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Rechazan familiares de desaparecidos de Chilapa la información que dio Astudillo de tres nombres

El presidente de la asociación de familiares de desaparecidos de Chilapa Siempre Vivos, José Díaz Navarro declaró que le sorprendió que el gobernador Héctor Astudillo Flores haya informado que cuando menos tres de los desaparecidos que buscan están presos en penales de Veracruz y Morelos, y que haya hecho pública la información “sin antes tener la certeza de que son realmente los que nosotros estamos reportando como desaparecidos, y sin informarlo primero a los familiares antes que a los medios de comunicación”.
Añadió que “es lamentable que los familiares de los tres desaparecidos se enteraran a través de los medios de comunicación y no les hubieran informado primera y directamente a ellos, eso es darles una información engañosa porque de momento los hará sentir y creer que sus familiares están vivos cuando en la realidad, estoy casi seguro, que es una información falsa, por no estar confirmada”.
El sábado, en una gira del gobernador por Chilapa y Zitlala, su secretario particular, Marco César Armenta Adame leyó un texto en el que decía: “El gobierno del estado de Veracruz nos ha comunicado que los ciudadanos Roberto Santos Cruz y Cándido Díaz Sánchez se encuentran recluidos por los delitos de robo habitación, homicidio doloso y lesiones dolosas, respectivamente, en Ceresos (Centros de Readaptación Social) de aquella entidad”.
En el escrito también se dio a conocer que Celso García García está recluido en el estado de Morelos por el delito de homicidio doloso.
Consultado ayer vía telefónica, Díaz Navarro declaró que los tres nombres los tienen en su lista de desaparecidos, pero que seguramente los nombres que proporcionó el gobernador “son homónimos, no creo que entre 120 millones de habitantes no haya otras personas con los mismos nombres y apellidos”.
Añadió que no cree que sean los hombres que buscan porque su desaparición se dio en un contexto muy diferente, “nuestros desaparecidos se los llevaron hombres armados de Chilapa y sería muy raro que ahora aparezcan en Veracruz y Morelos”.
Añadió que, “yo no sé si es un distractor para que nosotros andemos como locos por allá buscándolos. No sé porqué no se cercioraron primero de que estas personas son las mismas que nosotros tenemos reportadas y que andamos buscando”.
Reclamó que el gobernador primero les hubiera llamado a los familiares de las víctimas para tener una plática y darles a conocer la información y corroborar primero con ellos si son sus familiares desaparecidos.
“Debió haber primero un acercamiento, pero desafortunadamente ya vimos que el gobernador no tiene voluntad de coordinarse con nosotros” declaró.
Díaz Navarro agregó que la información que dio a conocer a los medios de comunicación el secretario particular es muy escueta, y que para ampliarla debió platicar con los familiares de los desaparecidos a quienes debió brindarles las facilidades para ir a los penales y verificar si los de los nombres son en realidad sus familiares, y “no primero hacerlo público”.
Explicó que la información que tiene el gobierno del estado es muy escueta porque no tiene las edades y mucho menos fotografías de los detenidos, con lo que se comprobaría si son ellos.
El presidente de Siempre Vivos informó que Roberto Santos Cruz, Cándido Díaz Sánchez y Celso García García no desaparecieron durante la irrupción en Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015 por hombres armados encabezados por comisarios municipales (ahora autollamado grupo Paz y Justicia), sino antes, “desaparecieron hace año y medio o casi dos años”.
Según datos del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, que documentó los casos de los desaparecidos, uno era Roberto Santos Cruz de 24 años e indígena nahua quien desapareció el 20 de diciembre del 2014. El caso fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) en donde está abierta la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M18/208/2015.
Otro es Cándido Díaz Sánchez, mestizo de 45 años, desapareció el 21 de noviembre del 2014 y su caso fue denunciado en la Fiscalía General del Estado (FGE) y en la PGR, en la primera instancia se integró la averiguación previa ALV/SC/02/0488/2014-AP, y la PGR abrió el expediente SDHPDSG/UEBPD/M18/203/2015.
Celso García García, mestizo de de 27 años, desapareció el 20 de abril del 2014 y la denuncia fue presentada en la FGE que integró el expediente ALV/SC/01/0165/2014.

El gobierno incumplió compromisos

José Díaz Navarro criticó que el gobierno del estado no ha tomado con seriedad el caso de los desaparecidos y denunció que con la organización Siempre Vivos pactó compromisos que no se han cumplido, uno de ellos era la integración de una comisión para la búsqueda de los desaparecidos, “cosa que quedó en promesa”.
Recordó que el ahora gobernador se comprometió con ellos para crear esa comisión cuando aún era gobernador electo, y después ya como gobernador en funciones el 16 de diciembre.
Aseguró que entonces les reiteró que se iba a integrar esa comisión y que hasta llegó a presentarles al fiscal que se iba a encargar de integrar dicha comisión, “pero desde entonces ya no hubo algún acercamiento con los familiares”.
Agregó que incluso el sábado, los familiares de los desaparecidos no fueron invitados a los actos del gobernador, a pesar de que éste ya venía preparado para dar a conocer a los medios de comunicación la información que dio mediante un comunicado. “Yo, como presidente de la asociación no fui invitado y tengo entendido que ninguno de nuestros compañeros”.
Explicó que los familiares que abordaron al gobernador llegaron porque se enteraron circunstancialmente que tendría una gira y quisieron pedirle ayuda para encontrar a sus desaparecidos, no porque sabían que daría alguna información, “nunca se nos avisó que traía información relacionada con nuestros familiares desaparecidos”.
Informó que después de que dio a conocer la información a los medios, aprovechó para decirles a los familiares que llegaron que el presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra García, les daría más información, pero aseguró que el alcalde solamente les entregó el comunicado que se había leído a los medios de comunicación.
“Yo siento que no hay seriedad, creo que deberíamos ser los primeros en recibir la información de nuestros familiares desaparecidos. Somos las personas más interesadas en saber del paradero de nuestros familiares, pero no nos queremos enterar a través de la prensa, queremos que nos tome en cuenta el gobierno del estado”, finalizó.

Maestros marchistas en Juchitán riñen a golpes con un ex diputado del PRD a quien le reclaman que votó por la reforma

Maestros de Juchitán y el ex diputado local del PRD, Jesús Marcial Liborio, se enfrentaron a golpes y jaloneos durante la jornada de protestas que realizaron ayer  los trabajadores de la educación en esa ciudad de la Costa Chica contra la reforma educativa.
Mientras en marcha, maestros de Zihuatanejo y Petatlán exigieron la destitución del presidente, Enrique Peña Nieto, y los secretarios de Educación, Aurelio Nuño Mayer, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En Chilapa los maestros también marcharon y exigieron la abrogación de la reforma.
Ayer unos cien maestros de Juchitán y representantes de Ayozú y Ometepec, marcharon desde las 11:30 de la mañana en las principales calles de Juchitán, donde también realizaron una jornada informativa en las escuelas que no se han sumado a la lucha del magisterio.
Los maestros pertenecientes a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y simpatizantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), salieron del Zócalo de la cabecera municipal donde a las 2 de la tarde regresaron, para dar por terminada la protesta.
Minutos después de las 12:30 del día los maestros pasaron a la escuela primaria Vicente Guerrero, donde se encontraba dando clases el ex presidente municipal, y ex diputado local por el PRD, Marcial Liborio, quien de profesión es maestro. Uno de los profesores que fue a la actividad lo reconoció, y comenzaron los señalamientos contra el político: “traidor” y “vendido”.
Los manifestantes acusaron al ex legislador de haber votado a favor de la armonización de la reforma educativa en el estado, pese a que es maestro. Otros maestros lo acusaron de haber recibido dinero por avalar la ley educativa. El ex diputado, actual militante de Movimiento Ciudadano salió de su salón y confrontó verbalmente a los maestros y se defendió.
Después vinieron los golpes entre los profesores y el ex legislador, hubo arañazos, manotazos, y jaloneos, según lo informaron testigos presenciales. Los maestros de la primaria separaron a Marcial Liborio y lo llevaron a la dirección, mientras los manifestantes calmaron los ánimos de algunos de sus compañeros.
Uno de los representantes de los maestros del Sector Ometepec, Juan Pablo de la Cruz, dijo por la tarde que fue el ex diputado quien inició la agresión física al no soportar las consignas en su contra y se lanzó contra el grupo de maestros que acudió a la escuela como parte de la jornada informativa.
En la marcha los maestros portaron pancartas y lonas contra de la reforma educativa y llamaron a los padres de familia y el pueblo a defender la educación de su privatización por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Los trabajadores expresaron su rechazo y condena a las acciones de represión del gobierno contra los maestros en Oaxaca.
“Juchitán, escucha, el magisterio está en lucha”, “va a caer, la reforma va a caer”, “Peña Nieto entiende la educación no se vende”, algunas de las consignas que los maestros expresaron en la movilización.
A medio día, Juan Pablo de la Cruz informó que las 115 escuelas primarias de Juchitán y parte del municipio de Azoyú se sumaron a las acciones contra la reforma y también al paro nacional que inició a nivel nacional el 15 de mayo.

Piden destitución de Peña

Este miércoles, unos 500 maestros de Zihuatanejo y del municipio de Petatlán marcharon junto con sus hijos, así como con padres de familia por las avenidas de este puerto para exigir la destitución del presidente de México, Enrique Peña Nieto y de los secretarios de Educación y Gobernación, Aurelio Nuño Mayer y Miguel Ángel Osorio Chong, así como contra la reforma educativa.
La marcha dio inicio a las 9 de la mañana; los participantes caminaron por las principales avenidas del puerto donde se iban sumando más personas al contingente; al pasar por la plaza Libertad de Expresión, ubicada en las avenidas Benito Juárez y Morelos, un grupo de maestros jubilados los esperaba con pancartas para expresarles su apoyo y solidaridad.
El contingente, gritando consignas, “Pueblo, te tengo un secretito, los libros de texto ya no serán gratuitos”, “Subió la gasolina, subió el frijol, esto es para el gobierno la modernización”, “Urgente, urgente evaluar al presidente”, “De la A a la Z, Peña analfabeta”, “Va a caer, va a caer, la reforma va a caer”, se dirigió al Palacio Municipal para exigir al alcalde perredista Gustavo García Bello, que haga el pronunciamiento público en respaldo al magisterio y contra la reforma educativa tal como se comprometió con ellos hace dos semanas.
Al llegar al Palacio Municipal, una comisión de maestros encabezada por los dirigentes de la CETEG, Sergio Guinto Silva, Elizabeth Rendón y Julio César Moyao Gaspar, fue atendida por el secretario particular del alcalde, Arturo Arzeta Serna, quien les informó que todavía no tenían el documento que los maestros le pidieron al alcalde para manifestar ante el gobierno federal y estatal, los reclamos en este municipio del movimiento contra la reforma educativa, lo que causó indignación en algunos profesores, quienes le comentaron que era una falta de respeto.
El servidor público les propuso que entraran a su oficina para que juntos redactaran el pronunciamiento, el cual será dado a conocer el lunes próximo por el alcalde Gustavo García en una conferencia de prensa, según informó el vocero de la CETEG, Sergio Guinto Silva.

Exigen abrogación de la refroma

Unos 600 maestros de todos los niveles de la Montaña baja marcharon y realizaron un mitin en Chilapa contra la reforma educativa y demandaron su abrogación.
La acción fue convocada por la dirigencia regional de la CETEG como parte de la jornada nacional de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa.
La movilización partió antes del mediodía de la glorieta Eucaria Apreza y se enfiló por una parte del boulevard para entrar a la avenida Municipio Libre, tomar la avenida Constitución y dirigirse hacia el centro de la ciudad.
En el recorrido exclamaron que en el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto la represión es el pan de cada día y gritaron consignas como “la educación no se vende, se defiende”.
Advirtieron al secretario de Educación en el estado, José Luis González de la Vega, que los descuentos que está aplicando a integrantes de la disidencia están poniendo “más leña al fuego”.
Demandaron también la libertad de los presos políticos de la CNTE y de los luchadores sociales y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala por integrantes de la delincuencia organizada y de la Policía Municipal con participación de la Policía Federal y el Ejército.
En la marcha, que terminó con un mitin en la plaza central, participaron trabajadores de preescolar y primaria en los subsistemas bilingüe y foráneo; de secundarias; del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) y de la preparatoria 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Acuerdan damnificados de Chilapa y gobierno comenzar el próximo lunes 267 casas que faltan

Vecinos de las comunidades San Marcos Majada de Toro, 3 de Mayo, Ocotito y Tierra Blanca del municipio de Chilapa, informaron que a casi tres años de las contingencias provocadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en septiembre de 2013, autoridades federales y estatales les dijeron que el próximo lunes iniciará la construcción de las 267 casas que faltan en el predio Loma de los Pinos, en Xicaixtlahuac, en donde serán reubicados.
El 7 de junio unos 100 damnificados de esas comunidades protestaron en las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), en la capital, para exigir la conclusión de las 267 casas que faltan en el predio Loma de los Pinos, y tras una reunión con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, acordaron una mesa de trabajo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y con delegados de las dependencias federales involucrados en la construcción del fraccionamiento, la cual se llevaría a cabo la semana pasada, pero fue pospuesta en dos ocasiones.
Ayer al mediodía, una comisión de representantes de las comunidades se reunió con Héctor Astudillo Flores, Florencio Salazar Adame; el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello; el delegado federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona Omaña, y con representantes del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), y del Instituto Guerrerense de la Infraestructura, Física y Educativa (IGIFE), para agilizar y planificar la obra que está pendiente.
En Loma de los Pinos habrá 317 viviendas, de las cuales la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ya construyó 50 casas, a cargo por la empresa Grupo de Oro, además de un centro de salud, un preescolar, una primaria y una telesecundaria.
Por otra parte, el gobierno del estado emitió un boletín en el que dice que “el gobernador Astudillo también atendió las necesidades para coadyuvar en la reconstrucción de dos escuelas y un jardín de niños, así como diversos tramos carreteros que se encuentran en malas condiciones desde el paso de los citados fenómenos meteorológicos ocurridos en 2013”.
La reunión de ayer, que fue cerrada, duró casi dos horas. Al término se consultó al gestor de las comunidades, Carlos de Jesús Alejandro, quien informó que se acordó que la construcción de las casas que faltan se iniciará el próximo lunes, y que las autoridades se comprometieron a culminar los trabajos a finales de año.
Detalló que la Cdi construirá 50 casas y la Sedatu 57 durante la primera etapa, y que avanzarán en la construcción de acuerdo con las plataformas que se instalen en el terreno.
Respecto al kínder y la telesecundaria que están en obra negra, De Jesús Alejandro dijo que el Inifed y el IGIFE determinarán tras un diagnóstico el presupuesto para culminar esas obras, y que se prevé que serán unos 2 millones de pesos.
Recordó que a casi tres años de Ingrid y Manuel, los pobladores habitan en casas de madera, láminas obsoletas y cartón, a un costado del terreno donde serán reubicados  ante el temor de un posible deslave, pues esas comunidades fueron dictaminadas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) como zonas de alto riesgo.
No obstante, aseguró que al menos 80 familias siguen viviendo en San Marcos Majada de Toro, porque no cuentan, “ni con las viviendas ni los servicios educativos y de salud operando donde serán reubicados”.
Agregó que en la zona donde habita la mayoría de pobladores, hay únicamente una cocina comunitaria y albergues provisionales que son usados como salones temporales de clases para al menos 600 niños.
De Jesús Alejandro enfatizó que las viviendas tendrán una inversión de alrededor de 130 mil pesos, que serán costeadas con recursos extraordinarios de los que dispondrá el gobierno estatal, la Cdi y la Sedatu, con presupuesto etiquetado para el rubro de vivienda en el ejercicio 2016.

Matan a balazos a un hombre y una mujer que iban en una moto en un bulevar de Chilapa

En las primeras horas de este domingo una mujer y un hombre que circulaban en una motocicleta fueron ejecutados a balazos en el bulevar Eucaria Apreza de Chilapa.
Según fuentes ministeriales, a las 2 de la madrugada se reportó que en la entrada de esa ciudad cerca de la calzada de La Virgen había dos cuerpos tirados.
Al lugar acudieron policías y confirmaron la presencia de una mujer y un joven de entre 25 y 30 años que estaban junto a una motocicleta roja a la orilla del bulevar.
El joven vestía una sudadera guinda, pantalón de mezclilla negro y tenis negros, la mujer vestía una blusa, pantalón, zapatos negros, a lado de las víctimas había dos bolsas de mano de mujer. En el lugar había seis casquillos percutidos calibre .38 milímetros y uno calibre .22.
Según testigos, las dos víctimas circulaban en la moto y fueron interceptados por hombres armados a bordo de una camioneta y los atacaron a balazos.
Al lugar acudieron policías municipales, estatal y ministeriales que resguardaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las diligencias de ley.
Los cuerpos no fueron identificados y fueron trasladados a una funeraria y después fueron enviados al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo para la necropsia de ley.
En el municipio de Chilapa han ocurrido hechos de violencia. Hace diez días, el vocero único del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que la FGE localizó tres cuerpos en dos fosas halladas en Chilapa.
Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida por el periódico El Sur, la tarde del jueves 9 de junio fueron localizados cinco hombres atados de las manos y pies adentro de bolsas negras en dos fosas clandestinas al norte de la ciudad de Chilapa.

Hallan una granada en una gasera

La madruga del sábado fue hallada una granada de fragmentación adentro de la empresa gasera Sonigas en Chilapa.
Según fuentes policiacas, a las 2 de la mañana del sábado recibieron un reporte que había un artefacto explosivo en un contenedor metálico en la gasera en el bulevar Eucaria Presa en el carretera federal Tlapa- Chilapa. Al lugar acudieron soldados del Ejército, agentes de la Marina, policías estatales y ministeriales quienes resguardaron la zona y recogieron la granada.

No es cierto que resolvió la SEG la deuda con la quinta remesa, dicen maestros idóneos

El comité de maestros idóneos de la quinta remesa aclaró que no se reunió con el director general de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) Eduardo León Encarnación, como informó el funcionario este jueves, y que no aceptó la alternativa propuesta por él para obtener el pago de su salario, que se le adeuda desde febrero, por lo que aún no se resuelve su situación.
El lunes 13 de junio, 90 maestros que forman parte de la quinta remesa se plantaron afuera de la Subsecretaría de Educación Básica, en la colonia Tribunal Nacional, y con pancartas en mano exigieron el pago de salarios que no reciben desde el 16 de febrero, cuando recibieron sus nombramientos; denunciaron que el jefe del Departamento de Selección y Contratación de Personal, de la Subsecretaría de Educación Básica, Aurelio Luna, y León Encarnación, argumentaron que falta la “conciliación” de sus plazas con la federación.
El jueves en declaraciones telefónicas, León Encarnación relató que se reunió con los inconformes y que, “ya está prácticamente resuelto” el adeudo, dijo que a los docentes “se les dieron alternativas”, así como la información de porqué no han recibido sus pagos, pero no precisó cuándo les pagarán.
Ayer, vía telefónica, un representante del comité declaró que el 13 de junio se reunió con León Encarnación luego de la protesta y que la alternativa que el funcionario le dio a los maestros idóneos fue renunciar a su clave presupuestal actual para obtener otra, ya conciliada, de manera que se les pague su salario regularmente, es decir, los docentes tendrían que firmar un documento para rechazar el pago de los cuatro meses que ya trabajaron.
Puntualizó que los maestros idóneos rechazaron la alternativa y no llegaron a ningún acuerdo con León Encarnación.
Señaló que el orden de pago salarial tiene una lógica, de manera ascendente, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta remesa, pero se rompió con la quinta remesa, ya que a los maestros idóneos que la conforman no se les pagó, pero a las sexta y séptima remesa sí.

Exigen en La Montaña baja una explicación

Maestros idóneos en la Montaña baja exigieron al secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero, una reunión para que les explique porqué no les han pagado desde febrero.
Ayer, maestros idóneos en la Montaña baja respondieron a la declaración del director de Personal de la SEG, Eduardo León Encarnación, que aseguró que ya había resuelto el adeudo a los maestros idóneos de la quina remesa.
El maestro Misael Bertrán, adscrito en la Montaña, acompañado de un grupo de maestros, dijo que más de 40 idóneos en esta región, de todos los niveles, que recibieron su nombramiento en febrero pasado en Chilpancingo, no han recibido su pago.
Dijo que hace 15 días decidieron no acudir a su centro de trabajo ante la falta de recursos y en protesta por no recibir su pago, a más de cuatro meses de estar trabajando.
Indicó que los idóneos que recibieron su nombramiento en la última semana de mayo ya recibieron su pago.
A los 90 maestros en todo el estado que no han recibido pagos desde febrero, se les suman, reveló, otros 30 maestros que recibieron nombramientos en septiembre, octubre y noviembre, y que tampoco han recibido sus pago.
El maestro Misael Medrano pidió al titular de la SEG que les explique en una mesa de trabajo cuál es su situación laboral.

Se deslinda la CRAC de Huamuxtitlán de la retención de comunitarios de Rincón de Chautla

El miembro del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez se deslindó de los hechos de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, donde el sábado pasado retuvieron a 14 policías comunitarios de una fracción opuesta que luego fueron liberados, el 16 de junio.
Manuel Alejandro Gutiérrez solicitó, vía telefónica, que se precisara la información luego de que en diversos medios, incluido El Sur, se publicó que en la operación del 18 de junio participaran policías comunitarios de Cualac, Huamuxtitlán y Temalacatzingo, del municipio de Olinalá.
“Los que integramos la Policía Comunitaria de La Cañada, de Alpoyeca, Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán no tuvimos conocimiento de nada”, dijo.
Descartó la participación de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo y de la que hay en Huamuxtitlán, así como la de Cualac, “porque nadie nos dijo, y no se vale que digan que estuvimos cuando no fue cierto”.
Añadió que en la subregión Cañada tienen sus ocupaciones, y que para participar en alguna acción u operativo se convoca y no se hace a la ligera.
Agregó que la precisión es porque se continúa hablando de su participación, pero “para que nosotros pudiéramos estar nos debieron convocar a una reunión, y eso no ocurrió”, insistió.
El comité de comentó que tampoco cree que participaran en la operación los policías comunitarios de Cualac ni integrantes de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, de Olinalá y sus comunidades.
El 11 de junio, policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco acudieron a la comunidad de San Jerónimo Palantla, Chilapa, donde, luego de anunciar la conformación de su organización, retuvieron a 14 policías comunitarios pertenecientes a la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Las 14 comunitarios fueron liberados el 16 de junio, tras una asamblea, donde se acordó la disolución de ambos grupos comunitarios; el comisario municipal se coordinará con la Policía Estatal para la seguridad, acordaron.

Exigen el Centro Morelos y Siempre Vivos un informe de desaparecidos al gobernador

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y la organización de familiares de desaparecidos en Chilapa, Siempre Vivos, urgieron al gobernador Héctor Astudillo Flores a que les dé un informe de las investigaciones sobre los casos de personas desaparecidas en el municipio de Chilapa y que frene la ola de violencia tanto en ese municipio como en Zitlala, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) y Ahuacuotzingo.
En un comunicado, el organismo de defensa de derechos humanos y el colectivo Siempre Vivos solicitan una reunión urgente con el gobernador del estado para que les dé información, así como los datos de las fosas y cuerpos encontrados recientemente en Chilapa.
También piden a Astudillo Flores que apoye a los familiares de los desparecidos como lo establece la Ley General de Víctimas, o que en su defecto los integre a programas sociales de las diferentes dependencias para que continúen la búsqueda de sus parientes.
Piden además que haya más coordinación con el gobierno federal para que den con el paradero de los desaparecidos y “políticas eficaces” para detener la ola de violencia en los municipios de Chilapa, Zitlala, José Joaquín de Herrera y Ahuacuotzingo.
En el escrito reprochan que en la última visita de Héctor Astudillo a Chilapa el pasado martes, no se tomó la molestia de programar una reunión con familiares de desaparecidos, pues el pasado 21 de enero asumió el compromiso de localizar a sus familiares.
“(Al gobernador) no le interesa dar con el paradero de los desaparecidos y (pretende) ocultar lo que está viviendo Chilapa, sin embargo eso no lo vamos a permitir y en los próximos días saldremos a las calles a hacernos escuchar”, advierten.
“Condenamos enérgicamente la política con la que se ha conducido el gobierno de Guerrero con los familiares de desaparecidos de Chilapa, los tiene desinformados sobre las investigaciones que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE), no se les ha informado sobre el número de fosas, cuerpos o restos que se han encontrado en la zona, ni mucho menos sobre los resultados de los análisis de ADN que se han practicado a las familias con los cuerpos encontrados”, se lee en el texto.
“La desaparición es un tema que el gobierno no debe pasar por alto en esta crisis de inseguridad que se ha generalizado en el estado de Guerrero, sobre todo cuando es en presencia de la Policía Federal y la Gendarmería, como es el caso de los desaparecidos del 9 al 14 de Mayo del 2015, privados de la libertad por supuestos policías comunitarios”, denuncia el comunicado.
También indica que es inadmisible que a pesar del “megaoperativo” militar y policiaco que anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el municipio de Chilapa siga igual o más violento.
Se hace también un recuento de los últimos hechos de violencia como el asesinato del director de Gobernación municipal, Miguel Andraca Eligio, la desaparición de cinco familiares de un empresario, la desaparición de los cuatro jóvenes a bordo de un unidad del transporte público y el hallazgo de al menos 10 cuerpos semienterrados y calcinados.
Asimismo señala la confrontación de tres grupos autodenominados policías comunitarias. “Pareciera que Chilapa vive en la ingobernabilidad y el gobernador sólo viene a inaugurar obras”, indica.
El Centro Morelos dice que a pesar de que hay 64 casos registrados de desaparición, se desconoce la cifra real en Chilapa y en los municipios aledaños por los hallazgos de cuerpos que no han sido identificados.

Es “complejo” dar un plazo para revertir la violencia en la zona, dice el alcalde Chilapa

 

El alcalde de Chilapa, Jesús Parra García dijo que es “complejo” dar un plazo para revertir la violencia en su municipio, luego de que recientemente fueron localizadas fosas clandestinas con cuerpos atados de manos y pies.
De acuerdo con la información publicada en El Sur, el pasado jueves fueron localizados cinco cuerpos dentro de bolsas negras en dos fosas clandestinas cerca de la colonia Nueva Orleans, en Chilapa.
Consultado sobre esos hechos al término del acto protocolario por el inicio de operaciones del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) en Casa Guerrero, Parra García sólo comentó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Efectivamente, fueron encontradas fosas en algunas colonias, son aproximadamente 10 u 11 cuerpos a donde acudió la Fiscalía con sus peritos para traerlos al Semefo (Servicio Médico Forense), hemos trabajado en coordinación y coadyuvando con el gobierno federal para bajar los índices (de violencia)”, expuso.
Se le recordó que pese al “operativo” del 27 de enero con la presencia del Ejército, la Policía Federal y la Policía del Estado no se ha podido erradicar la delincuencia, a lo que contestó, “estamos trabajando, a mi me toca ayudar en lo que más puedo a las autoridades competentes, como el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal que nos están ayudando”.
Remarcó que durante su visita a la comunidad de Ajacayán, en el norte del municipio, el gobernador Héctor Astudillo Flores indicó que se reforzaría las actividades para contrarrestar la delincuencia.
A pregunta expresa de un plazo para reducir la violencia, Parra García mencionó que era una pregunta “compleja”, aunque agregó que trabajan junto a las corporaciones policiacas para erradicar el problema, “hay más de 120 policías federales en el operativo, aproximadamente de unos 300 a 500 militares, no tengo el número exacto, pero esperamos que se refuerce el operativo para continuar dichos trabajos”.
Del conflicto de la Policía Comunitaria de San Jerónimo Palantla, recién adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de Espino Blanco, que mantiene retenidos a 14 policías comunitarios de Rincón de Chautla de la CRAC de los Pueblos Fundadores, Parra García dijo que es un problema muy añejo y que las pugnas resurgieron el año pasado.
“Desafortunadamente ha costado la vida de algunas personas con un tema de la propia comunidad, recientemente tuvimos una reunión para saber cómo se iba a atender y creo que hoy derechos humanos está atendiendo el asunto, y mañana (hoy) acudirán funcionarios estatales”, aseveró el alcalde.
En cuanto a la construcción de las 217 casas en el predio Loma de los Pinos, en Xicaixtlahuac, donde serán reubicados damnificados de comunidades de Chilapa como San Marcos Majada de Toro, 3 de Mayo, Ocotito y Tierra Blanca, Jesús Parra mencionó que ya se entregaron 50 casas, y que desde el martes acudió maquinaria de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) para iniciar a allanar las plataformas donde serán colocadas las casas.

Exige la CRAC de Chautla justicia por el asesinato de uno de sus miembros y la libertad de 14 detenidos

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de los Pueblos Fundadores de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, exigió ayer justicia ante el asesinato de su comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado –ocurrido el sábado–, y la libertad de sus compañeros detenidos en San Jerónimo Palantla y en Xochitempa.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, integrantes de la CRAC de los Pueblo Fundadores confirmaron que son 14 los detenidos en la Casa de Justicia de Espino Blanco, y no 13 como informaron el domingo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro, y el dirigente de la CRAC, Cirino Plácido Valerio. De ellos, 12 son de San Jerónimo Palantla y dos de Xochitempa.
Los consejeros de justicia, Lorenzo Ramírez Rodríguez y Marcial Ramírez Rodríguez, así como los coordinadores Daniel Luna Martínez y Escolástica Luna Gaspar, informaron que se integró una comisión de autoridades de la CRAC de los Pueblos Fundadores que se trasladará a Espino Blanco para exigir un careo con quienes acusan a los detenidos de cometer delitos.
Informaron que también van a iniciar una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, por las irregularidades que cometieron policías comunitarios de esa casa al irrumpir en territorio comunitario de la CRAC de los Pueblos Fundadores, en donde asesinaron “a sangre fría” al comandante suplente, Florencio Morales Salgado.

Reconoce Cirino Plácido infiltración del crimen organizado en la CRAC

Por su parte, el dirigente Cirino Plácido Valerio reconoció que el crimen organizado ya infiltró a la CRAC y a su Policía Comunitaria y que es la causa que ahora se instalen CRAC en Guerrero, “como oxxos en Chilpancingo”, y denunció que los gobiernos federal y estatal están utilizando a la delincuencia organizada para dividir y enfrentar a la CRAC, a su Policía Comunitaria y a los pueblos indígenas.
Antes, el consejero Ramírez Rodríguez narró lo sucedido el sábado.
Dijo que a las 6 de la mañana llegaron a San Jerónimo Palantla “hombres armados” en seis camionetas y saquearon muchas casas sin presentar ninguna identificación, “no dijeron quiénes eran y no presentaron orden de aprehensión alguna, allanaron casas y tiraron las cosas que había adentro y agarraron a 12 ciudadanos de dicha comunidad, entre ellos el comisario suplente, un comandante regional de la Policía Comunitaria nueve policías comunitarios y un ciudadano”.
Agregó que después se trasladaron a Xochitempa, una comunidad vecina, “donde Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgín Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, originarios de San Jerónimo Palantla asesinaron a sangre fría a Florencio Morales Salgado de 22 años, comandante suplente de la Policía Comunitaria”.
Declaró que, según testimonio de su viuda, eran las 7 de la mañana cuando llegaron a la casa del comandante suplemente llamándolo para que saliera, y que cuando “él iba abriendo la puerta de su casa para salir, inmediatamente se acercaron y Evodio Calvario Merino le dijo: ‘¡te lo dije!’. En seguida le dio un balazo con una arma corta”.
De la misma comunidad de Xochitempa, se llevaron detenidos, junto con sus armas, a otros dos policías comunitarios.
Dijo que fue hasta después de que habían detenido a los 14 integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, y asesinado a Florencio Morales Salgado, cuando “los hombres armados” se identificaron como policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Cualac y San Luis Acatlán, y que todos ellos iban encapuchados.
“De estos hechos, los responsables son Efraín Torres Fierros y Clemencia Guevara Tejedor (dirigentes del FDP), así como Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgin Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, porque ellos son los que planearon esta acción”, denunciaron en un escrito que entregaron a los medios de comunicación.
La comisión de la CRAC de los Pueblos Fundadores también hizo responsables a los coordinadores regionales de Espino Blanco, “por abuso de autoridad y por atravesar el territorio de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla sin avisar, violando el reglamento interno de la Policía Comunitaria”.
Exigieron respeto a las casas de justicia de Cualac y San Luis Acatlán, “y a los supuestos policías comunitarios que participaron en estos hechos, quienes venían encapuchados, cuando sabemos bien que la policía que trabaja legalmente nunca se cubre la cara, porque es del pueblo, sólo los delincuentes se cubren la cara cuando actúan”, dijo el consejero Lorenzo Ramírez Rodríguez.
A raíz de este conflicto, los integrantes de la comisión demandaron a las autoridades comunitarias de las casas de justicia de Espino Blanco; San Luis Acatlán; Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; El Paraíso, municipio de Ayutla, y San Nicolás, municipio de Cuajinicuilapa, una mesa de diálogo para analizar la problemática que existe en las casas de justicia, “ya que no es justo que como pueblos originarios somos explotados por el mismo gobierno, y todavía entre nosotros tengamos pleitos, cuando la Policía Comunitaria es para apoyar y cuidar a nuestra gente”.
En su escrito, los integrantes de la comisión recordaron a los gobiernos municipal, estatal y federal que la actuación de la Policía Comunitaria, “es legal y legítima”, y que la ley reconoce su función como actos de autoridad.
“Somos autoridades comunitarias, trabajamos con los pueblos y para los pueblos, siempre con la consigna de mandar obedeciendo, y donde el pueblo manda la autoridad obedece, por lo que exigimos respeto, y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”.
Al respecto, el dirigente de la CRAC reconoció que el sistema comunitario perdió el rumbo desde que el crimen organizado infiltró a la Policía Comunitaria.
Acusó a los gobiernos federal y estatal de utilizar al crimen organizado para dividir a la CRAC, como pasó en la casa matriz de San Luís Acatlán en 2013, y ahora pretende confrontar a la de Espino Blanco con la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Plácido Valerio insistió en que el grupo que asesinó el sábado a Florencio Morales Salgado y detuvo a los 14 policías comunitarios, pertenece al grupo criminal de Los Rojo, y que se dedica a la siembra de amapola en la región.

Efectivos del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato

Por su parte, la coordinadora, Escolástica Luna Gaspar denunció que los soldados del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato de Morales Salgado. Aseguró que llegaron cuando el cuerpo estaba todavía tendido en el suelo y que quienes lo mataron aún se encontraban en el lugar, “les señalamos quiénes eran y les pedimos que los detuvieran, y no hicieron nada”, se quejó.
Denunció que el cuerpo todavía ayer no se sepultaba porque quienes ahora se dicen policías comunitarios aún se encontraban a orillas de Xochitempa y que mantenían amenazados a sus familiares para que no participaran en el sepelio los integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, sino sólo familiares y vecinos.
Declaró que la situación aún era tensa a pesar de que en la comunidad hay soldados del Ejército mexicano, que no hacen nada.
Los integrantes de la CRAC de Rincón de Chautla, exigieron justicia ante el asesinato del comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado, y la libertad de sus 14 compañeros de San Jerónimo Palantla que se encuentran detenidos en la casa de justicia de Espino Blanco.
Informaron que el domingo se integró una comisión de autoridades que ayer mismo se trasladaría a Espino Blanco para exigir la libertad de los 14 detenidos. Aunque a las seis de la tarde, los integrantes de la Comisión todavía se encontraban en Chilapa esperando que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) les proporcionara vehículos para su traslado.
Plácido Valerio dijo que el objetivo es pedir un careo con las autoridades comunitarias que acusan a los detenidos de cometer delitos.
Anunció una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, tras las irregularidades y violaciones al reglamento de la CRAC en que incurrieron autoridades y policías comunitarios al invadir territorio ajeno y asesinar a Florencio Morales.

Posponen la reunión de damnificados de Chilapa con autoridades; hablarían de su reubicación

Representantes de las comunidades de San Marcos Majada de Toro, 3 de Mayo, Ocotito y Tierra Blanca, del municipio de Chilapa, que serán reubicados al predio Loma de los Pinos, en la comunidad de Xicaixtlahuac, informaron que se pospuso la reunión programada con autoridades de los gobiernos estatal y federal, debido a la indisposición del secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, “por cuestiones de salud”.
El 7 de junio, unos 100 vecinos de las comunidades damnificadas de Chilapa protestaron en las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en la capital, para exigir la conclusión de las 217 casas que se construyen en el predio Loma de los Pinos, donde serán reubicados.
En ese momento, el gestor de la comunidad, Carlos de Jesús Alejandro, y una comisión de damnificados se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar, para darle a conocer las irregularidades.
Acordaron entonces reunirse ayer con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y los delegados de las dependencias involucradas en la construcción de las viviendas, para facilitar los trabajos de planeación y construcción de las casas.
Ayer a las 10 de la mañana acudió a Casa Guerrero una comisión de siete pobladores, para darle seguimiento a la mesa de trabajo programada junto con las autoridades una semana antes; pero luego de una hora y 20 minutos de espera, al lugar acudió la secretaria particular de Florencio Salazar Adame, quien, de acuerdo con el gestor de la comunidad, les informó “que reconsideráramos la cita para el próximo jueves, porque había indisposición por parte del secretario, que por cuestiones de salud se había tenido que atender”.
Según el gestor de la comunidad, la secretaria expresó que el secretario General informó desde temprano de “un problema de salud que se le complicó”; y tras un intercambio de opiniones con el secretario particular de gobierno, César Armenta Adame, creyeron prudente posponer la reunión para el siguiente jueves.
En su momento, los pobladores reconocieron el malestar generado ante la espera de otros dos días para reunirse con los funcionarios, sin embargo, consideraron prioritaria la presencia de Salazar Adame para dar seguimiento a la mesas de trabajo con cada una de las dependencias, además de para retomar una minuta de acuerdos que en su momento suscribió el ex secretario general de Gobierno, David Salgado Cienfuegos. Los pobladores aceptaron y confiaron en que se lleve a cabo la reunión.
“Así quedó agendado y acordado, no se pospone para otra fecha más, y eso fue el acuerdo que llegaremos a informar a las comunidades, y si no se lleva a cabo ese día tomaremos otras medidas o alternativas”, advirtió el representante de Majada del Toro, Pedro Reynoso.