede cobijarse bajo esta ley cometiendo delitos”.
Exponen que les preocupa que el gobierno pretenda reconocerlos como un grupo legítimo, como representantes de pueblos indígenas.
Por su parte el grupo Siempre Vivos exige que la asociación Comunitarios por la Paz y la Justicia no sea reconocida, y que sean investigados y castigados por las autoridades correspondientes, “que no haya posibilidad de diálogo y en caso de que lo hubiera que sea un diálogo púbico con presencia de integrantes de la asociación Siempre Vivos”, señalan.
Después de que civiles armados entraron a Chilapa el pasado 23 de marzo, el abogado de Comunitarios por la Paz se deslindó de ellos y dijo que no eran de su agrupación, sin embargo, el pasado martes informó que sí son miembros de su asociación y que respaldaban sus demandas.

Sí respalda el grupo Comunitarios por la Paz a los civiles armados que entraron a Chilapa el 23 de marzo, corrige

 

La agrupación Comunitarios por la Paz y la Justicia respaldó a los civiles armados que entraron la madrugada del 23 de marzo a la cabecera de Chilapa, quienes reclamaron sus armas que les quitó la Policía Ministerial y protestaron porque les impiden surtirse de gasolina.
El representante legal de esa organización que integra a 36 comunidades de la parte baja de Chilapa, 36 de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) y ahora una del municipio de Zitlala, Jesús Escobedo González se deslindó de los cerca de 200 hombres armados que irrumpieron en la cabecera municipal y que tres horas después se retiraron luego de que les regresaron algunas armas y les permitieron cargar gasolina.
Sin embargo, el domingo 27 de marzo en una reunión en la comunidad de El Jagüey el grupo Comunitarios por la Paz acordó apoyar las demandas de los civiles armados, las cuales fueron resueltas parcialmente, y acordaron pedir una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
El asesor legal y vocero de Comunitarios por la Paz y la Justicia, Jesús Escobedo declaró ayer en Chilpancingo que en esa reunión además aprobaron la incorporación de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, donde en los últimos meses han ocurrido hechos de violencia y sus habitantes se armaron para defenderse.
Informó que con esta suman 73 localidades de los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera y Zitlala las que pertenecen a la agrupación.
Explicó que su consejo integrado por los comisarios de las comunidades, no aprobó la irrupción de los civiles armados a Chilapa la madrugada del 23 de marzo, y que quienes entraron lo hicieron por su cuenta y fueron sólo habitantes de Ayahualulco y lugares cercanos a la cabecera municipal.
Sin embargo los reconoció como miembros de esa agrupación e informó que el pasado domingo en El Jagüey explicaron las razones por las que entraron a la cabecera municipal, y el consejo determinó respaldarlos y seguir abanderando sus demandas.
“El problema lo originó la Policía Ministerial que ha venido incursionando a esas comunidades cercanas a la cabecera municipal y les ha quitado algunas armas, además les impide subir a la cabecera para surtirse de gasolina”, explicó el abogado.
Informó que esa noche determinaron juntarse y entrar a la cabecera municipal para cargar gasolina y reclamar 10 armas que les quitaron los ministeriales: tres escopetas, tres pistolas y cuatro rifles calibre .22.
Mencionó que con la intervención de las autoridades municipales lograron que les regresaran tres armas, y se retiraron porque también les permitieron cargar gasolina, que era lo que más les interesaba porque el combustible se les había agotado.
Agregó que el consejo acordó pedir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para solicitarle que cese la incursión de ministeriales en esas comunidades, a donde sólo van a cometer atropellos y a llevarse las armas de los campesinos.
Agregó que también le pedirán que garantice la seguridad en los alrededores de la cabecera municipal, sobre todo en los accesos de Atzacoaloya, en el crucero de Ayahualulco y en el de Zitlala, donde sigue habiendo problemas de inseguridad, y por eso los habitantes de las comunidades alejadas no van a la cabecera municipal, pues temen que sean levantados o ejecutados.
Dijo que también le pedirán uniformes, vehículos y apoyo económico para la gasolina de los vehículos que utilizan los comunitarios en sus recorridos, “hemos demostrado resultados, en esas comunidades ha bajado la delincuencia, estamos haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno, por eso debe apoyar el esfuerzo de los comunitarios”, expresó.
Escobedo González aseguró que en las comunidades donde opera Comunitarios por la Paz ya no hay problemas de inseguridad, “allá no queremos a los ministeriales, donde se necesita que cuiden es en Chilapa y sus alrededores, allí sigue habiendo mucha inseguridad y los habitantes de las comunidades aún no pueden ir solos a la cabecera municipal”.
Insistió en que por eso la noche del 23 de marzo los habitantes de las comunidades cercanas se desesperaron y sin la aprobación del Consejo de Comunidades decidieron ir a la cabecera municipal, sólo así pudieron entrar por sus armas y por gasolina, “se entiende que ya estaban desesperados y por eso el consejo decidió no censurarlos, por el contrario respalda sus demandas”.
Comentó también que en la reunión del domingo aprobaron el ingreso a la agrupación de la comunidad de Tlaltempanapa, la segunda comunidad más grande del municipio de Zitlala después de la cabecera municipal, donde en los últimos meses ha incrementado la violencia.
Allí desde finales del año pasado los habitantes se organizaron y se armaron para defenderse de la delincuencia, y ahora se unieron a Comunitarios por la Paz y la Justicia, grupo que irrumpió en mayo de 2015 a Chilapa y dejó a 30 ciudadanos desaparecidos.

No ha entregado la PGR los nueve cuerpos identificados, informan familiares de Los Otros Desaparecidos de Iguala

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, informaron en la asamblea de ayer que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha entregado aún los nueve cuerpos de familiares que logró identificar, y hasta ayer los familiares desconocían quiénes son las víctimas.
Desde noviembre de 2014, cuando se integró el grupo de Los Otros Desaparecidos tras el caso Ayotzinapa, familiares de víctimas de desaparición forzada han hallado más de 90 fosas clandestinas, de las que la PGR ha exhumado 143 cuerpos, y de éstos ha identificado 24, de los cuales sólo 15 han sido entregados a sus familiares.
En la asamblea de este martes en el sótano de la parroquia de San Gerardo, un representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó a familiares que en un plazo de cuatro semanas integrará los expedientes de los desaparecidos y sus familias, para que éstas puedan acceder a algunos beneficios como becas o el fondo para la alimentación, el cual se propone a cambio del apoyo para viáticos que les fue suspendido desde enero y que hasta ayer no les daban.
Familiares se inconformaron porque en la reunión del 22 de marzo el director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, Joaquín Torrez Osorno les dijo que ayer les mostraría el catálogo de prendas de los cuerpos que han sido exhumados de fosas clandestinas, por lo que llegaron más de 150 familiares a la asamblea, pero el funcionario de la PGR nunca llegó.
En declaraciones, uno de los coordinadores del comité, Jaime Velázquez dio a conocer que por el pliego de peticiones que le entregaron al alcalde priista de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, ya les ofrecieron condonarles el pago de agua potable a unas 50 familias de desaparecidos que son de Iguala, y que el beneficio será desde la fecha en que su familiar está ausente.
Informó que también se valora la condonación del pago del impuesto predial a las familias de Iguala, y todo se hará con base en los expedientes de sus denuncias ante el Ministerio Público y la PGR, para evitar que en la lista haya personas que no son del grupo.
También comentó que como parte de las gestiones ante el DIF municipal, les fueron entregadas 150 despensas, las cuales son parte de una remesa que entregó el DIF estatal desde el periodo de Rogelio Ortega Martínez, y se quejó de que la leche que traían ya estaba caducada, por lo que ésta fue retirada de las cajas antes de entregárselas a los familiares.
Jaime Velázquez abundó que en el DIF les informaron que las despensas eran parte de una remesa que el DIF estatal entregó a los DIF municipales en el periodo de Rogelio Ortega, y que les aclararon que el único producto que estaba caducado era la leche, y ante la necesidad de las familias aceptaron las despensas, pues contenían granos básicos, avena y una lata de sardina.
Además indicó que les poyarán con láminas de cartón para los techos de las viviendas de las familias que así lo necesiten.
Sobre las oficinas de la extinta empresa Fertigro que piden para hacer sus oficinas, informó que sólo les han dicho que las gestiones se siguen haciendo ante el gobierno del estado y que va por buen camino.

Muestran propuestas para el memorial de los desaparecidos a los familiares

En la asamblea de ayer, el arquitecto Frumencio Ramírez Cardona, quien fue el encargado de la construcción de las estelas en memoria de los normalistas asesinados de Ayotzinapa, mostró a familiares de desaparecidos dos propuestas para la construcción del Memorial de los Desaparecidos, el cual podría ser construido cerca del Monumento a los Héroes, en el bulevar Heroico Colegio Militar, donde también está el estadio de futbol Ambrosio Figueroa.

Sin incidentes llevan a cabo la representación de la Pasión de Cristo en Chilapa

 

La representación de la muerte de Jesucristo, resultó sin incidentes en el municipio de Chilapa.
Entre el jueves y viernes, 130 actores escenificaron en el centro de la ciudad, pasajes de la vida y la muerte de Jesús de Nazaret, según la tradición católica.
La representación estuvo a cargo del Patronato Semana Santa Atenas del Sur, el cual encabeza Magdalena Casarrubias Guzmán, dueña del restorán Casa Pilla.
El personaje principal de Jesús, lo interpretó el ingeniero Josué Sanches Bobadilla.
Los ensayos de los actores aficionados comenzaron desde el pasado 10 de febrero.
A la escenificación de la Pasión de Cristo, acudieron cientos de visitantes y vecinos de Chilapa.
En la cabecera municipal no se observó ninguna unidad de la Cruz Roja, no obstante, no se reportaron incidentes de los actores o del público.
En la catedral, por la tarde se programó una misa en la que participó el obispo, Salvador Rangel Mendoza, donde se realizaron las tradicionales procesiones para conmemorar el santo entierro y el pésame a la virgen de la Soledad.

No son de Comisarios por la Paz los civiles armados que entraron a Chilapa, dice su vocero

 

El abogado y vocero de la asociación civil Comisarios por la Paz y la Justicia, agrupación que aglutina a 30 comisarios del sur del municipio de Chilapa, Jesús Escobedo González, desconoció como miembros de esa agrupación a los civiles armados que entraron a Chilapa la madrugada de este miércoles.
Asegura que no son los mismos que irrumpieron el 9 de mayo en esa cabecera municipal.
Consultado vía telefónica, Escobedo González dijo que no había ningún acuerdo de las autoridades de las comunidades que integran esa agrupación para llevar acabo la acción de ayer en Chilapa, que autoridades estatales y federales atribuyen a Comisarios por la Paz y la Justicia.
Reconoció que los gobiernos estatal y federal no han resuelto la demanda de seguridad para los más de 30 pueblos de la parte sur del municipio y que tampoco han esclarecido la desaparición de unas 30 personas que fueron levantadas entre 2014 y 2015, pero indicó que no tenían ningún acuerdo para regresar a protestar a la cabecera municipal.
Al respecto, asegura que desconoce a qué grupo pertenecen las personas que llegaron a Chilapa la mañana de ayer.
La madrugada de este miércoles, un grupo de civiles armados ingresó a Chilapa y se retiró después de exigir la devolución de armas que la Policía Ministerial les ha quitado, y acordaron una mesa de negociación con la Policía Federal.
Mandos de la Policía Federal confirmaron que los primeros minutos de ayer, unas 200 personas con armas de bajo calibre ingresaron a Chilapa. Informaron que los civiles acudieron para quejarse de que la Policía Ministerial y las Fuerzas Estatales no los dejan transportar gasolina, y quieren desarmar a su grupo de autodefensas constituido en la asociación civil Comunitarios por la Paz y la Justicia.
La fuente mencionó que este grupo es el mismo que irrumpió en esa cabecera municipal del 9 al 14 de mayo de 2015, mismo que ahora se autodenomina asociación civil Comisarios por la Paz y la Justicia.
Sin embargo, Escobedo González dijo que desconoce a los civiles armados que ingresaron ayer a Chilapa, como miembros de Comisarios por la Paz y la Justicia.
Comentó que no existía un acuerdo de ese tipo entre las autoridades de las comunidades que pertenecen a esa asociación.
También indicó que desconoce si algunas comunidades acordaron realizar por su cuenta la protesta.
Según fuentes de la Policía Federal, quienes participaron fueron pobladores de las comunidades de Ayahualulco y San Ángel, y esas localidades sí participaron en la irrupción del 9 al 14 de mayo de 2015.
El abogado declaró que es posible que personas de esas comunidades se hicieran pasar como miembros de Comisarios por la Paz y la Justicia, pero insistió en que no hubo un acuerdo de las comunidades para llevar a cabo esa acción.

No entrega el Ayuntamiento de Chilapa la planeación para reubicar a vecinos de San Marcos Majada de Toro, señalan

 

El gestor de la comunidad de San Marcos Majada de Toro, municipio de Chilapa, Carlos de Jesús Alejandro, denunció que el Ayuntamiento no ha entregado la planeación estratégica para la ubicación de las 267 casas que serían construidas en la comunidad de Tzicaixtlahuac, para vecinos de comunidades como San Marcos Majada de Toro y Tierra Blanca, además de la colonia 3 de Mayo, en Chilapa.
Detalló que el dictamen debió contar con la aprobación de Protección Civil estatal, para ser entregado a finales de febrero y empezar a llevar la maquinaria al terreno para retomar los trabajos a partir del 1 de abril.
Consultado vía telefónica, Carlos de Jesús recordó que el 18 de febrero, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el delegado, José Manuel Armenta Tello estableció la construcción de 217 casas, mientras que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) construiría otras 50, que serían entregadas este año.
Sin embargo, el gestor lamentó que la construcción de las casas ha avanzado “muy lentamente”, ya que el Ayuntamiento de Chilapa no agilizó la planeación, que serían divididas en plataformas donde se determinaría su distribución de acuerdo al espacio asignado.
Remarcó que, una semana después de la reunión con Armenta Tello, una comisión municipal se comprometió a hacer un plano estratégico, donde determinaría el número de casas divididas a partir de la inclusión de plataformas, “es decir: ‘en esta plataforma caben 30 casas, en esta 40 o 50, y así en todo el espacio’”, explicó.
Remarcó que, de las 317 casas programadas para el plan Nuevo Guerrero, únicamente han sido construidas 50, de las cuales 17 presentan deficiencias por cuarteaduras o filtraciones de agua.
El represente insistió en que hasta el momento el Ayuntamiento no ha entregado el plano estratégico a la dependencia federal, “dicen que ya lo tienen, pero la gente de Sedatu no ha sabido cómo quedarán ubicadas las 267 casas pendientes”, dijo.
Recordó que a principios de enero, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó las primeras 50 casas construidas por la empresa Grupo de Oro, aunque indicó que al menos 80 familias más que resultaron afectadas por las tormentas Ingrid y Manuel de 2013, permanecen en Majada del Toro, pese a que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Subsecretaría de Protección Civil dictaminaron esa zona como de alto riesgo.
Detalló que debido a la desconfianza de los pobladores, el Ayuntamiento de Chilapa solicitará nuevamente a Protección Civil y Cenapred hacer el estudio geológico en la comunidad, “ya que la gente sigue incrédula y desconfían que estén habitando una zona de alto riesgo”, dijo.
Detalló que el próximo lunes visitará junto con el comisariado de San Marcos Majada de Toro y de las colonias 3 de Mayo y Tierra Blanca, las oficinas de Sedatu para cuestionar el avance de la construcción de las 217 casas prometidas por Armenta Tello.