Revisan el Mercado Central efectivos del Ejército y la Guardia Nacional

El comandante del 56 Batallón de Infantería, el coronel Marco Antonio Mendoza Mendoza, desmiente que se violen los derechos humanos y que haya acoso sexual. Afirma que hay una campaña de desprestigio contra los militares orquestado por un grupo criminal que extorsiona a los comerciantes

Argenis Salmerón

Efectivos del Ejército y Guardia Nacional desplegaron una operación de inhibición y revisión, dentro del Mercado Central, luego de que miércoles hubo un bloqueo de comerciantes que pedían la salida de los agentes en el centro de abasto.
Después de la 1:30 de la tarde, 150 efectivos del Ejército y Guardia Nacional se dispersaron en los pasillos del centro de abasto.
Agentes militares revisaron los locales y personas “sospechosas” para inhibir el delito, mientras que los comerciantes mostraron asombro por la operación.
Los comerciantes accedieron a que los militares buscaran en sus locales y no hubo resistencia, mientras que a las personas “sospechosas” en su mayoría hombres les hacían una revisión en sus pertenencias.
El método de seguridad fue rodear el Mercado Central y adentro hacer las revisiones, mientras que los camiones militares estuvieron estacionados afuera del centro de abasto.
Al final, una patrulla de la Policía Municipal se sumó a la operación de seguridad Santa Lucía.
En declaraciones a reporteros, el comandante del 56 Batallón de Infantería, el coronel Marco Antonio Mendoza Mendoza, dijo que no están violentando los derechos humanos en las operaciones de inhibición en el Mercado Central, menos que haya acoso sexual contra las mujeres.
Manifestó que el miércoles hubo un bloqueo en la avenida Cuauhtémoc por parte de los comerciantes del Mercado Central.
Consideró que es una campaña de desprestigio contra los militares para que se salgan del mercado y que fue orquestado por un grupo criminal que opera en la zona, y que extorsiona a los comerciantes.
“Salieron en una campaña de desprestigio hacia el Ejército y a la Guardia Nacional por las actividades que estamos haciendo dentro del marco del operativo Santa Lucía”, abundó.
Explicó que la operación militar Santa Lucía arrancó en 14 de agosto en Acapulco con 590 efectivos del Ejército y Guardia Nacional, con la finalidad de coadyuvar con las autoridades de los órdenes de gobierno para disminuir los índices de homicidios vinculados con el crimen organizado.
Indicó que la manifestación de los comerciantes fue por la presencia militar que mantienen permanente en el Mercado Central.
“De tal manera que estamos inhibiendo las actividades ilícitas de una persona, que sabemos quien es, y que hasta donde podamos, vamos a tratar de sacarlo de aquí, de esta área para que no siga cobrando cuotas, no siga extorsionando a los locatarios, tanto fijos y los que estan afuera”, acotó.
Añadió: “está persona quiere que nos vayamos para que lleve a cabo sus actividades ilícitas de manera tranquila, de manera permanente, y esta campaña que orquestó, obedece a que quiere que nos vayamos”.
Aseguró que los efectivos del Ejército no se van salir del Mercado Central, “no vamos a permitir que se siga abusando de la sociedad, de los verdaderos trabajadores”.
Precisó que “es una persona que tiene el control del Mercado Central y obviamente esa persona debe tener a más gente alrededor de él, que se encarga de obtener recursos de manera ilícita para su beneficio personal”.
El jefe militar aseguró que los agentes en todo momento garantizan los derechos humanos, “no es cierto que nuestro personal militar manoseen a las personas, a las mujeres, como ayer (miércoles) se decía, como aparecía en las cartulinas”.
“Queremos (…) para que participen con nosotros para obtener información y sacar de la zona de confort a esa gente, que no hace otra cosa más que aprovecharse de la gente trabajadora, de la gente que vive bien”, puntualizó.
Declaró que los efectivos se han acercado a los comerciantes para que denuncien los delitos de extorsión, pero “la gente tiene miedo, los mismos locatarios tienen miedo, pues están amenazados”.
“Y como lo hemos visto durante mucho tiempo, aquí en el puerto de Acapulco a la gente la matan nada más por que si, entonces la gente tiene miedo, no nos dicen, y también ayer (miércoles) fueron amenazados para participar en esa campaña de desprestigio”, concluyó.
El miércoles pasado, unos 300 comerciantes del Mercado Central, bloquearon los dos sentidos de la avenida Cuauhtémoc por dos horas para denunciar hostigamiento y acoso sexual por parte de los efectivos del Ejército y Guardia Nacional.

“No queremos gobierno, aquí todos somos los Ardillos”, un grito en Quechultenango

A las 7:42 de la tarde Quechultenango estaba en el punto más álgido del conflicto, llegaban hombres y mujeres con palos a rodear a los militares retenidos en la plancha del Palacio Municipal, ahí una mujer gritaba, “no queremos gobierno… todos aquí somos los ardillos”, en referencia a un violento grupo criminal que tiene asoladas a comunidades indígenas de Chilapa y que avanza hacia Chilpancingo luego de ocupar Petaquillas, según reportes oficiales de los gobiernos estatal y federal.
Mientras la población, recién declarada como “ardillos” (como se puede confirmar en un video transmitido en vivo en la página de Facebook suracapulco) hacía caminar a unos 50 soldados por la calle, este reportero hizo un recorrido alrededor de la zona.
Sin el contexto de la senda de sangre, desapariciones y actos de corrupción del grupo criminal, documentados ampliamente por éste y otros medios, parecería que son “los salvadores del pueblo”, como dice la gente de ese lugar, que es aparentemente su base social, o una expresión de su dominio del territorio.
En la protesta participaron en el momento de mayor asistencia unos 500 pobladores, una mínima parte de la población.
Alrededor del intenso conflicto en las calles había niños jugando futbol, puestos de tacos, hamburguesas, tiendas abiertas, adolescentes dándose abrazos y besos, otros contando chistes y anécdotas pero no se vieron adultos. Para comparar, por ejemplo, cuando en Chilpancingo hay un asesinato se cierran todos los negocios casi en automático, cuando hay protestas sociales u operaciones policiaco-militares, algunos espacios cierran, otros se mantienen abiertos.
En los alrededores del Palacio Municipal de Quechultenango está el cuartel de la policía local, ahí se vio que estaban alrededor de 10 agentes en la oscura calle, ahí uno fumaba, se les pidieron referencias para salir del pueblo y uno respondió, “está pelado porque está lleno de guachos”.
Siguiendo el recorrido, en la calle a la salida de Quechultenango hacia a Mochitlán había más de 20 camionetas del Ejército y otro tanto de las policías Estatal y Ministerial. Al final de esa calle se le preguntó a un soldado del Ejército cómo se podría salir de ese pueblo hacia Chilpancingo, y respondió, “caminando, porque el pedo está cabrón”, y se carcajeó, en este lugar en el que es casi imposible hacer periodismo, una zona de silencio. (Rosendo Betancourt Radilla / Quechulte-nango).

Un detenido, y tres tigres, un arma, 11 vehículos y 28 kilos de mariguana decomisados en Quechultenango

La FGE informa los resultados de la operación conjunta con el Ejército que duró seis días. La FGE informó que sus agentes cumplieron este martes 15 de febrero una orden de cateo que concedió un juez de control.

Redacción

Chilpancingo

Siete días después de que de manera extraoficial se supo de una operación conjunta de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ejército en el municipio de Quechultenango, se informó ayer mediante un boletín de prensa de los resultados.
La FGE informó que la operación se realizó en cumplimiento de una orden de cateo que concedió un juez de Control, expedida el 15 de febrero pasado.
Dijo que el resultado fue la detención de un hombre, el aseguramiento de 28 kilos de “hierba seca con características propias de la marihuana”, 11 vehículos, una motocicleta y autopartes con reporte de robo, tres tigres, un arma de uso exclusivo del Ejército y fuerza aérea, cartuchos útiles y objetos tecnológicos diversos.
En el boletín no se dan mayores detalles de la persona detenida, pero la noche del miércoles cuando se negoció la salida de 30 militares y un grupo de policías ministeriales que estaban retenidos por la población acusados del “saqueo de casas”, “hostigar a mujeres” e “interrogar a niños” sobre las actividades a las que se dedican sus padres, los pobladores denunciaron que el detenido fue el médico de la cabecera municipal, Jesús Flores Gatica, de quien exigieron su libertad.
Según los pobladores, el médico fue detenido en su consultorio sólo porque le encontraron una escopeta. En el comunicado de la FGE no se informa de la situación jurídica del detenido y si fue liberado como se estableció en la minuta de acuerdos firmada esa noche.
Se informa en el comunicado que el cateo ordenado por el el juez de Control fue en un inmueble ubicado en la calle Libertad de ese municipio.
Refiere que también se aseguraron siete vehículos con reporte de robo en un terreno “con características de deshuesadero” en el poblado de Tlanicuilulco, así como cinco inmuebles donde se encontraron autopartes como 10 puertas de vehículos de diferentes marcas, siete radiadores, siete condensadores, siete salpicaderas, tres cofres, dos tableros, un medallón, así como dos motores y cuatro vehículos desarmados también con reporte de robo.
Se informó que los tres tigres quedaron a disposición de la autoridad competente, “y lo demás” a disposición del Ministerio Público correspondiente en el municipio de Chilpancingo.
Advirtió que la FGE, “continuará con los operativos de seguridad, dando seguimiento a las líneas de investigación que permitan la aprehensión de los probables responsables”.
El comunicado no precisó, pero de acuerdo a los pobladores la operación de los agentes ministeriales y militares comenzó el sábado y terminó con la retención durante cinco horas el miércoles de los 30 militares y el grupo de la ministerial en la cabecera municipal.
Los militares y ministeriales fueron liberados hasta que autoridades estatales y el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López, firmaron una minuta de acuerdos en la que se establece que en adelante, “la seguridad recaerá en la ciudadanía de la región” y que cuando el Ejército y las autoridades estatales patrullen el territorio serán acompañados por la Policía Municipal.
Además que el gobierno del estado “asume el compromiso” de liberar al médico Jesús Floreas Gatica este jueves.

 

Cuestiona Cipog-EZ que el gobierno con todo su poder no haya detenido a operadores de Los Ardillos

La organización indígena de Chilapa califica como operativo fallido del Ejército el realizado en Quechultenango

Redacción

Chilpancingo

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) reprochó que el gobierno “con toda la capacidad técnica, logística, tecnológica e inteligencia militar”, no haya sido capaz de detener a “los operadores del grupo narco paramilitar Los Ardillos” en Quechultenango, durante la operación que terminó la noche del miércoles con la retención de militares y policías ministeriales durante cinco horas.
La organización indígena, que ha venido responsabilizando a ese grupo de las ejecuciones y desapariciones en comunidades nahuas de Chilapa donde tiene presencia, recriminó a las autoridades estatales y federales en un comunicado que difundió ayer que, por el contrario, hayan firmado una minuta de acuerdos con los representantes del grupo delictivo.
El Cipog-EZ se refiere a los acuerdos a los que llegaron las autoridades estatales y el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López, la noche del miércoles con pobladores de Quechultenango para liberar a 30 militares y un grupo de agentes ministeriales; dichos acuerdos son que la seguridad en adelante recaerá en la Policía Municipal y que cuando los militares y las corporaciones estatales realicen patrullajes serán acompañados por la Policía Municipal. Además ofrecieron liberar este jueves al detenido Jesús Flores Gatica.
El Cipog-EZ demandó que se mantengan los operativos en Quechultenango “y en los territorios que ya hemos señalado como Cipog-EZ: Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquillas y Tlanicuilulco”.
Asimismo, que se “depure” y se “desarticule” a Los Ardillos “desde las instituciones que están vinculadas a ellos, como la Policía Municipal, presidentes municipales y Fiscalía; no es posible que el Ejército vaya a realizar operativos junto a quienes son los asesinos, perpetradores de los crímenes e informantes de éstos”, reprochó la organización.
También demandó que la estrategia del gobierno y los operativos los realicen “de manera contundente” y exigieron la detención de los dirigentes principales del grupo “porque no puede ser que a más de 30 años sigan asesinando y atemorizando a la población con toda la impunidad que el estado brinda”.
Exigió a los jefes de la Sedena, de la Guardia Nacional y demás corporaciones, que si no tienen el valor de proteger a la población y detener a los grupos criminales, que renuncien, que dejen de simular y jugar con la vida de miles de seres humanos.
La agrupación calificó como “operativo fallido” el que realizó el Ejército en el municipio de Quechultenango, al que considera “uno de los bastiones del grupo narco-paramilitar Los Ardillos”, escribió la organización en su comunicado.
“Frente a la estrategia fallida del Ejército el día de ayer (miércoles), pareciera que sólo nos queda esperar a que por suerte no nos maten”.
Planteó que no conciben cómo (los militares y la Policía Ministerial) entraron a hacer un operativo “y un grupo de 200 pobladores, que la mayoría teme a Los Ardillos pero son controlados por ellos, los amedrentaron y expulsaron de la comunidad”.
Agregó: “Tampoco entendemos que se haya suscrito una minuta con gente de Los Ardillos, en la que se acordó que se permitiría la realización de operativos militares en Quechultenango, pero acompañados de la policía municipal así como de las guardias comunitarias; ¿acaso con toda la inteligencia militar no saben que en Quechultenango no hay policía comunitaria sino sicarios al servicio de Los Ardillos?”, cuestionó el Cipog-EZ.
Destacó que de acuerdo a un video que se difundió en las redes sociales la noche del miércoles una mujer, “les dice en su cara a los militares que ellos son Ardillos”.
La organización aclaró que su denuncia no es en contra de la gente de Quechultenango, “que es obligada, bajo amenaza de muerte, a callar los crímenes de Los Ardillos, sino al grupo narco-paramilitar, que utiliza a la gente como carne de cañón”.
La agrupación hizo responsable al Estado por lo que está sucediendo y por lo que le pueda suceder a quienes pertenecen al Cipog-EZ, así como a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero.
Destacó que si las fuerzas del Estado no lograron desarticular “a los criminales Ardillos y Rojos” y no lograron detener a sus cabezas, “el escenario de guerra y muerte que existe en nuestras comunidades, continuará”.