Integrantes de organizaciones manifestaron preocupación durante la reunión del colectivo Guerrero es Primero, ante la violencia, la opacidad en el uso del dinero público, la falta de impulso al campo, y la desatención a los migrantes indígenas y a la salud de los pueblos originarios.
Durante el encuentro en la Universidad Americana de Acapulco la mañana de ayer, durante 40 minutos los integrantes del Colectivo plantearon los problemas que enfrentan en el estado, y criticaron la situación actual ante la crisis económica que atraviesa el país luego del gasolinazo.
El integrante del Movimiento por la Paz, Silvano Torreblanca expresó que la violencia no sólo se encuentra en los desaparecidos y las víctimas, sino que el gasolinazo es una forma de violentar a la población con el encarecimiento de los productos básicos, además de la afectación por el aumento al costo del transporte. Dijo que la delincuencia es la que está gobernando al país, y que el mismo sistema es el que genera la violencia.
En su participación, el vecino de San Miguel Totolapan, Rómulo Reza Hurtado aseguró que el Movimiento por la Paz, creado hace un mes, no está infiltrado por la delincuencia y que está integrado por familias del pueblo que se conocen y que exigen seguridad.
Manifestó que, si bien es cierto que en las comunidades se dedican a la siembra y cosecha de la amapola, los propios pobladores están pidiendo apoyo para instalar viveros y sembrar agave para producir mezcal y exportarlo. Indicó que los agricultores quieren dejar la siembra de amapola y en vez de eso cultivar hasta 200 mil plantas de agave.
Por su parte, José Soto llamó a apoyar a quienes, por necesidad, caen en las manos de la delincuencia a falta de oportunidades de trabajo.
Dijo que, contra las estrategia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se consuman productos hechos en México, y que compren en establecimientos locales y no en grandes centros comerciales.
En su participación, un integrante del recién formado Consejo Municipal contra el Gasolinazo, de Acapulco, llamó a la unidad de las organizaciones para protestar y echar atrás las reformas estructurales que han lastimado al pueblo.
Mientras, el integrante de Política Pública, Carlos Juárez exhortó a los alcaldes del estado a presentar un plan de eficiencia gubernamental, para mantener la austeridad y la eficiencia del dinero público, y para que los programas sociales sean aplicados con transparencia.
De los pueblos negros de la Costa Chica, José Enrique recriminó que el gobierno esté tratando de ocultar la situación real del país luego del gasolinazo y culpó a los medios de ser cómplices, y Juan Faustino González dijo que las actuales políticas el gobierno “nos agreden”, y que no se puede tener paz si no se atiende lo social.
En su intervención, la integrante del Consejo Atoyaquense, Rosa Ruth Rodríguez dijo que la violencia también se extiende a la opacidad y a la falta de transparencia que se manejan en municipios como Atoyac, donde ciudadanos han sido amenazados al pedir información financiera del municipio.
Mientras, la comerciante del mercado de Atoyac, Guadalupe Talavera dijo que en su municipio es el propio alcalde quien genera una violencia generalizada, luego de que desalojó a los comerciantes del mercado Morelos.
Por su parte, la dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel denunció la desatención médica en el municipio de Ayutla, y también la falta de seguimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) a las denuncias de tres violaciones a menores, en dos de ellas los padres se negaron a presentar denuncias, pero consideró que son delitos que se deben de seguir de oficio.
En su intervención, la integrante de la Asociación de Indígenas Radicados en Acapulco, Magdalena Valtierra dijo que ninguno de los tres niveles de gobierno ha atendido los problemas de unos 50 mil migrantes indígenas que llegaron a Acapulco en busca de trabajo y para mejores condiciones de vida.
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Analizan activistas del estado la necesidad de capacitar en derechos humanos a funcionarios
Activistas del Colectivo Guerrero es Primero discutieron y analizaron la creación de un instituto para la paz, un centro ciudadano de atención a víctimas, la necesidad de capacitar a los funcionarios en derechos humanos y el impulso de leyes anticorrupción.
A su segundo encuentro, en la Universidad Loyola del Pacífico, asistieron 40 integrantes de organizaciones sociales como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, organizaciones de defensa de derechos humanos, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de organizaciones campesinas, de la Iglesia católica y de las universidades privadas Loyola del Pacífico y Americana de Acapulco.
En la primera mesa de trabajo, se propuso crear un instituto o consejo de paz para construir habilidades e incidir de forma positiva sobre la violencia. La propuesta enviada por el padre Jesús Mendoza brindaría asesoría técnica a los distintos poderes y órdenes de gobierno, al mismo tiempo acompañando y fomentando procesos ciudadanos de participación.
Insisten en la necesidad de transparencia
En la mesa de Pobreza y desigualdad, se discutió la necesidad de que las instituciones sean más transparentes, que en las comunidades existan proyectos de desarrollo sustentable y que sean respetados los derechos humanos de manera integral para el acceso a la tierra, agua, vivienda y a los recursos públicos. Se propone asimismo, la renovación de las políticas públicas con otras perspectivas y rompiendo el actual sistema.
Ahí la ex subprocuradora Eliana García Lagunes propuso la creación de centro ciudadano de atención a víctimas en el estado, y la transversalidad de los derechos humanos, es decir de la deliberación y opiniones de educadores, padres de familia, miembros de la comunidad, de las iglesias, empresarios, estudiantes y otros sectores, además de una campaña amplia de difusión y capacitación de los derechos humanos a funcionarios que no conciben en su totalidad en qué consiste los derechos humanos.
Proponen un sistema estatal de búsqueda de desaparecidos y
que el gobierno reconozca
a las policías comunitarias
De igual manera, propuso un sistema estatal de búsqueda de personas desaparecidas que no existe en la Fiscalía General del Estado, así como la creación de un registro estatal de fosas comunes y clandestinas, la armonización de la investigación sobre tortura, tratos o penas crueles e inhumanos, o degradantes.
También la creación de un sistema autónomo de ciencia forense que, de forma independiente investigue las causas de las muertes; además de un modelo mixto de policía de proximidad estatal, municipal y unificada, y la conformación de un consejo ciudadano de seguridad pública, reformar la ley orgánica de la administración pública para la reestructuración de los sistemas de policías y los centros penitenciarios. Durante su intervención la ex funcionaria dijo que los políticos en la actualidad no asumen sus responsabilidad y han dejado la seguridad a los policías y a los militares.
Una de las participantes del municipio de Tecoanapa, quien no quiso dar su nombre, expresó también la necesidad de que el gobierno reconozca el modelo de la Policía Comunitaria, porque en su municipio, hace más de dos años que los civiles tomaron las armas para hacer frente a los delincuentes, y hay paz y una cierta tranquilidad, a diferencia de lo que pasa en las ciudades.
Otra propuesta que surgió en la mesa de análisis fue la creación de un centro de resguardo de restos encontrados en las fosas clandestinas, donde los familiares puedan ir a buscar a los suyos, y el empate de una base de datos.
En su intervención, la integrante del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena enfatizó la necesidad de un centro de resguardo donde se pueda encontrar los cuerpos de personas desaparecidas; recordó que el grupo ha encontrado en Iguala 120 cuerpos, de los cuales 18 han sido familiares de personas de la organización y los restantes están en proceso de identificación.
Dijo que el centro ayudaría a la recuperación de los restos, “lo que sería un triunfo para las familias”. También urgió la necesidad de fortalecer a las familias de los desaparecidos porque en la mayoría quedaron al frente mujeres hasta con siete hijos.
El Mando Único no garantiza que la policía no esté infiltrada, dice ex procuradora de la PGR
En declaraciones, la ex subprocuradora de Derechos Humanos, García Lagunes dijo que el problema con propuestas como el Mando Único es que atienden a una urgencia legislativa.
Indicó que el problema del Mando Único es cómo construir una supervisión ciudadana a la calidad de la gestión policial, “porque tú te puedes crear cualquier esquema, pero el problema es que nadie está haciendo una fiscalización de la calidad de la gestión, ni construyendo esquemas anticorrupción”, y que no está a debate la centralización del mando.
“Desapareces a la Policía Municipal, centralizas el mando a la Policía Estatal, pero quién te dice que la Policía Estatal no está tan infiltrada como la Policía Municipal. El problema no es quién tenga el mando, sino cómo generas contralorías sociales de anticorrupción en la policía, en los Ministerios Públicos y en las distintas instancias en donde se generan estas perversiones de corrupción e impunidad”, expresó.
“Es muy sencillo, si son policías certificadas por qué en el estado de Guerrero sigue habiendo una expansión de la violencia. Entonces no puedes decir que tienes policías certificadas, no puedes seguir siendo retórica, tiene que ser indicadores claros de evolución”, indicó.
Expuso que puede haber otras dependencias que pueden estar infiltradas sin tener relación directa con el sistema de seguridad, “estar pensando que los único que pueden estar como parte de la criminalidad son los servidores públicos vinculados con la justicia y la seguridad es un error”.
Ejemplificó que en los casos de Michoacán, donde la federación actuó con la ayuda de un comisionado, Morelos con el Mando Único y Guerrero con un esquema tradicional, han tenido una disminución en la incidencia delictiva, “en Guerrero… el homicidio doloso subió, de acuerdo a las cifras oficiales”, a mil 884 víctimas de enero a septiembre.
“Ahorita no hay ninguna comprobación, a nivel de indicadores, de evaluación de si la disminución de la violencia y la incidencia delictiva en estos estados fue por la intervención de un comisionado o fue por gracia del Espíritu Santo, sin Mando Único, en Guerrero que si bajo el índice delictivo, sobre todo en extorsión y secuestros, o porque en modelo bajo”.
Abundó que tampoco se puede seguir evaluando el índice delictivo que el gobierno reporta porque hay “una gran cifra negra que no queda contabilizada”.